Juanfran Pérez Llorca presentó este miércoles a su nuevo Consell, el quinto en dos años y medio de legislatura. El presidente valenciano optó por una línea continuista con su antecesor, Carlos Mazón, al mantener a todos los consellers salvo a la responsable de Hacienda, Ruth Merino. Sin embargo, sí lanzó más de un mensaje en clave interna al disminuir la influencia de la vicepresidenta Susana Camarero, la cara visible de Mazón durante la dana, que deja la portavocía del Consell y la cartera de Servicios Sociales. Para sustituirla al frente de la portavocía optó por el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. Un perfil duro, muy de partido, que contrasta con las llamadas al diálogo que invoca con reiteración Pérez Llorca desde que fue investido presidente el pasado jueves.

Pérez Llorca también desmontó la estructura de la sala de máquinas de su antecesor en el Palau. Además de destituir a las dos personas de máxima confianza del exjefe del Consell, José Manuel Cuenca y Santiago Lumbreras, como secretarios autonómicos, nombró a cargos de la época de Francisco Camps y Alberto Fabra para formar parte de su gabinete: Henar Molinero, que será la secretaria autonómica de Presidencia, y Jacobo Navarro, como nuevo secretario autonómico de Análisis y Políticas Públicas.

Nombres a los que se suma el de Vicente Ordaz como secretario autonómico de Comunicación. Hace un año, Ordaz fue elegido como presidente del consejo de administración de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, donde ha recibido múltiples quejas por parte de la plantilla por decisiones como emitir una corrida de toros del año 1997 en lugar de un especial informativo sobre la multitudinaria manifestación contra Mazón un año después de la dana, o por la apuesta por la castellanización de los contenidos.

Más allá de los nombres concretos, la nueva remodelación muestra la debilidad de un Ejecutivo en minoría tras las anteriores crisis. La primera se produjo en 2024 tras el golpe de mando del líder de Vox, Santiago Abascal, que decidió romper con todos los gobiernos autonómicos del PP; la siguiente llegó tras la dana de octubre, con el cese de la exconsellera Salomé Pradas y Nuria Montes; la siguiente se produjo con el nombramiento de Francisco Gan Pampols como vicepresidente para la reconstrucción y la penúltima tuvo lugar solo hace unas semanas, cuando Pampols abandonó el cargo y Mazón nombró a Vicente Martínez Mus como sustituto.

El Partido Popular siempre presume de la "estabilidad" que aporta en sus gobiernos autonómicos, pero lo cierto es que se ha demostrado que sus alianzas son endebles. El anterior ciclo electoral no consiguió gobernar cuatro años con Ciudadanos en las diferentes autonomías —a excepción de Andalucía—. Todos los gobiernos compartidos resultaron ser extremadamente frágiles porque, además, se utilizaron por el PP como fichas a nivel nacional con el objetivo de intentar forzar un nuevo ciclo electoral y engullir a los de Albert Rivera, intentando mayorías absolutas o quedando en brazos de la ultraderecha, como finalmente ocurrió.

Una estrategia que el PP no ha podido replicar con Vox. A diferencia de los naranjas, fueron ellos los que decidieron romper todos los puentes con la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que el PP aceptara la reubicación —ya acordada previamente— de 347 menores migrantes a la Península. Cinco comunidades se quedaron gobernando en minoría y, de todas ellas, únicamente la Comunitat Valenciana y Murcia han logrado sacar adelante unos nuevos presupuestos tras la ruptura. El resto se han visto obligadas a prorrogarlos, como es el caso de Castilla y León, Aragón y Baleares, o a forzar un adelanto electoral, como ocurrió en Extremadura.

La debilidad del andamiaje de estos gobiernos del PP con la ultraderecha, más allá de las obvias coincidencias programáticas, tardó menos de lo previsto en hacerse visible. Aunque Vox atribuyó toda la responsabilidad de la ruptura al líder del PP, los enfrentamientos entre los dirigentes autonómicos de ambas formaciones en lugares como Castilla y León, Extremadura o Aragón fueron frecuentes, así como las discrepancias en algunas materias. Con la salida en bloque de la ultraderecha el PP se quedó en una situación de debilidad, especialmente en los territorios en los que la izquierda suma más votos que los conservadores.

El precedente de Castilla y León: "Hacerse un Mañueco"

En 2022, el Partido Popular ya adelantó la convocatoria de elecciones en Castilla y León con el objetivo de gobernar con una cómoda mayoría absoluta y lograr un empujón definitivo a las aspiraciones de Pablo Casado, el anterior líder del PP, de alcanzar La Moncloa. Ninguna de ellas se acabó cumpliendo pese a que la victoria de Mañueco se daba por segura, como sucede ahora con Extremadura. Quien acabó defenestrado fue, precisamente, Pablo Casado, que solo unos días después se vio forzado a dimitir tras declarar la guerra a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Una guerra que acabó ganando ella.

En el caso de Castilla y León, el PP consiguió dos procuradores más, pero a costa de hundir a Ciudadanos y consolidar la carrera ascendente de Vox, que exigió a Alfonso Fernández Mañueco entrar en el gobierno a cambio de sus votos. El barón del PP tuvo que aceptar a Juan García-Gallardo como su vicepresidente y cerró un acuerdo con Vox que incluía no solo la Mesa de la cámara autonómica, también el Gobierno de la Junta, ante el riesgo de perder el control de las Cortes. Ahora deberá enfrentarse a las urnas, como tarde, el 15 de marzo del próximo año. Y en el PP ya profetizan que Mañueco no se librará de la influencia de los ultras.

La posibilidad de ir a elecciones anticipadas también está encima de la mesa de Jorge Azcón y Marga Prohens, presidentes de Aragón y Baleares respectivamente, cuya relación con Vox tampoco es precisamente buena. El problema que tiene también es que la jugada de ir a las urnas no le lleve a la mayoría absoluta y acabe, como suelen decir en el PP, "haciendo un Mañueco". Los conservadores saben que depender de otro partido trae problemas. Pero en Génova ya han asumido que eso será lo que le ocurra a Feijóo si las derechas suman en las próximas elecciones generales. Y temen que esa inestabilidad les pase factura.

