El juicio penal por insurrección contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, a raíz de su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre arrancará el 20 de febrero, informó este lunes la agencia Yonhap citando fuentes legales. Los tribunales del Distrito Central de Seúl han establecido esa fecha para la primera vista preparatoria, según las citadas fuentes y ha recogido EFE.

El presidente surcoreano no tiene la obligación de estar presente en esa vista previa, puesto que se trata de un paso procesal que se lleva a cabo para revisar pruebas clave o establecer las fechas de las vistas ordinarias antes de que comience formalmente el juicio.

Yoon está acusado de conspirar con el exministro de Defensa Nacional Kim Yong-hyun y otros militares y exmilitares de incitar una insurrección declarando el estado de excepción de manera inconstitucional e ilegal, dada la ausencia de un escenario de guerra o de una crisis nacional o desastre comparable, requisitos recogidos en la Carta Magna para imponer la ley marcial.

Los fiscales alegan que Yoon y los demás enviaron tropas a la Asamblea Nacional (Parlamento) para evitar que los diputados votaran a favor de levantar la ley marcial y también a la Comisión Nacional Electoral (NEC) para revisar sus servidores informáticos ante la creencia de que había existido fraude electoral en tiempos recientes en Corea del Sur. También se les acusa de haber planeado arrestar a figuras políticas clave.

Aquellos culpables de liderar una insurrección son castigados en Corea del Sur con la cadena perpetua o la pena capital, para la cual existe una moratoria desde 1997.

De manera paralela, Yoon está encarando un juicio político desde enero en el Tribunal Constitucional, que debe decidir si ratifica o no su destitución parlamentaria del 14 de diciembre. En caso de confirmarse su cese, sería necesario convocar elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo del máximo tribunal surcoreano.

Tremenda incredulidad la que he experimentando viendo el trato mediático que se ha dado al caso de Daniel Sancho.

Reconozco que es fascinante entrar en los medios digitales y encontrar tantísimos artículos y reportajes dedicados a contarnos lo terrible que es la cárcel en la que lo encerrarán, lo maravillosa que era su vida antes de esto y lo duros que van a ser para él los próximos años en los que ni siquiera tendrá opción a pedir un traslado de prisión. Enciendo la televisión y encuentro a comunicadores hablando con la defensa del ya condenado o los representantes de su familia con un tono apesadumbrado, con ojos llorosos, con música melancólica de fondo. “¿Esos padres han podido abrazar a su hijo?”, preguntaba una presentadora. Bueno, quienes no han podido abrazar a su hijo han sido los padres de Edwin Arrieta. Supongo que eso no importa tanto. 

Ha sido bastante fascinante ver cómo, durante meses, muchos medios se empeñaban en construir un relato de víctima para un hombre que había asesinado, descuartizado y tratado de esconder los restos de otra persona. Resulta que, para entender el anti-punitivismo del que tanto se ha hablado desde los feminismos o varios flancos de la izquierda, solo hacía falta que condenasen a cadena perpetua a un hombre blanco, joven, guapo y con dinero. De repente, todo el mundo parecía sentirse identificado con él. Imagino que con el migrante que entró de manera “ilegal” en España huyendo de una muerte segura o con el pobre de tu barrio que metió a su familia en un piso vacío porque estaban en la calle, cuesta más que los medios empaticen.

El relato de víctima de Daniel Sancho conllevaba, por cierto, la contraparte del “algo haría para merecérselo” de la verdadera víctima: Edwin Arrieta. Un relato que olía a racismo y también con cierto tufillo a homofobia que casi me ha recordado (muy ligeramente) al trato mediático del caso Wanninkhof, cuya lesbofobia analizaba Beatriz Gimeno en su libro La construcción de la lesbiana perversa. ¿Cómo no iba a ser Dolores Vázquez la asesina de Rocío Wanninkhof, si era una lesbiana, una depravada, una malvada misándrica y resentida con la sociedad? ¿Y cómo iba a ser una víctima ese tal Arrieta? Parece que el tiempo no pasa, ¿eh?

Ojo, me sorprende también el lado contrario. Leo también a muchas personas haciendo referencia a que la condena a Sancho ha sido “ejemplar”, a que en España deberíamos “tomar nota”. Incluso he llegado a ver el vídeo de una famosa influencer que, preguntada en un photocall sobre el tema, asegura que “si pusieran cadena perpetua en España para quienes matan a las mujeres, para todas las atrocidades que pasan en este país, pasarían muchas menos cosas”. En Tailandia, donde se ha dado esta condena, la tasa de homicidios fue de 2,58 por cada 100.000 habitantes en 2022. En Estados Unidos, por poner otro ejemplo de país en el que también existen cadena perpetua y pena de muerte, de 6,38. España, mientras tanto, tiene una de las tasas más bajas de todo el mundo: 0,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. No sé, quizá no hacemos tan mal orientando el sistema penitenciario hacia la rehabilitación y la reinserción en lugar de al punitivismo más absoluto.

Eso sí, la culpa, más que a la influencer, se la echaría al reportero. ¿De verdad era necesario preguntar sobre la sentencia de un caso judicial tan delicado en la alfombra roja de algún evento dedicado a la mayor frivolidad posible (sin ser esto nada negativo)? ¿Por qué este empeño en que todo el mundo tenga una opinión de todo? 

No sé si hay una lección concreta que sacar de todo esto. En todo caso, no seré yo quien la ofrezca. Como mucho, me gustaría vivir con la esperanza de que los medios de comunicación dejarán de dar pasos atrás con respecto al decoro y la profesionalidad que deberían guardar a la hora de tratar temas tan escabrosos como es un asesinato. También me gustaría pensar que, en algún momento, tratarán de acercar cada vez más su visión y perspectiva a la que manifiesta la población con la que, se supone, tienen un compromiso. Y también me gustaría pensar que, en unos años, no estaremos viendo una nueva serie true crime basada en la historia de Daniel Sancho que vuelva a situarlo en una supuesta posición de víctima. 

Imagino que alguna productora estará lamentando que la sentencia haya acabado en cadena perpetua por un motivo bastante menos bucólico que la empatía; ya no podrán ficharlo en unos años como concursante del reality de moda. Vaya por Dios.

El abogado de Pablo Ibar, sobrino del legendario boxeador vasco fallecido José Manuel Ibar "Urtain", pedirá en una vista que se celebrará el próximo 28 de febrero que se revoque la cadena perpetua a la que fue condenado por un triple asesinado cometido en Florida el 26 de junio de 1994, y se celebre nuevo juicio en el que pretende demostrar su "inocencia", que el acusado siempre ha proclamado, según informa Europa Press.

El Tribunal del Cuarto Distrito de la Corte de Apelaciones, con sede en la ciudad de West Palm Beach de Florida (EE.UU.), ha convocado para el 28 de febrero, a las 14.00 horas, una sesión en la que el letrado del condenado, Joe Nascimento, solicitará la revocación de la cadena perpetua y, al mismo tiempo, la celebración de un nuevo juicio, "esta vez ante un juez imparcial, no como sucedió en el proceso anterior", tal como ha dado a conocer la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo.

Nascimento dispondrá de unos veinte minutos para exponer los motivos por los que pide que su defendido sea juzgado de nuevo. El abogado considera que el magistrado Dennis Bailey, que dirigió el proceso en el que Pablo Ibar fue condenado a cadena perpetua, "vulneró derechos constitucionales del acusado". No obstante, se consiguió que el procesado no fuera sentenciado a pena de muerte, como sucedió en el anterior juicio.

El tribunal estará compuesto por tres jueces y la vista no será presencial, como era tradicional en este tipo de procedimientos, sino que se desarrollará por videoconferencia, una práctica habitual en las apelaciones tras la pandemia.

Joe Nascimento, que ya formó parte del equipo de juristas que defendió a Pablo Ibar en el proceso de 2019, donde desempeñó un relevante papel, sustenta su solicitud de repetición del juicio en "las numerosas irregularidades y decisiones de parcialidad" en las que, en su opinión, incurrió el juez Dennis Bailey, al que acusa de "vulnerar derechos constitucionales" de su defendido.

El abogado de Ibar sostiene que el tribunal de primera instancia de Broward County "abusó de su discrecionalidad y cometió graves errores jurídicos". En este sentido, Nascimento asegura que "violó los derechos constitucionales del acusado a un jurado justo e imparcial".

De esta forma, argumenta que el Estado se refirió de manera "inadmisible" al derecho que ampara al acusado a guardar silencio y dio a entender que era una "admisión de culpabilidad", lo cual "constituye una clara violación de la Quinta Enmienda de la Constitución".

De igual manera, entiende que el mismo órgano judicial no actuó de forma imparcial cuando prohibió a la defensa interrogar a "testigos clave" para los intereses del procesado o cuando admitió la declaración sobre una rueda de reconocimiento fotográfica de otro testigo que dijo haber visto el día de los hechos a Pablo Ibar a bordo del Mercedes de Casimir Sucharski, una de las víctimas.

La defensa señala al respecto que los procedimientos puestos en práctica por los agentes que investigaron los hechos "fueron innecesariamente sugerentes" y condujeron al testigo "a una probabilidad sustancial de identificación errónea". También alega que la introducción de esta prueba "no fue inocua".

Joe Nascimento argumenta el juez "vulneró el derecho constitucional de Ibar a un proceso con todas las garantías y su derecho a la contradicción, al prohibir que la defensa interrogase al especialista del Estado en materia de ADN sobre anteriores casos de contaminaciones cruzadas que se produjeron en el Laboratorio de Criminalística del Sheriff del Condado de Broward".

La Asociación recuerda que la Fiscalía aportó para el juicio, "de manera un tanto sorpresiva, una camiseta que contenía unas minúsculas muestras de ADN de Pablo Ibar". La defensa ha sostenido en todo momento que dicha muestra, en todo caso, "fue fruto de una contaminación que se produjo en el laboratorio".

En la apelación se critica también la "conducta inapropiada" del fiscal Charles Morton, quien en el alegato final negó a Pablo Ibar su "derecho constitucional a un juicio justo". Cree el abogado que, una vez más, el juez abusó de su discrecionalidad cuando desestimó la protesta de Ibar después de que el fiscal pusiese fin a su informe con una "declaración incendiaria", al decir a los componentes el jurado que no permitieran "que este hombre se salga con la suya y se libre de haber cometido un asesinato".

