Masacres, desapariciones forzadas, robo de bebés y un importante centro de espionaje ahogaron la provincia de Buenos Aires y, en particular, su capital, La Plata, durante la dictadura argentina que se inició hace 50 años y que perpetró en esta zona el 40 % de los crímenes de Estado, según informa EFE.

Desde entonces, los organismos de derechos humanos no han cesado en la búsqueda de justicia y verdad.

El 24 de noviembre de 1976, ocho meses después del golpe militar, unos 200 efectivos del Ejército y la Policía atacaron, por tierra y aire, una casa ubicada en la calle 30 de La Plata y ejecutaron una de las masacres más recordadas: cinco asesinatos a sangre fría y el robo de una bebé, Clara Anahí Mariani Teruggi, aún desaparecida.

“En esta casa había una imprenta donde se editaba ‘Evita montonera’, una revista sobre la militancia y la represión que estaba ocurriendo. En ese ataque mueren Diana Teruggi y cuatro compañeros, y es secuestrada la nena de tres meses, que se ha probado que salió con vida envuelta en una cortina. La sacó uno de los militares”, relata Elsa Pavón, presidenta de la Asociación Anahí.

Pavón, que sustituyó en la presidencia de la Asociación a la fallecida Isabel Chorobik, más conocida como Chicha Mariani -por el apellido de su esposo- y abuela de Clara Anahí, cuenta a EFE lo que ocurrió en aquel hogar, convertido en 1996 en un museo de la memoria.

La Casa Mariani-Teruggi, también conocida como la ‘casa de los conejos’, porque la familia tenía, además de la imprenta clandestina, un negocio de conejo en escabeche, quedó congelada en el tiempo y su visita es inquietante: cientos de impactos de bala en las paredes y en el vehículo aparcado en el garaje, el gran boquete que provocó un tanque y atravesó varias estancias, restos de la imprenta, jaulas de conejos y la bañera donde se salvó de la muerte Clara Anahí. Todo intacto.

“El papá de Clara Anahí no estaba en ese momento, había ido a trabajar”, prosigue Pavón, quien explica que ocho meses después, el 1 de agosto de 1977, fue acribillado a tiros en una calle de La Plata junto a otros compañeros montoneros (guerrilleros peronistas). El caso de esta familia simboliza el escarmiento.

Daniel Enrique Mariani, padre de Anahí, tenía 29 años; y Diana Emeralda Teruggi, 25.

La Plata y otras localidades bonaerenses siempre han acogido una importante comunidad universitaria y combativos polos industriales: “Los lugares de represión más importantes fueron las universidades y las fábricas. Por esa razón, la provincia alberga casi el 40 % de las personas detenidas y desaparecidas o ejecutadas”, expone a EFE la directora ejecutiva de la Comisión Provincial de Memoria, Sandra Raggio.

“Solo la Universidad Nacional de La Plata cuenta con más de 800 personas desaparecidas”, agrega, para luego explicar que lo que hoy es la Comisión de Memoria fue durante décadas un importante centro de espionaje.

“Este es el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, se creó en 1956, posterior al golpe de Estado al peronismo y en paralelo a la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional a nivel continental, y que se fue profundizando hasta llegar al conocido plan Cóndor. Estaba orientado a la persecución política”, resalta Raggio durante una visita de EFE al lugar, repleto de archivadores y documentos con información detallada de miles de personas, incluidos extranjeros.

“Es el primer archivo de la represión desclasificado en América Latina”, del que se deduce que el objetivo fue “espiar a todos”: organizaciones políticas, sindicatos, universidades, pero también escuelas, centros culturales, embajadas, espacios deportivos, iglesias y periódicos. Una labor de inteligencia inscrita “en el marco de la Guerra Fría a nivel global y de persecución a los enemigos internos”, según Raggio.

Los documentos que guarda este lugar, convertido en espacio de memoria en 1998, han permitido esclarecer crímenes de lesa humanidad, reconstruir jerarquías y estructuras del aparato represivo, identificar enterramientos clandestinos e identificar a personas sepultadas como ‘NN’.

“Hay documentos que están ligados con el Plan Cóndor, una operación de articulación entre las agencias represivas del Cono Sur”, agrega la directora, al especificar que hay fichas con datos de extranjeros desde el golpe de Estado en Brasil de 1964, mucho antes de que el Plan Cóndor naciera formalmente en 1975.

Tras el golpe, “muchos brasileños pasan a nuestro país como exiliados, después se van a Chile; y toda esa circulación de militantes por el Cono Sur va a ser registrada por la agencia de inteligencia”, revela Raggio.

“Hemos aportado documentación a la investigación del Plan Cóndor, a las comisiones de la verdad y a juicios en los diferentes países”, remata la directora de la Comisión de Memoria, al resaltar que La Plata no es sólo fuente de información documental, sino también de lucha por la justicia.

No es casualidad que la asociación Abuelas de la Plaza de Mayo naciera en esta ciudad, precisamente bajo el liderazgo de Chicha Mariani; tampoco que una de las películas míticas sobre la dictadura argentina, ‘La noche de los lápices’, transcurra en La Plata y que trate sobre estudiantes secuestrados y desaparecidos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda (Alicante) ha acordado la suspensión las declaraciones en calidad de investigados previstas para este febrero de un agente de la extinta Policía Armada, Daniel Aroca del Rey, y del exministro Rodolfo Martín Villa, en relación con la muerte de la considerada primera víctima de la Transición, Téofilo del Valle, en 1976, según informa EFE.

Así lo ha establecido el juez de Elda en una providencia firmada el 27 de enero, a la que ha tenido acceso EFE, sobre las declaraciones inicialmente previstas para el 4 de febrero.

En dicha providencia, contra la que cabe recurso en tres días, se señala que se suspenden las declaraciones hasta que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa contra el auto de admisión a trámite de la querella criminal presentada por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA) ha señalado en un comunicado que aunque las declaraciones estaban previstas por la jueza Yolanda Julia Candela Quesada, la reciente incorporación al juzgado del juez Francisco José Cabrera Montesinos ha motivado la suspensión de dichas declaraciones.

Para el colectivo, la providencia es contraria a derecho, al atribuir efecto suspensivo a un recurso de apelación que, conforme a la normativa vigente, no lo tiene. De esta forma, entienden que en aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal la interposición de dicho recurso no puede ni debe suspender la tramitación de la causa y tampoco justificar la suspensión de las declaraciones que ya habían sido previamente señaladas.

CEAQUA ha interpelado tanto al tribunal de Instancia de Elda para que anule la providencia y señale una nueva fecha para la toma de declaración de Martín Villa y Daniel Aroca como a la Audiencia Provincial para que ratifique la admisión a trámite de la querella y, en consecuencia, desestime el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa y al Gobierno y grupos parlamentarios de las Cortes Generales para que adopten todas las medidas legislativas precisas para revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad. Primera víctima mortal de la Transición.

El asesinato de Teófilo del Valle, considerada la primera víctima mortal de la Transición, ocurrió en Elda en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976.

En noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda admitió a trámite la querella interpuesta por el hermano de Teófilo del Valle, José Antonio del Valle, tanto contra el policía que en 1976 presuntamente le asesinó a tiros, el referido Daniel Aroca del Rey, como contra los mandos que le dieron cobertura de la extinta Policía Armada y los responsables políticos, entre ellos el exministro Rodolfo Martín Villa.

La justicia argentina mantiene con vida la causa sobre los crímenes del franquismo y la Transición. El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº1, que dirige la magistrada María Servini, ha rechazado esta semana la petición del exministro español Rodolfo Martín Villa de archivar el procedimiento convertido en última esperanza de unas víctimas a las que se ha negado sistemáticamente en nuestro país una justicia que llevan décadas reclamando. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este diario, es clara. Por un lado, resalta que nos encontramos ante la posible comisión de delitos de lesa humanidad que son "imprescriptibles". Y por otro, rechaza que se haya violado su derecho a ser juzgado en plazo razonable: "Se encuentra holgadamente justificado el plazo de duración". 

Martín Villa, que medró durante la dictadura vistiendo una camisa azul de la que se olvidó con la muerte de Franco, lleva años bajo la lupa de la justicia argentina. En el año de la pandemia, defendió su inocencia ante la jueza argentina, a la que hizo llegar una veintena de cartas de apoyo de exlíderes políticos y sindicales –entre ellos, los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy–. Reconoció que hubo "comportamientos policiales" contrarios a los derechos de las personas, pero rechazó hablar de genocidio y crímenes contra la humanidad. Meses más tarde, Servini le procesó. Pero aquella decisión fue revocada en apelación. Se consideró que no había aún base sólida para el procesamiento. Y es en eso en lo que trabaja la jueza desde entonces.

Doce son los asesinatos que persiguen a Martín Villa en el procedimiento. De ellos, cinco datan de su corta etapa al frente del Ministerio de Relaciones Sindicales. Y perdieron la vida en la matanza de Vitoria. Los hechos se remontan al 3 de marzo de 1976, apenas tres meses y medio después de la muerte del dictador. Aquel día era jornada de huelga general en una ciudad que desde comienzo de año había experimentado una notable movilización obrera contra los topes salariales. Varios miles de trabajadores se encontraban reunidos en asamblea en la iglesia del barrio de Zamaraga. A eso de las 17.00 horas, policías armados penetraron en la parroquia con gases lacrimógenos. "Si desalojan por las buenas, vale; si no, a palo limpio. Sacarlos como sea", se oía por el canal interno policial.

Aquella intervención fue una masacre. Y los agentes eran conscientes de ello. "Después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia, te puedes imaginar cómo está la calle", se escucha en la emisora policial. A medida que iban abandonando el templo, los obreros eran alcanzados por pelotas de goma y balas de fuego. Se registraron más de un centenar y medio de heridos. Y cinco muertos: José Castillo, Pedro María Martínez, Romualdo Barroso, Bienvenido Pereda y Francisco Aznar. El primero, con 32 años, era padre de familia y trabajador de la empresa Basa. El último, de apenas 17 años, un estudiante que trabajaba en la Panificadora Vitoriana. El Supremo obligó a la justicia militar a asumir el caso. Pero acabó sobreseído al no dar con los autores de los homicidios.

Pocos meses después, fueron asesinados también en Euskadi Norma Menchaca y Josu Zabala. La primera muerte se produjo el 9 de julio, pocos días después de que Martín Villa cogiese las riendas del Ministerio de Gobernación –luego conocido como Interior–. Aquella tarde, la mujer había salido a celebrar el Día de la Sardina en Santurtzi, una festividad que algunos vecinos aprovecharon para organizar una manifestación a favor de los presos políticos. Fue en el transcurso de aquella marcha cuando pistoleros ultras, habitualmente ubicados en la órbita de grupos parapoliciales, segaron su vida. La investigación judicial por el asesinato de Menchaca, considerada víctima del terrorismo, fue sobreseída en solo cinco meses al no haber "elementos suficientes" para acusar.

Dos meses más tarde, era Josu Zabala quien perdía la vida en la calle. Sucedió el 8 de septiembre, día grande de las fiestas de Hondarribia. El joven delineante, trabajador de la empresa Laminaciones de Lesaka, participaba en una manifestación que discurría por el municipio guipuzcoano entre fuertes medidas de seguridad. De pronto, la Guardia Civil cargó contra los manifestantes. En plena refriega, Zabala cayó muerto. Un disparo a bocajarro le entró por la espalda y le salió por debajo del corazón. Apenas un año después, el guardia civil implicado en aquellos hechos fue amnistiado.