Y ahora Miami, con todo su esplendor y toda su corrupción. Isabel Díaz Ayuso quiere convertir el PP en un partido de Miami. La presidenta madrileña planea pasar sus vacaciones como una orquídea tropical florecida entre caimanes. Isabelita tiene una querencia febril por los cayos donde se respira el pérfido aire de la corrupción y pensar suele ser una molestia. El caso es que en junio de este año, la presidenta de Madrid ya estuvo allí para recibir la llave de la ciudad de manos de su alcalde, Francis Suárez, un gestor inmobiliario acusado en 2021 de haber recibido pagos de dos empresas financieras, Dreamer Capital y Legacy Wealth, cuyos socios comparten oficina en Brickel (distrito de Miami) con un magnate del petróleo ruso, Igor Makarov, quien mantiene, a su vez, una relación financiera y personal muy estrecha con el presidente ruso, Vladimir Putin. De Madrid a Miami y de Miami a Moscú. 

La vida de Makarov es fascinante. Su sobrina, Alyona Makarova, tumbó en mayo de 2019 al vicecanciller de Austria, Heinz-Christian Strache, el líder del ultraderechista Partido de la Libertad. La coalición del gobierno saltó por los aires tras destaparse una grabación de siete horas que registraba el encuentro entre Alyona y Heince en una lujosa villa de Ibiza. El corresponsal de la BBC en Viena iniciaba su crónica como una promesa suave y letal procedente del Este: "Era una cálida noche de verano en una lujosa villa en Ibiza. La cena incluía carpaccio de róbalo y tartar de atún con champaña, vodka y grandes cantidades de Red Bull, la bebida energizante preferida por el político austríaco de extrema derecha. A los pocos días de que se hiciera pública, esa cena acabó con la caída del gobierno de Austria. Strache había llegado a la villa a encontrarse con una elegante mujer vestida en un traje de alta costura y tacones altos que se presentó como Alyona Makarova, la rica sobrina del oligarca ruso Igor Makarov".

No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso acude a un encuentro institucional en Miami. Si Florida no va a Madrid, que Madrid vaya a Florida. La presidenta visitó la península en 2023 para estrechar lazos económicos, comerciales, culturales y turísticos con el país entre el 24 y 28 de junio. Durante aquellas jornadas de trabajo, también fue reconocida con un galardón por la Cámara de Comercio España-EEUU de Florida, cuyo vicepresidente es José María Lacasa, el banquero fichado por el First Bank of Florida que, junto al City National Bank of Florida, provocaron la gran crisis de Bankia en 2014 y la condena de su presidente, Miguel Blesa — hombre fuerte de Aznar— antes de que se "suicidara" con un disparo en el pecho, apretando el gatillo de su rifle de caza. Curiosamente, el 25 de octubre de 2022, tres meses después de aquellas jornadas, Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, constituía una sociedad junto a Cesar Nieto Moreno en Boca Ratón (Florida) bajo el nombre de Burnet and Brown Investement.

Nadie sabe todavía qué objeto tiene la empresa. Lo que sí se conoce es que el agente que inscribió la sociedad, Steven Serle, es uno de los judíos más influyentes de Miami. Los empresarios españoles saben lo difícil que es sumergirse en el círculo judío asentado en la península de La Florida. Hacen falta buenos padrinos, importantes avalistas, para que un agente inmobiliario judío te invite a celebrar la koushna o te inscriba una empresa con dinero y propósitos desconocidos. 

Poco a poco, Madrid se está convirtiendo en un nuevo Miami más seductor, intrigante y siniestro. Un Madrid que aspira a alcanzar los diez millones de habitantes y lo quiere hacer, tal como explica Fernando Caballero en su Madrid D.F., inyectando capitales del otro lado del Atlántico. Hay una avalancha de dinero latinoamericano en la capital del Reino expulsado por los nuevos gobiernos de izquierda. El anarcocapitalismo de Ayuso es tan atractivo que Venezuela y Florida comparten la misma capital entre las calles Jorge Juan y Claudio Coello. El PP de Madrid se ha convertido en el PP de Miami concentrado entre Serrano y el barrio de Salamanca. Madrid es un género literario, una crónica escrita sobre un paisaje tóxico y judicial, alimentado por el petróleo y la corrupción. Madrid, querido y desocupado lector o lectora, se está convirtiendo en la fábula negra de Latinoamérica, una orquídea azul que sólo florece en la Puerta del Sol y riega todas las noches su testaferro desde un ático de Chamberí.

La reunión política al más alto nivel de nuestro país giró este viernes en torno a una palabra pintoresca, de sonido coloquial, campechana: pinganillos. La segunda acepción de este sustantivo masculino es carámbano, pedazo de hielo, en Asturias, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Como tragarse uno, o como ver a algunos, sienta asistir a un espectáculo simplemente partidista, con absoluta ausencia de sentido de Estado, con algo mucho más desolador que ningún acuerdo: la ausencia del intento.

Los titulares y las alertas se los llevó quien fue a la conferencia sólo a hacer el show: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid y líder real de la oposición. La verdadera antagonista del Gobierno. En un modus operandi, pero también en un patrón de cobertura de prensa, que a esta excorresponsal que les escribe le recuerda demasiado nítidamente a junio de 2015 en Estados Unidos. Fue entonces cuando los medios comenzaron a hacer presidente a Trump al priorizar los directos a la espera con su atril vacío sobre las medidas que proponían otros candidatos entonces más serios, entre ellos su ahora jefe de Política Exterior, Marco Rubio. 

El argumento pueril que fue desfilando después por los micrófonos, aunque la única que se salió de la sala fue Ayuso, es que si todos se entienden en castellano y en castellano hablan en los pasillos, para qué usar entonces las lenguas cooficiales dentro de la reunión. Como si las lenguas fueran sólo un vehículo de comunicación y no tuvieran también un valor de representación de la cultura y la identidad que también son nuestras: me refiero a los que pertenecemos a la España monolingüe. El primer error es no trabajar intensamente para que todo el mundo de este país entienda que la diversidad no nos divide, sino que nos enriquece y pertenece a todos.

