Las grandes empresas del Íbex 35 salieron de la crisis del coronavirus ganando 51.993,73 millones de euros en 2021. Sólo seis repitieron pérdidas, de las 10 que terminaron 2020 en números rojos. Y redujeron sus plantillas, aunque sólo un 0,9% respecto al año anterior: emplean a 1,24 millones de trabajadores en todo el mundo. Pero con los salarios no fueron generosos, o al menos no con los de sus plantillas, porque el sueldo medio en esas 35 compañías sólo subió un 2%, en un año que cerró con el 6,5% de inflación. Por tanto, los trabajadores de estas empresas perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo. Muy distinta suerte corrieron las retribuciones de los altos directivos, que mejoraron en 2021 un 16,1%, multiplicando por ocho el alza concedida a los empleados. Las de los miembros del consejo de administración crecieron sólo un poco menos, un 11,9%, el doble que el IPC.

Los datos proceden del Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del Íbex 35 que elabora desde 2016 el sindicato Comisiones Obreras. El resultado de esa disparidad de comportamiento entre los salarios de los trabajadores y de las cúpulas directivas de las mayores compañías españolas es que la retribución media de un consejero es 14,5 veces la de un empleado y la de un directivo la multiplica por 19,4. Con los primeros ejecutivos –presidentes y consejeros delegados– la brecha se disparó en 2021: su salario multiplica por 89,6 el de un trabajador. Ese año, la distancia aumentó en 12,4 puntos por efecto de la enorme remuneración extraordinaria que percibió al jubilarse Jaume Guardiola en el Banco Sabadell, 24,3 millones de euros. Sin ella, las retribuciones de los primeros ejecutivos del Íbex 35 habrían subido sólo un 2%, lo mismo que las de sus empleados.

En cualquier caso, el peso de los sueldos y otras remuneraciones de los primeros ejecutivos es tal que suponen casi la mitad de las retribuciones percibidas por los consejos de administración, según destaca el informe. “Está claro que hay un comportamiento desalineado entre los salarios de las plantillas y los de quiénes deciden esos salarios”, criticó el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en la presentación del documento, “que resulta aún más sangrante en un año en que los trabajadores perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo por la inflación”. Bravo mencionó la “creciente contestación” en las juntas generales de accionistas a las elevadas remuneraciones de ejecutivos y consejeros.

En el año de la recuperación las empresas del Íbex 35 también fueron mucho más generosas con sus accionistas que con sus trabajadores. Repartieron como dividendo 19.847,45 millones de euros, el 38% de sus beneficios. La cifra supera en un 26,1% la de 2020. De hecho, hubo dos empresas que, aun con pérdidas, distribuyeron dividendos: la compañía de telecomunicaciones Cellnex –56 millones– y la farmacéutica Almirall –54 millones–. Además, la cantidad pagada a sus accionistas por Enagás y Endesa superó la cifra de los beneficios obtenidos –110% y 104%, respectivamente–. Por el contrario, Amadeus, Solaria y Grifols, que cerraron con ganancias, no repartieron dividendos. Las que más dinero destinaron a remunerar a sus accionistas fueron Inditex, con 2.894,5 millones de euros; Iberdrola, con 2.821,1 millones, y BBVA, con 2.027,4 millones.

De los 1,24 millones de trabajadores que los gigantes del Íbex 35 emplean en todo el mundo, el 63,2% se encuentra fuera de España. Con enormes diferencias: en Cíe Automotive la plantilla en el extranjero alcanza el 90,6% y el 86,7% en Banco Santander, mientras que en la farmacéutica Rovi y en Endesa, sin embargo, es sólo el 2,4%, mientras que en Enagás no llega ni al 1,3%. En Ferrovial, que la semana pasada anunció el traslado de su sede social a Países Bajos aduciendo, entre otros motivos, su internacionalización, de sus 63.070 trabajadores, el 51,3% se encuentra fuera de España. Las empresas con mayores plantillas son Banco Santander, que emplea a 197.000 personas en todo el mundo; Inditex, con una nómina de 165.000; BBVA, con 110.000, y Telefónica, con 103.000. Pero en 2021 sólo Inditex, que contrató a 20.000 personas, Caixabank –14.000 nuevos empleados procedentes de Bankia–, Banco Santander –5.000 más– y Acciona –3.000 más– crecieron en personal. Ferrovial, por el contrario, lo redujo en 17.000 trabajadores, ACS en 15.000, BBVA en 12.000 y Telefónica en 8.000.

En las grandes empresas, el empleo temporal está por debajo de la media española. Las 35 del Íbex tienen una tasa de sólo el 9,6%, mientras que la nacional era en 2021 del 25,4%. Aun así, en ACS, Acciona y Meliá superaban ese porcentaje. En cambio, sólo el 0,2% del empleo es temporal en Caixabank o el 0,3% en Bankinter. Mientras los contratos de este tipo se redujeron ese año –muy poco, un 0,9%– aumentaron los de tiempo parcial, casi cuatro puntos porcentuales, hasta el 16,5%. Donde más contratos por horas firman sus trabajadores es en Inditex, con un 55,8%, seguida de ACS, con un 40,7%. Es más, el grupo de Amancio Ortega duplicó en 2021 el número de trabajadores a tiempo parcial, mientras que ACS lo aumentó en un 44%.

De esos 1,24 millones de trabajadores, el 48,5% son mujeres. Pero aquí también hay enormes diferencias. La empresa con más mujeres es Inditex, con un 75,7% de empleo femenino, y la que contrata menos es Arcelor Mittal, con sólo un 6,3%.

En las cúpulas directivas, el panorama cambia. Sólo nueve empresas tienen al menos un 40% de mujeres en su consejo de administración: Red Eléctrica –la que más, el 50%–, Bankinter, Cellnex, Iberdrola y Amadeus. Pero en los de Solaria, Fluidra y Rovi sólo hay una mujer sentada en el consejo. Aun así, han aumentado las compañías que cumplen con el porcentaje recomendado por la CNMV, porque en 2020 eran sólo cinco. Los consejeros del Íbex 35 son 421 personas. El personal de alta dirección, 409 ejecutivos. Pero entre ellos el número de mujeres es muy inferior, el 22%, aun así 3,6 puntos porcentuales por encima de la cuota de 2020. La empresa con más altos directivos es Acciona, con un equipo de 45 personas, por sólo cinco con esa consideración en Telefónica, los mismos que en una compañía mucho más pequeño como Solaria. Por géneros, el 60% de los altos ejecutivos de la pública AENA son mujeres, pero sólo el 10% en Almirall y el 8% –una mujer– en Ferrovial. En Acerinox, Naturgy y Solaria no hay ni una sola mujer al mando. En Amadeus, Cellnex, Fluidra, Meliá, Merlín Properties, Siemens y Telefónica, sólo una.

Trasladada a los salarios, la brecha de género bruta en el Íbex 35 es del 11,3% de media, pero la superan ampliamente el Santander, con un 32,3%, IAG –26%–, Fluidra –24%– y Telefónica –21,8%–. Las que menor diferencia muestran son Meliá, con sólo un 1,1%, y AENA, con un 1,7%. Incluso en tres empresas, Siemens Gamesa, Arcelor Mittal e Iberdrola las mujeres cobran más que los hombres.