Otra de las muertes que persigue al exministro del Interior es la de Arturo Ruiz, punto de partida de la llamada Semana Negra de la Transición. El muchacho, que combinaba sus estudios con algunos trabajos que le salían como albañil, fue asesinado en Madrid el 23 de enero de 1977. Acudió al centro para participar en una manifestación por la amnistía total de los presos. Y fue tiroteado al grito de "¡Viva Cristo Rey!". A las pocas horas, se produjo la primera detención. El arrestado era Jorge Cesarsky, un argentino vinculado al grupo paramilitar Triple A –Alianza Anticomunista Argentina– que había llegado a España a mediados de los sesenta que estaba bien posicionado dentro de los círculos franquistas de la época.

Él fue el único condenado en relación a aquellos hechos. El principal acusado de efectuar los disparos, el ultra José Ignacio Fernández Guaza, desapareció. Durante la investigación se supo que, tras el crimen, el ultra ligado a Fuerza Nueva contactó con su pareja para que le mandara 15.000 pesetas a una dirección en Gernika vinculada a un guardia civil. De hecho, su vinculación con las Fuerzas de Seguridad era estrecha. Algo que él mismo reconoció el pasado mes de noviembre, cuando El País le localizó en Argentina tras cuatro décadas desaparecido. "La Dirección General de Seguridad sabía qué pasaba. [...] Teníamos carta blanca", aseguró, al tiempo que insinuó que elementos policiales le ayudaron a desaparecer.

Bajo la lupa de la jueza Servini se encuentran también otras tres muertes de la Semana Proamnistía. El 12 de mayo, Rafael Gómez, un hombre de avanzada edad, fallecía por disparos de la Guardia Civil durante una manifestación en Rentería. Horas después, el 13 de mayo, José Luis Cano fallecía en Pamplona tras recibir un disparo en la nuca de la Policía Armada, un caso que estuvo en manos de la justicia militar hasta que la Ley de Amnistía de 1977 lo metió en un cajón. Y el 15 de mayo, Francisco Javier Núñez es golpeado por antidisturbios en Bilbao. Unos días después, murió por una cirrosis hepática. La familia siempre ha dicho que cuando fue a denunciar la agresión, un grupo de hombres le montó en una furgoneta, le ató y le hizo ingerir un litro de coñac y aceite de ricino.

También persigue al exministro del Interior lo acontecido durante los Sanfermines de 1978. Todo estalló el 8 de julio, tras el despliegue de una pancarta en la plaza de toros de la ciudad: "Amnistía total. Presoak kalera. San Fermín sin presos". Tras aquella reivindicación, la Policía Armada intervino, según un informe elaborado por la Universidad de Navarra a instancias del Ayuntamiento de Pamplona, con botes de humo, pelotas de goma y fuego real. Aquellos primeros enfrentamientos se trasladaron a la calles. Y provocaron la muerte de Germán Rodríguez, un joven de 23 años que militaba en la Liga Comunista Revolucionaria y que murió como consecuencia de un disparo recibido durante las protestas.

Cuarenta y seis años después, el crimen sigue impune. Los tres procedimientos judiciales que se abrieron en relación con todos estos hechos fueron cerrados sin responsables. "La investigación judicial fue insuficiente y negligente", recoge el informe elaborado por la universidad. El documento, además, recuerda el tupido velo que se ha corrido alrededor de estos sucesos: "La información que sobre el tema consta en la Inspección General de la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior no ha sido desclasificada ni se aportó durante la fase de instrucción del sumario".

El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de la República Argentina, dirigido por la jueza María Servini, ha rechazado dar carpetazo a la conocida como querella argentina. La magistrada desestima así la petición de archivo solicitada por el exministro de Interior Rodolfo Martín Villa al entender que los hechos que se le imputan pueden constituir crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, resultan imprescriptibles.

La defensa de Martín Villa, imputado por una docena de homicidios durante la Transición —mientras ostentaba las carteras de Relaciones Sindicales e Interior—, presentó a mediados de julio un escrito pidiendo el sobreseimiento de la causa por prescripción de los delitos o insubsistencia de la acción al considerarse inocente de los delitos imputados y no haber sido juzgado en un plazo razonable de tiempo.

Pero la jueza argentina ha rechazado decretar el archivo. Lo ha hecho al entender, por un lado, que los hechos pueden considerarse crímenes contra la humanidad, lo que los hace imprescriptibles. Además, según ha informado Ceaqua en un comunicado, Servini entiende que en ningún momento se ha violado el derecho de Martín Villa a ser juzgado en un plazo razonable. Sobre todo si se atiende a la complejidad del asunto, a la cantidad de partes procesales o a la multitud de pruebas practicadas y pendientes de ser realizadas.

Un represaliado durante el franquismo pone el foco sobre uno de los miembros más oscuros que han pasado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Julio Pacheco Yepes, detenido en los últimos compases de la dictadura, ha interpuesto una querella por torturas contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por las supuestas torturas sufridas durante su paso por la Dirección General de Seguridad, sede de la Brigada Político Social. Una acción judicial que dirige también contra los viejos agentes Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero.

Los hechos en cuestión se remontan al verano de 1975, tras el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Yepes, por aquel entonces, tenía 19 años y estudiaba segundo de Biología en un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Frente Revolucionario Antifascista Patriota (FRAP), fue detenido en su domicilio y trasladado a la Dirección General de Seguridad, donde permaneció durante siete días. De ellos, tres estuvo sin que le hicieran la ficha policial, en una suerte de limbo. "Tres días secuestrado en los que me decían que podían hacer conmigo lo que quisieran", ha relatado en rueda de prensa.

"Identifiqué a Villarejo en cuanto su cara empezó a salir en los medios de comunicación", explica en declaraciones a este diario. Su querella se suma, además, a otras cuatro presentadas durante los últimos días en diferentes juzgados de España. Los querellantes son María Concepción Edo –arrestada en Pamplona en 1973–, la familia de Vicent Almiñana –arrestado en junio de 1972– y la familia de Xosé Ramón Reboiras, uno de los dirigentes políticos de Unión do Povo Galego que murió en un operativo policial en agosto de 1975.

El presidente del PP, Pablo Casado, inició este martes en Buenos Aires su minigira por el cono sur americano criticando a la justicia argentina por haber dado trámite, en aplicación de los principios de justicia universal, a una querella contra los crímenes del franquismo.

En su intervención, justo después de entrevistarse con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Casado situó al mismo nivel los crímenes del franquismo que la Transición. “Aquí, por ejemplo”, señaló en referencia a Argentina, “hemos visto procesos judiciales incluso contra personajes claves de la transición española. Algo que siempre el PP ha rechazado. Nosotros pensamos que la transición española es un ejemplo incluso para otras transiciones de regímenes dictatoriales a la democracia en países como en el que estamos o en Chile”. 

La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye la causa que investiga los crímenes del franquismo, procesó el 16 de octubre por cuatro homicidios a Rodolfo Martín Villa, exministro de Gobernación entre 1976 y 1979. En concreto, la decisión judicial se centra en la masacre del 3 de marzo en Vitoria y en la brutal represión de los Sanfermines de 1978. Aunque la magistrada ha dictado prisión provisional, ésta no se hará efectiva por la "eximición" que en su momento le fue otorgada. Además, el auto impone un embargo de sus bienes hasta completar una suma cercana a los 10 millones de euros.

“La nueva leyenda negra es intentar revisionar la democracia española” y eso “no conduce a ningún lado”, insistió Casado.

En la misma comparecencia, el líder del PP trató de trazar un paralelismo entre la situación económica de Argentina y de la España para culpar a los gobiernos de Alberto Fernández y al de Pedro Sánchez de lo que está pasando y defender que en ambos casos la solución pasa por bajar impuestos, reducir la burocracia o aumentar las facilidades de despido. 

La leyenda negra no es sólo “la de la hispanidad de hace cinco siglos” que en su opinión “se está enarbolando irresponsablemente por parte de algunos mandatarios latinoamericanos” con el “patrocinio” del Gobierno de España, sobre todo por parte de Podemos”. Es “algo injusto porque es falso: la hispanidad fue muy provechosa a ambos lados del Atlántico”, remarcó.

En su afán por hallar semejanzas, Casado comparó la inflación que sufre Argentina, cercana al 50%, con la que soporta España, en torno al 5,6%.

Casado se presentó ante la prensa como el líder de la principal fuerza política de España y justificó su gira por el cono sur en la necesidad de defender “la libertad”. En esa senda propuso “una alianza por la libertad” en la que España vuelva a tener “una posición preponderante”.

“Es fundamental que defendamos a las democracias frente a lo que están haciendo otros mandatarios como el expresidente [José Luis Rodríguez] Zapatero”, al que acusó de estar “blanqueando regímenes dictatoriales” y de apoyar “a los gobiernos que van en contra del Estado de derecho”.

En la misma rueda de prensa, en la que eludió responder a dos preguntas sobre el desafío que Isabel Díaz Ayuso le ha planteado dentro del PP por el control del partido en Madrid, Casado criticó la política de vacunación que se lleva a cabo en España y que se ha convertido en una de las más eficaces de Europa. 

Según el líder del PP, el hecho de que cada comunidad autónoma lleve a cabo las vacunaciones y tome sus decisiones en el marco de los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud, como se lleva haciendo desde hace un año, provoca “incertidumbre” y resta eficacia a la lucha contra la pandemia. En su opinión, insistió, si el Gobierno aceptara aprobar una ley de Pandemias, la misma que su partido lleva meses reclamando y que fue rechazada en el Congreso por todos los partidos con representación parlamentaria, sería posible que cesaran los contagios “y que la vacunación fuese homologable en todas partes”.

La jueza argentinaMaría Servini de Cubría, que instruye la causa que investiga los crímenes del franquismo, ha procesado por cuatro homicidios a Rodolfo Martín Villa, exministro de Gobernación entre 1976 y 1979, según informan fuentes de la querella argentina a infoLibre. En concreto, la decisión judicial se centra en la masacre del 3 de marzo en Vitoria y en la brutal represión de los Sanfermines de 1978. Aunque la magistrada ha dictado prisión provisional, ésta no se hará efectiva por la "eximición" que en su momento le fue otorgada. Además, el auto impone un embargo de sus bienes hasta completar una suma cercana a los 10 millones de euros.

"Parece nada pero es el resultado del enorme esfuerzo y de la lucha de las víctimas y sus descencientes", ha señalado a través de redes sociales Julieta Bandirali, una de las abogadas que el equipo de la llamada querella argentina, el proceso que iniciaron al otro lado del océano las víctimas del franquismo ante la inacción de las instituciones españolas, tiene en suelo argentino. 

Martin Villa recurrirá el auto

El exministro recurrirá ante la Cámara de Apelación argentina el auto de procesamiento así como la fianza impuesta, según han informado a Europa Press fuentes próximas a Martín Villa. En 2017, la Cámara de Apelación revocó, por no fundamentada, la orden de detención dictada por Servini y también rechazó, por desproporcionada, la fianza que le había impuesto para declarar en libertad .

Martín Villa declaró en septiembre de 2020 por videoconfenrecia desde el Consultado de Argentina en Madrid ante la jueza María Servini. Lo hizo en relación al procedimiento abierto por "genocidio" por las muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas durante la Transición. El que fuera ministro de Adolfo Suárez defendió su inocencia y alabó el papel de esta étapa histórica. 

"He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio", declaró el extitular de Gobernación, según indicaron en su momento fuentes cercanas al político español. Martín Villa también aportó entonces a la causa cartas de apoyo recibidas por personalidades políticas y sindicales de la época, entre ellas los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Misivas que los familiares tildaron de injerencia política en el procedimiento.

