Nadia Calviño aterrizó en 2018, tras la moción de censura, en la política española. Pedro Sánchez le confió la cartera de Economía a una funcionaria con aires tecnócratas que conocía como pocos las entrañas de Bruselas. Ella prometió rigor fiscal, justicia social y reformas estructurales progresistas. Cinco años después es la vicepresidenta primera del Gobierno y ha vivido su propia evolución que le ha llevado a discursos más personales y apasionados que levantan a la bancada del PSOE en el Congreso.

Calviño (A Coruña, 1968) confiesa que se ha implicado cada día más en esa vena política ante la situación del país y al ver lo que se juega España: “Tiene que seguir siendo el muro de contención en la UE contra la ultraderecha”. Y lamenta esta campaña de “bulos y de intoxicación” de la oposición  ante el 23J, que se debe, explica la vicepresidenta primera, a que PP y Vox no tienen propuestas ni quieren hablar de economía.

Por eso, hace una llamada a la movilización masiva de los progresistas, y especialmente de todas las mujeres, para votar por el progreso y el avance. “Por nuestros hijos y nuestros nietos”, dice esta mujer que también se define feministas “por cabeza y por corazón”.

¿Cuánto está pesando la economía en esta campaña?

La economía va bien, tenemos un récord de creación de empleo, con 20,9 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y con mínimos históricos de desempleo. Además, la inflación está por debajo del 2%. Quizá por eso los partidos de la oposición no están nada interesados en hablar de economía ni de propuestas. Esto explica que estemos teniendo una campaña llena de bulos, de mentiras y de intoxicación.

Casi el 70% de los españoles dice en el último barómetro del CIS que su situación económica es buena o muy buena, pero el 61,2%, sin embargo, cree que es mala o muy mala la situación económica del país. ¿Hay un problema de percepción?

Es paradójico, pero se da en muchos países. Lo macro y lo micro están muy relacionados y es muy importante que la economía española crezca con fuerza y sigamos creando empleo con estabilidad. Que haya trabajo, suban los salarios y esté estable la inflación mejora y alivia la situación de las familias, sobre todo de las más vulnerables. También desde el sector público permite adoptar medidas de ayuda y movilizar esos 46.000 millones de euros para amortiguar el impacto del IPC en un contexto de responsabilidad fiscal.

Acaba de decir que la economía va bien, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirma que la gente lo está pasando mal.

En cinco años hemos tenido que enfrentarnos a una pandemia, a una guerra, a un episodio de inflación como no conocíamos en décadas y a un volcán. Creo que la gestión ha sido claramente positiva porque, a pesar de esas dificultades, hemos tenido una recuperación económica muy fuerte. En sólo tres años hemos logrado el PIB prepandemia. Las familias ya están mejorando la capacidad adquisitiva de los salarios.

Además, hemos subido las pensiones y el salario mínimo. Esto explica que se estén reduciendo los indicadores de desigualdad y de riesgo de pobreza, algo que arrastrábamos desde la década perdida. Aunque haya familias que por supuesto sigan pasándolo mal por la subida de los precios de los alimentos o de los tipos de interés de las hipotecas, desde el Gobierno no hemos dejado de actuar y tomar medidas. Los españoles saben que pueden contar con el presidente para hacer frente con determinación a lo que nos venga por delante.

En el cara a cara entre Sánchez y Feijóo se habló de las cifras de crecimiento. El líder del PP le afeó que España sea de los últimos países en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia. ¿Por qué el país ha tardado más?

Todo el mundo sabe que la economía española cayó más como consecuencia del confinamiento, la desaparición de los viajes internacionales y el impacto en la restauración. Pero también es cierto que hemos tenido una recuperación muy fuerte en 2021 y 2022. En la primera parte de 2023, España es la gran economía europea que crece con más fuerza. En el primer trimestre fue del 4,2%. Esto nos tiene que dar mucha confianza para el futuro. Hemos tardado tres años en recuperar el PIB prepandemia pero con la crisis financiera, bajo los gobiernos del PP, se tardó diez años. La economía en este momento tiene una perspectiva positiva, lo que explica que todos los organismos internacionales y nacionales y públicos y privados estén revisando al alza sus previsiones. 

Ha dicho que España es un muro de contención en Europa y que hay compañeros en el Ecofin preocupados por el resultado electoral en España. ¿Qué significaría para el proyecto europeo un Gobierno del PP y Vox?

En estos momentos hay una ola de ultraderecha que está recorriendo toda Europa. Ya están los gobiernos de Polonia, Hungría e Italia, además de la participación importante en los gobiernos de los países nórdicos y acaba de caer el Ejecutivo de Países Bajos. La ultraderecha está creciendo como la espuma en Alemania. Por eso, España, siendo la cuarta economía de la UE, es en este momento el muro de contención de la ultraderecha. Y tenemos que seguir siéndolo. El conjunto de los ciudadanos necesita una Europa que mire al futuro, que siga avanzando, que impulse la transformación verde y digital y que juegue también un papel importante como faro de derechos y valores en un mundo cada vez más complejo y turbulento.

Alemania ha aprobado un presupuesto con recortes en todas las partidas menos en Defensa, con una coalición liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz. ¿Vuelve la Europa de los ajustes?

El viernes pasado en el Ecofin pusimos sobre la mesa una propuesta con cuatro temas fundamentales para la revisión de las reglas fiscales, que permitan seguir con una política fiscal responsable pero de manera compatible con el crecimiento económico, la creación de empleo y las inversiones necesarias. Hay un acuerdo básico sobre los principios fundamentales y ahora tenemos que negociar intensamente los detalles para un acuerdo en otoño.

Uno de sus mayores retos es la gestión de los fondos europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha puesto a España como ejemplo. En cambio, el PPE ha puesto el foco en ellos con la misión Hohlmeier. ¿Están en riesgo esos fondos si gobiernan PP y Vox?

Los fondos europeos están siendo absolutamente fundamentales para explicar la buena marcha de la economía española. Por ejemplo, el empleo ha crecido en torno a un 20% la afiliación en los sectores de ciencia, digital, programación e innovación. Es fundamental que sigamos con ese flujo de inversión que nos están permitiendo modernizar nuestro país. Aquí y ahora se están desplegando 400.000 proyectos en todo el territorio. Esto depende del cumplimiento de hitos y objetivos. Si llega un nuevo Gobierno que dice que va a revertir las reformas acordadas con Bruselas o replantear todo el programa, pues eso supone un freno a la llegada de los fondos y a la expectativas de crecimiento económico y de inversión. Es lo que está pasando en Italia.

La recta final de la campaña está marcada por esas palabras de Alberto Núñez Feijóo en las que dijo que siempre el Gobierno del PP había revalorizado las pensiones conforme al IPC. Se desmontó por parte de Silvia Intxaurrondo en TVE. El líder del PP manifiesta ahora que no miente, sino que dice inexactitudes. ¿Qué le responde?

Lamentablemente esta campaña electoral ha estado marcada por los bulos, la mentira y la intoxicación. La oposición está tratando de que los ciudadanos vayan a votar con odio. Creo que los españoles van a dar una lección, son mejores que eso. Van a votar masivamente por el futuro, la confianza, la esperanza y sus hijos, pensando en la mejor España y en cómo podemos seguir avanzando como en estos cinco años a pesar de todas las dificultades.

