El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, desestimó este lunes el recurso presentado por los líderes independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras para elevar a la Gran Sala su demanda por su detención preventiva durante el 'procés', confirmaron a EFE fuentes de la corte.

Una decisión que deja en vía muerta esta denuncia presentada por los tres líderes independentistas contra la orden de la justicia española de ponerlos en prisión preventiva en los días siguientes al referéndum del 1 de octubre de 2017.

El Colegio de la Gran Sala, formado por cinco jueces y encargado de determinar qué casos llegan a la máxima instancia del TEDH consideró que no hay motivos para elevar esa causa.

La sala ya había rechazado el pasado 6 de noviembre la demanda de los denunciantes al considerar que no se habían vulnerado ninguno de sus derechos durante el tiempo que pasaron en prisión provisional.

En concreto, Jordi Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue detenido el 16 de octubre de 2017, mientras que Jordi Turull, conseller de la Generalitat, y Junqueras, número dos del Ejecutivo autonómico de Cataluña (nordeste de España), lo fueron el 2 de noviembre de aquel mismo año.

En su demanda ante el Tribunal de Estrasburgo argumentaban que aquella privación de libertad lesionaba sus derechos políticos, ya que les impidió hacer campaña en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017 y, posteriormente, acudir a las sesiones del Parlament al que fueron elegidos.

En su sentencia del 6 de noviembre, adoptada por unanimidad, el TEDH concluyó que no hubo "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisiones de la justicia española y estableció que los tres líderes independentistas eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que no se podía "razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Consideró que la justicia española ponderó los diversos intereses en juego de una manera que no podía calificarse de arbitraria, y sin interferir con la libre expresión de la opinión pública y que trató de mantener la equidad parlamentaria pese a su estancia en la cárcel.

Al tiempo, estableció que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país".

Turull denunciaba, asimismo, que su ingreso en prisión le impidió ser investido presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

El exconseller fue liberado el 4 de diciembre y vuelto a poner en arresto provisional el 23 de marzo de 2018, un día después de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido y un día antes de que se celebrara una segunda votación, a la que no pudo ya asistir por encontrase encarcelado.

Estrasburgo indicó que las pruebas presentadas no respaldaban la conclusión de que la segunda orden de prisión preventiva dictara contra él hubiera sido arbitraria con el único fin de impedirle ser investido, al tiempo que rechazó que el plazo de resolución de su recurso de amparo vulnerara sus derechos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón este jueves a la justicia española por restringir los derechos políticos de los independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras cuando estuvieron en prisión preventiva durante el procés, según informa EFE. 

En los tres casos, el tribunal no observa ningún elemento de "ilegalidad o arbitrariedad" en las decisión jurídicas que motivaron el ingreso provisional de Sánchez, Turrul y Oriol Junqueras en la cárcel. 

Además, la corte constata en su sentencia de 51 páginas, que los tres demandantes eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que "no podía razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Los tres demandantes consideraban que los tribunales españoles no protegieron sus derechos al impedirles participar en la campaña de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto. 

El Tribunal de Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica, por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país". 

Turull fue puesto en prisión preventiva el 23 de marzo de 2018, un día antes de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente de la Generalitat y un día antes de que se celebrara la segunda, a la que no pudo asistir.

Unos meses más tarde, el 14 de mayo, Quim Torra fue investido en segunda votación con una mayoría simple.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha reiterado este jueves que su encarcelamiento en 2018, mientras se sometía al debate de investidura en el Parlament, "respondió a criterios políticos para descabezar al movimiento independentista".

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament en respuesta a esta sentencia, Turull ha señalado que el hecho de que lo encarcelasen durante el debate de investidura en el que era candidato a presidente de la Generalitat "respondía a criterios políticos" y "a una estrategia política".

"Esto no me lo quitará nadie", ha subrayado Turull, que ha agregado que, de no haber optado a la presidencia de la Generalitat, "las cosas hubiesen ido de otra manera".

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto.

"Lo volvería a hacer, evidentemente. Como haremos lo que sea para plantar cara a esta especie de jueces que hacen de justicieros contra el independentismo. Esto lo batallaremos", ha dicho.

Y es que, a criterio de Turull, la Abogacía del Estado "ha afinado jurídicamente lo que fue una decisión política", si bien ha dicho que "respeta" la sentencia aunque no la comparta.

"Solo espero que esto no le pase a nadie, aunque esté en las antípodas políticas", ha remachado.

ERC ha afirmado este jueves que mantiene la "lucha antirrepresiva en todos los frentes" a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En un comunicado, ERC ha afirmado que el proceso judicial en el ámbito internacional para defender los derechos políticos de los líderes independentistas "sigue abierto".

"Pese a que el TEDH ha desestimado los motivos de los líderes independentistas, estos mismos motivos sí que han sido aceptados en otras causas del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el grupo de detenciones arbitrarias", han remarcado los republicanos.

En este sentido, ERC ha defendido que la discusión judicial sigue pendiente de resolverse y, por tanto, esperará a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Asimismo, ha señalado que seguirá trabajando para conseguir que la ley de amnistía "sea efectiva para todos los represaliados de la causa general contra el movimiento independentista".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado que al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, solo le quedan dos opciones después de que su partido haya abandonado el Ejecutivo: "O se somete a una cuestión de confianza o convoca elecciones", recoge Europa Press. En declaraciones tras presentar a la alcaldable de Junts en Móra La Nova (Tarragona), Xènia Ripoll, este sábado, ha acusado a ERC de no cumplir el acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Junts y la CUP, y ha instado a Aragonès a que haga una reflexión.

Ha asegurado que su partido seguirá trabajando para conseguir la independencia porque el movimiento reclama tener una hoja de ruta con unos objetivos y acciones definidas, "no que se vaya reculando como se ha estado haciendo hasta ahora".