En la causa, al exministro se le acusaba de una docena de muertes provocadas por disparos de las Fuerzas de Seguridad a lo largo de la Transición. Sin embargo, el auto de procesamiento se centra en cuatro. A primera vista, el considera responsable del delito de homicidio agravado en el caso del fallecimiento de Pedro María Martínez Ocio, Rotulado Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz. Los tres primeros, fueron asesinados durante la huelga de Vitoria de 1976. El último, en los Sanfermines de 1978, cuando los agentes cargaron tras desplegarse una pancarta a favor de la amnistía total.

Servini, además, ha solicitado a los tribunales españoles copias de los sumarios relativos a las muertes de Rafael Gómez Jáuregui, que se produjo en Rentería durante la represión que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad en la Semana Pro Amnistía; de José María Zabala Erasun, que falleció en Hondarribia durante una manifestación; y de María Norma Menchaca, asesinada por grupos parapoliciales durante una marcha. Y también las actuaciones instruidas por el asesinato en Pamplona de José Luis Cano Pérez y copia de la historia clínica de Francisco Javier Núñez, ingresado en mayo de 1977 tras una brutal paliza recibida a manos de los antidisturbios en una manifestación en Bilbao.

Podemos: "Un gran paso contra la impunidad"

Para Podemos, que Martín Villa sea procesado por los crímenes del franquismo "es un gran paso contra la impunidad". No obstante, la formación ha señalado, en una publicación en su cuenta de Twitter, que "es una vergüenza" que la justicia argentina esté haciendo "lo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo en España".

En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha apuntado que "duele" que tengan que ser otros países los que ayuden a las víctimas del franquismo "a avanzar en el camino de la justicia". "La jueza argentina María Servini procesa a Martín Villa por homicidio y torturas. Duele que tengan que ser otros países los que ayuden a las víctimas del franquismo a avanzar en el camino de la justicia, pero es un paso muy importante", ha tuiteado Belarra.

Unidas Podemos se ha sumado este miércoles a la protesta protagonizada frente al Congreso por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CeAQUA) y Amnistía Internacional para pedir al Gobierno que presente "de una vez por todas" su proyecto de Ley de Memoria Democrática, que lleva ya ocho de meses de retraso, según informa Europa Press. 

Así lo han verbalizado el abogado de CeAQUA, Jacinto Lara y la responsable de Relaciones Institucionales de AI, Verónica Barroso, quienes han comparecido ante la prensa acompañados por los representantes del Intergrupo de Justicia y Memoria democrática del Congreso, que integran entre otros Unidas Podemos –socio del PSOE en el Gobierno–, ERC, Junts, Compromís, BNG, Bildu o la CUP.

Tanto Lara como Barroso han subrayado que ya han pasado ocho meses desde que el Gobierno inició el proceso de tramitación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, auspiciada por el Ministerio que dirige Carmen Calvo, y que esta es una norma que "ya no admite más demoras".

En concreto, el abogado de CeAQUA ha denunciado la tardanza del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en emitir su informe relativo al citado anteproyecto norma pero también ha subrayado al Gobierno que el hecho de que el órgano de gobierno de los jueces no haya hecho aun su trabajo no debe suponer un "obstáculo".

Es más, sostiene que el Ejecutivo "no debe aceptar" que el CGPJ frene su acción de gobierno ni, por ende, el trabajo parlamentario, entre otras cosas porque, según ha recordado el letrado, el informe que emita el órgano que dirige Carlos Lesmes "no es vinculante".

No se ha cumplido el compromiso

En un comunicado conjunto de CeAQUA y AI, leído por Rosa García, querellante por torturas contra de Billy El Niño, se destaca que el Gobierno ha manifestado "en reiteradas ocasiones" la urgencia de la tramitación de la Ley de Memoria Democrática para acabar con décadas "marcadas por el silencio" y por "los sistemáticos obstáculos" ante iniciativas dirigidas "a poner fin a las políticas que conforman un sistema de impunidad". Sin embargo, a día de hoy, "no se ha cumplido el compromiso", lamentan.

"La sociedad en su conjunto, las personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo llevan más de 40 años esperando el reconocimiento de su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición –reza el texto, recogido por Europa Press–. No es posible avanzar como sociedad mientras los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo permanezcan impunes".

Las demandas de ambas organizaciones han sido respaldadas entre otros por el presidente de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien considera que debe ponerse ya en marcha esta ley porque "cada minuto que pasa es un minuto de injusticia para las víctimas".

"Cada minuto que pasa es una injusticia"

"Los victimarios franquistas y sus herederos querrían que las víctimas permanecieran calladas en las cunetas del olvido, pero las víctimas son actuales hasta que no se haga justicia", ha proclamado el diputado catalán, para quien el tiempo transcurrido "no deslegitima su reivindicación".

Este respaldo, no obstante, ha sido cuestionado por la portavoz adjunta de Esquerra, Carolina Telechea, quien considera "curioso" que el grupo confederal exijan premura a un Gobierno del que forman parte y que tiene el Boletín Oficial a su disposición.

Los familiares de otros cinco gallegos represaliados por el régimen franquista se han sumado este jueves formalmente a la causa criminal 4.591/2010, conocida como la querella argentina, que se instruye en un juzgado de Buenos Aires, con la presentación formal de sus denuncias en el Consulado de Argentina en Vigo, según informa Europa Press. 

Así, acompañados por la diputada provincial de Memoria Histórica, María Ortega, por la abogada Jana Calero (de Avogados Novos de Vigo) y por representantes del Comité Español de Apoyo a la Querella Argentina (CeaQua), los familiares de Celestino Carbia, Bernardo Mato, Carlos Abella, José Lijó y José Sieira han hecho efectiva su adhesión a esta causa en busca de "verdad, justicia y reparación".

Manuel Carbia, nieto de Celestino Carbia (exalcalde de Valga fusilado en 1937), ha subrayado que las familias quieren "continuar la labor que comenzó Darío Rivas en Argentina", un país que, en "poco tiempo" pudo juzgar a cargos de la dictadura, mientras que en España, "después de 80 años los franquistas aún siguen en las instituciones". Además, ha puesto en valor que esta lucha haya sido impulsada "por mujeres", como la diputada María Ortega.

Por su parte, Iria Morgade, bisnieta de Bernardo Mato (interrogado por falangistas y liberado "moribundo" en un monte en 1936), ha lamentado que su familiar fue durante años "una sombra" de la que no se hablaba. "Estamos aquí porque queremos que mi abuela y mi bisabuela tengan la verdad, algo que no le dio el Estado español, que abandonó a las víctimas de su genocidio", ha explicado.

En la misma línea, Dolores Sanlés, nieta de José Sieira (asesinado en 1937 por su vinculación con la CNT), ha afirmado que a día de hoy su madre "todavía tiene miedo" porque es "hija de un rojo". Visiblemente emocionada, ha recordado que su familia llegó a quemar cartas y documentos, aunque ella ha conseguido recuperar un diario y una carta de su abuelo que fue localizada en un desván y en la que pedía a sus "camaradas" que cuidasen de su mujer e hijos y "lucharan por una Ribeira libre".

Nela Abella, en representación de Carlos Abella (sindicalista de la CNT a quien conmutaron la pena de muerta por cadena perpetua), ha subrayado que la adhesión a la querella es una "oportunidad de desagravio", que deberían haber realizado los sucesivos gobiernos españoles.

Finalmente, Andrés Lijó, sobrino de José Lijó (asesinado por ser sindicalista), ha afirmado que este paso ante la justicia pretende "hacer ver al mundo" lo que pasó y ha mostrado su esperanza de que la justicia argentina permita conocer la verdad y "que se depuren responsabilidades".

Otras denuncias

La presentación de las denuncias de este jueves son la continuación de la iniciativa que hace unas semanas tuvieron las familias de Alexandre Bóveda, Amancio Caamaño y Ramiro Paz, que también se sumaron a la querella argentina con apoyo de la Diputación de Pontevedra. "Ahora presentamos cinco más, en base a la defensa de la justicia universal, contra crímenes de lesa humanidad, ya que la justicia española no está a favor de que esto se haga aquí", ha explicado el portavoz de CeaQua, Celso López.

Jana Calero, de Avogacía Nova Viguesa, ha señalado que existe en este colectivo un equipo de trabajo específico para memoria histórica, centrado en preparar estas querellas contra crímenes del franquismo. "Nos vemos obligados a presentarlas en Argentina ante la pasividad del Estado español, que sistemáticamente archiva todas las querellas que se interponen", ha incidido.

Asimismo, ha aseverado que la querella argentinatiene más de 10 años de tramitación a sus espaldas y cientos de adhesiones y, a pesar de los problemas de salud de la jueza instructora (María Servini) y las dificultades para obtener documentación (acentuadas por la pandemia de covid), la intención es "mantenerla viva por encima de todo". "No hace falta que busquemos usuarios, porque son muchísimas las familias que están interesadas en hacer valer la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes contra sus allegados", ha recalcado.

Los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy -–además de una decena de líderes políticos y sindicales entre los que figuran el ex ministro socialista Josep Borrell y ex secretarios generales de UGT y CC.OO– han escrito cartas en apoyo del ex ministro Rodolfo Martín Villa que han sido aportados a la causa por crimenes franquistas entre 1976 y 1978 que investiga la juez argentina María Servini.

La juez tiene previsto interrogar a Martín Villa de forma telemática desde Argentina el próximo jueves, por lo que el exministro ha sido citado a las 16.00 horas en la sede del consulado del país andino en Madrid, según informa Europa Press.

Para los querellantes, los documentos aportados por la defensa de Martín Villa a la causa, en los que se alaba la figura del exmandatario durante la Transición española, constituyen una injerencia y un "intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la Jueza Servini, inaceptable desde el punto de vista jurídico-procesal y también democrático".

Los testimonios y manifestaciones, a título individual, han sido realizadas además de por los cuatro expresidentes, por las siguientes figuras políticas y sindicales: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: ex Diputado de UCD, de Alianza Popular y del Partido Popular; Miquel Roca Junyent, ex diputado de Convergencia i Unió (ambos padres de la Constitución); Enrique Krauss, ex presidente del Partido Democristiano y ex Ministro del Interior de Chile durante el mandato de Patricio Aylwin.; y por Jaime Gama, ex ministro de Administración Interna (Interior) y ex ministro de Asuntos Exteriores de Portugal.

Completan la lista los ex secretarios generales de UGT Nicolás Redondo Urbieta y Cándido Méndez Rodríguez; a los que se suman los ex secretarios generales de CC.OO. Antonio Gutiérrez Vergara y José María Fidalgo.

También han enviado su carta de apoyo al exministro investigado en argentina Eduardo Serra Rexach, ex ministro de Defensa durante el primer Gobierno de José María Aznar; Rafael Arias-Salgado Montalvo, ex ministro de UCD en el Gobierno de Adolfo Suárez y ex ministro del Partido Popular en el Gobierno de José María Aznar; Juan Van Halen Acedo, miembro del Sindicato Español Universitario (SEU) y ex senador del Partido Popular; Jesús Romero Trillo, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid; Josep Borrell, ex ministro en los Gobiernos de Felipe González y Pedro Sánchez; Jaime Ignacio del Burgo, ex senador de UCD y del Partido Popular y Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores durante el primero Gobierno de Adolfo Suárez.

Los diferentes testimonios aportados por las personas anteriormente relacionadas alaban la labor política desarrollada durante la Transición como "hacedor de consensos" por Rodolfo Martín Villa, quien va ser interrogado en calidad de imputado por la juez Servini.

