La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

Siempre se ha dado suma importancia a lo que pudiera decir el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, San Chin Choon, en el marco del denominado caso mascarillas. Él es el empresario malayo a quien el Ayuntamiento de Madrid compró material sanitario de dudosa calidad durante la primera ola de la pandemia. Y él es quien puede dar todas las claves de la vinculación de su firma con los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, quienes se hicieron con más de cinco millones de euros al calor de esos contratos. Por eso, todas las alarmas saltaron cuando a comienzos de verano llegó al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid un email firmado por un supuesto San Chin Choon en el que se daba respuesta a una serie de cuestiones. Aquel correo salía al rescate de los dos intermediarios. Pero Anticorrupción tiene serias sospechas de su autenticidad. Es más, cree que fue redactado por un hispanohablante.

Es una de las conclusiones que se extraen de la pieza separada abierta en secreto por el juez instructor para intervenir las comunicaciones de Luceño. La misma surge a raíz de una petición del Ministerio Fiscal solicitando el registro del domicilio y trastero del empresario español y la sede de la firma Takama Investments SL. El escrito, firmado por el fiscal Luis Rodríguez Sol, arranca expresando las serias sospechas sobre la "autenticidad" del correo electrónico emitido por el supuesto empresario malayo. El Ministerio Público pone el foco, primero, en la dirección de email: "No coincide con las otras direcciones de San Chin Choon que obran en la causa". De hecho, deja claro que en los documentos que constan en la causa vinculados a las operaciones bajo sospecha figuran otros correos distintos.

Pero el fiscal no solo se queda ahí. También entra a analizar a fondo el contenido del documento que acompañaba a ese email. Aquel archivo adjunto daba respuesta a las diferentes preguntas que el Ministerio Público había planteado en su momento al empresario malayo, lo que desde el primer momento resultó extraño dado que San Chin Choon siempre se había negado a cooperar con la investigación. El contenido de aquel archivo venía como anillo al dedo a los investigados. De principio a fin, respaldaba la versión dada por los comisionistas en sede judicial. Así, aseguraba que Luceño era "agente exclusivo" de Leno. Y confirmaba la autenticidad de los documentos puestos sobre la mesa por los comisionistas para demostrar su relación con la firma, papeles que Anticorrupción siempre ha sospechado que son falsos –de ahí el delito de falsedad documental–.

El Ministerio Público, sin embargo, ve puntos negros en dicho documento de respuestas que le hacen sospechar sobre la autenticidad del mismo. Primero, que esté redactado en inglés, un idioma que, según Luceño, San Chin Choon no conoce. Y segundo, que tenga varias "incorrecciones gramaticales" que "evidencian" que está redactado "por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna". Ponen como ejemplo el uso del término "indenfension", que no existe en inglés y que se trataría de una "burda adaptación del término castellano indefensión". Pero también la utilización de la palabra "sojabean" –en lugar de "soybean"–, que según el Ministerio Público "apunta de nuevo a la autoría de alguien cuya lengua materna es el castellano".

"En la respuesta a la pregunta sobre si conoce a los señores Luceño y Medina, dice "To Mr. Alberto Luceño yes, to Mr. Medina no", que vuelve a ser una burda transcripción de la respuesta que se daría en castellano ("Al Sr. Alberto Luceño sí, al Sr. Medina no"), cuando en inglés el objeto directo de persona no lleva nunca preposición (es decir, sobre en ambos casos la palabra "to")", asevera Anticorrupción. Al mismo tiempo, sostiene que "carece de toda lógica" las explicaciones que se dan sobre el uso de "firmas totalmente distintas" por parte de una misma persona "dependiendo del tipo de documento que se haya de firmar". Y asevera que incluye "otras afirmaciones" contradictorias. Por ejemplo, la afirmación del supuesto San Chin Choon de que Luceño había participado desde 2018 en varias operaciones de comercio internacional con ellos contrasta con el hecho de que las cuentas de sus sociedades presenten un saldo de cero euros a lo largo de todo el año 2019.

El juez instructor, que durante el primer interrogatorio a los dos investigados ya dejaba entrever que no le convencía la versión que estaban ofreciendo sobre su relación con la empresa malaya, cree que el Ministerio Público tiene razones para sospechar de la autenticidad de los correos electrónicos. Máxime cuando se contradicen con informes de la Científica o con las cuentas de las sociedades administradas por el empresario. "Ni el investigado ha aportado a la causa su nombramiento exclusivo de Leno de 2018 ni la firma del MDNCA –uno de los documentos– en 2019, lo que aumenta todavía más los indicios de falsedad", apunta Adolfo Carretero en un auto fechado el pasado 13 de septiembre, un día después de recibir el escrito del Ministerio Público. De ahí, que el juez accediese a la petición de registro efectuada por Anticorrupción.

El objetivo de las entradas a la vivienda y a la sede de una de las sociedades de Luceño era conseguir, y así lo exponía el Ministerio Fiscal, toda la información posible que ayude a comprender cuáles fueron las "relaciones reales" de Luceño con Leno Sdn Bhd. Al fin y al cabo, hasta la fecha era el único que no había aportado "ni un solo mensaje que corrobore lo manifestado en sus declaraciones", cuando "parece evidente que tuvo que cruzar varios mensajes con San Chin Choon u otros responsables de la empresa Leno". La única explicación, en opinión del fiscal del caso, es que no las haya aportado porque "contradirían la versión que hasta ahora ha dado de los hechos".

Los registros se llevan a cabo el pasado jueves, 22 de septiembre. Comienzan a las 8:04 horas y se prolongan hasta la comida. Los llevan a cabo miembros del Grupo Técnico Operativo de la Unidad Central contra la Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial. Durante las intervenciones, se localizaron diversos elementos que hacen pensar que el investigado pudo haberse hecho pasar por agente de la autoridad. Así, según las actas del registro a las que ha accedido este diario, se encuentra un "portaplaca negro" con una "placa de agente de la autoridad". En concreto, del Centro Nacional de Inteligencia. "Tarjeta blanca y azul "CNI" y foto del investigado", recogen también los encargados del registro. Esta descripción coincide con el aspecto de las identificaciones que se expiden para los empleados de La Casa.

Pero no solo eso. Los agentes también se encuentran con media docena de "hojas de impresiones de tarjeta" que hacen referencia al Cuerpo Nacional de Policía, al Ministerio de Defensa o al "DSN", siglas que se corresponden con el Departamento de Seguridad Nacional. El Código Penal castiga con una pena de prisión de uno a tres años a quien "ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial" y una multa de uno a tres meses para quien "sin estar autorizado" usare "pública e indebidamente" un "uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial". Además, el Código Penal también contempla penas de seis meses a tres años de prisión al particular que cometa falsedad en documento público, ya sea alterándolo o simulándolo "en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad".

Los agentes, además, se incautaron de varias libretas y gran cantidad de documentación, entre la que se encuentra un archivador en cuyo lomo figuraba "máscaras kn 95", "test antígenos" y "guantes nitrilo", lo que coincide con los tres contratos bajo la lupa de la justicia. También intervinieron ordenadores, móviles o soportes de almacenamiento. Y realizaron capturas de pantalla de conversaciones mantenidas a través de WeChat, así como volcados de la información contenida en diferentes direcciones de correo electrónico. Sin embargo, hay una de ellas de la que no lograron obtener una copia. Es de Proton Mail, un servicio que integra un cifrado de extremo a extremo. "No se pueden ver los mensajes de este correo ya que tiene una factura pendiente de pago", recogen las actas de los registros, a las que ha tenido acceso este diario.

La presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María Luisa Araujo Chamorro, ha admitido este miércoles que existe "falta de publicidad" en determinadas fases de los contratos que realizan las distintas administraciones públicas, como la de preparación y ejecución, y ha avisado de que hay "mucha confusión" y déficits de transparencia en torno al procedimiento de emergencia, el utilizado para más de 22.000 contratos suscritos en el año de la pandemia, según informa Europa Press. 

Así lo ha reconocido durante su intervención en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso en el marco de las comparecencias programadas por este órgano para recabar ideas que mejoren la imparcialidad e independencia de los órganos reguladores y las autoridades independientes.

El organismo que preside Araujo, creado hace dos años al albur de la nueva Ley de Contratos Públicos, tiene entre sus funciones definir los problemas que los órganos de control externo detectan en los sistemas de contratación para intentar "prevenirlos" y que todo se desarrolle conforme a la ley.

Algunos de los portavoces se han interesado especialmente por las contrataciones de emergencia, que tanto se han usado durante la pandemia del coronavirus. En este contexto, Araujo ha indicado que a 31 de diciembre de 2020 se habían analizado más de 22.000 contrataciones de emergencia de todas las administraciones.

Uno de los problemas que se han detectado es que la definición de este tipo de procedimiento "excepcional" no "casa bien" con una norma que viene motivada por la legislación europea, que no contempla esta figura de gran tradición en España.

"Hay mucha confusión sobre como se arbitra este procedimiento y, por eso, las plataformas en las que se les da publicidad no contienen todo el detalle que sería deseable y contienen elementos confusos", ha indicado.

HAY MUCHOS CONTROLES

Respecto a la contratación en general, ha señalado que la "cultura de la transparencia" está "consolidada" en las fases de licitación y adjudicación de los contratos, pero la "fase de preparación" de los mismos es "mejorable", en lo que se refiere a la publicidad, y esta es directamente "un punto crítico" en la fase de ejecución.

En cualquier caso, Araujo ha defendido que "hay mucho control en materia de contratación" por parte de los órganos de control tanto externos como internos. La tarea de su oficina es agregar el trabajo de todos ellos para detectar posibles problemas sistémicos, aunque ha puntualizado que ellos no se dedican a revisar los procedimientos de contratación de las distintas administraciones.

La compareciente ha defendido la independencia de los miembros de la oficina que preside, nombrados por el Consejo de Ministros, y aunque algunos portavoces le han preguntado si no reforzaría un independencia que fueran nombrados por el Congreso, ella ha preferido no opinar sobre posibles cambios.

Todos funcionarios independientes

La oficina la componente una presidenta y cuatro vocales, todos funcionarios en servicio activo. Son puestos de libre designación a los que, ha insistido Araujo, puede presentarse todo el que cumpla los requisitos. Se nombran según criterios de "profesionalidad, mérito y capacidad", y han de tener una experiencia mínima de 10 años en materia de contratación pública.

Su mandato, ha reseñado, es de seis años, es decir, no coincide con la legislatura, su puesto es inamovible y están sujetos a un régimen estricto de incompatibilidades como los altos cargos.

Araujo ha explicado también que no pueden "solicitar ni afectar insturcciones" y que tienen "plena dependencia orgánica y funcional", aunque la Oficina está adscrita al Ministerio de Hacienda, pero sólo a efectos administrativos y presupuestarios

Asimismo, ha destacado que funcionan como un órgano colegiado, que en su mandato todas las decisiones se han adoptado por unanimidad, y que organizan autónomamente su trabajo y rinden cuentas como establece la ley.

"De momento, el sistema está funcionando", ha resumido, si bien ha admitido que el funcionamiento de la Oficina está pendiente de desarrollo, pero que la ley con la funcionan es "bastante sólida y amplia para garantizar su funcionamiento".

19 personas en plantilla

Aunque ha admitido que funcionarían mejor con más medios materiales y personales -la oficina contará con un total de 19 personas en plantilla en las próximas semanas frente a las 11 que había cuando ella llegó hace seis meses– ha dicho que ella no es "de quejarse" sino de "resolver".

Además, ha ensalzado el trabajo realizado por la agencia antes de su llegada, incluido el de su antecesora, María José Santiago, que, según han recordado algunos portavoces renunció al puesto denunciando su falta de independencia, unas críticas en las que Araujo ha preferido no entrar.

Respecto a las que ha recibido ella misma por su trayectoria política -entre otras cosas fue vicepresidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha con José María Barreda– ha replicado que, aunque estuvo en política, la mayor parte de su actividad profesional la ha desarrollado como funcionaria, con "gobiernos de distintos signo" y siempre, ha subrayado, con independencia.

