Hace un año que el Ministerio de Transición Ecológica activó el calendario para imponer en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un mecanismo de reciclaje basado en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase vacío al supermercado. La ley obliga a implantarlo en todo el país antes del 22 de noviembre de 2026, pero nadie en el sector espera que esté listo antes de 2029, lo que forzaría a saltarse la ley de Residuos o a modificarla antes de que llegue la fecha.

La culpa es principalmente de la Comunidad de Madrid, que debe autorizar a las asociaciones del sector que se postulan a coordinar ese nuevo sistema, que será organizado y controlado por las empresas privadas que produzcan y vendan los envases, bajo supervisión del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque el sistema de reciclaje será nacional, las organizaciones deben estar avaladas por la comunidad autónoma donde se encuentra su sede social, y las más importantes –Asociación SDDR España y Procircular– están en Madrid.

Fuentes del sector culpan también al Ministerio de Transición Ecológica, el autor del marco normativo nacional que regirá la implantación del SDDR. Según afirman, la Comunidad de Madrid "está pidiendo aclaraciones jurídicas" al ministerio de Sara Aagesen y las dos administraciones no terminan de ponerse de acuerdo. La realidad es que el sector sabe poco sobre lo que pasa en esas conversaciones. "Lo que pedimos es un impulso político general porque tanto las asociaciones sociales como la industria coincidimos en que todos saldríamos beneficiados de implantar el SDDR", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG que defiende la implantación de este sistema de reciclaje.

El sistema SDDR garantiza que los hogares, los bares y las oficinas se molesten en separar las botellas, las latas –y posiblemente también los briks– del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico. Esto permite recuperar los envases mucho más limpios para facilitar su reciclaje y evita que una parte importante acabe en la naturaleza o en los vertederos, como ocurre ahora.

Tal y como está montado el sistema actual de reciclaje, monopolizado por Ecoembes, los municipios tienen que hacerse cargo ahora de los envases que se reciclen incorrectamente –del resto se ocupa Ecoembes–, y eso supone un sobrecoste de cientos de millones al año para los alcaldes. Sánchez subraya que cuanto antes se implemente el SDDR en España, mayor será el ahorro de los ayuntamientos: "Si seguimos con el sistema actual durante más tiempo, solo recogemos por separado el 40% de las botellas, un sobrecoste que pagan los municipios y los contribuyentes".

Todo el sector del reciclaje se ha reunido este martes en Madrid para meter presión a las administraciones, aunque tanto las empresas como los activistas son muy pesimistas. "Tenemos un calendario muy exigente y cada vez somos más los que sabemos que no se va a poder cumplir. Lo que no entendemos es por qué, ya que el calendario lo conocíamos desde hace tiempo y es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica que se cumpla", afirmó durante una mesa redonda Ignasi Puig, de la consultora ambiental ENT.

Según el calendario que dicta la ley, las comunidades autónomas tenían seis meses desde mayo de 2025 para autorizar a las diferentes asociaciones el permiso para coordinar el sistema SDDR. Ese plazo termina el 22 de noviembre, pero la Comunidad de Madrid ya ha avisado al sector de que el proceso se pospone otros seis meses, porque las consejerías tienen la posibilidad de extender el plazo hasta un año. "Acaban de darnos una prórroga de seis meses argumentando que hay dificultades en el procedimiento, y la dificultad es que no hay una regulación jurídica segura [desde el ministerio]", opinó también Arancha Bengoechea, consultora jurídica de reciclaje. "No podemos mover un dedo hasta mayo de 2026, y en teoría debería estar funcionando el 22 de noviembre. Ni por asomo", añadió.

Además del sobre coste para los ayuntamientos, implementar el sistema SDDR en 2029 significa que será prácticamente imposible para España cumplir la Directiva europea de Resiudos, que marca que en 2029 todos los países de la Unión Europea deberán recoger por separado el 90% de sus botellas de plástico y sus envases metálicos de menos de tres litros, fundamentalmente latas. Esto expondría a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a eventuales multas de Bruselas, por mucho que la responsabilidad de recogerlas sea de las empresas que los ponen en circulación.

El establecimiento de un sistema de devolución de botellas se fijó hace un año, cuando el Ministerio de Transición Ecológica publicó los primeros datos independientes sobre la recogida de botellas de plástico en España. En 2023 solo se recogieron por separado el 43,1%, una cifra muy inferior al objetivo de Bruselas para ese año (al menos un 70%). Pero eso no es todo. Ese número es muy inferior a los datos que había dado en años anteriores Ecoembes, que estimaba una recogida separada del 74,4%, una cifra artificialmente inflada, como denunciaban expertos del sector. Ese maquillaje de los números, que se produjo durante años, permitió a las compañías evitar la implantación de un SDDR durante años, más caro para la industria que el sistema actual.

Me siento estafada por mi alcalde. Tanto, que interpuse hace unos días un recurso en el tribunal económico-administrativo de mi municipio tan pronto recibí y pagué los cerca de 200 euros de la liquidación de la nueva tasa de basuras que, según él y sus cálculos, me corresponden.

Hace algo más de un año escribía “Se busca: sensatez hasta en la basura”, donde anticipaba temores que ahora constato y comparto: la nueva tasa de basuras, en la mayoría de los casos, no cumple con las dos premisas que la Ley 7/22 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular dicta que deben guiar su diseño: “Cobertura total de los costes de la prestación del servicio” y “Quien contamina, paga”.

El modelo económico adoptado por las entidades locales para determinar, mediante ordenanza fiscal, el importe de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia y que deben tender hacia el pago por generación tal como establece la Ley, es un despropósito.

Diseñar una ordenanza fiscal de estas características no es tarea fácil, especialmente para los municipios de menor tamaño, que son la mayoría en España. Las ordenanzas fiscales son las disposiciones aprobadas por el pleno en las que las corporaciones locales establecen la regulación de los tributos de ámbito local, ya sean impuestos (como el IBI), contribuciones especiales (por la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes del obligado como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos), o tasas como la que nos ocupa.

Son muchos los detalles del diseño de la tasa de basuras que desconocemos porque se nos ocultan, o no están contemplados.

El primero de ellos es que, si reduzco, reutilizo y separo para reciclar como si no hubiera un mañana, o lo contrario, ¿se ha tenido en cuenta mi comportamiento en el cálculo de la tasa que me corresponde pagar? ¿Se tiene en cuenta el comportamiento de las vecinas y vecinos de mi barrio? ¿De los de mi calle? No he visto nada de esto en mi liquidación.

El segundo es que, entendiendo perfectamente que el coste del servicio de recogida y gestión de las basuras es muy considerable (lo conocemos ahora, que es visible), y que debe estar cubierto por unos ingresos suficientes estimados a partir de dicho coste, tengo la sospecha de que esos ingresos pueden no estar incluyendo la contribución económica de quien gestiona la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) a la que la Ley 7/22 dedica el Título IV.

Sospecho que en el modelo económico que determina el importe de la tasa de basuras nos han endosado a los residentes la parte correspondiente al cumplimiento de la RAP. En otras palabras, sospecho que Ecoembes no está cumpliendo su parte del trato.

Si la RAP no está contemplada en el cálculo de la tasa –no la veo en muchas ordenanzas fiscales–, estamos pagándola los ciudadanos. Dos veces, para más inri. Y es muchísimo dinero. Otra forma de cuestionar el asunto es preguntarse si las corporaciones locales están ingresando de Ecoembes lo que les corresponde por los materiales recuperados de envases a la luz de la nueva normativa.

Creo que hay pocos asuntos más cotidianos y cercanos a la ciudadanía como la basura. Una basura que generamos y de la que debemos todos y todas, consumidores y productores, responsabilizarnos. 

España eligió en su momento que de la RAP de la gestión de determinados residuos se encargaría la propia industria que los produce y coloca en el mercado, y que nosotras compramos. Se llaman Sistemas Integrales de Gestión (SIG) y hay uno para cada tipo de residuo.

El SIG de los envases que nos desbordan lo ejerce desde hace 25 años Ecoembes, autodenominada organización sin ánimo de lucro, de la que son accionistas participantes de la industria que produce productos envasados (en la que predominan las empresas de alimentación, de limpieza, belleza e higiene y de bebidas), y de la que los distribuye y vende (supermercados, grandes superficies). Como lo del lobo cuidando a las gallinas.

¿Cómo podríamos verificar, como ciudadanos atracados por una tasa mal diseñada, que Ecoembes está poniendo de su parte todo lo que tiene que poner? ¿Nos han endosado la totalidad del coste sin tener en cuenta la contribución que debe hacer Ecoembes por la RAP? ¿Está reflejada esta contribución de la RAP en los ingresos de las corporaciones locales? ¿Forman parte estos ingresos de los cálculos de la tasa de basuras? ¿Estamos pagando dos veces, los ciudadanos, por la RAP?

Echadle una mano a vuestro alcalde o alcaldesa. Preguntadle acerca de los detalles de la tasa de basuras cuyo recibo acabáis o estaréis próximos a recibir y que, como yo, pagaréis. Y luego, si queréis, recurriréis. Sinceramente, creo que no es mala fe; creo que estamos frente a una flagrante captura del regulador por una parte muy interesada y poderosa que se oculta tras la imagen bondadosa de una supuesta ONG que, si en algo es experta, es en practicar green washing de libro. Ecoembes es un polizón que nos sale muy caro a todos y a todas.

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Verónica López Sabater es economista.

La huelga de recogida de basuras en Madrid ha sido desconvocada esta tarde después de que los trabajadores hayan ratificado en asamblea el preacuerdo alcanzado anoche entre los sindicatos y las empresas concesionarias, por lo que la recogida de residuos se retomará a partir de las 23:00 horas de este domingo, según informa EFE.

Con un total de 819 votos a favor del acuerdo frente a 247 en contra, según fuentes sindicales, se ha puesto fin a seis días de huelga de los trabajadores del servicio de basuras de la capital madrileña, la más larga del sector desde la de 2013, bajo el mandato en la alcaldía de Ana Botella, que se saldó tras doce días de parón.

"El acuerdo elevado por el comité de negociación entre las empresas y los sindicatos ha sido ratificado en asamblea por parte de los trabajadores, de tal manera que queda desconvocada la huelga indefinida de recogida residuos", anunciaba este domingo el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante.

La huelga, convocada en el marco de las negociaciones de un nuevo convenio colectivo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, finaliza a las 21:15 horas de esta noche y la recogida se reanudará a partir de las 23:00, según fuentes del Sindicato RSU Madrid, mayoritario en el sector.

La huelga comenzó a las 23:00 horas del pasado lunes y ha afectado a la recogida de residuos domiciliarios, cubo de restos (tapa naranja), orgánica (tapa marrón) y plástico-metal-brik (tapa amarilla) y que ha propiciado la acumulación de toneladas de residuos en las calles de Madrid.

Después de varias reuniones sin que se alcanzara ningún resultado, el sábado se logró un preacuerdo entre los sindicatos (CCOO, UGT y Sector Profesional RSU Madrid) y las empresas subcontratadas para el servicio de recogida de residuos ( FCC, Valoriza -filial de Sacyr-, Acciona, OHL, Urbaser y Prezero).

Este preacuerdo debía ser ratificado en asamblea por los cerca de 2.000 trabajadores, como ha sucedido finalmente este domingo con esos 819 votos a favor frente a 247 en contra.

Las negociaciones avanzaron tras la amenaza del Ayuntamiento de Madrid de que contrataría a otras empresas para recoger la basura a partir del lunes si no se alcanzaba un acuerdo.

Además, el consistorio dictó sanciones por incumplimiento de los servicios mínimos por un importe que el sábado ascendía ya a 2,4 millones de euros, al no cumplirse la recogida fijada en días alternos por distritos.

Carabante ha querido agradecer "la paciencia y el comportamiento ejemplar que entre los madrileños durante esos seis días de huelga" y ha asegurado que, a lo largo de las próximas horas, "recuperaremos la normalidad en la ciudad de Madrid".

En un acto del PP de Madrid el sábado, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, criticó que la plantilla rechazase un primer preacuerdo alcanzado el lunes, cuando comenzó la huelga, por lo que exigió a las partes "no levantarse" de la negociación hasta que hubiera un acuerdo.

A última hora de este sábado los sindicatos y servicios de recogida de basura de Madrid llegaron a un preacuerdo que será votado por la Asamblea de los trabajadores este domingo.

El Ayuntamiento de Madrid espera que la propuesta que de el comité de huelga sea avalada por los trabajadores para poder reanudar el servicio de recogida de residuos "definitivamente".

El consistorio ha puesto en valor “el comportamiento ejemplar de los madrileños” y el trabajo de los operarios de limpieza, de los que han dicho están “a la altura de cualquier adversidad”.

Las empresas del servicio de recogida de residuos en Madrid y los sindicatos se volvieron a sentar la tarde del sábado para tratar de alcanzar un acuerdo que desconvoque la huelga de recogida de basuras que ya se prolonga cinco días.

A las 16:00 horas comenzó una nueva mesa de negociación entre los representantes de los trabajadores (CCOO, UGT y Sector Profesional RSU Madrid) y las empresas subcontratadas para el servicio (FCC, Valoriza (filial Sacyr), Acciona, OHL, Urbaser y Prezero).

En caso de no alcanzar un acuerdo en esta reunión, el Ayuntamiento de Madrid preparó un decreto de emergencia para contratar a otras empresas para comenzar a recoger la basura acumulada en la capital desde el pasado domingo por la noche, y para imponer nuevas sanciones, que este sábado ya sumaban 2,4 millones de euros, por considerar que se están incumpliendo los servicios mínimos.