El salario medio de un empleado en uno de los grandes del Íbex 35 asciende a 54.871 euros anuales, muy por encima del sueldo medio español, que se situaba en 21.519 euros en 2021, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Sin embargo, también dentro del selectivo las diferencias son enormes. El sueldo medio más bajo de todos corresponde a Meliá, con sólo 16.000 euros al año, seguido de Cíe Automotive, con 17.000 euros, e Inditex, con 23.000 euros. Por arriba, las cifras son expresivas: un primer ejecutivo del Íbex cobró de media 4,9 millones de euros en 2021, un consejero, 796.399 euros y un alto directivo, 1,06 millones al año.

De vuelta a estas tres empresas concretas, la distancia con el primer ejecutivo se convierte en astronómica: el consejero delegado de Cíe Automotive percibió en 2021 una retribución de 5,9 millones de euros en beneficio bruto de las acciones, mientras que el de Inditex cobró 12,4 millones. Es decir, en el fabricante de componentes para coches el sueldo de su principal ejecutivo es 560 veces el salario medio de sus empleados, y en Inditex lo multiplica por 541.

La pandemia está causando estragos en las cuentas de las empresas. La profundidad de la herida varía dependiendo del sector pero, desde la banca y la industria hasta las empresas de transporte y el turismo, los resultados corporativos están acusando el impacto con cifras que disparan todas las alarmas. Aun así, casi la mitad del ÍBEX 35 repartirá dividendos este año. Pese a la caída de beneficios e incluso las pérdidas que algunas de las grandes compañías han registrado este primer trimestre y las negras previsiones económicas para este año y el próximo. Otras los han recortado, pero no eliminado, y algunas más han pospuesto su decisión al verano o el pago de la remuneración al accionista al otoño.

Además, los anuncios de reparto del dividendo se están sucediendo al mismo tiempo que los mandatos institucionales a las empresas para que reserven sus beneficios y refuercen su calidad financiera o los reinviertan.

Así, el Banco Central Europeo (BCE) ha exigido a las entidades financieras que no abonen dividendos sobre los ejercicios de 2019 y 2020 hasta al menos el 1 de octubre de este año. Tampoco deberían recomprar acciones. En el mismo sentido se han pronunciado la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés) y en España la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones respecto a las aseguradoras. Según el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, la banca europea ya ha suspendido el pago de más de 27.000 millones de euros en dividendos, el 75% de la cantidad que las entidades financieras tenían previsto repartir antes de que llegara el coronavirus.

Además, las millonarias ayudas públicas con que las diferentes administraciones van a ayudar a las empresas coinciden en incluir entre sus requisitos de concesión que las beneficiarias se abstengan de remunerar a sus accionistas. La Comisión Europea permite ya a los gobiernos entrar en el capital de las compañías perjudicadas por el coronavirus, pero a cambio éstas tienen prohibido repartir dividendos –o recomprar acciones y pagar bonus a sus directivos– hasta que el Estado haya salido de sus consejos de administración.

Son las mismas exigencias establecidas por el Ministerio de Economía para conceder los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas españolas impactadas por el covid-19: deben utilizar la financiación obtenida para afrontar sus necesidades de liquidez; es decir, para pagar nóminas, impuestos y facturas o devolver créditos. Y otro tanto se requiere a las empresas a las que se exime de pagar cotizaciones a la Seguridad Social tras aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Con pérdidas

Entre las grandes compañías que han repartido dividendos pese a sufrir pérdidas se encuentran Ferrovial y Siemens Gamesa. La constructora de Rafael del Pino terminó el primer trimestre con unos números rojos de 111 millones de euros, un 13,2% más de lo que perdió en el mismo periodo del año anterior. La empresa anotó una provisión de 39 millones que ya figuraba en el plan estratégico presentado en febrero, antes del covid-19, pero que ahora aparece incluida en las medidas de “reducción de costes, reestructuración y revisión de las inversiones” que está tomando para “adaptarse” a la pandemia.

Pero las pérdidas no han sido obstáculo para que Ferrovial abone el primer pago de los dos en que tradicionalmente reparte de su dividendo anual. Eso sí, el abono, por importe de 234 millones de euros, será en acciones, lo que se conoce como scrip dividend.

Siemens Gamesa cifra en 56 millones de euros el impacto del coronavirus en sus cuentas del último trimestre, que le han conducido a unas pérdidas de 165 millones de euros, frente al beneficio de 49 millones de euros en el mismo periodo de 2019. De forma que ha retirado sus previsiones financieras para este ejercicio. Pero, como dice tener un balance y una posición de liquidez “sólidos”, 2.000 millones de euros, pagará el dividendo correspondiente a 2019, un total de 34 millones de euros, el doble de lo que desembolsó el año anterior.

La constructora Sacyr, fuera del ÍBEX desde 2016, repartirá dividendos con cargo a los resultados de 2019, pese a haber perdido 297 millones de euros en 2019 y pese a la crisis sanitaria: 0,110 euros por acción, pero no en efectivo, sino en papel.

Desplome de resultados

Telefónica, por el contrario, sí que ha tenido beneficios en el primer trimestre, 406 millones de euros, aunque la cifra supone un 56,2% menos que los registrados un año antes. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha suspendido sus objetivos financieros para este ejercicio por culpa de la pandemia. Pero, apoyada por su “confianza en la flexibilidad de su modelo de negocio”, junto con su “sólida posición de liquidez y la esperada resistencia del comportamiento” de su actividad, abonará un dividendo de 0,4 euros por acción. No en efectivo, sino mediante acciones.

Además, el covid-19 llega justo en el momento más bajo de Telefónica en Bolsa desde hace años. Su acción ha llegado a estar por debajo de cuatro euros. Sólo la fusión con Liberty Global en Reino Unido la ha animado en los últimos días. Pese a ello, su capitalización en Bolsa, que alcanzó en sus mejores tiempos los 100.000 millones de euros, no supera ahora los 20.000 millones.

Logista, que aunque no está en el ÍBEX le ronda cada año, ha recortado su beneficio casi un 12% –65,9 millones– y culpa al covid-19. Lo que no le impide mantener su política de remuneración al accionista: distribuir al menos el 90% del beneficio neto consolidado y repartir un dividendo complementario de 0,81 euros.

Acciona ha ganado 78 millones de euros hasta marzo, un 6,9% más que en 2019, pero prevé que su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se reducirá este año un 15% por culpa de la pandemia. Así que ha decidido recortar a la mitad su dividendo: repartirá 105,6 millones de euros en lugar de los 211 previstos en principio. Además, ha presentado ERTE en al menos dos de sus filiales: Acciona Facility Services y EROM.

Decisión aplazada

Acerinox también han sufrido una caída de beneficios, en su caso del 14%, en los tres primeros meses del año. Ha ganado 28 millones de euros. Iba a pagar un dividendo de 0,4 euros por acción, pero ha desconvocado su junta general de accionistas, que estaba prevista para el pasado 22 de abril, y no la convocará hasta que “se den las circunstancias de estabilidad, certidumbre y visibilidad de los mercados que las decisiones importantes exigen”.