Quiero, además, que sea la imagen que dé mi país porque no siempre ha sido así. Durante mis doce años de experiencia en Bruselas ha habido momentos en los que era muy difícil defender la imagen de España porque sólo se hablaba del conflicto en Cataluña, de la corrupción, del paro, de las trampas con las cuentas públicas. Durante estos cinco años hemos logrado poner a España en el lugar que le corresponde como cuarta economía del euro, hemos recuperado el orgullo de país y el cariño por España. Quiero seguir en esta línea y no que se vuelva a hablar de conflicto en Cataluña, de las mentiras, del paro y la precariedad, que es lo que ocurriría con un hipotético Gobierno del PP y Vox, que creo que los españoles no van a apoyar.

Feijóo ha dicho también que la revisión que tiene que hacer la Arief del sistema de pensiones en tres años serviría al Gobierno de coalición para subir las cotizaciones o para hacer recortes. ¿Sería así?

Lo que está claro es que lo que sabemos del modelo de política económica del PP no es compatible con la responsabilidad fiscal. Leyendo el programa se ve que crearía un agujero de 20.000 millones de euros en las cuentas públicas. Esto no es compatible con las reglas europeas, salvo que haya un programa oculto con recortes del Estado de Bienestar. Tampoco sabemos cuál es la propuesta de Feijóo en materia de pensiones. Lo que generan sus declaraciones es una enorme intranquilidad, no sabemos cuál es su plan ni cómo garantizaría la estabilidad a largo plazo. El Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha subido un 25% las pensiones en estos cinco años y ha establecido por ley su revalorización conforme al IPC, además de llegar a un acuerdo con Bruselas.

El líder del PP también ha prometido bajar el IRPF a las rentas menores de 40.000 euros. En Baleares, con un gobierno de los populares, se ha adoptado como una de las primeras medidas eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Qué supone esto para las arcas públicas y cómo ve esa política fiscal?

El programa electoral del PP es muy confuso, como sus declaraciones públicas. Va dando tumbos, pero solamente hay una cuestión clara: la defensa de los intereses de las minorías más privilegiadas. Está claro el apoyo al sector energético y financiero y a las rentas más altas. Por eso, no me sorprende que las primeras medidas que están tomando van en sentido inverso a tener un sector público justo y un sistema fiscal progresivo. 

Dice que el PP defiende los intereses de los más privilegiados, ¿y apuesta el Ibex 35 por Feijóo y Abascal?

Confío en que no porque sería irracional ya que con este Gobierno les ha ido muy bien con el crecimiento, la recuperación económica récord y los fondos europeos que llevan el nombre de Pedro Sánchez. Modestamente también he tenido un papel importante en conseguir ese flujo. Hay estabilidad y se han hecho reformas de la mano de los agentes sociales y de la UE. A las empresas, los autónomos, los trabajadores y los ciudadanos les conviene seguir con una política económica que funciona y apostar por seguir avanzando.

El presidente ha mencionado varias veces el poder que tienen esos grupos. ¿Hace falta de alguna manera democratizar ese mundo de la gran empresa?

Hemos gobernado para la gran mayoría de los ciudadanos y hemos defendido el interés general. El presidente es un político limpio y honesto. La economía española es mucho más que el Ibex 35. Me siento muy orgullosa de esas empresas que son líderes y referentes a nivel internacional en energía, banca o telefonía, pero además hay un ecosistema vibrante de start-up y hay pymes y autónomos que cada día compiten sin complejos en los mercados internacionales. Hay que gobernar para todos ellos y garantizar que España es competitiva, gana cuota de mercado y tiene una voz fuerte en el ámbito europeo e internacional defendiendo los intereses del país dentro y fuera. Es lo que hemos hecho durante estos cinco años, lo contrario de lo que ha hecho lamentablemente el PP, que ha boicoteado los intereses y la imagen de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras.

En los mundos en los que se mueve hay muchos hombres y se niega a participar en fotografías que no sean paritarias. ¿Es el machismo un problema acuciante en estos entornos de poder?

Llevo toda mi carrera trabajando en entornos eminentemente masculinos. Cuando he tenido capacidad de influir, siempre he tratado de dar visibilidad y voz a las mujeres por razones de justicia social y racionalidad económica. No podemos desaprovechar el talento y el potencial del 50% de la población. Por cabeza y por corazón tenemos que seguir avanzando en la igualdad de género. Por eso me preocupa tanto que parezca que en unas pocas semanas hayamos retrocedido décadas en este ámbito. Lo primero que hacen PP y Vox es recortar los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBi. Por eso, es fundamental que los españoles voten a favor del futuro y de seguir avanzando y que España siga siendo un referente internacional en derechos y valores. Me siento muy orgullosa de lo que ha logrado este país en los últimos cuarenta años. 

Publicamos un vídeo en infoLibre en el que los candidatos de PP y Vox en Valencia se refieren con el nombre de pila de las aspirantes del PSOE y de Sumar. Cuando se lo afea la ministra Diana Morant, le llaman “excelencia”. ¿Detrás de estas burlas está el retroceso y la impunidad de PP y Vox?

PP y Vox son cada vez lo mismo. Y demuestran no sólo una falta de respeto y de educación, sino una visión machista claramente. Eso explica que allí donde entran en el Gobierno lo primero que hacen es recortar los derechos de las mujeres y de las personas lgtbi. Quieren hacer retroceder a España a ese país en blanco y negro a la que no queremos volver. Confío en que los ciudadanos, y muy especialmente las mujeres, el domingo voten masivamente a favor del progreso, del futuro y de seguir avanzando en igualdad de derechos. 

El PP ha puesto en el centro de la batalla electoral el sistema de Correos, ¿esto socava la democracia y la propia confianza en el sistema?

Es un ejemplo de estos bulos y señuelos que han estado lanzando durante toda la campaña electoral. Son comportamientos trumpistas que cuestionan el funcionamiento de las instituciones pero, sobre todo, buscan desviar la atención de lo importante, que es la falta de un proyecto de política económica del PP y los acuerdos vergonzantes a los que han llegado con Vox en comunidades y ayuntamientos. 

Habla de esos pactos, ¿pero cree que la sociedad está normalizando esos acuerdos con la ultraderecha?

Confío en que no porque no podemos normalizar en un país como España, abierto y progresista, que entren en gobiernos e instituciones personas que son negacionistas de las vacunas, del cambio climático y económicos, que además quieren retrotraer a España a ese periodo negro de nuestra historial que no queremos volver.

En esta campaña electoral no se ha producido ningún debate económico porque el PP se ha negado a hacerlo con usted y tampoco ha desvelado a un hipotético ministro del ramo. ¿Por qué cree que lo han hecho y se está hurtando en términos democráticos un debate a la sociedad española?

Sin duda. Estas elecciones han pillado al PP con el pie cambiado en materia económica. Feijóo apostó todo a una carta: iba a haber una hecatombe económica. Hace unos meses seguían anunciando el desastre que vendría. Han tenido que montar un programa electoral que hace aguas en materia económica y que es incoherente e incompatible con la responsabilidad fiscal. El portavoz económico del PP ha tenido que salir a tranquilizar a los inversores y mercados diciendo que no van a bajar impuestos a lo loco. Está claro que no tienen proyecto ni equipo.