El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se reunió este sábado con representantes de los sindicatos y las empresas adjudicatarias del servicio para insistir en la necesidad de alcanzar un acuerdo, en un nuevo intento de mediación del Ayuntamiento de la capital para poner fin a la huelga más larga del sector en la ciudad desde 2013.

Tras este encuentro, Carabante achacó a las "peleas internas político-sindicales" la falta de acuerdo en la negociación, y ha asegurado que el coste del contrato de emergencia de otras empresas repercutirá en los contratistas.

En un acto del PP de Madrid este sábado, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, criticó que ambas partes habían logrado un "preacuedo" el lunes, que fue rechazado por la plantilla, y aseguró que el Ayuntamiento no permitirá que "los madrileños sean rehenes de aquellos que ni siquiera se sientan a negociar".

El principal escollo de este conflicto laboral es la congelación salarial para el año 2025, según CCOO, puesto que se está planteando en la mesa de negociación una subida para 2025 inferior al IPC con el objetivo de alcanzar un acuerdo y acabar el conflicto, pero las empresas no acceden a negociar.

El responsable de Saneamiento Urbano de CCOO de Madrid, Pedro Morán, cree que las empresas implicadas "parecen interesadas en que continúe la huelga", ya que las propuestas que plantean a los sindicatos en la mesa de negociación son "cada vez inferiores".

Las empresas, por su parte, aseguran que los servicios mínimos se cubren "al 100 % diariamente", pero su ejecución "se ve afectada por continuos sabotajes a los vehículos", y consideran la huelga "ilegal", por lo que han presentado la correspondiente instancia al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje.

Sobre el conflicto laboral, recalcan que el preacuerdo del lunes con los sindicatos que no fue ratificado por la Asamblea de los trabajadores incluía una oferta económica que supone una subida acumulada del 24 % en 6 años, "lo cual duplica el IPC esperado para el mismo periodo", y subrayan que el salario medio actual de la plantilla "es superior en más de un 60 % al salario medio en España".

Continúa este sábado la huelga del servicio de recogida de residuos de la ciudad de Madrid que arrancó a las 23:00 horas del pasado lunes, lo que convierte a esta huelga en la más larga del sector desde aquella de 2013 que se saldó tras doce días de parón de los trabajadores, según informa EFE.

La huelga convocada por los sindicatos CCOO, UGT y Sector Profesional RSU Madrid afecta a la recogida de los residuos domiciliarios y los contenedores de tapa naranja (restos), marrón (orgánica) y amarilla (plástico-metal-brik), y es la primera que vive la ciudad en los últimos ocho años.

Y es que la última huelga de los trabajadores del servicio de basuras tuvo lugar en 2017, cuando Manuela Carmena (Ahora Madrid) gobernaba una ciudad que rige desde 2019 José Luis Martínez-Almeida.

Aunque antes de aquella última huelga de basuras hubo muchas más, que se detallan a continuación.  

Relación cronológica de las huelgas de basuras en la capital desde 1990 

-El 28 de marzo de 1993 el Comité de Empresa de FOCSA, la empresa entonces concesionaria de la recogida de basuras domiciliarias de Madrid, convocó una huelga por desacuerdos en la negociación del convenio colectivo que se prolongó durante cuatro días y que concluyó tras un preacuerdo que incluía una subida salarial y un día adicional de descanso anual.

Durante la protesta se acumularon 600 toneladas en las calles madrileñas y aunque según fuentes municipales la situación nunca fue crítica, los contenedores llegaron a rebosar desperdicios.

-El 30 de mayo de 2006 comenzó una huelga indefinida de los trabajadores del servicio de recogida de basuras de la capital, cuya empresa adjudicataria era entonces Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), también para reivindicar mejoras en su convenio colectivo.

El Ayuntamiento fijó servicios mínimos del 50% pero no se cumplieron y FCC anunció el despido de 20 trabajadores. Sin embargo, las partes alcanzaron un acuerdo al día siguiente, la huelga fue desconvocada y los trabajadores readmitidos.

En total, según el Ayuntamiento, se acumularon 2.400 toneladas de residuos sólidos en las calles de Madrid. 

-En noviembre de 2012 los sindicatos convocaron tres días de huelga en el servicio, en protesta por el nuevo pliego de condiciones para el contrato de gestión del servicio que reducía el precio de la licitación un 16 % respecto al anterior. La protesta registró un seguimiento masivo y se cumplieron los servicios mínimos.

-El 5 de noviembre de 2013 comenzó una huelga indefinida en protesta contra los tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) planteados por tres de las cuatro empresas adjudicatarias que suponían el despido de más de un millar de trabajadores de los 6.000 con que contaba el servicio.

Tras doce días de huelga y con la basura rebosando en las calles, la empresa pública Tragsa retiró, por orden de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, 60 toneladas de basura acumuladas

La protesta concluyó al día siguiente, 17 de noviembre, después de un acuerdo para mantener el empleo de todos los trabajadores a cambio de ejecutar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 45 días de suspensión de empleo al año por empleado hasta 2017 y bajas voluntarias incentivadas.

-El 16 de noviembre de 2017 empezó una nueva huelga indefinida de los trabajadores del servicio de basuras que concluyó al día siguiente tras alcanzar un acuerdo con las empresas adjudicatarias.

El Ministerio de Transición Ecológica apura las últimas horas del plazo para publicar el porcentaje de botellas de plástico que se reciclaron en España de 2023: debe hacerlo antes del 1 de noviembre. Lo que debería ser un informe rutinario sobre residuos se ha convertido en un documento decisivo que podría cambiar el sistema de tratamiento de envases en el país. Si la cifra de recogida separada de plásticos es inferior al 70%, el Gobierno tendrá que implantar en 2025 un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que cada botella vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase. Aunque Ecoembes —el sector plástico— afirma que España tiene una tasa de recuperación del 71%, organizaciones civiles y expertos rebajan la cifra al 38% y dan por hecho que habrá que implementar el nuevo sistema.

El SDDR es un modelo de gestión de residuos en el que el consumidor paga un pequeño sobrecoste al comprar una botella de plástico o una lata de bebida (el depósito), que se le reembolsa cuando el envase es devuelto (la devolución) de tal forma que se asegure su recuperación y reintroducción en la cadena de producción (el retorno). El importe del depósito suele variar entre 10 y 25 céntimos, dependiendo de cada país. El Ministerio de Transición Ecológica publicó en 2021 un estudio preliminar sobre cómo funcionaría un hipotético SDDR en España, y valoró cobrar un extra de 10 céntimos por envase.

La principal aportación de este sistema es que consigue disparar las tasas de recogida de botellas de plástico, mientras que ahora alrededor del 60% de ellas acaban en un contendor gris junto a residuos de todo tipo y no se reciclan. En su estudio de 2021, el Gobierno calculó que el 86% de los consumidores estarían dispuestos a devolver los envases para recuperar esos céntimos, de manera que será muy fácil clasificarlos y reciclarlos. Además, según estas estimaciones, se evitaría lanzar al medioambiente 6.752 toneladas de plásticos y vidrio.

La Ley de Residuos de 2022 incluyó un objetivo de alcanzar un 70% de recogida de botellas de plástico por separado en 2023, y cada dos años aumenta, hasta alcanzar el 90% en 2029. El problema, según los expertos, es que las cifras de reciclaje de envases en España las ha proporcionado siempre Ecoembes, la empresa que tiene el monopolio de la gestión del plástico y que aglutina a gigantes como Coca Cola, Nestlé o Danone. Incluso los datos oficiales de reciclaje que el Gobierno traslada a la Comisión Europea provienen de este lobby, que defiende que el 71,1% de las botellas PET utilizadas en España en 2021 se recuperaron.

Sin embargo, diferentes ONG han recabado por su cuenta datos muy diferentes. Dos investigaciones publicadas por Greenpeace y Zero Waste Europe calculan que, en realidad, ese año solo se recuperaron entre el 36% y el 37% de las botellas de plástico, una cifra en las antípodas del objetivo del 70% para 2023. El Gobierno tiene la obligación de publicar antes del 1 de noviembre "el estado de cumplimiento de los objetivos fijados para 2023", y en lugar de replicar los datos que traslada Ecoembes, el Ejecutivo lleva meses reuniéndose con todos los actores para que la cifra sea la real, por lo que se espera un número cercano al 40%.

Francisco Peula, consultor de residuos y director de la ONG Rethinking, insiste en que ya es hora de dejar de lado las cifras erróneas con las que España ha estado "engañándose" durante años. "Ecoembes ha vendido un bulo que las administraciones se han querido creer, pero que ya es insostenible. El Estado prefería usar esas cifras para evitar una multa de Bruselas, y las Comunidades Autónomas para vender unos resultados fantásticos. El problema lo han tenido los ayuntamientos, que han asumido el coste real de los plásticos que no ha gestionado Ecoembes durante años", afirma.

Si se incumple la meta del 70% para 2023, la ley obliga al Gobierno a implementar un sistema SDDR en un periodo de dos años. Desde el Ministerio de Transición Ecológica confirman que eso equivale a que entre en vigor el 1 de enero de 2025, cosa que no ocurrirá porque no se ha organizado nada. Los expertos dudan incluso que un sistema así a escala nacional pueda implementarse a lo largo del año que viene.

Por otra parte, si el SDDR es tan efectivo como estima el Gobierno —con una tasa de devolución de botellas del 86%— la meta que contempla la Ley de Residuos sdel 70% sería relativamente fácil de cumplir. La estimación está dentro de los parámetros habituales de este sistema, puesto que la tasa de retorno media de los envases es del 91% (en Alemania del 98%), según el Global Deposit Book 2022, un estudio global sobre el sistema SDDR. Este informe afirma que hay al menos 50 países que lo utilizan, como Países Bajos, Suecia, Canadá o Australia.

Hay diferentes métodos para intercambiar las botellas por dinero en un sistema SDDR. El más común es mediante máquinas distribuidas por la ciudad que funcionan de manera automática: se introduce una botella y esta devuelve los céntimos que en su día adelantó el consumidor.

También se puede aplicar sobre toda clase de botellas, aunque siempre menores de tres litros de capacidad. El estudio de viabilidad que elaboró hace dos años Transición Ecológica se realizó teniendo en cuenta envases tanto de plástico como de cristal y que contienen agua, cerveza, bebidas refrescantes y zumos en envases de un solo uso, pero excluyó lácteos, vinos y bebidas espirituosas. 

En España, la acogida sería bastante buena, según una encuesta publicada este año por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en el que el 57% de los españoles declararon "muy probable" devolver sus envases al súper a cambio de recuperar el dinero. El 21% se mostró "bastante probable", el 15% "poco" y el 7% "nada".

Ecoembes afirma a infoLibre que está "a la expectativa" de que Transición Ecológica publique las cifras oficiales de recuperación de botellas de plástico, y afirma que en los últimos meses se ha reunido con el Gobierno para trasladar que sus cálculos de reciclaje "están auditados y cumplen con los estándares de la Comisión Europea", por mucho que difieran de las cifras que dan las ONG.

Las empresas de plásticos tienen mucho que perder si el Gobierno termina por imponer un sistema de depósito, devolución y retorno, ya que en este momento los envases que no se depositan en el contenedor amarillo ya no son responsabilidad suya, sino de los ayuntamientos, que se gastan millones de euros en recogerlos del suelo, de las papeleras o de los cubos grises. "Mis cálculos son que si Ecoembes asumiese el coste real de su cometido, sus gastos subirían un 250%", afirma Peula.

Ignasi Puig, coordinador de Residuos en la organización ENT, ha elaborado diversos informes sobre la introducción del SDDR en España, y afirma que sería un sistema mucho más caro para Ecoembes que el actual. La empresa tendría que hacerse cargo de tres veces más de plásticos que ahora, pero recuerda que su obligación es hacerse cargo de cada una de las toneladas de envases que pone en el mercado.

"El sistema SDDR se financiaría de tres formas: vendiendo los materiales que se logren reciclar, los céntimos que no sean reclamados por los ciudadanos, y las aportaciones que hagan las empresas de Ecoembes por haber productores de plásticos. La tercera pata servirá para compensar las otras dos, y en función del coste de las materias primas y del porcentaje de retorno, pagarán más o menos por tratar los residuos", aclara el experto.

Desde el sector de las ONG temen que Ecoembes proponga al Gobierno sustituir el sistema convencional de SDDR por uno que ya tiene implantado y que no tiene resultados demostrables, el sistema Reciclos, una aplicación digital que otorga premios por reciclar. infoLibre publicó en 2023 una investigación en la que demuestra que es un agujero que permite el fraude en el reciclaje y no incentiva su uso por parte de la sociedad. Sobre esta cuestión, un portavoz de Ecoembes garantiza que ellos aceptarán un sistema SDDR si lo impone el Gobierno porque no quieren que haya "un debate sobre sistemas". "No tenemos líneas rojas, solo queremos que España cumpla con los objetivos".

El sistema de recogida de basuras en los municipios se encarecerá de manera drástica el año que viene. A partir de abril de 2025 —en la práctica el 1 de enero, porque los presupuestos municipales son anuales— ningún ayuntamiento del país podrá tener un servicio deficitario de deshechos, es decir, que la recogida y el tratamiento sea más caro que los impuestos recaudados para ese fin. En este momento, las tasas de basuras cubren el 59% del coste del servicio, una enorme brecha que hay que compensar con impuestos más agresivos. Sin embargo, dependiendo del municipio, el ciudadano no tendría por qué notarlo en su bolsillo, puesto que muchos alcaldes optan por mantener unas tasas de basuras artificialmente bajas que compensan con un IBI más elevado, que ahora habría que rebajar si se sube los impuestos a los residuos.