Otro tanto han decidido Aena, Inditex, Indra y Grifols. El operador aeroportuario se le han desplomado los resultados –23,1 millones– un 83,1% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2019. Por lo que ha aplazado su junta general de accionistas, inicialmente prevista para los días 31 de marzo y 1 de abril, y por tanto también el reparto de su remuneración al accionista. Además, ha dejado en suspenso las previsiones de tráfico y negocio que publicó el pasado febrero, debido a la paralización del transporte aéreo.

Inditex ha retrasado la decisión sobre los dividendos hasta el consejo de administración previo a la junta general de accionistas que celebrará en julio, y provisionará 287 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. “No se dan en el momento presente las condiciones necesarias para tomar la decisión adecuada sobre el reparto del dividendo”, ha explicado la multinacional de Amancio Ortega, cuyas ventas cayeron un 24% sólo entre 1 y el 16 de marzo pasados.

Los números de la semipública Indra son aún peores: su beneficio se ha hundió un 65,6% hasta marzo, y gana 6,3 millones de euros. También ha suspendido todos sus objetivos para 2020 y pospone la decisión sobre el abono de dividendos.

Los perjudicados del turismo

Al igual que AENA o Inditex, otro de los mayores perjudicados por la pandemia es IAG, el hólding de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, que ha retrasado hasta septiembre su junta general de accionistas y no pagará el dividendo complementario de 0,17 euros por acción. Además, IAG ha presentado un ERTE para 13.900 empleados de Iberia, 4.000 de Vueling y 32.000 en British Airways. El grupo perdió nada menos que 1.683 millones de euros en el primer trimestre, mientras que había ganado 70 millones un año antes en ese mismo periodo.

La crisis del covid-19 también ha transformado los 11,5 millones de euros de beneficio obtenidos por Meliá Hotels International en los tres primeros meses de 2019 en unas pérdidas de 79,7 millones este año. De sus 326 hoteles, según informó a la CNMV, sólo mantiene abiertos 43. Aún no ha decidido qué hará con los dividendos. La junta general de accionistas no se celebrará hasta junio.

Amadeus es una víctima más del desplome del turismo. Tras disminuir su beneficio un 12,6% ya en 2019, no repartirá un dividendo complementario este año por importe de 320 millones de euros, al tiempo que prepara un plan de recortes por otros 300 millones sólo para hacer frente a las “duras condiciones de mercado” que le amenazan por culpa del coronavirus. Además, reducirá su programa de recompra de acciones, que es otra forma de remunerar al accionista.

El negocio inmobiliario tampoco escapa del contagio. Merlin Properties ha preferido “dejar en suspenso” el pago del dividendo complementario, 0,32 euros por acción. Decidirá si lo abona o no “una vez se evalúen las consecuencias que tenga para el negocio la situación creada por la pandemia”, sin descartar su cancelación. La socimi, que cuenta con una de las plantillas mejor pagadas el ÍBEX, también ha recortado un 25% la retribución de sus consejeros.

Atresmedia y Mediaset, dos de las compañías más generosas con sus accionistas, han tomado diferentes direcciones tras toparse con el covid-19, pese a que las dos sufren la misma caída de los ingresos de publicidad. Las ganancias de la primera –21,7 millones– han caído un 24,4% hasta marzo comparadas con el año pasado, mientras que las de la segunda –48,9 millones– se han reducido un 8%. Pero mientras la matriz de Antena 3 pagará en julio 0,25 euros por acción, tras retrasar su junta general de accionistas, Mediaset no pagará nada y destinará a reservas los 168,9 millones de euros que tuvo de beneficios en 2019.

Casi toda la banca anula o aplaza

Mención aparte merecen los bancos. Especialmente castigados los últimos años en la Bolsa, se encuentran ahora también en el ojo del huracán con la crisis. Y obligados por el BCE a no repartir dividendos hasta octubre, que incluso les ha amenazado con tomar “medidas coercitivas” si desobedecen.

Banco Santander, Banco Sabadell y BBVA han cancelado la retribución a sus accionistas. La entidad que preside Ana Patricia Botín ha anulado el dividendo complementario de 2019 , cuyo reparto estaba previsto para mayo, y dejado en suspenso el dividendo de este año. La junta general de accionistas no se celebrará hasta octubre. En el primer trimestre el beneficio de Banco Santander se desplomó un 82%, hasta los 331 millones de euros, tras provisionar el impacto del coronavirus con 1.600 millones de euros.

Las ganancias del Banco Sabadell se también se hundieron en el comienzo de 2020, un 63,7%, hasta quedarse en 94 millones de euros. En su caso la provisión por la pandemia alcanzó los 213 millones de euros. Así que ha anulado el dividendo de 0,04 euros por acción con cargo a 2019 inicialmente aprobado por su junta general de accionistas.

Las pérdidas de BBVA se cifran en 1.792 millones de euros, tras anticipar saneamientos por la crisis del covid-19 por importe de 1.433 millones de euros. Tampoco abonará dividendos con cargo al ejercicio en curso al menos hasta que desaparezcan las incertidumbres generadas por la pandemia, ha asegurado la entidad.

No obstante, otras entidades han sido menos drásticas. CaixaBank ha recortado también sus beneficios con cifras alarmantes, un 83,2%. La entidad que preside Jordi Gual ganó 90 millones hasta marzo después de hacer una dotación extraordinaria de 400 millones de euros por el coronavirus. Ha reducido el dividendo de 2019, pero no ha renunciado del todo al correspondiente a 2020: lo ha recortado del 50% al 30% del beneficio neto.

El descalabro en el resultado del semipúblico Bankia ha sido un poco menor pero aun así considerable, del 54%. Ha ganado 94 millones de euros por culpa de unas provisiones de 125 millones por el covid-19. Pero mantiene el abono del dividendo complementario de 2019, 355,32 millones. Sí que ha renunciado al dividendo extraordinario comprometido para 2020.

Bankinter ha pospuesto hasta octubre cualquier decisión sobre el reparto de beneficios entre sus accionistas. El banco de María Dolores Dancausa recortó sus ganancias un 10% en el primer trimestre, hasta los 130,3 millones de euros, tras notar una provisión de 107,3 millones por la crisis. Lo mismo han hecho con sus dividendos Abanca e ING.

Por el contrario, Mapfre abonará 447 millones de euros a sus accionistas en concepto de dividendo complementario con cargo a 2019. Desoye así las recomendaciones tanto de la Autoridad Europea de Seguros como de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda. Los beneficios de la aseguradora ascendieron a 609 millones de euros el año pasado, un 15,2% más que en 2018.

Otra aseguradora, Grupo Catalana Occidente, ha suspendido el dividendo complementario, pero sí repartirá el cuarto dividendo a cuenta de 2019.

Lastrada por el descalabro de los precios del petróleo, con el barril de Brent por debajo de los 20 dólares, el beneficio de Repsol cayó en el primer trimestre un 27,7%. Ganó 447 millones de euros. Como ha ocurrido a otras grandes compañías, la de Antonio Brufau tuvo que retrasar hasta finales de este año o el primer trimestre de 2021 la presentación de su plan estratégico , así como suspender la recompra de acciones propias del 5% que había anunciado por valor de 1.000 milones de euros. Sin embargo, en julio pagará a sus accionistas 0,55 euros por acción, en forma de scrip dividend.