El 1 de noviembre de 2017, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) formalizó la adjudicación de un contrato para actualizar el Registro Especial Ferroviario, donde deben estar inscritas todas las personas y empresas vinculadas con el sector. El concurso lo ganó una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Alalza Soluciones Integrales, Factoría de Iniciativas Internet Fi2, Inteligencia Sistemática 4 y Luce Innovative Technologies, reunidas bajo el nombre UTE Alfil. El precio de la adjudicación ascendió a 333.960 euros, IVA incluido.

En principio, un contrato de servicios informáticos más entre la veintena que una de las empresas integrantes de la UTE, Factoría de Iniciativas Internet Fi2 SA, ha conseguido de la AESF (y su antecesora, la Dirección General de Ferrocarriles) desde 2001. Sin embargo, según los documentos que obran en poder de infoLibre, la persona “encargada del contrato” y que incluso firmó el informe de la licitación, con las valoraciones de las ofertas técnicas presentadas, es Nuria Marabini Martínez de Lejarza, además de jefa del área de Informática de la AESF, esposa de José Antonio González Velasco, administrador y socio único de Factoría de Iniciativas Internet Fi2 SA.

El contrato está basado en un Acuerdo Marco, una figura de contratación centralizada pensada para simplificar gestiones y reducir costes: se seleccionan una serie de empresas según unos determinados requisitos y éstas son luego invitadas a participar en los concursos que se acojan a ese acuerdo marco. El 26/2015, en el que está basado el contrato ganado por la UTE Alfil, está pensado para proveer de servicios de desarrollo de los sistemas de la administración electrónica. De modo que, para actualizar los sistemas informáticos del Registro Especial Ferroviario, fueron invitadas 71 empresas, de las que respondieron 19. Pero sólo dos presentaron una oferta, la UTE Alfil y la valenciana ODEC.

En el documento donde se valoran las propuestas técnicas de ambas empresas –es decir, en la parte de la evaluación donde se permite un cierto margen de subjetividad, a diferencia de las propuestas económicas– la UTE Alfil consiguió 49 puntos, mientras que ODEC se quedó con sólo 10. Ese informe aparece firmado el 7 de septiembre de 2017 por Nuria Marabini Martínez de Lejarza.

En otro documento anterior, la aprobación de las características de la convocatoria, firmado el 10 de julio de 2017 por el director de la AESF, Pedro Lekuona, figura como “encargado del contrato” la misma Nuria Marabini. En él se detalla el presupuesto de la licitación –363.000 euros, IVA incluido–, el plazo de ejecución –15 meses–, el sistema de contratación –el citado Acuerdo Marco– y la partida presupuestaria asignada.

Finalmente, cuando la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda, formaliza la adjudicación a la UTE Alfil, el 1 de noviembre de 2017, la persona “de contacto” que aparece en el documento vuelve a ser Nuria Marabini, con su número de teléfono y cuenta de correo electrónico.

Es más, en la propuesta de adjudicación que la AESF envía el 19 de septiembre de 2017 a esa dirección general con el nombre de la UTE Alfil, aparece la firma electrónica de Mercedes Marabini Martínez de Lejarza, hermana de la jefa del Área de Informática de la agencia.

Tras ser informado de estos hechos por infoLibre, para conocer su versión, el Ministerio de Fomento –ahora rebautizado como de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana–, del que depende la AESF, ha retirado a Nuria Marabini el encargo del seguimiento del contrato, se ha dirigido a la Abogacía del Estado “para recabar asesoramiento” y ha solicitado a la Dirección General de Organización e Inspección del departamento que abra “actuaciones de información previa”, una investigación preliminar. Además, la Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras también comenzará actuaciones para determinar si la jefa de Informática de la AESF ha incurrido en una falta disciplinaria y se le abre expediente o incluso se da traslado de los hechos al Ministerio Fiscal, según ha explicado un portavoz del ministerio a este periódico.

Una sociedad de los hermanos González Velasco

Creada en 2015, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria es el organismo público responsable de la seguridad ferroviaria, en sustitución de la antigua Dirección General de Ferrocarriles. Se encarga de inspeccionar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad tanto de las infraestructuras como del material rodante, el personal y la propia operación ferroviaria. Expide y revoca licencias a las empresas del sector, además de gestionar el Registro Especial Ferroviario. También tiene la competencia para sancionar en materia de seguridad ferroviaria. Maneja un presupuesto de 13,88 millones de euros con una plantilla de 94 personas.

Factoría de Iniciativas Internet Fi2 es una sociedad anónima fundada en febrero de 2000 por José Ángel González Velasco, que actuó en nombre de la empresa Adra Desarrollos y Aplicaciones SL; Guillermo Mesonero Romanos, en representación de Escalofenia SA, y Enrique Lahuerta Traver, según consta en el Registro Mercantil. Como miembros del consejo de administración aparecen un hermano de José Ángel González Velasco, Luis Fernando, y Javier Tallada García de la Fuente. Guillermo Mesonero Romanos y Javier Tallada son dos conocidos empresarios que saltaron a las primeras páginas de la prensa económica cuando se pusieron al frente de la láctea Puleva en 1995 y la condujeron a la fusión con Ebro en 2000. Javier Tallada dimitió como consejero de Factoría de Iniciativas Internet Fi2 SA en 2003 y Mesonero Romanos le siguió en 2012.

Desde ese año, figura como administradora única y presidenta del consejo la empresa informática Adra Desarrollos y Aplicaciones SL, una sociedad propiedad de José Antonio González Velasco y a su vez dueña del 100% de las acciones de Fi2. En diciembre de 2012 ésta pasó a tener la consideración de sociedad unipersonal, siendo su socio único Adra Desarrollos y Aplicaciones SL. También aparece desde 2011 como apoderado de la empresa informática otro hermano, Jorge González Velasco.

Por su parte, Adra Desarrollos y Aplicaciones SL era una compañía creada en 1993 por los hermanos José Antonio y Jorge, cada uno de ellos dueño del 50% del capital. En una Junta Universal de Accionistas celebrada el 10 de marzo de 2017 se acordó liquidar la compañía y traspasar a José Antonio González Velasco el 100% de las participaciones sociales.

Es decir, desde diciembre de 2012 la empresa informática Fi2 es propiedad al 100% de Adra Desarrollos y Aplicaciones SL –de los hermanos González Velasco– y desde marzo de 2017 únicamente del marido de Nuria Marabini.

La Consejería de Asuntos Sociales de Madrid adjudicó a dedo en julio de 2009 por 68.900 y 67.280 euros sendos contratos relacionados con la Ley de Dependencia a la tecnológica Indra Sistemas SA y a Equipo Económico SL, la consultora que había fundado tres años antes Cristóbal Montoro. Oficialmente, o al menos así lo sostiene la única respuesta facilitada a este periódico por el Ejecutivo madrileño, ninguno de los dos contratos llegó a materializarse porque hubo "orden" de no formalizarlos. Quién, cuándo y bajo qué argumento de interés general impartió aquella directriz es un misterio. El Ejecutivo se niega a desvelarlo.

infoLibre dispone de los anuncios oficiales que recogen esas dos adjudicaciones, fechadas el 1 de julio de 2009 (la de Equipo Económico) y el día 20 de ese mes (la de Indra) y otorgadas mediante procedimiento negociado sin publicidad. Es decir, a dedo.

Una década después, los dos anuncios de adjudicación permanecían este viernes localizables en el perfil del contratante de la Comunidad de Madrid sin que ningún documento indique que ninguna de las dos llegó a hacerse realidad. Ambas aparecen como "adjudicaciones provisionales" al igual que ocurre con otras alojadas en la misma web y de las que, en principio, ningún elemento permite pensar que no se llevaron a efecto. Un antiguo alto cargo consultado por este periódico remarcó que si los contratos no llegaron a formalizarse debería quedar rastro documental sobre el desistimiento de la Administración y su porqué en la web del perfil del contratante.

Buena parte de los contratos de la Comunidad de Madrid con el gigante tecnológico Indra están siendo investigados en la pieza del caso PúnicaPúnica sobre financiación del PP. 

El contrato con Indra que, según el Gobierno regional, no se formalizó tenía un objeto idéntico al que esa misma empresa había obtenido varios meses antes –21 de noviembre de 2008– también mediante procedimiento negociado sin publicidad.  El enunciado de los dos contratos es este: "Gestión de agendas y zonificación de expedientes para la realización de valoraciones a los usuarios de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid". El primero de los dos sí se ejecutó, sostiene la Consejería de Políticas Sociales. Es el segundo el que por razones desconocidas para este medio fue abortado según la versión oficial, versión que no ha podido ser verificada.

También en el caso de esta primera adjudicación a Indra todo lo que consta en el perfil del contratante es una adjudicación provisional: 36.500 euros que quedaron reducidos a "21.088,89 (IVA incluido)" porque la fecha prevista para el inicio de contrato pasó a ser el 5 de diciembre de 2008.

En la segunda adjudicación a la tecnológica, otorgada el 20 de julio de 2009, se señalaba un plazo de ejecución de dos meses –el de la primera no figura en los documentos disponibles–, pero el importe se triplicó y pasó a ser de 68.900 euros. Una de las incógnitas es la de por qué la Comunidad no convocó un concurso si planeaba mantener el servicio de elaboración informática de agendas para valorar a los ciudadanos con derecho a prestaciones por la Ley de Dependencia.

En cuanto a la adjudicación a Equipo Económico SL, el enunciado del contrato es, para empezar, erróneo. Ese enunciado señala que se trata de un contrato titulado así: "Servicio integrado de información telefónica y presencial de la Comunidad de Madrid sobre la atención a las personas en situación de dependencia".

Pero el apartado de "Descripción del objeto" presenta el encargo como algo radicalmente distinto. Y lo presenta de una forma tan enrevesada que resulta difícil comprender para qué exactamente acudió la Consejería de Asuntos Sociales a la consultora vinculada al apellido Montoro. Esto es lo que dice el texto: "Descripción del objeto: El servicio consiste en la elaboración de los estudios que desde la Dirección General de Coordinación de la Dependencia sean objeto de encargo con motivo del la aplicación práctica de la normativa que desarrolla la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid y apoyo en la elaboración de normativa de desarrollo y sobre cuestiones puntuales en materia de dependencia. A partir de los diferentes estudios y consultas que se realicen, se pretende conseguir un marco normativo que mejore la gestión del proceso para acceder a los servicios, recursos y prestaciones para la promoción de la autonomía personal y la atención de la dependencia en la Comunidad de Madrid".

¿Estaba la consejería encomendando a Equipo Económico SL la elaboración de normas que desarrollaran la ya existente en materia de dependencia? Eso parece, pero este periódico ni siquiera ha podido confirmar tal extremo. Como publicó el diario ABC, la consultora fue constituida en junio de 2006 con Cristóbal Montoro, entonces exministro de Hacienda de Aznar, como accionista principal. En 2008, una vez regresó a la primera línea política, se desligó del accionariado, al que se incorporó su hermano Ricardo. Tras la victoria de Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, volvió a ostentar la cartera de Hacienda.

Fue el viernes 18 cuando este periódico contactó con los portavoces de la consejería que ahora dirige Alberto Reyero, de Ciudadanos, y que en 2009 tenía a su frente a Engracia Hidalgo, hoy concejal de Hacienda de Madrid y que había llegado a Asuntos Sociales desde la Consejería de Hacienda y la presidencia de la agencia de informática de Madrid, ICM.

Tras varios días de espera, los portavoces de Políticas Sociales se negaron a responder a las preguntas planteadas. Aseguran seguir instrucciones de los servicios jurídicos. No solo el acceso a los expedientes sino el simple hecho de obtener respuesta a las preguntas ordinarias sobre el asunto planteadas por este periódico queda supeditado, fueron sus palabras, a la presentación de una solicitud escrita al amparo de la Ley de Transparencia. El viernes 25 de octubre por la tarde, y ante la ausencia total de explicaciones, infoLibre pidió a un portavoz de Hidalgo que le mostrase los anuncios de adjudicación y le preguntase qué pudo haber pasado. No hubo respuesta.

La Consejería de Políticas Sociales había asegurado el pasado lunes a este periódico que ni la adjudicación a Equipo Económico SL en el expediente 83/2009 ni la otorgada a Indra Sistemas SA en el expediente 78/2009, ambos tramitados como procedimientos negociados sin publicidad, se habían formalizado y que los contratos, por tanto, no llegaron a existir. Respecto del tercer expediente por el que preguntó infoLibre, el 132/2008, adjudicado a Indra mediante negociado sin publicidad, los mismos portavoces respondieron que sí se había llevado a efecto.