En las últimas semanas numerosos ayuntamientos ya han anunciado una subida en sus tasas de basuras. En Madrid capital, se anunció la semana pasada la recuperación de este tributo, que de media ascenderá a 140 euros anuales por hogar, en función del barrio y el tamaño de la casa, pero que irá acompañado de una rebaja del IBI del 0,02%. En Málaga y en Alicante se va a cuadruplicar la tasa de basuras respecto a 2024, mientras que en Zaragoza será suficiente con subirlo un 12,7% y en Vigo un 4%.

El Partido Popular ha intentado ligar la subida a una decisión del Gobierno, pero el cambio en la normativa está relacionado con la trasposición de la Directiva Marco de Residuos de la UE que se realizó en abril de 2022. Fue entonces cuando se aprobó en España la nueva Ley de Residuos en la que se dan tres años para implementar en los munipios dos grandes cambios fiscales. Primero, es obligatorio los impuestos destinados a cubrir la recogida y tratamiento de basuras se recojan a través de una tasa de basuras o una prestación patrimonial de carácter público no tributario, pero nunca a través del IBI u otros impuestos. Y segundo, la recogida de basuras nunca puede ser deficitaria, es decir, el 100% de su coste anual tiene que ser cubierto con estas tasas.

Sin embargo, la situación actual está muy lejos de este objetivo. La Fundación ENT, dedicada a la mejora de los sistemas de residuos, elabora cada año un informe de fiscalidad donde estudian 130 ciudades españolas. Su conclusión del estudio de 2023 es que la recaudación total de los tributos de basuras apenas cubrió el 59% de los costes totales del servicio, que ascendieron a 3.828 millones de euros, "muy lejos del 100% que exige la Ley 7/2022 para 2025". Los autores también calculan que el 98% de los municipios de España tienen una tasa específica de basuras, pero está muy por debajo del coste real de la recogida y el tratamiento. Según el informe, el importe medio de la tasa de basuras es 92,80 euros.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, que ha gestionado la trasposición de la normativa europea, trasladan que "no se trata de una tasa nueva ni de que el ciudadano vaya a pagar más, solo se diferencia el pago que el ciudadano hace ya". "Por ello, habrá que equilibrar los cobros. Si el ayuntamiento estaba cobrando este servicio dentro del IBI, habrá que bajar ahora el IBI al sacar del mismo los residuos", afirman desde este ministerio.

El objetivo de estos cambios es dar más visibilidad al coste real de los desechos, debido a que España es uno de los países de Europa con peores rendimientos en el tratamiento de basuras. Según la organización Retorna, el 78% de los residuos se recogen sin separar y acaban en un vertedero, de manera que se desaprovecha su potencial de reciclaje y donde además se generan vertidos muy contaminantes. La Comisión abrió un expediente a España en julio por incumplir la meta de reciclar el 50% de sus desechos en 2020.

Francisco Peula, consultor en gestión de residuos, explica que todo se resume en dar "transparencia" a un sector en que siempre se han hecho las cosas mal, salvo en algunas regiones como Cataluña, País Vasco o Navarra. "Lo que hay que hacer ahora es bajar el IBI donde corresponda e intentar modular las nuevas tasas para que paguen menos los hogares que se molesten en separar la basura, es decir, premiar al que hace las cosas bien", resume.

El experto añade que es imprescindible que la tasa de basuras local traslade a los vecinos el coste real del tratamiento de los residuos porque hasta ahora la gestión de muchísimos ayuntamientos es nefasta, con costes inflados que se han financiado con recursos del ayuntamiento, sacrificando dinero que podría haber ido a actividades o a infraestructuras. Esta situación es mucho más grave desde que entraron en vigor otros cambios de la Ley de Residuos, como la obligatoriedad de recoger la materia orgánica por separado —ha encarecido alrededor de un 30% el presupuesto de basuras—, o el nuevo impuesto a vertederos, que grava con hasta 40 euros cada tonelada de basura que se vierte, casi el doble del coste anterior.

"Tirar la ropa o los residuos orgánicos a un vertedero supone un dineral para los municipios, y además es una pérdida ingente de materias primas, de abonos que se podrían recuperar para la agricultura o de energía que se podría producir atrapando el metano. Si hablamos de riqueza, reciclar y reutilizar la ropa genera 36 veces más puestos de trabajo que un vertedero", explica Peula.

El nuevo sistema de financiación de recogida de basuras también quiere incentivar el mejor reciclaje de los hogares y los comercios, de manera que la nueva Ley de Residuos contempla modular el impuesto para beneficiar a familias con bajos ingresos o personas en paro. Otra opción es diferenciar la tasa de basuras por zonas, elevando el impuesto allí donde los vecinos tienen menos cuidado con sus residuos, aunque implementar esto en grandes ciudades no es sencillo, porque en cada barrio habrá gente más y menos responsable.

Dos sistemas muy extendidos en Cataluña, País Vasco, Navarra o Baleares son el de recogida de basura puerta a puerta o el del contenedor electrónico, que permiten diferenciar el nivel de separación de residuos de cada hogar. En el primero, los desechos se recogen casa por casa, y cada día de la semana se retira exclusivamente un tipo de basura —vidrio, plástico, papel, orgánico, etc.— de manera que los vecinos están obligados a separar los desechos. El contenedor electrónico consiste en que los cubos de las calles se abren mediante una tarjeta personal, de manera que es posible identificar en qué zonas se generan más residuos y quiénes contaminan más.

César Sánchez, portavoz de la organización Retorna, formada por ecologistas y consumidores, critica que con estos cambios se vuelve a poner la responsabilidad sobre los ciudadanos, mientras que las empresas que generan estos residuos se libran. "Estamos poniendo la responsabilidad al final de la cadena, pero son los supermercados y los fabricantes los que deberían ocuparse de que el sistema funcione, que son los que ponen en circulación ingentes cantidades de plásticos", afirma.

Los campo petrolíferos y los pozos de gas son los principales causantes de las emisiones masivas de metano a la atmósfera, pero a continuación se encuentran los vertederos a cielo abierto. En España no hay de los primeros, pero plantas de residuos hay en todas las provincias, y emiten cada año millones de toneladas de metano, un gas 28 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Un análisis de la huella de metano realizado con imágenes satelitales identifica en España tres fugas masivas ligadas a vertederos, aunque todos contaminan, según los expertos.

El mapa, elaborado por Carbon Mapper, una organización sin ánimo de lucro, sitúa como la más contaminante a la planta de compostaje de Pinto, en el sur de Madrid, con unas emisiones medias de 2,7 toneladas de metano por hora en el momento en el que se tomó la medida, lo que equivale a más de 560.000 toneladas al año. También identifica la planta de reciclaje Global París, a las afueras de la ciudad de Murcia (250.000 toneladas al año) y la planta de residuos de Alhedin, a las afueras de Granada (50.000 toneladas).

El mapa con las plumas de metano —el nombre que recibe el rastro de metano en el aire— se ha construido a partir de fotografías de la NASA, aunque todavía está en plena elaboración y hay zonas de España todavía sin estudiar, como Galicia, Asturias y gran parte de Castilla-La Mancha. Tampoco se han ubicado las fugas de metano en el centro y el norte de Europa, y falta por estudiar Rusia al completo, pero por ahora ya se han encontrado 17.390 plumas, y la mitad pertenecen a campos petrolíferos y gasistas.

Casi una cuarta parte de las fugas globales de metano proceden de vertederos, una fuente muy agresiva de gases de efecto invernadero y de aguas residuales que tiene un impacto enorme en la atmósfera y el subsuelo. La producción de metano en las plantas de residuos es inevitable, según los expertos, porque se genera durante la descomposición de los restos orgánicos de los vertederos, aunque hay formas de absorber ese metano si las instalaciones están correctamente selladas y se invierte en la tecnología necesaria.

Un técnico con amplia experiencia en el sector, que prefiere omitir su nombre por su vinculación a los vertederos españoles, explica que la gran mayoría de los estercoleros del país están descuidados y no cuentan con las medidas adecuadas. "Para empezar, desde 2001 está prohibido enterrar basura en un vertedero sin un tratamiento previo, pero se sigue haciendo ampliamente. Por ejemplo, en el centro de Pinto". Un informe publicado en 2023 por la Comisión Europea recogió que "en 2020, la tasa de reciclado de residuos municipales en España fue del 36,4% (18,6 puntos porcentuales por debajo del objetivo de 2025), mientras que la tasa de vertido a vertederos fue del 52,0% (más del doble de la media de la UE)", destacan desde la Comisión.  

Cuando los restos de productos biodegradables se cubren de tierra en los vertederos, comienza un proceso de descomposición en el que la materia orgánica se transforma en compost, liberando metano y CO₂ a la superficie, dos gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global. El metano es, de hecho, 28 veces más contaminante que el CO₂ si se compara su impacto a lo largo de un siglo. El proceso de descomposición de la materia orgánica, además de producir gases, también genera un mejunje líquido llamado lixiviado, muy contaminante y que se filtra al subsuelo y contamina ríos y acuíferos.

Aproximadamente, el 80% de los grandes vertederos de España tienen mecanismos para atrapar sus emisiones de metano y reutilizarlo, ya sea para producir energía para la propia planta, o directamente para venderlo como gas ciudad. Este negocio se ha vuelto especialmente en los últimos tres años, cuando el gas natural ha pasado a ser un combustible estratégico tras la invasión de Ucrania. Para hacerse con este gas, bajo los montones de basura circula una red de tuberías que succionan el metano y el CO₂ producidos por la digestión de los desechos, se limpian y se almacenan hasta darles una salida.

Sin embargo, como no se invierte lo suficiente en estas instalaciones, el sellado de los vertederos es pésimo y la mayoría del metano se termina filtrando al aire antes de ser absorbido por los desgasificadores. "La cifra que circula por el sector es que alrededor del 70% del metano acaba en la atmósfera incluso instalando redes de tuberías porque se filtra a través de la tierra. Si quisiéramos hacerlo bien y redirigir ese gas por completo, tendríamos que sellar la basura en algo parecido a una olla a presión, lo que se conoce como una planta de biometanización", añade el experto en reciclaje.

Julio Barea, portavoz de Greenpeace, señala que el problema principal es que los residuos orgánicos no se están separando, como marca la ley, que obliga a que todos los municipios de más de 5.000 habitantes recojan cada tipo de basura por separado. De esta manera, se podría tratar los restos biodegradables en lugar de enterrarlos junto con plásticos, metales o escombros. "Lo único que hace falta es cumplir con la ley. No puede entrar materia orgánica, porque además bien recogida es una mina de oro. Si la biometanizas puedes usar el gas para calentar las ciudades, y el compost utilizarlo en un país con millones de hectáreas de agricultura. Nos ahorraríamos millones de euros en fertilizantes que encima producimos con productos químicos tóxicos", resume el representante de la organización ecologista.

La Comisión Europea ha advertido a España este jueves de que no cumplirá con sus objetivos de reciclaje urbano a los que se comprometió en la directiva comunitaria de 2008 de tratamiento de residuos, una situación que denuncian desde hace años las organizaciones sociales. Bruselas también teme que el país no alcance la meta de 2035 que establece que como máximo se manden a vertedero el 10% de los desperdicios municipales, ya que ahora se envían más de la mitad. "En 2020, la tasa de reciclado de residuos municipales en España fue del 36,4% (18,6 puntos porcentuales por debajo del objetivo de 2025), mientras que la tasa de vertido a vertederos fue del 52,0% (más del doble de la media de la UE)", destacan desde la Comisión.  

Los técnicos añaden que el incumplimiento del objetivo de reciclaje en 2025 podría ser incluso mayor, ya que desde el año pasado los criterios para considerar que una tonelada de basura ha sido reciclada son más estrictos. "La aplicación de las nuevas normas de cálculo para el reciclado de residuos municipales podría dar lugar a una tasa de reciclado inferior", se lee en la carta a la que ha tenido acceso infoLibre. Ecoembes, la compañía encargada del reciclaje de envases en España, reconoció el mes pasado que el nuevo sistema de conteo supuso reducir sus toneladas recicladas un 12% en 2022. 

"El comunicado de la Comisión refrenda lo que denunciamos desde hace tiempo. O se ponen sistemas de auditoría y control con sanciones para quienes no cumplen, o solo iremos a peor. Sin un plan estructural, tampoco llegaremos al objetivo de reciclaje de 2030, que ya no será del 55%, sino del 60%", opina César Sánchez, portavoz de Retorna, una ONG especializada en residuos. Precisamente esta organización, junto a otras asociaciones ecologistas, denunció en marzo al Estado español ante Bruselas por incumplir el objetivo de reciclaje de 2020.  

El principal problema de España en el tratamiento de basuras, según la Comisión, es la "limitada" recogida selectiva de residuos orgánicos, los que normalmente se depositan en el contenedor marrón, ya que solo el 11% de estos se deposita en el contenedor correcto. Esto se debe a que son la clase de basura más común (40-45% del total), pero no hay un hábito de reciclaje de los restos de comida porque generan malos olores y los hogares los tiran junto a otros residuos para deshacerse rápido de ellos, según explica Francisco Peula, presidente del observatorio de residuos Rethinking. 

Esta situación provoca el segundo gran problema que señala Bruselas: que España tiene "tasas demasiado bajas de compostaje y digestión anaeróbica", que son los tratamientos que se da a la basura orgánica tras su recogida selectiva y que permiten transformar estos restos en compost para la agricultura o en biogás que sirve de combustible en la industria. 