Eso explica que no haya tenido una respuesta favorable del PP a un debate. Me parece grave porque con las cosas de comer no se juega. Los ciudadanos saben que con un Gobierno de Sánchez van a tener una propuesta económica responsable y que funciona. En el otro lado hay una gran incógnita sobre cómo sería la política económica de un eventual Gobierno del PP y Vox. Sabemos lo que han hecho cuando han gobernado en el pasado: trampas con las reglas fiscales, riesgo de sanción en Bruselas, paro, precariedad, reformas que daban marcha atrás en derechos. 

Cuando fue nombrada vicepresidenta, se destacó su formación en Bruselas y su perfil de tecnócrata. Sin embargo, en los últimos tiempos se le ha visto sudar mucho la camiseta y levantar a la bancada socialista en el Congreso. ¿Nota un cierto viaje? ¿La situación del país la ha llevado a salir más de los números para meterse más en harina política?

Siempre he tenido muy claros mis valores y he desarrollado políticas con signo progresista donde he estado. He tenido muy clara la política económica. Cuando llegamos en 2018, ya indiqué que sería con responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales progresistas. Es lo que hemos hecho. En los últimos tiempos sí he visto la necesidad de tener una presencia más fuerte y una intervenciones más apasionadas y personales porque creo que nos jugamos mucho. Estoy muy comprometida con nuestro país y con un futuro mejor para nuestros hijos y nietos. Es fundamental que todas las personas progresista voten el domingo al PSOE y apuesten por seguir avanzando y no volver a una España en blanco y negro. 

Si gobierna la izquierda y sigue como vicepresidenta, ¿cuáles serían las dos primeras medidas que impulsaría en la legislatura?

En cuanto pasen las elecciones, las prioridades tienen que ser culminar el proceso de modernización y de reforma. Serán fundamentales la Autoridad de defensa del cliente financiero y la mejora en el apoyo de los ciudadanos afectados por el alza de las hipotecas. De cara a los próximos años, también el proceso de transición verde y digital para que España esté a la vanguardia. Se trata de no cambiar el rumbo y no dar marcha atrás, estamos en la buena dirección y hay que seguir adelante.

La hemos visto hasta tocar el piano en TikTok y es una gran amante de la cultura. Se está produciendo una ola de censura en el país, incluso no se va a permitir una obra de Ana Belén en Jaén. ¿Le preocupa lo que está pasando?

La cultura es un sector estratégico para el país, España es una potencia en todas las artes. Por eso es fundamental apoyar al sector, y es parte de nuestra identidad. Eso explica que cuando hay gobiernos de PP y Vox lo primero que hagan es tratar de censurar y limitar la libertad de expresión y la cultura porque es progreso y avance. Es importantísimo salir a votar para apoyar al sector de la cultura.

¿Alguna recomendación para la jornada de reflexión?

¡Qué mejor que ir a una sala, al teatro o a un museo para cargar las pilas y decidir bien pensando en el futuro de nuestros hijos y nietos!

Hungría y Estonia torpedearon el pasado martes el primer intento de reformar el Código de Conducta, el órgano encargado de vigilar que se cumple el juego limpio fiscal entre los Estados miembros de la Unión Europea. Ambos países rechazaron el texto que el Consejo Europeo había redactado y presentado al Ecofin –que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete–. Pese a la timidez de los cambios, Hungría y Estonia impidieron que saliera adelante una reforma que el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, había etiquetado como “urgente” en el Parlamento Europeo el pasado noviembre.

En principio, el borrador de la reforma pretendía que el nuevo Código de Conducta entrara en vigor el próximo 1 de enero, aunque su principal novedad –que no sólo se vigilaran los regímenes especiales, sino los sistemas fiscales al completo– se retrasaba al 1 de enero de 2023 sin carácter retroactivo. Ahora, revisar el documento e intentar superar la resistencia de húngaros y estonios queda como tarea para la Presidencia francesa, que comienza en enero de 2022. “Estoy convencido de que habrá un nuevo documento sobre la mesa muy en breve”, subrayó tras el Ecofin el ministro de Finanzas esloveno, Andrej Šircelj, “pero no puedo asegurar que la reforma se apruebe durante la Presidencia francesa”. Eslovenia termina este mes su semestre al frente de la UE.

infoLibre ha revelado, junto con el resto de los medios de la red European Investigative Collaborations (EIC) a la que pertenece, los fallos más notorios del Grupo Código de Conducta en sus 24 años de vida –fue creado en 1997–. Fallos derivados de cuestiones políticas y de las propias dinámicas del grupo, que han lastrado su lucha contra la competencia desleal. Como destaca la propia Comisión en los 2.500 documentos que publica la red EIC, la ejecución de las decisiones adoptadas por el Código de Conducta depende exclusivamente de la “buena voluntad” de los Estados miembros. No son vinculantes, por tanto, lo que ha restado eficacia a su trabajo sobre una materia en la que los Estados miembros mantienen celosamente su soberanía.

Además, durante sus más de dos décadas de existencia, el grupo ha trabajado casi en secreto, ocultando información tanto a los miembros del Parlamento Europeo como a la opinión pública en general. Para ello se ampara en la confidencialidad de las discusiones que los gobiernos mantienen en su seno. De hecho, el órgano era un gran desconocido para la opinión pública hasta 2014, cuando se publicaron los Luxleaks, que destaparon los ventajosos acuerdos fiscales que Luxemburgo concedía a 343 multinacionales.

“Con el bloqueo de Estonia y Hungria, el Ecofin pierde otra oportunidad. El Código de Conducta necesita una reforma y, aunque lo que había en la mesa no era todo lo que queríamos, avanzaba en la buena dirección y actualizaba un grupo que no se ha reformado desde su creación en 1997”, expresa su decepción a infoLibre el eurodiputado español de Los Verdes Ernest Urtasun, miembro de la Subcomisión de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo.

En el fracasado borrador la presidencia eslovena ya proponía que se revisaran dos puntos del nuevo Código de Conducta para intentar superar los reparos de Hungría y Estonia. El primero intentaba aumentar el papel de la Comisión Europea en los trabajos del grupo y el segundo hacía referencia a la entrada en vigor de la reforma, que conectaba con la puesta en marcha del tipo mínimo mundial del 15% en el impuesto de sociedades aprobado por la OCDE.

Sin embargo, los gobiernos de Budapest y Tallin se han mantenido en sus trece. Tras el Ecofin, la ministra de Finanzas estonia, Keit Pentus-Rosimannus, explicó que su Gobierno “prefiere esperar el resultado de la reforma fiscal global liderada por la OCDE antes de embarcarse en la modificación del Código de Conducta". Según destacó, el impuesto de sociedades en el país báltico es “sencillo y eficaz”. “Fomenta la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. A Estonia le conviene mantenerlo como tal”, apuntó. Pentus-Rosimannus dejó claro que su país quiere asegurarse de que la propuesta de la UE no extenderá la de la OCDE “más allá de lo acordado”.