Una vez finalizada la vista de apelación, se abre un periodo de deliberación entre los miembros del tribunal. Esta fase se puede prolongar varios meses e incluso no se descarta que el fallo tarde en conocerse un año.

En el caso de que la apelación no prospere en esta instancia, la defensa acudirá al Tribunal Supremo de Florida. Mientras tanto, Pablo Ibar permanece en la prisión de Okeechobee (Florida).

El acusado fue declarado culpable del triple crimen que acabó con las vidas de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y propietario del chalet donde se perpetraron los delitos, y de las jóvenes Sharon Anderson y Marie Rogers.

Los tres fueron asesinados por dos individuos que irrumpieron en la vivienda. La secuencia de los hechos fue grabada por una cámara de vídeo situada en el salón de la casa, que, en un momento determinado, capta el rostro de un joven con rasgos latinos que la Policía identificó con Pablo Ibar.

La Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo destaca, sin embargo, que en el último juicio celebrado entre finales de 2018 y principios de 2019 quedó "acreditado, incluso por peritos de la acusación, que el vídeo no tenía la calidad de imagen suficiente para realizar ninguna identificación".

Este colectivo continúa trabajando en la recaudación de fondos que permitan costear la apelación, cuyo presupuesto es de 200.000 dólares (164.200 euros), por lo que mantiene una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a los gastos.

La Asociación Pablo Ibar Juicio Justo mantiene lo "incomprensible" del veredicto que hace un año le condenó a cadena perpetua y, tras insistir en su inocencia, ha dado inicio a una campaña de micromecenazgo que le permita contar "con una representación letrada eficaz que lleve a buen término la apelación", informa Europa Press. Pablo Ibar, ciudadano hispanoamericano y sobrino del conocido boxeador vasco José Manuel Ibar Azpiazu, Urtain está condenado a cadena perpetua por un triple asesinato cometido el 27 de junio de 1994 en Miramar (Florida). Ibar, de 47 años de edad, ha pasado 25 años en prisión, 16 de ellos en el corredor de la muerte.

En un comunicado, la Asociación ha querido "reafirmar su compromiso" con Pablo Ibar y con su familia en el primer aniversario del "incomprensible veredicto de culpabilidad" pronunciado por un jurado en el Tribunal de Broward County, en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida. Tras recordar que el 15 de mayo de 2019 Ibar fue condenado a cadena perpetua, evitando así otra condena a muerte, incide en que por ello, en el caso de se consiga una nueva repetición del juicio, la fiscalía no podrá pedir de nuevo la pena de muerte.

Según señala, Ibar está actualmente recluido en la prisión de Okechobee, "la más masificada de Florida", desde donde ya ha notificado "formalmente y en plazo que va a recurrir tanto el veredicto como la sentencia y que va a solicitar otra repetición del juicio". En estos momentos, se estaría así a la espera de que se reciba la trascripción del juicio, "que puede llegar a los 10.000 folios, tras lo cual Ibar designará el abogado que le representará para la apelación".

La Asociación Pablo Ibar Juicio Justo ha querido además aprovechar este primer aniversario de ese "veredicto incomprensible" para renovar su compromiso de "conseguir los medios para que pueda contar con una representación letrada eficaz que lleve a buen término la apelación".

Por ello, ha abierto una campaña de micromecenazgo en su página web y ha animado tanto a la opinión pública como a sus representantes políticos a "seguir apoyando la causa de Ibar". "Pablo Ibar es inocente y no cejaremos en nuestro empeño por conseguir justicia", ha finalizado.

La familia de Pablo Ibar ha activado un crowdfundingpara poder sufragar los recursos de apelación que tiene previsto presentar después de que el pasado mayo fuera condenado a cadena perpetua por un tribunal de Florida (Estados Unidos) por el triple asesinato ocurrido el 27 de junio de 1994 de Casimir Sucharski, propietario de un club nocturno, y las bailarinas Sharon Anderson y Marie Rogers. "No os olvidéis de Pablo", han reclamado.

Así lo ha anunciado este miércoles, en una rueda de prensa en Madrid a la que ha tenido acceso Europa Press, el portavoz de la Asociación contra la pena de muerte de Pablo Ibar, Andrés Krakenberger, quien ha explicado que el condenado se enfrenta ahora a varios trámites judiciales, empezando por el recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida.

En caso de no prosperar este recurso, a Ibar le quedan varias posibilidades de apelación, ante el Tribunal Supremo de Florida, el Tribunal del Distrito Federal y, por último, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La familia de Ibar confía en no tener que llegar a agotar todos estos trámites y recursos y que en algún paso intermedio la condena a cadena perpetua sea anulada y pueda tener "un juicio justo". De momento, el reo está esperando a que los tribunales le hagan llegar la transcripción del último juicio para así poder empezar a preparar los recursos con su abogado.

Unos 300.000 dólares de gasto

En cualquier caso, todos estos trámites judiciales son especialmente costosos en Estados Unidos –la última vez que apeló al Tribunal Supremo de Florida el gasto fue de unos 300.000 dólares–, de modo que la asociación ha reactivado el crowdfunding en la página web www.pabloibar.com. Desde el último juicio, que comenzó a principios de este año, llevan recaudados 76.000 euros.

Ibar, de 47 años de edad, ha pasado 25 en prisión en Estados Unidos, 16 de ellos en el corredor de la muerte. En 2016, el Tribunal Supremo de Florida anuló la sentencia de pena de muerte y ordenó repetir el juicio, al determinar que había tenido "una defensa ineficaz" y había sido condenado a partir de pruebas "débiles e escasas".

Krakenberger ha denunciado en la rueda de prensa que en el nuevo juicio al que fue sometido Ibar este año, el fiscal aportó exactamente esas mismas pruebas que habían sido consideradas "débiles y escasas", al tiempo que ha censurado todas las "irregularidades" que, según considera, marcaron la vista oral de principio a fin.

Además, ha lanzado sospechas sobre la falta de "imparcialidad" del juez que presidió el juicio, ya que trabajó como fiscal en la misma oficina que llevó el caso de Ibar en el juicio del año 2000 y su esposa también fue fiscal y sí intervino en algunas fases del procedimiento.

'Pablo Ibar juicio justo'

Aunque Ibar ya ha salido del corredor de la muerte y la Fiscalía ya no podría volver a pedir la pena de muerte en un supuesto nuevo juicio, la familia del reo opina que el procedimiento judicial al que se ha sometido no ha sido justo, pues siguen proclamando su inocencia.

"Esto no ha acabado. Tememos que haya cierta complacencia y desmovilización ciudadana por el hecho de que Pablo ya no esté condenado a muerte", ha explicado Krakenberger, razón por la cual han decidido que la Asociación contra la pena de muerte de Pablo Ibar pase a llamarse "Pablo Ibar – Juicio Justo".

Cárcel masificada

Tras la condena a cadena perpetua, Pablo Ibar se encuentra ahora en una prisión del centro de Florida, más cerca del lugar donde vive esposa –que ya no tiene que conducir seis horas para visitarle, sino sólo una–, pero, según ha contado su padre, Cándido Ibar, las condiciones en esta cárcel son diferentes a otras en las que estuvo anteriormente.

Aunque su situación personal es mejor, ya que sale al patio y se puede duchar al menos una vez al día, cuando su padre fue a visitarle se llevó una "gran desilusión" porque es un centro bastante masificado, con unos 2.000 internos, y hay un problema de bandas. De hecho, el primer compañero de celda que tuvo fue acuchillado y no sabe qué fue de él.

A la pregunta de qué probabilidades creen que tiene Ibar de que se vuelva a repetir el juicio, Krakenberger ha afirmado que en Estados Unidos hay "muchos casos" de exoneraciones años después y tras muchas apelaciones. "Partimos de la base de que se ha cometido una injusticia y vamos a por todas", ha apuntado.

La familia de Pablo Ibar, que aún no sabe si mantendrá al mismo equipo de defensa o cambiará de abogados para la apelación, ha mostrado su satisfacción por la atención recibida por las autoridades españolas en Estados Unidos, pues el cónsul en Florida le visita de vez en cuando e incluso el embajador, Santiago Cabanas, se desplazó desde Washington para la notificación de la sentencia el pasado mes de mayo.

Ibar, sobrino del conocido boxeador vasco José Manuel Ibar Azpiazu, "Urtain", se encuentra en un centro de evaluación de Miami a la espera de que se tome una decisión de a qué prisión es enviado tras haber logrado esquivar la condena a muerte el pasado 22 de mayo al no conseguir el jurado popular la unanimidad necesaria.

En una carta manuscrita a su hermano Michael para que sea difundida, Ibar, condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable el pasado 19 de enero, agradece la ayuda que le ha permitido esquivar la pena de muerte y reitera su inocencia aunque "hay muchos detalles" que no puede explicar ahora porque el proceso de apelación para la repetición del juicio continúa abierto.

"Obviamente me siento desilusionado porque me han encontrado culpable de nuevo, especialmente siendo inocente y otros han sido exonerados por el mismo crimen. Cuando el jurado recomendó mi sentencia de cadena perpetua vi el terrible peso levantarse de los hombros de mi familia. Aunque tengo una convicción, esto ha sido una gran victoria. Ustedes han salvado mi vida", señala en la misiva.

Aunque reconoce que algunas personas han podido sentir la sentencia de cadena perpetua "como un acto de misericordia", Ibar recuerda en la carta que "no puede haber misericordia sin justicia" y que esta decisión judicial "todavía significa" que va a "morir en prisión por un crimen" que asegura que no cometió.

En cualquier caso, ha trasladado su agradecimiento a todas aquellas personas que le han ayudado durante "este tiempo tan crítico" y los años "más oscuros" de su vida, durante la que ha permanecido 25 años en prisión, 16 de ellos en el corredor de la muerte, en la cárcel de Raifrod.

"Tener tanta gente quien nunca me han conocido y quien yo no conozco que pueden juntarse para ayudarme es algo que me hace sentir muy humilde", dice en la misiva el hispanoamericano de 47 años, que cita expresamente entre los agradecimientos a los Gobiernos vasco y español, al Congreso y al Senado, al embajador español en Estados Unidos, al Consulado General en Miami y a la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar.

