El ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, que ostentó el cargo durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, ha sido detenido este martes junto al hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec, por delitos de organización criminal, blanqueo y revelación de secretos, entre otros.

Según ha adelantado El Independiente, y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, en la operación que está bajo secreto y ha sido coordinada por la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, han sido detenidos también otras dos personas, entre ellas el youtuber Álvaro Martín, que ha sido arrestado en Andorra, por lo que será necesario pedir su extradición.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los detenidos se dedicaban presuntamente a la "exfiltración" de datos de entidades públicas y privadas con los que luego comercializaban y blanqueaban los beneficios.

Los delitos por los que se les investigan son los de organización criminal, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento o intrusismo en un sistema informático y apoderamiento y cesión de datos reservados.

Fuentes de la defensa de Martínez, que se encuentra pendiente de juicio por el caso Kitchen, relativo al presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, han indicado a EFE que el exnúmero 2 de Interior fue abogado de Alcasec cuando este era menor de edad y le ayudó a constituir dos sociedades.

La investigación, en manos de la Comisaría General de Información de la Policía, se centraría en el presunto uso por parte de Alcasec de esas dos sociedades para meter el dinero de las ganancias obtenidas a través de operaciones de hackeo y blanquearlo.

Desde la defensa de Martínez sostienen que su papel se limitó a la constitución de esas dos sociedades, pero que no las administró, ni las gestionó, ni llevó su contabilidad, y que lo único que hizo fue facturar a Alcasec 1.500 euros por constituir esas sociedades. "Esa es la única factura que ha encontrado la policía", afirman.

Alcasec tiene también pendiente un juicio en la Audiencia Nacional por el ataque a la web del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que extrajo los datos bancarios de más de medio millón de contribuyentes. La Fiscalía pide para él tres años de cárcel tras haber decidido colaborar con la Justicia y facilitar contraseñas de los dispositivos en los que guardaba su cartera de bitcoins, Trust Wallet y el pin de la misma. Gracias a ello, y tras pasar casi mes y medio en prisión preventiva, entre marzo y mayo de 2023, logró quedar en libertad provisional.

En 2021, siendo menor de edad, fue detenido como presunto autor de un delito de intrusión informática y revelación de secretos, al acceder a diferentes bases de datos policiales, a las que volvió a entrar durante el periodo en el que estuvo internado en un Centro de Menores de Almería a través del ordenador del aula de formación de un instituto en 2022.

Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos ya preparan sus recursos, que presentarán el próximo mes de septiembre –agosto es inhábil, tal y como ha comunicado el Juzgado Central de Instrucción número 6 a las partes personadas–. Las tres acusaciones habían solicitado a García Castellón la prórroga de la investigación por otros seis meses. También lo habían hecho las defensas del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ahora recurrirán el auto del cierre de la instrucción pero no por no acordar esa prórroga, sino por su procesamiento como supuestos responsables políticos del operativo de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

No sólo rechazó alargar unos meses la investigación. El magistrado se opuso a la práctica de numerosas diligencias que le reclamaban los fiscales del caso para seguir indagando en varios frentes: la posible implicación de la cúpula del PP en la organización de la operación ilegal, con la exsecretaria general María Dolores de Cospedal a la cabeza, aunque también el conocimiento que pudo haber tenido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la localización del material sustraído a Bárcenas por los mandos policiales implicados; la utilización de más confidentes para tratar de averiguar otros pagos con fondos reservados; y más pruebas que permitan argumentar el relato de que Kitchen fue sólo un capítulo más en los intentos por obstruir la investigación del caso Gürtel.

Cierre en falso

En su petición, consultada por este periódico, el Ministerio Público destacaba que resultaba "necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación para el completo esclarecimiento de los hechos y la identificación de todos los partícipes en los distintos ámbitos en que se puso en marcha y se desarrolló la denominada operación Kitchen". Es decir, los fiscales consideran que la instrucción aún no ha terminado porque no se ha señalado a todos los responsables. Y esto lo que vendría a significar es que las diligencias se han cerrado en falso.

Anticorrupción sigue manteniendo que el operativo se dispuso para robar documentación a Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, con el fin último de "proteger a dirigentes del Partido Popular a quienes su contenido podría llegar a involucrar penalmente". Además de la implicación de ocho mandos de la cúpula policial, añade, "otras actuaciones vienen a poner de manifiesto la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación, puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícita operación policial", aparte de Fernández Díaz y Martínez. En este punto, recordaba al juez que se había quedado "pendiente de esclarecimiento la posible participación en los hechos del director general de la Policía en aquellas fechas, Ignacio Cosidó", quien ha sido citado "reiteradamente" en las declaraciones de los imputados José Manuel Villarejo y Eugenio Pino.

Efectivamente, Cosidó no ha sido citado a declarar ni una sola vez, ni como testigo ni como imputado, en los casi tres años en que ha estado abierta la instrucción de Kitchen a pesar de que dirigía la Policía en los años del operativo ilegal, ocho mandos policiales de los que era responsable han sido procesados, así como sus superiores inmediatos en el Ministerio del Interior. Ni siquiera para preguntarle si llegó a oír o a conocer el operativo. En el auto de cierre de la causa, García Castellón ve el planteamiento de los fiscales muy general y apunta que no hay ningún "dato, indicio, expresión o afirmación concreta alguna que permita sostener la imputación de esta persona", por lo que les invita a citarle, si quieren, como testigo en el juicio.

Imputación fugaz sin apenas diligencias

En cuanto a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, Anticorrupción reclamaba al juez seguir indagando en esta línea. Apenas han estado imputados dos meses y casi no se han hecho diligencias sobre su posible implicación, por lo que la Fiscalía veía "imprescindible" practicar nuevas diligencias, al menos para corroborar lo que ellos mismos dijeron en la Audiencia Nacional –negaron saber nada del asunto–, ya que "contrariamente" a esto, "otros indicios apuntan a que de ellos habría partido la iniciativa para reunirse en varias ocasiones con el investigado José Manuel Villarejo y que su interés estaría determinado por la información que este último les habría trasladado acerca de la implicación e inmediata detención de algunos de los principales implicados en la operación Gürtel". 

La explicación que da el magistrado al archivo de las actuaciones para Cospedal y su marido es que de las reuniones con Villarejo no se puede extraer esta conclusión, que los encuentros no presuponen la "existencia de infracción penal alguna" y que les ampara el "derecho fundamental de reunión". Tampoco da importancia al hecho de que la exdirigente conservadora dijera que fueron "tres o cuatro" reuniones y luego su ex jefe de gabinete José Luis Ortiz elevara el número a "ocho o diez". La intención de las acusaciones, por tanto, será demostrar a la Sala de lo Penal que todo esto se ha quedado sin investigar.

Al igual que los números de teléfono que aportó Villarejo y desde los que dice que informaba a Mariano Rajoy de los avances de la operación de espionaje a Bárcenas. Según García Castellón, sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero informa de que la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número del expresidente. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce meses y los hechos de Kitchen son de hace nueve años.

La Fiscalía Anticorrupción también quería seguir indagando en lo que ha revelado el sumario de la operación Kitchen en los últimos meses, y es que este operativo habría sido sólo una parte de una estrategia aún más larga y que habría comenzado mucho antes para hacer fracasar la instrucción del caso Gürtel. Por eso, su intención era profundizar en los soplos que habría recibido Villarejo y que podrían haber llegado al PPsoplos a través de este comisario. En los diarios personales que se le incautaron se halló un apunte sobre el aviso que habría dado a uno de los procesados en la macrocausa de corrupción, el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, un chivatazo que el propio exregidor confirmó al diario La Razón este mismo verano. El Ministerio Público quería citarle a declarar, pero el juez se lo ha impedido.

Ni otros confidentes, ni otros agentes, ni la documentación robada

Tampoco quiere saber nada más el magistrado sobre otros posibles confidentes, aparte del chófer Sergio Ríos, que pudo utilizar la trama parapolicial para espiar a Bárcenas, entre ellos Enrique Olivares, el falso cura que está en la cárcel por el secuestro de la familia del extesorero. Aunque sus capacidades físicas y mentales están seriamente mermadas desde que sufrió un ictus en prisión, y por tanto no puede declarar, los fiscales consideran que no se puede descartar que el asalto fuera obra de la Kitchen y por eso querían que se localizara a agentes de Policía que fueron a visitar a Olivares al centro penitenciario. Esta línea indagatoria podría llevar a más testimonios claves para la investigación y a la posibilidad de localizar más pagos provenientes de los fondos reservados, pues los fiscales creen que no se puede descartar que hubiese otro operativo "bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado".

Por otro lado, el magistrado considera que a estas alturas resulta casi imposible la localización del material que le fue robado a Bárcenas, por lo que descarta ordenar más diligencias en este sentido. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.

Estos flecos que quedan pendientes, a juicio de la Fiscalía, de investigar en la pieza 7 del caso Villarejo es lo que lleva a las acusaciones a presentar recursocaso Villarejo. Las populares, al menos, tienen intención de acudir a la Sala de lo Penal, concretamente ante la Sección Tercera, que es la que ve los recursos de esta macrocausa. Por eso, el PP no podrá saber hasta el próximo otoño si la operación Kitchen se queda como está (cerrada) o si los magistrados ordenan reabrir la causa para seguir investigando en ese posible papel que pudo tener el partido conservador.

Pero es que además, la Kitchen seguirá persiguiendo al PP más allá del plano judicial, pues en otoño también se retomarán las sesiones de la comisión de investigación del Congreso, que aún está pendiente de escuchar las declaraciones de Cospedal –su comparecencia se aplazó después de que se conociera su imputación–, Fernández Díaz y Rajoy. Incluso, se citará a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por esos "otros servicios de seguridad del Estado", ya que más de un imputado ha hablado de posibles agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en aquel momento estaba en manos de la que fue número dos del Gobierno. No se descarta, además, convocar al exdirector de los servicios secretos Félix Sanz Roldán.

"Se desprenden disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales". Así lo explica el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto en el que da por finalizada la investigación de la operación Kitchen, el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación que podía afectar al partido conservador en la causa judicial que se había abierto sobre su financiación ilegal. Una trama en la que sitúa en el "vértice" al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al que fue su número dos, Francisco Martínez, responsables de repartir ese dinero público.

Las palabras "fondos reservados" son una constante en el auto del magistrado. Las menciona no pocas veces para exponer la gravedad que supusieron los hechos investigados y para exponer el por qué del delito de malversación por el que propone juzgar a once imputados, todos ellos funcionarios públicos o cargos políticos que tuvieron responsabilidad sobre millones de euros de dinero público que en teoría debían financiar operaciones policiales que pueden afectar a la seguridad del Estado, no para satisfacer los intereses particulares de un partido político, intereses que, además, eran ilegales porque se pretendía sustraer pruebas de una investigación judicial. 

El magistrado no llega a cuantificar una cifra aproximada de cuántos fondos reservados se gastaron ilícitamente en la operación Kitchen, ya que el espionaje implica medios personales –los agentes que se destinaron, las horas que echaron, etc.– y materiales –vehículos, por ejemplo– que son muy difíciles de calcular. Sï explica que lo que ha quedado acreditado son los 2.000 euros al mes, más gastos, que estuvo percibiendo el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, por hacer de confidente para los comisarios que estaban liderando el operativo. Esto es, al menos 53.000 euros. A esto habría que añadir los 700 euros que costó la pistola que le facilitó el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, más el material informático que éste habría cargado a esos mismos fondos.

Los sucesivos escándalos de uso fraudulento de fondos reservados que se hicieron públicos en la primera mitad de los noventa llevaron al Gobierno de Felipe González a promulgar en 1995 una nueva Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, así como una posterior orden ministerial del entonces jefe de Interior, Juan Alberto Belloch, con las normas internas de gestión, documentación que obra en el sumario de la operación Kitchen. En esa orden se deja muy claro que “toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto”.

Nadie duda de que operaciones como las que se sufragan con gastos reservados no deben ser de dominio público, pues se trata de operativos antiterroristas o relacionados con la seguridad del Estado. Sin embargo, lo que la Kitchen ha revelado es que la orden ministerial no ha servido para evitar que personas concretas manejen irregularmente unos fondos que en 2020 alcanzaron los 27,86 millones de euros, cantidad que se mantiene en los Presupuestos de 2021. Según la investigación de la trama parapolicial, Sergio Ríos habría cobrado los 2.000 euros al mes justificados con recibís rellenados y firmados a mano, un modo de hacer no poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un ministerio tan sensible, una documentación que la Fiscalía Anticorrupción constata que "no se ajustaba a la normativa legal que regulaba esos fondos desde 1995".

Se daban los fondos antes de comprobar para qué

En el auto que pone fin a la instrucción, el juez García Castellón destaca que la normativa reguladora de los fondos reservados "atribuye las funciones de su control al ministro del Interior y por delegación a la Secretaría de Estado de Seguridad". Y su conclusión de todo lo investigado es que la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado para sufragar la operación Kitchen "no se ajustaba a la normativa legal" por varios motivos. En primer lugar, desde el departamento que dirigía Francisco Martínez "se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa" (DAO) que en aquel momento gestionaba Eugenio Pino.

Asimismo, se abonaban fondos reservados mensualmente al comisario jefe de la UCAO, que "en ningún caso era una unidad autónoma receptora de fondos reservados, con independencia de los fondos que podía recibir su unidad en la Comisaría General de Información". El dinero que recibía García Castaño, que tenía una cuantía fija, "no estaba vinculado a ninguna necesidad operativa concreta y el uso de estos fondos nunca fue justificado documentalmente por su destinatario". Las entregas estaban autorizadas "verbalmente" por Eugenio Pino. El descontrol, por tanto, era total.

García Castaño ha manifestado en varias ocasiones ante el juez que Martínez conocía estos hechos. El instructor reconoce que no se ha podido acreditar este extremo –que el ex número dos de Interior niega–, pero sí relaciona al ex secretario de Estado con "otro gasto directamente vinculado con la operación ilegal", la compra de un ordenador y de una pistola para Ríos "con cargo a fondos reservados", por un recibí en el que constan "1.905,82 euros, compra material informático para S.E." y "700 euros, compra pistola para cocinero", aparte de los 2.000 euros mensuales.

El exjefe de la UCAO es uno de los principales investigados en la macrocausa Tándem y su patrimonio y cuentas bancarias ha sido escrutado por los investigadores por supuestamente ser uno de esos mandos policiales que se habrían enriquecido ilícitamente. Pero no sólo por los fondos reservados de la operación Kitchen, sino por participar activamente en los negocios privados de Villarejo por los que habría percibido comisiones. En un informe del año pasado incorporado al caso, se le atribuyen ingresos en efectivo durante más de una década que suman más de medio millón de euros.

No sólo el exjefe de la UCAO aparece relacionado en la operación Kitchen con el gasto de este dinero público para fines ilícitos. En el desarrollo de la operación ilegal, prosigue el juez, "al menos en una primera fase habrían participado funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos, bajo el mando del comisario Marcelino Martín Blas, quien, al parecer, sabría de los verdaderos objetivos de la operación y habría dispuesto de fondos reservados autorizados para uso de la Unidad de Asuntos Internos para el pago del colaborador Sergio Ríos, entregándoselos materialmente y sin ningún control ni resguardo documental a José Manuel Villarejo". Posteriormente, Martín Blas "habría dejado paso a García Castaño, quien habría encomendado a la unidad especial de Seguimientos de la UCAO las vigilancias y los seguimientos".

Permitido por Martínez, cono conocimiento de Fernández Díaz

Según García Castellón, "una vez desclasificada la documentación relativa a los pagos efectuados a Ríos, se ha podido comprobar que la solicitud mensual de asignación de fondos reservados se elevaba desde la Dirección Adjunta Operativa a la Secretaría de Estado de Seguridad". Las peticiones "no cumplían con la normativa interna del Ministerio del Interior sobre gestión y control de los fondos reservados, que exigía que se tenían que adjuntar una serie de documentos acreditativos del uso de los fondos asignados en la mensualidad anterior, y que en esos documentos constaría la designación de la operación policial concreta para la cual se solicitan fondos de carácter reservado extremos que no se cumplía en este caso". 

Así, lo que concluye el magistrado es que la Secretaría de Estado que dirigía Martínez libraba los fondos reservados antes de comprobar y verificar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa, pese a que no se ajustaba a la normativa legal que regulaba la gestión de estos fondos a partir de 1995". "Esta irregular entrega de fondos reservados era permitida por el secretario de Estado de Seguridad, con el conocimiento del ministro del Interior", afirma en el auto, razón por la cual propone juzgar a los dos por malversación, entre otros delitos.

Sobre este modo de actuar fueron muy reveladoras las declaraciones en calidad de testigos que prestaron en sede judicial José Manuel Benavides, secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a lo largo de siete años hasta el otoño de 2013, y su sucesor, Enrique Lacasa. Una forma de trabajo, y aquí está lo preocupante, que no enmarcaban en la operación Kitchen, sino en el quehacer general de esos años en la DAOoperación Kitchen.

Según Benavides, “las unidades operativas comunicaban a la secretaría general la cantidad que necesitaban para el mes siguiente” y ese dinero era el que él solicitaba a la Secretaría de Estado de Seguridad. El que entregaba los fondos era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, cargo que desempeñó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos durante parte del tiempo en el que se extendió la operación Kitchen. Los fondos se entregaban en metálico y el propio Benavides firmaba el “recibí”, tras lo cual los repartía a las unidades que los habían reclamado para sus operaciones. Pérez de los Cobos gestionaba los seis millones de euros que aproximadamente maneja Interior –según cifras del propio coronel–, pero aseguró al juez que no conocía el pormenor de las operaciones. Declaró como testigo en noviembre de 2020 y en el auto de cierre de la causa no aparece por ninguna parte en el relato de hechos.