La Comisión también apunta a niveles muy bajos de recogida selectiva en otros productos: solo el 30% del papel, el cartón y los metales y el 20% del plástico van a su contenedor correspondiente. Los técnicos critican además que la población tiene muy poco acceso a contenedores exclusivos para el resto orgánico y que los ayuntamientos tienen muchas facilidades para enviar la basura a vertederos. 

Bruselas ha tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis que en abril del año pasado el Gobierno sacó un real decreto para impulsar el reciclaje en ciudades, pero los técnicos creen que no llega a tiempo para cumplir con el hito. "Dado que algunas medidas requieren un plazo más largo antes de que sus efectos sean plenamente visibles, es poco probable que puedan alcanzarse todos los objetivos de 2025", recoge el texto. 

La advertencia no fue la única que envió este jueves la Comisión, ni tampoco la más dura. España se encuentra en el grupo de ocho países de la UE que no cumplirán con el objetivo de reciclar el 55% de los residuos urbanos, junto a Francia y Portugal. Pero hay otros diez que además no lograrán alcanzar el 65% de reciclaje de envases de aquí a dos años. Solo nueve países de 27 van camino de cumplir ambas metas en 2025: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemania, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. 

En este sentido, Bruselas reconoce a España que el tratamiento de envases, que está en manos de la compañía Ecoembes, funciona bastante mejor que en el resto de la UE. "La tasa total de reciclaje de residuos de envases [en España] fue del 69,6% en 2019, lo que ya supera el objetivo del 65% para 2025. Todos los materiales de residuos de envases han superado los objetivos de reciclaje, excepto el papel y el cartón, el aluminio y el plástico", se lee en la misiva. Aunque los cambios en la fórmula para contabilizar los residuos reciclados también reducirá este porcentaje.

Para reconducir los bajos niveles de reciclaje en España, la Comisión propone que se impulsen políticas que incentiven la reutilización de envases para reducir el volumen total de basura en el país. Francisco Peula habla, por ejemplo, de introducir envases retornables a supermercados, como tienen países como Bélgica, donde los cascos de la cerveza se pueden depositar en máquinas que están en las tiendas a cambio de dinero. Otra fórmula es incrementar los impuestos sobre los envases de plástico para desincentivar su uso. 

Como las competencias de reciclaje son locales, hay zonas de España donde la recogida de basura es mucho más selectiva y eficaz. La Comisión pone de ejemplo en su informe a Zaldivia (Guipúzcoa), Esporles (Mallorca) y Argentona (Barcelona) como municipios con buenas prácticas. La clave está en que los tres tienen un sistema de recogida de basura puerta a puerta: cada día los operarios recogen un tipo de basura diferente y los vecinos dejan sus desperdicios en la puerta de casa, en lugar de echarlos a un cubo comunitario. Este mecanismo funciona en cientos de municipios catalanes y vascos desde hace más de dos décadas y permite que los residuos sean de alta calidad y sin impurezas para reciclarlos fácilmente. 

La Comisión envió un informe similar en 2018 al Gobierno español donde avisaba de que el país iba directo a incumplir sus objetivos de la directiva de reciclaje en 2020, como terminó ocurriendo. En este escrito, Bruselas dio a España ocho recomendaciones de mejora: cinco de ellas ya se han implementado y tres de manera parcial, según el Gobierno.

Ecoembes, la empresa sin ánimo de lucro controlada por grandes multinacionales del consumo y responsable de gestionar los envases usados de los hogares españoles, reconoce que sus cifras de reciclaje real son inferiores a las que publica anualmente. La empresa anunció este martes en la víspera del Día Mundial del Reciclaje que en 2022 dio una nueva vida a 1,62 millones de toneladas de envases de diferentes materiales, un máximo desde que comenzó a funcionar hace más de dos décadas y un 3,6% más que el año pasado. No obstante, la compañía ha reconocido a infoLibre que en realidad recicló el año pasado 1,43 millones de toneladas, un 11,7% menos de la cifra original. 

La diferencia entre esas cifras radica en que hasta 2021 solo se contaban como recicladas las toneladas de envases que llegaban a las plantas de procesamiento, pero en 2022 se ha empezado también a pesar el total de material reciclado que sale de esas instalaciones. La diferencia entre los puntos se debe a que a lo largo del proceso los envases se limpian, pierden la humedad, se descartan aquellos que no se pueden reciclar o se retiran las materias primas que no tengan salida en el mercado, por lo que la cifra real de reciclaje que se publicará a partir de ahora es sustancialmente menor a la que se daba en el pasado.

Alberto Vizcaíno, autor del libro Contenedor Amarillo S.A., explica que en esta criba no solo se limpian los envases, sino que al pasar por una especie de lavadora industrial para eliminar líquidos y restos viscosos también se cuelan por los agujeros objetos pequeños como vasos de yogurt, botes pequeños o cápsulas de café. "Tiene agujeros de 6 a 10 centímetros por el que caen todo tipo de envases, y eso que hemos pagado por su tratamiento", afirma el experto en reciclaje. 

Según explican desde Ecoembes, es la primera vez que realizan este conteo de reciclaje al final de la cadena, por lo que los datos publicados desde 1999 tendrían una desviación sobre lo tratado en realidad, como ha ocurrido este año, aunque no es posible saber cuál es el agujero total en las cuentas a lo largo de este tiempo.

La diferencia entre usar una cantidad u otra no es menor, ya que Ecoembes es el único organismo que conoce el volumen total de envases reciclados procedentes de los hogares y sus estadísticas son utilizadas por el Gobierno y la Comisión para determinar el grado de reciclaje en España y la Unión Europea. 

La empresa argumenta que hasta ahora medía los envases en el punto de llegada porque era el procedimiento que marcaba la ley española, pero con la entrada en vigor del nuevo real decreto de tratamiento de residuos que traspone la directiva europea de envases, desde 2022 se pasa a contabilizar los envases reciclados una vez han sido procesados, como tendrán que hacer el resto de países de la UE. Además, desde Ecoembes argumentan que como ya era conocido el desfase de cifras entre lo publicado y lo reciclado realmente, ellos empezaron a publicar sus cifras motu proprio con la coletilla "toneladas enviadas a instalaciones recicladoras". 

Francisco Peula, consultor del negocio del reciclaje y presidente de Rethinking, Observatorio de Residuos, cree que en todo caso la nueva cifra publicada por Ecoembes no es realista. Según su experiencia como técnico de residuos en la Diputación de Granada, el paso de una tonelada de envases por una planta de reciclaje no supone una reducción de su peso del 11,7%. "Me parece muy poco. Nosotros estudiamos la pérdida de humedad y suciedad durante el proceso de reciclaje y yo pondría la cifra de Ecoembes en cuarentena", asegura.  

Según su análisis, las impurezas suponen el 17% del peso de un brik recogido de un contenedor amarillo. Los plásticos van desde un 7% en el caso del PEAD al 25% en el plástico film, mientras que el aluminio que llega a las plantas tendría de media un 7% de suciedad y humedad. Todos los porcentajes aumentan si los envases se recogen fuera de los cubos de reciclaje. 

Las empresas que embalan sus productos con envases de plástico, papel, cartón, metal o madera –Coca-Cola, Nestlé, Danone o Mercadona, entre muchas otras– tienen que hacerse cargo de reciclar las botellas, cajas, bolsas, latas y otros envases que comercialicen. Para ello, pagan a Ecoembes cada año por cada envase que saquen al mercado. Ese dinero, se reparte a su vez entre los ayuntamientos a cambio de la recogida selectiva de basuras en los contenedores y su transporte en camiones. Según afirma Ecoembes, el año pasado las 15.000 empresas adscritas al sistema movieron 1,92 millones de envases en España, de los que se terminaron reciclando 1,43 millones, el 74% del total. 

Sin embargo, ecologistas y otros miembros de la sociedad civil denuncian desde hace años que la cifra total de envases en circulación es muy superior a la publicada por la empresa y los índices de tratamiento de residuos son mucho peores de lo que se cree. Como explicó este periódico, en una reciente investigación sobre Ecoembes, habría una tercera consecuencia: como Ecoembes no pagaría nada por la gestión de los envases no declarados, serían los Ayuntamientos quienes tendrían que asumir ese coste. En otras palabras: las empresas estarían trasladando a los contribuyentes –vía Ayuntamientos– parte de los costes que tendrían que asumir ellas.

En el municipio de Cardedeu (Barcelona) el dato es abrumador: en cuestión de ocho meses han pasado de reciclar el 32% de la basura a más del 80%, un salto que permite dar una segunda vida a toneladas de botellas de agua, servilletas o latas y evitar que acaben en vertederos. Prácticamente de la noche a la mañana lograron acabar con la mala costumbre de no separar los desechos simplemente sustituyendo los cubos de basura por un sistema de recogida de basura puerta a puerta, un mecanismo que funciona en varios países europeos y que los ecologistas ven como la solución al problema endémico que sufre España. 

En 2020, España recicló el 40,5% de la basura generada por sus ciudadanos y empresas, mientras que el 59,5% restante fue de cabeza a un vertedero donde se entierra o incinera. En comparación, la media del reciclaje en la Unión Europea fue del 49,2% y países como Bélgica o Italia superan el 50%, mientras Alemania ocupa el primer puesto: de cada cien toneladas de basura allí se recuperan setenta. 

De esta manera, España incumple con la normativa comunitaria que fijaba que en 2020 todos los países debían superar un 50% de reutilización de sus desechos. Hace dos meses la Comisión Europea publicó los datos finales de reciclaje para ese año y los ecologistas, ahora con cifras oficiales, denunciaron esta semana al Estado español ante Bruselas por incumplir –por mucho– lo pactado en 2008. A la espera de la posible sanción, los activistas aprovechan para presionar al Gobierno en busca de una solución. 

"No tenemos ninguna garantía de que se vaya a cumplir la ley tampoco en 2030 [habrá que reciclar el 60%]. Es una llamada de socorro a la Comisión para que obligue a España a tomar las medidas necesarias y a no poner los beneficios de la industria por encima de las personas", apuntó Eva Saldaña, presidenta de Greenpeace España este jueves. 

Retorna, una ONG especializada en mejorar el tratamiento de residuos, cree que la solución pasa por sustituir el sistema actual de separación de basura por contenedores a una fórmula de recogida puerta a puerta que es un éxito en centenares de municipios catalanes y vascos desde hace más de veinte años. 

Consiste en que cada día se recoge un tipo de basura diferente y los vecinos dejan sus desperdicios en la puerta de casa, en lugar de echarlos a un cubo comunitario. De esta manera, los ciudadanos pasan a ser los protagonistas del proceso y cada uno es responsable de lo que tira.  

La recogida puerta a puerta da muy buenos resultados allí donde se implanta y permite que los residuos sean de alta calidad y sin impurezas para reciclarlos fácilmente. Y aunque pueda parecer un engorro, en cuestión días los vecinos se acostumbran. "Al quitar los contenedores, individualizas el reciclaje", afirma Verónica Vidal, concejala de Medioambiente en Cardedeu (Barcelona). "Cuando dejas de tirar la basura a un cubo común y cada uno tiene su bolsa, la gente siente que aporta su grano de arena", añade. 

En su municipio incorporaron la recogida puerta a puerta en julio del año pasado y en solo unos meses ya reciclan más del 80% de los residuos y han conseguido que el 93% de los vecinos participen, con una población de 20.000 personas. 

La asociación Porta a Porta se fundó hace dos décadas en Cataluña para promover este sistema en la región y ya son más de trescientos municipios los que han introducido este mecanismo. Montse Cruz es la encargada de coordinar el asesoramiento a los ayuntamientos en Porta a Porta y reconoce que han ido perfeccionando el sistema para adaptarlo incluso a grandes ciudades con miles de habitantes y edificios de varias plantas. 

Los datos recopilados por la organización evidencian el éxito de este sistema de recogida de precisión, ya que lo más habitual es que la tasa de recogida selectiva alcance el 70-80% de la basura generada y en algunas localidades incluso supere el 90%. 

Como los ciudadanos son responsables en su día a día de guardar la basura hasta que toca tirarla, también cambian sus hábitos de consumo y compran productos con menos envasado. De media, en cuestión de cinco años, los municipios con recogida puerta a puerta reducen un 17% la basura generada, un logro incluso mayor que mejorar el reciclaje. 

Por supuesto, este mecanismo es difícil de implementar en las ciudades y pueblos porque genera mucha incertidumbre entre los vecinos. El temor más habitual es el de los olores, ya que supone acumular la basura hasta el día de la recogida. Sin embargo, este problema está ya muy estudiado y la basura orgánica se recoge tres días a la semana, o incluso más si así lo quiere el ayuntamiento. 

Aun así, la llegada de este sistema a Cardedeu fue un proceso muy largo y estuvo casi una década en el programa electoral de Esquerra Republicana hasta que se aventuraron a implementarlo hace unos tres años. "Hay que hacer un enorme trabajo de información a los vecinos y tuvimos que ir puerta a puerta, nunca mejor dicho, por todos los negocios para estudiar cómo funcionaría la recogida", explica Verónica Vidal. "Tuvimos que hacer 14 reuniones públicas a las que vinieron 4.000 personas", concreta. 

El segundo pilar que más cuestionan los ciudadanos es el coste del proyecto, que es evidentemente más caro que el sistema tradicional de cubos y camiones porque supone contratar a más operarios, hacer más turnos de recogida y supervisar a fondo los residuos para comprobar que no hay que mezcla de basura en las bolsas. En el punto del coste hay matices, porque existen fórmulas que permiten recuperar el gasto extra, pero no hay consenso sobre si compensa y depende de la regulación de la comunidad autónoma. 