Igualmente, agradece a su "bella mujer" y su familia, tanto en España como en Estados Unidos, los "esfuerzos" y asistencia en su lucha por la justicia, un esfuerzo gracias al cual está "liberado de la horrible sentencia de muerte" que ha sido una "pesadilla" en los últimos años.

Finalmente, Ibar expresa su deseo de "poder volver a nuestro bello país" con su familia, algo que sería "un sueño hecho realidad" para él. "Todo mi amor y mi interno aprecio", concluye la misiva.

En 2016 la Corte Suprema de Florida anuló la sentencia de pena de muerte y ordenó repetir el juicio, al determinar que había tenido "una defensa ineficaz" y había sido condenado a partir de pruebas "débiles e escasas".

Ibar fue detenido el 14 de julio de 1994 en Miami Dade por allanamiento de morada y robo, delitos por los que fue condenado a ocho años de cárcel. El 8 de agosto de ese año fue acusado del triple crimen cometido en Miramar, pese a que éste siempre defendió su inocencia y aseguró que esa noche había estado con su novia, Tanya Quiñones, con la que posteriormente se casó.

El primer juicio fue declarado nulo por falta de acuerdo del jurado, el segundo aplazado, pero en el año 2000 se le consideró culpable y fue condenado a muerte. Tras los recursos de la defensa, en 2016 el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena a pena capital y ordenó repetir la vista oral.

Pablo Ibar, el hispano-estadounidense de origen vasco que fue declarado el pasado 19 de enero culpable del triple asesinato cometido en 1994 en Miami del dueño de un club nocturno, Casimir Sucharski, y de las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers, se volverá a sentar el próximo 15 de mayo en el banquillo de los acusados para someterse a la segunda fase del juicio, en la que se determinará si, finalmente, es condenado a la pena capital o a cadena perpetua.

Un jurado de Florida, integrado por 12 personas, le declaró culpable a principios de este año en el cuarto juicio que se celebró contra él en el tribunal de Broward County. La primera vista oral se declaró nula porque los miembros del jurado no se pusieron de acuerdo en la pena, pero en el año 2000 fue declarado culpable y condenado a muerte.

Pablo Ibar, de 46 años, permaneció en el corredor de la muerte hasta que en 2016 el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena y ordenó repetir el juicio, al considerar que había tenido una defensa ineficaz y había sido condenado a partir de pruebas débiles y escasas.

Después del nuevo juicio, el Jurado le declaró otra vez culpable el 19 de enero. El próximo 15 de mayo comenzará la segunda parte de la vista oral y, tras escuchar los argumentos de las partes y los testigos, el tribunal popular se retirará a deliberar para recomendar al juez, Dennis Bailey, la condena a imponer al reo en la sentencia, según ha informado el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, Andrés Krakenberger.

Además, ahora se tendrá en cuenta, a instancias del ministerio público, una nueva agravante por allanamiento de morada con altercado que se produjo en Miami Dade tres semanas después de los tres crímenes, durante el cual fue detenido Ibar.

Conferencia de seguimiento

El juez y las partes han celebrado este lunes una conferencia de seguimiento organizativa, en la que han establecido que la segunda parte de la vista oral, con las intervenciones de los abogados de la defensa de Ibar y de la Fiscalía, se inicie el 15 de mayo. Además, ofrecerán su testimonio los testigos del ministerio público.

Durante las dos siguientes jornadas, el 16 y 17, no se celebrará sesión debido a que uno de los miembros del Jurado estará ausente por el fallecimiento de un familiar. Ya el lunes, día 20, será cuando declaren los testigos de la defensa y, si da tiempo, esa misma jornada el ministerio público aportará nuevos testigos para la réplica a estas declaraciones. De no ser así, los testimonios proseguirían el 21 por la mañana.

Ese mismo día por la tarde y el 22 por la mañana se procederá a la lectura de las conclusiones de las partes. En la segunda parte del miércoles, el Jurado se retirará ya a deliberar. Se prevé que el tribunal popular no tarde mucho en adoptar una decisión, de forma que el caso puede quedar visto para sentencia esa misma jornada o al día siguiente.

El Jurado recomendará al juez la condena a pena de muerte o la cadena perpetua. Si decide que se le imponga la pena capital, la resolución tiene que ser unánime. De no conseguirse la unanimidad de los miembros del Tribunal popular, la pena sería de cadena perpetua.

Si el Jurado recomienda la pena de muerte, el magistrado puede rebajar la condena a cadena perpetua, algo que la defensa cree improbable. En todo caso, sea cual sea la sentencia, los abogados de Pablo Ibar la recurrirán.

El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida ha rechazado suspender el proceso contra Pablo Ibar, el español de origen vasco que fue declarado culpable por un jurado de Florida el pasado 19 de enero de un triple asesinato cometido en 1994, hasta que se decida sobre la situación del miembro del jurado que se retractó del veredicto de culpabilidad, apellidado Collins, según recoge Europa Press.

La defensa de Ibar había pedido al Tribunal de Apelaciones que se suspendiera el proceso penal que se sigue contra el acusado hasta que se decida sobre su petición de suspender la orden del juez Dennis Bailey de apartar del tribunal popular a este miembro del jurado. El magistrado adoptó esta determinación tras conocer que éste había sido el autor de unos comentarios en una página web en la que denunciaba haber recibido "presiones" e intimidación "no intencionada".

La representación legal de Ibar dispone ahora de un plazo de cinco días para presentar ante el mismo tribunal una apelación para anular la decisión del juez Bailey con el objetivo de que este miembro del jurado no sea apartado definitivamente del tribunal popular. Los abogados de Pablo Ibar alegan la necesidad de que se pare el juicio con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda determinar "si fue correcta" la orden de retirar a este miembro del tribunal popular. Además, han reclamado a este tribunal superior que instruya a Collins sobre que debe abstenerse de "hacer cualquier investigación exterior" sobre los hechos referentes a la causa y que no puede comunicarse con nadie que pueda darle información sobre el caso hasta que se le avise de lo contrario.

Bayley citó ayer a una vistilla a este miembro del jurado en la que éste admitió ser el autor de unas publicaciones en la web 'reddit.com', bajo los seudónimos de 'wickerstar' y 'humanehero', en las que lamentaba haberse visto obligado a respaldar un veredicto bajo "presiones increíbles" y "bullying no intencionado" en un "caso de mucha gravedad" y preguntaba qué hacer al respecto, aunque sin mencionar cuál era el caso. Además, negó ante el juez que hubiera sido "contaminado" por información exterior.

No obstante, el magistrado adoptó la decisión de apartar a Collins, lo que argumentó en un escrito de 50 páginas. La defensa de Ibar discrepa de esta resolución, que podría favorecer que se impusiera al procesado la pena de muerte por el jurado, que debe ser unánime. Si Collins siguiera en el tribunal popular, habría más posibilidades de que fuera condenado a cadena perpetua. En cualquier caso, la representación legal del acusado recurrirá la sentencia

Reincorporación al jurado

La defensa Pablo Ibar asegura que Collins debe permanecer en el tribunal popular, al no haber compartido ni recibido información externa sobre el caso que pueda haberle "contaminado". Por ello, pretende que sea reincorporado. El miembro del jurado por ahora excluido se había puesto en contacto con el magistrado tras hacerse público el veredicto de culpabilidad de Ibar, para informarle de que se arrepentía de haberlo apoyado. No obstante, en un primer momento el juez desestimó la petición para tomarle declaración. Días después, ordenó una vistilla.

Dennis Bayley apartó la semana pasada a un suplente del tribunal popular que aseguró haber recibido información que no debía tener sobre antecedentes del acusado en uno de los recesos de la vista oral, al escuchar en sede judicial una conversación entre un juez y una abogada sobre el caso. Este miembro del jurado dijo que no había oído algo que no supiera ya, por lo que la defensa reclamó que se le citara para pedirle explicaciones, al considerar que el tribunal popular podría estar "contaminado" de haber tenido acceso a esa información. Éste aseguró que solo había oído hablar de lo que estaba sufriendo la familia de Pablo Ibar, pero el magistrado decidió excluirle.

La pregunta era sobre el orden público en Cataluña, pero el presidente del PP, Pablo Casado, no dejó pasar la oportunidad de utilizarla para revindicar la cadena perpetua, introducida por su partido en el Código Penal con el nombre de prisión permanente revisable, en nombre de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana asesinada en un pueblo de la provincia de Huelva.

Casado pidió a los grupos políticos del Congreso que no deroguen la pena “para evitar la reincidencia y hacer que asesinos y violadores estén en la cárcel”. El líder conservador reclamó también apoyo para que la Cámara acabe parobando las propuestas de reforma del codigo penal que su partido está intentando introducir para ampliar los supuestos de la versión española de la cadena perpetua con el fin de sumar los delitos relacionados con secuestro previo y los casos en los que el autor del crimen no revela dónde está el cuerpo de la víctima.

El presidente Pedro Sánchez le respondió recordándole que la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado el asesinato de Laura Luelmo. Y recordándole que la posición del Gobierno y del PSOE en esta materia es esperar a que el Tribunal Constitucional decida si la medida cabe dentro de la Carta Magna. El Gobierno, subrayó, se va a centrar plantear “mejoras para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades”.

Casado le contestó diciendo que gracias a la prisión permanente, al asesino de Luelmo se le podrá condenar para que no reincida, a lo que Sánchez replicó recordándole, una vez más, que medida ya esta en vigor.

La utilización por parte del líder del PP del asesinato de la joven profesora zamorana provocó la indignación de la portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, que en su turno de intervención en una pregunta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno aprovechó la ocasión para reprocharle la utilización partidista de la violencia contra las mujeres.

“Lo que ha hecho el señor Casado es absolutamente infame”, se quejó Belarra. “Es como si los vendedores de armas cada vez que haya un asesinato recomendaran que todo el mundo llevara pistola. ¡Basta ya! Déjenos en paz a las mujeres. No necesitamos pistoleros ni prisión permanente revisable; lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten”. 