En Estonia, el impuesto de sociedades tiene un tipo del 20%. Pero sólo se gravan los dividendos, no el resultado del ejercicio. Y si los dividendos se pagan a personas jurídicas, sólo tributan al 14%. Esa ventaja sobre el resto de los países europeos –en España, por ejemplo, el tipo de sociedades es del 25% y grava los beneficios; los dividendos pagados a personas físicas tributan entre el 19% y el 26%– es lo que quiere preservar Estonia. Su Gobierno fue uno de los que más reparos esgrimió este año al acuerdo en la OCDE para implantar el tipo mínimo global del 15%. Sólo dio su sí cuando recibió la garantía de que ese tipo será aplicado sólo a las filiales de grandes compañías y no a los empresarios locales.

Hungría también fue de los países que mayores trabas puso este verano al mínimo global en sociedades. No en vano, presume de ser el Estado miembro de la UE que menos grava los beneficios empresariales, un 9%. Por debajo incluso del 12,5% de Irlanda. En el caso húngaro, el rechazo a un Código de Conducta más atento a la competencia fiscal desleal se basa en el celo con que defiende su soberanía en materia tributaria. Además, mantiene una agria pugna con la Comisión Europea en materia de Estado de derecho por sus ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa o los derechos LGTBI. El Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán ya ha amenazado varias veces a Bruselas con bloquear las decisiones que requieran unanimidad –lo hizo con el Presupuesto de la UE el año pasado–. Y ése es el caso de los asuntos fiscales.

Pero ¿cuáles son los cambios que el Consejo Europeo ha querido hacer en un órgano que el Parlamento Europeo ha llegado a tachar de “obsoleto”, “inadecuado” e “insostenible”?

Cada nuevo régimen fiscal creado en un país para dar un trato preferente a las empresas y, por tanto, atraerlas a su territorio, puede ser considerado una competencia desleal para el resto. Así que debe ser comunicado al Código de Conducta para su examen. El grupo sólo evalúa impuestos corporativos, no los que gravan los ingresos personales. Y, pese a que tanto el Parlamento como la Comisión Europea defienden que se amplíe la vigilancia a los impuestos sobre la renta de las personas físicas, la reforma rechazada no los incluyó. También se pretendía ampliar el ámbito de competencia de los regímenes especiales del impuesto de sociedades a aquellos “elementos de los sistemas tributarios que tienen aplicación general y que pueden resultar perjudiciales” para la competencia fiscal leal en la UE. Bien porque “crean oportunidades para una doble no imposición o porque pueden conducir al uso doble o múltiple de beneficios fiscales en conexión con los mismos gastos, ingresos o una cadena de transacciones”. Esos elementos pueden se de cualquier tipo, no sólo el tipo nominal o el pago diferido de impuestos, precisaba el texto rechazado.

La reforma también pretendía imponer normas más estrictas para que los Estados miembros notifiquen al resto medidas fiscales potencialmente perjudiciales. Por ejemplo, se les imponía que esa información se facilitara antes de acabar cada año y se establecía que un país puede llevar al grupo medidas fiscales de otro que considere nocivas. También podría hacerlo la Comisión.

Igualmente se quería dar a la Comisión Europea la facultad de “preparar” descripciones y evaluar las medidas fiscales bajo inspección, aunque no se le permitía “tomar parte en las decisiones del grupo, que son tomadas por los Estados miembros mediante consenso”. Ahora, la Comisión sólo puede “coordinar el intercambio de información” entre los países.

Sobre la tan criticada falta de transparencia del grupo, el texto rechazado únicamente añadía dos líneas, para indicar que se publicarían los documentos finales resultantes del trabajo del Código de Conducta “tal y como los apruebe el Consejo Europeo”. Otros documentos adicionales serían hechos públicos cuando el grupo lo considere “apropiado”. De hecho, se mantenía la redacción originaria de 1997, donde se precisaba que la aplicación del Código de Conducta sólo será “tan transparente como sea posible”, sin poner en riesgo “la confidencialidad necesaria para un intercambio leal de puntos de vista y de información sensible entre los Estados miembros”.

Finalmente, Bruselas se pretendía unir a la ofensiva de la OCDE añadiendo una referencia a la cooperación en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales de acuerdo con los estándares internacionales. Y ponía negro sobre blanco sus trabajos para redactar la lista de paraísos fiscales, que elabora desde 2017.

Tampoco se ha modificado el carácter político del grupo, por lo que sus decisiones seguirán siendo no vinculantes. Es más, ahora se subraya que el Código de Conducta opera como “un grupo de pares” que defienden su soberanía fiscal. Ernest Urtasun considera que, para ser realmente eficaz, el Código debería convertirse en un “proceso formal, con base legislativa y con una toma de decisiones transparente basada en la mayoría cualificada”. Por el momento, los acuerdos se aprueban por consenso: se requiere la unanimidad menos uno, el país afectado.

Por eso el eurodiputado reclama “un texto más ambicioso”. “Pedimos a la Presidencia francesa que lidere este ejercicio, porque la justicia fiscal en la UE no debe doblegarse ante dos Estados miembros que defienden el statu quo”, advierte.

La próxima semana tiene previsto reunirse la Subcomisión de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo, cuyos miembros estudiarán una respuesta “formal” al intento frustrado de reforma del Código de Conducta.

Los ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han sacado este viernes a Dominica de la lista negra de paraísos fiscales de la UEUE, que ahora está compuesta por once territorios.

En un comunicado, el Consejo de la UE ha explicado que Dominica "ha cumplido sus compromisos" y ha resuelto las dudas del bloque comunitario sobre el intercambio automático de información financiera. En concreto, la isla caribeña ha completado los pasos necesarios para ratificar el Convenio de Asistencia Administrativa Mutual en materia fiscal de la OCDE.

"Este paso garantiza la retirada de Dominica de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores" en materia fiscal, ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.

Tras la decisión de este viernes, la lista negra europea de paraísos fiscales está compuesta por once territorios, que son Samoa Americana, Belice, Fiji, Guam, Islas Marshall, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

La primera versión de la lista negra europea de paraísos fiscales fue aprobada en diciembre de 2017 y contenía 17 territorios que no cooperan en materia fiscal. Desde entonces, los socios comunitarios han actualizado la lista tras recibir y constatar cambios legislativos en las jurisdicciones implicadas. La primera revisión de gran calado tuvo lugar en marzo de este año.

Fin a la discriminación fiscal que sufren en el Viejo Continente las publicaciones digitales. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) dieron este martes, en la reunión mantenida en Luxemburgo, su visto bueno a la directiva comunitaria que permitirá a los gobiernos de los Estados miembro aplicar un IVA reducido a los libros, periódicos y revistas electrónicas, equiparándolo así con el trato fiscal que reciben las publicaciones impresas. Después de tres intentos fallidos, y de continuas negociaciones para desbloquear la situación, la República Checa ha decidido finalmente dejar de vetar la propuesta comunitaria tras llegar a un acuerdo con Francia, principal impulsor de la reducción del IVA. Tampoco Bulgaria, que presentó objeciones a última hora, ha hecho naufragar el cambio normativo, que llevaba años tramitándose.

"Esta propuesta es parte de nuestros esfuerzos para modernizar el IVA para la economía digital, y nos permite seguir el ritmo del progreso tecnológico", señaló el ministro de Finanzas austriaco, que actualmente ocupa la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. "Estas son buenas noticias para la prensa y para el sector de la cultura", apuntó en Twitter el comisario de Economía comunitario, Pierre Moscovici.