"El país es un puzzle roto con muchas piezas averiadas y prisionero de un ambiente de frentismo asfixiante que hace estéril cualquier intento. Lo malo no es no conseguir acuerdos, sino que desde el minuto uno se nota que no hay voluntad", acaba de decir mientras llego a esta altura de la columna el presidente de Castilla-La Mancha y líder de la oposición interna en el PSOE, Emiliano García-Page. Lo primero se puede interpretar de diferentes maneras, pero sobre el ambiente de frentismo asfixiante seguramente no nos cabe a ninguno ninguna duda.

A menudo comento con una amiga venezolana que este es un país que no se da cuenta de lo estupendo que es. Y no lo es sólo por la cultura callejera, de las cañas y las terrazas, que obviamente no es madrileña, como se la quiere apropiar Ayuso, sino universalmente española y, también, profundamente mediterránea. Y no lo es tampoco sólo por las bellas lenguas en las que soñamos, incluida la compartida, que también es de todos y no se la tiene que apropiar nadie (ojo no estemos a cinco minutos de que también lo intente Ayuso). Lo es y lo intuimos porque esta semana la terminamos hartos, abochornados, sabiendo que merecemos algo mejor que todo este ruido y dejación. La terminamos enfadados porque el verdadero titular de la mañana del viernes, al que no se le da respuesta, es que la vivienda en España ha registrado su mayor subida en 18 años, un 12,2% en el primer trimestre. ¿Ese pinganillo también se lo han quitado? Hay que ser un témpano, un carámbano para mirar hacia otro lado.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes el próximo 6 de junio en Barcelona, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo. El Gobierno prevé contactar este jueves, 15 de mayo, con los ejecutivos autonómicos para comunicarles oficialmente la convocatoria de la Conferencia, y será el Ministerio de Política Territorial el que gestionará posteriormente un encuentro del comité preparatorio de esa cita.

Será la reunión número 28 de la Conferencia de Presidentes, órgano de cooperación política del que forman parte el jefe del Gobierno y los presidentes de las diecisiete autonomías, así como los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La última celebrada hasta ahora fue la del pasado 13 de diciembre en Santander, y en ella ya se avanzó que la próxima sería en Barcelona tras el ofrecimiento que en ese encuentro hizo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En Santander se abordaron asuntos como la vivienda, la financiación autonómica, la inmigración y la escasez de personal en el ámbito sanitario, pero no se cerró ningún acuerdo. Sí hubo una oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PP contra la intención de Sánchez de negociar la condonación de la deuda autonómica al margen del modelo de financiación.

A la Conferencia de Barcelona se llegará de nuevo con un enfrentamiento político entre el Gobierno y autonomías encabezadas por representantes del Partido Popular, en particular con algunos como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

Según el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, ésta debería reunirse al menos dos veces al año y su convocatoria tiene que hacerse como máximo veinte días antes de la fecha elegida para la reunión salvo razones de urgencia debidamente motivadas.

La convocatoria del encuentro en Barcelona, que se prevé que comience con un habitual desayuno con el rey, cumple ese plazo y la previsión es que haya una nueva Conferencia de Presidentes en el segundo semestre de este año. El orden del día de la reunión en la capital catalana se concretará en el comité preparatorio que se organizará próximamente por el ministerio de Ángel Víctor Torres, quien se encuentra recuperándose de la operación a la que fue sometido a finales de abril por el cáncer que padece y se espera que pueda retomar su actividad a lo largo del presente mes.

Desde que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2004 la primera Conferencia de Presidentes ha habido hasta ahora 27 reuniones. Las cuatro primeras fueron convocadas por Zapatero, la quinta y la sexta por Mariano Rajoy y las restantes veintiuna por Pedro Sánchez, diecisiete de ellas por videoconferencia para coordinar la respuesta a la pandemia de covid. Hasta 2020 las reuniones se celebraban en el Senado, pero ese año se organizó en la localidad riojana de San Millán de Cogolla, y posteriormente se han convocado también en Salamanca (2021), La Palma (2022) y Santander (2024).

Rebelión dentro de Vox. Dos consejeros de Vox en Extremadura y Castilla y León se han rebelado este viernes contra la decisión de la Ejecutiva de su partido de dejar los gobiernos de coalición con el PP en cinco autonomías y continuarán con sus responsabilidades en esos gobiernos. Se trata del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, y del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja. Por el momento, son los dos únicos cargos autonómicos de Vox que se han negado a acatar la orden de Bambú, tomada tras el visto bueno del PP al reparto de menores migrantes no acompañados por las regiones para aliviar la carga de Canarias.

Antes de conocerse a la posición adoptada por los dos mencionados consejeros, Abascal se había referido a la posibilidad de que algunos cargos decidieran no abandonar sus puestos o se pasasen al PP. El líder de Vox aseguró que "comprende humana y políticamente" que haya personas que quieran quedarse porque "han tenido que dejar sus trabajos para muy poco tiempo", pero advirtió que serían expulsados del partido. "Si esas personas se quedan, no serán de Vox", ha zanjado.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha informado durante esta jornada de que Higuero continuará en su puesto después de que este le haya "transmitido su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la consejería". A su juicio, el consejero ha dado "un paso valiente y comprometido".

Ignacio Higuero se dará además de baja en su partido la próxima semana. El consejero ha apuntado que, si bien entiende el "giro" que ha tomado Vox, él no lo comparte. Tras indicar que comunicó a Madrid la decisión de continuar al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural del Gobierno de Extremadura, ha lamentado que su formación "ha cambiado las reglas del juego a mitad de partido" y que, en todo caso, a él no le parece "leal" ni "honrado", al tiempo que ha agradecido a María Guardiola la "confianza" demostrada en él.

Además, el Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha pedido a Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, que dimita como senador por designación autonómica de la Asamblea y entregue su acta en la Cámara Alta al PP, alegando que el asiento es suyo y se le cedió.

Mientras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido mantener en su Ejecutivo a Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, porque tiene su "confianza personal". Mañueco ha cesado a los otros dos consejeros que designó Vox en la región: Mario Veganzones y Gerardo Dueñas. Este último posteriormente ha dejado sus cargos orgánicos y ha abandonado el partido.