Sus palabras fueron merecieron el agradecimiento de la número dos de Sánchez, Carmen Calvo, y el aplauso de todos los bancos de la izquierda parlamentaria. “Gracias, señora Belarra, por haber consumido parte de su tiempo en esa defensa de la seguridad de las mujeres donde la derecha ha hecho nunca nada” más allá de “recurrir todas las leyes de igualdad con las que las mujeres nos hacemos respetar en este país”.

Patrick Nogueira, autor confeso de las muertes de sus tíos Marco y Janaina y de los dos hijos menores de la pareja –de uno y cuatro años de edad– en agosto de 2016 en la localidad alcarreña de Pioz, ha sido condenado a la pena de prisión permanente revisable tras ser considerado autor de cuatro delitos de asesinato, informa Europa Press.

En concreto, es condenado a prisión permanente revisable por los asesinatos de los dos menores y de su tío, mientras que por la muerte de su tía, la primera que acometió, se le imponen 25 años de prisión.

En todos los casos, la sentencia considera que no hay circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal de Nogueira.

Así se desprende de la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara leída en audiencia pública por María Elena Mayor Rodrigo, la magistrada que presidió el juicio en el que un jurado popular consideró a Nogueira culpable de haber dado muerte de forma intencionada a sus familiares.

Nogueira, que ha escuchado el contenido de la sentencia por videoconferencia desde la cárcel de Estremera, se sometió a un juicio que arrancó el pasado 24 de octubre y del que no se conoció el veredicto hasta el 3 de noviembre tras casi dos días de deliberación por parte del jurado popular.

Durante el juicio, el autor confeso de los crímenes de Pioz pidió perdón en su turno de última palabra: "He causado demasiado daño e hice sufrir a gente a la que tengo mucho cariño pero yo también sufro", señaló, para agregar que quiere "cambiar".

La defensa de Nogueira solicitaba 25 años de cárcel alegando daño cerebral y arrebato, mientras que las acusaciones coincidían en solicitar prisión permanente revisable por las cuatro muertes a excepción del Ministerio Fiscal, que pedía 20 años por cada una de las muertes de los dos adultos.

El Tribunal Supremo de Washington ha declarado inconstitucional la pena de muerte en este estado norteamericano en un fallo unánime que se ha dado a conocer este jueves.

La sede jurisdiccional se ha basado en el caso de Allen Eugene Gregory, condenado a la pena de muerte en 2001 por un homicidio en primer grado con agravante. En la apelación, presentó un estudio sobre la influencia que tienen la raza y el lugar de origen del imputado en la imposición de la pena capital. De acuerdo con sus conclusiones, los afroamericanos tenían hasta cuatro veces y media más posibilidades de recibir tal castigo que los acusados blancos.

El Tribunal Supremo ha dado la razón al estudio presentado por Gregory afirmando que la pena de muerte se aplica de forma arbitraria basándose en criterios raciales. "Todas las condenas a muerte, por tanto, quedan conmutadas por cadena perpetua", han decidido los magistrados.

El gobernador de Washington, el demócrata Jay Inslee, ha aplaudido el fallo. "Es un momento enormemente importante en nuestra lucha por conseguir una Justicia justa", ha valorado, según informa el portal de noticias The Hill.

Esta resolución judicial reduce el número de estados en los que se aplica la pena de muerte a 30 de 51. En Washington hay actualmente ocho presos en el corredor de la muerte y 78 han sido ejecutados desde 1904, todos hombres. La última tuvo lugar en 2010.

El estado de Alabama ha ejecutado este jueves a Walter Moody, un hombre de 83 condenado por realizar varios ataques con bomba a finales de los años 80, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos suspendiera temporalmente la condena en su contra, lo que lo convierte en el preso más longevo de la historia del país en ser ejecutado.

La ejecución de Moody ha tenido lugar en el Correccional William C. Holman, según ha explicado la gobernadora del estado, Kay Ivey. De esta manera, Moody sustituye a John Nixon, un hombre de 77 años que fue ejecutado en diciembre de 2005 en el estado de Misisipi y era hasta el momento la persona de mayor edad en ser sometida a la inyección letal en Estados Unidos.

Los abogados de Moody habían solicitado al Supremo que suspendiera la condena en su contra dado que éste había pasado de estar en manos del sistema federal estadounidense al del estado de Alabama, algo que consideraban ilegal. En este sentido, insistieron en que Moody debía cumplir primero la sentencia impuesta a nivel federal.

Moody fue condenado en 1991 a cadena perpetua por un tribunal de distrito de Estados Unidos por haber llevado a cabo varios ataques con bomba, que saldaron con la muerte del juez Robert Vance, de 58 años, y el abogado Robert Robinson. Posteriormente, Alabama lo condenó a pena de muerte tras un juicio que comenzó en 1996.

La Fiscalía señaló que Moody había enviado la bomba al juez en respuesta a una condena en su contra, que según el preso habría acabado con su carrera. La segunda bomba habría sido enviada en un intento por confundir a los agentes que se encontraban en aquel momento inmersos en la investigación sobre los ataques.

No cabe duda de que el derecho penal se enfrenta hoy a nuevas realidades que antes no existían, y que la valoración social de ciertas conductas especialmente reprobables –entre las que se encuentran, por ejemplo, la violación o los abusos cometidos contra menores de edad- ha cambiado en lo que llevamos de siglo, junto con la conciencia de la necesidad de protección mayor de ciertos bienes jurídicos, como, por ejemplo, la libertad e indemnidad sexuales, especialmente en relación de las conductas cometidas contra menores.

Por otra parte, si queremos seguir rigiéndonos por un derecho penal propio de los países culturalmente más avanzados, y que debe seguir siendo un derecho penal “de mínimos”, que pene sólo donde sea imprescindible y por el tiempo estrictamente necesario para estabilizar el cumplimiento normativo de la sociedad con respecto a determinados bienes jurídicos –como la vida, la libertad sexual o la libertad- o para disuadir, ya sea a la sociedad, ya sea al delincuente, de la comisión de delitos especialmente atroces, y que, a la vez, sea un Derecho que deje abierta la puerta al mandato de resocialización previsto en el artículo 25.2 de la Constitución Española, las inquietudes punitivistas más exacerbadas deberán ser descartadas y sustituidas por un debate razonado y razonable sobre las consecuencias jurídicas del delito.

Es este contexto en el que, a mi juicio, ha de situarse el debate sobre la prisión permanente revisable que se reavivaba el mes pasado, con ocasión del debate parlamentario sobre esta pena, lo que ha propiciado a su vez un debate mediático al hilo de la petición en change.org, en la que el padre de la madrileña Diana Quer, junto a las familias de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José, Candela y Amaia, y otros, han querido recoger firmas para que no se derogue esta pena, establecida por el legislador español con la reforma del Código Penal de 2015. La reciente y terrible muerte de Gabriel ha reabierto de nuevo el debate sobre esta pena.

Desde una perspectiva histórico-dogmática y de derecho comparado, la cadena perpetua o reclusión perpetua fue eliminada de nuestro ordenamiento jurídico-penal por el Código Penal de 1928, que vio la luz bajo el auspicio de la dictadura de Primo de Rivera.

En la mayoría de los países occidentales –cuyos ordenamientos jurídico-penales vienen históricamente de la supresión de la pena de muerte-, en relación con la cadena perpetua, habría que distinguir entre sistemas de civil law otros y sistemas de common law.

En los sistemas de common law –vigente en el Reino Unido, excepto en Escocia-, en Estados Unidos y Puerto Rico -excepto en Pensilvania-, en Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, así como en otros Estados de la Commonwealth, la cadena perpetua fue históricamente un logro del liberalismo penal, que posibilitó la no aplicación de la pena de muerte que el common law preveía sin excepción para los delitos de asesinato u homicidio premeditado (murder), y su sustitución por la de cadena perpetua, en los países abolicionistas, o la diferenciación en grados (1st degree murder, 2nd degree murder, etc.) en los países o Estados no abolicionistas, reservando la condena a muerte, o a cadena perpetua o muerte, a elección del juez, al homicidio o asesinato en primer grado. Para las condenas a cadena perpetua, es habitual, todavía hoy, que el juez establezca un período de seguridad, a cuyo cumplimiento se subordine la posibilidad de revisar la pena a efectos, por ejemplo, del otorgamiento de la libertad condicional. Los plazos de los períodos de seguridad suelen oscilar entre los 10 y los 25 años, según los Estados o la legislación penal federal.

En los sistemas de civil law o mixtos, la evolución del Derecho penal hacia principios más humanistas hizo progresivamente que éstos se incorporaran al grupo de países abolicionistas.

Si bien es verdad que en la mayoría de ellos se mantuvo la cadena perpetua como sustitutiva de la pena de muerte, también lo es que el establecimiento de plazos para revisar la condena o período de seguridad presenta rangos distintos, desde los 10 años de Suecia a los 26 años de Italia y, ahora, los 25 o 35 años –para determinados delitos de terrorismo-, de España.

Quizá uno de los argumentos a favor de la cadena perpetua que haya gozado de mayor popularidad es el que fuera defendido, por ejemplo, en Alemania, por el penalista Jescheck, uno de los penalistas más conocidos del siglo XX, y se basa en la idea de que hay al menos uno, o varios bienes jurídicos –normalmente la vida humana suele estar entre ellos-, cuya vulneración o menoscabo merecen un reproche social absoluto, por lo que la pena naturalmente indicada para ellos debe ser la de cadena perpetua o reclusión de por vida (life imprisonment). En los Estados Unidos, este es el planteamiento que mantienen los defensores de las teorías expresivas de la pena.

Tanto la pena de muerte como la de cadena perpetua son penas, en cierto sentido, absolutas, y se basan en la idea de atribuir al culpable la máxima responsabilidad subjetiva (o culpabilidad) por un hecho cometido contra un bien jurídico al que atribuimos valor absoluto o cuasi absoluto (por ejemplo, la vida humana en el delito de asesinato).