Desde Ceaqua, que representa al colectivo de víctimas que ejerce la acusación en este procedimiento, se ha señalado en un comunicado que los testimonios constituyen una injerencia más en una causa que según denuncian ha sido en todo momento obstaculizada por las autoridades españolas, pese a que en ella se acumulan ya más de mil denunciantes.

Recientemente, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dejó sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, de septiembre de 2016, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina, con el objetivo de evitar poner trabas a los procedimientos que requieren cooperación jurídica internacional.

En este caso concreto de la querella argentina, la decisión de Delgado supone dar cumplimiento al Convenio de Cooperación en materia de justicia penal que existe entre España y Argentina, según la nueva orden de la Fiscalía General española.

Hechos investigados

Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

La coordinadora Ceaqua también le imputa responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Rentería; de José Luis Cano Pérez en Pamplona; de Francisco Javier Núñez en Bilbao -todas ellas ocurridas en 1977-, así como de ; de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de María Norma Menchaca en Santurce, ambas un año antes. También piden aclarar loos sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona en julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.

El último intento de la juez Servini de interrogar a Martín Villa fue del pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar a nuestro país el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis del covid-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo.

Iglesias ve de "vergüenza" el apoyo

El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tacha de "vergüenza" que los expresidentes hayan apoyado al exministro Rodolfo Martín Villa en vísperas de prestar declaración.

La noticia de los apoyos de los expresidentes, adelantada por eldiario.es, ha merecido un tajante mensaje de Pablo Iglesias desde su cuenta de Twitter: "Vergüenza", ha dejado escrito.

También el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ha criticado esa iniciativa: "¿Qué están pidiendo los firmantes de estos escritos vergonzantes? ¿Que los que hayan participado de los acuerdos de la transición tengan impunidad absoluta incluso aunque pudieran haber cometido delitos de lesa humanidad?", se pregunta.

Íñigo Errejón, líder de Mas País, también se ha referido a este asunto en las redes sociales, criticando los respaldos de Martín Villa. "Expresidentes y exsindicalistas queriendo influir a la Justicia para proteger a un ministro de la dictadura. El sacrificio de las víctimas no les pertenece. Nuestra dignidad democrática como país tampoco. Qué rabia y, en algunos casos, qué pena", ha escrito.

Familiares de 20 víctimas gallegas del Holocausto se sumarán a la querella argentina contra el franquismo para denunciar la "corresponsabilidad" del régimen en su deportación pese a las "reiteradas solicitudes de la embajada alemana para cambiar el destino" de estos republicanos, según informa Europa Press.

De ello ha informado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que ha detallado que prevé presentar las denuncias, que previamente dará a conocer en distintos actos públicos, ante el Consulado de Argentina en Vigo.

La entidad considera que para los familiares es reparador que por primera vez un organismo oficial, en este caso el Juzgado Nacional número 1 de Argentina, a través de la representación consular en este país, recoja oficialmente "tantos padecimientos de las víctimas gallegas del Holocausto nazi".

"Víctimas que lo fueron porque el Estado franquista, a sabiendas de lo que sucedía, permitió su deportación a pesar de las reiteradas solicitudes de la embajada alemana y de muchos familiares para cambiar el destino de estos hombres y mujeres republicanos", ha indicado.

Las denuncias han sido redactadas por la abogada de la asociación ante la causa argentina, Ana Messuti, quien ha considerado que "recordar esas víctimas, tenerlas bien presentes, es esencial desde la perspectiva jurídica".

"Por una parte, porque reafirma la calificación de genocidio al vincularlo a un exterminio cuyo carácter genocida nadie puede poner en duda y, por otra, porque universaliza la represión franquista, no circunscribiéndola al territorio español", asegura.

Precisamente, para dar a conocer los casos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebrará distintos actos a partir del próximo lunes, día 27 de enero, en A Coruña, Vigo y Ourense.

Querella atgentina

La asociación ha recordado que la conocida como "querella argentina" es un proceso judicial iniciado el 14 de abril de 2014 con la presentación del caso de Darío Rivas, hijo del alcalde republicano de Castro de Rei (Lugo) ante un juzgado argentino para buscar la aplicación del principio de justicia universal, "el derecho de la justicia de otro país a investigar crímenes contra la humanidad que no estén siendo investigados por la justicia local".

Lo que se narra en las cerca de 800 páginas de No a la impunidad pueden ser un motivo de esperanza o de descreimiento absoluto hacia las bondades del ser humano. En él, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recorre casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra a un lado y otro de la geografía: Argentina, Chile, Guatemala, España, el Sáhara, Guantánamo, Tíbet, Palestina... Pero son también casos en los que ha actuado la justicia universal, en los que distintos países han colaborado para resarcir a las víctimas y condenar a unos criminales que se veían muy, muy lejos de tener que pagar por sus acciones. 

Garzón, claro, sabe de lo que habla. Es célebre su participación en la instrucción del caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, o en el juicio en España contra el exmilitar argentino Adolfo Scilingo por desapariciones durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Está presente, como protagonista o testigo en la distancia, en varios de los sucesos históricos, políticos y judiciales que relata, y entonces No a la impunidad podría parecer casi unas memorias. En otros, se limita a dar nociones históricas o lecciones sobre el funcionamiento jurídico. Pero todos sirven de introducción para el último capítulo, donde el jurista enumera los principios de la Fundación Internacional Baltasar Garzón —la relación es obvia—, que trata de impulsar la idea de la jurisdicción universal en un momento, se lamenta el autor, de "retroceso". 

Pregunta. Al inicio del libro, hablando del caso argentino, hace mención ya a un Tribunal Supremo “siempre reacio a la aplicación del principio de jurisdicción universal”. ¿Cómo ha evolucionado, en el caso español, la implantación o no de esta idea?

Respuesta. El Tribunal Supremo siempre ha tenido un enfoque muy restrictivo de la aplicación de la jurisdicción universal. Los avances que se han producido no han venido de su mano, sino del Tribunal Constitucional. Ha habido un fenómeno curioso en España: siempre en la máxima instancia judicial y en los tribunales colegiados ha habido una visión restrictiva. Ha tenido que ser desde la base, los jueces de instrucción han sido quienes han tenido que instalar ese principio. Con una excepción fundamental, que fue la decisión unánime de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, a final de octubre de 1998, en los casos Argentina y Chile, cuando dijo que existía una jurisdicción en España [que hacía posible la investigación de los crímenes de las dictaduras]. Digamos que el principio de jurisdicción universal se instaló en ese momento. Esa es la teoría en la que hemos estado hasta 2014, con las restricciones legales de 2009 a la jurisdicción universal, y el año pasado, cuando el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional la ley de 2014. Esta ley establece que esto es una cuestión parlamentaria: es decir, que si el Congreso acuerda que se reduzca o que se amplíe, eso no afecta a derechos constitucionales. No comparto esa idea, pero es ahí donde estamos.

De las primeras interpretaciones a estas hemos conseguido avanzar, pero con el hándicap de que el Tribunal Supremo siempre ha ido en el sentido de restringir, de buscar los elementos que conectaran los casos a España [se exige que la víctima sea española o que los perpetradores estén en España]. Esa visión, que es la que está vigente, muchos no la compartimos, porque desnaturaliza la propia figura de la jurisdicción universal, que es el instrumento que supone la última esperanza de las víctimas. El nuestro es un planteamiento que entroniza el concepto de víctima universal frente a crímenes universales, como son lesa humanidad, genocidio, guerra. La esencia de la jurisdicción universal es la de la ley de 1985. La visión restrictiva actual es más acorde con la política, la diplomacia y los  intereses económicos, porque reduce y molesta menos a quienes se puedan ver objeto de investigación.

P. ¿Cuál es el origen de este modelo que defiende que para que se pueda aplicar la jurisdicción universal la víctima tiene que ser del país en el que se juzga, o tienen que estar ahí los acusados?

R. Realmente es una sucesión de decisiones. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, en el caso Yerodia Ndombasi [exministro y exvicepresidente del Congo], que se cuenta en el libro, establece limitaciones, en este caso de las inmunidades. Empieza a funcionar la Corte Penal Internacional también, se producen fricciones… Pero no había un modelo concreto. El español y el belga eran los más abiertos, con la ley del 85 española y la del 93 belga. La primera que se reduce en su ámbito de aplicación es la belga, en 2003, por clara presión de Estados Unidos. Donald Rumsfeld [secretario de Defensa de George W. Bush] viene a decir: “Ustedes pueden enjuiciar al presidente de los Estados Unidos o al secretario de Defensa, pero nosotros nos podemos llevar la sede de la OTAN de Bruselas”. Ahí, en dos meses se redujo la aplicación de la ley y ahí se estableció por primera vez la necesidad de un primer punto de conexión [para que la justicia belga actuara, la víctima tenía que ser belga o residente de larga duración]. España sigue ese modelo en 2009, en contra de lo que había fijado el Constitucional,que la deciden PSOE y PP. Ahí se establecen dos puntos de conexión [que la víctima sea española y que los presuntos responsables se encuentren en España].

Yo soy partidario de una concepción de la jurisdicción universal abierta. Pero yo no puedo calificar que mi postura sea adecuada; lo importante sería que los países establecieran mecanismos de jurisdicción universal y fueran capaces de ponerse de acuerdo para que no haya focos de impunidad. En esa línea van los nuevos principios de la jurisdicción universal que se citan en el libro y que la fundación nuestra los ha promovido, después de un trabajo con más de 100 juristas a lo largo de varios años.

P. Cuando se ponen en marcha los mecanismos de jurisdicción universal, ¿se pone en evidencia al país donde han ocurrido los crímenes y es ahí donde se crean tensiones?

R. Absolutamente. Porque se percibe de una forma errónea, de que esto afecta al principio de soberanía, al principio de territorialidad… Sí, pero la jurisdicción universal no es algo inventado, no la hemos creado los jueces, está en tratados internacionales. Hay 14 convenios que reconocen el principio de jurisdicción universal. Si ratificas esos convenios, estás compartiendo soberanía, y estás diciendo que te comprometes a aplicarlos. Lo que no puede ser es que luego cuando llega la realidad digas que no te interesa, y buscas la trampa. No haga la trampa de decir que se encargue de eso la Corte Penal Internacional, cuando sabes que la Corte Penal Internacional, por el principio de complementariedad, no lo va a investigar, o porque afecta a un país que no está dentro de la Corte. Eso es hacer trampa, es generar impunidad y falta de protección a las víctimas. Es un ataque a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. En definitiva: o te crees esto o no te lo crees. Y si no te lo crees, hay que ser lo suficientemente coherente políticamente hablando, y sabremos dónde te ubicas. Pero no te pongas el traje de derechos humanos con artificios interpretativos. Desgraciadamente España, en su cúpula judicial y constitucional ahora, ha optado por esa interpretación hiper restrictiva que para mí va en contra de la consolidación de la jurisdicción universal.

Y tenemos que ir a más. De ahí el planteamiento de los principios de la jurisdicción universal, extensible a crímenes económicos y financieros cuando afectan masivamente a la población, o crímenes medioambientales cuando afectan al futuro de cada uno de nosotros como género humano. Si esto no se ve, es que algo grave nos está pasando. Que sean los chavales los que, con el Viernes Verde [la huelga estudiantil internacional para reclamar más y mejores medidas contra el cambio climático], estén diciendo que ya de una vez protejamos la naturaleza demuestra un déficit gravísimo en quienes nos representan y en quienes deciden también judicialmente. Estamos dando pasos atrás por mor de intereses políticos, financieros y diplomáticos, que siempre están ahí, pero siempre para proteger a los victimarios.