Además, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha confirmado este viernes en rueda de prensa en la sede del Gobierno autonómico su dimisión en el Ejecutivo fruto de una decisión "reflexionada" y que "no ha sido fácil".

Por su parte, en la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado  la nueva composición de su Consell, que irá en solitario tras la salida de Vox, con el que ha gobernado un año en coalición. Esta crisis de gobierno se produce después de que el mismo jueves por la noche cesara al vicepresidente, Vicente Barrera, y a los otros dos consejeros valencianos, Elisa Núñez y José Luis Aguirre. Además, el PP ha pedido la salida de la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, que accedió al cargo en virtud del acuerdo suscrito entre los conservadores y Vox.

En Murcia, el hasta ahora vicepresidente de Vox, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, también han presentado su dimisión al presidente del Ejecutivo de la región, Fernando López Miras. En rueda de prensa, Antelo ha sugerido un adelanto electoral, alegando que el PP queda en minoría y "lo más razonable es que Murcia elija qué modelo quiere".

En el caso de Aragón, el vicepresidente Alejandro Nolasco y el consejero de Agricultura, Ángel Samper, también han presentado su renuncia, tras lo que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha remodelado su Gobierno. Vox también ostenta la Presidencia del Parlamento gracias al acuerdo suscrito con los 'populares', pero la continuidad de Marta Fernández al frente de las Cortes depende de Vox.

El líder de Vox, Santiago Abascal, también anunció el jueves la retirada del apoyo parlamentario al Gobierno en minoría del PP en Baleares. Por el acuerdo para la investidura de Marga Prohens, Vox logró la Presidencia del Parlament balear, que ostenta Gabriel Le Senne. Durante la jornada, Prohens ha dado por hecho que Le Senne, una figura polémica tras el episodio de las fotos de víctimas de la Guerra Civil, no continuará como presidente del Parlament y ha afirmado que "no se entendería otra cosa".

La formación de Santiago Abascal ya había desligado la ruptura de los pactos suscritos en las autonomías de los gobiernos en coalición con los conservadores en los ayuntamientos, pero esta mañana el propio líder ha advertido de que también abandonarán estos gobiernos si los consistorios "colaboran activamente" en el reparto de menores migrantes no acompañados.

¿Qué pasa con los políticos cuando se quedan en paro? En el imaginario popular se suele asociar a los políticos con personas que buscan poder, fama y dinero. Una élite alejada de las preocupaciones de la ciudadanía, que vive en su propia burbuja en consonancia con empresarios y medios de comunicación, pero que no conoce a la España real ni tiene tampoco sus mismos problemas. Las elecciones del 23J y la posterior conformación del nuevo Gobierno de coalición ha dejado sin trabajo a una parte de quienes hace sólo un mes ostentaban altas responsabilidades en el Estado, dirigían numerosos equipos —que también han sido cesados— y contaban con generosas partidas presupuestarias. 

Es el caso de la exministra de Igualdad, Irene Montero, y su número dos, Ángela Rodríguez Pam, del exministro de Consumo, Alberto Garzón o del exsecretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, entre otros. Cuesta imaginarlos haciendo cola en una oficina de empleo y lo cierto es que no tienen por qué hacerlo: todos ellos tienen derecho a una prestación por un máximo de dos años, que es incompatible con ningún otro sueldo público o privado y que ya han solicitado formalmente, según ha podido contrastar Maldita.es en una respuesta de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).

Ni los exministros ni los exsecretarios de Estado cobran un sueldo vitalicio —tampoco los exdiputados—. Es uno de los bulos frecuentemente repetidos. La indemnización que pueden percibir tiene un límite de dos años, según la Ley 74/1980 de 29 de diciembre, en función del tiempo que se haya estado en el cargo. Es decir, si únicamente han desempeñado el puesto durante un año, la indemnización dura un año. La cuantía, en el caso de los ministros, cubre un 80% de su salario. El sueldo base el último año fue de 79.415,16 euros, por lo que Garzón y Montero tienen derecho a percibir 5.294,34 euros brutos al mes —63. 532 euros anuales—.

Por lo que respecta a los exsecretarios de Estado, tienen derecho a una presentación mayor por un simple motivo: cobran más, ya que perciben complementos de productividad o incrementos anuales que no se aplican a los ministros. Sin embargo, se trata de complementos variables, por lo que no todos los secretarios de Estado cobran lo mismo —como sí sucede con los ministros—. Esto puede parecer llamativo porque los Secretarios de Estado se sitúan en un escalafón inferior al de los ministros, pero sus sueldos se sitúan habitualmente por encima de los cien mil euros anuales. Una situación que han comentado abiertamente exministros como el de Ciencia, Pedro Duque, que atribuyó esa diferencia a la refriega partidista, bajo la premisa de que es más polémico lo que cobra un ministro que su número dos. 

Al no haber percibido el mismo salario, las indemnizaciones de los exsecretarios de Estado no son las mismas, aunque según los datos del Portal de Transparencia se suelen situar en torno a los 7.000 euros brutos al mes. En el caso de Ángela Rodríguez Pam, en el año 2022 cobró 123.694,36 euros brutos, según los datos del Portal de Transparencia. Por lo que respecta a Nacho Álvarez, número dos del ;Ministerio de Derechos Sociales, percibió 131.769,80 euros en 2022. A los exsecretarios de Estado no se les aplica la regla del 80% del salario, pero sí la de la duración: el máximo también son dos años.

Los únicos cargos que sí tienen una pensión vitalicia son los expresidentes del Gobierno, aunque su salario se sitúa por debajo de sus homólogos europeos y de muchos presidentes autonómicos. El que más dinero llegó a percibir fue Jose Luis Rodríguez Zapatero, con 91.982 euros brutos —el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobra 90.010,20—. Sin embargo, fue también Zapatero quien redujo un 15% el sueldo de los altos cargos del Gobierno —presidente, vicepresidente y ministros en el año 2010 por el contexto de crisis económica. También rebajó un 10% el de los secretarios de Estado, un 9% el de los subsecretarios de Estado y un 8% el de los directores generales.