La aplicación de un IVA reducido en libros, periódicos y revistas electrónicas lleva años siendo una de las exigencias del sector editorial digital europeo. La actual normativa comunitaria impide igualar el tipo impositivo de las publicaciones digitales y las de formato papel. Así, mientras que en el Viejo Continente las primeras tienen que afrontar un mínimo estándar del 15%, las tradicionales pueden beneficiarse de una tasa cero a una reducida –mínimo del 5%– o súper reducida –menos del 5%–. En el caso de España, las publicaciones electrónicas como infoLibre, que desde su creación viene denunciando esta discriminación fiscal, están sometidas al tipo general del 21%, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico. Un sinsentido del que se llevan quejando durante años tanto los diarios digitales como los principales colectivos de la industria, entre los que destacan la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) o la Federación de Gremios de Editores (FGEE).

Dos años de compleja tramitación

El debate sobre la fiscalidad reducida para las publicaciones electrónicas se abrió por primera vez en el seno de la Unión Europea a mediados de marzo de 2015, cuando los ministros de Cultura de Francia, Alemania, Italia y Polonia exigieron a la Comisión Europea que se introdujeran en el derecho comunitario cuantos cambios fueran necesarios para poder aplicar un IVA reducido a libros, revistas y diarios digitales y respetar así “un principio de neutralidad tecnológica”. La declaración conjunta fue remitida a Bruselas en respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a Francia y Luxemburgo a dar marcha atrás en la reducción impositiva que llevaban aplicando desde 2012 ambos países a los libros electrónicos. El fallo del TJUE obligaba a incrementar el tipo del 5,5% al 20% en suelo galo y del 3% al 17% en el Gran Ducado.

Finalmente, Bruselas decidió recoger el guante y, en diciembre de 2016, puso sobre la mesa del Consejo una propuesta para modificar la directiva sobre el IVA en la Unión Europea en este sentido. Aunque los cambios propuestos son mínimos, el ligero retoque en la redacción de la normativa supone un mundo. Así, frente a la actual directiva, que establece que este tipo reducido se puede aplicar en el “suministro” de “libros en cualquier soporte físico, periódicos y semanarios que no sean material íntegra o predominantemente publicitario”, Bruselas propone que el IVA especial pueda aplicarse al “suministro” de “libros, periódicos y semanarios, siempre que esas publicaciones no sean material íntegra o predominantemente publicitario y las publicaciones no sean materia íntegra o predominantemente contenido musical o vídeo”.

En un primer momento, la tramitación cogió el impulso esperado. Pero, como es habitual en los procesos de reforma legislativa en la Unión Europea, el asunto terminó siendo utilizado para negociar cuestiones en clave nacional. La iniciativa acabó atascándose en medio de un tira y afloja entre Francia y República Checa por otra cuestión diferente. Durante más de un año, Praga ha vetado sin descanso la reforma, condicionando su voto favorable a la aprobación de otra directiva que permitiría la inversión del sujeto pasivo del IVA, lo que en la práctica supondría que sería el consumidor de la mercancía quien debería pagar el impuesto a Hacienda –en la actualidad, dicha responsabilidad recae sobre el proveedor–. Los checos han repetido por activa y por pasiva que es clave para luchar contra el fraude fiscal. Pero Francia y otros socios europeos –Eslovenia y Grecia, por ejemplo– se han mostrado en todo momento reacios a esta inversión del sujeto pasivo al considerar que se desvía del sistema general del IVA en Europa.

Reducción en manos de los gobiernos nacionales

Inmóvil en su postura, República Checa bloqueó la tan reclamada reducción impositiva para las publicaciones digitales hasta en tres ocasiones. París y Praga han acordado finalmente desenredar la situación dando cada uno su beneplácito a los textos en disputa que vetaban. Con la directiva respaldada por unanimidad, la pelota se situará sobre el tejado los respectivos gobiernos.

En España, el anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy se comprometió, pocos días después de que la Comisión Europea presentara la directiva, a reducir del 21% al 4% el tipo impositivo aplicable a las publicaciones digitales. Ahora, tras la moción de censura, será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que tenga que mover ficha. Por el momento, la sucesora de De Guindos, Nadia Calviño, no ha despejado todavía la incógnita. “Tenemos dudas, pero ha llegado el momento de cerrar un acuerdo”, aseveró el pasado mes de julio.

La discriminación fiscal que sufren las publicaciones digitales parece que toca a su fin. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) darán este martes, salvo sorpresas de última hora, luz verde a la directiva comunitaria que permitirá aplicar un IVA reducido a los e-book y periódicos digitales, equiparándolo así con el trato fiscal que reciben las publicaciones impresas. Tras el constante tira y afloja que han mantenido los Estados miembro durante los dos últimos años, la República Checa ha decidido levantar el veto que mantenía paralizada una propuesta que requería del visto bueno por unanimidad de todos los países para llegar a buen puerto. Ahora, con el beneplácito de Praga asegurado, todas las miradas se sitúan sobre Rumanía, que ha planteado en el último momento alguna objeción a la propuesta. Y, aunque se espera que Bucarest no haga naufragar ahora la tan reclamada reducción impositiva, la incógnita se mantendrá hasta el último minuto.

El debate sobre la fiscalidad reducida para las publicaciones electrónicas se abrió por primera vez en el seno de la Unión Europea a mediados de marzo de 2015, cuando los ministros de Cultura de Francia, Alemania, Italia y Polonia exigieron a la Comisión Europea que se introdujeran en el derecho comunitario cuantos cambios fueran necesarios para poder aplicar un IVA reducido a libros, revistas y diarios digitales y respetar así “un principio de neutralidad tecnológica”. La declaración conjunta fue remitida a Bruselas en respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a Francia y Luxemburgo a dar marcha atrás en la reducción impositiva que llevaban aplicando desde 2012 ambos países a los libros electrónicos. El fallo del TJUE obligaba a incrementar el tipo del 5,5% al 20% en suelo galo y del 3% al 17% en el Gran Ducado.

Finalmente, Bruselas decidió recoger el guante y, en diciembre de 2016, puso sobre la mesa del Consejo una propuesta para modificar la directiva sobre el IVA en la Unión Europea en este sentido. Aunque los cambios propuestos son mínimos, el ligero retoque en la redacción de la normativa supone un mundo. Así, frente a la actual directiva, que establece que este tipo reducido se puede aplicar en el “suministro” de “libros en cualquier soporte físico, periódicos y semanarios que no sean material íntegra o predominantemente publicitario”, Bruselas propone que el IVA especial pueda aplicarse al “suministro” de “libros, periódicos y semanarios, siempre que esas publicaciones no sean material íntegra o predominantemente publicitario y las publicaciones no sean materia íntegra o predominantemente contenido musical o vídeo”.

En un primer momento, la tramitación cogió el impulso esperado y se preveía que pudiese cerrarse en cuestión de meses. Pero, como es habitual en los procesos de reforma legislativa en la Unión Europea, el asunto terminó siendo utilizado por varios países miembro para negociar cuestiones en clave nacional. Se plantearon objeciones desde Austria, Reino Unido y Hungría. Viena, por un lado, recriminaba a Bruselas que la reforma pondría en riesgo el actual sistema del IVA. Londres, por su parte, aprovechó la ocasión para exigir una reducción del impuesto sobre el valor añadido para los productos sanitarios. Y Budapest, por último, reclamaba que el acceso a Internet también pudiese beneficiarse de estos cambios impositivos. “Es claramente una línea roja para nosotros”, avisaban desde el Ejecutivo húngaro.