De la explicación de Benavides y Lacasa se desprende que nunca tenía el detalle del destino del dinero. Lo que hacía era justificar lo solicitado en un libro de contabilidad, pero sin especificar para qué. Los dos subrayaron este detalle: “Ni quería saber ni preguntaba para qué era ese dinero”, dijo el segundo. Lo que se pedía, lo que se recibía de Interior y lo que se gastaba era apuntado en un libro de contabilidad con conceptos genéricos que impiden saber si el dinero reclamado era gastado en el desarrollo de las operaciones para las que en teoría iba destinado.

Miguel Ángel Bayo, asesor jurídico de la DAO durante más de treinta años que declaró como testigo, confirmó este modo de hacer: “Te dan cuarenta y tienes que responder de cuarenta. Y que cada palo aguante su vela”, dijo sobre el funcionamiento de la salida y entrada de fondos reservados, que gestionó durante un tiempo tras la jubilación de Lacasa, en referencia a que no se daban detalles del destino del dinero.

La trama en la cárcel y el falso cura

Esto es lo que ha permitido revelar una investigación que ha estado abierta casi tres años. En los últimos meses, se descubrió también que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en la primera etapa en la que Luis Bárcenas pasó entre rejas tras la apertura de la causa de la contabilidad irregular del PP en 2013. La finalidad era seguir la pista de una grabación que tendría Bárcenas escondida y en la que se escucharía al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ex secretario general del partido Javier Arenas hablando de esa caja b, para lo cual los mandos policiales implicados habrían seguido el rastro de presos con los que habría contactado el extesorero en la prisión. A uno de ellos, Bárcenas le encargó supuestamente que destruyera esos audios, ya que en aquel momento el PP y él mantenían un pacto de no agresión en los tribunales.

García Castellón ve acreditado que a principios de 2014, Sergio Ríos informó de que un preso llamado Isidro Sánchez Suárez "podría tener en su poder las claves que facilitarían el acceso unos archivos a los que pretendería acceder siguiendo instrucciones de aquel". Con la "coordinación activa del secretario de Estado", y gracias a la información facilitada por Ríos, García Castaño y Villarejo "lograron impedir este acceso".

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al magistrado que alargara el plazo de instrucción para, entre otras cosas, tratar de determinar cuánto de los fondos reservados se destinó a esta parte de la trama, sobre todo a saber a qué otros colaboradores se habría recurrido en la prisión y si se les pagó por ello. Pero García Castellón considera que ya se han acometido las diligencias necesarias para ello y no han llevado a una conclusión.

Tampoco ve necesario seguir indagando en el asalto al domicilio de la familia de Bárcenas de Enrique Olivares, conocido como el falso cura, que cumple pena de prisión por el secuestro. Por un lado, el juez recuerda "no se encuentra en condiciones psíquicas" para declarar y considera que el planteamiento de los fiscales de que podría haber estado “bajo el control de otros servicios de seguridad" es de una "amplitud y generalidad" que "impiden un pronunciamiento específico, dado que parece referirse a acontecimientos que ni son objeto de esta pieza ni parecen guardar vinculación alguna con la misma".

Día intenso de archivos para el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejocaso Villarejo. Por un lado, ha cerrado la pieza 7, la de la operación Kitchen, en un auto en el que sobresee las actuaciones contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, rechaza numerosas diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para seguir indagando o de otras partes solicitando una prórroga y ha desdeñado en unos pocos párrafos una posible pista a seguir para una citación del expresidente Mariano Rajoy, limitando la trama a un operativo parapolicial orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Por otra parte, ha archivado la imputación contra Repsol, CaixaBank y sus presidentes por los encargos de espionaje al comisario José Manuel Villarejo, tan sólo dos días después de tomar declaración a las empresas. Y todo en unas pocas horas. Los dos autos se pueden recurrir ante el propio juez o ante la Sala de lo Penal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cree que ya no hay más hilos de los que tirar en la operación Kitchen. Las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Podemos, así como la familia de Luis Bárcenas –los perjudicados en la causa– y algunos de los investigados solicitaron una prórroga de seis meses en la instrucción. El Ministerio Público, además, interesó numerosas diligencias que incluían nuevas imputaciones –como la del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó–, pruebas periciales y citar de nuevo a algunos investigados. El magistrado lo desestima todo y lanza un duro mensaje: “La actividad instructora no puede concebirse como una suerte de soltar la red en fondeo por si se encuentra el delito, sino todo lo contrario”.

En resumen, el instructor considera indiciariamente acreditado que la trama de espionaje a Bárcenas y su entorno que se puso en marcha en 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que éste se habría llevado tras ser despedido "se habría ideado en el marco institucional del Ministerio del Interior, siguiendo órdenes del ministro y bajo el control de Francisco Martínez". El ex secretario de Estado, "contó con la ayuda" del entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y otros mandos, que habrían encargado el desarrollo del operativo a Villarejo, quien contó con la participación del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. Para la "ejecución" de la operación, Villarejo se habría servido también de otro policía, Andrés Gómez Gordo –muy cercano a Cospedal– para captar al chófer del extesorero, Sergio Ríos.

La "misión" estaba "encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en el poder de Bárcenas con el fin de sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo " en la Audiencia Nacional sobre la financiación ilegal del PP. Es decir, se trataba de sustraer pruebas para dinamitar la causa judicial que afectaba directamente al partido conservador. Todo ello, financiado con fondos reservados, esto es, dinero público, sin control ninguno. No obstante, la instrucción no ha podido cuantificar cuánto de ese dinero se utilizó para el operativo; el juez sólo habla de los 2.000 euros al mes, más gastos, que llegó a percibir Sergio Ríos durante dos años y los 700 euros que costó la pistola que le compró García Castaño, aunque también menciona otros gastos que percibieron algunos de los comisarios implicados. Tampoco quiere seguir indagando en este asunto y buscar a otros supuestos confidentes captados por la trama parapolicial, como el preso de la cárcel de Soto del Real con el que habría contactado Bárcenas para destruir unos archivos que podrían comprometer a Mariano Rajoy.

La implicación de Cospedal, una "inferencia voluntarista"

En total, García Castellón propone juzgar a once personas: la cúpula de Interior, ocho altos mandos policiales y el exconductor de la familia de Bárcenas por hecho constitutivos de los delitos descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación de fondos públicos. Ni dos meses les ha durado la imputación a Cospedal y su marido, que declararon hace sólo un mes en la Audiencia Nacional. Para archivar las actuaciones para ellos, el magistrado argumenta que achacarles una participación intelectual en la trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas no deja de ser “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones”. Llega a decir que el hecho de que Cospedal se reuniese con Villarejo, las veces que fueran, "no presupone la existencia de infracción penal alguna" y que ni el comisario jubilado ni nadie que se hubiera reunido con él "debe responder penalmente por ello, en la medida que supone ejercicio de un derecho fundamental de protección constitucional, el derecho de reunión".

Y considera que los audios que se publicaron en moncloa.com del primer encuentro entre el comisario y la ex número dos del PP en el despacho de ésta –aparte de mencionar que su origen es desconocido y su fiabilidad, "dudosa", además de ser sólo un fragmento– "no permiten inferir la intención señalada por el fiscal" cuando solicitó su imputación en septiembre de 2020 –en aquella ocasión, denegada por el magistrado–.

Sobre todas las diligencias nuevas que pedía el Ministerio Público, García Castellón las califica de "inútiles", en algunos casos, "impertinentes" e incluso recuerda que no se permiten "investigaciones prospectivas". Para él, la X de la Kitchen está claraKitchen, y fueron el exministro Fernández Díaz –"vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha"– y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez –con una "activa y continua intervención" que "evidenciaría, presuntamente, órdenes concretas de atender de forma prioritaria a esta cuestión"–, para lo cual se valieron de la cúpula policial en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Y eso que hace sólo unos meses preguntaba a Ríos, durante una de sus declaraciones, si no creía que "todo esto" se había "montado desde el partido, no desde el ministerio".

Continuos reproches a Fiscalía

Una de esas diligencias que proponían los fiscales era investigar qué pasó con la información robada a Bárcenas, pero García Castellón lo ve "innecesario", a pesar de que concluye que la trama parapolicial tuvo éxito y robó efectivamente esa documentación que el extesorero guardaba en un estudio de restauración de su mujer y que, según él, contenía datos sobre la financiación ilegal del PP. "Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo", ha contestado.

Otro planteamiento de Anticorrupción era indagar en los teléfonos móviles que, según Villarejo, utilizó para mensajearse con el que fuera presidente del Gobierno durante varios meses en el punto álgido de la operación par informarle de los avances. El juez no le da ningún crédito y para eso presume de su dilatada experiencia como instructor: "Ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro. Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades".

No ahorra el magistrado en reproches a la Fiscalía. En su opinión, es "preocupante es que se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza", de ahí que haga una "valoración sosegada", pues asegura que "no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante de aquello que ni aporta ni añade".

Para empezar, que el número al que el comisario supuestamente enviaba los mensajes "hubiera sido titularidad de un partido político nacional no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba Villarejo". Sobre los tres números que el expolicía asegura que utilizó para informar, el juez afirma que sólo sobre uno "existen indicios objetivos" de que el comisario era usuario por un terminal que se encontró en el registro de su domicilio, pero la Unidad de Asuntos Internos ya investigó ese teléfono en otro procedimiento judicial de 2014 y no hubo "conexión alguna" con el supuesto número de Rajoy. Y aparte de todo esto, subraya que las compañías telefónicas tiene la obligación de conservar los datos de las comunicaciones electrónicas durante doce mese y los hechos de Kitchen empezaron hace nueve años. 

Repsol y CaixaBank, sólo tres semanas imputadas

Sólo un rato después de acordar el cierre de la pieza 7 del caso Villarejo, el mismo juez ha dictado un auto en el que sobresee las actuaciones para cuatro protagonistas de la pieza 21, la que investiga el proyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank habrían hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petroleraproyecto Wine a través de la empresa mexicana Pemex. No se ha archivado la instrucción para cualquiera, sino que García Castellón lo ha hecho para las propias compañías, que estaban imputadas como personas jurídicas desde hace tres semanas, y para sus presidentes Antonio Brufau e Isidro Fainé.

Como en el caso de la operación Kitchen, el magistrado ha tomado esta decisión sin consultar a Fiscalía Anticorrupción y a pesar de los duros autos en los que muy recientemente imputó a los cuatro: en abril, citó como investigados a Brufau y Fainé por un delito de cohecho al considerar que la reacción frente a Sacyr fue "promovida por los dos presidentes", mientras que el 8 de julio dio el mismo paso con Repsol y CaixaBank por cohecho y revelación de secretos razonando que la contratación a Cenyt, la empresa de Villarejo, se hizo en nombre y beneficio de ambas compañías.

Ahora, tras escuchar a todos, presidentes y representantes de las empresas, el juez sorprende con una decisión en la que se corrige de palmo a palmo. Respecto a Fainé y Brufau, dice que "no consta en la causa, más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredite, al menos indiciariamente, la participación de ambos en la contratación de Cenyt", y que el encargo no recaía en el ámbito de su control. Descarga, así, toda la responsabilidad en los que fueran jefes de seguridad de las compañías, expolicías que habían sido compañeros de Villarejo y que habrían sido su puerta de entrada a este servicio.

Pero a lo que el instructor ha dado especial valor es a lo expuesto por los representantes legales de la petrolera y el banco y a la documentación que han aportado las empresas para acreditar que existía una política de control. Así, entiende que "ambas mercantiles tenían implantado, al tiempo de producirse los hechos objetos de la presente pieza separada, un sistema de prevención y cumplimiento eficaz", sin que las acusaciones hayan logrado probar lo contrario. Y eso que en el auto de imputación les reprochaba duramente que hubiesen faltado a la "diligencia debida" para comprobar que Villarejo seguía siendo policía en activo y que su empresa de detectives no tenía licencia para realizar labores de seguridad privada. Lo llegó a calificar de "negligencia".

"CaixaBank y Repsol contaban con medidas adecuadas para evitar la comisión de los delitos investigados dentro de su actividad, con un plan de cumplimiento normativo y una cultura de cumplimiento implantados en la entidad en el momento de los hechos", asegura ahora García Castellón, que remarca que esos sistemas de cumplimiento no pueden medirse desde la exigencia de una "eficacia absoluta", sino desde la "capacidad del ente corporativo de prevenir, y en su caso, reaccionar de forma eficaz frente a la comisión del delito". En su opinión, "resulta suficiente (...) que se pueda constatar que existía una cultura de cumplimiento normativo debidamente instaurada" y con "rasgos evidentes de eficacia", y por eso desimputa a las empresas, aunque no descarta que puedan responder como responsables civiles subsidiarios respecto de los delitos imputados a las personas físicas.

De Repsol, por ejemplo, señala que "para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de cohecho, contaría con 72 controles y para mitigar el riesgo de la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, 69 controles". Pero la investigación de la Audiencia Nacional ha permitido acreditar que sí hubo cohecho y revelación de secretos y que Villarejo habría recibido por el encargo 413.600 euros que sufragaron tanto Repsol como CaixaBank.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado la investigación de la operación Kitchen. En un auto, propone juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por la trama de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas por la que también procesa al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Sin embargo, la instrucción no pasa de ahí y queda fuera la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Con este final, se descarta así seguir indagando en la posible implicación de las más altas instancias del partido conservador y la posible pista sobre el expresidente Mariano Rajoy se pierde.

Con esta resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que lo que ha quedado indiciariamente acreditado es la participación de la cúpula del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Rajoy, pero también de los mandos policiales imputados, hasta una decena, con los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño a la cabeza, así como el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Igualmente, el instructor procesa al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera.

Como ya apuntaba el magistrado en el auto en el que imputó a Fernández Díaz, y ahora confirma, las investigaciones permiten situar el "centro nuclear de la operación Kitchen en el Ministerio del Interior”, pues en este departamento es donde “se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”. Según el auto, todo fue organizado por el exministro y puesto en práctica por el ex secretario de Estado. Desde la época de los GAL, no se había visto a una cúpula de Interior procesada para sentarse en el banquillo de los acusados.

Así, Fernández Díaz y Martínez son los únicos altos cargos políticos que deberán responder por el operativo parapolicial que se puso en marcha a mediados de 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que se habría llevado Bárcenas tras ser despedido. Las operaciones de seguimiento y espionaje, que se alargaron hasta 2015 e implicaron a altos mandos de la Policía Nacional, supusieron también la captación como confidente del chófer del extesorero, Sergio Ríos, como confidente, a razón de 2.000 euros al mes provenientes de los fondos reservados.

Pero además, en casi tres años de instrucción, la operación Kitchen ha desbordado las tesis iniciales de los investigadores y lo que empezó como un plan parapolicial sin control judicial dirigido por altos mandos policiales para seguir a Bárcenas y robar información que se hubiese podido llevar del PP tras ser despedido ha acabado convirtiéndose en una trama que abarca varios años y que apunta a altas instancias del Ministerio del Interior del primer gobierno de Rajoy. La conspiración habría ido desde tener controlado al extesorero a través de la captación de su chófer, el robo de documentación sensible sobre la financiación ilegal del PP, presiones para apartar al principal investigador del caso Gürtel y la caja b, así como la estrategia común con Bárcenas para "salvarle" antes de que la confianza se viniera abajo en 2013. El sumario también ha revelado que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en los primeros años en los que el extesorero estuvo en prisión preventiva para seguir el rastro de una supuesta grabación que comprometía a Rajoy en la investigación de la financiación ilegal.

El pasado mes de mayo, en el auto en el que imputó a Cospedal y López del Hierro por cohecho, malversación y tráfico de influencias, el juez ya apuntó que esta pieza 7 del caso Villarejo contaba con "la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria". La instrucción caduca este 29 de julio, debido a los nuevos plazos legales, por lo que para continuar con las pesquisas debía prorrogarlas, pero finalmente ha optado por no hacerlo. Tras oír en declaración a la ex secretaria general y su marido, el magistrado ha optado por desimputarles, al no haber podido acreditar indiciariamente su participación o conocimiento en el operativo ilegal.

El resumen de la comparecencia de Cospedal es que negó cualquier tipo de conocimiento sobre el operativo parapolicial diseñado para espiar a Luis Bárcenas e incluso en alguna ocasión hasta puso en duda que llegara a existir, se dedicó a atacar al extesorero cuestionando su credibilidad, defendió a su partido, del que fue la número dos durante diez años, y sólo admitió lo que no puede ocultar porque hay grabaciones que lo corroboran, y es que conocía al comisario José Manuel Villarejo.

Un mes después, el magistrado exculpa a Cospedal, su marido y su exjefe de gabinete. "A diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio de Interior, (...) respecto de los que existe una sólida base indiciaria, resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación" de ellos tres, ha explicado el juez en el auto. A su juicio, la imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones".