Su antecesor en el cargo, José María Aznar, percibía 83.294 euros anuales en su etapa final, tal y como se desgrana en los Presupuestos Generales para el año 2004. Y antes que él, Felipe González cobró 11.668.584 pesetas brutas anuales, lo que equivale a 70.129 euros, según consta en los archivos del BOE consultados por infoLibre. Por su parte, el sueldo de Mariano Rajoy apenas fluctuó durante su mandato: pasó de 78.185 a 79.756 euros anuales.

El Estatuto de los expresidentes del Gobierno, aprobado por González y regulado en el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril (SP/LEG/24292) establece que quienes hayan desempeñado el cargo de presidente del Gobierno tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80% del salario anual estipulado para su cargo, asignada durante dos años, pueden contratar a dos funcionarios, uno de nivel 30 y otro del 18, designados a su propuesta, y contar con una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos.

Además, también pueden optar a un puesto en el Consejo de Estado, el principal órgano consultivo al que el Gobierno recurre para solicitar dictámenes cada vez que tramita un proyecto de ley o plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional. Los expresidentes del Gobierno tienen garantizado un puesto vitalicio, con un sueldo de 100.000 euros al año. Sin embargo, todos los exmandatarios han renunciado a su derecho a formar parte de este órgano consultivo, priorizando otras actividades en el ámbito privado —que son incompatibles con el puesto—. Solo José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero aceptaron inicialmente formar parte de la institución, aunque finalmente acabaron renunciando.

En el caso de las autonomías existe la figura de los Consejos Consultivos, una de las plataformas de salida para los expresidentes previstas por las comunidades en su legislación, aunque solo existe en cuatro autonomías: Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunitat Valenciana. Aunque los estatutos de los expresidentes ya han ido perdiendo músculo, la madrileña Isabel Díaz Ayuso quiere recuperar el suyo. Los recortes en las administraciones —y la controversia política—se han llevado por delante parte de estas suculentas oficinas. Sobre todo en lo que se refiere a la asignación personal, las pensiones o las cesantías, como ocurrió en Andalucía, Extremadura o La Rioja.

Cataluña. El estatuto de los expresidents de la Generalitat se aprobó por unanimidad de los grupos en 2003, pocos meses antes de que Jordi Pujol abandonase el Govern, después de 23 años en el poder. Antes, un decreto de la Generalitat provisional de 1980 había regulado la situación personal del presidente Josep Tarradellas como reconocimiento a sus años de servicio a Cataluña y a su contribución a la vuelta de la autonomía. La ley de 2003 estipula que los expresidents tienen derecho a percibir, "por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de president". Cuando llegan a los 65 años, esa asignación se reduce al 60% —se trata de una pensión vitalicia— pero no hay límite temporal. La norma también faculta al Govern para regular el régimen estatutario de los expresidents de la Generalitat, determinar los medios personales y materiales que deben ponerse a su disposición y facilitar el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones ejercidas. 

Euskadi. Cuenta desde 1999 con un decreto regulador del estatuto de los exlehendakaris. Un texto que reserva a quien ha estado en Ajuria Enea una secretaría de apoyo y un vehículo de representación  —con una persona de apoyo y un chófer elegidos por el exjefe del Ejecutivo— y un local de oficina, pagado por la Administración. La disposición de la secretaria y del conductor quedará "en suspenso" transcurridos dos años del cese. Los gastos "generados por los medios puestos a disposición" para el expresidente saldrán de las cuentas de la comunidad. El Estatuto del Político en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado un año más tarde, en 2000, establece que los exlehendakaris tendrán derecho a recibir una pensión de retiro, "equivalente a las retribuciones de un parlamentario", incompatible con actividades económicas privadas o con actividades públicas remuneradas con cargo a los Presupuestos de las Administraciones. Además, ese estatuto señala que "se completará la pensión de jubilación con cargo a los Presupuestos de la comunidad", hasta la cuantía máxima del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que el exlehendakari haya ejercido sus funciones durante al menos tres años.

Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana fue la primera autonomía que reguló por ley la figura de los expresidentes, y no por decreto. Fue en 2002. El Consell les pone a disposición los medios necesarios, dice la ley, para el sostenimiento de una oficina de apoyo, con estos recursos: dos puestos de trabajo de asesor y una plaza de chófer, un local para la instalación del despacho, un vehículo y personal de seguridad. Además, los expresidentes de la Generalitat son miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad durante un plazo de 15 años, cuando hayan ejercido el cargo "por un periodo igual o superior a una legislatura completa".

Castilla-La Mancha. La Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, aprobada en 2003 por unanimidad de PSOE y PP, bajo la Presidencia del socialista José Bono, es la que regula la figura de los exjefes del Ejecutivo autonómicos. Y es la que dice que estos no percibirán "cantidad alguna en concepto de indemnización por su cese", pero sí tienen derecho, "durante un periodo equivalente al tiempo de desempeño del cargo de presidente", a una secretaría de apoyo dotada con dos personas, un local de oficina, un conductor, un automóvil y un servicio de seguridad y protección personal. Esos gastos se pagan con los Presupuestos de la comunidad. 

Extremadura. La figura de expresidente de la Junta está regulada por ley. Se trata de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, que dice que "los presidentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a partir de su cese, gozarán de la consideración, distinción y apoyo de acuerdo con las funciones y responsabilidades que han desempeñado". Los expresidentes disponen así de un vehículo y tres profesionales de confianza. Y añade que "la Asamblea de Extremadura asumirá los gastos necesarios en relación a los medios humanos y materiales de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura, a partir de su cese". El portal de transparencia, la retribución del personal en las oficinas de los expresidentes fue de más de 200.000 euros en 2022.

Galicia. Galicia ya comenzó a regular la figura de los expresidentes con la ley 1/1983. Esta norma les permite percibir, durante dos años desde la fecha de su cese, las compensaciones económicas que se establezcan por decreto de la Xunta –el 60% del sueldo del presidente autonómico–. Una ley de 2012 endureció el régimen de incompatibilidades para poder acceder a esta cesantía. Asimismo, los expresidentes tienen derecho a disfrutar –desde cuatro hasta diez años adicionales, en función de su tiempo en el cargo– de los "medios y servicios" que ponga el Gobierno autonómico (tendrían adscrito un puesto de trabajo de la Administración autonómica, con nivel administrativo 18, y un coche oficial) . Un derecho "incompatible con la condición de miembro nato del Consello Consultivo o con el ejercicio de un cargo público" que otorgue una prestación de servicios análoga. 