En Cataluña, donde esta práctica está muy desarrollada, hay incentivos a la recogida selectiva desde hace años y es obligatoria desde 2010. Allí, incinerar basura sale muy caro a los ayuntamientos y aquellos que reciclan se ahorran un buen pellizco. También cobran un canon por los residuos que acaban en vertedero y premian a los consistorios que son sostenibles. 

En este sentido, la asociación Porta a Porta calculó en 2018 que todo el sistema tradicional de cubos y el de puerta a puerta tiene un coste similar si se tiene en cuenta todo el proceso: el primero cuesta unos 69,47 euros por habitante al año y el segundo 68,40. Aunque la concejala de Medioambiente de Cardedeu explica que en su caso el coste de la nueva fórmula es mucho más caro, al menos por ahora, principalmente porque gastan más en personal. 

Por supuesto, en este punto entra en juego la política ambiental de cada Comunidad y la del Gobierno central para compensar a los consistorios que asuman la inversión para ser más sostenibles. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados que aprobó la pasada primavera el Ministerio de Transición Ecológica va en esta línea y creó un impuesto indirecto sobre los vertederos, lo que hace más atractivo el reciclaje. Aunque en este punto, Verónica Vidal opina que no es suficiente con castigar a quien hace las cosas mal, sino que hay que compensar a quien invierte en el buen reciclaje porque si no el reciclaje puerta a puerta sale demasiado caro.

Italia llevaba décadas exportando basura a países de Europa del Este. Aunque podría hacerlo de forma legal, no es lo que le interesa a la mafia: el beneficio es mucho menor. Sus países favoritos como receptores de residuos son Bulgaria y Rumanía. Por cuatro buenas razones. La primera, que ambos pertenecen a la UE, por lo que las formalidades aduaneras se reducen al mínimo para los cargamentos que también proceden de estados comunitarios. También son países corruptos en los que se puede comprar casi todo por el precio adecuado. Además, el nivel de control aplicado por las autoridades es bastante limitado. Finalmente, eliminar los desechos en Bulgaria y Rumanía es mucho más barato que en Italia.

Así que muchas empresas italianas trabajan con otras rumanas y búlgaras. Y algunas de ellas están relacionadas con los Accarino, una familia que lleva décadas involucrada en el contrabando de residuos, como demuestra la investigación desarrollada por la revista italiana Espressoy los socios en Rumanía y Bulgaria (RCJI/TBS) del consorcio European Investigative Collaborations (EIC), cuyo medio colaborador en España es infoLibre.

En octubre del año pasado, Mario Accarino fue detenido en Italia por la Policía Antimafia junto con otros sospechosos de haber montado una gran red de tráfico ilegal de basuras. Según los carabinieri del grupo de protección del medio ambiente de Milán, la banda de traficantes desmantelada había acumulado más de 24.000 toneladas de desechos en vertederos ilegales repartidos por todo el norte de Italia, algunos en los alrededores de Milán, otros entre Varese y Como, algunos más en el Piamonte y cerca de Verona. Entre los 16 detenidos por orden de la Dirección Antimafia del Distrito se encontraba también Antonio Foti, que ya ha cumplido una condena por sus relaciones con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa, y que, junto con sus hijos Giuditta y Luciano, lleva años invirtiendo en el negocio de la basura. Un testigo citado en el sumario judicial declaró que Tecnobeton, una empresa propiedad de Foti, envía los residuos a Bulgaria. “Están triturando [basura] a toda máquina. Su ruta siempre es hacia Bulgaria”, explicaba por teléfono un camionero que fue interceptado por la policía. Otra pista que lleva a los Balcanes es la de Mario Accarino quien, junto con su hija Laura y su sobrino Francesco, también acabó en la red de los carabinieri.

Mario Accarino, de 61 años, controla la empresa búlgara Acar Eco, de la que también es accionista Avni Kadir Musein. Su hermano Kadir Avni Kadir fue detenido en 2012 por tráfico de cocaína a Italia. En la investigación policial el turco figura sin embargo bajo el nombre de Krassimir Zlatanski, con el que se inscribió en el Registro civil búlgaro en 2008. Contactado por teléfono por EIC, Zlatanski/Kadir confirma que conoce a Accarino y explica que la empresa Acar Eco, en parte propiedad de su hermana, tiene como objeto social la importación de chatarra desde Italia, pero que actualmente está inactiva. A pesar de los problemas judiciales del pasado, Zlatanski no ha cortado los lazos con Italia. Una pequeña empresa comercial en Milán está registrada a su nombre. “Pero no tengo nada que ver con los negocios de Accarino”, protesta. Junto a su hermano Salvatore, fugitivo quizá en el norte de África, Mario Accarino colecciona detenciones y condenas por delitos medioambientales. En 2019, a los dos traficantes de residuos se les confiscó un patrimonio millonario que incluía 27 propiedades y 28 cuentas corrientes y cajas de seguridad en Italia y Suiza.

La red italiana de los Bobokov

Pero, por muy ricos que sean, los Accarino no pueden compararse con los hermanos Atanas y Plamen Bobokov, dos de los empresarios más ricos de Bulgaria, que acumulan un patrimonio valorado en cientos de millones de euros. Los Bobokov también han acabado acusados de tráfico ilegal de residuos y su historia, como la de los Accarino, se desarrolla al menos en parte entre Italia y los Balcanes. El caso hizo sensación en Sofía, ya que los dos empresarios se habían forjado una reputación de intocables por sus múltiples relaciones en el mundo de la política. Todo se derrumbó a finales de mayo del año pasado, cuando la pareja acabó en la cárcel acusada de haber desechado ilegalmente al menos 7.000 toneladas de materiales de diversa índole, incluidas sustancias tóxicas, en varios lugares del país balcánico. La historia, de nuevo, conduce al norte de Italia.

En efecto, hace tres años, el grupo Monbat, controlado por los hermanos Bobokov, se hizo con la italiana Piombifera, con sede en La Spezia y planta en Macrobio, cerca de Brescia. La empresa recicla baterías agotadas extrayendo el plomo que luego transporta a la planta búlgara de Monbat para reutilizarlo como materia prima. Los magistrados de Sofía sospechan que los empresarios investigados también han ocultado residuos procedentes de Italia en vertederos ilegales. “No sabemos nada al respecto”, contesta sin embargo Paolo Pofferi, director general de la Piombifera italiana, que ya en 2019 devolvió a la empresa emisora un cargamento irregular que procedía de Eslovenia.

En cualquier caso, el nombre de Pofferi no es nuevo. Hace unos 30 años, el empresario originario de La Spezia, nacido en 1947, fundó una fábrica de todoterrenos en Nusco que tuvo una vida muy corta: cerró sus puertas a los tres años. Pofferi, abrumado por una serie de quiebras, acabó en el centro de una de las numerosas investigaciones abiertas sobre el despilfarro de dinero público que se utilizó para reconstruir la ciudad de Irpinia, en el sur de Italia, tras el terremoto que sufrió en 1980. También fue acusado de enterrar en Nusco residuos contaminantes de las empresas que poseía en el norte. “Un proceso muy largo, pero al final fui absuelto”, explica el socio italiano de los Bobokov, que dirige la Piombifera italiana junto al empresario Giovanni Grazzini, recién nombrado comisario de Forza Italia en la ciudad de La Spezia. Incluso Grazzini dice desconocer los problemas judiciales de los jefes del grupo Monbat.

En Bulgaria, sin embargo, las relaciones con la empresa italiana siguen más de actualidad que nunca. El asunto puede llegar al juzgado esta misma primavera, después de que tres acusados ya se hayan declarado culpables y estén pactando con la fiscalía una reducción de condena.

Documentos falsificados

“Llévense sus basuras”. Fue la orden de las autoridades búlgaras que en febrero de 2020 rechazaron 3.700 toneladas de residuos transportadas en 147 contenedores hasta Varna, una ciudad búlgara en el mar Negro, y que fueron devueltos a Salerno, de donde habían salido meses antes. Dentice Pantaleone, la empresa de la ciudad italiana de Avellino que los envió a Bulgaria, tendrá que hacerse cargo de la eliminación de esas basuras procedentes de la planta de Giugliano, que se había convertido en todo un símbolo de la catastrófica gestión medioambiental en la región de Nápoles. Según la versión oficial de los búlgaros, replicada por la contraparte italiana, la carga no se correspondía con la declarada en los documentos que la acompañaban.

El Gobierno de Sofía también suspendió la licencia de la incineradora que debía eliminar los residuos, parte de un cargamento cuatro veces mayor, unos 600 contenedores en total. La basura estaba destinada a una central eléctrica de carbón controlada por el magnate energético búlgaro Hristo Kovachki. Las 3.700 toneladas de residuos rechazadas por Bulgaria tendrán que ser eliminadas en Italia, lo que ya constituye un paso adelante respecto a lo ocurrido en 2015. En el verano de hace seis años, un barco que salió de Piombino y se dirigió a Varna arrojó al mar frente a la costa de Follonica 65 toneladas de residuos plásticos. Los contenedores siguen allí, una bomba ecológica que pone en riesgo las aguas protegidas del santuario de cetáceos.

Los intermediarios de Accarino en Rumanía

Mario Accarino también estuvo presente en Rumanía, como accionista de una empresa de servicios funerarios a principios de 2000. Sin embargo, sólo conservó sus acciones durante tres años y luego se retiró. Algunos de sus antiguos socios están relacionados con una empresaria rumana, Georgeta Trifa, implicada en el contrabando de residuos procedentes de Italia y eliminados ilegalmente en Rumanía. Las conexiones de Trifa con ciudadanos italianos son numerosos. Por ejemplo, era socia de Giuseppe Marinaro, Emilio Antonaci y Luigi Cataldo en una empresa rumana llamada Aeron Service SRL. Otros tres ciudadanos italianos eran sus socios en otra empresa rumana, Eurofier SRL: Francesco Maccarrone, Marco Nicola Domizio y Pier Paolo Cavallari. Domizio y Cavallari fueron procesados y condenados en Italia por tráfico ilegal de residuos y un informe del Senado italiano vinculó a ambos con el clan Accarino. En otra empresa rumana, Ikosro SRL, los socios de Trifa eran tres ciudadanos italianos –Giuseppe Antonio Marraffa, Gianni Monna y Antonio Caserta–, todos ellos procesados y dos de ellos condenados en Italia por contrabando de residuos.

En Rumanía, Georgeta Trifa está siendo investigada en estos momentos por contrabando de residuos. Dos comunidades rurales, Ineu y Vadu Criș, en el condado rumano de Bihor, al oeste del país, se sorprendieron a finales de 2019 al descubrir que una enorme cantidad de residuos habían sido depositados en una antigua granja oculta bajo muros levantados con pacas de paja. Más tarde, en febrero de 2020, la Guardia de Medio Ambiente calculó que suman 830 toneladas de residuos, entre plásticos, caucho y textiles. Según la respuesta facilitada a EIC por el Gobierno, los residuos se transportaron hasta Rumanía desde tres regiones italianas: Toscana, Lombardía y Emilia Romagna. Sin embargo, los documentos del envío indicaban como destino final de una parte de los residuos Chișinău, la capital de la República de Moldavia, vecina de Rumanía por el este, mientras que el resto de los residuos deberían haber sido reciclados por dos empresas rumanas con sede en Timișoara, otra ciudad rumana.

Sin embargo, lo más probable es que todos los documentos del cargamento estuvieran destinados a permitir que los residuos pasaran por la aduana y no fueran el resultado de un contrato real firmado por el importador. “No hay ninguna relación comercial entre nuestra empresa y las empresas que usted ha mencionado [las responsables de los residuos depositados ilegalmente], responde el director general de una de esas dos empresas con sede en Timișoara, Pro Air Clean Ecologic SA. La otra empresa que, según los documentos del traslado de residuos, debía reciclar los residuos es Geocycle Romania SRL, propiedad de la cementera suiza Holcim. La compañía no ha respondido a las preguntas de EIC ni, según la Guardia de Medio Ambiente, se ha puesto en contacto con ella para reciclar los residuos importados desde Italia. Los residuos para quemar como combustible en las plantas de cemento son muy lucrativos en Rumanía y empresas como Geocycle Romania SRL y Pro Air Clean Ecologic SA son bien conocidas por enviar grandes cantidades de residuos a estas instalaciones. Así que, en principio, no resultaba sospechosa la presencia de esas dos compañías en relación con los residuos de Ineu y Vadu Criș, salvo que los desechos no acabaron en las cementeras, sino escondidas tras pacas de paja en el campo rumano.

Los residuos tienen que ser devueltos a Italia

Dos empresas rumanas se encargaron del transporte: Intrarom Service SRL y Gaz & Oil Gross Group SRL. La primera es propiedad al 100% de Georgeta Trifa, que ya se dedicaba al comercio ilegal de residuos en 2016, cuando, según informan los medios de comunicación italianos, Intrarom Service SRL pidió permiso para sacar 6.000 toneladas de residuos por mar del puerto de Pozzuoli, autorización que fue denegada por el alcalde Vincenzo Figlioglia por falta de datos sobre el destino de los residuos. La segunda, Gaz & Oil Gross Group SRL, es propiedad de dos socios: la mayoría de las acciones pertenecen a Georgeta Trifa (65%) y el resto al moldavo Adrian Grossu, un personaje muy turbio implicado en algunos negocios de contratación pública en la República de Moldavia. La empresa fue creada en 2017 por Grossu y otros dos moldavos, pero éstos dos vendieron sus acciones a Georgeta Trifa en 2018, justo un año antes de que la empresa organizara el traslado de residuos desde Italia a Rumanía.