P. El libro también describe la colaboración entre la justicia de distintos países, y en algunos casos las trabas para hacerlo. ¿Ha podido sacar conclusiones de la relación con otros sistemas judiciales?

R. He sacado conclusiones muy claras. Las instituciones de los distintos Estados siempre han sido entorpecedoras de la jurisdicción universal. Ha habido avances gracias al impulso de las víctimas, de organismos de derechos humanos y de activistas y abogados, y por otra parte de jueces y fiscales comprometidos en distintos países, que sorteando leyes como las de Obediencia debida y Punto final [que exoneraban e indultaban a victimarios de la dictadura Argentina] han, o hemos, encontrado el camino de cooperación. Al principio tuvimos que ingeniárnoslas para que los testigos vinieran aquí, para buscar apoyo de organismos internacionales. Es lo mismo que hicimos en la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico en esos años, porque no existían mecanismos. Aprovechamos la experiencia de crímenes que eran más asequibles para la ciudadanía, como el narcotráfico —más que aquellos como los de lesa humanidad o genocidio, que prácticamente no se conocían en la sociedad española—, y luego tomamos esos mecanismos y los aplicamos a los que, curiosamente, eran en el fondo aquellos casos para los que fueron creados. Cuando se nos ponía una traba, buscábamos una alternativa. Recuerdo estar con tres o cuatro teléfonos hablando con un juez belga, con uno de Santiago de Chile, con uno de Italia, con uno de Argentina, casi a escondidas, porque si no nos sancionaban. Tuvimos que ir inventando esos espacios. Esa es otra ventaja de la jurisdicción universal: que ha contribuido a agilizar la colaboración entre distintos sistemas judiciales y a generar confianza, cuando los Gobiernos impedían esa cooperación. En el caso Pinochet se vio claramente: hubo voluntad por parte de los británicos, por parte de los españoles, y hubo negativa por parte del Gobierno español, que fuimos sorteando hasta que el juez belga tomó el relevo. Esos avances, esa parte no se conoce, y ha sido invaluable.

P. En el libro figuran casos de éxito, casos más difíciles y algunos en los que hay victorias y derrotas. ¿Hay un claro caso de éxito que marque el camino a seguir?

R. Chile y Argentina, y a otro nivel Guatemala y el caso de Hissène Habré son ejemplos de cómo se puede actuar. El de Habré, un dictador del Chad con más de 20.000 víctimas a sus espaldas, ha puesto de manifiesto la acción conjunta. Primero, de un país como Senegal que intenta hacer y no puede; de Bélgica, que inicia y el país de origen plantea que no puede ser; entra en liza la Corte Internacional de justicia y en 2012 dice que se tiene que juzgar; y luego la Unión Africana toma cartas y propone crear un tribunal específico en Senegal, con jueces internacionales. Finalmente, con participación de las víctimas se convierte en condena a cadena perpetua en 2016. Han sido largos años, pero han producido fruto y han marcado precedente.

El de [el dictador chileno Augusto] Pinochet revolucionó el derecho penal internacional. En todos los sentidos. Olvídate del juez que propició la detención y demás [él mismo]: son experiencias de vida que yo cuento en el libro. La verdad es que fue una puerta que se abrió. Se han escrito miles de artículos, centenares de libros, tesis doctorales. Cambió la historia y abrió la brecha contra la impunidad en Chile. El caso Argentina fue exactamente lo mismo. De haber habido un juicio histórico como el de las Juntas argentinas en 1984, y de ser también histórico en lo negativo con las leyes de Obediencia debida y Punto final, la fuerza de las víctimas, en todos los casos, consiguió esos cambios. Los demás somos actores secundarios, necesarios pero secundarios. Cuando se cierra la posibilidad en España, se promueve allí la abolición de esas leyes, y a día de hoy son más de 700 perpetradores los que están enjuiciados. En Guatemala, exactamente lo mismo. La lucha titánica de las víctimas aquí —cuando Rigoberta Menchú [líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz] viene— determina que jueces y juezas valientes en Guatemala tomen la decisión de combatir la inmunidad. ¿Por qué? Porque están siendo apoyados internacionalmente. Eso es otro de los efectos de la jurisdicción universal, que es balsámico: cuando unos profesionales del derecho están actuando en un país y se ven acosados por los elementos que apoyan la impunidad, que sean apoyados por otro país determina que el ámbito de acción contra los perpetradores se amplía. A mí muchas veces me lo han reclamado: "Venid, solo con los procedimientos abiertos nosotros estamos protegidos". Esto no quieren reconocerlo los Estados.

P. Habla de las leyes de Obediencia debida y Punto final, y es inevitable, leyendo en el libro primero sobre el caso argentino y luego sobre el español, hacerse preguntas. ¿Cómo puede afectar la querella argentina a la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, que reclaman algunos colectivos por la memoria histórica y algunos partidos?algunos colectivospartidos

R. Antes o después nos vamos a dar cuenta de que la derogación de la Ley de Amnistía no afecta para nada a los derechos de quienes se beneficiaron de ella. La Ley de Amnistía nunca estuvo pensada para los crímenes franquistas. De hecho, en los debates de la época ni se mencionaron. En el precedente de la Ley de Amnistía, que son los decretos ley de amnistía de un año antes, hay una circular interna del fiscal del reino donde se dirige a todos los fiscales en relación a su aplicación, y donde dice que no se aplicará a los crímenes horrendos. Esto, en la terminología internacional actual, son crímenes de genocidio, de lesa humanidad y guerra. La única interpretación auténtica que hay del sistema judicial de la época excluía esa interpretación. Pero es que además, y lo decía en mi resolución del 16 de octubre de 2008 en la investigación de los crímenes del franquismo, la Ley de Amnistía no puede amparar a crímenes en un contexto de guerra o que por su naturaleza responden a un concepto de lesa humanidad y genocidio. Esos son crímenes permanentes.

En España existe un temor infundado a tocar la Transición y una determinación inamovible de determinados sectores a no hacerlo, como si reinterpretar, modificar o derogar la Ley de Amnistía fuera a atacar la Transición. No, es que jamás en una transición se puede acatar como principio la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Eso no es una transición, eso es una consumación de la impunidad. Si aceptamos que esto es así, aceptamos que el olvido y la impunidad fue lo que reinó. Eso no es mejorar un país, es construirlo desde la impunidad, que es lo que estamos combatiendo muchos. Aquí hubo represión, hubo tortura sistemática, hubo arbitrariedad, y hasta que no reconozcamos esto y dejemos de vestir al franquismo con la vestimenta de la desmemoria no vamos a consolidarnos como una democracia moderna. 

P. ¿Cree que la querella argentina [que investiga allí los crímenes franquistas] servirá para algo en este sentido, para avivar el debate?querella argentina

R. Aquí el debate se invisibiliza, no interesa que esté, se orilla hacia reductos políticos muy concretos o hacia sectores académicos. No se ha abordado el tema de los crímenes franquistas en su totalidad. Se sigue tomando la Ley de Amnistía como escudo ante cualquier intento de investigación, y se opone incluso a una formación de la Comisión de la Verdad. Si no quieren tocar la Ley de Amnistía, que para mí ya digo que podría perfectamente orillarse, que se haga una comisión. Con una investigación, unas conclusiones. Que no sería nada novedoso: en el mundo ha habido cuarenta y tantas, y han producido efectos diversos, algunos muy cauterizantes. ¿Por qué no se quiere hacer? ¿Por qué un sector de la población, que coincide con el sector conservador o de derechas, no quiere que se toque? Como no se ha abordado nunca desde la óptica de la defensa de las víctimas, para el empoderamiento de su derecho a la verdad, hasta que no lo hagamos eso va a seguir generación tras generación. ¿Por qué no se hace, qué se va a quebrantar? ¿Ha quebrantado algo en Argentina? Allí se duda sobre si seguir adelante o no con los procedimientos, pero los lugares de memoria, el hecho en sí de las atrocidades que se cometieron, eso es indiscutible. Eso no se ha conseguido en España, no lo ha habido con la Ley de Memoria Histórica, ahora se intentaba con la reforma de la ley que, desafortunadamente, por esta legislatura corta, ya no se va a hacer.

P. Haciendo un ejercicio de adivinación, ¿qué futuro ve en la querella argentina?

R. Habría que decir qué futuro veo en la querella argentina y en la jurisdicción universal, porque va a la par. En los momentos de crisis legal o de crisis institucional desde las iniciativas que hay en contra de la jurisdicción universal, es cuando más tenemos que pelear a su favor. Este es el sentido del libro, en el que ha dado tiempo a recoger casi hasta el día de hoy cada caso. En el último capítulo apuesto claramente por esa extensión a crímenes económicos y financieros, a crímenes ambientales. Es necesario, es urgente, estamos ciegos, los jóvenes nos están sacando los colores. Va a haber agresiones medioambientales delictivas que hoy día no tienen una reacción internacional. Necesitamos la jurisdicción universal. 

En eso se enmarca también el éxito o el fracaso de la querella argentina. Influyen algunos elementos más, como la falta de cooperación de España. Ha habido intención de cooperación, me consta que la titular actual del ministerio de Defensa, Dolores Delgado [cuyo papel como fiscal en el caso argentino alaba], ha propuesto esa apertura, en esa idea en la que ella se instala también de que puede haber una cooperación para aportar elementos de prueba. Que pueden ser de descargo, ojo. Hay personas que están afectadas por la querella que quieren declarar, como Martín Villa [ministro del Interior en los últimos años del franquismo], y no pueden porque no se les da la posibilidad de hacerlo. Creo que es un error que España no se haya prestado. Ya que aquí no se pudo actuar porque el Tribunal Supremo lo impidió, sería necesario establecer mecanismos de cooperación, para que allí se establezcan las conclusiones que se puedan aplicar aquí. Si allí se mantiene la acción, esa cooperación tarde o temprano se tiene que producir.

La coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), reclama al Gobierno que oriente el criterio de la Fiscalía General del Estado para que a su vez, instruya al resto de los fiscales a fin de que defiendan la admisión a trámite de las querellas que se les presenten por crímenes cometidos al amparo del régimen, vengan estas de territorio nacional o sean exhortos de la Justicia de Argentina que investiga este tema.

Así lo ha explicado en rueda de prensa este jueves el abogado de la organización, Jacinto Lara, tras detallar la lista de querellas presentadas por corporaciones municipales y ciudadanos particulares en España sobre delitos de torturas, desapariciones forzosas y crímenes de lesa humanidad que han sido inadmitidos a trámite en los últimos años, donde prima este criterio en los fiscales.

Este fue el destino de la querella presentada por el Ayuntamiento de Vitoria por los sucesos de marzo de 1976 en la localidad, que llegó hasta el Tribunal Constitucional y allí también fue rechazada. Los ayuntamientos de Pamplona, Hergueta, Mondragón y Durango, se querellaron asimismo, pero están pendientes de los recursos en las audiencias provinciales correspondientes porque la primera instancia decidió la inadmisión.

Mientras, la que presentó el Ayuntamiento de Barcelona por los bombardeos sobre la ciudad pasó el primer filtro: fue admitida a trámite en 2013 y sigue activa en el juzgado. También están en marcha 12 querellas particulares, tal y como ha explicado Lara, de las que ocho han sido inadmitidas en Madrid y Oviedo y están pendientes de recurso en la Audiencia Provincial correspondiente y en otras cuatro, la primera instancia aún no se ha pronunciado al respecto.