Respecto de los expedientes 83/2009 y 78/2009, los portavoces se limitaron a decir entonces que había habido "una orden" para que ninguna de las dos adjudicaciones se llevara a efecto.

Tras obtener la respuesta indicada, este periódico preguntó quién, cuándo y qué razón de interés general adujo para ordenar el desistimiento. Y, de forma adicional, solicitó acceder al contenido de ambos expedientes.

El miércoles, cinco días después de la primera solicitud de información, la Consejería denegó tanto la respuesta a las preguntas formuladas a través de su gabinete de comunicación como la entrega o el visionado de cualquier documento de los expedientes administrativos.

En ambos casos, tanto para obtener respuesta a las preguntas formuladas por este medio de comunicación como para acceder a los expedientes, los portavoces del consejero Alberto Reyero indicaron que infoLibre debe hacer una solicitud en aplicación de la Ley de Transparencia. Los portavoces remarcaron que la decisión de no responder no había sido adoptada por la Consejería sino que era consecuencia de lo indicado por los servicios jurídicos de la Comunidad.

La multinacional alemana Fresenius ha tenido que pagar 237 millones de dólares –211,5 millones de euros– al Tesoro de Estados Unidos por sobornar durante años a decenas de médicos en 16 países, uno de ellos España. A cambio de regalos, viajes a congresos, donaciones y pagos por consultorías ficticias, Fresenius consiguió adjudicaciones de concursos en hospitales públicos españoles que le reportaron unos ingresos de más de 20 millones de dólares –17,8 millones de euros– entre 2007 y 2015, según el documento que acredita el acuerdo alcanzado entre la SEC y la multinacional el pasado mes de marzo. Fresenius es el principal grupo sanitario europeo y, desde septiembre de 2016, el dueño de QuirónsaludQuirónsalud (antes Capio), el gigante de la sanidad privada de España. Gestiona 47 hospitales, desde la Fundación Jiménez Díaz hasta las clínicas Ruber, Teknon y Dexeus o el Hospital La Luz.

En todo el mundo, las prácticas corruptas se tradujeron en unos ingresos de 135 millones de dólares para la compañía alemana. Como desveló este viernes El País, además de España, los sobornos de Fresenius se extienden a Marruecos, Turquía, Arabia Saudí, Angola, otros ochos países de África Occidental que no precisa, México, Serbia y Bosnia. Y no sólo pagó sobornos, sino que también sus directivos impedían “activamente” cualquier esfuerzo por cumplir la normativa, “implicándose personalmente en las tramas de corrupción y empujando a sus subordinados a destruir las pruebas de su conducta indebida”, explica la SEC.

Los pagos indebidos se hicieron en una de las cuatro divisiones de la multinacional, Fresenius Medical Care, que se dedica a la venta de productos y servicios para pacientes con fallo renal, como los de diálisis. En España, en concreto, los médicos sobornados le adelantaron información sobre los requisitos de concursos en hospitales públicos, aunque el documento de la SEC también habla de “administradores” de esos centros sanitarios. No cita sus nombres, tampoco de qué hospitales se trata. Tan sólo habla de uno situado en Valencia, otro en Torrecárdenas (Almería) y de seis médicos más que El País sitúa en Barcelona.

A cambio de regalos, viajes a congresos médicos, vuelos a Estados Unidos y donaciones a proyectos de los nefrólogos sobornados, Fresenius conseguía modificar requisitos de los pliegos de las adjudicaciones. También pagaba consultorías ficticias a estos facultativos, entre 16.000 y 187.000 euros al año. En el caso del hospital valenciano que menciona la SEC, la empresa alemana se hizo con un contrato de dos millones de dólares tras abonar a un médico 114.000 dólares entre 2008 y 2011. Además, donó 40.000 dólares más a los programas de formación dirigidos por ese médico en la fundación del hospital. Después, entre 2012 y 2014, le abonó otros 51.600 dólares en viajes y regalos. En el hospital de Torrecárdenas, Fresenius se adjudicó el 60% del concurso, unos tres millones de dólares. Y a seis especialistas de otro hospital público la empresa alemana les compró la clínica que habían abierto, les sufragó el 5% de su facturación y después les pagó un alquiler. También les abonó consultorías. En total, más de tres millones de dólares para los seis, que derivaban pacientes a la clínica de Fresenius o usaban los productos de la marca pese a ser más caros.

Los directivos no hicieron nada

Estas prácticas fueron puestas al descubierto en 2010 por el equipo de auditoría interna de Fresenius Medical Care, asegura la SEC. Cuatro años más tarde, otro informe del mismo equipo, que fue enviado a los mismos responsables que el de 2010 e incluso al equipo directivo al completo de la compañía, activó las alertas sobre los pagos a funcionarios públicos que se realizaban en España, con regalos, donaciones, patrocinios, comisiones y pagos de consultoría que no fueron “documentados”. Sin embargo, subraya el supervisor estadounidense, los pagos continuaron haciéndose hasta 2015. “Muchos de ellos fueron registrados de forma indebida como gastos de consultoría en los libros de Fresenius Medical Care y de Fresenius Medical Care España”, concluye el documento.

Como la multinacional informó de forma voluntaria sobre algunas de sus prácticas ilegales durante la investigación a que fue sometida, entregó documentos y puso a disposición de la SEC a los empleados involucrados, el organismo llegó a un acuerdo para no procesar a Fresenius durante tres años, a cambio de que la empresa reconociera su responsabilidad penal. También le ha impuesto el pago de una multa de 84,7 millones de dólares a cambio de no castigarla con otra civil, así como el abono de una compensación de 135 millones y de 12 millones más en concepto de intereses.

El beneficio de Fresenius en España se dispara un 26%

Otra de las divisiones de la multinacional alemana, Fresenius Helios, fue la que compró en septiembre de 2016 –un año después de que se pusiera fin a los “pagos inapropiados” a médicos– el 100% del principal grupo privado de hospitales de España, Quirónsalud. La adquirió al fondo de inversión CVC, que lo había fusionado con IDC Salud, antes conocida como Capio, en 2014. Fresenius pagó entonces 5.760 millones de euros.

Según los datos de su última memoria, Fresenius Helios facturó 8.993 millones de euros en 2018, de los cuales 3.023 millones corresponden a su negocio en España. La cifra supone un aumento del 17% respecto al ejercicio anterior. Su beneficio operativo (EBIT), 413 millones de euros, se disparó en España ese ejercicio un 26%, mientras se hundía un 14% en Alemania.

De sus cuatro divisiones, Medical Care supone casi la mitad de toda su facturación, que ascendió en 2018 a 33.530 millones de euros. Los servicios de diálisis le proporcionan el 51,43% de su beneficio operativo, que alcanzó 4.561 millones. Ese último ejercicio, Fresenius sufrió una caída de su facturación del 1,06% respecto al año anterior, que se tradujo en un recorte de su beneficio de explotación del 5,57%. En todo el mundo, la multinacional cuenta con 276.750 empleados, de los cuales corresponden a Helios España 31.094. Pero mientras en Alemania Fresenius atiende a 5,32 millones de pacientes, en España la cifra casi se triplica y alcanza los 13,31 millones. Porque, aunque su número de camas y hospitales es menor, cuenta con casi tres veces más de pacientes tratados en 57 centros de día y 300 centros de prevención de riesgos laborales.

El constructor y presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros a políticos del PP, PSOE e IU en diversos municipios madrileños a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública, según han informado fuentes presentes en la declaración a Europa Press.

Marjaliza, que ha respondido a las preguntas de todas las partes excepto las de la defensa de Francisco Granados, ha concretado que con este sistema logró adjudicarse más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica. Para ello, el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de cada municipio con quienes hacía los negocios.

Así, por ejemplo, y según las fuentes consultadas, en Getafe, aunque en ese momento gobernaba el socialista Pedro Castro, las comisiones las abonó a la representación del PP en dicho consorcio. Igualmente ha explicado que Castro fue una de las personas a las que le entregó dinero en negro en efectivo. En Parla llegó a pagar 600.000 euros a "un tal José Luis" que decía ser un intermediario del entonces alcalde, el exlíder del PSOE Tomás Gómez.

Durante su declaración, que se ha prolongado cerca de tres horas, Marjaliza ha confirmado la información adelantada por el diario El País y que obra en el sumario de la trama, según la cual tanto él como Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid.

Se refiere a unos trabajos adjudicados en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.

Empresa de López de Madrid

El sistema que utilizaron, según las fuentes presentes en la declaración, fue que JavierLópez Madrid, como amigo de Granados, le vendió al constructor una de sus empresas, Elsan, vaciándola de patrimonio y de deudas para que resultase la adjudicataria de las obras que ahora se investigan.

Algunos abogados de las defensas han mostrado su queja porque no se les ha permitido preguntar por los motivos de esta declaración, que se produce a petición propia, así como por su nivel de colaboración con la Justicia. En relación a este punto, el investigado ha intervenido para aclarar que no tiene ningún acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y que su actitud responde a una estrategia de defensa acordada con su letrado.

Preguntado a las puertas de la sede judicial tras su declaración, Marjaliza ha dicho que no se siente amenazado pero sí ha mostrado su preocupación, "cómo es lógico", por su familia. Se refiere a las presuntas amenazas que habría recibido por parte de Granados, el cual, por su parte, le interpuso una querella por vincularle con el narcotráfico.

El grupo Unidos Podemos ha solicitado la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde Bajén, para explicar las supuestas irregularidades en la contratación de suministros de vestuario en la Armada. Como publicó infoLibre, la Fiscalía Anticorrupción investiga las adjudicaciones de ropa y calzado de la Dirección de Abastecimientos y Transporte, tras la denuncia interpuesta por un grupo de proveedores.

El diputado Juan Antonio Delgado pide al número dos del ministerio encabezado por María Dolores de Cospedal que explique ante la Comisión de Defensa el gran número de contratos negociados sin publicidad que licita la Armada en vestuario, así como si existe fraccionamiento de los suministros, una práctica prohibida por la ley. La mayoría de los contratos de la fuerza naval en vestuario ha terminado en manos del grupo Iturri, cuya propietaria, María Luisa Franco Revilla, es tía del general Jesús Franco Suanzes, responsable de la mencionada Dirección de Abastecimientos. Ambos son descendientes de Francisco Franco Salgado Araujo, a su vez primo del dictador Francisco Franco.

Unidos Podemos también solicita a Agustín Conde que explique los motivos por los que no recibió al grupo de empresas que el pasado mes de septiembre le informaron por carta de las posibles irregularidades en la contratación. Los proveedores reiteraron su petición de entrevista el pasado día 20.

1,33 millones de euros en adjudicaciones

De las 28 licitaciones que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado –que sólo se retrotrae hasta septiembre de 2015 para contratos de ropa y calzado de la Armada–, 11 han sido adjudicadas a Iturri, en solitario o en UTE con otras tres empresas: El Siglo 1870, Fecsa y Gauzón. Del total, 20 son contratos negociados sin publicidad. Además, el grupo ha conseguido otras cinco adjudicaciones en pertrechos, camiones contraincendios y equipos de protección. En lo que va de año, la Armada ha concedido a Iturri, sólo en ropa y calzado, adjudicaciones por al menos 1,33 millones de euros, más otros 604.460 euros en 2016, según los datos obtenidos en la Plataforma de Contratación del Estado.

La Armada asegura que está colaborando con la Fiscalía remitiendo la información sobre los expedientes que le ha pedido y que la ley sólo prohíbe adjudicar contratos a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y, en este caso, la relación entre María Luisa Franco Revilla y el general Jesús Franco es de cuarto grado.

Un grupo de pequeñas y medianas empresas envió el pasado 1 de septiembre una carta al secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, en la que le pedían una entrevista para entregarle toda la información que poseen sobre posibles irregularidades en la adjudicación de los suministros de uniformes –ropa y calzado– de la Armada. En la carta, a la que ha tenido acceso infoLibre, las empresas denunciaban la “adjudicación indiscriminada” de expedientes de vestuario al grupo Iturri, propiedad de una tía del responsable de la Dirección de Abastecimiento y Transporte, el general Jesús Franco Suanzes, responsable de la concesión de los contratos.