Turull también ha defendido que la salida de Junts del Govern no afectará a los candidatos del partido a las elecciones municipales de 2023 ya que está "lleno de persones con compromisos que no se someten a unas cuotas de poder".

Ha explicado que su próximo paso es seguir trabajando en las instituciones en las que están presentes para que se lleven a cabo sus propuestas hacia la independencia de Catalunya y para dar a la gente respuestas a sus necesidades.

Por su parte, el exsecretario general de Junts y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha considerado este sábado que el escenario que se abre después de la ruptura del Govern "acaba con lo que hasta ahora se había identificado como procés". En una entrevista en el 3/24 recogida por Europa Press, ha dicho que ahora los líderes de Junts deben plantear estrategias concretas y "diseñar una nueva estrategia" hacia la independencia, y él ha abogado por recuperar la presencia en las instituciones lo antes posible.

Si bien ha dicho que él "evidentemente hubiera preferido que los compañeros de militancia hubieran votado por la otra estrategia" y mantenerse en el Govern, porque cree que es la mejor, ha asegurado que respeta la decisión y que será leal al partido.

Sànchez ha pedido que la ruptura del Govern "no acabe de erosionar el margen para construir la unidad estratégica del independentismo", algo que según él beneficiaría al PSOE y a los otros partidos contrarios a la independencia.

Ha rechazado una moción de censura al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque "en estos momentos parece poco probable que haya capacidad de construir en el Parlament una figura que gane en una moción de censura".

Y ha acusado textualmente a Aragonès de forzar la máquina y de incumplir el acuerdo de Govern, y ha explicado que estos días ha echado de menos "el espíritu que hizo posible el 1-O", cuando sí hubo capacidad para encontrar un equilibrio dentro del independentismo, según él.

Preguntado por si Junts apoyaría los Presupuestos de la Generalitat para 2023, ha dicho que dependerá de "hasta donde respetará el nuevo Govern el trabajo hecho" por el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, que ha dejado su cargo tras la decisión de Junts de abandonar el Ejecutivo.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que es "paradójico" que Junts no participe en la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno central, una iniciativa que defiende porqué asegura que está avalada por la comunidad internacional. En una entrevista publicada en el diario Araeste domingo recogida por Europa Press, ha dicho que es paradójico que el Gobierno, que según él mostraba reticencias sobre este encuentro, acuda a la mesa mientras que "esos que querían sentarse ahora no lo hacen".

Después de que Junts no asistiera al encuentro entre Ejecutivos en septiembre, Junqueras ha reclamado al partido que designe a representantes entre sus miembros del Govern para que participen en la próxima reunión de la mesa, y está convencido "de que muchas personas de Junts en el Govern comparten esta visión".

Ha reiterado que "la solución a un conflicto político complejo no es nunca unilateral" y que una estrategia multilateral sí permitirá alcanzar la independencia, que no se podrá hacer efectiva sin el reconocimiento internacional.

La respuesta de Sánchez

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha respondido este domingo al líder de ERC que Junts "ha sido vetado" de la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno. Lo ha dicho en un tuit recogido por Europa Press el mismo día en el diario Ara ha publicado una entrevista donde Junqueras tachaba de "paradójico" que Junts no asistiera al encuentro entre Ejecutivos en septiembre y pedía al partido asignar representantes para la próxima reunión.

"Paradójico es que Oriol Junqueras olvide que hemos sido vetados. Seamos claros y no engañemos", ha dicho Sànchez, que también ha afirmado que entrevistas como esta no ayudan al conjunto del independentismo y que ni amnistía ni autodeterminación son motivo de diálogo con el Gobierno.

Presupuestos Generales y catalanes 

Por otro lado, a la pregunta de sí ve posible la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, Junqueras ha contestado que "es el Gobierno español quien debe decidir si quieres hacer las cosas bien o mal, y en función de esto", ERC decidirá si los apoya, como hizo con los anteriores. El líder de ERC ha condicionado el apoyo de los republicanos a los PGE a la aprobación de medidas como una Ley del Audiovisual que proteja y promueva el uso del catalán.

Sobre los Presupuestos de la Generalitat, ha reafirmado la apuesta de ERC de acordar las cuentas con Junts y la CUP por la mayoría parlamentaria sustentada en el acuerdo de legislatura y espera que "la mayoría dentro de estas formaciones trabaje en esa misma dirección".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido este martes dejar fuera de la mesa de diálogo entre gobiernos a Junts -después de que estos propusieran llevar a este espacio a miembros de su partido que no pertenecen al Govern-, aunque deja la "puerta abierta" a que en las próximas 24 horas cambien los nombres que han propuesto y los incluirá en la delegación para un espacio de negociación que se celebrará el miércoles por la tarde, informa Europa Press.

"No pienso permitir que se pierda esta oportunidad histórica", ha dicho en una rueda de prensa después de que este mismo martes por la mañana, cuando tenía que empezar el Consell Executiu que ratificara los miembros de la delegación catalana, Junts anunciara una lista con miembros en su mayoría externos al Govern, concretamente: el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el secretario general de Junts, Jordi Sànchez; el vicepresidente del partido y exconseller, Jordi Turull; y la líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

El presidente ha explicado que, tras la negativa de Junts a cambiar esos nombres, han firmado un acuerdo de Govern que recoge que él mismo junto con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, serán la comitiva, pero se abre a incluir de nuevo a miembros de Junts con una condición: "La delegación tiene que ser de Govern, porque es la forma de representar al país entero. La puerta está abierta".

El desenlace tuvo lugar este fin de semana después de 87 días de negociaciones. Y todo hace pensar que el riesgo de repetición electoral, para el caso de que Junts no apoyase la investidura del candidato de Esquerra, Pere Aragonès, acabó por derrumbar las líneas rojas de unos y de otros. Sobre todo las de Junts, a la vista de las encuestas —publicadas y no publicadas— que en caso de vuelta a las urnas anticipaban un fuerte retroceso de los de Carles Puigdemont y un refuerzo del PSC, que con Salvador Illa a la cabeza ya ganó las elecciones del 14 de febrero.