María Dolores de Cospedal está imputada en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Mariano Rajoy, no, pero el principal investigado, José Manuel Villarejo, le señala directamente como conocedor del operativo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas, que se habría desarrollado entre 2013 y 2015. Según fuentes de la investigación consultadas por infoLibre, el futuro judicial de los dos exdirigentes del PP pasa por una nueva declaración del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, prevista para este lunes, y de unos SMS que el comisario jubilado asegura que envió al expresidente del Gobierno informándole de las novedades sobre la operación, mensajes que se extendieron, según él, durante unos tres meses, pero que ahora, ocho años después, resultan casi imposibles de rastrear.

Casi tres años después de abrirse la pieza 7 del caso Villarejo, la instrucción se centra ahora en la posible participación del PP en la operación Kitchen. Tras ir escalando posiciones y pasar de los mandos policiales implicados para centrar el tiro después en el Ministerio del Interior, los investigadores han llegado ya hasta el partido conservador para indagar si el operativo se organizó desde allí o si, al menos, sus dirigentes lo conocían.

Por un lado, están los supuestos SMS que Villarejo asegura que se intercambió con Rajoy en el transcurso del operativo de espionaje a Bárcenas. El comisario jubilado acaba de entregar al juez que instruye la causa, Manuel García Castellón, un escrito con el número completo de uno de los dos teléfonos móviles, como ya dijo la semana pasada. Afirma que ese número es el 650XXX710, el cual, "por expresa indicación" de su defensa, "se había ocultado parcialmente" para preservarlo, aunque ahora dice haberlo entregado completo al juzgado. "Se trata de un número de teléfono que perteneció al Sr. Rajoy mientras era presidente del Gobierno de España, desconociéndose si en la actualidad sigue haciendo uso de ese número", añade.

Según Villarejo, de los dos números que afirma que usó para contactar con Rajoy, sólo ha podido localizar uno de ellos tras quedar en libertad y cree que podría encontrar el segundo si García Castellón le devuelve sus diarios personales, que ha reclamado de forma "reiterada" desde su incautación en octubre pasado. Al sumario de la causa no se ha incorporado ningún número de teléfono que esté apuntado como el que usaba para ese posible contacto con el expresidente.

¿Cuánto tiempo se guardan los datos de un teléfono?

Fuentes de la investigación tienen dudas de que se pueda extraer algún dato relevante para la instrucción teniendo únicamente los números de teléfono. Aun así, confirman que si el comisario ha hablado de ello y ha presentado un escrito, indagarán en esta pista para no cerrar la investigación en falso, sin siquiera tirar de este hilo. Otras fuentes consultadas especializadas en periciales informáticas coinciden en señalar la dificultad que entraña obtener información sólo teniendo los números, no los terminales. Mucho más teniendo en cuenta que, según dice Villarejo, esas líneas se utilizaron para ese fin hace ocho años. Los terminales, según explica el expolicía, se los daba la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) o Asuntos Internos, eran de prepago y se los iban cambiando "con una periodicidad quincenal/mensual".

El periodo de tiempo transcurrido también supone un gran impedimento para poder extraer datos útiles a la hora de comprobar si lo que dice el comisario jubilado es cierto. Según el artículo 5 de la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, las obligación de las operadoras de telefonía de conservar datos de clientes "cesa a los doce meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación". "Reglamentariamente, previa consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un mínimo de seis meses, tomando en consideración el coste del almacenamiento y conservación de los datos, así como el interés de los mismos para los fines de investigación, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los operadores", añade la citada norma.

Así, según las fuentes consultadas, lo que podría hacer el juez es solicitar información a las operadoras, pero teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, ven esta línea de investigación como una calle sin salida. Y en cualquier caso, aunque se recuperaran los datos de ciertas comunicaciones, el contenido de los SMS no se guarda, sino que lo que queda registrado por un periodo de tiempo limitado son únicamente los metadatos sobre qué tipo de comunicación se realizó, cuándo se envió y cuándo se recibió. Otras fuentes consideran que casi al cien por cien no se podrá recuperar nada útil para la investigación, salvo que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la Policía a través del sistema de escuchas telefónicas Sitel hubiese estado pinchando alguna de las líneas de las que habla Villarejo.

Martínez, otra vez en el centro

Sea cual sea la conclusión de la diligencia que encargue el juez sobre los números de teléfono aportados por el comisario jubilado, aún hay otro paso a dar en la investigación: la declaración este lunes de Francisco Martínez, imputado desde hace año y medio pero que debe volver a comparecer después del hallazgo de los trece cuadernos de Villarejo en los que su nombre es mencionado en no pocas ocasiones en relación con el operativo de espionaje al extesorero del PP. En esos diarios, el ex número dos del Ministerio del Interior ha sido identificado por la Unidad de Asuntos Internos como "Chisco".

"CHISCO. Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunidaciones, registros y citación de mujer e hijo"; "CHISCO. Problemática por posibles grabaciones de LB"; "CHISCO. Forzando contacto con chófer LB"; o "CHISCO. Muy preocupado por datos CHEF", son las anotaciones que hacen referencia a Martínez. Pero además, el propio ex secretario de Estado creó una nota en su teléfono móvil un año después de que se abriera la causa, y cuando su imputación parecía muy cerca, en la que resaltó: "El asunto que investiga la Audiencia Nacional, al margen de que sea un disparate lo que están publicando los medios, NO fue iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibí instrucciones MUY CONCRETAS, las primeras el 13/07/2013, y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información"; "Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia".

Sin embargo, Martínez nunca ha señalado a los que eran sus jefes, ni en sus declaraciones judiciales ni en sus escritos. Cuando compareció en la Audiencia Nacional en octubre del año pasado, no mencionó a Rajoy ni a Cospedal, y sobre el que su superior en Interior, Jorge Fernández Díaz, dijo que éste fue el que le pidió que se enterase sobre una investigación a Bárcenas porque algo le había llegado y no tenía más información. Es decir, Martínez apuntó que Fernández Díaz conocía que había un operativo, pero no fue más allá y no le implicó en su puesta en marcha o control ni sugirió que el exministro supiera que era ilegal.

También aseguró no saber nada de la operación Kitchen, como volvió a hacer el pasado mes de junio en la comisión de investigación del Congreso. "Les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo de secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias", dijo.

Pero Villarejo apuntó también un encuentro con Martínez del que concluyó que éste estaba "muy mosca porque Cospe le dio gran bronca". La ex secretaria general del PP, que ha negado cualquier conocimiento o implicación en el operativo para espiar a Bárcenas, no fue preguntada directamente por ese apunte sobre Martínez, pero sí afirmó que apenas había tenido relación con él. Es previsible que el ex secretario de Estado sea preguntado también este lunes por su relación con Cospedal y por esa anotación en concreto. Habrá que ver si mantiene su versión de hasta ahora o hace alguna revelación que permita abrir otras líneas de investigación en la causa.

La que empieza puede ser la semana definitiva para la investigación de la operación Kitchen. De lo que digan los seis imputados que están citados a declarar entre el lunes y el jueves puede depender el futuro de la causa: más diligencias o cierre para enviarla a juicio. Los más destacados, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, pero de su testimonio puede no extraerse ninguna novedad sustancial para la instrucción.

Sin embargo, el juez Manuel García Castellón tiene un intenso calendario de declaraciones que incluyen otros nombres como el comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado y autor de las trece agendas que, entre otras cosas, han llevado a la exdirigente conservadora a la imputación, y el ex jefe de gabinete de ésta José Luis Ortiz, quien aparece citado en multitud de ocasiones en esos cuadernos como posible enlace entre el operativo parapolicial que espió a Luis Bárcenas y Cospedal. También el excomisario José Luis Olivera, socio de Villarejo y protagonista de supuestas maniobras para dinamitar las investigaciones judiciales que cercaban al PP en el caso Gürtel y la caja b.

Y es que la pieza 7 del caso Villarejo sobre la operación Kitchen ha desbordado las tesis iniciales de los investigadores y lo que empezó como un plan parapolicial dirigido por altos mandos policiales para seguir a Bárcenas y robar información que se hubiese podido llevar del PP tras ser despedido ha acabado convirtiéndose en una trama que abarca varios años y que apunta a altas instancias del Ministerio del Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy y, ahora, a la alta dirección del partido conservador en esos años. La conspiración habría ido desde tener controlado al extesorero a través de la captación de su chófer, el robo de documentación sensible sobre la financiación ilegal del PP, presiones para apartar al principal investigador de Gürtel y caja b y la estrategia común con Bárcenas para "salvarle" antes de que la confianza se viniera abajo en 2013. El sumario también ha revelado que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en los primeros años en los que Bárcenas estuvo en prisión preventiva para seguir el rastro de una supuesta grabación que comprometía a Rajoy y Arenas en la investigación de la financiación ilegal.

La imputación de Cospedal y el levantamiento del secreto de sumario de la investigación ha puesto en el centro de la diana al PP como posible origen de toda esta estrategia. La intervención de la cúpula del Ministerio del Interior ya había sido confirmada por los investigadores y por eso están imputados el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Faltaba la conexión del PP, que es lo que ahora centra la instrucción. Así lo reflexionaba ya el juez el pasado noviembre, cuando tomó declaración en secreto al que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Rios, uno de los confidentes de la operación Kitchen y después de que éste le contara cómo fue contratado para ser conductor del extesorero y su posterior captación por varios comisarios de la Policía para que les informara sobre movimientos, conversaciones, documentación y encuentros del extesorero: "De ser así, está claro que se monta el asunto desde el partido, no desde el Ministerio del Interior", le dijo García Castellón. "Las casualidades no existen", replicó Ríos.

Villarejo tiene anotaciones que llevan a pensar en un posible conocimiento de Mariano Rajoy y él mismo ha asegurado en la comisión de investigación del Congreso que informaba puntualmente, vía mensajes de móvil, de las novedades al entonces presidente. También dijo que Soraya Sáenz de Santamaría habría estado al tanto a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De momento, nadie más les ha señalado, así que su futuro judicial aún está por ver.

Los cuadernos en los que todo "encaja"

Las declaraciones de imputados en la pieza 7 del caso Villarejo ya apuntaban a un posible conocimiento u organización desde el PP. Pero han sido los trece cuadernos incautados el pasado otoño al comisario jubilado lo que han terminado por apuntalar la imputación de Cospedal, López del Hierro y Ortiz y explorar otras líneas de una investigación que se hace cada vez más grande. La exdirigente del PP y su marido no pueden ocultar que conocían a Villarejo, pues hay grabaciones y apuntes que el expolicía iba haciendo de encuentros o conversaciones que, viéndolos con la perspectiva del tiempo, encajan a la perfección con la serie de acontecimientos que fueron teniendo lugar durante la investigación de Gürtel y la caja b. Otra cosa es que admitan alguna relación con la operación Kitchen, lo cual parece más improbable.

Como dijo el inspector de la UDEF Manuel Morocho, uno de los perjudicados de la trama, todo "encaja" porque todo lo que le pasaba a él, las "presiones" e intentos de sabotaje a la investigación que lideraba, "coincide con lo que aparece" en los cuadernos de Villarejo. Aunque el magistrado instructor sitúa el nacimiento de la Kitchen el 11 de julio de 2013, las revelaciones de Morocho amplían a cuatro años antes, tras el estallido del caso Gürtel, las maniobras que habrían desplegado sus superiores para tratar de salvar al PP en los tribunales, incluido el borrado de nombres de altos cargos del partido del primer informe policial sobre los papeles de Bárcenas, entre ellos Mariano Rajoy. Un "panorama desolador", en palabras de García Castellón.

El problema, a priori, es que el juez ha dejado fuera del auto de imputación de Cospedal y su marido las grabaciones que Villarejo hizo en el despacho de la ex secretaria general en la sede central del PP en el año 2009 y que fueron publicadas por moncloa.com y El Confidencial a finales de 2018. Es el mismo audio que llevó a Cospedal a abandonar su carrera política, ya que en aquella conversación hablaban de las causas de corrupción que afectaban al partido y de plantear al comisario encargos "puntuales". 

Lo que ha incluido García Castellón son las anotaciones que el expolicía hizo en 2012, cuando había un plan para "salvar al tesorero" en el caso Gürtel, y en 2013, cuando se puso en marcha el "plan contra LB" una vez se publicaron en la prensa los papeles de Bárcenas con la contabilidad opaca y los sobresueldos en negro a dirigentes del partido. La Fiscalía Anticorrupción sí quería introducir el audio de 2009, pero habrá que esperar al martes, cuando está citada la ex secretaria general, para saber si el magistrado permite a los fiscales preguntar por ese asunto o limita el interrogatorio al periodo incluido en el auto, esto es, la captación del chófer de Bárcenas como confidente.

"COSPE", "COSP" o "MD"

En sus apuntes, el comisario jubilado solía tomar nota de encuentros o conversaciones y al principio de cada línea registraba las siglas o el mote con el que conocía a la persona con la que había hablado para a continuación resumir en unas líneas lo que ésta le había comentado. Cospedal es "COSPE", "COSP" o "MD", mientras que su marido es "ILH". La ex secretaria general aparece nombrada muchas veces, aunque siempre por lo que le cuenta otro intermediario. Con López del Hierro, el comisario jubilado mantenía una relación de confianza más estrecha y, de hecho, el empresario habría sido quien puso en contacto a su mujer con el expolicía.

"Charla breve. MD agradeció aviso de BARC."; "Muy contento por los datos que le di para la COSPE", son algunas de las anotaciones que aparecen en los cuadernos de Villarejo y que llevan a pensar que Cospedal estaría enterada de la estrategia sobre Bárcenas. El primer apunte se habría hecho después de una conversación con López del Hierro, el segundo, tras hablar con Andrés Gómez Gordo, uno de los comisarios que fichó a Sergio Ríos como confidente –lo que ha sido confirmado por el propio conductor– y policía de confianza de la exdirigente del PP. Gómez Gordo, también imputado desde casi los inicios de la investigación, nunca ha señalado a su exjefa.

En el auto de imputación de Cospedal fue muy llamativa la citación también del ex jefe de gabinete José Luis Ortiz. Es una de las revelaciones de esos trece cuadernos de Villarejo por la cantidad de veces que aparece citado como "ORTI", según la conclusión a la que llegan los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Ortiz, que fue jefe de gabinete en el gobierno de Castilla-La Mancha y en el Ministerio de Defensa, habría sido el posible contacto entre los policías de la operación Kitchen y la exdirigente del PP: "Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)". ¿Qué dirá Ortiz sobre estos indicios? La respuesta, el próximo miércoles.

La última pieza en todo este engranaje de confabulaciones es el ex jefe de la UDEF José Luis Olivera. Su nombre no es nuevo para el juez García Castellón, los fiscales y los policías de Asuntos Internos, pues la multitud de audios y anotaciones incautadas a Villarejo le sitúan desde hace ya tiempo como un socio del comisario jubilado que habría sabido de sus actividades ilícitas antes de abandonar el Cuerpo. La declaración del inspector Morocho, su subordinado cuando estalló el caso Gürtel, en la que señaló a Olivera directamente como uno de los mandos que intentó apartarle de la investigación, unido a los indicios por los apuntes de Villarejo, llevaron al magistrado a citarle para este lunes.

Los trece cuadernos del comisario jubilado también arrojan nuevos indicios contra el ex secretario de Estado Francisco Martínez. "CHISCO. Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo"; "CHISCO. Problemática por posibles grabaciones de LB"; "CHISCO. Muy preocupado por datos CHEF"; "CHISCO. Muy mosca porque Cospe le dio gran bronca". Las explicaciones de Martínez sobre estas nuevas pruebas tendrán que esperar al 12 de julio, cuando ha sido citado de nuevo en la Audiencia Nacional.

Trece agendas incautadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo en octubre de 2020. De ahí se han extraído los indicios definitivos para imputar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro por la operación de espionaje al extesorero Luis Bárcenas. Ya había sospechas de que ambos podían estar implicados, o al menos haber tenido conocimiento, de la llamada operación Kitchen y por eso la Fiscalía Anticorrupción había pedido en septiembre su citación como investigados, pero el juez Manuel García Castellón quería más pruebas que fueran más allá de la relación más que confirmada que mantenía el matrimonio con el expolicía y de la inculpación que había llegado de otros imputados en la causa. Ya las tiene, al menos lo necesario para convencerse de convocarles a la Audiencia Nacional con su abogado y que se expliquen. 

El análisis de las agendas por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha llevado su tiempo debido a la cantidad de anotaciones contenidas en ellas, que salpican a más piezas del caso Villarejo, la macrocausa que investiga las presuntas actividades delictivas del expolicía. Y los apuntes incorporados a la pieza 7, la operación Kitchen, revelan la presunta estrategia que se habría puesto en marcha en el PP para, primero, "salvar al tesorero" cuando éste estaba imputado en 2012 en el caso Gürtel, y un año después para diseñar un "plan contra LB". El punto de inflexión entre una y otra maniobra, según reflejan los registros de las agendas, coincide con los acontecimientos que tuvieron lugar a partir de enero de 2013: la publicación de los llamados papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, donde queda reflejada la financiación ilegal del partido, y la posterior declaración del extesorero en la Audiencia Nacional en la que confesó la existencia de esa caja b.

Para el juez, el contenido de las agendas del comisario jubilado "no puede tomarse como hechos irrefutables", sino que "la relevancia" de las mismas "radica especialmente en su virtualidad para reflejar datos de los que se tiene noticia a través de otras diligencias de investigación". Es decir, otorga credibilidad a todas aquellas anotaciones que hayan podido o puedan ser comprobadas por otras vías. Pero además, la "exposición ordenada de forma sucesiva" de las mismas permite "conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos y coadyuvan a situar en una concreta fecha los incidentes más relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la operación Kitchen".