Sin embargo, de acuerdo con una concepción más empírica de la conducta humana y de los bienes jurídicos protegidos, y desde un planteamiento iusfilosófico que tenga en cuenta la fragilidad de la actividad humana, en los Estados más avanzados tendemos a pensar que nadie merece –en sentido estricto-, un reproche absoluto, pues la plenitud de la culpabilidad o de las facultades mentales puede darse solamente en un hombre ideal, pero no real, fuertemente sometido a los condicionantes de la genética y del ambiente, y de sus circunstancias particulares. Y, sea como fuere, pensamos que la pena no debería ser un instrumento para impartir una justicia absoluta –ese terreno corresponde a la filosofía moral o a la teología-, sino únicamente, como bien expresara el penalista Mir Puig, aquella pena necesaria para mantener el orden social, con el límite –garantista- de la medida de la culpabilidad individual.

Este planteamiento hace que cualquier sanción de por vida resulte un elemento extraño en el ordenamiento jurídico, y mucho más en el ordenamiento jurídico-penal.

No obstante, no es en una cadena perpetua en lo que pensó el legislador de 2015. No lo es, como veremos, por su naturaleza y función, pero también atendiendo a las declaraciones de los responsables de su implantación –ponentes de la Comisión General de Codificación, Ministro de Justicia-, que han dicho repetidamente que lo que se ha instaurado en España no es una cadena perpetua, sino una pena que permita asegurar a las víctimas de potenciales delitos muy graves con el encarcelamiento permanente, pero revisable, de sus autores. Esto hace pensar más bien en una sanción de naturaleza híbrida.

La prisión permanente revisable no sería una pena de prisión de por vida, sino una pena de prisión de hasta 25, 30, 32 o 35 años –tiempo a partir del cual puede revisarse la pena-, y el tiempo que excediera de ese límite sería una medida de seguridad postdelictiva aplicable a un sujeto criminalmente responsable como medida de defensa o de contención –e incluso inocuización del sujeto- de la sociedad frente al criminal.

La discusión de si esto es admisible desde los postulados del viejo derecho penal liberal excede en mucho el propósito de este artículo, pero basta contemplar que estamos ante una sanción nuevanueva que choca bastante con los principios de proporcionalidad, culpabilidad, y con el mandato resocializador del artículo 25.2 de la Constitución.

Quizá buena parte del reproche constitucional que algunos penalistas españoles, como Lascuraín Sánchez, han hecho a esta pena, consiste en el elevado número de años necesario para que pueda procederse a la suspensión de dicha pena. Efectivamente, una comparación del plazo de revisión escogido por nuestro legislador penal nos muestra, también acudiendo al derecho comparado, que el plazo para revisar la pena ya es de por sí demasiado largo. La revisión tiene lugar a los 25 o incluso 35 años, cuando la pena ya ha causado, según el consenso de la comunidad científica, un deterioro irreversible en la personalidad del delincuente, que se produce a los 12 o 15 años de su entrada en prisión. Bajar el plazo de revisión de la pena de prisión permanente revisable en torno, por ejemplo, a los 10 o 15 años de prisión, así como los plazos para acceder a la libertad condicional de las otras penas de prisión superiores a 15 años, constituye un imperativo humanitario y eliminaría una buena parte de las tachas de constitucionalidad de dicha pena.

Así las cosas, surge sin embargo una pregunta: ¿qué hacemos, desde las herramientas que nos proporciona el derecho penal como medio de control social, con los autores de los crímenes más atroces, como con el violador en grupo y asesino o el asesino múltiple, o el asesino de menores?

Mi propuesta es aprovechar la horquilla –muy pocas veces utilizada- de los 20 a los 30 años prevista en nuestro Código Penal para regular estos supuestos. Más allá de ahí sólo cabría pensar en ciertas limitaciones aplicables durante un tiempo no demasiado largo a los criminales que ya han cumplido condena –como su seguimiento y control a través de pulseras electrónicas-, la vigilancia policial y, después, nada. Baste eso. Es el precio que tenemos que pagar para poder vivir en una sociedad que quiere seguir primando la libertad frente a la seguridad. Eso nos acercaría a los códigos penales más progresistas del mundo –el Código Penal portugués, que tiene como límite máximo de la prisión los 25 años-, o los códigos penales de Croacia o Noruega, junto con otros, que no contemplan penas perpetuas. __________

Pablo Guérez Tricarico es socio de infoLibre

Este jueves, el Congreso decidió seguir adelante con la derogación de la prisión permanente revisable con los votos en contra del PP y también de Ciudadanos, que en las últimas semanas ha variado sensiblemente su posición con respecto a la máxima pena que contempla el Código Penal español. Hace medio año, el partido naranja aseguraba que la prisión permanente revisable "es demagoga hasta en su denominación", la tachaba de "inhumana" e "imprecisa" y sostenía que no servía para aumentar la seguridad de la sociedad. Pero este jueves, Ciudadanos se limitó a pedir esperar a que el Tribunal Constitucional decida sobre la medida –hay un recurso interpuesto contra ella–, y planteó que "lo sensato no es derogarla" en "caliente".

El debate de este jueves en la Cámara baja fue de alta tensión, en un momento en el que la prisión permanente revisable se encuentra de máxima actualidad tras la detención de la supuesta asesina del pequeño Gabriel Cruz. El Congreso debatía dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos para intentar paralizar la derogación de la polémica pena, aprobada en 2015 por la mayoría absoluta con la que contaba entonces el PP y que desde el primer minuto fue muy controvertida. Finalmente, la unión de los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, PNV y EH Bildu ha desestimado estas enmiendas a la totalidad, por lo que la derogación seguirá su tramitación en el Congreso.

La postura del PP siempre ha sido la misma: aprobó en solitario el castigo en 2015 y defiende no solo mantenerlo, sino incrementar el número de supuestos en el que se puede aplicar. Pero Ciudadanos sí que ha cambiado radicalmente su posición con respecto a la prisión permanente revisable. Y es que, en los tres debates que –hasta el de este jueves– había albergado la Cámara baja desde el inicio de la legislatura sobre este asunto, el partido naranja se había mostrado favorable a la derogación de la pena y no había ahorrado en críticas hacia la "demagogia punitiva" del PP, la posible inconstitucionalidad de la norma, su incapacidad para prevenir los crímenes y, en definitiva, la posibilidad de que la prisión permanente sea realmente una "cadena perpetua" encubierta.

Pero este jueves, la formación bajó el tono y, de hecho, cambió hasta de portavoz para defender su posición: la diputada Patricia Reyes, encargada habitualmente de criticar la pena, fue sustituida por el portavoz parlamentario Juan Carlos Girauta. En su intervención, Girauta reclamó –sin éxito– al PSOE que se abstuviese en la votación a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre la prisión permanente revisable y defendió que "lo sensato no es derogarla", sino que sea el tribunal el que "marque el campo de juego".

"Nosotros presentamos esta enmienda a la totalidad [...] por un par de razones: primera, porque mantiene la prisión permanente revisable en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional, evitando la derogación en caliente; segunda, porque creemos que ha llegado el momento, una vez suscitado el debate, de reforzar el principio de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas", expuso Girauta. Para el portavoz de Ciudadanos, hay que tener en cuenta a la hora de condenar el "principio loable" de la reinserción, pero también que las penas "tienen otros fines, como el de proteger a la sociedad".

El partido naranja, además, criticó que "la laxitud en la concesión del tercer grado en algunos casos sí que es visible, lamentablemente, en forma de reincidencias en conductas especialmente execrables". Por ello, la enmienda a la totalidad de Ciudadanos planteaba restringir el acceso al tercer grado a las personas condenadas a prisión permanente revisable por delitos de especial gravedad hasta que hayan cumplido al menos 20 años de prisión efectiva.

"Demagoga", inconstitucional y "durísima"

El discurso de Girauta fue muy diferente al que defendió Patricia Reyes el 10 de octubre de 2017, cuando el Congreso aprobó iniciar la tramitación de la derogación de la prisión permanente revisable. Entonces, ante el pleno del Congreso, la diputada calificó la prisión permanente revisable de "demagoga hasta en su denominación" , y denunció que "la llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que en realidad estamos frente a la cadena perpetua".

Durante su intervención, Reyes desgranó varios de los argumentos utilizados con mayor frecuencia para criticar la prisión permanente revisable. Para empezar, que entra "en contradicción con los valores que inspiran" la Constitución, ya que a su juicio va en contra del principio de reinserción que establece la Carta Magna y también es contrario a la prohibición de las penas inhumanas o degradantes. "Como dice el catedrático y letrado del Tribunal Constitucional, el profesor Lascuraín, si la pena es permanente es inhumana y si es revisable es imprecisa. Por tanto, [la pena va] en contra del principio de humanidad, implícito en la reinserción social, y en contra también de los principios de seguridad jurídica y de legalidad", afirmó Reyes.

Asimismo, Ciudadanos criticaba entonces que el PP comparase la prisión permanente revisable con penas similares aplicadas en Europa, ya que la versión española es más severa que las de la mayor parte de la UE. "Ustedes siempre justifican esta medida alegando que muchos países europeos la incluyen en su legislación y citan algunos como Austria, Bélgica, Italia o Alemania. Y sí, son países que la tienen y la llaman cadena perpetua, abiertamente, sin tapujos", criticaba Reyes, que sin embargo denunciaba que "en dichos países esta pena es mucho más beneficiosa para el penado que en España, porque en España la prisión se podría revisar con unas condiciones durísimas transcurridos 25 o 35 años de cumplimiento, mientras que en el resto de países [...] se podrá suspender mucho antes, a partir de los 15 años".

Hace apenas seis meses, el partido naranja también cargaba contra el PP porque, aseguraban, aprovechaba la alarma social para imponer su agenda legislativa. "Ustedes bien sabían que esto no era necesario. Ya se habían hecho varias reformas para el cumplimiento íntegro de las penas, que prevén 40 años de cumplimiento sin posibilidad de revisión para los delitos muy graves. Ustedes bien lo sabían, pero claro, estaban en campaña electoral", echó en cara Reyes a la bancada del PP. Ciudadanos pedía entonces no "trasladar la falsa creencia" de que endurecer las penas "se va a traducir siempre en una mayor protección y seguridad para la sociedad". "La seguridad no depende exclusivamente de la severidad de las penas que amenazan a ciertas conductas", lamentaba Reyes en octubre.