'Rehén' de República Checa

Los escollos, poco a poco, fueron superándose. Sin embargo, la iniciativa terminó atascándose de nuevo en medio de un tira y afloja entre Francia y República Checa por otra cuestión diferente. Durante más de un año, Praga ha vetado sin descanso la reforma, condicionando su voto favorable a la aprobación de otra directiva que permitiría la inversión del sujeto pasivo del IVA, lo que en la práctica supondría que sería el consumidor de la mercancía quien debería pagar el impuesto a Hacienda –en la actualidad, dicha responsabilidad recae sobre el proveedor–. Los checos han repetido por activa y por pasiva que es clave para luchar contra el fraude fiscal. Pero Francia y otros socios europeos –Eslovenia y Grecia, por ejemplo– se han mostrado en todo momento reacios a esta inversión del sujeto pasivo al considerar que se desvía del sistema general del IVA en Europa.

Inmóvil en su postura, República Checa bloqueó la tan reclamada reducción impositiva para las publicaciones digitales hasta en tres ocasiones. La última, el pasado mes de julio ante la desesperación del resto de Estados miembro, que recordaban la “urgente” necesidad de sacar adelante la directiva. “Entiendo que la propuesta es muy importante para ustedes y estamos dispuestos a ser lo más flexibles posible en un futuro próximo”, señaló la ministra de Finanzas checa, Alena Schillerová, en la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea del pasado mes de julio. A pesar de ello, su homólogo austriaco, Harwig Löger, que ostenta durante este semestre la presidencia del Ecofin, valoró positivamente los avances logrados en esta materia y mostró su confianza a que la directiva de reforma sea aprobada finalmente en el cónclave de octubre.

Y parece que a la cuarta irá la vencida. Según confirmaron hasta tres fuentes diplomáticas europeas al diario económico Financial Times, París y Praga han acordado finalmente desenredar la situación dando cada uno su beneplácito a los textos en disputa que vetaban. No obstante, la incertidumbre sobre el futuro de la directiva se mantendrá hasta el último minuto. Ahora, según el rotativo británico, Rumanía ha planteado algunas objeciones de última hora –también quiere poder beneficiarse de la inversión del sujeto pasivo que reclama República Checa– que podrían paralizar nuevamente la directiva a siete meses de las elecciones al Parlamento Europeo.

Una exigencia permanente

La aplicación de un IVA reducido en libros, periódicos y revistas digitales lleva años siendo una de las exigencias del sector editorial digital europeo. La actual normativa comunitaria impide igualar el tipo impositivo de las publicaciones digitales y las de formato papel. Así, mientras que en el Viejo Continente las primeras tienen que afrontar un mínimo estándar del 15%, las tradicionales pueden beneficiarse de una tasa cero a una reducida –mínimo del 5%– o súper reducida –menos del 5%–. En el caso de España, las publicaciones electrónicas como infoLibre están sometidas al tipo general del 21%, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico. Un sinsentido del que se llevan quejando durante años tanto los diarios digitales como los principales colectivos de la industria, entre los que destacan la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) o la Federación de Gremios de Editores (FGEE).

Pero las protestas no se circunscriben exclusivamente al ámbito español. En Francia, el periódico digital de referencia Mediapart, socio editorial de infoLibre, sostiene desde hace años una dura batalla legal por este asunto. En noviembre de 2015, la Hacienda gala les notificó una liquidación de un total de 4,1 millones de euros de IVA por el periodo comprendido entre 2008, año de su lanzamiento, y principios de 2014. “Mientras que la prensa escrita, ya sea impresa o digital, se dirige a los mismos lectores, el fisco establece una distorsión de la competencia aplicándonos una tasa de IVA casi diez veces superior a la de nuestros competidores impresos”, aseveró entonces el diario presidido por Edwy Plenel, que denunciaba que le aplicaran un tipo de entre el 19,6% y el 20%, frente al 2,1% de los periódicos galos en papel.

Una vez culmine la tramitación y transposición de la directiva, la pelota se situará sobre el tejado los respectivos gobiernos. En España, el anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy se comprometió, pocos días después de que la Comisión Europea presentara la directiva que se debate este martes de nuevo en el Ecofin, a reducir del 21% al 4% el tipo impositivo aplicable a las publicaciones digitales. “La idea es la convergencia total hacia los tipos de IVA que tiene la prensa impresa”, señaló el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos. Ahora, tras la moción de censura, será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que tenga que mover ficha. Por el momento, la sucesora de De Guindos, Nadia Calviño, no ha despejado todavía la incógnita. “Tenemos dudas, pero ha llegado el momento de cerrar un acuerdo”, aseveró el pasado mes de julio.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) no consiguió este viernes la unanimidad necesaria para aprobar la norma que permitiría a los países aplicar un IVA reducido a los libros electrónicos y a las publicaciones digitales, debido básicamente al bloqueo que ejerce República Checa contra la medida, informa Europa Press.

"Como consecuencia de las observaciones de Francia y Eslovenia en el tema de la inversión del mecanismo del IVA ha habido un país, Chequia, que ha paralizado el tema de las publicaciones digitales", señaló el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

"A pesar de todos los esfuerzos de la presidencia y de todas las discusiones (...) tenemos que informar de que en el encuentro de hoy no pudimos conseguir la unanimidad requerida para las medidas fiscales en ninguna de las propuestas", explicó en una rueda de prensa el ministro de Finanzas de Malta, Edward Scicluna.

El titular español de Economía lamentó en una rueda de prensa la "paralización" de estas dos medidas, que calificó como "desafortunada", al mismo tiempo que afirmó que "mezclar temas" que no están relacionados "no es lo que necesita Europa". En todo caso, confió en que los ministros sean capaces de conseguir un consenso en su reunión de julio.

La normativa permitiría a los países, una vez que sea aprobada, aplicar un IVA reducido a ebooks y publicaciones digitales. Los libros electrónicos están actualmente gravados en la UE con un tipo mínimo estándar del 15%.

En el caso de España, las publicaciones electrónicas están sometidas a un tipo general del 21%, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico, pero ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ya avanzó que España equiparará ambos tipos si finalmente se aprueba la medida.

La otra medida que no fue posible aprobar este viernes es permitir en ciertas ocasiones la inversión del sujeto pasivo del IVA, mediante la cual la obligación ante Hacienda de operaciones entre empresas con un valor de más de 10.000 euros recaería sobre la empresa compradora en lugar de sobre la compañía vendedora.

Por el contrario, los Veintiocho sí alcanzaron un acuerdo para crear un nuevo tipo de deuda senior no garantizada en la jerarquía de instrumentos que asumirían pérdidas en casos de insolvencia de entidades financieras. Este nuevo instrumento, que ya existe en algunos países del bloque comunitario, asumiría pérdidas después de los accionistas y los propietarios de deuda subordinada y antes que bonistas senior y depositantes.

Además, los ministros de Finanzas de la UE cerraron, tal y como estaba previsto, los procedimientos de déficit excesivo de Portugal y Croacia, en línea con la propuesta de la Comisión Europea.