El Partido Popular de Aragón ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Vox para la constitución de las Cortes de Aragón. El acuerdo, que "se circunscribe exclusivamente" a la composición de la Mesa del parlamento autonómico, otorga la Presidencia a Vox y la Vicepresidencia primera y la Secretaría primera al Partido Popular, ha indicado el PP en una nota de prensa.

La participación de Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón responde a la historia y tradición del parlamentarismo de la Comunidad Autónoma, según subrayan los populares. En todas las legislaturas, excepto la constituyente, "el tercer partido con mayor número de votos ha obtenido un puesto en dicho órgano y, por lo tanto, la composición de la Mesa de las Cortes resultante es fiel reflejo de la mayoría del cambio salida de las urnas en las recientes elecciones autonómicas del 28 de mayo", según informa Europa Press.

Los representantes de ambos partidos políticos "han decidido constituir una mesa de trabajo para explorar las posibilidades de alcanzar un acuerdo basado en un programa de cambio avalado por el inapelable resultado electoral", señala el PP.

Por su parte, Vox daba cuenta en la noche de este jueves que se había alcanzado un acuerdo, por el que la diputada Marta Fernández presidirá las Cortes de Aragón.

La dirección del PSOE ha constatado este viernes una vez más las diferentes posturas que separan a sus presidentes autonómicos en el debate sobre la reforma del sistema de financiación, y ha acordado con ellos que este asunto se aborde dejando a un lado la "confrontación partidista", es decir, asumiendo que hablen con otras comunidades gobernadas por otros partidos, como será el caso de la reunión que mantendrán en Galicia ocho regiones afectadas por la dispersión de la población, con Alberto Núñez Feijóo, como anfitrión, informa Europa Press.

La cúpula del partido ha reunido este viernes en Ferraz a los presidentes autonómicos socialistas para tratar de acercar posturas en este polémico debate, en el que existen intereses contrapuestos entre los propios socialistas. Conscientes de ello, han acordado hacer un llamamiento "a todas las fuerzas políticas, especialmente a aquellas con implantación a nivel nacional, a trabajar con honestidad en la definición de una posición común, dejando fuera la confrontación partidista".

Así lo han plasmado en un comunicado que la dirección del PSOE ha hecho público tras esta reunión de trabajo, en la que han participado, por parte de la Ejecutiva Federal, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; el secretario de Política Autonómica, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara.

En cuanto a los presidentes autonómicos, estaban el de Aragón, Javier Lambán; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la de Baleares, Francina Argmengol; el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; el de Asturias, Adrián Barbón; la de La Rioja, Concha Andreu; y representantes de los gobiernos socialistas de Navarra y de Canarias, cuyos presidentes no han podido asistir.

Conscientes de la dificultad de encontrar una posición común, los asistentes han planteado la necesidad de seguir dialogando, pero sin acotar este debate al ámbito socialista. En este sentido, algunos presidentes han confirmado a su salida que por parte de la dirección no se han producido críticas a la cita promovida en Galicia por Feijóo, a la que están invitados los mandatarios de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Aragón y Cantabria.

"Principios generales" para la reforma 

"Se ha constatado la necesidad de que haya un dialogo fluido entre todas las Administraciones en el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica", asegura el comunicado emitido por el PSOE, en el que también se incluyen ya algunos de los "principios generales" que deberán inspirar la reforma.

En concreto, los socialistas plantean que la reforma debe guiarse por la "solidaridad entre nacionalidades y territorios que componen España, con el objetivo de lograr un desarrollo económico y social equilibrado desde el punto de vista territorial".

También defienden que haya "suficiencia financiera", en el sentido de que todas las comunidades cuenten "con los recursos que les permitan desarrollar las competencias que tienen reconocidas constitucionalmente y prestar los servicios públicos que asumen"; así como "autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, en coordinación con la Hacienda estatal".

"La capacidad fiscal no debe condicionar la equidad"

Por otra parte, defienden "equidad en la prestación de servicios públicos para garantizar la igualdad de acceso de los ciudadanos y ciudadanas, con independencia del lugar donde residan". "La capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar la equidad de acceso a los servicios públicos", avisan.

Por último, defienden "estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para garantizar el sostenimiento del Estado del Bienestar", así como "lealtad institucional entre administraciones".

Tras el encuentro, que ha durado más de dos horas, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que se iba con una impresión "positiva en conjunto", porque han logrado una "primera conclusión" en este complicado debate: asumir que se trata de "un problema común en el que es importante que se impliquen la mayor parte de las fuerzas de España", y que "tiene que tener vocación de permanencia.

Page: "El PSOE entiende que tiene que hablarlo con otros partidos"

"Estamos de acuerdo en que hay que hablar entre todos. No escuchar o no hablar no soluciona nada. En el PSOE hay mucha permeabilidad a todas las opiniones, es un partido federal", ha defendido García-Page. "En este partido siempre han entendido que cada presidente tiene que poner delante a su tierra, es lo que vamos a hacer, no tiene discusión, se entiende en el PSOE, solo faltaría esto. El PSOE entiende que tiene que hablarlo con otros partidos", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, también ha rehusado reducir el debate sobre la financiación autonómica a una cuestión de "partidos políticos", y ha defendido que es de "territorios". Por ello, ha abogado por seguir debatiendo y alcanzar un acuerdo entre las autonomías en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una vez Hacienda presente su propuesta.

Asimismo, ha desvelado que los "barones" autonómicos del PSOE también han abordado en esta reunión con la dirección del partido la manera en la que se abitrarán fondos extraordinarios en los próximos presupuestos generales del Estado. Eso sí, se ha hecho, según ha dicho, "en un ambiente de camaradería".

En cualquier caso, ha incidido en la necesidad de reformular el modelo de financiación autonómica y, ante esto, ha defendido la postura de los ochos presidentes que se reunirán en Santiago de Compostela de pedir que la reforma del sistema prime la dispersión de población.

