El Ministerio de Trabajo propondrá el próximo día 2 al patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) el nombramiento de Antonio de Luis Acevedo como nuevo gerente de esa institución, que se encarga de gestionar las subvenciones para impartir cursos a trabajadores. Ese día se votará también el cese del todavía gerente de la Fundae, Ignacio Fernández Zurita, según ha confirmado el ministerio a infoLibre. De Luis ha sido el elegido en el concurso de méritos que se convocó para cubrir el puesto y al que se presentaron 35 candidatos.

De Luis ya es patrono en la Fundae en representación del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), cargo que deberá dejar para encargarse de la gerencia de la fundación. Además de funcionario y jefe de servicio en el SEPE desde 2013, De Luis pertenece a un grupo de trabajo de la Secretaría de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE madrileño, a cuyo frente se encuentra Maru Menéndez.

La designación de De Luis como gerente de la Fundae se da por segura dado que la Administración controla la mayoría en el patronato, donde también se sientan las comunidades autónomas, los sindicatos mayoritarios y la patronal.

La destitución del anterior directivo, que procedía de la patronal Confemetal y fue nombrado por el Gobierno del PP, provocó las airadas protestas de la CEOE. No sólo porque la decisión la tomara el actual Ejecutivo ya en funciones, apenas un año después de haber sido designado Fernández Zurita para el puesto, sino también por el nuevo concurso de méritos convocado. El cambio de perfil que exige el Ministerio de Trabajo para cubrir el cargo hace sospechar a la CEOE que el puesto se había diseñado para adjudicárselo a un candidato concreto. De ahí que incluso amenazara con la presentación de un recurso.

Así, destacaba la patronal, esta segunda convocatoria del concurso de méritos –Fernández Zurita fue el primer gerente de la Fundae elegido con este sistema– restringía la candidatura a funcionarios y exigía al menos 10 años de experiencia en el ámbito público de la formación para el empleo, haber diseñado sistemas de información públicos en esta materia o gestionado subvenciones estatales de formación. Preguntado entonces por este periódico, Trabajo respondió que los nuevos requisitos estaban pensados para un perfil “más de gestor, más técnico” que el anterior.

“Pérdida de confianza”

Curiosamente, fue la misma suspicacia que despertó la elección del gerente ahora destituido. Entonces la convocatoria pedía a los candidatos “cinco años en puestos de responsabilidad en organizaciones o entidades en el ámbito laboral” y experiencia en “procesos de negociación colectiva y diálogo social”. Se presentaron 41 personas. En Confemetal, Fernández Zúñiga había formado parte de la comisión negociadora del convenio del sector del metal y, en representación de Cepyme, se sentaba en la Mesa de Diálogo Social sobre formación.

Cuando le destituyó, el SEPE alegó como motivo la “pérdida de confianza”. La procedencia del gerente resultaba también problemática desde el punto de vista legal. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las “autoridades” y, en general, “el personal al servicio de las Administraciones” deben abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento cuando tengan “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto”, o le hayan “prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Es decir, el exgerente de la Fundae debería haberse abstenido cada vez que hubiera tratado cualquier asunto relacionado con su antiguo empleador, Confemetal.

El Tribunal Supremo anuló el pasado 22 de febrero el convenio colectivo de una empresa de seguridad de bajo coste, Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Sólo una semana antes, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas admitía a trámite la querella que había presentado el fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, su mujer, dos de sus primos y otras cinco personas por desviar fondos y bienes para evitar su embargo. Ramírez es el dueño del grupo Ralóns y antes lo fue de Seguridad Integral Canaria (SIC), una de las empresas de seguridad privada que más contratos públicos consiguió durante toda la crisis gracias a sus bajos salarios.

Entre esos cinco querellados se encuentran también el gerente de la citada Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Jacobo López Redondo, así como el director general de Marsegur –ahora llamada Novo Segur–, Antonio Redondo Álvarez, y su administrador, Jesús Miguel Acosta Ramos. En su informe, el fiscal intenta demostrar que tanto Sinergias de Vigilancia como Marsegur-Novo Segur son propiedad de Miguel Ángel RamírezMiguel Ángel Ramírez, una tesis que los sindicatos del sector llevan años esgrimiendo y el polémico empresario canario siempre ha negado.