El documento tuvo entrada en el registro de Defensa el 4 de septiembre. Pero el secretario de Estado no contestó a los remitentes. Por consiguiente, enviaron una segunda carta el pasado día 20 de noviembre, reiterando su solicitud de entrevista y sus reclamaciones. Las empresas, proveedoras de Defensa, denuncian su “indefensión” ante la existencia de una “relación familiar y directa” del general Franco con la empresa Iturri, así como una “relación personal” entre este grupo sevillano y el coronel Javier Bellas Dublang, segundo de la Dirección de Abastecimiento y Transporte.

También critican el elevado número de contratos negociados sin publicidad que este departamento adjudica “a precios no competitivos”. Así que informan a Agustín Conde de que han enviado toda la documentación en su poder a la Fiscalía Anticorrupción, toda vez que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha rechazado sus recursos.

infoLibre ha preguntado a Defensa por el destino de la carta enviada por este grupo de sus proveedores y por qué no se les concedió audiencia. El ministerio indica que este tipo de denuncias se envían a la Fiscalía Militar, pero que no puede precisar qué ocurrió con ésta en concreto porque recibe miles de ellas. Tampoco aclaró por qué no se recibió a los denunciantes.

Primero ante el Tribunal de Recursos, luego al fiscal

Como ha desvelado este periódico, la Fiscalía Anticorrupción está investigando las adjudicaciones de uniformes de la Dirección de Abastecimiento de la Armada. De las 28 licitaciones que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado –que sólo se retrotrae hasta septiembre de 2015 para contratos de ropa y calzado de la Armada–, 11 han sido adjudicadas a Iturri en solitario o en UTE con otras tres empresas: El Siglo 1870, Fecsa y Gauzón. Del total, 20 son contratos negociados sin publicidad. Además, el grupo ha conseguido otras cinco adjudicaciones en pertrechos, camiones contraincendios y equipos de protección. En lo que va de año, la Armada ha concedido a Iturri, sólo en ropa y calzado, adjudicaciones por al menos 1,33 millones de euros, más otros 604.460 euros en 2016, según los datos obtenidos en la Plataforma de Contratación del Estado.

El grupo Iturri, uno de los mayores fabricantes de equipos y material militar de España, los preside María Luisa Franco Revilla. La empresa fue fundada en 1947 en Sevilla por Juan Iturri Gisbert, que se casó en 1960 con María Luisa Franco Revilla, hija del entonces teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo. A su vez, el teniente general era primo del dictador Francisco Franco, además de su ayuda de cámara durante años. Alcanzó notoriedad en 1976, una vez muerto el Generalísimo, cuando Planeta publicó sus memorias, Mis conversaciones privadas con Franco, en las que dejaba escapar un “espantoso resentimiento” hacia su primo y su esposa, Carmen Polo, según publicó entonces en El País el historiador Ricardo de la Cierva.

Desde 2015, el director de Abastecimiento y Transporte de la Armada es el general Jesús Franco Suanzes, cuyo abuelo fue Hermenegildo Franco Salgado-Araujo, hermano del ayuda de cámara del dictador. Es decir, el padre del general y María Luisa Franco Revilla son primos. Fuentes de la Armada aseguran que la ley sólo prohíbe adjudicar contratos a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. “En este caso, sería el cuarto grado, por lo que es legal”, precisan. 

Las empresas que han denunciado las supuestas adjudicaciones irregulares las recurrieron antes ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Entre las supuestas irregularidades citaban que la Armada fracciona los contratos –divide en varios concursos un mismo suministro para reducir su importe y adjudicarlo a dedo como contrato menor o negociado sin publicidad, una práctica prohibida por la ley–. 

En los dos últimos años, la Armada licitó 14 contratos de vestuario por el procedimiento negociado sin publicidad y por importes que apenas rebajaban en unos euros el máximo permitido para esta figura contractual: 60.000 euros. Son la mitad de los contratos de ropa y calzado que sacó a concurso la Dirección de Abastecimiento y Transporte desde septiembre de 2015. En un caso el importe fue de 59.999 euros, mientras que en siete contratos ascendía a 59.991,74 euros. En otro sólo se rebajaba en 4,13 euros el máximo permitido.

En los contratos negociados sin publicidad, considerados una figura excepcional en la legislación española, no es necesario formar una mesa de contratación. El órgano contratante elige el adjudicatario entre un mínimo de tres candidatos a los que la Administración “invita” a presentar ofertas; es decir, no puede concurrir cualquier empresario interesado, sino sólo los invitados. 

Los proveedores denunciantes también advertían en sus recursos de las múltiples modificaciones que la Armada hace en los pliegos de condiciones, para cambiar los requisitos técnicos de los uniformes. Y acusaban a la fuerza naval de pedir prendas sólo certificadas por Iturri, tanto en España como en el extranjero o, en el caso de que sean otros los adjudicatarios, se les imponen para conseguir las certificaciones unos plazos imposibles de cumplir por la premura de tiempo.

Todos los recursos fueron desestimados por el TARC, pero en ninguno de los casos el tribunal entró a estudiar “las cuestiones de fondo” de las adjudicaciones: los rechazó por “extemporáneos” o por haber sido presentados fuera de plazo.

La Fiscalía Anticorrupción investiga las adjudicaciones de la Dirección de Abastecimiento y Transporte de la Armada por unas supuestas irregularidades en los contratos de suministro. Según ha confirmado infoLibre en la Fiscalía, la investigación se deriva de la denuncia de un particular sobre los contratos de suministro de vestuario y pertrechos. La Armada ha adjudicado la mayoría de ellos al grupo Iturri, uno de los mayores fabricantes de equipos y material militar de España, cuya presidenta es María Luisa Franco Revilla. Desde 2015, el director de Abastecimiento y Transporte de la Armada es el general Jesús Franco Suanzes, sobrino de la anterior.

De las 28 licitaciones que aparecen en la Plataforma de Contratación del Estado –que sólo se retrotrae hasta septiembre de 2015 para contratos de ropa y calzado de la Armada– 11 han sido adjudicadas a Iturri, en solitario o en UTE con otras tres empresas: El Siglo 1870, Fecsa y Gauzón. Además, ha conseguido otras cinco adjudicaciones en pertrechos, camiones contraincendios y equipos de protección.

Del total, 20 son contratos negociados sin publicidad. Sólo seis son contratos derivados de un acuerdo marco, una figura que la Administración fomenta para simplificar la gestión y reducir el gasto. Se trata de preestablecer en el acuerdo una serie de condiciones comunes para licitar luego contratos. Sólo dos más fueron contratos por procedimiento abierto, de los cuales uno fue anulado. Todos ellos tienen por objeto suministrar desde ropa de embarque hasta botas de seguridad, trajes ignífugos, gorras o chaquetones de mar.

Fuentes de la Armada han confirmado, a preguntas de infoLibre, que la Fiscalía les ha solicitado el envío de seis expedientes de contratación, pero dicen “no tener constancia” de que se esté investigando al general Jesús Franco o a su segundo, el coronel Javier Bellas, responsables ambos de la Dirección de Abastecimiento. “La Armada está colaborando con la Fiscalía en todo aquello que le está solicitando”, aseguran a este periódico. En lo que va de año, la Armada ha concedido a Iturri, sólo en ropa y calzado, adjudicaciones por al menos 1,33 millones de euros, más otros 604.460 euros en 2016, según los datos obtenidos en la Plataforma de Contratación del Estado.

Familia del dictador

Iturri fue fundado en 1947 en Sevilla, como una fábrica de efectos navales, por Juan Iturri Gisbert, que se casó en 1960 con María Luisa Franco Revilla, hija del entonces teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo, tal y como recogió el periódico Abc en sus ecos de sociedad. A su vez, el teniente general era primo del dictador Francisco Franco, además de su ayuda de cámara durante años. Alcanzó notoriedad en 1976, una vez muerto el generalísimo, cuando Planeta publicó sus memorias, Mis conversaciones privadas con Franco, en las que dejaba escapar un “espantoso resentimiento” hacia su primo y su esposa, Carmen Polo, en palabras del historiador Ricardo de la Cierva.

El grupo lo gestiona ahora el hijo de la presidenta, Juan Francisco Iturri Franco. La compañía ha sumado adjudicaciones públicas desde 2009 hasta 2016 por importe de al menos 25,75 millones de euros, según la plataforma de información sobre empresas infocif. Sus dos principales clientes son el Ministerio del Interior, que le ha concedido 24 contratos por valor de 6,5 millones de euros, y el Ministerio de Defensa, que le otorgó 60 contratos por importe de 5,73 millones. El año en que más adjudicaciones públicas consiguió fue 2016, con 7,25 millones de euros.

El general Jesús Franco Suanzes es nieto de Hermenegildo Franco Salgado-Araujo, hermano del ayuda de cámara del dictador. Es decir, su padre y María Luisa Franco Revilla son primos. Las fuentes de la Armada destacaron, a preguntas de este periódico, que la ley sólo prohíbe adjudicar contratos a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. “En este caso, sería el cuarto grado, por lo que es legal”, precisaron.

Recursos administrativos

Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, llegaron este año un puñado de impugnaciones de empresas suministradoras de Defensa, que denunciaban las adjudicaciones a Iturri. Entre las irregularidades expuestas, citaban que la Armada fracciona los contratos –divide en varios concursos un mismo suministro para reducir su importe y adjudicarlo como contrato menor o negociado sin publicidad, una práctica prohibida por la ley–. También advertían de las múltiples modificaciones que hace en los pliegos de condiciones, para cambiar los requisitos técnicos de las prendas. Y acusaban a la Armada de pedir prendas sólo certificadas por Iturri tanto en España como en el extranjero o, en el caso de otros posibles adjudicatarios, impone para conseguir la certificación unos plazos imposibles de cumplir por la premura de tiempo.

Las fuentes de la Armada responden que todos los recursos interpuestos fueron rechazados por el tribunal y que las empresas no acudieron después a la vía contenciosa como les permite la ley. En efecto, como se puede comprobar en la web del TARC, los recursos fueron desestimados, pero en ninguno de los casos el tribunal entró a estudiar “las cuestiones de fondo” de las adjudicaciones: los rechazó por “extemporáneos” o por haber sido presentados fuera de plazo.

En cualquier caso, en uno de ellos, Iturri alegó que los tejidos utilizados en sus suministros a la Armada “no son de una tecnología especial”, “cualquier fabricante de tejidos militares europeo o de fuera de Europa puede realizarlo” y “no son un producto exclusivo de ninguna empresa”. “La certificación de una prenda como ésta se puede realizar en menos de 30 días”, indicaba también. Las empresas que perdieron la adjudicación aseguraban en sus recursos, por el contrario, que era imposible de obtener antes de 90 días.

Las obras del Puerto Exterior de A Coruña, una de las más faraónicas y pasadas de presupuesto de España, están plagadas de irregularidades. El Tribunal de Cuentas las describe en un duro informeun duro informe en el que, en particular, dispara contra los contratos “por el procedimiento de adjudicación directa hasta en 14 ocasiones” con un “catedrático de la Universidad de Aalborg y a organismos relacionados con él o con empresas de su titularidad”.

Según ha podido corroborar infoLibre, el catedrático en cuestión es Hans F. Burcharth. Se da la circunstancia de que este profesor danés, además de beneficiarse de contratos irregulares de la Autoridad Portuaria de A Coruña (APAC), fue el codirector de la tesis doctoral de Enrique Maciñeira Alonso, exdirector de la APAC. De hecho, la tesis parte de “la información generada a lo largo de los últimos años para la redacción del proyecto de Punta Langosteira”.

Además, el contratista y el alto cargo de la Administración, a la vez que trabajaban juntos, publicaron en común –y siguen publicando– artículos en revistas científicas, algunos sobre la propia Punta Langosteira. Maciñeira dimitió como director de la Autoridad Portuaria en noviembre de 2010. Días antes el mar se llevaba por delante 200 metros del muelle en construcción, en cuyo diseño participaron él y su mentor.

El funcionario dimitió alegando “motivos personales” pero sigue ocupando un alto cargo en la APAC, es jefe del área de Planificación y Estrategia Portuaria desde 1997, labor que compatibiliza con la de profesor asociado en la Universidad de A Coruña.