Prescripción, lesa humanidad y Ley de Amnistía

El letrado resume en tres los principales motivos por las que los jueces rechazan este tipo de querellas: la consideración de que todos los delitos han prescrito ya, el hecho de que la tipificación de los crímenes de lesa humanidad entró en el ordenamiento jurídico español a principios de los 2000 y no puede aplicarse con retroactividad, y la Ley de Amnistía, "que se sigue invocando en los juzgados".

Por eso, la organización está promoviendo que los partidos, y en particular el Grupo Socialista en el Congreso, hagan suya la introducción del principio de legalidad internacional en el ordenamiento jurídico, promuevan una reforma de la Ley de Amnistía y adopten medidas para que pueda aplicarse el tipo de crímenes de lesa humanidad a sucesos previos a su introducción en el Código Penal puesto que era "costumbre internacional".

No obstante, señala otra razón de fondo para que persista "la impunidad" que señala en los responsables de crímenes durante el franquismo, y es una circular dictada por Fiscalía General del Estado en 2016 que recordaba a los fiscales la vigencia de la Ley de Amnistía y exponía que estos crímenes son en todo caso de españoles contra españoles y no compete a un tribunal argentino investigarlos.

Habrá más querellas argentinas

Lara explica que con esa circular se "obstaculiza la querella argentina" para que, como así ha sido, todas las comisiones rogatorias de la jueza acaben siendo rechazadas, pero también los procedimientos que se instan en territorio nacional, por lo que pide que el Gobierno inste un cambio de criterio de Fiscalía pero también de la Abogacía del Estado.

Avanza, no obstante, que lejos de cerrarse el proceso que lidera en aquel país la jueza María Salvini ante el rechazo de todas las comisiones rogatorias que ha enviado para interrogar a personas como el miembro de la brigada política y social de la policía conocido como 'Billy el Niño', se van a ampliar las querellas con delitos cometidos después de 1976, tras la autorización de la Cámara Federal de aquel país para abrir el plazo susceptible de denuncia. "Esperamos que esto genere más peticiones de detención y extradición", ha comentado.

Los delitos se produjeron entre 1972 y 1976, y los denunciantes insisten −desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA)− en que "constituyen crímenes contra la humanidad porque formaban parte de un ataque planificado y sistemático contra la población civil, organizado por y desde los aparatos de la dictadura franquista para reprimir la disidencia política de la época".

Rodríguez y Gomáriz creen que la Fiscalía tiene ante sí una nueva oportunidad de ejecutar cambios procesales y sentar jurisprudencia. En primer lugar, mediante una admisión a trámite favorable de este tipo de acciones denunciadas. Y, en segundo término, mediante el dictado de resoluciones judiciales que se ajusten al Derecho Internacional y que, además, así están previstas en la propia Constitución Española.

Los denunciantes recuerdan que las "graves violaciones punibles de Derechos Humanos son imprescriptibles" y que, con independencia de cuándo fuera esta tipificación incluida en nuestro Derecho interno, ya se encontraba recogida en el ámbito internacional antes de que se produjeran las torturas denunciadas. "Si no se les reconoce el derecho a una tutela judicial efectiva, no obtendrán la correspondiente reparación integral y continuaremos manteniendo un déficit democrático insostenible", ha apuntalado CEAQUA en un comunicado.

Más de cuarenta años después de convertirse a base de palizas en uno de los agentes más temidos de la Brigada Político-Social entre los círculos estudiantiles del Madrid de la década de los setenta, el nombre de Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, resonó la pasada semana entre las cuatro paredes del Congreso de los Diputados. Sobre la mesa de la Cámara baja, el inmovilismo del Ejecutivo de Mariano Rajoy en relación con la Medalla de Plata al Mérito Policial que en verano de 1977 el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le concedió a este exagente. Un distintivo que, además de lucir sobre su uniforme, también le reporta un jugoso plus del 15% sobre su pensión vitalicia. Sin embargo, González Pacheco no es el único policía acusado de torturas con medalla. Junto con Billy el Niño hay, al menos, otros cuatro exagentes vivos que están imputados en el marco de la conocida como querella argentina y que también cuentan con condecoraciones. De ellos, tres también tienen distintivos que llevan aparejado un incremento en su pensión.

La causa 4591/2010 arrancó en abril de 2010 en Buenos Aires y, actualmente, sigue activa a pesar de los constantes obstáculos que han puesto las autoridades españolas. Durante todos estos años, los centenares de víctimas de la represión franquista que se han ido sumando a la querella argentina han recorrido un camino de victorias y jarros de agua fría. Todas ellas recuerdan dos momentos clave en el transcurso del proceso. En septiembre de 2013, la jueza instructora, María Servini, dictó orden de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas –Celso Galván, José Ignacio Giralte, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar–. Un año después, Servini añadió a la lista de reclamados por la justicia argentina a otros veinte imputados en el caso, entre los que se encontraban ocho expolicías. Del listado, sólo se conoce el fallecimiento de cuatro, según señala a infoLibre la abogada de la querella argentina: Giralte, Galván, el exagente Atilano del Valle Oter y el exministro José Utrera Molina.

Por tanto, actualmente permanecen imputados y vivos en el marco de la querella argentina nueve viejos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el famoso Antonio González Pacheco, el ex guardia civil Jesús Muñecas, el excapitán de Policía Jesús Quintana Saracíbar y los exagentes Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres y Benjamín Solsona Cortés. Al menos cinco de ellos –entre los que se incluye a Billy el Niño– han sido condecorados, en diferentes grados, durante su trayectoria en la Policía. Y, en cuatro de estos casos, los distintivos que les han sido otorgados llevan anejo un plus en la pensión vitalicia que reciben. Desde Unidos Podemos ya se ha pedido al futuro Gobierno de Pedro Sánchez que aborde la cuestión de las medallas a torturadores, algo que considera una “ignonimia para la democracia española”.

Las condecoraciones policiales se rigen actualmente por la Ley 5/1964, una norma que establece cuatro tipos de insignias al Mérito Policial: Medalla de Oro, Medalla de Plata, Cruz con distintivo rojo y Cruz con distintivo blanco, que son concedidas en función del cumplimiento de determinados requisitos. De ellas, las tres primeras llevan aparejados incrementos en la pensión: un 20%, 15% y 10%, respectivamente. Emolumentos que, según se establece en el artículo 8 y 9 de la ley, serán “proporcionales al sueldo del empleo que disfrute el funcionario en el momento de su concesión, o del que vayan alcanzando en lo sucesivo”, tendrán “carácter vitalicio” y “serán acumulables para el caso de concederse dos o más condecoraciones”. De los cinco condecorados, al menos dos tienen más de una insignia con plus sobre la pensión.

  Billy el Niño

Antonio González Pacheco fue uno de los hombres fuertes de la extinta Brigada Político-Social durante el franquismo y la Transición. A las órdenes del comisario Roberto Conesa, su paso por las dependencias de la Dirección General de Seguridad estuvo marcado por sus brutales técnicas de interrogatorio. Culatazos con el arma, palizas y simulaciones de ahogamiento a los detenidos, entre otras prácticas, que han desembocado en los últimos años en un aluvión de querellas por tortura en España –hasta la fecha, nunca ha sido condenado en nuestro país por estos hechos–. Señalado e imputado en el marco de la causa que instruye en Argentina la jueza Servini, Billy el Niño ha sido relacionado en diferentes ocasiones con los comandos de extrema derecha que operaron en España durante la década de los setenta y ochenta. Incluso fue llamado a declarar como testigo en el juicio por la matanza de Atocha.

Sin embargo, González Pacheco, al que sus víctimas recuerdan como un “torturador compulsivo al que le encantaba su trabajo”, nunca fue castigado. Todo lo contrario. El 13 de junio de 1977, el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le concedió la Medalla de Plata al Mérito Policial, un distintivo que está reservado exclusivamente para todos aquellos agentes muertos o heridos de gravedad en acto de servicio, así como policías que hayan dirigido o realizado algún servicio de “trascendental importancia” o que hayan tenido “una actuación ejemplar y extraordinaria”. Ese mismo día, tal y como reveló Público, el comisario Conesa (fallecido en 1994), que también ha sido identificado por las víctimas como una de las personas presentes en los brutales interrogatorios en la Dirección General de Seguridad, recibió la Medalla de Oro al Mérito Policial.

  Jesús González Reglero

Pero los de Conesa y González Pacheco no eran los únicos nombres conocidos en el Boletín Oficial del Estado de esa jornada estival. Aquel mismo día también fue condecorado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo el entonces inspector de primera Jesús González Reglero. Nacido en 1949, este expolicía formó parte en la década de los setenta del conocido como grupo anti-GRAPO, dirigido por Billy el Niño. “El grupo anti-GRAPO estaba considerado, incluso en medios policiales, como uno de los más duros durante la época de la más fuerte represión franquista, y la relación de algunos de sus miembros –entre ellos, Baldomero-Araujo o los hermanos Reglero (Jesús y Miguel Ángel, también condecorado el 13 de junio de 1977)– con personas de la extrema derecha es bien conocida en medios periodísticos”, recogía el diario El País en una información de octubre de 1982.

González Reglero es otro de los policías investigados en la querella argentina. “El Inspector que daba las órdenes mandó que me quitaran las esposas y que me situara a cierta distancia de la pared (calculo que a unos 60 centímetros) y con las piernas abiertas, los brazos apoyados sobre la misma y la cabeza hacia abajo. Una vez situado en esa posición, me golpeó en un costado que me derribó, porque realmente era una persona fuerte. Me volvieron a levantar y me obligaron a ponerme en la misma posición. A partir de ese momento a cada lado se puso un policía (José Ignacio Giralte González y Jesús González Reglero), y me decían que bajara la cara, cada vez que lo hacía me golpeaban en la misma, por la espalda recibí golpes incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna”, declaró una de las víctimas incluidas en la querella.

A pesar de sus presuntas prácticas, nada frenó su ascenso meteórico en la Policía. Después ocupar diversas jefaturas operativas en comisarías de distrito, González Reglero fue ascendido en el año 2000 a comisario. Y como comisario jefe de la comisaría de Policía Nacional de Leganés se jubiló en enero de 2014, con honores y sin que el Ministerio del Interior fuese capaz de responder a una pregunta parlamentaria sobre el tema que se planteó desde el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Durante su trayectoria, según informó en su momento la agencia Efe, al expolicía se le concedieron las siguientes condecoraciones: la Medalla de Plata al Mérito Policial –pensionada con un 15%–, dos Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo –pensionada con un 10% cada una de ellas– y tres Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco.

  Jesús Martínez Torres

También luce varias insignias al Mérito Policial en su uniforme Jesús Martínez Torres. Nacido en 1941, este expolicía es otro de los señalados en la causa argentina por delitos de tortura sancionables, según la jueza Servini, “con las penas de ocho a veinticinco años de prisión”. Su nombre aparece en el testimonio del militante antifranquista José Aznar Cortijo. “Al llegar a la comisaría comenzaron las torturas, que el querellante recuerda como ejecutadas por bestias inhumanas, los golpeaban por todo el cuerpo; al comenzar la tarde le aplicaban el quirófano que consistía en que lo tiraban boca arriba en un escalón con la cabeza hacia afuera y le deban golpes en la cara cuando caía hacia abajo por el cansancio, y lo volvían a levantar sujetado del pelo; lo agarraban del pelo y de las piernas y le tiraban de un lado a otro”, explicaba el militante antifranquista.