En 2016, también en contra

La posición contraria de Ciudadanos a la prisión permanente revisable, no obstante, viene de lejos. Y el partido naranja ya dejó clara su oposición el 4 de octubre de 2016, cuando en el pleno del Congreso se debatió una proposición no de ley presentada por el PNV para derogar la polémica pena. También fue Reyes la encargada de defender la posición de Ciudadanos en ese debate, y los argumentos que utilizó fueron prácticamente calcados a los que usaría un año después: se trata de una "cadena perpetua" con otro nombre, va en contra de los principios de "reinserción", "seguridad jurídica" y "legalidad" que establece la Constitución, puede ser una pena "inhumana" e "imprecisa" y es mucho más dura que en el resto de países de la UE donde se aplica. "Dejemos de una vez de hacer ideología" y de utilizar "con fines electoralistas" el Código Penal, exigió Reyes.

De hecho, ese mismo 4 de octubre, Ciudadanos se pronunció contra la prisión permanente revisable no una, sino dos veces. Antes del discurso de Reyes ante el pleno, el partido naranja se abstuvo en la Comisión de Justicia del Congreso en la votación sobre una proposición no de ley del PSOE para la derogación de esta figura. Pero lo hizo fue porque entonces no había Gobierno al que instar a derogar la medida –las proposiciones no de ley sólo sirven para presionar al Ejecutivo– y porque consideraba que el tema debía formar parte de un debate más amplio sobre la reforma del Código Penal, ya que Ciudadanos criticó la prisión permanente en su intervención.

El encargado de defender la posición fue el diputado Marcial Gómez Balsera, que aseguró que su partido ponía en cuestión "la utilidad y también la constitucionalidad" de la pena. Gómez Balsera recordó que está "demostrado que unas normas penales más duras por sí mismas no sirven para prevenir los delitos ni para mejorar la seguridad ciudadana", y también señaló que "el artículo 25.2 de nuestra Constitución señala la reeducación y la reinserción social como fines de las penas privativas de libertad", y "parece evidente que si la pena es permanente frustraría cualquier expectativa de vida del reo".

Este jueves, el Congreso de los Diputados debatirá la derogación de la polémica prisión permanente revisable, precisamente en un momento en el que la pena más dura del ordenamiento jurídico español se encuentra de máxima actualidad por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. En principio, la iniciativa del PNV cuenta con los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, ERC y Compromís, por lo que es previsible que la propuesta de derogación supere las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos, que pretenden mantener la norma.

Al tratarse de una reforma del Código Penal, para que la derogación de la prisión permanente revisable siga adelante es necesario que la mayoría absoluta del Congreso vote contra las propuestas del PP –que quiere ampliar el número de supuestos en el que se aplicaría la prisión permanente revisable– y Ciudadanos –que busca endurecer el acceso de los beneficios penitenciarios–. Si no cambian a última hora de posición, PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, ERC, PNV y Compromís suman 178 de los 350 diputados del Congreso, por lo que contarían con la mayoría suficiente para que la tramitación de la propuesta siga adelante. No obstante, en ningún caso este jueves la pena será eliminada del Código Penal: si la propuesta consigue superar las enmiendas a la totalidad, pasará a una fase de enmiendas parciales en el Congreso y, posteriormente, tendrá que ser debatida en el Senado.

La prisión permanente revisable lleva siendo un asunto espinoso desde que fue aprobado en 2015 por la mayoría absoluta con la que contaba el PP en el Congreso. Entonces, toda la oposición se unió para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional que todavía no ha sido resuelto, y el castigo también ha sido criticado duramente por entidades como el Consejo General de la Abogacía Española o Jueces para la Democracia, que también la tachan de inconstitucional.

No obstante, los asesinatos en los últimos meses de Diana Quer y Gabriel Cruz han reavivado el debate público sobre la norma. De hecho los familiares de Quer, Marta del Castillo, Mariluz Cortés, Candela y Amaia Oubel, y Ruth y José Bretón Ortiz han iniciado una recogida de firmas para pedir que no se derogue la pena, una campaña que ya ha recibido más de dos millones y medio de apoyos ciudadanos. Y el PP también ha reivindicado en las últimas semanas su apoyo a la no derogación de la prisión permanente revisable, que a su juicio no solo es perfectamente constitucional, sino una demanda social.

  ¿Qué dicen quienes están a favor?

1. No es una cadena perpetua

Una de las críticas que más formulan quienes están en contra de la pena más dura del Código Penal es que, aunque la permanencia en prisión se revisa pasado un tiempo, el periodo de encarcelamiento es indefinido, por lo que la prisión permanente revisable se trataría en realidad de una cadena perpetua encubierta. Y eso es precisamente lo que rechazan sus defensores, que aseguran que el hecho de que la condena se revise cuando el reo haya cumplido un mínimo de 25 años de cárcel –aunque la primera revisión puede no producirse hasta que se hayan cumplido 35 años de condena–, le abre la posibilidad a ser liberado si demuestra haberse reinsertado.

Así lo aseguraba en enero el PP, que registró en todos los ayuntamientos en los que tiene representación una moción para intentar que cada consistorio mostrase su apoyo a la prisión permanente revisable. En esa iniciativa, los conservadores argumentaban que la pena "no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal".

2. La mayoría social la reclama

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, fue el encargado de defender el lunes el apoyo de su partido a la norma. Y uno de sus argumentos fue que la pena cuenta con un apoyo tremendamente mayoritario de la población española. La condena "conecta con las reivindicaciones de la mayoría social en España", y "según las encuestas" el "80% de la sociedad española" la apoya, aseguró Casado, que tomó los datos del sondeo realizado por GAD3 para Abc en enero, que efectivamente señala que ocho de cada diez personas respaldan la medida.

3. Se trata de una pena habitual en Europa

Otro de los razonamientos más utilizados por quienes apoyan la prisión permanente revisable es que, lejos de ser una pena extrema aplicada solo en España, se trata de un castigo presente en los códigos penales de la mayor parte de Europa. De hecho, el pasado martes la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, aseguraba que la condena "se aplica en todos los países de la UE, a excepción de Portugal y Croacia, y en muchos más supuestos". Es cierto que Estados como Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia o Reino Unido aplican la prisión permanente revisable, pero también lo es que eso se traduce en un tiempo de estancia real en la cárcel menor a los 20 años de media. Además, la primera revisión de la pena se produce mucho antes de los 25 años estipulados como mínimo en España.

4. Evita la reincidencia de criminales con delitos muy graves

El efecto beneficioso más obvio de la prisión permanente revisable es, para sus defensores, que evita que un criminal vuelva a cometer delitos graves cuando salga de la cárcel, porque sólo puede hacerlo si un juez dictamina que ya no es peligroso. Además, sólo se aplica a los que se consideran los delitos más graves: asesinatos contra menores de 16 años, asesinatos múltiples, delitos contra la Corona o jefes de Estado extranjeros, asesinatos precedidos de violación o secuestro, violaciones en serie, violaciones a menores tras secuestrarlos o genocidio son algunos de los supuestos.

  ¿Qué dicen quienes están en contra?

1. No se ajusta a la Constitución

El principal argumento que exponen quienes se muestran contrarios a la prisión permanente revisable es que, directamente, es inconstitucional. El recurso que presentaron PSOE, Convergencia, Unió, PNV, UPyD, Izquierda Plural y la mayor parte del Grupo Mixto en 2015 señala, en este sentido, que la pena contraviene la prohibición de penas inhumanas (artículo 15 de la Constitución), y también asegura que impide la posibilidad de reinserción de los presos que está contemplada como obligatoria en el artículo 25 de la Carta Magna.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía ya afirmaba en 2015 que la medida es "inconstitucional" porque "la prisión permanente, sea revisable o no, es contraria a los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución Española". "El artículo 25 es determinante al establecer que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social de los penados. Por tanto, toda pena que no cumpla este requisito atenta contra el artículo 15 de la Carta Magna, que repudia cualquier trato inhumano y degradante, y es contraria a la dignidad de la persona, de los derechos inviolables que le son inherentes, y el libre desarrollo de la personalidad, recogidos en el artículo 10 de la Constitución", señalaban los abogados.

Por su parte, el dictamen encargado en su día por el PSOE a varios constitucionalistas y coordinado por el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo Zapatero, coincide con este diagnóstico y afirma, además, que la prisión permanente revisable también violaría el artículo 17 de la Carta Magna, que regula el derecho a la libertad. Esta pena, señala el dictamen, "vulnera el principio de proporcionalidad y con ello supone una restricción desproporcionada de la libertad personal de los condenados".

2. Pese a su dureza, no evita que se cometan delitos muy graves

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, verbalizó hace unos días otro de los argumentos principales contra la prisión permanente revisable: que no evita la comisión de los delitos a los que se aplica. Esta medida, lamentó Iglesias, "no ha servido para salvar la vida de Gabriel ni para salvar la vida de nadie". Y eso es lo que argumentan también más de 100 catedráticos de Derecho penal de las universidades públicas españolas, que este martes hicieron público un manifiesto contra la pena en el que señalan que este tipo de condena "no disuade de la comisión de los delitos más graves en mayor medida que las ya severas penas preexistentes (hasta 30 años de prisión por un delito; hasta 40 años por la comisión de varios delitos)".

Ante este argumento, quienes apoyan la norma afirman que las condenas, además de perseguir la reinserción, también tienen una función de castigo, por lo que la prisión permanente sería útil pese a no evitar los delitos que pena.

3. Es mucho más severa que en la UE

Es cierto que muchos países del club comunitario incluyen en su legislación penal la prisión permanente revisable. Pero también es cierto que la medida española es una de las más duras de Europa, ya que en España la primera revisión de la conducta del reo para valorar si se le libera no se produce hasta al menos 25 años después de su encarcelamiento. Según el dictamen encargado en su día por el PSOE a varios constitucionalistas, en la UE los presos condenados a prisión permanente cumplen de media 19,4 años de prisión. Pero en muchos países el primer examen para poner en libertad al preso tiene lugar antes: en Alemania, Austria y Bélgica, a los 15 años, en Dinamarca, Finlandia o Reino Unido, a los 12, y en Francia, a los 18.

Para los autores de este informe, la pena mínima que se contempla en España "excede, sin lugar a dudas, de toda duración funcional a la resocialización y, por ende, de todo plazo acorde al principio constitucional". Y los más de 100 catedráticos de Derecho penal que hicieron público el martes un manifiesto contra la prisión permanente revisable afirman, además, que la inclusión en 2015 de la medida en el Código Penal supone "un caso excepcional de incorporación de esta pena de cadena perpetua después de haberla suprimido históricamente (en España, en 1928)".