El valor de los 14 trabajos en el punto de mira del Tribunal de Cuentas es de 466.000 euros. Los contables públicos apuntan a un posible fraccionamiento irregular en múltiples contratos con la finalidad de poder otorgarlos a dedo. “Los contratos se adjudicaron independientemente, pero el objeto de todos ellos se basó en el asesoramiento y/o la realización de diversos cálculos sobre la estabilidad y el diseño del dique, lo que indica un fraccionamiento del objeto del contrato que permitió la adjudicación directa”, escriben los fiscalizadores.

La fragmentación de contratos es solo una de las irregularidades descritas. Uno de los servicios “se adjudicó directamente en abril de 2002 a una sociedad de responsabilidad limitada recién constituida con un capital social de 3,2 miles de euros, cuyo administrador único era el catedrático, aunque no se formalizó contrato alguno contraviniendo las Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado”, denuncia el Tribunal de Cuentas. Sobre este contrato también dice que “el pago de este contrato se realizó mediante 3 facturas en las que no se acredita el servicio prestado”.

El Tribunal de Cuentas encontró dos contratos que “fueron adjudicados directamente el mismo día, por importe de 25 miles de euros cada uno, y no fueron formalizados; los dos contratos responden a un mismo estudio y a una misma factura, que se emitió y abonó dos veces, una por cada contrato”. “Muchos de ellos [los contratos] no fueron formalizados”, concluyen los contables públicos, que también descubrieron que “en las facturas de algunos de estos contratos no se acredita el servicio prestado”.

Los implicados niegan irregularidades

El puerto niega cualquier irregularidad. En las alegaciones al Tribunal asegura que “la pretendida estrategia de funcionamiento carece de fundamento” ya que cada una de las asesorías contratadas “contaba con autonomía”, por lo que sí se podían dividir.

La Autoridad Portuaria crítica que “se están mezclando contrataciones con el profesor Hans Burcharth personalmente o con empresa de su titularidad que fueron siete y por un importe total de 235.328,16 euros con contrataciones con la Universidad de Aalborg por 194.390,02 euros”.

La APAC justifica las constantes contrataciones por la “complejidad de las obra llevada a cabo, así como los avatares que existieron en su realización, cinco muertes en diferentes accidentes, una rotura del dique en construcción, la redacción de un modificado para tener en cuenta distintos aspectos, fundamentalmente de seguridad y un nuevo morro de cierre”, etc. infoLibre dió la oportunidad a la APAC a que aportase más argumentos, pero la Administración no respondió.

Por su parte, Maciñeira, cuestionado por infoLibre, se remite a las alegaciones de la APAC. Sobre el aspecto ético, argumenta que “cuando comenzó la colaboración del profesor Burcharth con la Autoridad Portuaria, yo no era director de la misma y no tenía capacidad de contratación al respecto”.  Maciñeira era por entonces, y es hoy, jefe de área de Planificación y Estrategia, segundo escalafón del organigrama administrativo.

Según su currículum vitae, Maciñeira ascendió al primer peldaño, la dirección, en dos períodos: entre julio de 2000 y abril de 2002 y entre junio de 2008 y noviembre de 2010. En esos períodos  se realizaron por lo menos dos contrataciones directas o negociadas sin publicidad con Burcharth. En 2009 la APAC adjudicó un contrato negociado sin publicidad a Tecnoport Consulting. El profesor danés figura como administrador único de esta consultoría creada en Marbella en enero de 2002, dos meses antes del primer contrato criticado por el Tribunal de Cuentas.

Sobre la colaboración académica, Maciñeira argumenta que “cuando me dirigió la tesis, presentada en 2004, yo no era director de la Autoridad Portuaria ni era Órgano de Contratación” y en todo caso “la Autoridad Portuaria tenía pleno conocimiento del desarrollo de mis estudios académicos y de la participación de dicho profesor como director”.

Hans F. Burcharth, también en declaraciones a infoLibre, dice que la relación con Maciñeira fue “estrictamente científica”. El catedrático, una de las mayores eminencias mundiales en puertos, cualifica de “sinsentido” cualquier alegación de interferencia en las contrataciones. Asegura que a menudo anima a sus estudiantes a transformar casos prácticos, como este puerto, en tesis doctorales.

Sobre la acusación del Tribunal de Cuentas, de que se dividieron contratos para poder ser adjudicados a dedo, argumenta que “resultaría totalmente imposible hacer un solo contrato desde el principio porque los problemas a solucionar no pueden ser previstos porque van apareciendo segundo vas trabajando”. Burcharth reduce a siete los contratos de los que el personalmente fue beneficiario. “Punta Langosteira era un gran proyecto con el rompeolas más grande y más expuesto del mundo”, añade.

Irregularidades justificadas o no, lo que nadie puede discutir es el agujero financiero y logístico del Puerto Exterior de A Coruña. Más de 12 años después del inicio de las obras, funciona a menos de la mitad de su capacidad. No tiene ni conexión de tren ni de autovía. La de tren llegará como muy temprano en 2020.

Los auditores públicos llevan años mirándolo con lupa. Además del citado informe del Tribunal de Cuentas español, el Tribunal de Cuentas de Unión Europea cuestionó el 95% de la inversión europea (275 millones).

El coste total nadie lo tiene claro, entre otras cosas, porque está sin acabar. En su día las obras fueron adjudicadas inicialmente por 429 millones, pero van gastados ya más de 1.000.

El roto en los bolsillos de la APAC es de tal tamaño que esta Administración está intentando privatizar varios muelles en el centro de la ciudad, creando tensiones con el Ayuntamiento local (Marea Atlántica).

El Ministerio de Defensa adjudicó a dedo 100 contratos menores –por importe inferior a 18.000 euros– al empresario canario Miguel Ángel Ramírez desde el pasado mes de febrero hasta la actualidad. En total, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal le ha pagado 1,32 millones de euros por estos contratos, concedidos a la empresa Seguridad Integral Canaria, que fue la adjudicataria durante 2015 y 2016 de la vigilancia de las instalaciones de Defensa repartidas por toda España.

Al término de ese macrocontrato, el ministerio sacó de nuevo a concurso el servicio. Lo ganó Marsegur, una empresa vinculada con Ramírez, por 16 millones de euros, la misma cantidad por la que se lo llevó Seguridad Integral Canaria dos años antes. Pero otro de los participantes en la licitación, Sureste Seguridad, presentó un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Mientras éste resolvía –y no lo hizo hasta el 31 de marzo, confirmando la adjudicación– Defensa encomendó la vigilancia de todas sus instalaciones a Seguridad Integral Canaria mediante ese centenar de contratos menores. Aún sigue haciéndolo, de hecho, porque Marsegur empezó a prestar el servicio el pasado día 1, pero no en todas las instalaciones de Defensa. El pasado 27 de abril adjudicó nuevos contratos a Seguridad Integral Canaria para que vigile hasta finales de este mes el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y el Centro Militar Veterinario de la Defensa, ambos en Madrid, así como las clínicas militares de Cartagena, Ceuta y Melilla.

Para que los contratos no superaran los 18.000 euros que marca la ley, Defensa los ha fraccionado por quincenas o incluso por semanas en la mayoría de los casos. Sólo ocho de ellos licitaban el servicio “hasta la entrada en vigor del nuevo Acuerdo Marco”. Pero incluso los contratos para vigilar una misma instalación se trocearon por servicios. En concreto, los que afectan a los 27 vigilantes destinados en el Hospital Central de la Defensa de Madrid. En este caso, el ministerio adjudicó 21 contratos a Seguridad Integral Canaria desde febrero, no sólo por semanas, sino también por servicios: uno para las urgencias, otro para la maternidad, un tercero para el control de accesos, el siguiente para el aparcamiento, uno más para la vigilancia nocturna, para los días festivos… La mayoría de ellos tiene un importe de 17.458 euros.

En algún servicio, el contrato se ha valorado exactamente en 17.999,99 euros, como la seguridad de las clínicas militares de Cartagena y Melilla entre el 1 y el 18 de marzo, y la del Centro Militar de Veterinaria. Defensa no ha respondido a las preguntas que le ha formulado infoLibre sobre el fraccionamiento de los contratos.

Las relaciones de Miguel Ángel Ramírez con Defensa van más allá de las meramente contractuales. En 2010 el ministerio le concedió la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por haber prestado “servicios meritorios a la Defensa Nacional”. Reconocía así sus “trabajos con los estamentos militares en Canarias”. El empresario también es Legionario de Honor.

Sin convenio, con un 30% menos de sueldo

La concesión de contratos públicos a Seguridad Integral Canaria, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, todas ellas vinculadas con el empresario canario, es doblemente problemática.

Marsegur llevaba sólo cinco días vigilando los cuarteles, oficinas y polvorines del Ministerio de Defensa repartidos por toda España cuando la Audiencia Nacional anuló su convenio colectivo. La empresa canaria es conocida por las precarias condiciones laborales que impone a sus trabajadores, con salarios al menos un 30% por debajo de los establecidos en el convenio estatal del sector. Además, es la segunda vez que la Audiencia Nacional declara nulo su convenio colectivo. De hecho, el tribunal le reprocha su “reincidencia” en el “contumaz incumplimiento de la ley” –negoció un convenio a la carta únicamente con los mandos intermedios de la empresa– por lo que la multa por su “mala fe y temeridad” con 6.000 euros más el pago de las costas.

Pese a que, como recuerda la Audiencia Nacional, la ley establece que la sentencia que anula un convenio es “ejecutiva desde el momento que se dicte”, aunque no sea firme, Marsegur va a aplicar el convenio anulado a los 500 trabajadores que vigilan las instalaciones de Defensa. Y que, por tanto, perderán unos 300 euros de sus sueldos mensuales. Así lo ha confirmado a infoLibre el gerente de la empresa, Antonio Redondo, quien también anuncia la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo. “Están vulnerando nuestros derechos y tenemos que defendernos de lo que ha dictado la Audiencia Nacional con un recurso de casación”, explica.

Por el contrario, el sindicato USO va a exigir a la Audiencia Nacional la ejecución inmediata de la sentencia, según indica el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, Basilio Febles, para obligar a Marsegur a aplicar a los vigilantes el convenio estatal y mantener así sus sueldos.

Impago de nóminas

El Ministerio de Defensa, por su parte, se mantiene ajeno a las condiciones laborales de los 500 trabajadores que vigilan sus instalaciones. “El convenio colectivo aplicable será el que así resulte legalmente”, responde por escrito un portavoz. El departamento que dirige María Dolores de Cospedal ha elevado consultas tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como a su propia asesoría jurídica sobre la posible inclusión de “criterios de carácter social” –como el cumplimiento del convenio estatal– a la hora de valorar las ofertas de las empresas que se presentan a sus concursos.

La CNMC le ha contestado que “la contratación pública no es el instrumento correcto para el cumplimiento de los objetivos sociales”, puesto que existen otros “más apropiados y menos distorsionadores de la competencia”, como las exenciones fiscales o las modificaciones regulatorias. Por el contrario, el organismo regulador asegura que utilizar la contratación pública para “alcanzar objetivos políticos secundarios” puede tener “efectos negativos sobre la eficiencia en el gasto y la competencia”.

Apoyándose en estos argumentos, Defensa dice que analizará “caso por caso” si incluye esos criterios sociales en sus licitaciones, pero siempre que no generen distorsiones en la competencia.

Tampoco afecta al ministerio que los vigilantes no hayan cobrado aún del anterior adjudicatario, Seguridad Integral Canaria, los finiquitos que les corresponden –unos 3.000 euros por trabajador– antes de ser subrogados, ni que su última nómina, del mes de abril, no se la hayan abonado hasta el pasado día 19. Lo mismo había ocurrido con la nómina del mes del marzo. “Los retrasos en el cobro de esta empresa son habituales en Canarias, hasta ahora no lo eran en la Península”, asegura Basilio Febles, quien recuerda que Seguridad Integral Canaria fue multada por la Inspección de Trabajo con 25.000 euros por no pagar en plazo a sus trabajadores en el archipiélago. En el resto de España se han sucedido las denuncias a la Inspección por el mismo motivo. Los trabajadores terminaron reclamando sus sueldos a las puertas de la delegación de la empresa en Las Rozas (Madrid) la semana pasada. Al tiempo, los vigilantes de Seguridad Integral Canaria en el Metro de Madrid llevaron a cabo cuatro días de huelga en protesta por el impago de sus salarios. Para el 6 de junio han convocado otros cuatro días de huelga por idéntico motivo.