No es la primera vez que se pone el foco sobre Martínez Torres. Ya en 1985, en un reportaje de El País, Mikel Azkue denunciaba las torturas a las que había sido sometido tras su detención durante las manifestaciones organizadas en enero de 1971 por el PCE en Zaragoza para protestar por las condenas a muerte del proceso de Burgos. Azkue, que le definía como un hombre “con patillas horterísimas y unos zapatos de tacón ancho”, recordaba a Martínez Torres como el policía “que dirigió los 16 días de interrogatorio”. “Pero el que más me pegó no fue él (…). La actitud de Martínez Torres significaba un cambio en la forma de tratar a la gente. Era un policía que no pegaba por pegar, sino para sacar información. Le preocupaba la eficiencia. Eran nuevos métodos. Hacía gala de una extraordinaria frialdad e intervenía en el momento adecuado”, apuntaba el militante antifranquista.

“Otras veces te decía aquello (…) de que cuando gobernáramos los de izquierdas él continuaría siendo funcionario de policía”, completaba Azkue. Martínez Torres no erró en su predicción. No sólo continuó en el Cuerpo, sino que además fue ascendido durante el primer mandato de Felipe González. En diciembre de 1982 fue nombrado comisario general de Información. Una trayectoria por la que ha sido premiado en varias ocasiones: además de ser nombrado en 2013 comisario de honor del Cuerpo Nacional de Policía, ha sido condecorado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco (1972), la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (1974) o la Medalla de Oro al Mérito Policial (1988) –que lleva anejo un plus del 20% en la pensión–.  Esta última insignia la recibió solo tres días después de declarar ante el juez en relación con el escándalo del denominado espionaje policial a los partidos políticos.

  Pascual Honrado de la Fuente

Nacido en enero de 1929, el nombre de Pascual Honrado de la Fuente sonaba, y mucho, entre los círculos antifranquistas asturianos de los años sesenta. Mano derecha en la Político-Social del temido comisario Claudio Ramos Tejedor, este expolicía ha sido acusado de un delito de torturas por el ex secretario general del PCE y ex presidente de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias, tanto en el marco de la causa argentina como en la querella que el histórico comunista interpuso la pasada semana en los juzgados de Oviedo. No es la única víctima que le señala. Otros dos represaliados asturianos, Vicente Gutiérrez Solís y Faustino Sánchez García, también han llevado el caso a los juzgados ovetenses. En su testimonio incluido en la querella argentina, Iglesias definía a Honrado de la Fuente como “el más bestia de todos”: “Era un especialista. Te tiraba al suelo y te daba puñetazos en el hígado”.

Como en el caso de Martínez Torres, el ex secretario general del PCE recuerda que el expolicía en algún momento le llegó a decir que “cuando muriera Franco ellos no iban a perder nada porque eran funcionarios". Honrado de la Fuente tampoco se equivocó. En su trayectoria, no dejó de ascender. Durante su etapa en el Cuerpo fue inspector de tercera, de segunda y, desde 1977, de primera. En 1967, el exagente de la Político-Social fue condecorado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Y, en el Boletín Oficial del Estado del 19 de julio de 1969, según recoge la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), figura como uno de los policías a los que se concede la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo.

  Félix Criado Sanz

Otro conocido, en este caso entre los círculos antifranquistas vascos, era Félix Criado Sanz. Nacido en 1923, el que ocupara en su momento el rango de oficial del Ejército pasó a comienzos de la década de los cuarenta a formar parte de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Superior de Policía. Desde mediados de los sesenta, Criado Sanz ocupó el puesto de jefe de la Brigada de Investigación Social de Bilbao, según consta en los pocos datos biográficos que ha conseguido recuperar Ceaqua. Como inspector de primera clase, este viejo policía fue condecorado por el entonces director general de seguridad franquista, Alonso Vega, el 31 de marzo de 1967. Para “premiar” sus “servicios de mérito extraordinario”, tal y como se recoge en el Boletín Oficial del Estado de aquel día, Criado Sanz recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco –sin plus en la pensión–.

El ex jefe de la Brigada de Investigación Social de Bilbao ha sido señalado en el marco de la causa argentina en la querella presentada por varios de los curas ‘rojos’ apresados en la cárcel concordataria de Zamora. Entre ellos el sacerdote Jon Etxabe, que presentó una querella a título individual que se agregó a la causa que instruye Servini y que señaló, en su testimonio realizado por videoconferencia en 2014, a Criado Sanz como uno de sus torturadores. “Fui detenido el 11 de Abril de 1969 y estuve 7 días en comisaría. Salvajemente torturado junto con otros militantes: golpes a mansalva, la rueda, la rana… El responsable de la detención e interrogatorios con torturas fue D. Félix Criado Sanz, entre otros”, señaló el que fuera antiguo responsable de propaganda de ETA a finales de los sesenta.

Antonio González Pacheco era un nombre que sonaba, y mucho, dentro los círculos estudiantiles de la década de los 70. Conocido con el sobrenombre de Billy el Niño, por su facilidad para desenfundar la pistola a la primera de cambio, este exagente de 67 años fue uno de los hombres fuertes de la extinta Brigada Político-Social durante el franquismo y la Transición. A las órdenes del comisario Roberto Conesa, su paso por las dependencias de la Dirección General de Seguridad estuvo marcado por sus brutales técnicas de interrogatorio. Culatazos con el arma, palizas y simulaciones de ahogamiento a los detenidos que han desembocado en los últimos años en un aluvión de querellas por tortura. Hasta la fecha, nunca ha sido condenado por estos hechos. En su expediente delictivo sólo constan un par de manchas: dos multas leves que le fueron impuestas en 1973 y 1974 por malos tratos y coacciones al profesor de la Complutense Enrique Aguilar Benítez de Lugo y al periodista Francisco Lobatón.

Tras su paso por la Político-Social, la Brigada Central de Información y la Brigada Central de la Policía Judicial, el único castigo que ha tenido que aguantar González Pacheco es el de soportar los gramos que pesa la medalla de plata al mérito policial que le concedió en el verano de 1977 el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. Este distintivo está reservado exclusivamente para todos aquellos agentes muertos o heridos de gravedad en acto de servicio, así como policías que hayan dirigido o realizado algún servicio de “trascendental importancia” o que hayan tenido “una actuación ejemplar y extraordinaria”. Y, además, lleva aparejado un plus del 15% sobre su pensión vitalicia. Un emolumento del que lleva años beneficiándose Billy el Niño y que no le ha sido retirado a pesar de que su nombre, incluso, llegó a sonar en el juicio por la matanza de los abogados laboralistas de Atocha.

Esta semana la cuestión llegó al Congreso de los Diputados de la mano de Unidos Podemos. Con algunas de las víctimas de González Pacheco sentadas en la tribuna de invitados, el enfrentamiento entre el portavoz parlamentario del grupo confederal, Pablo Iglesias, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, fue intenso. “Señor ministro, ¿ha valorado usted retirar la condecoración policial, alias Billy el Niño?”, preguntó desde su escaño el líder de la formación morada. “Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración. (…) Nadie ha solicitado oficialmente que se retire. Tampoco parece que haya justificación legal para ello. Pero también le voy a decir, no se tiene constancia que esa condecoración se le haya retirado a nadie. Cumplamos con la ley y seamos serios”, respondió Zoido, que recibió una ovación por parte de la bancada conservadora mientras las víctimas escuchaban atónitas la explicación.

“Acaban ustedes de aplaudir que se condecore a un torturador. Su Gobierno tiene competencias para retirar esa medalla, que es una ignominia para la democracia española”, replicó Iglesias, que leyó al ministro algunos testimonios de las víctimas de Billy el Niño y pidió al próximo ministro del Interior “que nombre el Partido Socialista” –en referencia a la moción de censura– que retire la medalla “a ese malnacido”. “Si todo lo que usted aquí acaba de relatar estuviese reconocido en una sentencia, ningún diputado de esta cámara podría pensar que no solo no era merecedor de la condecoración sino de que hubiese recaído sobre él todo el peso de la ley”, aseveró el titular de Interior, que señaló que “han pasado gobiernos socialistas y tampoco se la han retirado” y trató de desviar la conversación por otros derroteros ajenos al tema a debatir.

El asunto volvió a ponerse de nuevo sobre la mesa este viernes en la Cámara Baja después de que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy. En los pasillos del Congreso, y preguntado por la primera medida que solicitaría a Sánchez nada más llegar a la Moncloa, Iglesias fue claro: “La retirada de la medalla al torturador González Pacheco”. No es la primera vez que el nombre de Billy el Niño suena en la Cámara. Ya en 1981, el Grupo Parlamentario Comunista le incluyó en una pregunta parlamentaria sobre las posibles conexiones de sectores de la Policía española con comandos terroristas de extrema derecha: “Reiteradamente se señala la zona valenciana como centro operativo de estos comandos y se cita al Comisario Conesa, ex comisario superior de Policía de Valencia y ex Jefe de la Brigada de Información, como principal responsable de las conexiones establecidas en su día. Al parecer, en estos momentos, tales funciones las desempeña Antonio González Pacheco”.

“Tonterías, patochadas y payasadas”

Las víctimas de Billy el Niño se muestran indignadas con las palabras de Zoido. “Es increíble que tengamos que aguantar esas declaraciones”, apunta en conversación con infoLibre Felisa Echegoyen, que tuvo que aguantar en octubre de 1974 tres intensas jornadas de amenazas, insultos, acusaciones y palizas en las que González Pacheco llevó la voz cantante. En la misma línea se posicionan en conversación con este diario Chato Galante y Luis Suárez. El primero, que recuerda al exagente de la Político-Social como un “torturador compulsivo que le encantaba su trabajo”, afirma que nunca antes había salido de un lugar con “tanta sensación de esperpento”. El segundo, que soportó en 1973 tres largos días de “malos tratos, golpes y amenazas” de un tipo que “cuando te torturaba, le gustaba resaltar”, define la intervención de Zoido como un compendio de “tonterías, patochadas y payasadas”.

“Con las respuestas absurdas, casi rozando la provocación, que dio en el Congreso, parece que se quiere burlar de nosotros”, asevera Luis Suárez. Las víctimas comienzan reprochando que se defienda el mantenimiento de la condecoración con el argumento de que González Pacheco no ha sido condenado por estos casos, algo que consideran “un insulto”. “¡No se están permitiendo los juicios!”, critica Galante al otro lado del hilo telefónico. “[Zoido] sabe perfectamente que si no se ha condenado a este señor no es por falta de pruebas, sino porque el Estado le protege. Se ha negado a dar curso tanto a la querella argentina como a todas las que se han interpuesto en España contra Billy el Niño”, añade Suárez. Hasta la fecha, han llegado a los juzgados de Plaza Castilla hasta siete querellas diferentes contra González Pacheco por torturas. “Cinco se han archivado y están recurridas y otras dos están pendientes de la decisión de los jueces”, explica Galante.

En segundo lugar, cargan contra el argumento de que nadie ha solicitado oficialmente la retirada de la condecoración. Una afirmación que se encargó de desmentir la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) pocas horas después de que el asunto fuese tratado en el hemiciclo. En un mensaje a través de las redes sociales, la ARMH hizo público un escrito, fechado el pasado 10 de mayo y dirigido a Interior, en el que exigían la retirada de una condecoración “que no merece quien cometió incontables violaciones de derechos humanos” y solicitaban que “se estudie la posibilidad de recuperar todas las cantidades” que ha percibido Billy el Niño “desde que le fuera concedida la citada medalla”. “Consideramos que desde el Gobierno no puede haber ninguna claudicación a la defensa de los principios de la democracia”, añadía la misiva.

¿No hay “justificación legal”?