El acuerdo del independentismo reedita la coalición que en los últimos años ha dirigido la Generalitat, pero con los papeles cambiados. A Junts no le ha quedado más remedio que acabar aceptando que la presidencia le corresponde a Esquerra —algo que Puigdemont se resistía a aceptar alegando que la diferencia entre neoconvergentes y republicanos había sido mínima—. Y ha tenido que plegar velas en su principal demanda: que el Govern quedase supeditado al Consell de la República, la organización que lidera Puigdemont desde Bruselas y que la estrategia del independentismo fuese la de la ruptura.

Para superar ese escollo, ERC y Junts le han dado una patada hacia adelante a los puntos más conflictivos —Consell y estrategia del independentismo se dilucidarán más adelante: quedan en manos de un “espacio estratégico” participado por partidos y organizaciones sociales soberanistas— y se han centrado en el reparto del Govern.

El nuevo ejecutivo catalán tendrá 14 departamentos —siete para ERC y siete para Junts—, uno más que el de la última legislatura. Y en él los dos socios se intercambiarán algunas de las carteras. Vicepresidencia, Economía y Hacienda, que en las dos últimas legislaturas habían estado en manos de ERC, pasarán a estar en posesión de Junts y estará encabezada por la vicepresidenta de la formación, Elsa Artadi.

Esta conselleria asumirá la gestión de los fondos europeos, una de las principales disputas entre ambos partidos porque ERC prerendía crear un comisionado vinculado a Presidencia y Junts quería que estuviera vinculado al departamento de Economía, que es lo que finalmente ha ocurrido. Aunque supuestamente ambas formaciones tendrán capacidad de decisión sobre el dinero.

Junts también pasará a tener Acción Exterior, Salud y Justicia, hasta ahora en manos de ERC, y mantendrá Territorio, que perdería las competencias de sostenibilidad, pero asumiría las de Políticas Digitales.

En estas consellerias, Junts situará al diputado de Junts en el Parlament Josep Rius al frente de la cartera de Acción Exterior, mientras que visualizan una conselleria de Justicia encabezada por el exvidepresidente primero del Parlament, el jurista Josep Costa, o por el actual conseller de Interior, Miquel Sàmper.

ERC mantienen Educación y Agricultura y Acción Climática —los republicanos querían crear un nuevo departamento sobre la lucha contra el cambio climático y las competencias sobre el medio ambiente estarán en esta Conselleria y no en Territorio como hasta ahora—, y también asumirán Presidencia, Interior y Cultura, hasta ahora en manos de Junts, y Trabajo y Empresa —dos departamentos hasta ahora separados que ahora se unirán—.

Los republicanos liderarán la nueva cartera de Feminismos e Igualdad, una de las promesas de la formación durante la campaña electoral, y tendrán el puesto de portavoz del Govern, del que se hará cargo la número dos de la lista de ERC a las elecciones del 14 de febrero, Laura Vilagrà.

La conselleria de Asuntos Sociales se llamará a partir de ahora conselleria de Derechos Sociales, pasará de ERC a Junts y la liderará la diputada de los de Puigdemont en el Parlament, Teresa Pallarès. Investigación y Universidades, que es un departamento de nueva creación, podría liberarlo el actual conseller de Empresa, Ramon Tremosa, según otras fuentes consultadas.

El acuerdo pone en marcha la legislatura catalana pero aparentemente está muy lejos de resolver las incógnitas que plantean las diferencias internas del independentismo, agravadas durante estos meses de negociación infructuosa, y las que afectan a la relación con el Gobierno de España. En particular qué estrategia acabará por imponerse: la ruptura que preconiza Junts y que busca un nuevo desafío a la legalidad vigente —la CUP se mueve en la misma línea— o el diálogo a través de la mesa creada el año pasado por el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat con el objetivo de buscar una fórmula que reconduzca el conflicto social y político que estalló durante el último mandato de Mariano Rajoy. O si el desencuentro, como ya sucedió el año pasado, alcanzará tal intensidad que acabará provocando nuevas elecciones.

Esquerra, bajo la dirección de su líder, el todavía encarcelado Oriol Junqueras, más allá de la retórica republicana, quiere poner a prueba la voluntad de diálogo a través de la mesa, según las fuentes consultadas por infoLibre. No porque espere que Pedro Sánchez ceda a la demanda de un referéndum de autodeterminación sino porque confía en que la negativa a que el problema se resuelva en una votación acabará alimentando la mayoría social soberanista atrayendo hacia ella, entre otros, a los catalanes que hoy se sienten mejor representados por En Comú-Podem.

Junts, en cambio, no tiene ninguna expectativa con la mesa, una creación de ERC de la que los neoconvergentes nunca fueron partidarios. Y confía en que fracase a la primera de cambio y fuerce a ERC a volver a la estrategia de la confrontación.

En cualquier caso, la formación de gobierno en Cataluña abre la puerta a que la mesa vuelva a reunirse —sólo lo hizo en una ocasión, justo antes de la pandemia—, algo a lo que el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido en varias ocasiones. Sánchez sigue creyendo que el diálogo es una buena estrategia para contribuir a la normalización de la vida política en Cataluña y alejar cualquier posibilidad de un nuevo intento de gestionar unilateralmente la independencia. como sucedió en 2017.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, que con toda probabilidad será ahora la representante de Unidas Podemos en la mesa de diálogo, hizo saber su decepción porque el nuevo Govern no vaya a reflejar la mayoría progresista votada por los catalanes el 14 de febrero. “Quiero poner en valor el trabajo de Jessica Albiach y En Comú Podem que hasta el último minuto han trabajado por un Gobierno progresista comprometido por el diálogo. Por ahora no ha sido posible, pero estoy convencida de que el cambio que Cataluña votó en las urnas será una realidad más temprano que tarde”, dando a entender que la coalición ERC-Junts no tiene futuro.