A pesar del largo historial de Trifa en el traslado de residuos sospechosos, la mujer logró mantenerse al margen de las investigaciones en Rumanía hasta el hallazgo de la Guardia de Medio Ambiente en febrero de 2020. Tras intervenir la Fiscalía, Trifa está siendo investigada por varios delitos. Su caso, sin embargo, aún no ha llegado a los tribunales. Intrarom Service SRL debe pagar una multa de más de 12.000 euros y devolver los residuos a Italia, pero es bastante improbable que la empresa lo haga, ya que acaba de declararse en quiebra. El motivo: otra empresa denunció que Intrarom Service SRL no había pagado una deuda de más de 10.000 euros por servicios de transporte.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha manifestado el compromiso del Ejecutivo con el mantenimiento de la búsqueda de los dos operarios sepultados en el vertedero de Zaldibar, ya que "no podemos permitirnos dejar en el vertedero a dos personas desaparecidas".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, el presidente vasco afirma, además, que nadie está planteando" salidas masivas de presos de ETA con la transferencia de prisiones, ya que "habría que seguir cumpliendo la legislación penitenciaria".

Tras reconocer que lo vivido en Zaldibar es "una situación difícil" y "ninguno podemos estar satisfechos cuando todavía hay dos personas desaparecidas", incide en que "no podemos permitirnos dejar en el vertedero a dos personas desaparecidas". Por ello, subraya que el "peor momento emocional de la legislatura es éste", con dos personas sepultadas y "pensar que hay familias que no pueden hacer su duelo".

Asimismo, reconoce que hace "autocrítica porque quizás personalmente en lo que afecta a mi presencia en Zaldibar desde un primer momento yo lo haya intentado tratar racionalmente, por caracterizarlo como un accidente de una empresa privada por muy trágico que haya sido, y por no haber quizás medido el impacto social, emocional, de la magnitud de este accidente con fatal desenlace".

"Hago autocrítica por una interpretación excesivamente racional pensando en los precedentes y en los agravios que pudiera cometer con situaciones en las que hubo fatales desenlaces. Hago autocrítica porque el día de la rueda de prensa yo no tuviera la agilidad suficiente para comenzar la intervención lamentando la situación, y que fuera a preguntas de un periodista que tuviera que responder", afirma en relación a la comparecencia ante los medios de comunicación para dar a conocer el adelanto electoral.

De este modo, sostiene que no acudió a Zaldibar en un primer momento "por un exceso quizás de racionalidad", pero eso "no quiere decir que no tenga empatía con las víctimas". "Fui el miércoles, estuve reunido con los familiares, y no sentí ningún reproche por haber ido más tarde. Lo que preocupa a los familiares es rescatar sus cuerpos", reconoce, al tiempo que subraya que el compromiso del Ejecutivo es "seguir con la búsqueda".

También reconoce hacer autocrítica porque se ha pretendido una comunicación "veraz, realista, y quizás nos ha faltado la construcción de un relato desde el primer momento". "Quizás han transcurrido demasiados días hasta que comparecimos en la Diputación Permanente. Pero mi compromiso era hacerlo ante la Diputación y ofrecerle a ella toda la información", detalla.

Por otro lado, reconoce que es necesario ver "si la información" que la empresa gestora del vertedero ha remitido a la administración es "correcta o no" y ver si el ámbito de la legislación y de la normativa permite mecanismos de control suficientes para que no se den este tipo de situaciones, y analizar la gestión del Gobierno vasco.

El obstáculo del amianto

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, asegura que trabajan sobre la presunción de que "todo lo que sale del vertedero de Zalzibar está contaminado al mezclarse con el amianto" debido al deslizamiento de tierras.

En una entrevista concedida al diario El Correo, recogida por Europa Press, Arriola indica que en el vertedero que se derrumbó el pasado 6 de febrero, "había varios depósitos de residuos con amianto". "Sabemos dónde estaban, pero con el deslizamiento es probable que se hayan mezclado y ésa es la presunción que tenemos que hacer", explica.

Sobre el plazo estimado para sacar los residuos del vertedero de Zaldibar, Arriola reconoce que "no va a ser corto", e indica que "se está hablando con los explotadores de vertederos vascos y con las empresas que generan los residuos" para buscar alternativas. Según dice, "probablemente será una solución mixta: usar los recintos abiertos en Euskadi y otros de fuera".

En relación al problema de los residuos industriales en Euskadi, el consejero destaca que "estamos orgullosos de nuestra actividad industrial, pero no podemos olvidar que genera unos residuos que tienen que ir a algún sitio" y "tenemos que trabajar para dar una segunda vida a esos residuos".

En ese sentido, advierte que "llevar los residuos al vertedero no puede ser más barato que revalorizarlos", por lo que "habrá que pensar en ese tipo de cosas", como "una ecotasa a los vertidos y que el dinero que se recaude se pueda invertir en investigaciones medioambientales".

Tras asegurar que "nada" le dice que no tenga "el respaldo y la confianza" del lehendakari, Iñigo Urkullu, con el que "trabaja directamente" en la gestión de la crisis del vertedero, Arriola asegura que a los trabajadores que permanecen sepultados tras el derrumbe "se les seguirá buscando siempre".

En cuanto a las causas del derrumbe, Arriola dice que "hablar de las causas ahora, en plena emergencia, es especular y eso no es riguroso", aunque pide no dudar de que "las sabremos". En cualquier caso, recuerda que el día del desprendimiento el director técnico de la empresa propietaria del vertedero, Verter Recicling, dijo que "dos días antes aparecieron grietas", hechos que han trasladado a la Fiscalía. "En este desastre, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidad, incluidas las personas que conforman la empresa".

España tiene un problema con la gestión de los residuos: lo sabe el Gobierno, lo sabe Bruselas y lo dicen los datos. Azuzado por ello, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció el pasado lunes que el Ejecutivo está preparando una nueva ley de residuos, cuyo borrador se publicará "pronto" y cuyo contenido no quiso adelantar, más allá de la promesa de que apostarán por el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para los envases: mediante este modelo, los consumidores pagan unos céntimos de más por cada envase que les son reembolsados cuando lo devuelven, una vez utilizado. Pero esa posible modificación –y la polémica que conlleva– es solo la punta del iceberg de una gestión que hace aguas por muchos puntos: el oscurantismo con respecto a la gestión de Ecoembes, las materias primas secundarias que van a parar a las antípodas, los vertederos legales y los ilegales, un objetivo para 2020 imposible de alcanzar y un montón de directivas que transponer apiladas en el escritorio de la vicepresidenta Ribera.

Las cifras de la gestión de residuos de España son numerosas, complejas y en ocasiones contradictorias. La primera: 50% es el objetivo que impone la Unión Europea a todos los Estados miembro en cuanto a la recuperación (no solo reciclaje) de sus residuos urbanos, es decir, los que se generan en sus núcleos urbanos o en sus zonas de influencia y que no comprende los industriales. Aquí terminan los datos ausentes de polémica. La segunda cifra: 33%, que es el porcentaje residuos urbanos que España recicla, según los últimos datos de la Vicepresidencia para la Transición Ecológica. Dentro de ese 33% hay grandes disparidades con respecto al tipo de material: los envases, según los datos de Ecoembes, son reciclados en más de un 70%, pero la organización no justifica de dónde sale esa cifra y los cálculos de Greenpeace lo limitan hasta un paupérrimo 38%.

Ecoembes, la empresa sin ánimo de lucro que gestiona el reciclado de envases plásticos en España, carga contra el dato del 33% en global que España declara porque, aseguran, no cuenta con los envases que son mandados a reciclar por los comercios y no pasan por la mano de los municipios. Ecologistas en Acción, por otro lado, señala que los datos contienen una trampa grosera. La materia orgánica que se desecha, si es de calidad y está separada correctamente (con el uso de un cuarto contenedor), se puede convertir en compost para los cultivos. Si está mezclada con plásticos o metales se convierte en lo que se conoce como material bioestabilizadomaterial bioestabilizado, que no debería utilizarse en el campo por el riesgo de contaminación, y que según la organización acaba mayoritariamente en el vertedero pero se contabiliza como materia prima secundaria en vez de como desecho. "La Comisión Europea dice que eso no se puede contabilizar. Si lo aplicáramos, las tasas de reciclado bajarían en el orden del 8 al 10%", explica Carlos Arribas, responsable de Residuos de la ONG.

En todo caso, la realidad muestra que España tiene mucho que hacer en materia de residuos. Lo prioritario es reducir la brecha entre el 33% que tenemos ahora en materia de reciclaje y el 50% que exige la Unión Europea para 2020, y cuyo más que probable incumplimiento expone al país a sanciones por parte de la Comisión Europea. La meta aparece en una de las muchas directivas sobre residuos que el país debe trasponer antes de 2021, una labor que las organizaciones relacionadas estiman que se hará con la nueva ley que anunció el lunes Hugo Morán. La lista es larga. En junio de 2018, el Ejecutivo comunitario publicó tres directivas dentro de su paquete de economía circular: una sobre residuos, otra sobre envases y una tercera sobre vertidos. A esas tres normativas se le añade la directiva de junio de 2019 sobre "la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente", con objetivos concretos para plásticos de un solo uso. 

En lo relativo a esta última, la Unión Europea prohíbe utensilios como vasos, platos de plástico o bastoncillos para 2021 y España deberá recoger el veto en su propia legislación. Pero hay más. El texto atribuye a los productores de este tipo de plásticos "los costes de la limpieza de los vertidos de basura dispersa generada por dichos productos y su transporte y tratamiento". En opinión del ambientólogo y experto en gestión de residuos Alberto Vizcaíno, se abre una puerta interesante: "Lo ágil sería incluir el requisito en la ley dejando la puerta abierta a que todos los productores se hagan cargo de estos costes, ya que basura dispersa hay de plástico, pero también de otros materiales de envases, colchones y electrodomésticos". Opina que sería positivo que tanto los fabricantes como los distribuidores pagaran tasas por la recogida de estos desechos a los ayuntamientos, y así se aliviaría la carga impositiva a los ciudadanos a través de la tasa de basuras.

Con respecto al paquete de economía circular, la "madre del cordero", como la define Vizcaíno, es la directiva de residuos, que según el ambientólogo podría introducir claridad y criterios comunes sobre qué es residuo, qué no lo es, qué se considera materia prima secundaria, qué es únicamente un desecho que no sirve para ganar puntos… Por su parte, la directiva sobre envases pone el foco en la prevención para evitar la basura en los entornos naturales, uno de los principales problemas del sobreuso de este material. Y ambos textos defienden el SDDR como una posible solución que ayudaría a los Estados miembro a mejorar sus tasas de reciclaje.

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno funciona desde hace años en Estados miembro como Alemania o Países Bajos, que en supermercados y otros lugares coloca máquinas que devuelven al consumidor unos céntimos con la devolución de cada envase. El sistema incentiva el reciclaje porque cada pieza no devuelta es una pérdida de dinero para el comprador. El Gobierno ya ha confirmado que apostará por el SDDR en la nueva ley de residuos, aunque aún no se conoce en qué medida. Ecoembes se opone tajantemente, y utiliza sus campañas de comunicación y las secciones en periódicos que financia para divulgar sus argumentos en contra. Es entendible: la implantación de ese modelo a gran escala sería el fin del Sistema Integrado de Gestión, por el cual los productores de envases pagan por cada uno puesto en el mercado una tasa a Ecoembes y ésta financia los servicios de recogida de basuras de los Ayuntamientos.

"Aplicar la jerarquía que se consagra en la directiva de residuos es aplicar la prevención y la preparación para la reutilización como pasos prioritarios", por lo que tendría sentido que una trasposición de la normativa en la nueva ley de residuos apostara con fuerza por el SDDR, opina Vizcaíno. El ambientólogo ve mucha relación entre la normativa que está preparando el Ejecutivo y las protestas de los agricultores que se están haciendo oír estos días: "Aplicar la prevención en el día a día tiene que ver con los agricultores que están en la calle. El sistema industrial de producción prefiere sobreproducir para bajar los precios. Hay que enfocar nuestro campo, nuestra España vaciada, para que la agricultura no genere productos industriales". Es decir: ecológica y extensiva, en vez de intensiva. Un sector primario que remunere justamente y cuyo impacto ambiental descienda. Porque como pasa en otras muchas materias ambientales, para lograr un cambio real hace falta poco menos que una revolución en muchas dinámicas de base.

Por su parte, Arribas, de Ecologistas en Acción, coloca como prioridad en su particular lista de deseos para la nueva ley de residuos que se aborde la recogida selectiva de materia orgánica. El llamado "cuarto contenedor", exclusivo para albergar restos de comida, bebida o restos de poda, por ejemplo, se ha implantado en algunas ciudades o pueblos, pero por iniciativa de los Ayuntamientos –como el de Madrid–, sin seguir una estrategia o una imposición nacional. "Eso desatasca muchos procedimientos y mejoraría los indicadores de la calidad y cantidad de los residuos que se tratan. La materia orgánica se separa de forma deficiente, se trata de manera deficiente, y acaba mayoritariamente en el vertedero", asegura. Además, el SDDR le parece "una acción urgente para detener el abandono de basura en el medio natural".

Fuentes de Ecoembes, en conversación con infoLibre, no han querido avanzar cuál será su posición en el diálogo con el Gobierno para la elaboración de la nueva ley. Aseguran que aún no saben nada y que lo único que conocen de la norma es lo que dijo el secretario de Estado el lunes, por lo que esperarán para elaborar su estrategia.