De esta forma, únicamente cuatro países se mantienen dentro del "brazo correctivo" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (España, Grecia, Francia y Reino Unido), una cifra que contrasta con los 24 países que había bajo este procedimiento en 2011.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han acordado este martes los criterios que se utilizarán para determinar los países que formarán parte de la lista europea de paraísos fiscales, cuya creación está prevista para finales de 2017.

"Hay un impulso global para la transparencia y claridad en nuestros regímenes fiscales (...) Necesitamos inevitablemente un intercambio efectivo y a tiempo de información entre autoridades de los países”, ha anunciado el ministro de Finanzas eslovaco, Peter Kazimir.

A su vez, el presidente de turno semestral en el Ecofin, ha puntualizado que no se trata de una iniciativa para "imponer castigos" o "penalizar", sino que la lista común de paraísos fiscales busca "no castigar" y "cambiar la motivación" de estas jurisdicciones "no cooperativas".

Oxfam Intermón responde a Ecofin

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz, ha respondido a la reunión de los Ministros de Economía de la UE. Denuncia que “han optado por criterios subjetivos y políticamente discutibles para establecer la lista negra de paraísos fiscales”.

Los paraísos fiscales se caracterizan por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales. Sin embargo, la clave reside en un tipo del 0% en el impuesto de sociedades, el cual los estados miembros de la UE no han aceptado incluir en la definición de paraíso fiscal.

Diversas empresas se aprovechan de esa circunstancia y quedan fuera de la lista negra países como las Islas Caimán o las Bermudas, según la ONG. Además, Ecofin tampoco ha declarado qué países serán los investigados con lo que Oxfam recrimina que “esta lista negra de la UE se queda en nada”.

La organización analizó 200 empresas, incluidas las grandes multinacionales y a los socios estratégicos del Foro Económico Mundial, y se ha encontrado que nueve de cada diez de las mayores corporaciones del mundo utilizan los paraísos fiscales.

La ONG argumenta que si se sigue así "lo único que estamos haciendo es aumentar la crisis y la riqueza de las 62 personas que poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad". Asimismo, pide más cooperación fiscal para abolir los privilegios fiscales y, por ende, una reducción del esfuerzo fiscal de los ciudadanos.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) activaron este martes el proceso formal para sancionar a España y Portugal por incumplir sus compromisos de reducción de déficit, al adoptar el dictamen negativo de Bruselas que acreditó la falta de "medidas efectivas" por parte de Madrid y Lisboa para corregir el desvío, informaron a Europa Press fuentes europeas.

"España no ha tomado medidas eficaces en respuesta a las recomendaciones del Consejo de junio de 2013", dice el documento redactado por Bruselas la semana pasada y adoptado este martes por los ministros de los países de la Eurozona, en una votación en la que ni España ni Portugal han podido tomar parte en la decisión de sus respectivos expedientes.

Con esta adopción se inicia la cuenta atrás de 20 días para que el Ejecutivo comunitario presente una propuesta que cuantifique la multa para los países incumplidores, que puede alcanzar hasta un 0,2 % del PIB nacional y que estará acompañada por la congelación de parte de los fondos europeos que les corresponden para 2017.

En el caso de España, ello supondría una multa de más de 2.000 millones de euros si Bruselas fija el máximo posible, aunque desde la Comisión avisaron de que puede proponer su reducción o anulación, mientras que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se ha mostrado confiado en que la sanción será igual a "cero".

El plazo que se abre este martes ofrece también 10 días a España para que presente sus alegaciones al proceso sancionador, en un documento que De Guindos ha dicho que presentará "mañana mismo" (por el miércoles), con argumentos que defiendan los esfuerzos asumidos por el Gobierno para salir de la crisis.

Horas antes de que se formalizara el inicio del expediente sancionador, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, pidió a España y Portugal que sus respectivas cartas a Bruselas muestren una actitud "ofensiva, no defensiva", en alusión a que deben presentar medidas concretas para corregir el desvío.

"Debe subrayar los próximos pasos que van a dar para resolver los problemas. Ese sería un planteamiento ofensivo, que estoy seguro que ayudará a la Comisión a decidir sobre las sanciones", declaró.

Según las cuentas del Ejecutivo comunitario para apoyar su dictamen negativo, España sumará un déficit público del 3,9 % en 2016 y de un 3,1 % en 2017. De Guindos, sin embargo, ha expresado su convicción de que el déficit volverá a situarse "por debajo del 3 % el próximo año" y ha pedido celeridad a la Comisión para fijar la nueva senda.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea adoptaron oficialmente este martes en la reunión del Ecofin una directiva sobre intercambio de información fiscal de empresas multinacionales. Las medidas, que se acordaron por unanimidad y sobre las que se alcanzó un primer pacto político en marzo, entrarán en vigor en 2016 y 2017.

El objetivo principal es evitar que las firmas transnacionales aprovechen vacíos legales y apliquen ingeniería fiscal para reducir al máximo el pago de impuestos. La UE quiere obligarlas a tributar por sus beneficios en los Estados donde los generan, y no en otros territorios con condiciones más laxas. Además, se busca incrementar la coordinación entre las distintas autoridades nacionales. 

En el texto adoptado este martes, el Consejo de la Unión Europea admite que "en los últimos años" se ha "agravado considerablemente" el "desafío que plantean el fraude fiscal y la evasión fiscal". También que las multinacionales "tienen la posibilidad de utilizar prácticas de planificación fiscal agresiva" a las que no pueden recurrir las empresas "estrictamente nacionales" y, en especial, las pymes, que salen perjudicadas.

"Por otra parte, todos los Estados miembros pueden sufrir pérdidas de ingresos y se plantea el riesgo de que los países compitan entre sí para atraer a grupos de empresas multinacionales ofreciéndoles más ventajas fiscales", agrega el documento, que reclama a estas sociedades transnacionales que "paguen la cuota impositiva que les corresponde en el país en que se obtienen los beneficios".

Intercambio de información

Las nuevas obligaciones, sin embargo, afectan únicamente a las empresas multinacionales cuyos ingresos anuales consolidados superen los 750 millones de euros. Esas firmas tendrán que entregar con carácter anual un informe a la Hacienda de cada país de la UE en el que operen con multitud de datos que, al menos por ahora, no se harán públicos.

Así, en virtud de la directiva, las multinacionales deberán comunicar el importe de sus ingresos, sus beneficios antes de impuestos y los tributos abonados. Además, indicarán a las autoridades de cada país su número de empleados, el capital declarado, los resultados no distribuidos y los activos materiales de los que disponen en cada territorio.

En el caso de las multinacionales que tienen su matriz en un país de la Unión Europea, deberán entregar un primer informe correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Si la matriz está fuera del territorio comunitario, estarán obligadas a presentar el documento sus sociedades subsidiarias en Estados miembro. En este último supuesto será opcional hacerlo en 2016 y obligatorio a partir del ejercicio 2017.

La directiva establece que las firmas pueden presentar los citados informes hasta 12 meses después de concluir el ejercicio fiscal, de modo que el plazo para presentar esos datos por primera acabará –según el caso– en diciembre de 2017 o 2018. Después, los Estados comunitarios deberán compartir la información con el resto de integrantes de la UE en un plazo máximo de 90 días.

Un primer paso limitado

Las normas adoptadas, no obstante, no regulan el régimen sancionador para las empresas incumplidoras. De esta forma, será cada Estado el que determine qué multas aplica a las multinacionales que se nieguen a suministrar información. La directiva se limita a señalar que deberán ser "efectivas, proporcionadas y disuasorias".