"Son consideraciones justas, que se pague por el coste de servicio y no por habitante. Hay un modelo de país, un modelo que se tiene que definir de una vez por todas, para que se garantice que en todos los lugares de España exista igualdad", ha proclamado el dirigente socialista de Aragón.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que está en el bloque de comunidades junto a Andalucía y Murcia que piden que prime el criterio de población ajustada, ha defendido la labor de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para "buscar puntos de encuentro y soluciones coyunturales".

Además, ha coincidido con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Aragón en que esto es una cuestión que trasciende las formaciones políticas y ha apostado por una armonización para "la igualdad entre los españoles".

Sobre la reunión en Santiago de Compostela promovida por Feijóo, Puig ha reivindicado que los presidentes autonómicos "tienen capacidad para hacer lo que consideren" y ha señalado que "los partidos no dirigen las instituciones" y que no ha habido indicación alguna al respecto por parte de la dirección del partido.

Por último, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, el último en salir de esta cita en Ferraz, se ha remitido a la posición emitida por la dirección del PSOE en una nota de prensa y ha pedido ver estos encuentros desde la "normalidad".

El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves que renuncia "de forma provisional" a ser investido para el cargo y que propondrá a su número dos, Jordi Sànchez, como candidato.

En un mensaje institucional recogido por Europa Press, ha explicado que ha contactado con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para informarle al respecto y pedirle que lo antes posible abra una nueva ronda de contactos con los diferentes grupos para investir al que será el presidente "de un Govern autonómico". Torrent lo hará la próxima semana, han explicado a Europa Press fuentes de la Presidencia de la Cámara catalana.

Para Puigdemont, Sànchez representa como nadie los valores de JxCat, es un hombre de paz y está injustamente encarcelado, y ha argumentado que con su decisión quiere facilitar que las instituciones catalanas sigan gobernadas por el independentismo y no por "el autoritarismo del 155".

"No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas", ha asegurado Puigdemont, que espera poder volver pronto a Cataluña como un hombre libre.

También ha argumentado que, con su decisión, el Gobierno no podrá seguir ocupando, en su opinión, las instituciones catalanas, y aunque admite que ello no garantiza la restauración total de la autonomía catalana, cree que dará "libertad para emprender la siguiente fase del camino hacia la independencia y del desarrollo de la República catalana desde espacios más libres y democráticos".

Próxima reunión en Bélgica

Así, ha ratificado su voluntad de mantener "la legitimidad de la República" y trabajar para hacerla posible, y ha anunciado que en los próximos días convocará a miembros del Parlament a una reunión solemne en Bélgica para impulsar esta nueva etapa y establecer el Consell de la República.

Precisamente, el acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgica tres órganos para internacionalizar la República y difundir un proceso constituyente: una Asamblea de Representantes de la República, una Presidencia del Consell de la República y un Consell per la República, según un documento interno de la CUP.

También ha anunciado que, en su nombre, un equipo de abogados internacionales ha demandado el Estado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos.

"No se ha declarado ningún Estado de emergencia que justifique la suspensión de estos derechos. Nada justifica la colección de abusos que ha cometido el Estado este tiempo, y ha llegado la hora de pasar a la acción para que estos abusos no queden impunes", ha apuntado.

Según Puigdemont, el Estado no tiene "autorización democrática" para ponerse al frente de las instituciones catalanas y cree que las urnas le han desautorizado, además de lamentar que el Estado siga negándose a aceptar la voluntad de los catalanes, ha dicho.

"Golpe de Estado de apariencia institucional"

Tras asegurar que han pasado cuatro meses desde que el Estado "se hizo con el Govern a través de un golpe de Estado de apariencia institucional" y de los primeros encarcelamientos, les ha acusado también de emprender una ofensiva sin límites contra Cataluña para conseguir una rendición que no lograrán.

Además, ha agradecido el apoyo de JxCat, ERC y CUP a la propuesta de resolución que ratifica la confianza en su persona como presidente de la Generalitat, cuyo contenido considera que evidencia la existencia de una mayoría democrática legitimada para tomar decisiones que hagan posible tirar adelante el mandato popular.

"Cataluña se ha ganado el derecho a ser una República independiente, democrática y de derecho, y este objetivo es irrenunciable", ha zanjado, dejando claro que los catalanes no se rendirán.

Jordi Sànchez acepta ser candidato

El líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, ha aceptado este jueves la propuesta formulada por Carles Puigdemont de cederle a él convertirse en el próximo candidato a la Presidencia de la Generalitat. "Es un gran honor y una enorme responsabilidad poder representar al pueblo de Cataluña", ha expresado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Encarcelado en Soto del Real desde finales de octubre, Sànchez ha señalado que Puigdemont, Oriol Junqueras y todos los consellers cesados son el verdadero Govern legítimo de Cataluña: "¡Siempre con vosotros! Libertad".

Los alcaldes de Yecla y Lorca, Marcos Ortuño y Francisco Jódar, respectivamente; así como el portavoz del PP, Víctor Martínez; y el coordinador general, Fernando López Miras, son los nombres que se barajan como posibles candidatos a suceder a Pedro Antonio Sánchez y presidir la Región de Murcia, según informa Europa Press. Todos ellos son diputados en la Asamblea Regional.

El más veterano de todos ellos es Jódar, de 62 años, quien está al frente de la Alcaldía de Lorca desde junio de 2007, de la Presidencia del PP de dicha localidad desde el año 2000 y ha ostentado también hasta 2007 la vicepresidencia de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ingresó por oposición en el Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa el 27 de Junio de 1979, es teniente coronel interventor en octubre de 1997, exdelegado provincial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas en Murcia y abogado en ejercicio de 1981 a 2002.

A lo largo de su trayectoria parlamentaria fue diputado del Grupo Parlamentario Popular, vicepresidente de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, miembro de la Diputación Permanente, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Competencia Legislativa y portavoz del Grupo Parlamentario Popular de la Comisión Especial de Investigación sobre el Auditorio de Puerto Lumbreras.

En el caso de Marcos Ortuño, 44 años y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, también ha ejercido la profesión de abogado desde 1996 hasta 2003. Ha sido miembro de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, presidente de la Comisión de Competencia Legislativa y de la Comisión Especial de Empleo.