Este lunes se celebra una nueva sesión del Consejo Asesor de Medio Ambiente, que reúne a la Vicepresidencia para la Transición Ecológica con las principales organizaciones medioambientales, así como con las empresas, los sindicatos y las asociaciones agrarias. Uno de los puntos del orden del día es el relativo a la nueva ley, pero los participantes no han recibido del gabinete de Ribera ninguna documentación adicional que les permita evaluar cuáles son las intenciones del Ejecutivo. Así que habrá que esperar para saber hasta dónde quiere llegar el Gobierno para paliar el problema con los residuos en España.

La gestión de residuos se ha ganado a pulso ser considerada uno de los mayores retos medioambientales del siglo XXI. La acumulación de basura contamina el medio natural –con el plástico como principal protagonista–, satura los vertederos y los convierte en polvorines, arroja pérdidas millonarias y contribuye a la crisis climática. Ante la emergencia, se impone tanto la reducción del consumo, en general, como el reciclaje de los materiales que ya no pueden tener una segunda vida. Y en este sentido, España disfruta de varias iniciativas a nivel local, que pueden servir de ejemplo para escalas más grandes: proyectos pequeños que han mejorado enormemente las tasas de reciclaje de municipios, que descubren nuevos usos para lo que antes se consideraba desecho o que conciencian sobre la necesidad de abandonar la generación constante de residuos como modo de vida y modelo de consumo. infoLibre repasa cinco casos de buenas prácticas que pueden inspirar al conjunto del modelo español.

Zamudio y Vilabareix: tasas de basura justas

En la inmensa mayoría de municipios del país, todos los ciudadanos pagan el mismo dinero en concepto de tasa de basuras. Pero, evidentemente, no todos generan los mismos residuos ni reciclan en la misma medida. Por lo tanto: ¿es justo que todos paguen lo mismo? Dos municipios españoles se han planteado esa pregunta, y la respuesta es no. En Vilabareix (Girona) y próximamente en Zamudio (Bizkaia), quien recicle mejor y consuma menos obtiene una rebaja importante a la hora de pagar impuestos. No se trata de penalizar, sino de premiar al que lo hace bien.

En el municipio vasco, seleccionado para la iniciativa por el proyecto internacional Waste4Think, empezarán en noviembre, y su alcalde está entusiasmado con la medida: "Que la basura no se pague a escote", defiende. En el caso de Vilabareix, la recogida se hace mediante un servicio puerta a puerta en el que operarios municipales, además, vigilan que la separación se ha hecho correctamente, por lo que no vale solo reciclar: hay que hacerlo bien.

Cuentan con dos precios estándar para la tasa de recogida de basuras: 80 euros al año para los más cumplidores y 270 euros para los que menos. En el caso de Zamudio, el sistema que se prevé implantar es algo más complejo. Los habitantes de este pueblo deben pagar dos euros por cada bolsa, de reciclaje o no, que depositen en los contenedores. Así se promueve consumir menos envases de un solo uso, o consumir menos, en general.

Lumbier: reciclaje con inserción laboral

El pequeño pueblo de Lumbier (Navarra) está a escasos kilómetros de la Foz de Lumbier, un impresionante cañón declarado como reserva natural por sus colonias de aves rapaces. Y es escenario de una pequeña pero significativa iniciativa que ha sido premiada por Europa: concretamente por la Red Europea de Desarrollo Rural. Una empresa de inserción laboral llamada Josenea Bio, en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, se ha lanzado a un proyecto para la gestión y el reaprovechamiento de residuos orgánicos, que se recogen, se tratan y se convierten en compostaje. Posteriormente se reparte entre los interesados para el abono de los campos.

Josenea es una asociación sociolaboral sin ánimo de lucro, con un objetivo prioritario: reconducir las carreras laborales de personas del pueblo, generalmente con pocas oportunidades en un entorno rural difícil. Cuenta con Josenea Bio, una empresa que lleva una finca donde cultiva ochenta especies de plantas medicinales para su posterior comercialización. Desde su fundación, hace 16 años, ha dado formación y trabajo a 135 personas.

Ahora se ha involucrado en esta iniciativa con la que, explican sus impulsores, la intención es "que los beneficios derivados de la correcta gestión de los biorresiduos repercutan directamente y de una manera transparente en la misma población que los ha generado". El proyecto incluye la creación de un sistema de recogida y transporte de residuos biológicos en el mismo municipio, la puesta en marcha de un pequeño centro de tratamiento y la formación a habitantes del pueblo, que no solo podrán participar activamente en la generación del compost sino que podrán dedicarse profesionalmente a ello en un futuro, dentro o fuera de Lumbier.

Compostaje a gran escala

Cogersa es el acrónimo de Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, un consorcio público que nació en los años 80 fruto de la colaboración entre el Principado y varios ayuntamientos para mejorar el tratamiento de los residuos. Desde hace años organiza un concurso entre los asturianos que cuenten con una parcela grande para premiar el mejor compost, elaborado con restos de poda o siega o alimentos no cocinados que, de otro modo, acabarían pudriéndose en el vertedero.

Lo mejor es que Cogersa facilita absolutamente todo y gratis: la instalación, una especie de bidón donde se realiza el proceso, así como folletos explicativos y formación, apoyo y seguimiento por vía telemática y presencial a los interesados. Y luego, claro, la alegría de ganar. La empresa hace análisis a los abonos resultantes y elige a los mejores. El que quedó segundo le expresaba a La Voz de Asturias su sorpresa, ya que empezó sin tener ni idea… y ahora utiliza el compostaje en su vida diaria con las ventajas que ello implica, reduciendo la cantidad de basura generada de manera importante.

La edición de 2019 de Hago buen compost, el nombre del concurso, empezó en febrero y en los próximos días se conocerán los ganadores. Desde 2009 se han unido más de 10.000 familias, según datos del consorcio, que demuestra que no hacen falta grandes excentricidades para que la gente se ponga a reciclar.

Recogida puerta a puerta: luces y sombras

En Gipuzkoa los ayuntamientos de EH Bildu en pequeños y medianos municipios se lanzaron hace unos años a cambiar completamente su sistema de gestión de residuos. Optaron, copiando iniciativas exitosas en otras partes de Europa, por el sistema de recogida puerta a puerta. En todo el municipio se colocan ganchos donde los habitantes deben dejar sus bolsas de los diferentes residuos. Como no puedes dejar varias bolsas en el mismo gancho, se fomenta que se evite al máximo la generación de desechos. Además, para las personas con problemas de movilidad, se evita tener que dejar la basura en un contenedor que a lo mejor se encuentra a decenas de metros de distancia.

Sin embargo, los problemas, los conflictos y las dudas no han dejado de surgir en Gipuzkoa desde el comienzo de la implantación en algunos municipios de este sistema, allá por 2012. Ha habido protestas de los vecinos en la calle, improvisadas huelgas donde las basuras se dejaban tiradas en la acera, tensión política, dimisiones… Los habitantes se quejaban de la falta de higiene de tener la basura colgando y la poca intimidad, con los desechos a la vista de todos.

Muchos de estos pueblos y pequeñas ciudades, tras años con el modelo del gancho, han optado por volver a los contenedores clásicos. A pesar de su probada eficacia: en todos los sitios de Gipuzkoa donde se ha implantado el modelo, la tasa de reciclaje sube. Eso sí, en muchos lugares no se ha vuelto al contenedor normal y corriente. Para abrirlos, hace falta pasar una tarjeta magnética, de uso exclusivo para cada familia, y se limita la cantidad de bolsas a la semana que se pueden tirar al cubo de la fracción resto.

En otras latitudes, sin embargo, la recogida puerta a puerta ha sido todo un éxito. Por ejemplo, en Orba, una pequeña localidad alicantina, en febrero de 2018 se instaló este sistema y ha pasado de un 17% de tasa de reciclaje en enero de 2018 a casi un 82% en abril, según datos del ayuntamiento. El alcalde, Ignasi Cervera, tiene 35 años y es licenciado en Ciencias Ambientales. Su modelo, además, cuenta con varios pluses: las bolsas no se cuelgan, sino que se colocan en pequeños recipientes repartidos gratuitamente. Y el consistorio ha contratado a una cuadrilla de educadores medioambientales que revisa las bolsas y, si los desechos no están bien separados, se ponen en contacto con los vecinos en cuestión para explicarles los errores cometidos. “Me he encontrado con algunos (vecinos) y les he dicho de broma que íbamos a volver a colocar los contenedores. Y me han contestado que ni se me ocurra”, relataba Cervera a El País.

Regalos por reciclar

Otras localidades de la geografía española, para potenciar el reciclaje, optan por hacer regalos, descuentos o compensaciones a los vecinos por separar correctamente los residuos y depositarlos en el lugar adecuado. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad madrileña de Móstoles, donde se ha instaurado un sistema muy parecido al que vemos en muchos países europeos y al que Ecoembes se niega en rotundo. En uno de los mercados, el ayuntamiento ha instalado una máquina que da dinero por llevar los envases de plástico y las latas. Entregan un cupón que puede hacerse efectivo de los establecimientos. Dos en uno: sube la tasa de plástico reciclado y se fomenta el consumo en estos mercados de la ciudad.

Una iniciativa similar se ha llevado a cabo en San Marcelino, un barrio de València, donde en esta ocasión contaban las bolsas depositadas en el contenedor, que quedaban identificadas mediante una pegatina. Los responsables comprobaban que la separación se ha hecho correctamente y premiaban con “ecopuntos”, canjeables por distintos presentes. En muchas ocasiones, fomentar funciona muchísimo mejor que prohibir.

La enésima reprimenda de la Unión Europea llegó este miércoles, y es sobre residuos: un tema sobre el que las instituciones comunitarias están acostumbradas a aleccionar y que España acostumbra a ignorar. Las recomendaciones y exhortaciones de la Comisión Europea y las sentencias del Tribunal de la Unión Europea sobre nuestra gestión de los vertederos ilegales, descontrolados y sin regular se han sucedido durante los últimos años. La última, otra carta de la Comisión Europea, pone el foco sobre los vertederos de residuos inertes: es decir, los que –en teoría– no contienen materia orgánica, y que conocemos como escombreras: restos de obras, en su mayor parte. La Comisión Europea cifra estas acumulaciones ilegales y dañinas en “al menos” 338 por todo el territorio nacional, y exige medidas inmediatas ya que “estos vertederos representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente”. Recuerda el organismo europeo que “la primera carta, que se envió a España en diciembre de 2015, no estuvo seguida de medidas decisivas”.

En esta ocasión la Comisión Europea ha decidido centrarse en las escombreras. Ladrillo, pintura, madera, yeso, hormigón o electrodomésticos que, en vez de llevarse a un centro de tratamiento legal y adecuado, se trasladan a instalaciones que no cumplen con la regulación o, directamente, se tiran en cualquier lado. El problema no solo alcanza al peligro de contaminación por incendio, como comprobamos en Seseña: causa un impacto paisajístico evidente, las sustancias químicas como el barniz o la pintura se filtran al suelo, dejan yerma la tierra y contaminan las aguas, los gases de los electrodomésticos se escapan a la atmósfera.

La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas por esta práctica, con más de una docena de puntos donde se acumulan residuos sin control. “Cuando se hacen obras pequeñas, hay que pagar a una empresa que se las lleve a un punto autorizado. Para ahorrar costes, se tiran a cualquier sitio. Eso si hablamos de obras pequeñas. Si hablamos de grandes obras, existe un mercado negro paralelo”, explica la portavoz de Ecologistas Madrid María Ángeles Nieto.

  "Existe un mercado negro paralelo" de vertido de residuos en grandes obras, denuncian ecologistas

Explica la activista que en la Comunidad de Madrid existen empresas pirata que recogen residuos y los depositan en lugares no autorizados, evidentemente sin ningún tipo de control. pirata Funcionan porque cobran un precio mucho menor que el que cobran las compañías que descargan la basura en los vertederos legales y con todo en regla. “La Comunidad de Madrid está haciendo muy poquito, prácticamente nada”, insiste Nieto. En España, el Gobierno central establece las directrices básicas (el plan Pemar) y las Comunidades Autónomas son las encargadas de ejecutar el plan. “Para conceder una licencia de obra, la Administración tiene que exigir el contrato con una empresa que gestione los residuos. Muchas veces no lo pide en obras pequeñas, y en obras grandes no se hace seguimiento”, argumenta Nieto. Apunta también a que el Ayuntamiento (que gestiona los puntos limpios y los Residuos Sólidos Urbanos, RSU) y la Comunidad no trabajan en conjunto, por lo que es difícil mantener la lucha.

Más allá de los residuos inertes, la existencia de vertederos ilegales de todo tipo ha sido motivo de continuas reprimendas comunitarias. Dos sentencias del tribunal de Justicia de la Unión Europea, una en febrero de 2016 y otra en marzo de 2017, condenan a España por el mantenimiento de 61 de estos espacios. La pena no conlleva multa, ya que ese proceso es más largo y complejo, aunque está en marcha. El Ministerio de Medio Ambiente ha asegurado en ambos casos que el retraso en cerrar o regularizar ese vertedero se debe a que las contingencias de la crisis económica lo impedían –un argumento rechazado por el TJUE– y limita la cifra a 38. “El plazo para esta regularización se abrió cuando se creó la Directiva Marco en 1999. Se sobrepasó en muchos casos”, explica Carlos Arribas, responsable de Residuos de Ecologistas en Acción. Explica el activista que los vertederos de residuos urbanos, donde se almacena materia orgánica, tienen que contar con una capa de impermeabilización para que la degradación de los desechos no afecte al entorno. Esa como principal medida de protección básica que no se cumple. Otros vertederos de residuos inertes, al no estar regularizados, permiten la entrada de esta materia cuando la infraestructura no está preparada para recibirlos. Todo vale porque no hay control.