La decepción también fue la nota dominante en el PSC de Salvador Illa, que ve desvanecerse definitivamente el sueño de intentar una investidura después de conseguir que devolver a los socialistas al pódium electoral catalán. Es un “intento de repetir un fracaso” para Cataluña, declaró Illa a la cadena COPE, propiedad de la iglesia católica. Dos partidos que llevan cinco años gobernando han tardado tres meses en alcanzar un preacuerdo que ni siquiera se atrevió a dar por definitivo: “Vamos a ver en qué acaba”, señaló.

Nadie en el PSC, en el PSOE o en el Gobierno de España cree que la coalición ERC-Junts vaya a ser estable. Una cosa es activar la legislatura y repartirse el Govern y otra muy distinta, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre, hacer que el ejecutivo dure. Las relaciones entre Junts y Esquerra nunca han estado peor. Y no parece, según fuentes de Esquerra, que vayan a mejorar fácilmente.

Los indultos

La formación de Govern devolverá la situación en Cataluña al centro del debate político en España, un lugar de privilegio que perdió con la pandemia coincidiendo con el debate sobre los indultos a los dirigentes políticos y sociales condenados por el fallida declaración de independencia de octubre de 2017. En los próximos días el Supremo tendrá que pronunciarse.

A partir de ese momento será el Gobierno de Pedro Sánchez el que tendrá que decidir si anula la sentencia para facilitar la normalización política catalana. O si recurre a la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal que, al reducir las penas, con toda probabilidad también sacaría de prisión a los dirigentes del procés que permanecen en ella.

El líder del PP, Pablo Casado, consciente de que una gran parte de la pugna entre su partido y Vox por el voto conservador depende de este asunto, adoptó este lunes un tono grave para anunciar que “si Sánchez acepta indultos, la legislatura habrá acabado”. Aunque no explicó cómo va a suceder tal cosa, porque sólo Sánchez puede convocar elecciones.

En el Gobierno tenían grandes esperanzas en que un Govern liderado por Esquerra pusiese a Cataluña en el carril de la normalidad política, pero no está claro que los acuerdos con Junts vayan a permitirlo.

Lo que si mantienen los republicanos es su independencia de criterio en el Congreso: no habrá unidad de acción del independentismo en la Cámara baja, como exigía Puigdemont en un intento de someter a Esquerra a las exigencias del soberanismo más radical, que le sigue siendo mayoritariamente fiel. Así que el Gobierno podrá seguir ensayando acuerdos con ERC, con el añadido de que ahora Esquerra tiene también la presidencia de la Generalitat.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha acordado este martes anular la progresión a tercer grado de los presos del 1-O en Lledoners (Barcelona), al estimar el recurso que la Fiscalía presentó en contra de su semilibertad. El auto, consultado por Europa Press, revoca la semilibertad para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Quim Forn.

Hace dos semanas, el mismo juez rechazó suspender cautelarmente la progresión a tercer grado como pidió la Fiscalía, y les mantuvo en tercer grado hasta tomar la decisión sobre el fondo del asunto, que ha publicado este martes. A partir del miércoles volverán a estar clasificados en segundo grado, el régimen penitenciario más habitual, ha explicado la Conselleria de Justicia. El segundo grado penitenciario permite a los presos salir de la cárcel 36 días al año a través de permisos, que deben aprobar la junta de tratamiento o el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, según la duración.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y el exconseller Raül Romeva ya anunciaron la decisión a través de sus redes sociales. "Nos quitan el tercer grado. Nos lo acaban de comunicar. De nuevo nos cierran en la cárcel. No nos harán callar ni renunciar a seguir trabajando para construir un país independiente, plenamente libre, democrático y próspero. Seguimos sin desfallecer", ha afirmado Sànchez en un tuit recogido por Europa Press. En junio, los funcionarios de la prisión volverán a revisar la clasificación de los siete, y hasta entonces "tendrán que estudiar cada uno de los casos, y tomarán las decisiones que consideren oportunas con relación a su régimen de vida", ha señalado el Departamento.

Minutos antes, Romeva había abandonado un debate organizado por el Institut Sobiranies al recibir una comunicación no oficial sobre que les retiran el régimen de semilibertad: "Sabíamos que en cualquier momento podría llegar, parece que nos lo comunicarán ahora. Estoy esperando a que nos digan algo. De momento es una comunicación no oficial pero es posible que sea inminente".

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido en Twitter que seguirán "trabajando incansablemente por la libertad, la justicia social y la República Catalana" pese a tener que volver a prisión, y ha llamado a no desfallecer porque asegura que los presos independentistas no lo harán.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reaccionado en la misma red social a la anulación de su tercer grado: "Ni arrepentimientos, ni tercer grado: desde el exilio, la prisión o a pie de calle nunca dejaremos de luchar, nunca".

El exconseller de Junts Jordi Turull también ha sostenido que pese a esta decisión no les pondrán "encarcelar los ideales y el compromiso con el objetivo" de una Cataluña independiente.

Para el exconseller Joaquim Forn, la justicia ha sido "implacable en su voluntad de escarmiento", y considera que el tercer grado les correspondería de manera natural pero se lo han revocado por su condición de presos independentistas.

El expresidente de la ANC y condenado por el 1-O, Jordi Sànchez, será el secretario general del nuevo Junts per Catalunya después de que la candidatura rival, encabezada por Josep Sort, presentase su renuncia, ha informado el partido en un comunicado recogido por Europa Press.

Con ello, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lidera la única candidatura a la presidencia de JxCat presentada durante el congreso fundacional del partido, en la que figuran como vicepresidentes la portavoz de JxCat en Barcelona, Elsa Artadi, el exconseller y condenado por el 1-O Jordi Turull, la alcaldesa de Vic (Barcelona), Anna Erra, y Josep Rius.