Además, algunos expertos consideran que la directiva no es suficiente pues consideran que las multinacionales radicadas en paraísos fiscales o territorios con una fiscalidad laxa disponen de herramientas para alterar las cuentas de sus empresas subsidiarias –las filiales que controlan a través de intermediarios– en la UE, de modo que no reflejen el total de beneficios obtenidos en territorio comunitario.

En este sentido, el texto adoptado establece que "cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir que la entidad matriz última de un grupo de empresas multinacionales que tenga residencia en su territorio" presente el informe que le corresponde, pero no determina qué instrumentos pueden emplear las autoridades nacionales para reclamar los datos.

Los países de la UE disponen ahora de doce meses para regular y publicar todas las disposiciones legales, reglamentarias y adminitrativas para cumplir con la directiva adoptada.

Para Francisco de la Torre, ex secretario de la Organización de Inspectores de Hacienda y número dos de Ciudadanos por Madrid al Congreso de los Diputados, estas medidas no son "la solución a todos los problemas", pero sí "un primer paso en la buena dirección". De la Torres señala a infoLibre que la aplicación de la directiva permitirá a las autoridades europeas "hacerse un mapa de la situación" sobre las multinacionales.

Además, el experto señala que facilitará poner el foco sobre aquellas multinacionales cuyas cifras arrojen indicios de que podrían estar evadiendo impuestos. "Después habrá que analizar los casos en mayor profundidad y determinar si cada una de ellas actúa conforme a la ley o no, pero estos datos pueden permitir centrar los esfuerzos", comenta.

Por último, De la Torre predice que el intercambio entre los distintos países "funcionará bien" pero considera que hay que "seguir dando pasos", con medidas como la formación de equipos de inspectores de varios países para revisar la actuación de las multinacionales en todo el territorio comunitario de forma simultánea, y no en cada país a un ritmo distinto. "Hay que seguir avanzando porque, si las multinacionales no pagan, lo acabamos pagando todos", concluye.

Nuevas conversaciones en junio

Los miembros del Ecofin tampoco fueron capaces de alcanzar un acuerdo en la reunión de este martes en torno a la nueva normativa para combatir la elusión fiscal propuesta por la Comisión Europea a finales de enero, de modo que decidieron retomar ese debate en la próxima reunión del Ecofin, que se celebrará el 17 de junio en Luxemburgo.

El objetivo de ese paquete es que los Estados puedan gravar los beneficios que las multinacionales producen en territorio comunitario y que derivan a filiales en paraísos fiscales o con un impuesto de sociedades muy bajo. Las grandes empresas tendrían así más complicado beneficiarse de lagunas legales o de una "planificación fiscal agresiva".

Entre otros elementos, contempla la "regla de la compañía extranjera controlada", que permitiría a los países comunitarios donde esté radicada la matriz de una empresa gravar "cualquier beneficio" que se derive a países "sin impuestos" o con impuestos corporativos un 40% inferiores a los vigentes a nivel local.

También se incluye la "regla del intercambio", que haría posible para los Estados imponer tasas sobre los dividendos, ganancias de capital y beneficios que se introducen en países de la UE provenientes de territorios donde no pagan impuestos o lo hacen sólo de manera muy baja, y que hoy por hoy están exentos para evitar la doble imposición.

Finalmente, y entre las principales medidas, destaca la propuesta de un límite a las deducciones por el pago de intereses, estableciendo un ratio respecto a los beneficios. De esa forma, argumentó la Comisión, se evitaría que las firmas crearan de forma artificial pagos de deuda entre sus propias filiales para reducir la cantidad de impuestos que deben abonar.

Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, señaló este martes que "la opinión pública para luchar contra la elusión y la planificación fiscal es muy fuerte", de modo que hay que "utilizar la ventana de oportunidad" para aprobar esas medidas en junio. "Confío en que podamos alcanzar un acuerdo en junio. Realmente tenemos que conseguirlo, no podemos posponerlo", subrayó.

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el euro, Valdis Dombrovskis, consideró por su parte que esa propuesta de la Comisión es "ambiciosa" y "equilibrada", de modo que ayudaría a los Estados "a combatir la elusión fiscal". "Confiamos en que el acuerdo sea factible. Hay un amplio apoyo político para lo que estamos intentando lograr".

El plan de recortes y ataques al Estado del bienestar emprendido por el Gobierno de Mariano Rajoy en respuesta a las recomendaciones de la UE gusta a Bruselas: "Incluye un conjunto de reformas estructurales y fiscales en términos generales adecuado, que respaldará una corrección eficaz y duradera del déficit excesivo", según el dictamen que aprobará el Ecofin, al que ha tenido acceso Europa Press. En particular, los Veintiocho elogian las reformas de las pensiones, que considera "significativas". "La regulación propuesta del factor de sostenibilidad y la nueva fórmula de indexación de las pensiones –junto con la reforma de la jubilación anticipada adoptada en marzo de 2013–, son pasos importantes para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y contener el creciente gasto en pensiones", apunta el dictamen, que también celebra la ley de desindexación.

No obstante, el Ecofin pide aún más sangre. Más tijera. Lamenta que algunas de las recomendaciones de la UE "hasta ahora sólo están parcialmente respaldadas por medidas concretas". "Es el caso, por ejemplo de la revisión sistemática de las grandes partidas de gasto para mejorar la eficacia del gasto público", avisa la evaluación de los ministros. Por lo que se refiere a la reforma del sistema fiscal, el Gobierno español se limita a remitirse a las conclusiones del grupo de expertos que se presentarán en febrero de 2014.

Y pide más rapidez. "En muchos casos, las reformas todavía están pendientes de ser adoptadas o plenamente aplicadas, y su rápida y plena aplicación son claves para el éxito" del plan del Gobierno español. "La Comisión y el Consejo vigilarán la ejecución de las reformas", subraya el Ecofin.

Atar corto a las comunidades

Por lo que se refiere a la reforma laboral, los Veintiocho echan en falta "medidas para reforzarla todavía más". O sea, dar una vuelta de tuerca, que es lo que ya Bruselas aseguró que planeaba España. "Dicho esto, la reforma parece haber fomentado la flexibilidad interna de las empresas y la moderación salarial, limitando así la pérdida de empleo". "No obstante, no hay planes concretos para modernizar los servicios públicos de empleo, más allá de la cooperación con agencias privadas", señala el dictamen.

El Ecofin reclama además un refuerzo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con medidas como la publicación en plazo de los informes de evaluación trimestrales de los planes económicos y financieros de las comunidades autónomas y la aclaración de en qué momento se activarán sanciones contra las que incumplan el déficit.

En cuanto a la mejora de la calidad del gasto público, los Veintiocho reclaman atar corto a las CCAA. Quieren una "aplicación y vigilancia estrictas" de las medidas previstas en la reforma de la Administración Pública impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para que generen los ahorros previstos, y ven necesario que sea asumida también por las comunidades autónomas si se quiere que dé resultados. En cuanto a la nueva autoridad fiscal independiente, cuya creación fue exigida por la UE, el Ecofin denuncia que "algunas disposiciones institucionales para garantizar su independencia funcional y operativa podrían haberse hecho más fuertes".