4. Podría ir en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Estos 100 catedráticos también contemplan la posibilidad de que la medida sea contraria a la jurisprudencia europea en materia de derechos humanos, y critican que "en el debate público en torno a la prisión permanente revisable se ha argumentado en favor de su mantenimiento que es una pena existente en muchos ordenamientos democráticos y que no ha sido declarada contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Incluso siendo acorde a este convenio, recuerdan los penalistas, la prisión permanente revisable podría ser inconstitucional. Sin embargo, el manifiesto señala que hay dos motivos por los que la pena sí podría contravenir la carta europea: por "los casos de prohibición de revisión por encima de los 25 años (a los 28, 30 ó 35 años) [...] y, en todos los supuestos, por la inexistencia de programas penitenciarios específicos de resocialización".

El 76,5% de los españoles se muestra partidario de la cadena perpetua para delitos especialmente gravescadena perpetua, según un sondeo de Simple Lógica recogido por Europa Press. Este porcentaje ha crecido 9 puntos respecto a 2015, cuando era del 67,7%. Los mayores partidarios de esta medida penal son los votantes del PP y de Cs, seguidos de los del PSOE y Unidos Podemos. Mientras que sólo el 25,6% de los españoles se declaran a favor de la pena de muerte. Informa Europa Press.

Según este último Índice de Opinión Pública, ha aumentado la proporción de partidarios de la cadena perpetua en los últimos tres años para delitos especialmente graves, representando ahora más de tres de cada cuatro personas y sólo un 17,6% está en contra, lo que representan menos de uno de cada cinco ciudadanos.

De hecho, al analizar la evolución de los datos se observa un repunte de los partidarios de la cadena perpetua, ya que mientras en 2015 se reducía su porcentaje con respecto a 2012 –cuando se declaraban a favor de esta medida el 73%–, ahora dicho porcentaje se incrementa hasta situarse por encima del de hace seis años.

Según Simple Lógica, se observan algunas diferencias relevantes de opinión en función del sexo y, sobre todo, del nivel de estudios o la orientación política de los entrevistados, mientras que no llegan a ser significativas las que se registran atendiendo a la edad.

Si el análisis se realiza atendiendo al nivel de estudios, se aprecia que la diferencia de opinión es especialmente acusada entre los que tienen estudios universitarios con respecto a los que no los tienen.

Así, el porcentaje de partidarios de la cadena perpetua entre quienes tienen estudios universitarios es del 68,2%, mientras que se sitúa en el 78,7% entre quienes tienen estudios primarios y en el 80,3%, entre los que han cursado estudios secundarios.

Si se atiende a la orientación política de los entrevistados las diferencias de opinión son claras. Son significativamente superiores los porcentajes de quienes se declaran a favor entre los votantes del PP (90,5%) y de Ciudadanos (92,6%). Los votantes del PSOE que optan por esta posibilidad son el 73,2% y los de Unidos Podemos, el 67,4.

En estos dos últimos casos, los contrarios a la cadena perpetua han disminuido. Entre los votantes socialistas, en la actualidad se oponen a esta pena el 24,1%, mientras que hace tres años eran el 37%. Algo parecido sucede con los votantes de Unidos Podemos. En 2015, los votantes de Izquierda Unida que se oponían a esta medida era el doble que el 31,1% actual.

Uno de cada cuatro, partidario de la pena de muerte

La encuesta también pregunta por la pena de muerte para delitos especialmente graves, de la que se declaran partidarios uno de cada cuatro ciudadanos.

Pero en este caso, las variaciones que se observan en relación al posicionamiento sobre la pena de muerte con respecto a hace tres años son muy reducidas y apenas relevantes. Así, desciende algo más de dos puntos con respecto a 2015 el porcentaje de partidarios de esta medida, situándose en el 25,6% y algo más de uno el de los no son partidarios de dicha pena, el 67,9%.

Sobre esta cuestión, son muy reducidas y no significativas las diferencias de opinión que se observan en función del sexo de los informantes, pero sí son claramente relevantes las que se producen en función de la edad, el nivel de estudios y la orientación política de los entrevistados.

Más partidarios los más jóvenes

De hecho, el porcentaje de los partidarios de la pena de muerte desciende apreciablemente a medida que aumenta la edad de los informantes. Los más jóvenes, de entre 18 y 24 años, se muestran más a favor, el 37,7%, mientras que los más mayores, con edades superiores a los 65 años, son menos partidarios. Sólo el 15,4% estarían de acuerdo con esta medida.

Si el análisis se realiza en función del nivel de estudios se aprecia con claridad que son más proclives a ella las personas con menor nivel de estudios frente a las que tienen estudios universitarios. El 33,4% de los que tienen estudios primarios apoya la pena de muerte, mientras que sólo lo hace el 24,5% de quienes cursaron estudios secundarios y el 16,3 de los que tienen estudios universitarios.

También es apreciable la diferencia de opinión en función de la orientación política. En este sentido hay que señalar que el porcentaje de partidarios de la pena de muerte entre los votantes de Unidos Podemos es del 18,7%, muy inferior al que se registra entre los del PP (28,0%), el PSOE (27,0%) y Ciudadanos (25,8%).

Me acerqué al camarero -lo conozco desde hace un año-, un joven de veintipocos años, amable y alegre. Le pregunté su opinión al respecto. Su respuesta fue contundente y muy en la línea de lo que piensan o haría una preocupante gran parte de ciudadanos. No sólo estaba de acuerdo con la cadena perpetua (“prisión permanente revisable” es un eufemismo que pretende dulcificar/ocultar lo evidente) sino que además se explayó enumerando lo que “yo les haría a los violadores y esos canallas”. No transcribo detalles -pónganse en lo peor- de qué les haría este ciudadano con derecho a voto, a tener hijos y educarlos, a los que considera merecedores de su peculiar sentido de la Justicia.

El Partido Popular “argumenta” que el 70% de la población española es partidaria de esta propuesta de ley. Sin embargo, me pregunto, ¿se ha esforzado el Gobierno en hacer pedagogía e informar a los ciudadanos sobre algo tan importante que puede afectar a sus vidas o a la de sus familiares y amigos? Sobre todo, teniendo en cuenta el control que ejerce sobre la radiotelevisión pública estatal y otras de las comunidades autónomas, en las que gobierna. Todo lo contrario de la línea seguida por Informe Semanal del sábado, que fue un vergonzoso chantaje emocional sin ética ni valor periodístico. Mostraron el dolor del padre de Diana Quer como justificación de la propuesta de inclusión de nuevos delitos en la denominada ley. ¿Cuántos delitos/telediarios más nos quedan? Sin embargo, no se informa sobre que:

- La actual legislación permite hasta cuarenta años de prisión efectiva, cumplida.

- En los países europeos donde existe la cadena perpetua, a los quince años se puede revisar la pena. Con la Prisión Permanente Revisable, en España es a los 25 años, y si previamente se ha logrado el “tercer grado”.

- La aplicación de la legislación antiterrorista implica el cumplimento íntegro de las penas.

- El 50% de los condenados por delitos menores suele reincidir. Sin embargo, tan sólo entre el 10 y el 14% de los condenados por delitos más graves reinciden. Lo que significa que sí existe la reinserción.

- España es el país de Europa con menos delitos por habitante, y sin embargo está a la cabeza de los países con mayor número de presos también por habitante.

La famosa muletilla: “En este país no hay Justicia, entran por una puerta y salen por otra” que se repite en: bares, comercios, charlas de espacios públicos, etc. parece no ser cierta. Tal es así que los que comenten delitos de cuello blanco: políticos, banqueros, grandes empresarios, corruptores de alcaldes y concejales de urbanismo, directores y ejecutivos de cajas de ahorros, etc. ni llegan a ser juzgados.

Es muy frecuente escuchar a cualquier contertulio callejero, de bar, comenzar a sentenciar sobre temas de: delitos sexuales, violencia doméstica, malos tratos… con la siguiente expresión: “Yo, a estos tíos… les haría… los cogería y…” Añadan ustedes toda serie de: torturas, palizas o ejecuciones extrajudiciales. Siempre comenzando por “yo”. Creo que esto se debe a la profunda tradición española donde siempre hemos estado sometidos a reyes absolutistas, la Iglesia católica, dictadores y actualmente, a una partitocracia que poco tiene que ver con la tradición democrática europea. El dictador Francisco Franco -apodado cerillita por su baja estatura- sigue proyectado una sombra más larga que la del ciprés de Miguel Delibes sobre varias generaciones de españoles. Parece que en cada uno de ellos anida latente un dictador en potencia, en espera de tener algo de poder para aplicar el ejercicio de autoridad sobre tanto delincuente que nos acecha.

Intenté, en vano razonar con el joven antes citado. Comencé con la ley del Talión, fracaso: no sabía de lo que hablaba. Luego quise explicar cómo surgió el nazismo o el fascismo… nada, por ahí tampoco. Entonces me aproximé a lo que más negativamente influyó en la sociedad española, en el S XX: la dictadura franquista… pues tampoco. Como fiel representante de la generación más preparada,no sabía quién era el siniestro dictador que firmaba sentencias de muerte tomando café. Esta es la consecuencia de haber silenciado la dictadura y su herencia.

Creo que fue en segundo o tercero del Bachillerato antiguo -con 13 o 14 años- cuando estudiábamos en la asignatura de Historia, el Código de Hammurabi. Del franquismo no hacía falta: lo vivíamos, lo sufríamos. ¿Cómo explicarle a alguien que no sabe nada de lo antes citado, que existe un Estado de derecho donde no se pueden imponer los juicios sin garantías jurídicas, la pena de muerte, la tortura o los castigos físicos? Un país moderno y civilizado donde la Justicia no la imparten las víctimas o sus familiares, donde no se legisla ni gobierna a “golpe de telediario”, de telebasura diría yo, que es en lo que se han convertido los mal llamados “informativos”.

Y he aquí otra de las razones del por qué en esta país moderadamente pacífico y apacible, la mitad de la ciudadanía quiere meter en la cárcel a la otra mitad: la televisión.