Viscofan también recortó sus beneficios en 2019, un 14,7%, por lo que ganó 105,6 millones de euros. Pese al coronavirus, la empresa, que se dedica a fabricar envolturas plásticas para productos cárnicos, prevé aumenar sus ganancias este año entre un 6% y un 9%, según informó a la CNMV. Así que mantiene el reparto de dividendos de 1,62 euros por acción, que incluye el dividendo complementario de 0,96 euros el 4 de junio, tras pagar 0,65 euros en diciembre.

Con el covid-19 a favor

Claro que también hay compañías que ganan a pesar del covid-19 o incluso gracias a él. Es el caso de Ebro Foods, fuera del ÍBEX 35, pero cuyo beneficio ha crecido casi un 30% –hasta los 48 millones de euros– en buena parte gracias al aumento de sus ventas de alimentos a los hogares por el confinamiento. De manera que no tiene previsto aplicar ERTE y sí pagar un dividendo de 0,57 euros por acción.

ACS, la constructora de Florentino Pérez, asegura que la crisis del covid-19 no ha tenido ningún “impacto significativo” en sus cuentas. En 2019 ganó 962 millones, un 5,1% más que el año precedente, y este ejercicio retribuirá a sus accionistas con 630 millones de euros en forma de scrip dividend.

También las eléctricas mantienen el tipo y el dividendo. Iberdrola prevé que sus ganancias superen este año su récord histórico de 3.406 millones de euros, por lo que sostiene su política de remuneración a los accionistas. Hasta marzo, el beneficio alcanzó los 1.257 millones de euros.

Tampoco Endesa cree que la crisis sanitaria no va a afectar a sus objetivos para este año y que su capacidad para pagar dividendos se mantiene “intacta”, en palabras del director financiero, Luca Passa. Con cargo a 2019, abonará 1,475 euros por acción y la de este año subirá a 1,6 euros.

Enagás ha ganado un 14,7% más en el primer trimestre, con un resultado positivo de 119,1 millones de euros. La empresa destaca que no ha notado “impactos” por la pandemia, así que mantiene el dividendo: 1,6 euros en 2019 y 1,68 euros para este año. Entre 2021 y 2023 lo aumentará hasta que llegue a 1,74 euros al final del trienio.

Por el contrario, Naturgy redujo sus beneficios un 41,6% hasta marzo respecto al mismo periodo de 2019. 199 millones de euros en el primer trimestre del año. Pero eso no le impide sostener un dividendo de 1,37 euros con cargo a 2019 e incluso aumentar el de este año hasta los 1,59 euros por título. “No hay motivos para cuestionarlo”, subrayó el presidente de la compañía, Francisco Reynés al presentar sus resultados. No obstante, ha suspendido de forma temporal su programa de recompra de acciones, 400 millones de euros.

Finalmente, la semipública Red Eléctrica (REE) distribuirá un dividendo complementario con cargo a los resultados de 2019 a partir de junio de 1,0519 euros, tras cerrar el primer trimestre con unos beneficios de 172,6 millones de euros. La cifra supone un recorte del 9,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

La aversión de los inversores al riesgo se ha extendido con tanta o mayor rapidez que el virus y amenaza con hacer más intensa aún la anunciada desaceleración de la economía mundial. El cierre de fábricas en China y los millones de ciudadanos en cuarentena ponen en serio peligro las cadenas de suministros de Occidente, pero el brote de la enfermedad en Italia y su rápida extensión en Europa y en Estados Unidos han instalado el pánico en las principales bolsas de todo el planeta.

Dos buenas muestras en España de los efectos de la epidemia en el parqué y en la economía real. El miércoles, la factoría malagueña de Fujitsu presentó un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) para 336 trabajadores por falta de materiales procedentes de China. El comité de empresa ya ha advertido de que la fábrica, a su vez, provee de componentes a Toyota Europa.

Y este mismo viernes, IAG, el holding que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, revelaba una caída de sus beneficios del 40,8% en 2019, al tiempo que anunciaba su intención de no publicar cuáles eran sus previsiones de resultados para este año, tras reconocer una “debilidad en la demanda en las rutas asiáticas y europeas, así como en los viajes de negocios como resultado de la cancelación de eventos y restricciones en los viajes corporativos”. A continuación, las acciones se IAG lideraban las caídas en la Bolsa española con un retroceso del 8,78%. En la última semana, el desplome llega al 26%. Amadeus, proveedor de soluciones tecnológicas para agencias de viajes, ha perdido un 9% desde el pasado lunes y Meliá Hoteles, un 14,4%. Las acciones de eDreams, ya fuera del IBEX, han recortado su valor un 17%. El nerviosismo de los inversores es patente: el índice Vibex, que mide la volatilidad del selectivo español, superó este viernes los 26,4 puntos, una cota que no alcanzaba desde abril de 2017, según informa Europa Press. Sólo en los últimos cinco días se ha disparado un 116%.

Corrección en los mercados y en las previsiones de crecimiento

En que los mercados están sobrerreaccionando coinciden el analista Juan Ignacio Crespo y el economista Javier Santacruz. También en que se avecinaba una corrección en unas bolsas que estaban “sobrevaloradas”. “Estábamos pendientes de un recorte porque no habían parado de subir en todo el año 2019, pero ahora se han pasado de rosca”, explica Crespo, quien recuerda que las bolsas europeas han caído en una semana un 12%, lo mismo que perdieron cuando estalló la epidemia de gripe de 1918… en tres meses.

Para Santacruz, economista jefe del think tank Civismo, el coronavirus está siendo la “excusa perfecta para hacer un barrido en el mercado y recoger beneficios tras poner a tiro de compra a las bolsas de Estados Unidos y Europa”.

Lo mismo apuntan ambos sobre la rebaja de previsiones de crecimiento que se suceden estos días tanto en las empresas como en las economías nacionales. “Con la crisis del virus, Dios les ha venido a ver a la OCDE, el FMI, la UE, el Banco de España y hasta al Gobierno español”, sostiene Javier Santacruz, “porque necesitaban un momento para corregir sus previsiones al constatar que se va debilitando la demanda, cae el comercio mundial, el crecimiento se ralentiza… el coronavirus ha sido la gota que colma el vaso y les ha dado la ocasión para reducir sus previsiones iniciales atenuando así la alarma que habría provocado hacer la corrección sin esa coartada”.

En cualquier caso, Juan Ignacio Crespo cree que la epidemia ya “se ha cargado” el primer semestre de la economía mundial. Santacruz, por su parte, apunta que el impacto lo absorberán las aerolíneas y las empresas turísticas, pero el resto de las compañías se recuperará con facilidad porque, a diferencia de lo que ocurre con los terremotos o los tsunamis, en este caso “no se destruyen inversiones, no se destruye capital”. La patronal de la aviación IATA ha cifrado en 27.150 millones de euros el impacto en los ingresos del sector este año por culpa de la enfermedad.

Recuperación en el segundo semestre

Aunque Crespo considera poco menos que imposible determinar dónde se va a detener la actual histeria bursátil, sí calcula que, en el caso de que China consiga recuperar la actividad a principios de abril y Europa se tranquilice a mediados de mayo, con la ayuda de estímulos fiscales y monetarios podría producirse un rebote de la economía en el segundo semestre del año.