De este modo, a las elecciones de los órganos de dirección del partido, que se celebrarán entre el viernes 7 y domingo 9 de agosto, concurrirá una única candidatura a la presidencia, liderada por Carles Puigdemont, y una única para la secretaría general, que encabeza por Jordi Sànchez.

La campaña electoral empieza este lunes y será "totalmente telemática", en un proceso en el que los afiliados podrán votar desde las 9 horas del viernes 7 de agosto y hasta las 15 horas del domingo 9 de agosto.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lidera la única candidatura a la presidencia de JxCat presentada durante el congreso fundacional del partido, en la que figuran como vicepresidentes la portavoz de JxCat en Barcelona, Elsa Artadi, el exconseller y condenado por el 1-O Jordi Turull, la alcaldesa de Vic (Barcelona), Anna Erra, y Josep Rius.

A la Secretaría General, en cambio, se han presentado dos candidaturas: una, liderada por el expresidente de la ANC y condenado por el 1-O, Jordi Sànchez, y la otra con Josep Sort a la cabeza, según un comunicado del partido que recoge las propuestas validadas por la Mesa del congreso.

La campaña electoral empieza este lunes y será totalmente telemática, en un proceso en el que los afiliados podrán votar desde las 9 horas del viernes 7 de agosto y hasta las 15 horas del domingo 9 de agosto.

El expresidente de la Generalitat e impulsor del nuevo JxCat, Carles Puigdemont, ha defendido en el inicio de su congreso fundacional abordar con amplitud de miras el proyecto político de este nuevo partido para alcanzar la independencia: "Os pido en este sentido que trabajemos para hacer de JxCat una herramienta no sectaria ni excluyente". El expresident ha erigido a la nueva formación como heredera del 1-O, aparcando el legado de CDC y sin una sola mención al PDECat.

En el nuevo proyecto "no sobra nadie", y será central explicar a la ciudadanía por qué, a su juicio, la independencia es la única forma de garantizar el futuro de Cataluña, ha defendido en el acto de presentación de JxCat este sábado, que da comienzo al congreso fundacional telemático del partido recogido por Europa Press.

Ha apostado por lograr la independencia "desde la única forma viable, que es la manera compartida", porque o la república es de todos -ha dicho- o no es de nadie.

Previamente, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene "plena confianza en que en las próximas elecciones, cuando sean, el independentismo superará el 50% de los votos", y ha añadido que en ese escenario habrá que dar una respuesta clara a la ciudadanía. Para él, esa circunstancia hace de la independencia, no solo una causa "justa", sino necesaria para que Cataluña pueda gestionar sus propios recursos, ha dicho.

Según Torra, la crisis del coronavirus "ha demostrado algo sobre lo que pivotará la política catalana en un futuro, que es que necesitamos recursos y soberanía". El presidente también ha defendido la gestión del Govern durante la pandemia, y ha precisado que en la actualidad él dedica "100% de sus esfuerzos" a ello.

También ha tomado la palabra el expresidente de la ANC Jordi Sànchez que ha defendido el proyecto político del nuevo JxCat: "Este será el partido de toda la gente, del pueblo". "JxCat sabe de ideologías, y las quiere incorporar. Todas tienen un proyecto de futuro", ha dicho durante el acto que da comienzo al congreso fundacional del partido, que se celebra de forma telemática.

También ha intervenido en el acto los exconsellers de JxCat también condenados por el 1-O Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull, que han apelado a la unidad para defender la independencia y el 1-O a través del nuevo partido.

Junqueras: "Nuestra propuesta es mejor y más útil"

Por su parte, el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha deseado a la nueva JxCat que todo les vaya muy bien aunque ha matizado: "Estamos convencidos de que nuestra propuesta es mejor y más útil".

"Cuanta más suerte tengan, más mérito tendrá lo que nosotros hacemos y que ganemos", ha declarado este sábado a los periodistas en Santa Coloma de Farners (Girona), donde se han encontrado con alcaldes, junto a otros dirigentes republicanos, incluido el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, además del exconseller Raül Romeva.

Ha asegurado que su formación está muy organizada y que desea que todo el espacio ideológico del independentismo se organice de la mejor forma posible. Junqueras ha recordado, en el contexto de la celebración del congreso de JxCat, que "este espacio de centroderecha ha intentado reorganizarse en diferentes ocasiones", por lo que espera que esta vez sea la definitiva, ha dicho.

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha reclamado la amnistía para los presos independentistas y ha asegurado que "lo otro son pequeños parches", en referencia a una posible reforma del delito de sedición. "Pueden buscar soluciones intermedias, pero si queremos una solución real es la amnistía. Lo soluciona todo", ha asegurado en una entrevista este viernes en Ràdio 4 recogida por Europa Press, y ha añadido que hay un sufrimiento colectivo de la sociedad por la situación de los presos.

Sobre si esos "parches" serían aceptables en la mesa de diálogo, la consellera ha dicho que ella no participa en las negociaciones y que hay que dejar a los negociadores hacer su trabajo, que "requiere silencio y que cada uno haga lo que le toca". Ha insistido en que se debe pensar si se quiere "una solución definitiva o un parchecito", tras lo que ha defendido que se debe buscar una solución política para el encaje de Cataluña y que la situación de los presos independentistas se debe solucionar.

Salidas de Jordi Sànchez

Al ser preguntada por la negativa a que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez pudiese salir de la cárcel a trabajar en la organización política la Crida, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, Capella ha apuntado que no le corresponde a ella hacer esa valoración, sino a "la junta de tratamiento, una trabajadora social, un jurista o a las personas que elaboran los informes".