En sus apuntes, Villarejo solía tomar nota de encuentros o conversaciones y al principio de cada línea registraba las siglas o el mote con el que conocía a la persona con la que había hablado para a continuación resumir en unas líneas lo que ésta le había comentado. Cospedal es "COSPE", "COSP" o "MD", mientras que su marido es "ILH". 

El auto del juez García Castellón divide los hitos que interesan para esta investigación en dos fases. Primero, 2012, "antes de la puesta en marcha de la operación Kitchen". En abril de ese año aparece una anotación que hace referencia a "OLI", identificado como José Luis Olivera, el entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, la misma unidad que investigaba la trama Gürtel, en la que se lee "piden ayuda para salvar al tesorero". Al día siguiente, otro apunte vinculado a López del Hierro y en el que se refiere "aviso ayuda a BARC.". Un día más tarde, otro apunte sobre el empresario en el que se lee "charla breve. MD agradeció aviso de BARC.".

Eliminación de Bárcenas como "Luis el cabrón"

En la declaración que prestó Bárcenas en sede judicial el pasado diciembre, que es el perjudicado en esta causa, éste explicó que en esas fechas de 2012 estaba preocupado con que la UDEF hiciese un informe señalándole como el "Luis el cabrón" del que hablaban los imputados en Gürtel, pero que una persona a quien tenía como "interlocutor" le trasladó que Olivera había dicho: "Ellos tienen claro que tú no eres Luis el cabrón". Esta revelación del extesorero coincide con un apunte de la agenda de Villarejo con la entrada ILH en la que se lee "hay un interlocutor para Interior" y unos días más tarde apuntaba "Alfredo Prada interlocutor de Bárcenas con Interior. Cosp habló con Cosidó del tema". Alfredo Prada fue consejero de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, ha ocupado distintos cargos orgánicos en el PP y va a ser juzgado por el desfalco del Campus de la Justicia. Ignacio Cosidó era entonces director de la Policía y no está imputado en Kitchen ni ha sido llamado a declarar por el juez a pesar de haber sido señalado en varias ocasiones por otros investigados.

Meses después, en septiembre de 2012, otro apunte relevante para esta causa. Junto a la entrada "OLI" se lee "PIN (Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía) le pide (a Olivera) apoyar a tope a Bárcenas", y dos días más tarde, también con la entrada "OLI", la frase "PIN le encargó contactar con abogado Bárcenas", una reunión que fue "ok", según anotó Villarejo: "Buena predisposición. Escrito LB no es Luis el cabrón". 

El magistrado quiere preguntar por todo esto a Cospedal y su marido, "sobre su posible intervención en toda la serie de movimientos registrados en las agendas y que aparentemente estarían encaminados a prestar ayuda a Bárcenas". También quiere saber por el encuentro que el comisario jubilado mantuvo con el matrimonio y por qué tenía apuntada en su agenda la dirección de correo electrónico de la ex secretaria general del PP y el teléfono de la secretaria, una tal "Mariví".

11/07/2013: el nacimiento de la KitchenKitchen

El siguiente hito y que refleja un cambio radical en la estrategia del PP, según se desprende del auto de imputación, son las anotaciones de Villarejo a partir de julio de 2013. Ya se habían publicado los papeles de Bárcenas, el extesorero había dejado definitivamente su despacho en la sede de la calle Génova y la Audiencia Nacional había abierto una causa por la presunta financiación ilegal del partido. El apunte del 11 de julio de 2013 es, para García Castellón, clave porque "permite situar temporalmente el nacimiento de la llamada operación Kitchen"operación Kitchen: "CHISCO. Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Interv. comunidaciones, registros y citación de mujer e hijo". "Chisco" es identificado como el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado en esta causa desde enero de 2020.

"Es en este momento cuando se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la señora Cospedal y el señor López del Hierro en la captación de Sergio Ríos", explica el magistrado en referencia al que fuera chófer de la familia del extesorero del PP, quien actuó de confidente para la trama de espionaje. Y es que los días siguientes se observan otros apuntes clave: "CHISCO. Problemática por posibles grabaciones de LB", en relación a grabaciones que se sospechaba podía haber hecho Bárcenas antes de irse del partido"; "BIG –el comisario jubilado Enrique García Castaño, alias El Gordo, también imputado–. Sobre grabaciones LB. Gabinete crisis. Pendiente conductor LB".

En este punto, el juez recuerda que fue en un primer momento García Castaño quien se acercó a Sergio Ríos, aunque "sin éxito", por lo que fue "necesaria la intervención de Villarejo". También queda reflejado en la agenda de éste último en esos días que "BIG" le había dicho que Andrés Gómez Gordo –"ANDI"–, otro comisario imputado que a su vez ha sido estrecho colaborador de Cospedal, había "recurrido a Sergio el conductor para contarle que se le han acercado". Y el mismo día, "ILH" avisó a Villarejo de que Gómez Gordo había contactado con el chófer. "CHISCO", por su lado, también le comunicó que se estaba "forzando contacto con chófer LB". Y además, un apunte más, esta vez de "COSPE" con el añadido "varios contactos y posible cita". Todo esto habría pasado el 18 de julio y al día siguiente Villarejo se reunió con Gómez Gordo.

García Castellón recuerda en su auto que este comisario se encontraba entonces "en situación administrativa de servicios especiales" y se trataba "de una persona cuya trayectoria profesional se había desarrollado en gran medida junto a la señora Cospedal tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla-La Mancha". Esa "cercanía", dice, fue reflejada por el propio Villarejo en su agenda, pero también "el recelo" que a éste "le despierta esta persona" cuando anota "aunque COSP le ha dicho que se fíe de mí, como su jefe de seg. le puede decir que está equivocada".

"Quedo en darle mañana 2.000 y teléfono"

El 19 de julio hay más apuntes importantes para la causa que hacen referencia a Gómez Gordo, quien "espera recibir instrucciones para recoger discos y grabaciones y todo lo demás". "PIN" también le habría dicho a Villarejo "instrucciones claras a ANDI" y "CHISCO" le habría manifestado que estaba "muy preocupado por datos CHEF". "CHEF" sería Sergio Ríos, apodado "cocinero" por el comisario jubilado, de ahí el sobrenombre de Kitchen a esta operación. De hecho, el mismo día aparece "la primera entrada" referida a Ríos, resalta el auto: "Al principio desconfiado, después se ha mostrado más receptivo. Quedo en darle mañana 2.000 y teléfono, después todo lo demás". Ya está probado que el chófer llegó a cobrar 2.000 euros al mes durante dos años procedentes de los fondos reservados por el espionaje a Bárcenas.

Toda esta "secuencia" es lo que lleva al juez García Castellón a ver "conveniente", nueve meses después de que se lo pidiera Anticorrupción, "escuchar" a Cospedal y López del Hierro "sobre su participación en la captación de Sergio Ríos en la trama, pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo al parecer pudo ser decisiva para que se decidiera a participar". Y es que el 30 de septiembre de 2013, otra anotación destaca que Villarejo habría dado "aviso copia dada al ANDI", quien "agradeció mensaje" y "lo transmitirá a COSPE". Al día siguiente, la respuesta, según el comisario: "ANDI. Muy contento por los datos que le di para la COSPE".

En este punto habría una persona, también de la confianza de Cospedal, cuya posible implicación podría ser importante: José Luis Ortiz, el que fuera en aquel momento jefe de gabinete de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Hay varios apuntes en las agendas de Villarejo que datan de los primeros meses de 2013 y que le mencionan –"ORTI"– como posible contacto con la dirigente del PP y por eso el magistrado instructor también le ha citado a declarar como imputado.

Las "instrucciones muy concretas" que recibió Martínez

Pero no sólo de los apuntes de Villarejo bebe la imputación de Cospedal y su marido. También hay una anotación creada el 10 de octubre de 2019 en el teléfono móvil de Francisco Martínez, unos meses antes de ser imputado: "El asunto que investiga la Audiencia Nacional, al margen de que sea un disparate lo que están publicando los medios, NO fue iniciativa mía, sino todo lo contrario. Recibí instrucciones MUY CONCRETAS, las primeras el 13/07/2013, y tuve una presión diaria para obtener y transmitir la información"; "Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía, que nunca lo fue y en la que me vi involucrado exclusivamente por lealtad y obediencia".

Y cuando Martínez buscaba ser incluido en las listas del PP a la Asamblea de Madrid en marzo de 2019, una vez excluido de las listas para el Congreso, sugirió en una conversación intervenida que era "muy comprensivo, leal y comprometido" y que "precisamente por eso" se había "metido en este lío, por eso y por NADA más, por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy". Por esta razón, el juez García Castellón ha vuelto a citar al ex secretario de Estado, quien precisamente negó esta semana en el Congreso conocer nada de una operación Kitchen.

Ni Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional, ni Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, dicen saber nada de una operación Kitchen. Por no saber, dicen que no saben ni a qué operativos se dedicaban los mandos policiales que estaban a su cargo en tiempos del primer Gobierno de Mariano Rajoy. El primero no está imputado en la causa de la Audiencia Nacional que investiga el operativo parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas y su familia y ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo, a pesar de ser el mando político colocado por el PP para estar al frente del Cuerpo Nacional de Policía durante casi cinco años. El segundo sí está investigado, pero ha llegado a calificar Kitchen como "inexistente". Y eso a pesar de que, según el sumario de la causa, para los seguimientos se llegaron a utilizar a hasta setenta efectivos.

Este es el balance de las declaraciones que han prestado este martes Cosidó y Martínez en la comisión de investigación del Congreso sobre el operativo financiado por fondos reservados que se puso en marcha en 2013 para supuestamente robar documentación sensible para el PP que Bárcenas se podría haber llevado del partido cuando fue despedido. Ni uno ni otro han dado pábulo a las afirmaciones que previamente habían realizado los mandos policiales que han pasado también por la Cámara Baja y que les habían señalado como, al menos, conocedores de esta operación e incluso el ex director general de la Policía las ha enmarcado en una estrategia de defensa por estar imputados, explicando veladamente que bajo esta condición se puede mentir en sede judicial.

A Cosidó le señaló el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino en la Audiencia Nacional y la semana pasada también el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Sobre el primero, ha recordado que lo hizo en una declaración judicial como imputado, mientras que sobre el segundo ha negado taxativamente haberle dado ninguna instrucción, pues estaba encuadrado en la estructura de la DAO: "Jamás he despachado con él, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún mensaje con él y jamás le he hecho llegar una instrucción a través de terceras personas", aunque sí ha reconocido que intercambió con él un "saludo protocolario" al inicio de su mandato.

Pero es que incluso se ha desmarcado de esos mandos policiales de los que en teoría era su superior inmediato y de su nombramiento, explicando que tanto Eugenio Pino como los miembros de la Junta de Gobierno de la Policía no los designó él, sino el entonces ministro del Interior Fernández Díaz. Y, de hecho, según Cosidó, todo lo hacía Pino, o al menos eso ha dado a entender: también la concesión de la medalla a Villarejo y el cese de Marcelino Martín Blas como jefe de Asuntos Internos fueron propuesta del DAO aunque la firma estampada en los respectivos documentos fuese la del director de la Policía.

"O negligente o cooperador"

Habiendo sido máximo responsable político de la Policía entre enero de 2012 y noviembre de 2016, algunos diputados han expresado su incredulidad acerca de que él no tuviese ningún control sobre esa misma Policía, sobre todo teniendo en cuenta además que sus entonces superiores, el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Martínez, y subordinados como Pino o comisarios como Villarejo o Enrique García Castaño sí están imputados en la Audiencia Nacional. Como le ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, "o fue un negligente o fue un cooperador necesario".

Martínez, por su parte, ha comenzado su intervención adelantando la que iba a ser su estrategia todo el interrogatorio: "Les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que durante el ejercicio de mi cargo de secretario de Estado de Seguridad, entre enero de 2013 y noviembre de 2016, participase o tuviese conocimiento, directo o indirecto, de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias".

Y en estos términos se ha mantenido. "Niego la existencia de tal operación. No hay ningún papel, ningún documento que hable de esta operación", ha reiterado en varias ocasiones. En parte tiene razón, porque en el Ministerio del Interior no consta ningún informe que hable de una operación Kitchen, pero los investigadores, la Fiscalía Anticorrupción y el propio instructor consideran que se trató de un operativo al margen de la legalidad que nunca fue puesto en conocimiento del juez que entonces investigaba los llamados papeles de Bárcenas, la financiación ilegal del PP.

Firmaba los cheques, pero no sabía para qué

Cosidó y Martínez han sostenido que no sabían nada de operativos policiales. El uno, dice, porque a quien correspondía informar era a juez y fiscales; el segundo le ha matizado y ha reconocido que no siempre pasan por un juez las peraciones policiales, pero ha manifestado que en su caso no las conocía porque no entraba en el detalle cuando firmaba los cheques de los fondos reservados. "Yo tenía la competencia para autorizar fondos reservados y firmaba el cheque en un sistema de firma mancomunada. Ni yo ni ningún secretario de Estado de Seguridad tiene el detalle ni entra en la idoneidad de las operaciones", ha asegurado.

De lo que no ha querido hablar Martínez es de los mensajes de texto que, según él, envió a Fernández Díaz en los que supuestamente hablan de la operación Kitchen y que protocolarizó ante notario cuando el exministro dijo en una entrevista que se había enterado por la prensa de todo el operativo parapolicial. Son mensajes que han sido objeto de informe policial, ha justificado, mientras que otros que también se reflejan en la investigación son de índole "personal" que están sacados de contexto. Lo que sí ha hecho, como ya hiciera en la Audiencia Nacional, es pedir "disculpas" por uno en el que escribió que su "grandísimo error" fue confiar en Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.

Su declaración, en realidad, ha sido bastante parcial, pues tampoco ha contestado a las preguntas más peliagudas y que le pueden poner en apuros por su condición de imputado en la causa judicial. Así, por ejemplo, no ha repetido en el Congreso que fue Fernández Díaz quien le pidió que se enterase sobre la investigación a Bárcenas porque algo le había llegado y no tenía más información. Lo que sí ha reiterado es que nunca habló con Cospedal de un operativo llamado Kitchen y tampoco ha señalado a Rajoy. Y es que, según el ex secretario de Estado, ni siquiera sabe por qué está investigado desde hace más de un año ni qué delitos se le imputan.

"Me pedían que mandara mensajes" para transmitir las novedades de la operación Kitchen y al otro lado del teféfono estaba "Mariano Rajoy"operación Kitchen. Así lo ha afirmado el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el Congreso, en una comparecencia que ha despertado importante expectación política y mediática. Le ha costado arrancar, pero cuando ha empezado, no ha parado de implicar a altos cargos del Gobierno y del PP en el espionaje al extesorero Luis Bárcenas. Aparte del expresidente, ha mencionado a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó...

Villarejo ha comenzado respondiendo al PSOE, pero en esta parte de la comparecencia apenas se ha explayado; se ha limitado a decir que duda de que Rajoy "desconociera" el operativo parapolicial de espionaje a Bárcenas para supuestamente localizar información que se habría llevado del partido al ser despedido. Ha preferido el comisario jubilado esperar al interrogatorio de Vox para detallar cómo, según su versión, informaba a unos y a otros sobre los seguimientos y la información que se iba obteniendo del extesorero.

"Yo consideré la operación como una operación de inteligencia, no sólo para documentos que pudieran comprometer al PP, sino porque me dijeron que Bárcenas podía tener información que afectaba a altas instituciones del Estado. Rajoy tenía interés por una cuestión de Estado, por informaciones de cuentas en el extranjero que afectaban a altas instituciones del Estado", ha declarado el expolicía en respuesta a las preguntas de la diputada de ultraderecha Macarena Olona.

Según Villarejo, "había una serie de personas", como Francisco Martínez, Cospedal y el presidente de La Razón Mauricio Casals que le "trasladaban inquietudes del presidente del Gobierno" y le pedían que mandara mensajes "con lo que ya les había dicho a ellos". Era un número, ha dicho, que empezaba por 650 y al otro lado estaba Rajoy, que le preguntaba si lo que le habían transmitido era así. El comisario jubilado, sin embargo, no ha aportado ninguna prueba de esos mensajes. Los teléfonos, ha matizado, se los hacían llegar.

La versión del expolicía es que numerosos altos cargos del Gobierno de Rajoy y del PP de 2013 estaban al tanto de la operación: Sáenz de Santamaría, quien se informaba a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Martínez y Fernández Díaz por lo que él mismo les reportaba, sobre todo al primero; Cosidó porque fue la persona que supuestamente le llamó para decirle que se pusiera a disposición de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para una misión especial...

Pero Villarejo ha llevado munición para todos y a preguntas del portavoz del PP se ha despachado también sobre sus trabajos con gobiernos del PSOE. El diputado del partido conservador se ha olvidado del objeto de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen y se ha centrado en preguntar al compareciente por todas aquellas operaciones que dice haber realizado o conocido antes de la llegada de Rajoy al poder para así desprestigiar a los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. El caso Faisán del chivatazo a ETA; el caso Roldán... Y, una vez más, para sembrar la duda sobre el comienzo de la investigación del caso Gürtel, que ha definido como "operación política"caso Gürtel.

La investigación de la operación Kitchen tiene los días contados. Más de dos años y medio después del inicio de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, que indaga en la operación sin control judicial de espionaje y robo de información al extesorero del PP Luis Bárcenas tras ser despedido del partido en 2013, las pesquisas están cerca de su conclusión, lo que tendrá lugar en los meses próximos, según han informado a infoLibre fuentes del caso. En esta última fase de las diligencias, aún está pendiente de concretar si la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal será citada a declarar en la Audiencia Nacional por el posible interés que pudiera haber tenido para que se desarrollara el operativo ilegal.