Alcalde de Yecla desde 2011 también desempeñó el cargo de director general de Transportes y Puertos de la Comunidad (2003-2007) y concejal Ayuntamiento de Yecla (1999-2003). Ha sido miembro de la Junta Ejecutiva Regional del Partido Popular desde 2013 y presidente local del Partido Popular de Yecla desde noviembre de 2011.

Los más jóvenes son Víctor Martínez, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia desde 2007. Portavoz adjunto del citado Grupo Parlamentario desde diciembre de 2011, desde el último Congreso Regional del PP –celebrado en marzo– ostenta nuevamente la Portavocía del partido.

Director General de Medio Natural de la Consejería de Industria y Medio Ambiente (2006-2007), también fue portavoz y primer teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Santomera desde 2007 hasta 2015, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Murcia desde 2006, secretario ejecutivo Nacional de Relaciones Institucionales de Nuevas Generaciones, vocal de la Junta directiva Nacional del Partido Popular y miembro de la Junta Directiva Regional del Partido Popular.

También ha sido miembro de la Comisión del Estatuto del Diputado y de la Actividad Política, de la Comisión de Gobierno Interior, de la Comisión Especial de Investigación sobre el Servicio Murciano de Salud, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea, miembro de la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y de la Ponencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Finalmente, con tan solo 33 años Fernando López Miras, licenciado en Derecho y MBA en Dirección y Administración de Empresas, ha sido gestor del Banco Español de Crédito y del Banco de Valencia y diputado del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea Regional de Murcia desde junio de 2011 hasta el 14 de abril de 2014, fecha en la que renuncia a su escaño antes de ser nombrado secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda.

Presidente de Nuevas Generaciones de Lorca desde 2008 y secretario General de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la Región de Murcia, es coordinador territorial del Partido Popular en la Región de Murcia y miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.

Diputado del Grupo Parlamentario Popular, ha sido secretario segundo de la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia, secretario segundo de la Diputación Permanente, secretario segundo de la Comisión de Gobierno Interior, secretario de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea, portavoz del Grupo Parlamentario Popular de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, vicepresidente de la Comisión Especial Investigación sobre el Auditorio de Puerto Lumbreras y portavoz del Grupo Parlamentario Popular de la Comisión Especial de Investigación sobre revisión de contratos, avales y subvenciones públicas.

El actor y diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso Toni Cantó se impuso en las elecciones primarias celebradas este sábado para ser el candidato de la formación a la Presidencia de la Generalitat Valenciana con 404 votos, el 73,2 por ciento, según los resultados provisionales facilitados por el partido.

Cantó se enfrentaba a Ernesto Santillán, militante de UPyD desde 2007 y profesional del sector de las telecomunicaciones, que ha obtenido 122 votos, el 22,1 por ciento. Inicialmente también se presentó para ser candidato a la Presidencia del Gobierno valenciano José Vera, un pediatra jubilado, pero finalmente retiró su candidatura.

La votación se ha realizado entre las 10:00 y las 16:00 horas y el porcentaje de participación fue de aproximadamente el 63 por ciento, según informaron fuentes del partido.

En declaraciones a los medios de comunicación después de conocerse el resultado, Cantó indicó que siente ya la "responsabilidad" de ponerse a "trabajar duro desde mañana mismo" con el resto de candidatos para planificar la campaña "y sacar a la Comunitat Valenciana de este agujero en el que nos ha metido el PP".

Asimismo, abogó por "luchar por una financiación justa, pero también por que acabe el despilfarro de las administraciones públicas", ya que ese dinero "que no sirve de nada en tantos organismos, que solo sirven para que el PP coloque a sus enchufados y a su gente" debe emplearse "directamente en políticas sociales", que es "lo que necesitan ahora los valencianos"

En las elecciones al Consejo Territorial de UPyD en la Comunidad Valenciana, celebradas el pasado febrero, la vencedora fue la lista encabezada por Alexis Marí, que superó a las candidaturas de Fernando Llopis –respaldada por Cantó– y a la de Jorge Arroyo. Aunque de esa manera el diputado perdía opciones para encabezar la lista a la Generalitat, hoy se alzó como vencedor en las primarias.

En Alicante, el cabeza de lista de UPyD por la provincia en las próximas elecciones autonómicas será David Devesa, mientras que el primer puesto de la candidatura en Castellón lo ocupará Juan Emilio Adrián.

Candidaturas municipales

Respecto a las tres capitales de provincia, en Valencia Eduardo Gómez fue elegido candidato de la formación a la Alcaldía con el 86 por ciento de los votos.

En Alicante el edil Fernando Llopis encabezará la lista local, al haber conseguido el 63,5 por ciento de los votos, y en Castellón será Pedro Tejedo el candidato a la Alcaldía, tras vencer en las primarias con el 62,5 por ciento de los sufragios.

Los canarios tienen desde este viernes la certeza de que, tras los comicios de 2015, cambiarán de presidente y vicepresidente autonómicos, tras haber renunciado a seguir en la carrera electoral en apenas 24 horas los líderes de Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero, y el PSOE, José Miguel Pérez.

La primera sorpresa la dio durante la noche del jueves el actual vicepresidente canario y secretario de Educación en la nueva Ejecutiva Federal del socialista Pedro Sánchez, José Miguel Pérez, que anunció su retirada de la pugna electoral por discrepancias internas.

Este viernes fue el turno de Paulino Rivero, que dejó el camino libre al alcalde de La Laguna y secretario general de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, Fernando Clavijo, que será el próximo candidato de la formación nacionalista en las elecciones autonómicas de 2015.

La elección se realizó durante el Consejo Político Nacional y se formalizó tras dos votaciones. En la primera de ellas, ninguno de los dos obtuvo los tres quintos necesarios, aunque Clavijo resultó ganador por 45 a 40 votos, con 6 abstenciones. Antes de que se produjese la segunda votación, el actual presidente canario retiró su postulación, por lo que Clavijo quedó como único candidato y obtuvo 66 votos a favor, frente a 22 abstenciones y 2 nulos.