De hecho, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ya ha dejado caer que está “vigilando de cerca” la evolución de la epidemia y el presidente de una de las reservas estatales, James Bullard, ha sugerido una posible rebaja de tipos de interés para intentar paliar el impacto económico del coronavirus. Una medida, sin embargo, que la UE no podría adoptar, teniendo en cuenta el mínimo histórico en que el BCE mantiene los tipos con su política de expansión monetaria.

En España, con la Semana Santa a las puertas, si la enfermedad no está controlada en marzo, el turismo quedará tocado, advierte Javier Santacruz.

¿Cuánto va a durar el nerviosismo? Juan Ignacio Crespo lamenta el “retraso” con que han reaccionado los gobiernos europeos. “Deberían haber tomado medidas drásticas desde el primer momento y los mercados, en realidad, comenzaron a reaccionar sólo en febrero, cuando a finales de enero ya se veía que había estallado un problema mundial”, reprocha el analista, a quien no le gusta hablar de pánico. “El pánico es malo, las cuarentenas, buenas”, resume.

Javier Santacruz dice que la ansiedad de los mercados no debería durar más de dos meses, o bien porque se encuentre una vacuna o porque China comience a controlar sus casos, en un recorrido que no debería ser muy distinto, subraya, al que ya recorrieron otras epidemias como el SARS o el ébola. Algo parecido augura Juan Ignacio Crespo, según las tendencias que adivina ya en los mercados de materias primas. Pero, mientras, el dinero huye de la renta variable y se refugia en activos considerados más seguros, como los bonos de Estados Unidos, el dólar o el oro. Y el precio del petróleo sigue cayendo ante la perspectiva de que baje la demanda por la menor actividad económica.

Las multinacionales españolas están obligadas, desde 2017, a presentar información sobre sus negocios en todos y cada uno de los países en que operan. También las grandes compañías europeas. Las directivas comunitarias, poniendo negro sobre blanco las medidas incluidas en el Plan BEPS de la OCDE contra la erosión de la base imponible, están acotando los márgenes de que disfrutan las grandes compañías para eludir el pago de impuestos mediante la ingeniería financiera y los paraísos fiscales. La última iniciativa es del pasado 13 de marzo, cuando los ministros de Economía y Finanzas de la UE aprobaron un proyecto de directiva que obliga a auditoras, asesores fiscales y abogados a informar a las autoridades de cada país de las operaciones que puedan considerarse planificación fiscal agresiva.

Pero las compañías se lo están tomando con calma. La Fundación Compromiso y Transparencia ha analizado las prácticas de una muestra de 35 multinacionales implantadas en España y los resultados no han sido muy aleccionadores. Sólo dos de ellas informan sobre los impuestos que pagan en España. Se trata de Heineken y Leroy Merlin.

La cervecera explica en su informe de sostenibilidad que en 2015 pagó un 26,59% de “tasa efectiva de impuestos”. Y cifra en 311 millones de euros su factura fiscal, de los cuales el 38% corresponde al IVA, el 27% a impuestos especiales, el 10% al impuesto de sociedades y el 2% a otros impuestos. En la presentación de resultados de 2016, Leroy Merlin dice que abonó un total de 238,6 millones de euros a Hacienda: 105 millones en concepto de IVA, 69,6 millones en cotizaciones a la Seguridad Social, 23,7 millones por el impuesto de sociedades, 19,6 millones en el IRPF y 20,1 millones por otros impuestos.

Además, tampoco desvelan detalles sobre cuál es, en general, su política fiscal 29 de las 35 multinacionales estudiadas. Y ocultan su política de compras y si sus proveedores son locales 30 de ellas. Tampoco son muy explícitas a la hora de hacer público el importe de sus inversiones en España: sólo Airbus, Amazon, Leroy Merlin y Nestlé precisan proyectos y volúmenes. Ni siquiera revelan su número de empleados en el país: 19 compañías silencian el dato. “Algunas de estas empresas presumen de llevar más de un siglo radicadas en España, pero no hacen nada por informar de la riqueza generada y distribuida gracias a su actividad”, lamentan los autores del informe.

De las 35 multinacionales bajo la lupa –el mismo número de empresas que integran el ÍBEX, el selectivo de la Bolsa española–, la fundación califica de “opacas” a 29 de ellas. Las catorce menos transparentes son las tecnológicas Apple y Google, la cementera Cemex, Coca Cola, Decathlon, la química Dupont, las automovilísticas Ford, Nissan, Peugeot, Volkswagen y Volvo, la farmacéutica Pfizer, la petrolera Total y la tabacalera Imperial Tobacco.

Las españolas tampoco informan

Las multinacionales españolas se parecen mucho a sus competidoras internacionales en su aversión a la transparencia. El informe de la fundación analiza cada año los mecanismos con los que divulgan información sobre su actividad y resultados las compañías del ÍBEX 35. La mitad de ellas, un total de 17, no publican ni en su informe de responsabilidad corporativa ni en el de sostenibilidad ni en un documento específico los impuestos que pagan en cada uno de los países donde tienen negocios, tampoco las subvenciones recibidas. Además, 20 de las 35 no informan de si tienen litigios fiscales y denuncias por evasión fiscal en esos países. Y las que sí, lo hacen “de manera poco detallada, escondida en las cuentas anuales y acompañada de frases exculpatorias de carácter genérico que señalan que las actuaciones se han ajustado a derecho y que, de haber discrepancias, los pasivos no afectarán a los resultados económicos”, protestan los autores del estudio.

Son más aún, 23, las grandes empresas que no informan si están presentes en territorios considerados paraísos fiscalesparaísos fiscales. Una vez más, las que publican datos sobre su actividad en centros financieros de baja o nula tributación y baja o nula transparencia fiscal lo hacen de forma ciertamente desganada, con “manifestaciones generales sobre la evitación de adquirir, constituir o hacer uso de estructuras societarias opacas y residentes en paraísos fiscales”. Es lo que ocurre con el BBVA –con actividad en Islas Caimán–, Caixabank, Endesa –Holanda y Luxemburgo–, Iberdrola –Delaware– y Repsol –Bermudas, Liberia, Islas Caimán y Mauricio–, Acerinox –Dubai, Singapur, Hong-Kong, Suiza y Luxemburgo–, ACS –Macao, Islas Caimán, Fiyi, Gibraltar, Hong-Kong, Panamá y Singapur–, Gas Natural Fenosa –Islas Caimán–, Indra –Bahrein, Hong-Kong, Omán y Panamá– y Banco Santander –Jersey, Gernesey, Isla de Man, Islas Caimán–. Tampoco cuentan si aplican mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales 15 grandes empresas del ÍBEX.

Aunque se trata de un movimiento voluntario, de las 140 empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria, sólo nueve pertenecen al selecto club del ÍBEX. Y únicamente tres de ellas han presentado el informe anual de transparencia fiscal a dicha agencia: BBVA, Red Eléctrica y Repsol. Endesa y Bankia se limitan a anunciar que los harán en “futuros ejercicios”.