Los investigadores se están centrando ahora en el análisis de nuevas agendas incautadas en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo y que fueron halladas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional el pasado otoño, en el marco de otra de las piezas de la macrocausa que indaga en sus actividades ilícitas. El estudio de estos documentos llevará a la elaboración de un informe que puede ser útil para muchas de la cerca de una treintena de piezas que siguen abiertas en el caso Tándem, incluida la número 7 que investiga la operación Kitchen.

No obstante, según las fuentes consultadas, no existen elementos para pensar que de estas agendas puedan salir nuevas líneas de investigación, sino que podrían servir para reforzar la argumentación tanto del juez instructor como de la Fiscalía Anticorrupción sobre los indicios ya recabados durante la instrucción a la hora de definir los hechos que irán en un futuro auto de transformación en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento–.

Así las cosas, la pieza que indaga en el espionaje a Bárcenas, que estuvo dirigido a robar documentos incriminatorios para el PP que se habría llevado el extesorero, cuenta ya con una docena de investigados, entre ellos mandos policiales –unos jubilados, otros todavía en activo–, el que fuera chófer del extesorero –fichado por los policías como confidente– y dos cargos políticos, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Las pesquisas que ha ido ordenando el magistrado Manuel García Castellón han ido de abajo a arriba, es decir, desde los agentes que se movieron sobre el terreno con los seguimientos o los que gestionaron los fondos reservados con los que se financió el operativo hasta los políticos que, según las pesquisas, habrían tenido conocimiento de los hechos.

En el paso que se consumó en 2020 de pasar del nivel policial al político, el instructor imputó a Martínez, primero, y a Fernández Díaz, después, y dejó fuera a Cospedal a pesar de que Anticorrupción se lo había solicitado al considerar que tenía un “interés personal” en la operación de espionaje a Bárcenas por dos razones: directa, como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma, e indirecta, como secretaria general del PP. El juez descartó imputar a Cospedal el pasado septiembre, aunque no lo descartó por completo, sino que en ese momento prefería tomar declaración a los exresponsables de Interior antes de tomar más decisiones.

No cerrar en falso la investigación

Las comparecencias de Fernández Díaz y Martínez se celebraron, incluido un careo entre ambos que no arrojó demasiada luz a las pesquisas. Y entretanto, se iniciaron nuevas diligencias que aún siguen bajo secreto sumarial a raíz de la intervención policial en el domicilio del exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, donde se le incautaron móviles y documentación, incluida una agenda en la que aparecen anotados detalles de las conversaciones telefónicas que el extesorero mantenía durante los trayectos en coche. De esa parte secreta, poco –o más bien nada– se sabe, pero El Confidencial publicó el pasado mes de enero que el futuro procesal se estaba complicando para Cospedal en el marco de esas diligencias. Ahora, fuentes del caso consultadas por infoLibre no descartan una próxima citación de la ex secretaria general antes del fin de la instrucción para no cerrar en falso la investigación.

Una línea que puede unir la operación Kitchen con Cospedal es el comisario Andrés Gómez Gordo. Este policía, imputado en la pieza 7 del caso Villarejo, fue uno de los hombres clave en la captación de Sergio Ríos como confidente del operativo, en el que aceptó participar a razón de 2.000 euros al mes que procedían de los fondos reservados. Es decir, dinero público sobre el que no hubo ningún tipo de control. Aunque ahora sigue en activo en la Policía Nacional, se apartó del cuerpo en varias ocasiones en la que estuvo trabajando en cometidos vinculados al PP: por un lado, como asesor de seguridad de la propia Cospedal cuando ésta fue presidenta de Castilla-La Mancha y, por otro, en el proyecto del Campus de la Justicia que impulsó la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y por el que ahora está procesado, también en la Audiencia Nacional.

Gómez Gordo, apodado Cospedín por Villarejo, nunca ha negado su implicación en la operación de espionaje a Bárcenas, incluso ante el juez dijo que actuó "de buena fe e ilusionado" porque en esos días, en 2013, el extesorero del PP "era el delincuente número uno". También reconoció que pagó con dinero en efectivo a Ríos, pero afirmó que el conductor nunca le entregó "absolutamente nada" de material sobre documentos o audios que se habría llevado Bárcenas del partido, según las grabaciones de sus declaraciones judiciales que obran en el sumario de la causa.

La relación Villarejo-López del Hierro

La otra línea es la relación que el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, mantenía con Villarejo, relación de la que éste dejó constancia en conversaciones grabadas que después fueron incautadas por los investigadores de Asuntos Internos. En al menos una de esas conversaciones, publicada por el digital moncloa.com, estuvo presente la ex secretaria general del PP, que recibió al comisario jubilado en su propio despacho de la sede de Génova en julio de 2009, unos meses después de que estallara el caso Gürtel. En esa conversación no se hablaba de Kitchen, pues para entonces Bárcenas aún trabajaba en el PP como tesorero, aunque ya estaba siendo investigado por la macrocausa de corrupción. Tras la publicación de los audios, Cospedal dimitió de sus cargos políticos en el partido y en el Congreso.

Para Anticorrupción, esa reunión resulta clave para demostrar el vínculo de altos dirigentes del PP "con la gestación" del operativo KitchenKitchen. La vinculación, se lee en el informe en el que el Ministerio Público pidió la imputación de Cospedal, "vino inicialmente constatada con una grabación efectuada por el investigado José Manuel Villarejo en julio del año 2009 a la entonces secretaria general del Partido Popular y al marido de ésta en la sede central del Partido Popular de la calle Génova de Madrid". Esa grabación –proseguía el informe– "tendría por contenido, entre otros, el ofrecimiento a Villarejo, con la aceptación por parte de este funcionario policial, de la ejecución de 'encargos puntuales' que serían sufragados con fondos del Partido Popular, por lo que no puede descartarse que uno de estos encargos estuviera directamente o indirectamente relacionado con la investigación policial y judicial del denominado como caso Gürtel".

El sumario del caso Tándem revela numerosas conversaciones entre Villarejo y López del Hierro que fueron grabadas por el comisario, encuentros de los que éste también dejó constancia en sus agendas, donde apuntaba de forma pormenorizada las citas, profesionales o personales, y un pequeño resumen del contenido. El comisario apuntaba los encuentros o llamadas con el empresario con las iniciales "ILH".

La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la llamada operación Kitchen, el supuesto entramado organizado en 2013 desde el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle documentación comprometedora que se pudo llevar tras ser despedido del partido, no prevé recibir a políticos hasta después de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo y no llamará hasta junio al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

La comisión inició las comparecencias el pasado 17 de marzo con Bárcenas y tras él han desfilado tres agentes que intervenían en la gestión de los fondos reservados, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y el policía que participó en la instrucción del caso Gürtel Manuel Morocho. Tras el paréntesis de Semana Santa, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano que preside la socialista Isaura Leal retomará sus trabajos el 15 de abril recibiendo al inspector Bonifacio Díaz, colaborador del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y a quien fuera su mano derecha, José Ángel Fuentes Gago. Los siguientes en comparecer serán el comisario jubilado Enrique García Castaño, en aquella época jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), y Enrique Barón, ex comisario general de Información. A la siguiente sesión acudirán el comisario Andrés Gómez Gordo y Juan Antonio González García, ex comisario general de la Policía Judicial que investigó la trama Gürtel.

Las comparecencias de abril las cerrarán, si no hay cambios en el calendario previsto, el policía Mariano Hervás Cuevas y el abogado vinculado al PP Javier Iglesias Redondo, persona de confianza de María Dolores de Cospedal.

La previsión es que mayo arranque con el testimonio del sacerdote Silverio Nieto, íntimo de Fernández Díaz, y del jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y jefe de la UDEF cuando estalló el caso Gürtel, José Luis Olivera, mientras que los encargados de cerrar el desfile de policías serán el actual comisario principal Eugenio Pereiro y el exDAO Eugenio Pino.

A finales de mayo, previsiblemente el día 20, se podrá interrogar a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias –que al estar prisión ya ha solicitado comparecer por videoconferencia como hizo su marido–, así como a Sergio Ríos, el chófer de la familia que fue captado como confidente de Kitchen Kitchen a cambio de 2.000 euros mensuales de los fondos reservados y quien luego logró una plaza como agente de la Policía Nacional. Los últimos comparecientes de mayo serán Jorge Sanchís, director de Gabinete del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y José Antonio Nieto, quien fue número dos del Ministerio del Interior con Juan Ignacio Zoido.

El 3 de junio llegará el turno del comisario jubilado José Manuel Villarejo y del que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó. Francisco Martínez e Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal serán los siguientes.

A la propia Cospedal y al exministro Fernández Díaz se les ha reservado hueco para la reunión del 17 de junio y Rajoy será, en principio, el último en ser interrogado por los miembros de la comisión el próximo 24 de junio, aunque siempre existe la posibilidad de que lista de comparecientes se amplíe antes o después de su testimonio si así lo acuerda este órgano.

''Este Gobierno, el PP y el presidente no aceptan chantajes''. Así lo dijo la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal a finales de febrero de 2013, durante la recordada rueda de prensa en la que explicó que la indemnización a Luis Bárcenas había sido "en diferido" y anunció que la formación presentaría acciones judiciales derivadas de la publicación en prensa de los llamados papeles de Bárcenas, la documentación de la contabilidad opaca y pagos de sobresueldos a dirigentes y a la que el PP no daba ninguna credibilidad. Tres años después, ya con el primer juicio del caso Gürtel en ciernes, comenzaron los contactos entre el extesorero y un abogado de la formación política para buscar un "intercambio de información y en algún momento una estrategia común de defensa".

Estas últimas palabras son del propio Bárcenas, quien ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen, el operativo policial sin control judicial que se puso en marcha en 2013 para sustraerle documentación que se pudo llevar del PP y que podía comprometer judicialmente al partido o algunos de sus dirigentes. "Esas reuniones empiezan a mediados de junio de 2016 y tienen una intensidad mayor antes del comienzo del juicio. Participa incluso alguna otra persona en esas conversaciones, y se mantiene la relación prácticamente hasta la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de instancia (de Gürtel)", ha relatado el extesorero.

Por videoconferencia desde prisión y sentado junto a su abogada, Bárcenas ha remarcado que no se trató de una negociación por la que el PP le ofreciese algo a cambio de no colaborar con la justicia, sino que fue "intercambio de informaciones exclusivamente y en algún momento pues una estrategia común de defensa" consistente en la "no agresión", pero que nunca se negoció nada a cambio. Lo único, ha dicho, fue cuando él personalmente pidió al exconsejero madrileño Alfredo Prada que intercediera en su nombre ante Mariano Rajoy para que su mujer, Rosalía Iglesias, entrara por el garaje cuando tuviera que declarar en la Audiencia Nacional y así evitar el paseíllo ante la prensa. "Se concedió", ha recordado.

Y, en este sentido, ha cambiado de versión alegando un error de su abogado en el escrito que hizo llegar hace un mes y medio a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirmaba que hace años firmó "la paz" con su partido al creer "inocentemente" en la "promesa" que se le hizo llegar sobre que su mujer no entraría en prisión. Tal y como ha matizado ahora, en el escrito no se "precisa" bien este asunto y ha recalcado que él "en ningún momento" pensó que su esposa fuese a ser condenada, al contrario de lo que finalmente ha ocurrido. "No pedí nada y nadie se comprometió en ese sentido. Son planteamientos generales de estrategia de defensa exclusivamente", ha reiterado sobre los contactos con abogados del PP.

Comprar su silencio a cambio de echar a Gallardón

Eso fue a mediados de 2016, según la versión de Bárcenas. Pero años antes, tras la publicación de los papeles de la contabilidad B y su declaración judicial de julio de 2013, asegura que el abogado Javier Iglesias, vinculado al PP, le visitó en la cárcel de Soto del Real para transmitirle que si no colaboraba con la investigación, echarían al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que su caso acabaría en nulidad. El letrado siempre ha negado tales acusaciones.

"¿Se siente difamado por el PP?", ha preguntado el diputado de ERC Gabriel Rufián. Bajando la voz, Bárcenas ha respondido que no porque "en estos momentos" está "en otra dimensión". En este punto, el extesorero ha repetido varias veces que él está en prisión por sus delitos fiscales y blanqueo, condenado por la primera época de actividades de la trama Gürtel, y que en eso el PP "no tiene ninguna responsabilidad". Ya ha cumplido más de cuatro años de cárcel y acaba de obtener su primer permiso penitenciario. Cosa diferente será la causa sobre la caja B que aún está en instrucción, en la que se investiga un presunto delito de cohecho por las donaciones de empresarios, y que podría ponerle a él y al partido, otra vez, contra las cuerdas.

Aunque la comisión de investigación se refiere al espionaje financiado por fondos reservados que se inició en 2013 y que se investiga en la Audiencia Nacional, las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios para preguntar al extesorero han derivado hacia la caja B del PP que gestionó Bárcenas desde principios de los años noventa así como los sobresueldos en negro que habría pagado a algunos dirigentes. De hecho, en algunos momentos el propio extesorero ha tenido que recordar a los diputados el objeto de la comisión, pero todos han justificado sus preguntas en el hecho de que lo que se le sustrajo en la operación Kitchen sería documentación sobre esa contabilidad opaca.

Documentos "útiles" para el caso Gürtel y la causa de la caja Bcaso Gürtel

Aunque Bárcenas ha empezado su intervención en el Congreso diciendo que no iba a declarar al estar secreta parte de la pieza sobre la Kitchen y había sido advertido de ello por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el extesorero finalmente ha accedido a responder. Tras afirmar que no tiene "duda" de que la operación ocurrió y admitir que no sabe a ciencia cierta quién fue el "autor ideológico", ha señalado que éste debió ser "una persona del máximo nivel" porque se había llevado del PP documentación sobre campañas electorales y recibos de la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B. No ha querido continuar, a pesar de la insistencia de los diputados, porque aún está en instrucción una causa penal sobre la contabilidad B, además de la ya mencionada sobre Kitchen. En todo caso, ha dicho que se trataba de documentos que hubieran resultado "útiles" para el juicio de la primera época de Gürtel Gürtely para la causa de los papeles de Bárcenas.

El portavoz socialista, Felipe Sicilia, le ha pedido que diera algún nombre sobre quién cree que puede ser ese posible autor ideológico. Para empezar, considera que el secretario de Estado de Seguridad en 2013, Francisco Martínez –imputado en Kitchen–, no tenía "un interés personal" en ordenar seguimientos contra su persona y que por tanto debía contar con el respaldo de su superior jerárquico, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –también imputado–, y éste, de "alguien preocupado" que, "en términos de suposición", ha dicho, "sería Mariano Rajoy". "Puede haber una tercera persona incluso", ha apuntado, aunque se ha negado a pronunciar el nombre de esa persona porque, dice, no lo tiene acreditado y es lo que trata de dilucidar la investigación de la Audiencia Nacional.

El extesorero grabó a Rajoy

Ese interés que, según el extesorero, tenía el exjefe del Ejecutivo en hacerse con información comprometedora se debería, aparte de los documentos ya mencionados, a los dos audios que, tal y como ya ha asegurado varias veces, tenía en su poder y en los que se escucha cómo entregó la liquidación de la caja B a Rajoy en su despacho junto a varias hojas de esa "contabilidad extracontable", y que el entonces presidente del PP procedió a destruir esos papeles en su presencia. Esta vez, ha revelado que fue él quien grabó la conversación.

Siguiendo la línea que ha mantenido en sus últimas declaraciones en el juicio sobre el supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del PP, Bárcenas ha insistido en que "no cabe en la cabeza de nadie" pensar que él fuese el único que conocía la contabilidad B del partido, crear "toda esa estructura" sin que lo supiesen sus superiores. A la sazón, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. "Son los papeles del PP, no mis papeles", ha espetado.

Pero eso sí, ha querido dejar claro que en las anotaciones contenidas en sus papeles sobre la caja B no quedaban reflejadas contraprestaciones para empresarios que realizaran donaciones al partido, esto es, las supuestas donaciones finalistas que investiga el juez Santiago Pedraz en la causa todavía abierta sobre la contabilidad opaca del PP. "Contraprestaciones claras no existían, nunca ha sido así de claro", ha llegado a decir Bárcenas. En el escrito a Anticorrupción, el extesorero ya mencionaba que la "inmensa mayoría" de los donativos "no tenían una naturaleza finalista", esto es, como "contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado", aunque sí aseguraba que existieron "algunos casos concretos en los que sí concurrió aquella motivación".

Las donaciones, ha apuntado, eran más abundantes cuando el PP estaba en el Gobierno, ya que la mecánica, que según dice se repite en "todos los partidos políticos", es que empresarios aporten cantidades esperando algo a cambio, esto es, adjudicaciones de obras públicas.

Luis Bárcenas y su guerra abierta contra el expresidente Mariano Rajoy y lo que él llama "el PP antiguo" inaugurará las comparecencias de la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen. Con la precampaña y, posteriormente, campaña electoral madrileña como telón de fondo político, este órgano parlamentario tratará de ahondar, con sesiones previstas hasta junio, en el operativo policial sin autorización judicial que se puso en marcha en 2013 para robar documentación que el extesorero se había llevado del PP cuando fue despedido y que podía comprometer tanto al partido como a algunos de sus dirigentes.