"Ni las convicciones personales de la consellera, ni las del presidente (Quim) Torra, ni las de ningún conseller, ni las de los funcionarios pueden cambiar una sentencia", ha sostenido la consellera de Justicia, que ha añadido que la solución no pasa por desobedecer una sentencia que considera injusta, sino por una solución política. Ha subrayado que siente empatía por cada uno de los presos independentistas, porque considera que "los han condenado por unos delitos que son inexistentes y están en prisión por poner urnas", tras lo que ha pedido que nadie se equivoque de adversario.

Suplicatorio de Laura Borràs

Preguntada por lo que votará ERC en el pleno del Congreso sobre el suplicatorio del Tribunal Supremo para juzgar a la portavoz de JxCat en la Cámara baja, Laura Borràs, Capella ha afirmado que se debe buscar "la mejor fórmula para que las fuerzas independentistas intenten denunciar la persecución del independentismo".

"Lo que hagan sobre Borràs lo decidirán los grupos parlamentarios de Madrid. Les corresponde a los portavoces de ERC en la Cámara de Madrid anunciar su posicionamiento", ha apuntado la consellera, que también ha pedido que haya la máxima transparencia.

Colapso de los juzgados

Para evitar el colapso de la justicia con la reapertura de juzgados tras la emergencia sanitaria por el coronavirus, la consellera ha apostado por "buscar soluciones más allá de resoluciones judiciales 'stricto sensu" y tender hacia la mediación para la resolución de conflictos".

Ha destacado que han enviado enmiendas al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios en el Congreso para buscar soluciones de naturaleza legislativa que su departamento ha estado trabajando durante el confinamiento, como una negociación para las deudas con entidades financieras y con las administraciones públicas. Sobre las medidas que se han tomado en las prisiones durante el confinamiento, la consellera ha asegurado que fueron medidas "muy dolorosas" porque la prisión supone un doble confinamiento en esta situación, pero ha celebrado que ya esté comenzando la reapertura de los centros para las visitas.

Ha destacado que se han realizado 45.000 videollamadas en tres meses en las prisiones catalanas, y que así los reclusos han podido ponerse en contacto con personas en el extranjero: "Lo hemos hecho y se quedará".

Unidas Podemos se ha sumado este viernes a un manifiesto de partidos independentistas y nacionalistas que pide la libertad "inmediata" del presidente de Ómnium Cultura, Jordi Cuixart, y del exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, y critica por "injusta" la condena a nueve años de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017, además de pedir una reforma del Código Penal para derogar los delitos de rebelión y sedición, informa Europa Press.

Junto con Unidas Podemos y Más País figura la firma de ERC, Junts, PNV, Bildu, CUP, BNG y el Bloc (parte de Compromís). En el manifiesto conjunto, titulado Por la libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales, estas formaciones comparten el informe de Amnistía Internacional del pasado 13 de mayo reclamando la libertad de los Jordis y la anulación de su condena, a su juicio "excesiva y "desproporcionada", después de que el Tribunal Constitucional ha admitido los recursos de amparo contra la sentencia del procés.

En su informe, que ya envió a la Fiscalía, a la Abogacía General del Estado y a las partes en el juicio, la ONG reclama además al Gobierno revisar "sustancialmente" el delito de sedición para garantizar que "no se criminalicen indebidamente" los actos "legítimos" de desobediencia civil "pacífica" y no se ponga en riesgo así las libertades de expresión y reunión pacíficas de toda la ciudadanía.

Rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo

Con todo, los partidos firmantes expresan su rechazo a la sentencia de los Jordis, que consideran "injusta", y piden que el informe de Amnistía Internacional sea tomado en consideración por el Tribunal Constitucional y las partes en el juicio para que, conforme a sus conclusiones, ambos sean puestos en libertad "de forma inmediata".

Asimismo, demandan al Gobierno que promueva una reforma del Código Penal que derogue o reforme los delitos de rebelión y sedición ya que consideran que su aplicación, tal y como la interpreta el Tribunal Supremo en el caso de los Jordis, "resulta contraria al principio de legalidad".

"Son unos demócratas", afirma Iglesias

Este manifiesto llega un día después de que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, defendiera en el Congreso a los Jordis, a los que definió como "unos demócratas que deberían formar parte del debate político" sobre Cataluña. Así lo aseguró durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España tras el covid-19, en la que también puso de manifiesto su disposición a dialogar con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el líder de una formación "a la que votan muchos españoles", dijo.

La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha autorizado un permiso penitenciario de tres días al expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, concedido por el centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), al concluir que tiene "suficientes garantías de que el interno hará un buen uso".

En el auto de este martes, recogido por Europa Press, la jueza avisa de que hará un "seguimiento específico" del permiso y exige al centro penitenciario que le comunique el resultado e incidencias que puedan surgir para constatar si se mantienen bajos los riesgos de reincidencia delictiva y quebrantamiento de condena.

Tiene en cuenta para conceder este primer permiso de 72 horas que Sànchez, condenado a nueve años de cárcel por el Tribunal Supremo por un delito de sedición, tiene cumplida la cuarta parte de la condena desde el 14 de enero de 2020 y tiene "buena conducta".

Rechaza los argumentos de la Fiscalía, que se oponía a la concesión del permiso ya que "no puede pretenderse que la condena penal se extienda a una condena del itinerario penitenciario del interno, obstaculizando e impidiendo situaciones de posibles autorizaciones de permisos".

"Tales impedimentos, sin una motivación suficiente, serían contrarios a nuestro ordenamiento jurídico y, en especial, a la normativa penitenciaria", ha argumentado, recordando que ni la gravedad del delito ni la duración de la pena son factores que impidan la autorización judicial de permisos ordinarios de salida.

No hay programa para la sedición

Sobre la petición de la Fiscalía de que Sànchez realice un programa específico para el delito de sedición, la jueza responde que no existe dicho tratamiento, y recuerda que "no se puede pretender cambiar o modificar el pensamiento o ideología política del interno".