Las víctimas del exagente de la Político-Social tampoco aceptan que desde la cartera de Interior se escuden en que “no hay justificación legal” ni tampoco antecedentes de que esa insignia se le haya retirado a nadie. “Las condecoraciones se conceden de forma discrecional, política, sin que medie ningún procedimiento”, apunta Suárez. “Claro que el Gobierno le puede retirar perfectamente la medalla”, añade con contundencia Echegoyen. Las condecoraciones policiales se rigen actualmente por la Ley 5/1964, una norma que establece los diferentes tipos de medallas –Medalla de Oro, Medalla de Plata, Cruz con distintivo rojo y Cruz con distintivo blanco–, los requisitos para que un agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueda optar a dichas insignias y los pluses en las pensiones que llevan anejas las tres primeras distinciones. Sin embargo, dicha ley no fija en ninguno de sus artículos ni el procedimiento, ni tampoco los requisitos, para la retirada de dichas insignias.

A pesar de ello, los últimos movimientos de Interior en relación con las condecoraciones dejan entrever que la decisión está en sus manos. En octubre, por ejemplo, se hizo público que la cartera que hasta este mismo viernes capitaneaba Zoido tenía intención de retirar estas distinciones a todos aquellos Mossos d’Esquadra que no expresaran de manera formal “la lealtad a los principios constitucionales”. En el caso de Billy el Niño, asegura el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz, incluso se le podría retirar con la Ley de Memoria Histórica en la mano: “[La norma] habla de la retirada de simbología, y los méritos entran dentro de ese grupo”, apunta. En concreto, la ley recoge en su artículo 15 que las Administraciones Públicas tomarán las medidas oportunas para retirar, además de escudos o placas, “otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

“No cejaremos hasta que haya justicia”

Durante su etapa en el núcleo duro de la Político-Social, por los brutales interrogatorios de González Pacheco pasaron más de un centenar de personas. “Tenemos constancia de que entre 120 y 140 personas fueron torturadas, en distintos grados, por este canalla”, señala Horacio Sainz, otra de sus víctimas y miembro de La Comuna de Presxs del Franquismo. Muchos de estos desgarradores testimonios están incluidos, además de en los procesos que se han intentado abrir en los tribunales españoles, en la famosa querella argentina, que se interpuso el 14 de abril de 2010 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires y a la que se han ido sumando con el paso del tiempo centenares de víctimas de la dictadura franquista. Una causa, la 4591/2010, que ocho años después todavía sigue viva a pesar de los obstáculos puestos desde España. “Es una lucha que merece la pena seguir”, dice en conversación con este diario Ana Messuti, una de las abogadas de la querella.

El expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

El camino ha estado lleno de victorias y jarros de agua fría. En los últimos años, la jueza que instruye la causa, María Servini, ha imputado y ha dictado órdenes de detención internacional contra 20 personas, entre las que se encuentran ocho exministros franquistas –Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina, entre otros–, un excapitán de Policía, siete expolicías –entre ellos, González Pacheco–, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado. Sin embargo, todos sus movimientos se han encontrado con el inmovilismo del Gobierno y el bloqueo de la Fiscalía General del Estado a la toma de declaración ordenada desde Argentina de los querellantes y los acusados. “La causa se encuentra ahora en una etapa en la que es necesaria la cooperación de la justicia española”, comenta Messuti, que solicita que se dejen de poner “obstáculos” porque se está hablando de “crímenes de lesa humanidad” que no pueden “obviarse”.

Para Manuela Bergerot, experta en políticas de Memoria, lo que se ha visto esta semana en el Congreso es “la confirmación” de cómo el PP “protege y ampara a los criminales franquistas” y evidencia un “negacionismo” que “en otros países es delito”. En su opinión, la querella argentina ha supuesto un revulsivo en la opinión pública. “Ha generado muchísimos valores. (…) Gracias a ella se ha abierto un debate en la sociedad y la ciudadanía ha empezado a entender que hay victimarios que todavía siguen vivos y que sus denuncias nunca se han investigado”, dice Bergerot, que recuerda que para los represaliados de la dictadura el simple hecho de “ser escuchados por la justicia” ya tiene un gran “valor aliviador”. Coincide con ella Suárez, que celebra que cada vez haya “más interés en la sociedad”. Por eso, los torturados por González Pacheco se muestran fuertes y aseguran que no cejarán “hasta que haya justicia”. Porque, dicen, “si la situación no se resuelve esta democracia se derrumba”.

Un tribunal federal argentino revocó la orden por la que la juez de Buenos Aires María Servini ordenó en noviembre de 2014 la detención preventiva con fines de extradición del exministro Rodolfo Martín Villa para investigarle por crímenes cometidos durante el franquismo. La juez le implica en los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, que dejaron cinco muertos en la represión de una huelga general.

La decisión de la justicia argentina fue adoptada este jueves por la Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, según señala la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Sala argumenta que la orden internacional dictada por la juez –que afectó a una veintena de personas entre las que se encontraban Martín Villa y el también el exministro recientemente fallecido José Utrera Molina– es "infundada" porque no se basó en una fundamentación que abordará de forma correcta el espacio temporal ni el contexto que rodeó a los hechos atribuidos al exministro español.

El análisis de las citadas circunstancias era, según concluye el tribunal, un requisito "ineludible para discernir" sobre la petición de extradición, por lo que la orden de Servini se deja sin efecto.

Martín Villa había manifestado en diversas ocasiones su intención de prestar declaración ante la juez por los hechos con los que se le implica, que ocurrieron cuando él era ministro de Relaciones Sindicales. En las actuaciones en Argentina está personada la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que ha reclamado en varias ocasiones a las autoridades españolas que prestaran impulso a esta investigación judicial.

Exministros, expolicías y exjueces acusados

La magistrada imputó en la causa a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que era suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un ginecólogo.

Entre los políticos se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, ya fallecido.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora Ceaqua al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.

El que fuera ministro de Franco José Utrera Molina falleció esta madrugada en el municipio malagueño de Nerja a los 91 años, según confirmaron a Europa Press fuentes del tanatorio del citado municipio.

Asimismo, su hijo Luis Felipe Utrera Molina lo anunció en el blog Arriba, donde escribió unas palabras de despedida hacia su padre. "Te has ido como soñaste: cara al sol, mirando al mar y sin cambiar de bandera".

José Utrera Molina, que nació en Málaga en 1926, fue ministro de Vivienda y secretario general del Movimiento en los últimos años del franquismo. Abogado y político era suegro del exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

En el marco de la querella argentina, la jueza Servini llamó a declarar a Utrera Molina por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974.

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles ante las puertas del Congreso de los Diputados la contradicción del PSOE con respecto a los crímenes del franquismo, ya que a principios de mes apostó por una comisión de la verdad sobre la Guerra Civil y la dictadura y este martes votó en contra de una iniciativa de Unidos Podemos, que proponía excluir de la Ley de Amnistía a presuntos torturadores. La organización se ha reunido con portavoces de la coalición morada y de ERC de la Comisión de Justicia del Congreso con motivo de su campaña #JusticiaPorNavidad. Reivindica que España "si no investiga, que deje investigar a Argentina": a su jueza María Servini, cuya querella sobre las fechorías del régimen fascista ha sido obstaculizada por la justicia española.

La organización ha inaugurado este miércoles una ronda de contactos con la mayoría de fuerzas parlamentarias, excluyendo a PP y Ciudadanos, que han rechazado reunirse sobre este tema. Con el PSOE también lo harán, en parte para achacarles esa contradicción que el investigador de AI Ignacio Jovtis ha reconocido a preguntas de los periodistas. "Les trasmitiremos esa incongruencia de apoyar por un lado y luego quitar. Teniendo en cuenta que la Ley de Amnistía es uno de los principales obstáculos para investigar acá", afirmó el activista.

La Proposición No de Ley de Unidos Podemos apostaba por modificar la Ley de Amnistía, de 1977, para que a los torturadores del franquismo no se les pudiera aplicar. Bajo la óptica de la formación, el texto ha pasado de ser una herramienta legal "útil" a un instrumento contrario a los derechos humanos. El diputado socialista Artemi Rallo recurrió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para señalar que aunque la norma fuera derogada sería imposible juzgar los crímenes franquistas como de lesa humanidad.

En el mismo discurso en la Comisión de Justicia del Congreso, el diputado alabó la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que la comisión de la verdad que su grupo pretende implantar busca potenciar. Dicha comisión demostrará, en palabras del responsable de Justicia y Libertades Públicas de la Comisión Gestora del PSOE, Francesc Antich, de principios de diciembre, "el compromiso constante de los socialistas con la recuperación de la dignidad de las víctimas".

Jovtis ha recordado el lema de la campaña de Amnistía junto a un árbol de Navidad plantado justo enfrente de la Cámara Alta: "La justicia no está de adorno". "Exigimos que se investiguen las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el franquismo y que se colabore con la justicia argentina, que está intentando investigar. Hay 19 imputados de distintas vulneraciones. Torturas, bebes robados…", recordó el investigador, que exigió "verdad, justicia y reparación" a las víctimas.

La jueza María Servini, de Argentina, es la que ha imputado a estos 19 investigados en la llamada querella argentinaquerella argentina. Una causa bloqueada, ya que la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, reclamó en octubre a todas las fiscalías que se opongan a la práctica del auxilio judicial invocado por la magistrada para poder interrogar a estas personas, acusadas de cometer crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista.

Precisamente, Amnistía Internacional ha pedido a ERC y Unidos Podemos que exijan al Gobierno adherirse a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que España se resiste a firmar desde 2013.

El Ministerio de Justicia envió a distintos juzgados españoles los exhortos que la juez argentina María Servini remitió para interrogar en España a 19 investigados por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista. Entre ellos se encuentran el exministro de Gobernación en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa o el ex ministro de Franco, José Utrera Molina, así como el expolicía Antonio González Pacheco, Billy el niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, según informó Europa Press.

El pasado mes de marzo, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (Argentina) remitió estos exhortos con la intención de que los juzgados españoles tomasen, en su presencia, declaración indagatoria a los acusados en abril. El departamento que dirige Rafael Catalá recibió esta solicitud en agosto y los envió a dichos tribunales el pasado 9 de septiembre en cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España.

En concreto, Servini solicita la declaración de Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979); José Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón; Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975); José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976).

También quiere interrogar al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico Abelardo García Belaguer.

Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.

Rechazada la extradición de varios exministros

Ya en 2014, Servini pidió la extradición de varios exministros franquistas para el mismo objetivo, pero las autoridades españolas se opusieron a esto ya que consideraban que vulneraban "las normas internacionales que establecen que todos los Estados deben colaborar activamente en la persecución de quienes cometen crímenes contra la humanidad, en especial los cometidos en su territorio", recordó la Coordinadora CEAQUA.

Sin embargo, la juez, que viajó en mayo de 2014 a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, afirmó que Argentina es competente para la judicialización de los hechos al enmarcarse en crímenes de lesa humanidad."En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional", alegó.

Por otro lado, el 30 de abril de 2014, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la extradición a Argentina del exinspector de policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, al considerar que los delitos de torturas que se le imputan en Argentina habrían prescrito "ampliamente", pues se cometieron entre febrero de 1971 y septiembre de 1975 y, por tanto, habrían prescrito a los diez años de su comisión.

Por dicha situación, la magistrada argentina determinó que los interrogatorios debían ser ante jueces y juzgados españoles, aunque en su presencia. Los fechas de las declaraciones se determinarán durante el mes de octubre.

Argumentos de la magistrada

Servini investiga a Utrera Molina y Carro de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernando Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

En cuanto al ginecólogo Abelardo García, fue denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora Ceaqua al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.