Los trabajos comienzan este miércoles con la víctima de la trama, Luis Bárcenas, quien la semana pasada ya ofreció un adelanto de lo que será su intervención en la Cámara Baja al señalar directamente a Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como centro de sus acusaciones sobre quiénes estaban más interesados en poner en marcha el operativo parapolicial. La incógnita que está aún por despejar es si en las sesiones parlamentarias se podrá intuir quién es la X de la KitchenKitchen, teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional, que lleva investigando este caso desde hace más de dos años, aún no ha logrado aclararlo.

En el juicio que se celebra estos días por la caja B del PP, el extesorero insistió en que "el PP antiguo, no el actual de Pablo Casado, el antiguo, las personas y dirigentes del PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, organizaron una operación parapolicial" para robarle documentos y audios que acreditarían la existencia de la "contabilidad extracontable", como él la llama, y habló de dos grabaciones sustraídas en las que se oirían conversaciones que mantuvo tanto con Rajoy como con el ex secretario general Javier Arenas, que probarían que ambos tenían conocimiento de esa caja B. "Si se ha destruido o no, no lo puedo afirmar", remarcó.

Según el relato de Bárcenas, primero habló con Arenas, a quien comentó que le quedaba "un saldo en la caja B" y que "dadas las circunstancias" entendía que ya no se iba a utilizar. El ex secretario general del partido le instó a "desentenderse de eso" y a entregarle ese "sobre" al entonces presidente del PP porque "él sabe lo que tiene que hacer". Siempre según el relato del extesorero, subió al despacho de Rajoy para entregarle esa cantidad y mostrarle las dos últimas hojas de la contabilidad opaca y el entonces jefe del Ejecutivo le espetó: "Pero Luis, ¿cómo podéis llevar esto?". El extesorero le explicó, según su narración, que "era una indicación de Álvaro Lapuerta y que era una garantía" para ellos, "por si alguna vez se ponía en duda una aportación de algún empresario, que nadie pudiera decir que había habido una apropiación indebida por parte de alguien". Ahí, dijo Bárcenas, terminó la conversación, pues Rajoy cogió los papeles, se "giró" y los "destruyó" en una máquina.

"Organizan una operación para sustraerme los documentosque servirían para respaldar el conocimiento de Rajoy de una contabilidad paralela extracontable", afirmó el extesorero del partido conservador.

Su otro gran objetivo: María Dolores de Cospedal. No es un secreto el enfrentamiento que ambos mantuvieron en el pasado en los tribunales. La semana pasada, Bárcenas también se ocupó de citarla en varias ocasiones durante el juicio, insistiendo en que también cobró sobresueldos en negro, pero también apuntando hacia ella al afirmar que el comisario Andrés Gómez Gordo, uno de los policías imputados en Kitchen y asesor de la ex secretaria general en el gobierno de Castilla-La Mancha, fue el que "se llevó" los audios que implicarían a Rajoy y "debería aportarlos".

La comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen ha preparado una treintena de comparecencias que incluyen, después de Bárcenas, a mandos policiales imputados en esta pieza 7 del caso Villarejo, pero también otros nombres que aparecen en el sumario de la causa que habrían tenido conocimiento de la operación, como el exjefe de la UDEF José Luis Olivera o el abogado Javier Iglesias, ambos grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. También se citará al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, quien explicó ante el juez Manuel García Castellón cómo el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le apartó de esa causa en 2015.

Dos políticos imputados

Después, será el turno de los políticos. Aparte de Rajoy y Cospedal, que serán los últimos, también están en la lista de comparecientes el marido de ésta, Ignacio López del Hierro, por la relación con Villarejo; la antigua cúpula de Interior con Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez; el sucesor de éste último, José Antonio Nieto; y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó. De todos estos, sólo Fernández Díaz y Martínez están imputados por la operación Kitchen, al estar al frente del departamento que gestionaba los fondos reservados de la Policía. Ninguno de los dos ha apuntado hacia sus superiores en sus declaraciones ante el juez y mientras que el primero asegura que desconocía por completo este operativo, el segundo defiende que creía que era legal y que estaba en conocimiento del juzgado que investigaba el caso Gürtel.

Sin embargo, este órgano parlamentario, que prevé alargar sus sesiones hasta junio –sin perjuicio de que pueda haber más ampliaciones de plazos–, comienza lastrada por la falta de documentación del sumario de la causa que aún se investiga en la Audiencia Nacional y con limitaciones que podrían alegar los comparecientes para hablar sobre el uso de los fondos reservados, que es una de las claves puesto que la trama se financió con este dinero público.

Para realizar los trabajos con toda la información disponible y que los diputados puedan hacer las preguntas pertinentes a los comparecientes, la comisión de investigación, que preside la socialista Isaura Leal, solicitó tanto al juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, como a la Fiscalía Anticorrupción documentación muy concreta del sumario de la causa. Según han informado fuentes parlamentarias, la petición se cursó a través del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, respectivamente. En el caso del Ministerio Público, no rechazaron hacer entrega de lo solicitado, si bien aclaraban que se trataba de copias, no de los documentos originales –los cuales están a buen recaudo en la Audiencia Nacional–, por lo que no podían asegurar que fueran "íntegras y completas". En lo que respecta al magistrado, éste contestó a la comisión que no remitirá la documentación debido a que "se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado".

Los papeles que requirió la Mesa de la comisión abarcaban desde información relativa al comisario jubilado José Manuel Villarejo y sus agendas incorporadas a la causa, hasta las grabaciones efectuadas por el expolicía a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, así como la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017 en la que comentaron que Rajoy había sido grabado admitiendo conocer la financiación irregular del partido y los sobresueldos en negro. También solicitó tener acceso a los archivos del teléfono móvil del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil del exministro Jorge Fernández Díaz y que hacían mención al operativo. Sumaba a esto todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas fichado como confidente, a la escala básica de la Policía.

Pues bien, el instructor respondió con un breve escrito, consultado por infoLibre, en el que recordaba que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral", y que hay "límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario". Por eso, incidía en que no remitía lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación escudándose en "la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas".

El otro hándicap de este órgano parlamentario es que muchos de los comparecientes son cargos policiales imputados en la Audiencia Nacional y todo aquel que esté investigado está exento de contestar a las preguntas de los diputados para no incriminarse. Además, las diligencias de la pieza 7 del caso Villarejo versan sobre la utilización de dinero público, al menos 53.000 euros provenientes de los fondos reservados, para financiar un operativo policial sin autorización judicial y con el objeto de destruir pruebas de la caja B del PP, un asunto sobre el que el Consejo de Ministros ya tuvo que dar autorización a los imputados para hablar de ello ante el juez.

Los fondos reservados

Sobre esto mismo envió un escrito a la Mesa de la comisión el comisario jubilado Enrique García Castaño, alias El GordoEl Gordo, uno de los policías investigados y quien se habría hecho con dos dispositivos electrónicos de Bárcenas. Dos agentes han declarado en la Audiencia Nacional que fue el chófer del extesorero quien les facilitó los dispositivos en octubre de 2013 y que los clonaron sin ningún tipo de orden judicial y sin dejar registro de nada, todo por indicación de García Castaño, que entonces era su superior. 

Según adelantó ABC y han confirmado fuentes parlamentarias, el comisario remitió un escrito en el que recuerda que no tiene autorización del Consejo de Ministros para revelar secretos oficiales a este órgano del Congreso, sino sólo a la Audiencia Nacional, lo que supone un obstáculo para que explique el uso de los fondos reservados en general, y en el caso de Kitchen en particular. Otros mandos policiales podrían alegar también este impedimento para declarar sobre la gestión de los fondos.

Pocas causas judiciales revelan tantas cosas como la operación Kitchen. Un extesorero imputado por la Justicia y espiado para saber si se había llevado información sensible sobre una supuesta contabilidad opaca del partido del que había sido despedido. Un grupo de comisarios que hicieron de la Policía Nacional su cortijo particular para supuestamente enriquecerse. Una cúpula del Ministerio del Interior imputada, la primera desde la época de los GAL. Y sospechas y más sospechas sobre la utilización de dinero público para presuntos fines personales y, además, ilegales porque habrían estado destinados a ocultar información a los tribunales. Ese dinero público son los fondos reservados que manejan tres departamentos del Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y cuyo control, ahora se ha visto, sigue siendo una asignatura pendiente para evitar que se destinen a fines espurios. La inestabilidad política no ayuda: estos gastos llevan año y medio sin ser controlados por el Congreso.

Que se sepa, para la operación Kitchen se destinaron al menos 53.000 euros entre 2013 y 2015 salidos de los fondos reservados destinados a Interior para pagar a Sergio Ríos, antiguo chófer de Luis Bárcenas, fichado como confidente de la Policía para ayudar en la tarea de espionaje. Según la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional desde hace dos años, Ríos habría cobrado 2.000 euros al mes por su trabajo justificados con recibís rellenados y firmados a mano, un modo de hacer no poco sorprendente teniendo en cuenta que hablamos de un ministerio tan sensible, una documentación que la Fiscalía Anticorrupción constata que "no se ajustaba a la normativa legal que regulaba esos fondos desde 1995".

Tirando del hilo, el juez Manuel García Castellón y los fiscales anticorrupción encargados del caso han destapado, según el sumario de la causa, un “clan policial mafioso” y una operación policial "intrínsecamente ilegal" que fue posible gracias "a las disfunciones e irregularidades en la gestión y el control" de los fondos reservados. Los antiguos responsables de la Policía de este dinero público –uno de ellos se autodenominó “cajero”– fueron preguntados en sede judicial por la Kitchen, pero sus respuestas revelaron un modus operandi que han ido heredando unos de otros, por lo que cabe deducir que esta forma de trabajar no se circunscribió a los años de espionaje a Bárcenas, sino que es la habitual desde hace tiempo, tanto con gobiernos del PP como del PSOEmodus operandi.

Los sucesivos escándalos de uso fraudulento de fondos reservados que se hicieron públicos en la primera mitad de los noventa llevó al Gobierno de Felipe González a promulgar en 1995 una nueva Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, así como una posterior orden ministerial del entonces jefe de Interior, Juan Alberto Belloch, con las normas internas de gestión, documentación que obra en el sumario de la pieza que investiga la operación Kitchen. En esa orden se deja muy claro que “toda la información relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como la correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto”.

Casi 28 millones de euros para 2021

Obviamente, nadie duda de que operaciones como las que se sufragan con gastos reservados no deben ser de dominio público, pues se trata de operativos antiterroristas o relacionados con la seguridad del Estado. Sin embargo, lo que la Kitchen ha revelado es que la orden ministerial no ha servido para evitar que personas concretas manejen irregularmente unos fondos que este año han alcanzado los 27,86 millones de euros, cantidad que prevé mantenerse en 2021, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se está tramitando en el Congreso.

Reveladoras sobre ese descontrol han sido las declaraciones de los mandos policiales imputados y no imputados que han pasado por la Audiencia Nacional y que se conocieron tras el levantamiento del secreto de la pieza 7 del caso Villarejo que investiga la operación ilegal para espiar a Luis Bárcenas y su entorno familiar. Lo que dijeron José Manuel Benavides, secretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a lo largo de siete años hasta el otoño de 2013, y su sucesor, Enrique Lacasa, revelaron un modo de trabajar y gestionar los fondos reservados nada escrupuloso y sobre el que juez y fiscales no pudieron esconder su sorpresa.

La orden ministerial de 1995 habla de “cajas” en las que se reparten los fondos reservados solicitados por las unidades operativas y cuyo control consiste en comprobar que, “a partir del saldo del mes anterior, más las entradas menos las salidas, la cifra resultante coincide con las existencias”, y que “tanto la entrada está justificada con el recibí del responsable de la caja como las salidas están soportadas con los recibís de las personas receptoras, cuadrando todas las cifras”. Igualmente “se verificará que la justificación del empleo de los fondos está firmada por la persona autorizada”.

Benavides explicó el sistema que él manejó. Según él, “las unidades operativas comunicaban a la secretaría general la cantidad que necesitaban para el mes siguiente” y ese dinero era el que él solicitaba a la Secretaría de Estado de Seguridad. El que entregaba los fondos era el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, cargo que desempeñó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos durante parte del tiempo en el que se extendió la operación Kitchen. Los fondos se entregaban en metálico y el propio Benavides firmaba el “recibí”, tras lo cual los repartía a las unidades que los habían reclamado para sus operaciones.

Ni preguntaba ni quería saber

De su explicación se desprende que nunca tenía el detalle del destino del dinero. Lo que hacía era justificar lo solicitado en un libro de contabilidad, pero sin especificar para qué. Tanto Benavides como Lacasa subrayaron este detalle: “Ni quería saber ni preguntaba para qué era ese dinero”, dijo el segundo. Lo que se pedía, lo que se recibía de Interior y lo que se gastaba era apuntado en un libro de contabilidad con conceptos genéricos que impiden saber si el dinero reclamado era gastado en el desarrollo de las operaciones para las que en teoría iba destinado.

Miguel Ángel Bayo, asesor jurídico de la DAO durante más de treinta años que declaró como testigo, confirmó este modo de hacer: “Te dan cuarenta y tienes que responder de cuarenta. Y que cada palo aguante su vela”, dijo sobre el funcionamiento de la salida y entrada de fondos reservados, que gestionó durante un tiempo tras la jubilación de Lacasa, en referencia a que no se daban detalles del destino del dinero.

Los recibís son firmados a mano y el dinero entregado se apunta en unos cuadros diseñados y anexos a la orden ministerial de Belloch en los que se indican importes, fechas, conceptos o la unidad receptora. Para solicitar los fondos, hay otro cuadro en el que se deben escribir conceptos como “pagos a colaboradores fijos”, “pagos a colaboradores ocasionales”, “actividades de investigación”, “adquisición de equipos y materiales”, “gastos de exterior”, “gastos por servicios extraordinarios”, “bases operativas en Madrid”, “bases operativas en el resto de España” o “bases operativas en el extranjero”, entre otros. De lo declarado por los secretarios generales del DAO, se deduce que este trabajo no se cumplió, al menos en lo que respecta a Kitchen.

Para empezar, el nombre de la operación no aparece por ninguna parte en la documentación que el magistrado García Castellón solicitó al Ministerio del Interior que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska. "Revisada la documentación obrante en este centro gestor de fondos reservados de los servicios centrales, y correspondiente a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional para los años 2013 a 2015, no consta ninguna correspondiente o que haga referencia a una operación policial denominada KITCHEN, COCINERO, COCINA o K", explica el oficio, de fecha 15 de noviembre de 2019.

Pero los investigadores tienen constatado que el operativo para espiar a Bárcenas y su familia se puso en marcha, se desarrolló y tuvo éxito en la medida en que hubo seguimientos, le robaron material como dispositivos electrónicos y disponen de grabaciones incautadas a Villarejo en las que se escucha a los implicados hablar del asunto. Así lo reflejan juez y fiscales en todos sus escritos, en los que remarcan el carácter ilegal y al margen del control judicial del operativo.

Aparte de esa contabilidad tan poco exhaustiva, la investigación de la operación Kitchen ha revelado que el propio DAO en aquellos años, Eugenio Pino, daba sus propias órdenes a sus secretarios generales para que entregaran determinadas cantidades a altos mandos policiales como los comisarios imputados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, éste último exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), cantidades que también quedaban reflejadas en un recibí, pero ni Benavides ni Lacasa sabían a qué destinaban ese dinero. Al ser preguntado, el segundo destacó que se trataba de “un policía de mucho prestigio” y no tenía por qué dudar de que tuviese una asignación especial.

Cuestión de confianza

Si los que debían gestionar los fondos no tenían el detalle, los mandos superiores del Ministerio del Interior alegan que ellos, mucho menos. Ni el exministro Jorge Fernández Díaz ni el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos imputados, se hacen responsables: ambos han negado por dos veces al juez que nunca conocían el detalle de lo que se gastaba o dejaba de gastar en las operaciones policiales. Es decir, que una cosa es que el dinero saliese de su departamento y otra cosa que estuvieran en el pormenor de cada desembolso. Ni siquiera el hombre encargado de dar el dinero a las solicitudes que se hacían desde la DAO, el coronel Pérez de los Cobos, estaba al tanto de las particularidades, tal y como dijo en la Audiencia Nacional en su declaración como testigo.

Según el coronel de la Guardia Civil, el sistema funciona de abajo a arriba y si la información que se iba transmitiendo desde las unidades hasta el ministerio contaba con las autorizaciones oportunas, el dinero se entregaba. Lo mismo que declaró Enrique Barón, jefe de la Comisaría General de Información entre 2012 y 2017: “Hay que apelar a la honradez, buena fe y legalidad del funcionario”, explicó, para aclarar también que él nunca supo nada de una operación Kitchen.

En la orden ministerial de Belloch también se establece un control parlamentario de los fondos reservados. “Semestralmente, se informará a la comisión parlamentaria, creada para el control de estos fondos, sobre la aplicación y el uso de los correspondientes fondos presupuestarios. Dicha información se referirá a los gastos efectuados durante el período, clasificados orgánicamente, hasta el nivel de Dirección General”, explica. Son tres departamentos del Gobierno los que gestionan este tipo de dinero público, Interior, Exteriores, Defensa, además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Desde su creación, la Comisión de control de los Gastos Reservados del Congreso de los Diputados, a la que acude un representante de cada grupo parlamentario, se venía reuniendo cada seis meses y acudían los distintos responsables de los departamentos encargados, siempre a puerta cerrada por la sensibilidad de la información que se transmite. Sin embargo, la última vez que se convocó fue el 3 de marzo de 2019, justo antes de la disolución de las Cortes antes de las elecciones generales de abril.