Auditoras que también son asesores fiscales

Como resultado de la última norma comunitaria que pone el punto de mira sobre los intermediarios que hacen posible la elusión fiscal, el informe analiza también la transparencia de las empresas del ÍBEX sobre sus auditoras. Y resulta que 27 de ellas, el 77% del índice, no explican si poseen mecanismos para preservar la independencia de los auditores externos. En ninguno de los informes donde deberían estar detallados: ni en el informe anual de gobierno corporativo, ni en el informe de la comisión de auditoría, ni en el informe sobre la independencia de los auditores que exige la Ley de Sociedades de Capital. Las empresas están obligadas a revelar si las auditoras también realizan para ellos servicios de asesoría fiscal o de consultoría. Pero sólo ocho compañías del ÍBEX respetan esa incompatibilidad. Por el contrario, Abertis, ACS, Amadeus, Banco Santander, DIA, Ferrovial, Gas Natural Fenosa e Inditex tienen contratadas a alguna de las cuatro grandes auditoras internacionales –Deloitte, Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers y KPMG– para auditar sus cuentas y recibir al mismo tiempo servicios de asesoría fiscal.

El informe destaca que este conflicto de intereses “terminará afectando a la reputación” de las empresas “a la vista de las cada vez mayores evidencias que demuestran el activo papel que tienen las Big Four [las cuatro auditoras citadas] como promotoras de los paraísos fiscales y de los modelos de planificación fiscal agresiva”. Los autores del informe no dudan en asegurar que esas cuatro grandes auditoras “son los principales arquitectos de la planificación fiscal agresiva de la multinacionales” y se apoyan en un informe financiado por el Parlamento Europeo y en un estudio publicado en The Journal World Business para advertir de que “contratar con una Big Four constituye por sí mismo un riesgo fiscal”.

Otras 10 compañías, entre ellas Acciona, Banco Santander, Caixabank, Mapfre, IAG y Meliá, ni siquiera informan sobre los servicios adicionales que contratan con sus auditores externos. La fundación se queja del escaso detalle de los informes que elaboran las comisiones de auditoría de las empresas del ÍBEX, así como de que la Guía técnica sobre comisiones de auditoría de interés público, publicada por la CNMV en 2017, “apenas preste atención a los riesgos fiscales”.

El informe elabora un ránking de transparencia sumando todos los indicadores analizados en las 35 mejores empresas. Considera “opacas” a un total de 13. Las más herméticas son Meliá Hotels y Técnicas Reunidas. Les siguen IAG, Merlin Properties y Viscofán. Entre los bancos, el menos transparente es el Sabadell. Por el contrario, señala a Iberdrola y Telefónica como las más abiertas, seguidas de Mediaset y Repsol. Entre los bancos, los más transparentes resultan ser Bankia y BBVA.

La regulación del empleo de viviendas como alojamientos destinados al uso turístico –una actividad muy cuestionada por el sector hotelero y por los vecinos de las zonas más afectadas por este fenómeno– corre el riesgo de acabar topándose con los tribunales.

Así ocurrió en Madrid, que a instancias de la Justicia tuvo que revisar el año pasado la legislación que prohibía alquilar inmuebles por un período inferior a cinco días; y, más recientemente, en Canarias, donde los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anularon en una sentencia fechada el pasado 21 abril las restricciones más relevantes que el Gobierno de esa comunidad había impuesto al alquiler de pisos para turistas.

El Ejecutivo canario pretendía impedir que esas viviendas se establecieran en zonas donde se ubican los hoteles y los tradicionales apartamentos turísticos, prohibir el alquiler de habitaciones de forma separada, o exigir para poder ofrecer un alojamiento de este tipo de una declaración responsable supeditada a la inscripción en un registro. Pues bien, todos estos artículos han quedado anulados por el TSJC, que han estimado que infringen la libertad de empresa y lesionan la competencia. 

Los magistrados, de hecho, acusan al Gobierno canario de "tratar de favorecer" la oferta de productos turísticos tradicionales "vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios" y señalan que "la norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta de alojamiento hotelero, lo que lesiona la libre competencia”.

En el caso de la Comunidad Madrid los jueces estimaron que la disposición que impedía que las viviendas de uso turístico pudieran contratarse por un periodo inferior a cinco días restringía la competencia y no estaba justificada "ni en la protección al usuario turístico ni en el combate a la opacidad fiscal". El Ejecutivo regional (PP) trabaja actualmente en una modificación de la normativa que regula las viviendas turísticas de la que no han trascendido detalles. 

Las asociaciones del sector habían criticado que la prohibición a estancias mínimas de cinco días suponía vetar entre el 80% y el 90% de su negocio, dado que la reserva media en la región es de 3,2 días. Desde Fevitur reconocieron ayer que la sentencia “supone un gran avance, dado que la limitación de los cinco días buscaba proteger al lobby hotelero”. Afirman además que su aplicación ha afectado a la explotación de empresas y particulares.

Recursos de la CNMC

Las resoluciones de los jueces madrileños y canarios fueron consecuencia, entre otros, de recursos presentados por la Abogacía del Estado en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que viene reclamando a las diferentes administraciones una legislación más flexible para no perjudicar la libre competencia. A estos recursos también se sumaron asociaciones de defensa de este sector como la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). 

Pablo Zubicaray, presidente de Fevitur, celebra que ya haya dos fallos a favor de los intereses de su sector. A su juicio, la sentencia en Canarias pone de manifiesto que la actividad del alquiler de viviendas de uso turístico "facilita la libre competencia en la prestación de servicios". "Además, las empresas que desarrollamos esta actividad somos actores fundamentales en el ecosistema de los alojamientos turísticos, de gran importancia para el crecimiento económico en nuestro país", señala.

En el otro lado, la asociación de empresas turísticas Exceltur reclama en el informe Alojamiento turístico en viviendas de alquiler: impactos y retos asociados [consultar, aquí] que estos inmuebles cuenten con seguros de responsabilidad civil, requisitos de habitabilidad mínimos, hojas de reclamaciones y que se ofrezcan contratos y facturas al cliente. Los hoteleros sostienen que el usuario también se ve perjudicado, ya que estas viviendas no cuentan con las exigencias de seguridad y limpieza de sus establecimientos. 

No obstante, estas sentencias pueden no ser las últimas. Esta misma semana las autoridades del regulador amenazaron a la Xunta de Galicia con llevarla a los tribunales si no cambia su decreto sobre alojamientos por temporadas pues, a su juicio, impide "precios competitivos" e impone limitaciones y requisitos excesivos a las empresas y particulares que promueven esta actividad.

En un requerimiento previo a la vía judicial, la CNMC insta al Gobierno del conservador a eliminar cuestiones como la prohibición del alquiler por habitaciones o la posibilidad de permitir a los ayuntamientos que limiten el número de viviendas turísticas en determinadas zonas o edificios. Además, según confirman a infoLibre fuentes del regulador, los funcionarios de la CNMC están preparando nuevos requerimientos sobre otras normativas que se han aprobado recientemente. 

En el ojo del huracán está ahora mismo el decreto con el que el Gobierno de Baleares (PSOE-Més) quiere poner coto a las viviendas turísticas no regladas. Esta norma incluye propuestas ya vetadas por los jueces en Canarias y cuestionadas por la CNMC en Galicia como que los ayuntamientos tengan capacidad para prohibir este tipo de alquileres en determinadas zonas. También otras como que sea considerado alquiler turístico aquel inferior a un mes de duración, que no se puedan comercializar con esos fines viviendas de menos de cinco años de antigüedad y que las comunidades de vecinos puedan impedir los pisos turísticos si así se acuerda en una reunión de la junta. 