Para la magistrada, reivindicar el derecho a autodeterminación de Cataluña de forma pacífica y no violenta es "legítimo" dentro del ordenamiento jurídico, y de hecho forma parte del programa de partidos políticos activos en Cataluña.

"La pretensión de rechazo y modificación de los principios, pensamientos y voluntades legítimos que tienen el interno ni se contemplan en la normativa penitenciaria, ni en nuestra Constitución y atentaría contra los más elementales derechos fundamentales", afirma.

Además, considera que no existe riesgo de reiteración delictiva de Sànchez, y tiene en cuenta que, según los informes del centro penitenciario, asume la responsabilidad de los hechos delictivos y muestra motivación para el cambio, pero "no está conforme con su calificación jurídica, defendiendo su inocencia, lo cual es sin duda un pensamiento y decisión legítimos".

Durante su último permiso penitenciario, de 48 horas, que no requiere de autorización judicial, Sànchez participó en el programa Faqs de TV3, y además puede salir tres días entre semana durante 11 horas diarias en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para realizar tareas de voluntariado.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), ha acordado este miércoles que la expresidenta del Parlament Carme Forcadellpueda salir tres días a la semana, entre semana, durante nueve horas.

Según han informado desde la Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia a Europa Press, la Junta le aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el régimen penitenciario, si bien mantiene la clasificación de segundo grado, el ordinario.

Forcadell, condenada a 11 años y medio por el Tribunal Supremo (TS) por el proceso soberanista, podrá salir para hacer labores de voluntariado y para cuidar de un familiar de edad avanzada. La decisión es de aplicación inmediata pero se tiene que comunicar al juzgado de vigilancia penitenciaria que, tras consultar el posicionamiento de la Fiscalía, puede ratificar o anular la aplicación del 100.2.

La resolución que el juzgado de vigilancia penitenciaria eventualmente dictara sobre Forcadell se podría recurrir en última instancia ante la Audiencia de Tarragona. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia ratificó a principios de enero el segundo grado penitenciario para Forcadell, así como para el resto de presos condenados por el TS por el 1-O.

Sànchez y Cuixart

La Junta de Tratamiento de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), también aprobó la semana pasada que el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, puedan salir por trabajo y voluntariado en aplicación del artículo 100.2.

En el caso de Sànchez, la Junta de Tratamiento le permitió 11 horas diarias en libertad tres días laborables a la semana para un programa de voluntariado, mientras que Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para ejercer un empleo y voluntariado.

Los dos ya han tenido permiso penitenciario ordinario de 48 horas al cumplir a mediados de enero una cuarta parte de la condena a nueve años de cárcel por sedición que les impuso el TS por el proceso soberanista. Además, de ellos, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, condenado por el TS a 10 años y medio, solicitó a Lledoners la aplicación del 100.2, que le permitiría flexibilizar su régimen penitenciario, sin que ello suponga modificar su segundo grado.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ha aprobado la flexibilización del régimen penitenciario del expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que podrán salir de la cárcel tres y cinco días a la semana, respectivamente, informa Europa Press.

Según ha informado la Secretaría de Medidas Penales del Govern, se les aplicará el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, artículo que permite flexibilizar el régimen de los presos en segundo grado, de manera que vayan incorporándose a la vida en libertad en base a su programa de tratamiento.

Así, los dos presos condenados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista a nueve años de cárcel por un delito de sedición podrán salir de la cárcel entre semana para trabajar y hacer programas de voluntariado.

En el caso de Jordi Sànchez tendrá 11 horas diarias en libertad tres días laborables a la semana para un programa de voluntariado, y Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para ejercer un empleo y voluntariado.

Los dos han tenido permiso penitenciario ordinario de 48 horas tras cumplir una cuarta parte de la condena a mediados de enero, tras ser aprobado por la Junta de Tratamiento, y están pendientes de que se aprueben sendas propuestas de permiso de tres días por parte de un juzgado de vigilancia penitenciaria.

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ratificó el 9 de enero la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad, para los presos condenados por el 1-O.

La Secretaría confirmó la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona) del 11 de diciembre para los líderes independentistas encarcelados, una decisión que las juntas adoptaron sin unanimidad.

Artículo 100.2

El artículo 100.2 del reglamento penitenciario prevé que el equipo técnico pueda proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado.

Se trata de una medida excepcional que depende de la Junta y necesita de una aprobación posterior del juez de vigilancia, pero que es de ejecutividad inmediata.

El expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, ha salido este sábado a las 16.12 horas de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), por su primer permiso penitenciario, de dos días, según informa Europa Press.

El dirigente independentista, condenado a nueve años de cárcel por el Tribunal Supremo (TS) por sedición por el proceso soberanista, solicitó el permiso al cumplirse la cuarta parte de su condena. El permiso, de 48 horas, fue propuesto por la Junta de Tratamiento de Lledoners el 14 de enero y el Servicio de Clasificación de la Conselleria de Justicia de la Generalitat lo aprobó al día siguiente.

La Junta de Tratamiento también propuso la semana pasada tres días de permiso para Sànchez, salida pendiente de ser aprobada por el juzgado de vigilancia penitenciaria.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fue el primero en salir con un permiso penitenciario de dos días el 16 de enero, de manera que reingresó en Lledoners al anochecer del 18 enero.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a perder su unanimidad al rechazar, con votos discrepantes, dos recursos presentados por el exdiputado y expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, condenado por sedición en la causa del procésindependentista de Cataluña. En todo caso confirma la constitucionalidad de diferentes decisiones del Tribunal Supremo, relativas a su mantenimiento en prisión y a la denegación de los permisos que solicitó para asistir al Parlamento de Cataluña en abril de 2018.