Empresario investigado y condenado

Seguridad Integral Canaria es una de las enseñas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario donante del PP que fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras ser condenado a tres años de cárcel por un delito urbanístico. Además, es el empresario a quien investigó por fraude fiscal y a la Seguridad Social la exjueza Victoria Rosell, que se presentó a diputada en las listas de Podemos. Y quien grabó sus conversaciones con el juez que la sustituyó, Salvador Alba. Desde 2005 preside también la Unión Deportiva Las Palmas.

Ambos investigaban si Ramírez paga a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas. De esa forma, evita tributar a Hacienda y cotizar a la Seguridad Social. Las dietas no sólo están exentas de pago por ambos conceptos, sino que también son deducibles en el impuesto de sociedades. Así, el fraude puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo que a la Seguridad Social se refiere. USO eleva la cifra hasta los 40 millones.

Los sindicatos, enfrentados a Miguel Ángel Ramírez por las condiciones low cost en sus empresas, observan desde hace tiempo un posible trasvase de recursos desde Seguridad Integral Canaria hasta las que consideran sus marcas blancas: Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur. En total, cerca de 4.000 trabajadores. “Cada vez se presenta menos [a los concursos públicos] con Seguridad Integral y más con las otras dos empresas”, detallan. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece aún como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

También rebajas en el convenio estatal

Pese a los tropiezos legales de las tres empresas, cuyos convenios y descuelgues han sido anulados por la Justicia, su política laboral low cost ha terminado por contagiar al resto del sector. Los vigilantes ya han comenzado a protestar en la calle por las propuestas que las patronales Aproser y FES han presentado en la negociación del nuevo convenio estatal. Alegan que, mientras las empresas que cumplen ese convenio llevan años en pérdidas, las que no lo hacen ganan dinero. También aseguran que el 50% de los contratos de seguridad con las administraciones públicas los firman estas compañías pirataspiratas, que incumplen las normas laborales, fiscales o de Seguridad Social. Y como calculan que las empresas asumen “más del 90% de los costes laborales definidos por el convenio colectivo”, las patronales piden una “reforma profunda” del texto.

Así, quieren eliminar la antigüedad, reducir los pluses, elevar la jornada hasta los límites fijados en el Estatuto de los Trabajadores y limitar el pago de la Incapacidad Temporal. Tanto los sindicatos sentados a la mesa de negociación –UGT, CCOO, USO y CIG– como los minoritarios Sindicato Libre de Seguridad (SLS) y Alternativa Sindical consideran la propuesta “un insulto”: rechazan que, para competir con las empresas piratas, haya que aceptar las condiciones que éstas aplican a sus plantillas. “Las propuestas de Aproser y FES son inasumibles”, resume Basilio Febles.

Para hacerse una idea de las condiciones salariales que se están negociando, basta con recordar que el salario base de un vigilante, según el convenio estatal, asciende a 908,24 euros. En el convenio anulado de Marsegur es sólo de 726 euros, y de 660 euros en el de Sinergias de Vigilancia y Seguridad. El plus de nocturnidad en Marsegur es de sólo 10 céntimos la hora, 11 veces por debajo del fijado en el convenio estatal. En Sinergias baja a seis céntimos la hora, 18 veces menos que el convenio. Por trabajar en Nochebuena o Nochevieja Sinergias abona un plus de 12 euros, frente a los 65,94 euros del convenio sectorial.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra los integrantes del Equipo Económico, el despacho fundado por el ministro de Hacienda Critóbal Montoro, por la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las Cámaras de Comercio de Madrid, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

La querella se ha presentado en los juzgados ordinarios de instrucción de Madrid y está pendiente de turnarse al órgano que debe decidir sobre su admisión o no a trámite. Entre los querellados estaría un hermano del ministro, Ricardo Montoro, y el expresidente del Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel.

Según ha informado Abc, el contrato fue adjudicado a cambio de 216.000 euros. La Fiscalía sostiene que la Cámara, como organismo público, estaba obligada a sacar a concurso el contrato, aunque finalmente fue adjudicado directamente a una empresa integrada por exaltos cargos del Gobierno.

Montoro: "Allá quien esté a su cargo ahora"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha desvinculado de la querella presemtada contra el despacho y ha subrayado que abandonó esa consultora hace nueve años, en abril de 2008.

"Oiga, que lo fundé, pero allá quien esté a su cargo ahora", ha manifestado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, remachando: "Por mí, como si se refundan o se reinventan".

"Yo que quiere que le cuente de lo que está haciendo (el despacho)", ha insistido, para después volver a hacer hincapié en que salió hace nueve años del despacho y, por ello, desconoce sus actividades.

"No puedo tener ni idea de las actividades que hace", ha aseverado. Además, ha afirmado que "no tenía ni idea" de que ese contrato con la Cámara de Comercio de Madrid "existía", al mismo tiempo que ha destacado que "la materia que aborda no es ni de Hacienda ni de Administraciones Públicas".

En este sentido, el ministro ha cuestionado si es "negativo" fundar un despacho, destacando que, además, él abandonó la consultora cuando se fue a para hacer "política directa". "Entendí que siendo miembro del Congreso y para hacer oposición, no para estar en el Gobierno, no debía estar en un despacho de consultora", ha explicado.

A pesar de que entre los querellados estaría un hermano del ministro, Montoro ha manifestado que también fue "socio inicialmente". Y ha asegurado que "hace años" que no habla con ninguno de los socios fundadores del despacho y que con su hermano habla "en términos familiares".

El ministro ha apuntando que todos ellos "son gente muy competente" y, en cualquier caso, ha declarado que "tendrá que explicar quien se querelle y quien es querellado", desvinculándose por completo de la operación.

Los documentos oficiales sobre la Operación Blackstone, en la que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) vendió en 2013 al fondo buitre 1.860 viviendas sociales tras un oscuro proceso que ahora investigará el Tribunal de Cuentas, han hecho aflorar otro dato más para la sospecha sobre la actuación del equipo de Ana Botella.

Junto a esos 1.860 pisos y sus correspondientes garajes y trasteros, Blackstone recibió otras 62 plazas de aparcamiento, 25 locales comerciales y dos trasteros más, todos ellos calificados como "inmuebles no vinculados". Pues bien, no solo 11 de esas 62 plazas de parking fueron una especie de propina gratuita para Blackstone, como ya desveló infoLibre, sino que el fondo consiguió pagar solo tres millones de euros por los otros "inmuebles no vinculados" tras una negociación meteórica que oficialmente duró dos días laborables.

En total, y tal como recalca en su escrito el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, la venta a Blackstone habría ocasionado un quebranto económico de 2,3 millones a la EMVS: dos millones proceden de la rebaja que le hizo la empresa pública en el precio global de los pisos -que pasó de 127,5 millones a 125,5- so pretexto de una supuesta morosidad de los inquilinos superior a la prevista y jamás demostrada; y 0,3 millones en números redondos se explican por el regalo de los "inmuebles no vinculados" antes referidos y que la propia EMVS había valorado en 297.000 euros. Tanto los afectados por la venta de los pisos como la propia EMVS han pedido la reapertura de la causa penal archivada en 2015, antes de que tanto la Cámara de Cuentas regional como la comisión de investigación municipal creada por el equipo de Manuela Carmena destapasen un alud de irregularidades.

Tres documentos oficiales

Son tres los documentos oficiales que acreditan cómo transcurrieron exactamente dos días laborables entre la apertura y el cierre de la negociación para la venta de esos garajes, locales y dos trasteros.

El primero de esos tres documentos [pincha aquí para leerlo] es una carta de Magic Real Estate -la empresa que representó al fondo buitre durante el proceso de adjudicación- fechada el 12 de julio de 2013. En esa misiva, y una vez que se había asegurado la adjudicación de los 1.860 pisos protegidos, Magic propone a la EMVS "la adquisición del resto de inmuebles de las promociones no afectos a dicha protección".

Dirigida al entonces consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, la empresa municipal respondió a Magic el 19 de julio. Y ese es el segundo documento de la serie [pincha aquí para leerlo].

En su carta a Magic, Oslé escribió lo siguiente: "No existe inconveniente por nuestra parte en iniciar las negociaciones sobre dichos activos con el fin de formalizar su posible venta". Ese 19 de julio de 2013 fue viernes.

El miércoles siguiente, 24 de julio, el propio Oslé informó al consejo de administración de la EMVS de que Blackstone había presentado una oferta para adquirir por tres millones de euros "todos los locales comerciales y plazas de aparcamiento no vinculados a las viviendas, concretamente de 51 plazas de garaje, 25 locales y dos trasteros". Y añadió lo siguiente: "Considerándose su propuesta atractiva, tanto desde el punto de vista contable, como en la lógica de desinversión marcada en el Plan de Viabilidad, se llegó a un acuerdo en esos términos". Ese es el tercer y último documento oficial [pincha aquí para leerlo] que aborda el asunto de la negociación sobre la venta de "inmuebles no vinculados". Lo sorprendente es que ninguno de los tres -ni ninguno de los incorporados al expediente y analizados por la comisión municipal de investigación- constata que Blackstone hubiera ofrecido tres millones por esas propiedades. Y, como recuerdan la Cámara de Cuentas y el fiscal del Tribunal de Cuentas, tampoco hay el menor rastro documental que acredite por qué la EMVS accedió a rebajar de 127,5 a 125,5 millones el precio global de los 1.860 pisos en venta. 

Este tercer documento que representa el acta del consejo de administración de la EMVS acredita dos elementos clave: la rapidísima negociación que engrosó el zurrón de propiedades inmobiliarias destinadas a Blackstone y la disparidad entre las cifras facilitadas por Oslé al órgano rector sobre el número de "inmuebles no vinculados" por el que el fondo había ofrecido tres millones -78- y el que realmente se escrituró luego: 89. Es decir, 11 más. Y esas 11 propiedades eran garajes, que pasaron así de 51 unidades a 62. 

Garaje robotizado frente al Museo del Prado a 6.596 euros la plaza

Pero hay otro elemento que plantea interrogantes: el número de plazas de garaje -las 11 citadas- por las que Blackstone no pagó ni un solo euro adicional coincide exactamente con el de las situadas en pleno centro de Madrid e incluidas en el lote. Exactamente se localizan en el número 10 de la calle Lope de Vega, a muy escasa distancia del Museo del Prado y en una cotizadísima zona tanto por su valor histórico y turístico como por las dificultades que entraña aparcar allí a cualquier hora y en cualquier día del año.

El garaje de Lope de Vega 10 fue inaugurado en 2006 como el primer "estacionamiento robotizado" de la capital. No solo los coches se aparcan literalmente solos, lo que evita roces, golpes e invasión de otras plazas, sino que el acceso a su interior convierte en imposible el robo de vehículos. Cada una de las 11 plazas de ese revolucionario y céntrico garaje le salió a Blackstone por 6.596 euros. Así se desprende de las cifras incluidas por la Cámara de Cuentas de Madrid en su demoledor informe, que detalla el valor conjunto asignado por la EMVS a cada categoría de "inmuebles no vinculados" -locales, garajes y los dos trasteros- antes de que la venta fuese formalizada y luego en la escritura de enajenación.

Es esa desagregación de datos lo que permite efectuar un prorrateo y calcular a cuánto le salió a Blackstone cada una de esas sofisticadas plazas de garaje. La tasación inicial aportada por la EMVS a la Cámara de Cuentas todavía bajo el mandato de Ana Botella, y reflejada en un excel "sin fecha, sellos o elemento alguno de su finalidad", cuantificaba los 51 garajes en 408.988 euros.

Las escrituras de venta, explica el organismo fiscalizador, asignaron en cambio a las 62 plazas de aparcamiento finalmente traspasadas a Blackstone un valor total de 768.750 euros. Pero dado que el precio del conjunto -los 62 garajes, los 25 locales y los dos trasteros- no se vio incrementado ni un euro, la cifra válida a efectos de prorrateo siguen siendo los 408.988 euros del extraño excel. A diferencia de lo que plasma el acta del consejo de administración del 24 de julio de 2013, esa tabla de datos no incluía los dos trasteros. Y esa es la razón por la que la Cámara de Cuentas cuantificó en 76 los "inmuebles no vinculados" que originalmente debían ser transmitidos a Blackstone en lugar de en 78, aunque la diferencia final es nimia: el valor conjunto asignado por las escrituras a los dos trasteros ascendía a solo 7.416 euros.