¿Intercambio entre iguales? 

Más allá de las cuestiones relacionadas con la competencia o los derechos de los consumidores existe el debate sobre hasta qué punto las empresas que promueven el empleo de viviendas como alojamientos destinados al uso turístico fomentan un intercambio entre iguales lejos de los tradicionales hábitos de consumo. No es lo mismo alquilar una habitación de forma temporal a turistas a través de plataformas como Airbnb que utilizar esa misma plataforma como medio para arrendar de forma sistemática a turistas una vivienda. 

Una de las claves es hasta dónde llega el ánimo de lucro en medio de un terreno abonado por la incipiente legislación y el vacío fiscal. Y hasta qué punto estas plataformas compiten o no de forma desleal con el negocio tradicional. En este punto es relevante si se cobra o no por el servicio y cuánto se cobra. Por ejemplo, AirBnB, la plataforma de alquiler de casas entre particulares que trae de cabeza al sector de la hostelería, cobra a los anfitriones una comisión del 3% por cada reserva completada y a los huéspedes de hasta el 12%. El debate está sobre la mesa y hay posiciones encontradas.

Grupo Villar Mir y Meliá se unieron a Iberdrola y tomaron la decisión de demandar por separado a Bankia por las pérdidas sufridas con motivo de la salida a Bolsa de la entidad, indicaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El primero de ellos reclama a Bankia 20 millones más intereses, un importe equivalente a lo invertido en la operación, a la que también acudieron algunas de sus filiales como Fertiberia, OHL y Ferroatlántica. Por su parte, Meliá, que ya dispone del acto de admisión a trámite de su demanda, acudió a los tribunales esgrimiendo los mismos motivos que los inversores particulares que participaron en la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia.

La presentación de estas demandas fueron adelantadas por Vozpópuli en el caso de la de Meliá y por Expansión en el de Villar Mir. El primero de estos medios cifra en un millón de euros el importe reclamado por el grupo hotelero, mientras que el segundo advierte de que otros inversores institucionales, entre ellos Disa, también estudian sumarse a las demandas.

Ibedrola se convirtió en mayo en el primer inversor institucional en recurrir a los tribunales para reclamar sus inversiones en la oferta de Bankia de julio de 2011, a la que la eléctrica dedicó casi 70 millones de euros.

Iberdrola reclama una cuantía de 12,4 millones de euros, equivalente a las pérdidas sufridas en su inversión en la OPS tras deshacerse de los títulos de Bankia a un precio inferior al que fueron adquiridos debido a la evolución bursátil a la baja de la entidad financiera.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán tomó su decisión de participar en la salida a Bolsa de Bankia tras analizar la única documentación dispuesta por la entidad para ello, el folleto informativo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En mayo de 2012, Bankia procedió a reformular sus cuentas, aflorando unas pérdidas de 2.977 millones de euros en 2011, frente a un beneficio anunciado de 309 millones de euros, reflejando así que la situación de la entidad era bien distinta a la que contenía el folleto con el que realizó su OPS. Posteriormente, se produjo el rescate de la entidad y el cambio en su cúpula.

Durante la rueda de prensa de presentación en julio de los resultados de Bankia, el consejero delegado de la entidad, José Sevilla, afirmó que existen "muchos argumentos" para que la demanda que presentó Iberdrola por la salida a Bolsa de la entidad en 2011 "no prospere", al igual que se mostró convencido de que el banco ganará los procesos judiciales planteados por institucionales.

Amancio López Seijas, dueño del grupo Hotusa y amigo de Mariano Rajoy, fundó su imperio hotelero desde Barcelona, pero nunca levantó del todo el pie de Galicia, donde nació hace 60 años. Allí empezó a poner en práctica, cuando Manuel Fraga acababa de aterrizar en la presidencia de la Xunta, su principal fórmula de negocio: la gestión de hoteles de propiedad ajena.

En 1992 –López Seijas tenía 37 años– Hotusa fue la única empresa que se presentó al concurso convocado por la Xunta para explotar el complejo hotelero del Monte do Gozo, en Santiago de Compostela. El Gobierno gallego se había gastado unos 30 millones de euros en expropiar los terrenos –60 hectáreas– y construir sobre ellos un auditorio, piscinas, un cámping, un restaurante, una cafetería, un aparcamiento, un hotel de tres estrellas y un albergue –2.000 plazas en total–. Se lo adjudicó a Hotusa a cambio de un canon anual de 20 millones de pesetas –120.500 euros– durante 25 años. Fue la única empresa que concursó.

El pasado mes de agosto, dos años antes de lo previsto, la Xunta le retiró la concesión por incumplimiento del contrato. Las instalaciones estaban abandonadas, incluso la maleza cubría buena parte de los pabellones. En invierno están cerradas y en agosto, cuando mayor es la llegada de turistas y peregrinos, de las 2.000 plazas no se ocupan más de 150. En realidad, el Monte do Gozo sólo disfrutó de cifras óptimas de ocupación durante los años 90. Después sufrió un lento declive que ni siquiera los grandes conciertos de rock –por su auditorio han pasado desde Rolling Stones y Bob Dylan o Bruce Springsteen hasta Iggy Pop, The Cure o Red Hot Chili Peppers– y los posteriores Xacobeos consiguieron frenar.

Además, la adjudicación fue polémica. La ganó Hotusa, pero enseguida ésta subcontrató la gestión del hotel y el cámping a Estrela de Santiago, una sociedad creada exclusivamente para ese fin y participada por la propia Hotusa, otras dos sociedades propiedad de Amancio López Seijas y un empresario hotelero compostelano, Luciano Blanco. Hoy figura como administrador único Cesio Hotels, una de las empresas de López Seijas, quien ha declinado hablar con infoLibre sobre su trayectoria empresarial. Como informó en su día el diario El País, la ley exigía que la sociedad adjudicataria hubiera explotado las instalaciones durante cinco años antes de cederlas a una tercera.

En 2008 la Xunta se gastó 400.000 euros en reparar el aislamiento de los pabellones y la cafetería; en 2009 tuvo que desbrozar, mejorar la iluminación y ejecutar otro tipo de obras de acondicionamiento para que Bruce Springsteen pudiera cantar en el auditorio. Pero el complejo no levantó cabeza. Ni con conciertos de rock ni con los Años Santos –el último fue en 2010–. En enero de 2012 la Consellería de Traballo se negó a autorizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Estrela de Santiago presentó para suspender los contratos de la plantilla durante los seis meses de invierno. Dos meses antes, sin embargo, la Xunta le había permitido a la empresa cerrar las instalaciones hasta febrero, lo que supuso el despido de 25 trabajadores contratados a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT).

Así que desde el pasado verano, ya rescindido el contrato con Hotusa, la Xunta vuelve a gestionar el albergue de peregrinos, la única instalación que sigue abierta. Y el pasado diciembre ha aprobado un plan de 1,2 millones de euros para devolver las instalaciones a su antiguo esplendor. El deterioro del complejo es tal que los trabajos incluirán desde la plantación de especies vegetales, una nueva señalización y la reposición del mobiliario urbano hasta la mejora de los accesos, la rehabilitación del auditorio y las piscinas, la creación de nuevas zonas de descanso, merenderos… todo ello para volver a sacar a concurso la gestión del complejo antes del verano.