La tónica de esta falta de unanimidad respecto a asuntos del procés es reciente, se inauguró el pasado 28 de noviembre cuando el acuerdo de los doce magistrados en torno a estos asuntos se rompió respecto a un recurso del exlíder de ERC también condenado y en prisión Oriol Junqueras contra el mantenimiento de su prisión provisional durante la instrucción y el juicio por esta causa.

Lo único diferente es que en dicha ocasión presentaron voto particular tres magistrados pertenecientes al sector más progresista del tribunal de garantías, los magistrados María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol Ríos,y Fernando Valdés, y respecto a los recursos Sánchez únicamente han anunciado voto discrepante estos dos últimos, según ha informado el tribunal de garantías.

El expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenados por el Tribunal Supremo, han pedido este martes su primer permiso penitenciario, han informado fuentes penitenciarias a Europa Press.

El abogado de Sànchez, Jordi Pina, ya anunció la semana pasada que lo pediría este martes, cuando para ambos se cumple la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo (TS) tras el juicio por el proceso soberanista.

El letrado dijo que si Sànchez obtiene un permiso penitenciario, priorizará pasar el tiempo con su familia, y expresó su "respeto" hacia toda la gente que le apoya.

Cuixart, en una entrevista de Europa Press, afirmó este sábado que no se acogerá a ningún beneficio penitenciario, pero sí pedirá permisos porque es un "derecho" de los presos al que no renunciará.

La petición llega después de que la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ratificara el pasado jueves la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad, para todos los condenados por el proceso soberanista.

A partir de esa confirmación, los presos ya pueden pedir permisos penitenciarios al cumplir la cuarta pena de la condena, con lo que los primeros en poder solicitarlos son Sànchez y Cuixart.

La cárcel de Lledoners propone dos días de permiso

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ha acordado este martes una propuesta de dos días de permiso para estar fuera de prisión para el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Según ha informado la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia, la propuesta será enviada al Servicio de Clasificación, que es el órgano con la facultad de aprobarla.

El expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, pedirá su primer permiso penitenciario el martes 14 de enero, al cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo (TS) tras el juicio por el proceso soberanista.

En una rueda de prensa, el abogado Jordi Pina ha asegurado que Sànchez "tiene previsto pedir los permisos reglamentarios" y ha confiado en que la Generalitat confirme su grado penitenciario antes del 14 de enero.

El letrado ha asegurado que si Sànchez obtiene un permiso penitenciario, priorizará pasar el tiempo con su familia, pero ha expresado su "respeto" hacia toda la gente que le apoya.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha considerado que el incumplimiento en septiembre por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, del plazo para retirar la pancarta con el lazo amarillo de la fachada de la sede del Ejecutivo catalán puede tener "relevancia penal".

En un auto de 4 de noviembre recogido por Europa Press, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha informado sobre el caso a la Sala Civil y Penal del mismo tribunal "por si los hechos tuvieran relevancia penal". En la misma resolución, la Sala contenciosa ha rechazado el recurso de reposición que la Generalitat interpuso contra la orden del TSJC de retirar la pancarta a favor de la libertad de los líderes independentistas encarcelados.

El tribunal ha recordado que acordó la medida cautelar de retirar la pancarta a raíz de un recurso interpuesto por la entidad Impulso Ciudadano y que dio un plazo de 48 horas a Torra desde que fue requerido personalmente el 23 de septiembre, pero que el presidente de la Generalitat no quitó el cartel del balcón del Palau hasta que, expirado el plazo, se ordenó que lo hicieran los Mossos d'Esquadra.

A las 15.33 horas dos operarios retiraron la pancarta con el lazo y sobre las 18 la Generalitat colgó otraotra con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Libertad de expresión y neutralidad

Precisamente, el derecho a la libertad de expresión de Torra fue alegado en el recurso que presentó la administración catalana contra la orden del TSJC de retirar el lazo, pero la Sala contenciosa del tribunal ha considerado provisionalmente que hay que mantener la medida cautelar de retirada de la pancarta porque suponía "el mantenimiento, con vocación de permanencia, de un mensaje no neutral en el edificio público concernido –el Palau de la Generalitat–".

Impulso Ciudadano invocó el respeto al principio de neutralidad institucional para solicitar la retirada de la pancarta, y el TSJC ha considerado que Torra puede ejercer su derecho a la libertad de expresión "en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación".

El auto del TSJC contiene un voto particular concurrente de un magistrado que considera que corresponde la medida cautelar de retirada de la pancarta, pero que la discusión sobre el derecho a la libertad de expresión de Torra y la neutralidad de las instituciones no se tendría que tratar en esta fase del procedimiento.Impulso ciudadano

En un comunicado, Impulso Ciudadano ha afirmado que la historia se repite –Torra ya fue juzgado el lunes por presunta desobediencia en marzo a la Junta Electoral Central (JEC) con la pancarta– y ha lamentado que el presidente de la Generalitat "haya adoptado como fórmula de gobierno la desobediencia a las instituciones y a los tribunales, actitud impropia de un gobernante democrático", por lo que le ha pedido que abandone el cargo.

"Su comportamiento hostil hacia los catalanes constitucionalistas, hispanofóbico, contemporizador con la violencia política y contrario a la separación de poderes le inhabilita para ello", ha remarcado la entidad.

Torra recrimina al TSJC que le investigue en vez de pedir la libertad de Cuixart y Sánchez

  El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recriminado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que haya considerado que el incumplimiento de retirar la pancarta con el lazo amarillo en septiembre puede tener relevancia penal, y ha afirmado que lo que debería hacer el tribunal es pedir la libertad del presidente de ÒmniumJordi Cuixart, , y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez como pide Amnistía Internacional.

"Lo que debería hacer el TSJC, después del informe de Amnistía Internacional, es instar al Tribunal Supremo la inmediata puesta en libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y pedir la nulidad de la sentencia por sedición", ha defendido en un tuit recogido por Europa Press.