¿Fueron las 11 plazas de garaje de la calle Lope de Vega las que incorporó la EMVS a última hora, de manera gratuita y sin motivo conocido a la lista de "inmuebles no vinculados"? Las fuentes consultadas en la EMVS aseguran no tener respuesta para esa pregunta. Ahora directivo de la empresa de construcción Grupo Velasco, el exconsejero delegado de la empresa pública, Fermín Oslé, no ha atendido a infoLibre, que el viernes explicó con detalle a su secretaria el porqué de la llamada.

El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha rechazado levantar el secreto que pesa sobre las investigaciones sobre la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados (en la que constan numerosos pagos en negro a favor de la formación) así como su presunta vinculación con la reforma de la sede nacional del partido y con la adjudicación presuntamente irregular de las obras del hospital de Son Espases, según ha informado Europa Press.

Así lo ha acordado el magistrado después de que el expresidente de OHL y exministro Juan Miguel Villar Mir solicitase que Castro remitiera un exhorto a la Audiencia Nacional para comprobar si las pesquisas originales sobre las anotaciones de Granados continuaban bajo sigilo judicial. El empresario reclamaba que Castro levantara el secreto si así lo había hecho la AN con sus propias diligencias, lo que no ha sucedido.

En la agenda figuran múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

En concreto, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la Púnica y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para aclarar una presunta financiación irregular del partido madrileño.

Las obras llevadas a cabo en la sede nacional del PP se encuentran en el punto de mira del instructor ante la posibilidad de que pudieran haber sido financiadas de forma irregular por parte de las empresas que concurrieron al concurso de Son Espases a cambio de resultar beneficiarias de la adjudicación. Unas obras que, sin embargo, acabaron en manos de Dragados, una de las filiales de Florentino Pérez.

Así, Castro ha rechazado el recurso de reforma que formuló Villar Mir contra la decisión del juez de no resolver su última petición de archivo, al estar pendiente en el mismo sentido que la Audiencia Provincial de Baleares decida al respecto. El abogado del empresario asevera que no existe riesgo de "pronunciamientos irreconciliables" o "contradictorios", por lo que "no hay motivo" que justifique la negativa de Castro.

De hecho, expresa su "frontal oposición" al criterio del magistrado ya que, "además de no encontrar la más mínima apoyatura legal, lesionaría de manera grave -caso de apreciarse- el derecho a la tutela judicial de mi representado".

Facturas por valor de 237.000 euros

En concreto, Castro continúa en el marco de esta causa buscando esclarecer si las obras llevadas a cabo en Génova fueron sufragadas de forma ilegal a partir de su vinculación con Son Espases. De hecho, el instructor ya solicitó al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.

El partido entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.

Mediante un escrito, el PP explicaba que el inmueble, situado en el número 13 de la calle Génova, fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio.

Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, citó a declarar como investigadas a diez personas, entre ellas el actual alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE)Francisco Cuenca (PSOE), dentro de una investigación abierta en 2013 sobre la adjudicación por parte de la Junta de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, "pudiendo de este modo haber usurpado de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tienen atribuidas estas labores", según informó Europa Press.

En un comunicado de prensa, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que el juez citó a declarar el próximo día 12 de diciembre al actual alcalde de Granada por sus actuaciones como delegado provincial en Granada de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en los años 2010 y 2011.

Las otras nueve personas investigadas, también altos cargos en su día de la Consejería de Economía en las ocho provincias andaluzas, fueron citadas a declarar durante los próximos meses de noviembre y diciembre.

De este modo, y para el mismo día 12 de diciembre, el juez citó también a Ana María Barbeito Carrasco, quien fue directora general de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía, y quien ya prestó declaración como investigada.

La causa se inició a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que solicitó al juez investigar unos hechos en los que se podrían haber incurrido en los posibles delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.

En esta investigación se está analizando las contrataciones a particulares que se hicieron desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para realizar trabajos, "atribuyendo funciones y potestades que solo pueden realizar funcionarios públicos", según indicó el TSJA en la nota.

Además, "se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa) alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia", explicó el Alto Tribunal Andaluz.

En estos hechos están asimismo investigados los que en ese momento ocupaban el cargo de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, así como los jefes de servicio de Huelva y Córdoba.

En el nuevo auto, el juez solicitó además que se lleven a cabo nuevas diligencias y archiva provisionalmente la investigación respecto a un contratista y a una funcionaria.

El instructor manifiesta en el referido auto que "la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de Actas e Informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas; documentos que cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo y que aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica 'Por la Administración (El Inspector)'".

Con ello, según consideró el juez, quedaría "materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser Inspectores oficiales de la Administración Autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporta en un informe incluido recientemente al sumario de la trama Púnica varios indicios que apuntan a que el diputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, pactó el cobro de una mordida de 60.000 euros por la adjudicación del contrato de Cofely en su municipio, según ha informado Europa Press. La investigación confirma así la confesión realizada en su día por el empresario y presunto cabecilla de la trama David Marjaliza ante el instructor del caso, Eloy Velasco.

El informe señala que Pedro García Pérez, director de mercado público en Cofely (empresa de eficiencia energética filial de la multinacional francesa GDF Suez), habría acordado el pago de 60.000 euros con González.

Concreta que desde Cofely se pudo utilizar la mercantil Construcciones y Reformas de la Peña S.L. "instrumentalmente, con el único fin de generar una factura falsa por importe de 60.000 euros para la ejecución de unas obras en instalaciones municipales de Alcalá de Henares".

Así se presume, según detalla el informe, del hecho de que la factura emitida por esta mercantil "refleje actuaciones inexistentes" y que no conste en el Ayuntamiento de Alcalá que la empresa de eficiencia energética haya subcontratado a la constructora.

Disculpas por el retraso de la "mordida"

Añade la Guardia Civil como indicio que el ejecutivo de Cofely "pidiera disculpas por el retraso en el pago de esa factura a David Marjaliza", tal y como han podido acreditar los investigadores. Ante el titular del Juzgado Central de Instructivo número 6, Marjaliza señaló que no recordaba si la mordida se acabó pagando o no, "pero el acuerdo estaba y estaba con Bartolo" (en alusión al alcalde).

El informe también recuerda que Marjaliza confesó al juez "que los pagos a políticos los hacía él, y que en los primeros meses del contrato público, cuando había que hacer obras recuperaba esos adelantos hinchando el precio de las facturas de Construcciones y Reformas de la Peña S.L".

Otro de los jefes de Cofely, José Antonio Hernández Pérez, habría elaborado el presupuesto de Construcciones y Reformas de la Peña para la realización de diversas obras en el municipio. El citado presupuesto ascendió a 60.000 euros y la factura fue remitida al Consistorio a pesar de que en la Dirección de área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Alcalá la empresa no figura en la relación de subcontratas utilizadas por Cofely.

El campo de golf de Chamberí, la polémica infraestructura deportiva parte del parque de Canal, en Madrid, vuelve a sufrir otro varapalo por parte de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado el recurso de la asociación Parque Sí Chamberí que pedía anular el plan especial que elaboró la Comunidad de Madrid en 2013 para legalizar el complejo, tras años fuera de la ley. La sentencia ordena restablecer la parcela, en la que se ubica un depósito del Canal de Isabel II, "a su estado físico anterior a la ejecución de las obras". Consulte aquí el dictamen de la sala. 

Los magistrados consideran, al hilo de anteriores pronunciamientos del mismo TSJM y del Tribunal Supremo, que las necesidades de zonas verdes y equipamientos deportivos del distrito madrileño no justifican que el proyecto se salte el plan urbanístico de la ciudad. No es de interés general, como la institución autonómica ha argumentado en varias ocasiones para legalizar la infraestructura. "Los intereses generales han quedado desplazados por el interés particular de la legalización, con claro desvío de poder", reza el dictamen de la sala de lo Contencioso-Administrativo.

Además de las irregularidades urbanísticas, las sospechas de nepotismo se han cernido sobre el proyecto desde que vio la luz en la capital española. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, votó a favor como presidente del Canal de Isabel II de la adjudicación de la explotación del campo de golf en 2007 a un consorcio formado por tres empresas. Una de ellas, Tecnoconcret, era propiedad de un socio tanto del hermano como del cuñado de González. La compañía no tenía experiencia en el sector.

Poco después, Tecnoconcret vendió sus acciones en el consorcio a 30.000 euros, cuando había puesto de capital inicial 3.600 euros, y Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado respectivamente del expresidente, se hicieron con la mayoría del capital de la empresa. Caballero, además, era uno de los "promotores de proyectos"promotores de proyectos de la empresa Only Golf Planning and Design, que fue subcontratada por ACS para diseñar y construir el campo de golf.

En materia urbanística, el camino tortuoso del campo de golf de Chamberí arranca en 2002, cuando el Canal de Isabel II y el ayuntamiento de la capital firman un convenio urbanístico para construir un parque de uso público en los terrenos del depósito. En 2006, la empresa de aguas solicita al consistorio un cambio en la licencia para construir el recinto para la práctica del golf y varias pistas de pádel, lo que la corporación municipal deniega. Un año después el Gobierno de Aguirre decide declarar la obra de interés general para saltarse el veto, una declaración anulada tanto por el TSJM en 2010 como por el Supremo en 2012.

En 2013 la comunidad vuelve a aprobar otro plan especial para legalizar el complejo, esta vez con el visto bueno del ayuntamiento. Y, de nuevo, en 2016 el TSJM lo anula, aunque aún cabe recurso. La protesta vecinal ha reivindicado durante todos estos años que el parque fuera simplemente un parque. Ese es el destino que propuso la Junta Municipal de Chamberí en diciembre del pasado año. La proposición salió adelante con los votos de Ciudadanos, PSOE-M y Ahora Madrid.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del conocido como caso Imelsa, afirma que la exconcejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, su asesor Pedro Aracil y su exmarido, el entonces gerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, y Marcos Benavent, que trabajaba en esa entidad antes de ser nombrado gerente de Imelsa, "se habrían enriquecido personalmente a través del cobro de comisiones ilegales de distintas empresas" a las que la Concejalía de Cultura adjudicó diversos contratos, informa Europa Press.

Así consta en un reciente auto del juzgado, al que ha tenido acceso la agencia, tras el levantamiento parcial del sumario que afecta a esta pieza separada, la E, sobre prevaricación y cohecho del caso Taula, que forma parte de la pieza principal de Imelsa. Además de los excargos públicos, figuran como investigados representantes de las empresas adjudicatarias de los contratos municipales.

El juez ha llegado a esta conclusión a raíz del contenido de las conversaciones grabadas entre 2005 y 2006 por Marcos Benavent, quien se califica a sí mismo como "yonqui del dinero", de sus declaraciones y de la documentación intervenida por la Guardia Civil.

De acuerdo con el magistrado, los indicios existentes se centran en el concurso público para contratar las obras de limpieza y mantenimiento de la fachada de La Lonja, adjudicadas en noviembre de 2003 a Estudios Métodos de la Restauración S.L. (EMR), por 1,027 millones de euros, con una ampliación posterior de 448.000, y en la que hay indicios de que Benavent recibió 9.000 euros de "comisión o mordida" que posteriormente entregó a Alcón.

Otro indicio es el contrato para la ejecución de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart de Valencia, adjudicadas a la UTE Cleop y Contratas y Obras Empresa Constructora S.A. por 1,4 millones de euros. Según el juez hay indicios de que uno de los representantes de Cleop entregó 20.000 euros a Benavent, que repartió con Alcón, y con el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

De igual modo, el juez considera que EMR, adjudicataria de las obras de conservación y restauración de los Puentes de Serrano y de la Trinidad por 2,3 millones de euros, que se ampliaron posteriormente en 320.000, pudo pagar una cantidad no determinada de dinero por conseguir esta actuación.

Y por último el juez apunta a dos contratos más: La Rambleta y la Mostra. En relación con La Rambleta, señala que de las investigaciones policiales se desprenden indicios de que Alcón y Benavent intentaron obtener del concesionario Boulevar Arte y Cultura S.A., participada por tres empresas como UTE, una comisión ilegal, para lo que mantuvieron conversaciones a cerca de la modalidad de pago mediante canon anual por explotación, "lo que podría implicar el cobro periódico de comisiones ilegales", recoge el juez.