Ya no ha habido más comparecencias, según informó Europa Press. El Congreso surgido de esos comicios, que dio paso a una legislatura de apenas cinco meses, ni siquiera se llegó a plantear la posibilidad de constituir la citada comisión, pero tampoco en la presente, que arrancó hace diez meses. Así las cosas, ya va para un año y medio que la Cámara no controla la labor de los servicios de inteligencia españoles y los fondos reservados. El problema es que, según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos, esto es, de 210 votos, algo que resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios y el clima político actual no parece muy propicio: los vetos de unos y otros hacen imposibles formar la comisión creada para controlar la labor de los servicios de inteligencia españoles y los fondos reservados.

La comisión del Congreso, un “paripé”

Controlar o al menos parecer que lo hace. Según un antiguo miembro de la comisión consultado por infoLibre, los comparecientes solían hacer “intervenciones muy genéricas” de los temas sobre los que trabajaban sus respectivos departamentos con cargo a los fondos reservados, la mayoría de los cuales se referían a estrategia antiterrorista o de seguridad nacional. No se entregaba nunca documentación y los portavoces podían preguntar algunos asuntos concretos, pero raramente se daban datos muy específicos. En ningún caso se daban los nombres de las operaciones en marcha ni detalles sobre informantes.

En su opinión, la comisión no sirve para lo que fue creada, es decir, controlar la gestión de los fondos reservados. “Al final, la sensación que nos quedaba es que todo era un paripé. Era algo bastante protocolario y nunca nos quedaba claro a qué se estaba dedicando el dinero”, subraya. Tampoco percibió grandes diferencias entre el funcionamiento y la información que se daba en la comisión con gobiernos del PSOE y del PP.

El sacerdote Silverio Nieto, quien supuestamente habría ejercido como enlace entre el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex número dos Francisco Martínez así como con mandos policiales imputados en la operación Kitchen, ha negado este lunes en la Audiencia Nacional haber ejercido algún tipo de influencia entre ellos o conocer el operativo parapolicial puesto en marcha en 2013 para supuestamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. Tras escucharle, el fiscal anticorrupción encargado del caso le ha recriminado que su versión "no se ajusta a la realidad".

Nieto, exdirector de los Servicios Jurídicos de la Conferencia Episcopal y que antes de ser cura ejerció como policía y juez, es amigo personal de Fernández Díaz y según la investigación, recibió un mensaje de Martínez a principios de este año en el que éste contaba cuál iba a ser su estrategia de defensa tras ser imputado en esta pieza 7 del caso Villarejo. El sacerdote, a su vez, lo reenvió al exministro y al comisario jubilado Enrique García Castaño, a quien conoce desde principios de los años ochenta.

“Según me dice mi abogado, además de cuestiones formales la defensa mañana exige entregar en el juzgado las actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013, 2014 con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos operativos policiales de los que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conlleva la situación de Jorge y probablemente Rajoy. Desde luego, nada más lejos de mi deseo”, decía el mensaje del ex secretario de Estado de Seguridad.

Fue García Castaño, alias El Gordo, quien en sede judicial el pasado mes de marzo exhibió al juez y los fiscales anticorrupción mensajes de Whatsapp que se había intercambiado con Nieto en fechas recientes, aunque no consta la fecha exacta. Nieto, además, estaba con el comisario ya jubilado cuando éste fue detenido en el marco del caso Villarejo en julio de 2018. En otro mensaje, se indicaba que también había sido enviado a “JF”, lo que según García Castaño significaría que el mismo remitente lo habría podido enviar a Fernández Díaz.

El sacerdote declarado este lunes, por videoconferencia desde Valencia, en calidad de testigo y ha explicado la relación que mantiene con los tres investigados por la operación Kitchen. Del exministro del Interior, ha dicho que tiene una amistad desde hace muchos años; de García Castaño, que le conoció a principios de los ochenta cuando fue policía hasta que sacó la plaza de juez; y de Martínez ha asegurado que la relación es menor. Según ha dicho, no se acordaba de que había sido alumno suyo en ICADE.

Según su versión, el ex secretario de Estado le envió ese mensaje para desahogarse tras su imputación en este caso porque lo estaba pasando mal, según fuentes jurídicas consultadas por infoLibre. Preguntado por las respuestas que tanto García Castaño como Fernández Díaz le dieron al recibir los 'whatsapps', Nieto ha respondido que el primero afirmó que suponía que el ex secretario de Estado contaría todo lo que sabe al respecto de la operación, mientras que el segundo le contestó que no había enviado ningún mensaje en ese sentido sobre operativos policiales. Así lo ha venido sosteniendo el exministro tanto en los escritos remitidos al juez como en su declaración como investigado y en el careo que le enfrentó al que fuera su 'número dos' el pasado 13 de noviembre.

El sacerdote ha defendido que con Fernández Díaz mantiene una relación sólo de índole "espiritual" y que no comentaron nunca cuestiones relacionados con su cargo de ministro. En lo que respecta a Martínez, ha mantenido que su relación no era tan estrecha y que no sabe nada de las actas notariales que reflejan mensajes que se habría intercambiado con Fernández Díaz en 2013 y que incriminaron al exministro. En cualquier caso, ha negado que ejerciera algún tipo de mediación entre ambos.

Y sobre García Castaño, ha dicho que no hablaban de cuestiones laborales y ha justificado haberle reenviado el mensaje de Martínez porque estaba muy señalado en la prensa. Ha afirmado además que desde 1999, desde que se dedica al sacerdocio, sólo le preocupan los problemas "humanos y personales".

Tras todas estas explicaciones, el fiscal anticorrupción Miguel Serrano, que es el que ha dirigido el interrogatorio, ha tomado la palabra para decirle que su “versión no se ajusta a la realidad”, según las fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se ha quedado con más interrogantes que respuestas tras el careo al que sometió al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos imputados por la operación Kitchen, el operativo ilegal sufragado con fondos reservados que se puso en marcha en 2013 para supuestamente sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas información sensible para el partido que se habría llevado tras su despido. Por eso, ha acordado nuevas diligencias, una de ellas la citación como testigo de Silverio Nieto, un cura amigo del primero y que habría ejercido de enlace entre los dos investigados, así como con mandos policiales también bajo el foco de la instrucción.

Según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso infoLibre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a Nieto el próximo 30 de noviembre a las 10.45 horas. Tras él, comparecerá, también como testigo, la que fuera asistente de Martínez en la Secretaría de Estado, Icíar Castro, a quien confesó a principios de 2019, unos meses después de que estallara el escándalo del supuesto espionaje a Bárcenas, que no valoró “bien los riesgos” y que el Ministerio del Interior era una “piscina de tiburones”.

Silverio Nieto ya había sido citado por el magistrado, pero finalmente su declaración se suspendió. El sacerdote habría actuado como correa de transmisión entre Martínez y uno de los comisarios presuntamente implicados en la operación Kitchen, Enrique García Castaño, alias El Gordo. Fue éste quien en sede judicial el pasado mes de marzo exhibió al juez y los fiscales anticorrupción encargados del caso mensajes de Whatsapp que se había intercambiado con Nieto en fechas recientes, aunque no consta la fecha exacta. Nieto, además, estaba con el comisario ya jubilado cuando éste fue detenido en el marco del caso Villarejo en julio de 2018.

Según expuso el instructor en el primer auto de citación, “estos mensajes al parecer fueron reenviados por Silverio Nieto a Enrique García Castaño tras haber sido recibidos previamente de Francisco Martínez. “Según me dice mi abogado, además de cuestiones formales la defensa mañana exige entregar en el juzgado las actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013, 2014 con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos operativos policiales de los que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conlleva la situación de Jorge y probablemente Rajoy. Desde luego, nada más lejos de mi deseo”, decía el mensaje.

Enviado a "JF"

En otro mensaje, se indicaba que también había sido enviado a “JF”, lo que según García Castaño significaría que el mismo remitente lo habría podido enviar a Jorge Fernández Díaz. Fue a partir de esta revelación cuando el juzgado requirió los mensajes que Martínez se había intercambiado con el exministro en 2013 en los que habrían hablado de la operación Kitchen y que había protocolizado ante notario. Si parece que el sacerdote Nieto actuó de enlace entre mandos políticos y policiales, el magistrado instructor quiere que comparezca como testigo “a fin de esclarecer qué sabe de los hechos objeto de la presente pieza separada, atendida la cercanía con Francisco Martínez, y el contenido de los mensajes que le reenvió al señor García Castaño, tal y como éste mostró en su declaración”.

Los mensajes protocolizados por el ex secretario de Estado también están siendo objeto de investigación por parte del juez, sobre todo a raíz de que Fernández Díaz negara en las dos ocasiones en las que ha comparecido en sede judicial que él fuese el otro interlocutor y acusara a su ex número dos de manipularlos. En un auto al que ha tenido acceso infoLibre, García Castellón cita a declarar en calidad de testigos a los dos notarios que dieron fe de los SMS. Tras el careo del pasado 13 de noviembre para enfrentar las versiones que el exministro y el ex secretario de Estado habían manifestado en sus respectivas declaraciones como investigados sobre su conocimiento del operativo parapolicial, la Fiscalía Anticorrupción concluyó que no se había conseguido aclarar ninguna de las contradicciones vertidas, por lo que ha solicitado las declaraciones de los notarios.

Enrique A. Franch, en Madrid, y Alberto Vela, en Mahón (Menorca), levantaron sendas actas notariales de los mensajes enviados en el verano de 2013 en los que supuestamente Fernández Díaz pedía a Martínez que averiguara si Sergio Ríos, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, era un confidente policial, y el ex secretario de Estado le encominaba al exministro a hablar después de que éste "tenga el contacto Cecilio", que es como se denomina al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el argot policial. Para los fiscales, esta diligencia permitiría "acreditar plenamente la identidad del emisor/receptor de los mensajes obrantes en su teléfono móvil y que fueron protocolizados en los meses de junio y octubre de 2019 por el investigado Francisco Martínez", pues el exministro niega ser autor de los mismos e incluso ha aportado un informe pericial de parte que afirma que están manipulados.

Posible imputación por violación de secretos

Así, en aras de "una mejor averiguación de los hechos", el magistrado accede a citarles a declarar para conocer sus versiones. No obstante, el juez constata que Alberto Vela mantiene una relación de amistad con Francisco Martínez, por lo que podrá ir asistido por un letrado por si pudiera verse perjudicado de cara a que un juzgado de instrucción de Mahón acordara investigarle por violación de secretos, tal y como ha solicitado la Fiscalía.

El auto explica que este presunto delito se habría cometido el pasado mes de marzo cuando el notario se puso en contacto con Martínez para preguntarle cómo se borrarían unos mensajes, tras ser requerido judicialmente, a través del Consejo General del Notariado y con la expresa advertencia del carácter secreto de las actuaciones, para que entregara una copia del acta notarial de los mensajes protocolizados. El exsecretario de Estado defendió ante el juez que la eliminación de estos whatsapps estarían relacionados con unos "chistes de mal gusto".

Y además del sacerdote, la asistente y los notarios, el juez también llama a declarar de nuevo al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, ambos imputados en esta pieza separada del caso Villarejo, para corroborar si alguno de ellos era el autor de otros de los mensajes protocolarizados. En una de esas comunicaciones se informaba de que "la operación se hizo con éxito", en referencia al volcado de la información que contenían "2 iPhones y iPad", que presuntamente serían del extesorero del PP. El auto recuerda que Francisco Martínez aclaró que se trataba de un reenvío y Fernández Díaz expuso que es "inverosímil" que él como ministro lo hubiera redactado, ya que es un "texto de un operativo". 

"Parece razonable inferir que ese mensaje pudiera haber sido enviado en origen por alguno de aquellos miembros de la cúpula policial", con los que, además, el exministro admitió haber tenido "frecuentes contactos", explica el juez de la Audiencia Nacional en su auto, que recuerda que el exjefe de la UCAO afirmó en una de sus declaraciones que el volcado de los citados dispositivos se hizo bajo sus órdenes en octubre de 2013 y así lo corroboraron agentes policiales adscritos a dicha unidad policial.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz sugirió ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que se cite a declarar en calidad de testigos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán para que respalden parte de su versión en la investigación sobre la operación Kitchen, el operativo policial ilegal que se puso en marcha en 2013 para supuestamente espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y robarle información que se habría llevado del PP cuando fue despedido.

Durante el tenso careo que mantuvo el pasado 13 de noviembre en la Audiencia Nacional con el que fuera su número dos en el ministerio, Francisco Martínez, Fernández Díaz le acusó de manipular los mensajes de texto que ambos se cruzaron supuestamente a mediados de 2013 y que el ex secretario de Estado llevó ante notario en el verano de 2019 y que son parte del enfrentamiento que ambos sostienen. "Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio", preguntó Martínez en un SMS, a lo que la contestación fue: "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado (sic). Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info".

Tras negar por activa y por pasiva haber respondido así, basándose en que no es su forma de escribir y que él no sustituye nunca la C por K, Fernández Díaz afirmó durante el careo que le parecía "absolutamente surrealista" que se le atribuya un mensaje así y que se dé a entender que alguien en el Consejo de Ministros le iba a dar el contacto de un miembro del CNI. "Si hay que pedir, que yo no pido nada, pero si hubiera que pedir una testifical, a ver si al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta o al general Sanz Roldán yo les pedí el contacto cecilio" cecilio, dijo visiblemente exaltado.

Además, el exministro repitió en varias ocasiones que él no sabía en aquel momento lo que signficaba cecilio, lo cual fue puesto en duda por su ex número dos: "Es radicalmente falso que tú no supieses a que a las personas del CNI se les llamara cecilio"cecilio. Según Martínez, el contexto de ese SMS, que fue enviado la noche del 1 al 2 de agosto de 2013 fue que unas horas antes había intervenido Rajoy en el Congreso para dar explicaciones sobre el escándalo de los papeles de Bárcenas. "No me extraña nada que después de eso me dijeras con quién tengo que hablar del CNI, en un asunto que no era de los habituales de los que hablábamos", señaló.

El careo entre Fernández Díaz y Martínez, a cuyo audio ha tenido acceso infoLibre, estuvo marcado por la tensión constante y los reproches mutuos entre los dos imputados. El magistrado acordó esta diligencia para enfrentar las contradicciones que ambos habían manifestado anteriormente en sus respectivas declaraciones como investigados por la operación Kitchen, sufragada con fondos reservados del Ministerio del Interior. Al inicio del encuentro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 les rogó que mantuvieran la "calma suficiente" a sabiendas de que "no es una diligencia agradable". "Soy consciente de ello, la realizo pocas veces, pero he considerado oportuno en esta ocasión realizarla por el pico de contradicción", explicó.

"Acción inmoral e indigna del PP"

El ex secretario de Estado aprovechó el careo para incidir en varias ocasiones en lo "abandonado" que se había sentido después de las declaraciones que hizo el exministro el año pasado asegurando que nunca supo nada de ninguna operación Kitchen y de que el PP no le incluyera en las listas electorales en 2019. "Lo que no te voy a reprochar a ti es que el PP decidiese apartarme y señalarme. Una acción inmoral e indigna del PP, que, sinceramente, si ese PP del señor Pablo Casado no sabe cuidar a la gente que ha trabajado bien, mucho me temo que no sabrán cuidar nunca a los españoles que no conoce", remarcó.

"Te digo una cosa y mirándote a los ojos, si hubiese podido hacer algo por ti lo hubiese hecho. En ese momento no estabas investigado, y no me constaba que hubieras cometido nada ilegal. ¿Paco, me puedes decir de qué te tenía que proteger y cómo te podía proteger?", le preguntó Fernández Díaz, a lo que Martínez contestó: "Para empezar, no declarando cosas que a mi me perjudicaban". En su opinión, lo que hace "un líder con un subordinado que ha trabajado bien, fiel, leal y, ademas le tiene afecto" es llamar y decir: "oye vamos a hablar de esto" y "no decir nada a la prensa". "O incluso decirle a la prensa que todo esto no tiene dada que ver con el relato que se ha creado de las fanfarronadas del señor (Enrique) García Castaño y de (José Manuel) Villarejo, que no tenía que ver. Eso es lo que le podías haber dicho a la prensa y no 'yo no sé nada, yo no pasaba por ahí, no tenía que ver nada con Villarejo", dijo.

La tensión durante el careo fue aumentando a lo largo de la casi hora y media que duró. Precisamente, llegando a la hora de declaración, el que fuera titular del Ministerio del Interior afeó al ex secretario de Estado de Seguridad que le llamase "idiota integral". "Ha sido para mí afectivamente doloroso (...) los epítetos que desde el año 2017 me diriges", admitió Fernández Díaz. "Me llamaste idiota integral por haber dicho que yo no gestionaba los fondos reservados", recordó en referencia a los mensajes que Martínez registró ante notario y que obran en el sumario de la causa. "Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable junto a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, me has llamado bobo... con distintas personas, desde Pino, desde García Castaño, porque has hablado con media España", continuó.