Monasterio y spa de vinoterapia

Mucho más tranquila le ha resultado a López Seijas la gestión del Monasterio de San Clodio, en plena comarca del Ribeiro, en Ourense. El modelo se asemeja, no obstante, al descrito en el Monte do Gozo. Cuando fue declarado Monumento Nacional en 1981, el monasterio se encontraba casi en estado de ruina. La Xunta lo adquirió en 1994 e invirtió tres millones de euros en rehabilitarlo como hotel. En 2000 le encargó su gestión a Hotusa, a cambio de un canon anual de un millón de pesetas –6.000 euros– durante 25 años prorrogables, por periodos de cinco, hasta 50 años.

Como propietaria del monasterio cisterciense, cuyo origen hay quien sitúa en el siglo VI, la Xunta ha seguido sufragando reparaciones y mejoras: 144.500 euros en 2007 y 200.000 euros más en 2012, cofinanciados por el programa FEDER de la Unión Europea. Además, acaba de adjudicar por casi un millón de euros la conversión de las antiguas bodegas y cuadras del monasterio en el primer spa de vinoterapia de Galicia. En San Clodio Hotusa gestiona 25 habitaciones con categoría de cuatro estrellas. A su oferta se añadirá ahora la instalación termal.

Pousadas do Salnés, sin estrenarse año y medio después

Una tercera concesión pública gallega cayó en manos de Hotusa en abril de 2014. La Diputación de Pontevedra, gobernada entonces por el PP y presidida por Rafael Louzán, adjudicó a Arlea Hotels, del grupo de López Seijas, las cuatro Pousadas do Salnés. Lo hizo mediante un procedimiento negociado al que fueron invitadas, además de Arlea, otras cuatro empresas: Grupo Mar Costas, Millán Servicios Turísticos, STC Serveis Turistics y Rafael Hoteles. “Resulta difícil encontrar un mejor gestor para este gran proyecto”, proclamó Rafael Louzán al anunciar la adjudicación. El también presidente de la Federación Gallega de Fútbol es amigo y compañero habitual de ocio de Mariano Rajoy, al igual que López Seijas, con quien pasa los veranos en Sanxenxo (Pontevedra).

Durante 12 años López Seijas explotará estas cuatro instalaciones hoteleras, por las que deberá pagar a la Diputación pontevedresa el 11% de los beneficios que obtenga. Se trata de cuatro establecimientos de cuatro estrellas ubicados en Armenteira –dedicado a la gastronomía–, Meaño –centrado en el vino–, Ribadumia –salud y deporte– y A Lanzada –turismo–. Un total de 100 habitaciones. Su construcción se presupuestó en tres millones de euros, de nuevo cofinanciados con el FEDER, pero ha terminado costando 21 millones, de los que la Diputación ha puesto 14. Al menos es lo que denuncia la nueva presidenta de la Diputación, la socialista Carmela Silva, quien ha puesto el proyecto en manos de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas. Según explica, el anterior gobierno provincial hizo pagos irregulares a las cuatro constructoras mediante “reconocimientos extrajudiciales de facturas”. La Diputación ha sufragado hasta el mobiliario de las cuatro Pousadas: 1,4 millones de euros.

También el BNG denunció en su día ante la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) el proyecto de las Pousadas por un supuesto mal uso de las ayudas comunitarias y porque benefició a “promotores y familiares del PP”.

Las Pousadas deberían haber abierto sus puertas al público en el verano de 2014, pero a día de hoy siguen cerradas a cal y canto. Carmela Silva asegura que ninguna de ellas tiene licencia y que Arlea Hotels no ha presentado el plan de explotación. El PP, por su parte, acusa al nuevo gobierno provincial de bloquear un proyecto que estaba “listo” sólo a falta de “algún fleco administrativo”.

En total, Amancio López Seijas gestiona o posee ocho hoteles en Galicia. Aparte de los citados, explota dos en Santiago –uno de ellos el Araguaney, de cinco estrellas–, uno en A Coruña y otro en Ourense, así como otro Vigo y el de la isla de A Toxa donde celebró la Nochevieja el empresario con el presidente del Gobierno y su esposa, Elvira Fernández.

Despidos en el Hotel Reconquista

Además, en Asturias gestiona otra instalación de propiedad pública. La empresa autonómica Hostelería Asturiana (Hoasa) adjudicó a Hotusa en julio de 2014 la gestión del Hotel Reconquista, donde se celebra cada año la entrega de los Premios Princesa de Asturias. La firma de López Seijas fue la única presentada después de haber quedado desierta una primera convocatoria. Durante los próximos 30 años se hará cargo del histórico hotel de Oviedo a cambio de una renta fija de 440.000 euros al año y otra variable que no tendrá que pagar durante el primer quinquenio. También ha comprometido inversiones de un millón de euros en el establecimiento durante los próximos cinco años.

En Asturias sus problemas han sido laborales. Según el contrato, Hotusa debía hacerse cargo de los 60 trabajadores fijos del hotel, antes gestionado por el grupo Meliá. La empresa que preside Gabriel Escarrer abandonó el histórico establecimiento a los cinco años de haberle sido adjudicado y 10 años antes de que terminara la concesión. Perdía un millón de euros anuales. En teoría, Hotusa sólo podía extinguir contratos en caso de jubilación anticipada, incapacidad o despido disciplinario. Sin embargo, al mes de asumir la gestión, Hotusa comenzó a despedir. A día de hoy, se ha deshecho ya de 14 trabajadores, el 23% de la plantilla. Los jueces han declarado improcedentes tres de los despidos, y la Inspección de Trabajo ha impuesto a Hotusa al menos tres sanciones por otras tantas infracciones de las leyes laborales.

Pide un “Gobierno fuerte”

López Seijas lleva dos años organizando el Foro de Innovación Turística, que se celebró este lunes en uno de sus hoteles, el Eurostars Suites Mirasierra de Madrid.  Asistieron unos 400 representantes de empresas e instituciones relacionadas con el sector turístico. La ministra Ana Pastor inauguró la primera edición, el año pasado, y la segunda fue clausurada por el titular de Industria, José Manuel Soria. En una entrevista en el diario El Mundo este mismo lunes, López Seijas reclama “un Gobierno fuerte, estable y de amplia base, comprometido con el Estado liberalun Gobierno fuerte, con la economía social de mercado y que prosiga y consolide las reformas”.  También atribuye la creación de empleo en el sector turístico a la reforma laboral que, a su juicio, “contribuyó al saneamiento financiero y a la reducción del déficit”.

Ya antes el empresario de Chantada había criticado la “inseguridad jurídica” que, según dice, ha provocado la moratoria hotelera decidida por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pero ni en la entrevista ni a través del lobby Exceltur, que preside, se ha pronunciado sobre la posible independencia de Cataluña.

Este mismo martes, además, Exceltur abre su Foro de Liderazgo Turístico, que inaugurará Mariano Rajoy. Con ésta, el presidente ha inaugurado ya las tres últimas ediciones de este evento organizado por el lobby que dirige López Seijas. Tanto el foro de Hotusa como el de Exceltur son el preludio de Fitur, la feria internacional de turismo que se celebra entre el 20 y el 24 de este mes en Madrid.