“Hay pocos funcionarios. Ni hacen el control los propietarios de las instalaciones, ni las administraciones. Muchas veces el control se reduce a una báscula, y los camiones que llegan esconden materia orgánica bajo una capa de muebles y restos de obra”, señala Arribas. Entre los puntos de acumulación de basura improvisados, los vertederos de residuos orgánicos que no cumplen la regulación y las escombreras que aceptan residuos orgánicos, el cerco de la Unión Europea se estrecha y no hay noticias de una respuesta a corto plazo de España ante este problema medioambiental.

Soluciones

Los ecologistas, más allá de pedir una evidente mejora del control, la persecución y las sanciones a las prácticas ilegales y dañinas por parte de las Administraciones, en especial de las Comunidades Autónomas, apuntan que las plantas de tratamiento de residuos sólidos son “vertederos encubiertos” donde la tasa de reciclaje es demasiado baja y que, por tanto, la basura que acumulamos crece por encima de nuestras posibilidades. La Directiva Marco de Residuos para 2020 nos pone un objetivo del 50% de reciclado de los residuos que se generan en casa, los llamados “domiciliarios”. Estamos en el 33%. Una de nuestras grandes herramientas para alcanzar esas metas, ahora mismo muy lejos, son dichas plantas, donde se hace un separado del material que depositamos en el contenedor gris. Ecologistas en Acción mantiene que estas instalaciones recuperan un 5% del material para su reuso, y el resto se va al vertedero. “El sistema es absolutamente ineficiente, por mucho que mejoremos la tecnología. Las máquinas tienen problemas para identificar los materiales si tienen estampados, si vienen manchados de materia orgánica o si los objetos son muy pequeños. Y del material que se logra reciclar, ni las empresas lo quieren, porque lo generado es muy poca calidad”, explica Arribas.

Para su organización, el cambio pasa por una recogida selectiva de materia orgánica. Ya sea puerta a puerta o con contenedores solo de restos de comida y bebida (no como los grises actuales), tanto abiertos (de uso libre) o cerrados, en los que el usuario debe adquirir una tarjeta magnética para usarlos. Ecologistas en Acción apuesta por esta segunda opción: “Al tener que hacer el trámite, adquieres un compromiso”, afirma Arribas. Los restos de alimentos en el contenedor gris provocan que baje la tasa de reciclaje en las plantas de tratamiento, por lo que su salida del sistema de gestión facilitaría el proceso. Ya hay iniciativas al respecto: los últimos, el Ayuntamiento de Dènia, en la Comunidad Valenciana. 

Arribas, además, opina que el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), en el que el consumidor paga por el envase al hacer la compra y el dinero de más se le devuelve al devolver el brick o la latabrick, reduciría bruscamente el número de desechos en los vertederos, o tirados por las ciudades, o en la naturaleza. Pero el sistema actual mayoritario en España, el Sistema Integrado de Gestión de Residuos, encabezado por Ecoembes en el mundo de los envases y el contenedor amarillo, no venderá barato el monopolio. La sanción económica llegará pronto de Bruselas y, entre la desidia de las administraciones y un modelo ineficiente, como denuncian los activistas, la basura se acumula.

Los sindicatos con representación en las empresas concesionarias del servicio de recogida de basura de Madrid han registrado la huelga indefinida que llama a la plantilla a secundar los paros en el servicio a partir del lunes 12 de junio a las 7 horas. La convocatoria se produce así días antes del inicio del World Pride, que comienza el 23 de junio y se extiende al 2 de julio.

Los sindicatos –CCOO, UGT y CGT– tomaron esta decisión después de haberse reunido con las empresas concesionarias y no haber llegado a ningún tipo de acuerdo para que una mesa única negocie un convenio que abarque a la totalidad de la plantilla.

El servicio de recogida de basuras se divide en la actualidad en tres lotes cuya gestión está adjudicada a las empresas FCC, a una UTE formada por Valoriza, Acciona, OHL y Ascan y a una tercera UTE formada por Urbaser y Ferrovial, según ha informado Europa Press.

En una reunión celebrada el 12 de mayo, dos de las empresas adjudicatarias se negaron a constituir la Mesa del Convenio, planteando la negociación de convenio de empresa en lugar de un convenio único para la totalidad de la plantilla.

Los representantes de los trabajadores trasladaron esta situación a los trabajadores en la asamblea proponiendo "que si las empresas mantienen su negativa a negociar en una única mesa se convoque huelga en el servicio" y los trabajadores, por unanimidad, refrendaron esta propuesta.

Una delegación de los representantes de los trabajadores se reunió con la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, como responsable del servicio y trasladaron la situación pidiendo que el Ayuntamiento intermediara en el conflicto.

Preguntado por qué visos de solución ve a la posibilidad de negociar un solo convenio, el secretario de negociación colectiva de Construcciones y Servicios de CCOO Madrid, Félix Carrión, ha indicado que "es complicado" porque "no están en esta línea todas las empresas". "Esperemos que se avengan a razones".

Desde UGT, Miguel Ledesma, el miembro de la mesa negociadora, ha mostrado su "decepción" por no haber conseguido que las empresas concesionarias se reunieran en la misma mesa negociadora.

Ledesma, en la misma línea de Carrión, ha abogado por unas condiciones "homogéneas" para todos los trabajadores de recogida de basura en la capital.

Si la huelga se prolonga durante días, podría coincidir con la celebración del World Pride, que arranca el 23 de junio y prevé la llegada de cerca de 3 millones de personas.

Greenpeace ha puesto en marcha este miércoles, 19 de abril, una campaña internacional para sensibilizar sobre la cantidad de residuos plásticosplásticos en los mares europeos, con el fin de influir para que la revisión de la Directiva de Residuos y la Directiva de Envases y Residuos de Envases europeas incluyan medidas para erradicar el problema.

Por ello, la organización ha instalado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia una gran ola de plástico para visibilizar la situación. La ONG ha elegido esta ciudad porque asegura que esta comunidad trabaja activamente en la implantación de un sistema de devolución y retorno de envases, según ha informado Europa Press.

Greenpeace ha lanzado también una petición en diferentes países para exigir a los ministros europeos que adopten medidas urgentes para reducir las principales fuentes de basura, incluidos los envases de plástico de un solo uso, en el marco del movimiento #BreakFreeFromPlastic.

La organización denuncia que la producción mundial de residuos plásticos ha crecido en los últimos años. Se estima que constituye el 60-80% de todos los desechos marinos y entre 2002 y 2013, la producción global anual de plásticos aumentó casi un 50%, pasando de 204 millones de toneladas a 299 millones. Se espera que la producción mundial de plásticos llegue a 500 millones de toneladas en 2020.

"Aunque la UE reconoce la amplitud del problema, hasta ahora no han actuado para resolver la contaminación plástica. Los gobiernos nacionales deben aprovechar esta oportunidad y actuar para garantizar que 'las medidas significativas para la eliminación de residuos plásticos y la reducción en la fuente' se incorporen en la legislación de la UE", ha señalado el portavoz de Greenpeace, Julio Barea.

Se estima que cada año se generan unas 42 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en todo el mundo. La cifra crece a ritmo enloquecido. En 2017 se calcula que serán 65 millones. De toda esta ingente cantidad, tan solo 6,5 millones llega a los canales oficiales de reciclaje.

Los españoles generamos unos 17 kilogramos per cápita. La legislación obliga a la recogida y tratamiento adecuado de los residuos, sin embargo solo se está retirando alrededor de cuatro kilos por habitante, lo que marca la directiva europea. A las plantas registradas en la Asociación de Empresas de Residuos y Recursos Especiales sólo llega el 30% de la basura electrónica que se genera en nuestro país. Europa solo procesa de manera segura un tercio de la basura electrónica que genera.

El problema, o el truco para no quedarse con la basura, es que los países que usan los aparatos electrónicos no han desarrollado un método eficaz de recogida y gestión de los residuos. Así, la inmensa mayoría acaba, de manera irregular, en vertederos de países en desarrollo. Estados Unidos, Europa y Japón generamos la mayoría de la e-basura con destino ilegal.

Lugares como Guiyu, en China, o Agbogbloshie, en Ghana, son ejemplos de esta vergüenza. Son conocidos como los lugares más tóxicos del planeta. Sin protección, cientos de miles de basureros extraen las partes valiosas de los aparatos desechados. El entorno está cargado de compuestos tóxicos derivados de la quema de plásticos, circuitos y ácidos que usan para recuperar los metales que las empresas comprarán para fabricar nuevos aparatos con los que alimentar esta rueda de codicia y abuso. Las disfunciones neurológicas, afecciones respiratorias y alteraciones digestivas son lo común. Se envenenan con cada minuto de trabajo.

La rápida innovación tecnológica que mejora las prestaciones de los dispositivos y la creatividad de las empresas para ilusionarnos con sus novedades hacen que la vida de los productos sea cada vez más corta, el consumo mayor y la acumulación de e-basura se disparee-basura. Si nos quejamos como consumidores y exigimos plena responsabilidad sobre los residuos a las empresas que fabrican los productos, pondremos nuestro necesario grano de arena para tumbar este moderno despotismo.

Investigadores de Princeton demostraron que las corrientes oceánicas pueden transportar objetos a casi cualquier lugar en el mundo en menos de una década, más rápido de lo que se pensaba.

Los investigadores "liberaron" miles de partículas representando fitoplancton y basura desde un punto de partida que se extiende de norte a sur desde Groenlandia a la Península Antártica. Con el tiempo, las partículas se mueven en espiral para alcanzar el Pacífico Norte y Sur, Europa, África y el Océano Índico.

Así, los miles de millones de organismos marinos unicelulares conocidos como fitoplancton pueden desplazarse de una región de los océanos del mundo a casi cualquier otro lugar en el mundo en diez años.

Por desgracia, el mismo principio puede aplicarse a los desechos plásticos, partículas radiactivas y prácticamente cualquier otro restos flotante de origen humano y desechos que ensucian nuestros mares, según encontraron los investigadores. La contaminación puede convertirse así en un problema muy lejos de donde se originó en cuestión de pocos años.

El hallazgo de que los objetos pueden moverse por todo el mundo en tan sólo 10 años sugiere que la biodiversidad de los océanos puede ser más resistentes al cambio climático de lo que se pensaba, según un estudio publicado esta semana en la revista Nature Communications. El fitoplancton forma la base de la cadena alimentaria marina, y su rápida difusión les permitiría repoblar rápidamente las áreas donde los mares se calientan o la acidificación del océano les han diezmado.

"Nuestro estudio muestra que el océano es bastante eficiente en el movimiento de las cosas", dijo Bror Fredrik Jönsson, un investigador asociado de investigación en el Departamento de Ciencias de la Tierra de Princeton, que condujo el estudio con el co-autor James R. Watson, un ex investigador postdoctoral de Princeton que ahora es un investigador en la Universidad de Estocolmo.

El modelo funciona para objetos que no tienen capacidad de controlar sus movimientos como el fitoplancton, bacterias y residuos de origen humano. Los organismos que pueden controlar su movimiento, incluso de pequeño tamaño –como el zooplancton, que puede controlar su posición vertical en el agua– no se tienen en cuenta en el modelo. Tampoco se aplica el modelo de objetos tales como barcos que sobresalen por encima del agua, y pueden ser empujados por los vientos de superficie.

El equipo aplicó un algoritmo de ordenador para calcular la ruta más rápida que un objeto puede viajar a través de las corrientes oceánicas entre varios puntos del globo.

Los investigadores confirmaron que los tiempos de viaje calculados por su modelo fueron similares al tiempo que tardaron objetos reales vertidos por accidente en el océano en ser transportados por las corrientes. Por ejemplo, 29.000 patos de goma y otros juguetes de baño de plástico cayeron de un carguero chino en 1992 y desde entonces se han rastreado como un método para la comprensión de las corrientes oceánicas. Una utilidad similar se ha dado al Great Shoe Spill de 1990, cuando más de 60.000 zapatos deportivos Nike se sumergieron en el océano cerca de Alaska y han estado moviéndose por las corrientes ubicadas en el noroeste del Pacífico desde entonces.

El modelo de los investigadores también igualó la cantidad de tiempo que tomó a las partículas radiactivas llegar a la costa oeste de los Estados Unidos desde la planta de Fukushima I Energía Nuclear de Japón, que liberó grandes cantidades de materiales radiactivos en el Océano Pacífico tras un tsunami de marzo 2011. El tiempo de viaje real de los materiales fue de 3,6 años; el modelo calcula que tardaría 3,5 años.

Para crear el modelo, Jönsson y Watson obtuvieron datos actuales de superficie de una base de datos de las corrientes superficiales globales modeladas desarrollada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y alojados en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, informa Europa Press.

En este mundo virtual lanzaron miles de partículas que representaban el fitoplancton y luego realizaron simulaciones varias veces, comparando pasadas y presentes rutas para lograr exactitud y hacer ajustes para mejorar el modelo. Finalmente dio seguimiento a más de 50 millones de partículas, que es sólo una fracción del número real de fitoplancton en el océano. Debido a que el fitoplancton se reproduce asexualmente sobre todo –lo que significa que un organismo por sí solo puede producir descendencia– sólo un individuo necesita llegar a una nueva área de colonizarlo. Este hecho llevó al equipo a mirar el menor tiempo que tarda en llegar a todo el mundo en lugar del tiempo medio.