Martínez replicó que se arrepentía de "haber dicho esas cosas", pero aclaró que fueron expresiones que dijo a causa del "calentamiento" y porque se encontraba "dolido". Sin embargo, el que fuera ministro durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy no dio credibilidad a las palabras de su ex número dos y le culpó de su imputación en esta pieza 7 del caso Tándem. Asimismo, confesó que pensaba que el careo se iba a resumir en que el ex secretario de Estado le pediría perdón por afirmar que le requirió información sobre la Kitchen y que él admitiría las disculpas porque entendía que en ese momento Martínez se encontraba "en una situación de estrés". "Somos humanos y cometemos errores", añadió Fernández Díaz.

Pero el ex secretario de Estado no compartió su visión y le preguntó de qué se tenía que "arrepentir", al tiempo en que insistió en que el exministro le llamó para pedirle que se interesara por una información que le había llegado sobre unos confidentes policiales y que uno de ellos podía ser el chófer de Bárcenas. Esto llevó al exministro a demostrar su enfado hacia él: "Estamos en este careo por ti. Estamos ante un juez y unos fiscales como investigados. Que no tiene ninguna importancia, será para ti", exclamó.

La X de la operación Kitchen sigue sin despejarse. Si acaso, las últimas diligencias practicadas en la Audiencia Nacional en forma de declaraciones de imputados y testigos no han servido para aclarar nada acerca de quién dio la orden y dirigió el operativo parapolicial sin control judicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. Pero lo que sí se ha revelado con esta pieza 7 del caso Villarejo es el descontrol en la gestión de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, seis millones de dinero público al año de los que los máximos responsables del departamento que dirigía Jorge Fernández Díaz no sabían ni preguntaban a qué operaciones se destinaban.

La cifra de seis millones la ha dado este lunes el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien ha declarado en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, pues durante siete años fue director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y se encargaba de visar los gastos de fondos reservados que le iban llegando de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Su cometido, ha dicho, era como el de un "tesorero", pues se encargaba de revisar y autorizar los pagos, pero no de dar el visto bueno ni conocer el detalle de las operaciones que se sufragaban con los gastos reservados, pues esto correspondía al jefe de la unidad que solicitaba el dinero, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas.

Por eso, ha negado haber tenido conocimiento de una operación llamada Kitchen o cocinero o algún apelativo similar, pues ha asegurado que su función no era conocer los pormenores de los operativos, sino la de ir controlando los pagos para que el presupuesto destinado a los fondos reservados cuadrara y no se sobrepasaran los límites asignados al Ministerio del Interior. Si no sabía del detalle de las operaciones, mucho menos de los confidentes para llevarlas a cabo. En el caso de la pieza 7, uno de los confidentes era Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, captado a razón de 2.000 euros al mes por el comisario José Manuel Villarejo para supuestamente sustraer información comprometedora del partido o sus dirigentes que se habría llevado el tesorero al ser despedido. El conductor, que está imputado, ha pedido declarar de nuevo ante el juez y lo hará este miércoles.

El testimonio de Pérez de los Cobos cierra de momento la puerta a despejar la vinculación de la operación Kitchen con los dirigentes de Interior operación Kitchendel primer Gobierno de Mariano Rajoy, pues su versión coincide con la aportada por el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez. El primero dijo que se enteró por la prensa de este operativo cuando se empezó a investigar hace dos años en la Audiencia Nacional, y el segundo, que no estaban en los pormenores de la administración de los fondos aunque su departamento los gestionase. Señaló al coronel de la Guardia Civil como el encargado de visarlos, pero éste ha relegado su labor a mera contabilidad.

Un testimonio sin ningún resultado

El nombre de Diego Pérez de los Cobos –pieza fundamental en la acusación por rebelión a los líderes del procés catalán y al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero– ya venía rondando la pieza 7 del caso Villarejo desde hace mesescaso Villarejo por haber ocupado la dirección del gabinete que firmaba los fondos reservados. Dos secretarios generales de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, José Manuel Benavides y Felipe Eduardo Lacasa, hablaron de él como la persona que debía tener conocimiento de las operaciones sufragadas con fondos reservados, pues a él se le reclamaba el dinero y se le entregaba justificación de lo gastado, según obra en el sumario de la causa. El comisario Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), también le mencionó de pasada durante una de sus declaraciones.

Sin embargo, el testimonio del coronel no ha aportado ninguna nueva luz a las pesquisas. Durante su comparecencia, de una hora y media aproximadamente, ha detallado cómo se gestionan los fondos reservados en Interior, a los que aportaba su firma final a medida que le iban llegando las carpetas con informes de las unidades policiales solicitantes. Lo que hacía era revisar que se cumplieran los elementos mínimos exigibles, esto es, meras cuestiones formales, y también se ocupaba de advertir a las unidades cuando se estaban excediendo en los gastos, puesto que se podría sobrepasar el presupuesto y en principio no disponían de ampliación de fondos. A preguntas del fiscal Miguel Serrano, ha manifestado que Fernández Díaz en ningún momento le preguntó o se interesó por una operación llamada KitchenKitchen o sobre un espionaje a Luis Bárcenas o sobre cualquier otra operación, eximiéndole de cualquier tipo de conocimiento.

Este descontrol del dinero público destinado a operaciones secretas ya fue puesto de manifiesto en declaraciones ante el juez de otros imputados de la llamada policía patriótica. Significativo es lo dicho, por ejemplo, por el inspector José Ángel Fuentes Gago, que estaba adscrito a la DAO que comandaba Eugenio Pino: "Los fondos reservados los coge cada uno, firma y ya está. La regla general es no justificar para qué se usan los fondos reservados".

¿Significa todo esto que en Interior, según la versión del coronel, confiaban en el buen hacer de las unidades policiales a la hora de solicitar fondos reservados y por eso se les autorizaba lo que solicitaban para sufragar sus operativos? Es lo que parece. De hecho, Pérez de los Cobos ha explicado que el sistema funcionaba de abajo a arriba y que las solicitudes de dinero ya le llegaban con todas las firmas necesarias de los mandos policiales responsables de los operativos. Si el juez se quedara sólo con las últimas versiones recabadas, cabría deducir que la responsabilidad de la Kitchen no pasó de los mandos policiales ya imputados y que han reconocido, en mayor o menor medida, haber participado en una operación para espiar a Bárcenas.

La vinculación de los dirigentes políticos parece, de momento, confusa, pero el instructor mantiene imputados a Fernández Díaz y Martínez, ya que sus declaraciones fueron muy contradictorias y García Castellón ha encargado diligencias para saber quién de los dos miente: ordenó al exministro que entregara en el juzgado su antiguo teléfono móvil para tratar de saber si intercambió los mensajes que el ex secretario de Estado le atribuyen y en los que habrían hablado de la operación.

Un nuevo policía imputado

Todo esto en lo que respecta al Ministerio del Interior. Pero el juez continúa indagando en la pata policial de la operación Kitchen y este lunes ha imputado al que fue jefe de vigilancias y seguimientos en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Vicente Galán. Según las fuentes consultadas, ha acudido a la Audiencia Nacional para comparecer como testigo, pero a medida que se desarrollaba el interrogatorio ha decidido cambiar el estatus jurídico del mando tras avisar la Fiscalía Anticorrupción de que podía estar incurriendo en afirmaciones que le incriminasen.

Todo porque previamente una agente de esta misma unidad había declarado que Galán le encargó –aunque no ha sabido precisar cuándo– dos operativos: uno para verificar la presencia de un vehículo negro en las inmediaciones del domicilio de Bárcenas y otro para comprobar si la mujer del extesorero, Rosalía Iglesias, se encontraba "en peligro". Ante esta declaración, Galán ha confirmado el primer operativo y que se lo ordenó su superior, Marcelino Martín Blas –también imputado–, y que éste le advirtió de que debía tener cuidado porque el vehículo se encontraba cerca de casa de Bárcenas, pero el jefe de seguimientos ha desvinculado totalmente esta vigilancia en una operación dirigida a espiar al extesorero del PP.

Tensión, palabras gruesas, reproches mutuos, algún que otro recado al PP, mucho rencor y poco más. Nada de gestión de fondos reservados, nada de confidentes, nada de la posible implicación de otros dirigentes del Gobierno de Mariano Rajoy y mucho menos de quién ideó y organizó la operación Kitchenoperación Kitchen, el operativo parapolicial sin control judicial que se desarrolló entre 2013 y 2014 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas supuestamente para robarle información sensible que se habría llevado del partido del que había sido despedido. La conclusión que se puede hacer del careo que han mantenido este viernes el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos imputados en esta pieza del caso Villarejo, es que no ha aportado mucho, más bien nada, a las declaraciones que ambos habían prestado de forma individual dos semanas antes.

Ambos habían ofrecido versiones contradictorias sobre lo que sabían el uno y el otro, por lo que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quiso que se encontraran cara a cara para tratar de disipar cuál de las dos declaraciones había sido más verosímil y porque toda su investigación le ha llevado a la cúpula de Interior. Ese es el objetivo de un careo, pero obviamente en este caso no se han despejado las dudas: Fernández Díaz ha negado haber tenido algún conocimiento sobre la operación ilegal sufragada con fondos reservados, mientras que Martínez se ha empeñado en asegurar que su exjefe estaba al tanto de que había en marcha algún tipo de operativo, aunque sin garantizar que supiese que era ilegal.

El careo ha empezado pasadas las diez de la mañana con Fernández Díaz y Martínez –que han llegado a la vez pero por caminos opuestos– sentados uno al lado del otro, manteniendo eso sí la distancia de seguridad y con sus respectivas mascarillas. Junto a cada uno de ellos, sus respectivos abogados. Al otro lado de la mesa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas –que sustituye a Ignacio Stampa después de que éste no lograra la plaza fija en Anticorrupción– a su derecha. García Castellón ha empezado exponiendo el porqué de la convocatoria y resumiendo las versiones contradictorias que quería aclarar, tras lo cual ha instado a los investigados a hablar sobre el tema. El primero en tomar la palabra ha sido Martínez, según fuentes jurídicas presentes en la sala.

Lo que quería el juez es que hablaran entre ellos y expusieran sus argumentos, pero era evidente que tanto Fernández Díaz como Martínez se hallaban bastante cohibidos en un principio y en los primeros minutos sólo se dirigían al magistrado, por lo que éste ha tenido que llamarles la atención y pedirles que se miraran el uno al otro al hablar, pues él estaba allí para moderar la conversación y poco más. Ha sido entonces cuando la tensión ha ido en aumento y no han podido disimularla a pesar de las mascarillas, pasando de un trato correcto a lanzarse duras acusaciones y reproches.

La discusión se ha extendido durante algo más de dos horas y ha versado sobre dos asuntos fundamentalmente: lo que sabían o no sabían de la operación Kitchen y los mensajes que se habrían cruzado durante el desarrollo de la mismaoperación Kitchen. Mientras Martínez sostiene que fue Fernández Díaz quien le pidió que se enterara sobre un operativo que incluía al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente y ha llevado ante notario mensajes que, según dice, se intercambió con su exjefe en los que hablaban de la operación, el exministro sigue asegurando que supo de la existencia de la Kitchenrecientemente y por la prensa y que él no se cruzó ningún mensaje sobre ese asunto. Las mismas versiones que manifestaron por separado en sede judicial, las han mantenido en el careo.

Réplica y contrarréplica

“¿A santo de qué me iba a inventar yo todo esto?”, ha llegado a preguntar Martínez cuando ha visto que el exministro seguía negando haber conocido ninguna operación para espiar al extesorero del PP. “Eso me pregunto yo”, ha replicado Fernández Díaz. "Igual es que no te acuerdas", ha sugerido el ex secretario de Estado, quien ha matizado que él nunca le ha acusado de saber de la ilegalidad del operativo. Pero Fernández Díaz no ha querido seguir por ahí y ha pedido al que fuera su número dos en Interior que parara con ese asunto, han explicado fuentes jurídicas a infoLibre.

A cada afirmación que hacía uno, el otro le replicaba, a veces tirando de ironía, otras veces en forma de acusación. En un momento dado, Fernández Díaz ha dicho que el comisario Enrique García Castaño, uno de los policías imputados en esta pieza del caso Villarejo, nunca le informó de la Kitchen y que, de hecho, jamás habló con él ni por mensaje ni por llamada telefónica. "No hablabas tú, hablaba yo con él", ha recordado Martínez, para después subrayar que de todo lo que le indicaba el comisario acerca del dispositivo policial, él daba cuentas al ministro.

Los reproches han llegado hasta un punto en el que Fernández Díaz ha negado que Martínez fuera su “mano derecha”, tal y como el segundo ha defendido en un determinado momento, a pesar de haberle nombrado número dos del departamento. El exministro ha asegurado que el ex secretario de Estado fue una persona de confianza mientras ejerció como jefe de gabinete, pero no cuando fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad.

Ni uno ni otro han escondido el resentimiento que llevan años acumulando después de que salieran a la luz los seguimientos a Bárcenas, la implicación de comisarios tan condecorados como José Manuel Villarejo o Enrique García Castaño y se pusiera el foco en los políticos que tenían el poder en 2013. Es en este marco en el que Martínez ha explicado el porqué de los mensajes, incorporados al sumario de la causa, en los que despreciaba la actitud que había manifestado su exjefe y el "abandono" que dice haber sentido desde el PP al no incluirle en las listas para las elecciones. El exministro se ha quejado de que el ex secretario de Estado le llamara "bobo y miserable" y Martínez le ha recordado que desde el partido que preside ahora Pablo Casado les dejaron "solos" y que a él en concreto le han arrojado a las "fauces de la prensa". Incluso, ha dejado un recado dirigido directamente a Casado: "Si el PP no sabe cuidar de la gente que ha trabajado bien, no sabrán cuidar nunca a los españoles". En todo caso, el ex secretario de Estado ha lamentado haber dicho esas expresiones malsonantes, pero ha justificado que cuando uno se siente "abandonado", a veces se expresan palabras así de fuertes.

Para Fernández Díaz, sin embargo, todo es culpa de Martínez y le ha echado en cara que, de no ser por él, ninguno de los dos estaría en esta situación, imputados en la Audiencia Nacional. Más aún, ha llegado a decir que sin la intervención del ex secretario de Estado, él sólo habría declarado como testigo, a lo que el ex número dos de Interior ha replicado que difícilmente iba a aportar mucha información si, como viene defendiendo, nunca supo nada de la existencia de la operacíon Kitchen. Dada la situación, en un momento dado el exministro ha perdido la serenidad y, si bien no ha roto a llorar, sí que se ha azorado por lo "doloroso" del momento, ante lo que el magistrado le ha pedido que se calmara e incluso le ha ofrecido hacer un pequeño receso. "A usted le veo más intranquilo”, ha apuntado García Castellón. “No, intranquilo no estoy”, se ha recompuesto Fernández Díaz.

"¿Me estás acusando de falsificador?"

El otro punto conflictivo del choque entre la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy han sido los ya famosos mensajes de texto, esos que uno dice que se intercambiaron y el otro que ni siquiera existieron. Comunicaciones que Martínez, quizá ahora arrepentido, borró tras dar cuenta de ellos ante notario en junio de 2019, según el sumario de la causa. "Chófer B: Sergio Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)" y "Es importante" son dos de los mensajes que aparecen en el acta y que, de comprobarse ciertos, corroborarían que Fernández Díaz sabía la identidad del informante en la operación Kitchen. "La operación se hizo con éxito: se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad) Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. Es decir, q no sería información para el J a efectos de su publicación: es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención. Otra cosa q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información...veremos. Te informo", dice literalmente otro de los mensajes.

Fernández Díaz y Martínez se han enzarzado hasta sobre el acta notarial. El argumento del exministro para dudar de la veracidad de la versión del que era su número dos es que éste y el notario son amigos, para después sugerir que los SMS han sido manipulados. Ante esta afirmación, el ex secretario de Estado ha estallado: “¿Me estás acusando de falsificador?”, le ha espetado, tras lo cual le ha preguntado si cree que él es “hacker” como para tener el conocimiento informático de inventarse unos mensajes e introducirlos en su teléfono móvil como si fueran de otro.

La situación se podría definir de cómica si no fuera por lo que ambos se juegan: están imputados por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos. Fernández Díaz ha insistido en que los mensajes que aportó Martínez no son suyos porque no es su estilo de escritura y porque él no sustituye la Q por la K. El ex secretario de Estado ha dicho que el exministro es "muy moderno" y le ha pedido que enseñe su móvil para que el juez pudiera ver cómo se expresa y si coincide con la forma de redacción reflejada en el acta notarial. El exministro ha hecho caso omiso, pero no se ha librado de que García Castellón le haya ordenado llevar al juzgado el móvil que usaba en 2013 para comprobar si los SMS se han guardado, advirtiéndole de que ha de asegurar "la integridad" del dispositivo, que califica ahora de "verdadero cuerpo del delito", hasta su entrega si no quiere incurrir en responsabilidades penales "en caso de ocultación o destrucción de efectos judiciales". El abogado del exministro ha contraatacado presentando un informe pericial para tratar de demostrar que no mandó ningún SMS sobre Kitchen.

Tras poco más de dos horas, el juez ha dado por terminado el careo. Siguen las dudas sobre quién encargó la operación Kitchen, si se gestó en los cargos políticos del Gobierno de Rajoy o en el PP. Ni el expresidente ni la que era secretaria general del partido en 2013, María Dolores de Cospedal, han salido a relucir en la discusión. Tampoco han profundizado sobre la gestión de los fondos reservados, la partida destinada a seguridad del Estado sobre la que ni el exministro ni el ex secretario de Estado se hacen responsables, pues ambos alegan que no estaban en el día a día de su administración. En esto sí se ponen de acuerdo, para desvincularse del manejo ilícito de dinero público.