Primero fueron las chicas de Alcásser, más tarde el asesinato de Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, los niños asesinados en Córdoba por su padre, la niña adoptiva china muerta en Santiago de Compostela, la joven violada en el San Fermín 2016, recientemente Diana Quer. Siendo muy graves y dolorosos para sus familias y amigos, estos hechos se han ido convirtiendo en materia permanente (hace unas semanas las televisiones recordaban los 25 años de los asesinatos de Alcácer) de “Informativos”, programas de un amarillismo insoportable y tema de debate y manipulación política.

La televisión nos intoxica con violencia, asesinatos, muertos, hechos luctuosos… día tras día, informativo tras informativo, programa tras programa. Lo que es “mediático” se convierte en “profunda conmoción social”. Las redes sociales, Tweeter, Facebook crean la imagen y “se hace viral”. Luego la televisión aplica y sienta cátedra.

Se crean estados de opinión, tendencias políticas y comportamientos que no tienen que ver con la realidad y la vida cotidiana. Políticos oportunistas y demagogos (el PP en los últimos días, con los padres de Marta del Castillo y Mari Luz Cortés, a modo de argumento) hacen chantaje emocional al ciudadano, quizá para que no caigamos en la cuenta de que los que deberían estar en la cárcel son muchos de los políticos en activo que han engañado y robado a los ciudadanos que como vulgar plebe nos tratan.

El PP se apoya en que otros países europeos aplican la cadena perpetua. Sí, pero analicemos un poco este otro “argumento”: EE. UU. es una democracia consolidada que es referencia en muchos aspectos para una Europa que se debate entre lances cainitas y ve con temor resurgir el nacionalismo excluyente y xenófobo. Pues en tan admirable país, existe la pena de muerte, la cadena perpetua. Una legislación que ha llenado las cárceles de: negros, hispanos, pobres y excluidos. Donde una policía de gatillo fácil no duda en disparar a ciudadanos desarmados… y aún así es el país occidental donde más homicidios se cometen (unos 33.000 al año por armas de fuego). Allí existen detenidos sin juicio en la prisión de Guantánamo. Abu Ghraib y las prisiones secretas de la CIA, el traslado de presos en vuelos secretos… son el ejemplo de la perversión a de la Democracia y la Libertad a la que se puede llegar usando el miedo como arma para amedrentar a las masas.

En Alemania -país que se utiliza como ejemplo de desarrollo social y democrático- se suicidaron en la cárcel de Stammheim varios de los miembros de la banda Baader-Meinhof en octubre de 1977. Un asunto turbio sobre el que la sospecha de una ejecución encubierta aún permanece.

En el Reino Unido, país del que nadie puede poner en duda su régimen democrático, se condenó injustamente, ocultando pruebas, manipulando otras y extorsionando a familiares a Los Cuatro de Guildford y Los Siete de Maguire sin que nadie fuese procesado por haber encarcelado a sabiendas a inocentes en 1975.

En España, no se llegó a realizar un referéndum sobre la pena de muerte en los años de plomo del terrorismo etarra. Posiblemente habría resultado favorable la aplicación de la pena capital para delitos de terrorismo. Sin embargo: ETA, los Grapo, el Frap, Terra Lliure, el Exército Gerrilheiro da Pobo Galego Ceibe… y algunos grupúsculos más, desaparecieron sin que la cadena perpetua y la pena de muerte fuesen instauradas. Sí, existieron GAL y el Batallón Vasco Español como grupos ligados al “terrorismo de Estado”, pero el Estado de Derecho y la Justicia desmantelaron estas organizaciones y encarcelaron a altos cargos de la Administración y responsables policiales y de la Guardia Civil.

¿Vivimos ahora en una sociedad más peligrosa, insegura y llena de delincuentes que justifique la cadena perpetua? ¿Es el continuo bombardeo televisivo de hechos luctuosos, malos tratos, asesinatos, lo que lleva al pueblo llano de pensamiento plano a exigir más dureza, penas y más represión?

En España, en 1870 se dejó de aplicar la cadena perpetua; en 1932 se suprimió cualquier pena de carácter perpetuo. ¿Vamos a regresar ahora al siglo XIX? ¿Es esta involución, que está caracterizando los últimos años de supuesta democracia y libertades en España, lo que los ciudadanos desean y el PP alienta?

Me atrevo a sugerir que si se dedicasen más medios, más exigencia y calidad en la educación; si los gobiernos luchasen de verdad contra la pobreza, exclusión social y el paro, conseguiríamos que la cultura, la ciencia y el humanismo brillaran en esta sociedad nuestra admirada por su amor a la vida, afectuosa, amante de la música y las Bellas Artes. Conseguiríamos una sociedad más justa, ecuánime, libre, segura, habitable, culta y no una algarabía de ciudadanos temerosos, intoxicados de telebasura que demandan penas más duras y más represión en detrimento de las libertades de todos. _______

Francisco Lozano Sanz es socio de infoLibre

Los conservadores han puesto el foco en esta medida aprovechando la resolución del asesinato de Diana Quer. De hecho, han presentado mociones en los ayuntamientos de toda España y también han registrado una proposición no de ley en el Congreso para que los grupos de la oposición rectifiquen y mantengan la prisión permanente revisable en el Código Penal.

Ahora dan un paso más y quieren que los dirigentes del partido en toda España se movilicen en favor de esta figura penal, con la que quieren retratar a Ciudadanos por su "abstención". Así lo manifestó este mismo domingo en Sevilla el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, al asegurar que la prisión permanente revisable es "una conquista social" y criticar la postura del partido de Albert Rivera: "Un partido que quiere ser gobierno no se puede abstener ante temas tan trascendentales, tiene que tener un criterio", ha proclamado.

Después del descalabro electoral en Cataluña frente al avance de Cs, los conservadores quieren recuperar iniciativa política con esta medida penitenciaria, que, según destaca, "cuenta con el apoyo de una mayoría social". Los padres de Mari Luz, Diana Quer y Marta del Castillo se han unido para defender esta pena, que ya ha conseguido más de 340.000 firmas.

"Hay una corriente de opinión pública muy mayoritaria en favor de la prisión permanente revisable tal como está prevista en nuestro Código Penal. Así lo demuestra una iniciativa en Change.org pidiendo 'No a la derogación de la prisión permanente revisable'", señala el PP en el citado argumentario interno, recogido por Europa Press.

"No es una cadena perpetua"

La prisión permanente revisable fue aprobada en marzo de 2015 por el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy y ya entonces cosechó numerosas críticas de la oposición, que llegó a calificarla de "cadena perpetua". Esta legislatura, en la que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso está tramitando su derogación.

Según el PP, se trata de una pena extraordinaria "para supuestos de extrema gravedad". La finalidad, explica, es impedir que los autores de graves crímenes que no demuestren su voluntad de reintegrarse de nuevo en la sociedad vuelvan a recuperar su libertad poniendo en peligro nuevamente a la ciudadanía.

"La prisión permanente revisable no es una cadena perpetua. Cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años, el tribunal deberá revisar de oficio cada dos años si la prisión debe ser mantenida; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien –tras la desestimación de una petición– podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes", indica.

En este sentido, el PP destaca que "se compatibiliza" seguridad, que todo Estado debe proporcionar a sus ciudadanos, y reinserción. A su entender, corresponde al preso demostrar de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad, y el articulado de esta figura penal se lo permite.

Las autoridades estadounidenses han confirmado este lunes la muerte del famoso asesino Charles Manson a los 83 años en California.

El asesino, que se encontraba al frente de la Familia Manson, responsable de diversos asesinatos en los años 60, ingresó este miércoles en el hospital de Bakersfield.

En enero, el criminal también tuvo que abandonar temporalmente la cárcel para ingresar de urgencia en el hospital Mercy de Bakersfield.

Manson fue primero condenado a pena de muerte por el asesinato de la actriz Sharon Tate -la esposa del director de cine Roman Polanski, que estaba embarazada de ocho meses- y de otras ocho personas, por una serie de crímenes cometidos por la Familia Manson en 1969. Familia MansonFinalmente obtuvo la cadena perpetua.

Según la Fiscalía, la intención del grupo era incitar una guerra racial apocalíptica entre blancos y negros en el marco de las fuertes tensiones raciales vividas entonces en Estados Unidos.

Durante su estancia en prisión, Manson amenazó y asaltó al personal de la cárcel. Además fue acusado de estar en posesión de armas y teléfonos.

El Tribunal Penal de Inglaterra y Gales ha sentenciado a cadena perpetua a Thomas Mair por el "asesinato terrorista" de la diputada del Partido Laborista Jo Cox una semana antes de la celebración del referéndum sobre el Brexit, según ha informado Europa Press.

Según ha informado la Fiscalía mediante un comunicado, Mair también ha sido declarado culpable del cargo de causar graves daños corporales y de posesión de arma de fuego con la intención de cometer un delito y posesión de un arma ofensiva.

La jefa de la Sección Antiterrorista y de Delitos Graves de la Fiscalía, Sue Hemming, ha subrayado que Mair cometió un "asesinato brutal" con la diputada Cox, una "mujer indefensa, madre de dos niños que sirvió a sus electores con pasión, euforia y vitalidad y que estaba orgullosa de representar a una comunidad diversa".

"Varias personas intentaron con valentía salvar a la señora Cox, incluido el hombre de 77 años Bernard Kenny, que también fue apuñalado por Mair y que sufrió heridos graves", ha contado. La Fiscalía ha explicado que Mair no ha dado explicaciones sobre sus actos y que ha quedado demostrado que actuó por "odio" y de "forma premeditada" para cometer unos delitos que son "actos de terrorismo" pensados para avanzar en su "retorcida ideología".

Tras destacar la importancia que han tenido en el proceso judicial los testimonios de varios "valientes testigos", la Fiscalía ha destacado la unanimidad del jurado al declarar culpable de todos los delitos imputados a Mair.

"Nuestros pensamientos están con la familia de Jo Cox, que ha asistido a la vista y que se ha comportado con una verdadera fortaleza y dignidad en todo momento", ha afirmado la Fiscalía. "La Fiscalía continuará trabajando con la justicia para combatir a los que intentan sembrar odio y división profundizando en ideologías extremistas", ha concluido.