En las conversaciones, Marcos Benavent se refiere a José Adolfo Vedri, vinculado a una de las empresas de la UTE, como una de las personas conocidas "a las que se les puede exigir algo". Sin embargo, Benavent manifestó no haber recibido ninguna cantidad de dinero con ocasión de esta adjudicación.

Además, el juez resalta que en esas conversaciones, tanto Alcón como Benavent "hablan de su estrategia para poder presionar a uno y a otro de los licitadores" y la exedil "revela por sus palabras ascendencia y capacidad de presión sobre los técnicos".

Por último, en relación con la XXVII Mostra de Valencia del año 2006, el juez añade que la investigación de la UCO permite concretar cuatro contratas como objeto de investigación: el servicio de azafatas, chóferes y personal auxiliar, adjudicado a Universo Selección por 46.000 euros; los servicios de publicidad, que recayeron en Begamir, por 168.200 euros; los servicios de imprenta, a Comunicación Gráfica Siglo XXI, por 21.182 euros; y los servicios de preproducción y las galas de inauguración y clausura y actos paralelos, que correspondió a Tres Servicios de Marketing y Publicidad, por 164.000 euros.

Si existe un color más negro que el negro es con el que se pinta la pasada semana del Partido Popular valenciano. El martes una macro redada anticorrupción dejó 33 registros simultáneos, 24 detenidos y fianzas por responsabilidad civil entre 15.000 euros y dos millones. Un ciclón de 9 juzgados de instrucción al unísono que llevó al calabozo durante 60 horas a la cúpula de la Diputación de Valencia, con su expresidente Alfonso Rus a la cabeza, y destacados miembros del PP local de Rita Barberá y el Consell que dirigió Francisco Camps. Un lienzo de financiación irregular del partido y blanqueo de capitales como lúgubre paisaje de fondo. Un circuito de tuberías a modo de vasos comunicantes en un PP que gobernó sin fisuras ni finuras los años fértiles del asfalto y hormigón.

Las evidencias más sólidas llegaban el jueves con el desfile por los cuarteles de la Guardia Civil de 50 cargos del PP en el Ayuntamiento entre concejales, exconcejales y asesores. Todos imputados (ahora investigados), sospechosos de haber ingresado 1.000 euros cada uno como donación a las cuentas del partido durante la última campaña de las locales. Un dinero que, al poco, habrían recuperado con dos billetes de 500 euros en mano. “Una organización criminal”, según las primeros escritos judiciales, que se volatilizó la tarde del jueves cuando desde Génova disolvieron la agrupación local y anunciaron una Gestora que se creará a lo largo de esta semana.

Son los primeros y contundentes pasos judiciales de una causa bautizada como Taula (mesa en valenciano) y bajo secreto de sumario. El grueso de las instituciones valencianas en la época del PP estarían implicadas en el objetivo común de adjudicar contratos de obra a cambio de comisiones entre el 3 y el 10%. Una parte habría ido a las cuentas del partido y otra a los intermediarios. Los siguientes perfiles recogen, por ahora, los principales protagonistas.

Rosa Pérez Garijo. La diputada d'Esquerra Unida que destapó la trama

Cuando Rosa Pérez Garijo llegó a la diputación en 2011 comenzó a revisar expedientes. Todos ellos, según reconoció a InfoLibre, tenían un denominador común: “No había uno solo que no contara con alguna irregularidad”. Eso se traducía en sobrecostes, modificaciones fuera de la ley, falta de cobro de sanciones (“32 millones en siete años”) e incluso adjudicaciones sin contrato. Un reguero de opacidades que se remonta a 2003 y que la oposición no quiso fiscalizar. “Había técnicos que me decían que acudieron con pruebas y documentos a la oposición y estos no movieron un dedo”, denuncia Pérez Garijo sin dar nombres de personas ni siglas. “A la Diputación, me decían, se viene a sacar dinero para tus ayuntamientos y no a meterse en líos”, denuncia la diputada.

Pero ella se dedicó a atizar la madeja, que resultó ser un avispero. Y se quedó sola en mitad de los plenos broncos en los que Rus llegó a amenazar con echarla “de una patada”. También recibió insultos y gritos en los pasillos y hasta un intento de registro a su despacho. Paralelamente iba recabando información de llamadas, algunas anónimas, y filtraciones. Hasta que en mayo recibió 10 horas de grabaciones: “La pieza que daba coherencia al puzle”. Aunque las conversaciones eran de 2005 y 2006, un año antes de la llegada de Alfonso Rus a la Diputación, se constataba la preparación del salto a la corporación provincial “porque estaba fuera del foco, lejos de las cámaras, un terreno donde era fácil hacer sin ser visto”. Y en aquellas grabaciones también quedaban patentes las mordidas de partidas del Ayuntamiento gobernado por Rita Barberá.

Pérez Garijo denunció los hechos el 31 de julio de 2014 a la Fiscalía Anticorrupción. Y la investigación siguió su curso hasta que el caso estalló en marzo de 2015 y se llevó por delante a Alfonso Rus, suspendido de militancia. Diez meses después, las diligencias, tras el palazo de la semana pasada, siguen excavando un pozo turbio hacia las entrañas del PP que parece no tener fin.

Marcos Benavent. El “yonqui del dinero” que superó el síndrome de abstinencia

Vive retirado en el secano cerca de Xàtiva y se dedica a la agricultura ecológica y la meditación. No quiere saber nada de un caso en el que ha sido mecha, cerilla y elevada porción de dinamita. En 1995 fue concejal de Juventud en la Xàtiva de Alfonso Rus, quien lo ascendió a Fiestas. De allí saltó a la consejería de Cultura y a la Fundación Jaume II el Just, dirigida por Vicente Burgos, uno de los detenidos, entonces marido de María José Alcón, la también arrestada exconcejal del Ayuntamiento de Valencia. Pero Benavent regresó en 2007 al círculo cercano de Rus, quien le nombró gerente de Imelsa (la empresa pública mejor dotada de la Diputación) y recadero de confianza, según la investigación, para el pago y cobro de comisiones. Todo a través de dos empresas pantallas sin plantilla: Berceo Mantenimientos y Spartaki Sinergies, que facturaban a terceros por trabajos no realizados.

Benavent, “un verso suelto dentro del PP”, según Pérez Garijo, vivía como un “yonqui del dinero”, tal y como el mismo reconoció, y con el susto en los huesos. Por eso grababa todos sus encuentros con un dispositivo incrustado en su reloj e instaló inhibidores de frecuencia en su despacho. Medidas insuficientes para evitar que su exsuegro, Mariano López (detenido y con una fianza de 500.000 euros), histórico jefe de la patronal de Xàtiva, le robara parte de ese material y, supuestamente, lo hiciera llegar a Pérez Garijo. Una forma de extorsión después que Benavent se divorciara de su hija y, sobre todo, bloqueara desde Imelsa los 35.000 euros mensuales que López percibía como gestor del jugosísimo call center tributario de la Diputación.

En diciembre de 2014, Benavent desapareció con al menos dos discos duros de Imelsa. Se sabe que estuvo en Ecuador, Japón y Holanda y que regresó tras el estallido del caso para colaborar con la justicia. “Va a salir mierda a punta pala”, anunció a las puertas de los juzgados el pasado 26 de mayo, convertido en una especie de yogui hipster de barbas blancas, ropas anchas y aparatosa gestualidad budista.

Alfonso Rus. El contador de billetes de 1.000 euros

Aquella grabación contando dinero, hasta “dos millones de pelas”, fue su epitafio. Salió a la luz pública en vísperas de las elecciones autonómicas y dejó al PP amputado en su credibilidad. Hasta entonces Rus jugaba a disputarle el control del Partido a Alberto Fabra. La lucha por el carisma la tenía ganada. Y contaba con el apoyo de Rita Barberá y con la simpatía de Mariano Rajoy. Para Rus, la Diputación, única institución solvente en tiempos de crisis, era su mejor cartel. Tras ella había dinero contante y sonante para adjudicar a afines y inyectar vida al partido. De ahí su buena consideración interna.

Rus fue el último en abandonar los calabozos la semana pasada. El fiscal solicitó su ingreso en prisión, pero el juez no percibió ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Finalmente se le impuso una fianza de dos millones por responsabilidad civil. Un millón más que a Emili Llopis, su jefe de gabinete, y Juan José Medina, exvicepresidente encargado de Cooperación, que en lenguaje del PP valenciano se refería a la transfusión de dinero a los ayuntamientos. Y es ahí donde está el alma del supuesto desfalco. Desde la diputación se presupuestaban partidas multimillonarias para implantar césped artificial o bombillas leds (bajo consumo). Unas operaciones que no se licitaban (por lo que no existía publicidad ni libre concurrencia), sino que se imponían a los consistorios a través de una central de compras donde operaban empresarios concretos. En 2008 se adjudicaron 32 millones para el césped a Hermanos Doménech y Benigrass, sin recorrido en el sector y en manos de Vicente Cuquerella, dueño del 37,2% del edificio donde está la sede del PP valenciano. Y en 2012, por el asunto de las leds, fueron 38 millones a Inelcom, de Vicente Quilis, íntimo de Rus.

La investigación judicial llevada a cabo por la Fiscalía y agentes de la UCO de la Guardia Civil creen que buen parte de las mordidas salía de contrataciones de este tipo.

David Serra. La conexión con el Consell de Camps

Fue uno de los secundarios con más poder en la época del PP de Francisco Camps. Diputado autonómico desde 1999, Serra dimitió en septiembre de 2014 tras ser procesado en la ramas de la Gürtel que investigan la presunta financiación ilegal del PP valenciano también asociada a un supuesto caso de delito electoral. Se le le investiga fundamentalmente por su etapa como secretario autonómico de Deportes cuando, en el marco del Open de Tenis de 2007, y según el juez, troceó contratos para evitar el concurso público y asignarlos a dedo a Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta. Durante la operación Taula, Serra fue arrestado y salió en libertad con cargos y con una fianza de 15.000 euros.

En el ámbito del Consell también destaca otro arrestado con pedigrí, Máximo Caturla, uno de los vicepresidente de Rus en la Diputación y gerente de Ciegsa, la empresa dependiente de la consejería de Cultura y dedicada a la construcción de escuelas. Caturla fue su gerente entre 2004 y 2006 y dejó una huella de 91 millones en sobrecostes, a los que habría que sumar 909 hasta llegar a la profundidad completa del agujero que midió hace unos días la última auditoría de la Intervención General. El magistrado de Instrucción 18, al frente de la diligencias por la Operación Taula, dejó a Caturla en libertad con cargos y con una fianza de 2 millones.

María José Alcón y Mari Carmen García Fuster. El camino recto hacia Rita Barberá

María José Alcón, exconcejal de Cutlura en el Ayuntamiento de Valencia aparece en las grabaciones de la trama, fue una de las arrestadas la semana pasada y quedó en libertad con cargos tras 150.000 euros de fianza. En las conversaciones se le escucha negociar con Benavent presuntas comisiones de hasta 9.000 euros en adjudicaciones a obras por valor de 1,5 millones. Según la investigación, las mordidas más voraces se efectuaron en obras de referencia para la ciudad como la rehabilitación de las Torres de Quart, la peatonalización del puente de los Serranos o la edificación del centro cultural La Rambleta. Y también se habría aplicado la mandíbula en eventos como la Mostra de Valencia de 2005 y 2006, en la que uno de los contratistas fue Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la exalcadesa.

De hecho, Barberá, no tuvo más remedio que prescindir de Alcón como asesora en abril de 2015, tras la publicación de estas conversaciones comprometedoras en las que, además, se hablaba de “La Jefa”, apelativo con el que, teóricamente, se referían a la propia Barberá. De hecho, el grupo municipal era territorio abonado para los motes. “La Lavadora” es como se conoce a Mari Carmen García Fuster, secretaria de Barberá desde 1991 y dueña de las cuentas del partido hasta su detención el pasado martes. Un hilo contable que acabó por dejar al desnudo la totalidad del grupo y con 50 imputados señalando a una posible 51: Rita Barberá, aforada como senadora territorial hasta el momento.