Tanto estas dos empresas como Seguridad Integral Canaria, que fue vendida por Ramírez el pasado mes de junio a su administrador durante años, Héctor de Armas –también parte de la querella–, han sido el blanco de las denuncias de los sindicatos por sus pésimas condiciones laborales. Las tres aprovecharon la reforma laboral de 2012, que da prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales, para establecer unos salarios que recortaban hasta en un 40% los fijados para el resto del sector. Gracias a ello, se hicieron con un buen número de concursos públicos. Pero su grado de cumplimiento de los contratos ha dejado mucho que desear. Los retrasos en el abono de las nóminas cuando no el impago total de los sueldos ha sido una constante en estas empresasuna constante en estas empresas. Sólo el año pasado los vigilantes han denunciado la falta de ingreso de los salarios en centros públicos de Córdoba, Málaga, Canarias y Alicante.

Uno de ellos es también la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Encargada de gestionar las subvenciones para los cursos de formación destinados a ocupados y parados, la Fundae es una fundación estatal –la mayoría de su patronato corresponde al Estado– en la que participan la patronal y los sindicatos más representativos. En noviembre de 2017 la Fundae adjudicó a Sinergias de Vigilancia y Seguridad un contrato de dos años para vigilar su sede central en Madrid por importe de 341.331 euros. Con ese dinero debía pagar a seis vigilantes. Sin embargo, lleva meses retrasando el pago de las nóminas y desde enero, ha dejado de abonarlas. Los vigilantes empezaron a protestar el pasado mes de septiembre con el apoyo de los sindicatos. Incluso el resto de la plantilla de la Fundae hizo un plante en solidaridad con ellos.

Los incumplimientos de Sinergias de Vigilancia y de Marsegur ya han supuesto la rescisión de sus contratos en otros ministerios como el de Defensa y en gobiernos autonómicos como el de Castilla-La Mancha. Pero ni las denuncias constantes de los trabajadores ni la pérdida de estos servicios han impedido al resto de las administraciones seguir concediéndoles contratos. Es más, el principal adjudicador a estas dos empresas, pese a su pésimo cumplimiento laboral, ha sido el Ministerio de Empleo. Desde 2015, Sinergias de Vigilancia consiguió 54 contratos, de los que 17 corresponden al Ministerio de Empleo, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. De los 13 adjudicados a Novosegur, dos proceden de ese mismo departamento. Sólo en los tres meses de este año, ya con el nuevo Gobierno, Sinergias de Vigilancia se ha hecho con seis concursos públicos, de los que uno procede de la Dirección Provincial del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) de Castellón y dos de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla. También el Instituto de la Juventud le ha encomendado que vigile sus instalaciones en Madrid. Y la Agencia Tributaria de Canarias, pese a que agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependientes de ese organismo, se han encargado de realizar seguimientos por orden de la Fiscalía a los nueve querellados por desviar fondos para no pagar al fisco y a la Seguridad Social.

El 12 de diciembre de 2018 la comisión permanente de la Fundae, que actúa en delegación de su patronato, decidió tomar cartas en el asunto. Tanto los sindicatos como la CEOE exigieron a la gerencia que rescindiera el contrato con la empresa de seguridad. “La Responsabilidad Social Corporativa debería incluirse también en los pliegos de condiciones de los contratos de los ministerios”, explica el responsable de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, quien reclamó a la Fundae que se respetara un mínimo de “calidad” en la contratación. “La gerencia nos contestó que estudiaba diferentes fórmulas para rescindir con Sinergias”, confirma también la secretaria general de Formación de CCOO, Lola Santillana. El 28 de febrero pasado la Fundae envió a la empresa de seguridad la comunicación de que resolvía el contrato con efectos a 30 de abril, 10 meses antes del plazo fijado en el concurso. El motivo, “incumplir las condiciones esenciales del contrato”.

“Un gesto que la fundación debe a estos trabajadores”

Pero para la CEOE, este paso no es suficiente. “La Fundae debe hacer algo más, debe actuar de forma más proactiva”, insta el representante de la patronal en la fundación Manuel San Juan. “En la Fundae el Ministerio de Trabajo posee la mayoría y su patronato lo preside la secretaria de Estado de Empleo”, subraya, “por lo que es inadmisible que estos trabajadores no cobren sus nóminas”. Además, los vigilantes no tienen expectativa alguna de que la situación se vaya a corregir en los próximos meses ni pueden esperar el tiempo necesario para que otra empresa se haga carga del servicio y subrogue a la plantilla, advierte San Juan. La Fundae publicó el pasado día 1 el anuncio de un concurso negociado y sin publicidad para contratar a una “empresa puente” que preste el servicio de vigilancia durante un año mientras se tramita el concurso abierto para sustituir a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Se ha invitado a ese procedimiento a siete empresas, según las fuentes consultadas por infoLibre. Es decir, los trabajadores aún tendrán que esperar un par de meses, por lo menos, antes de que otra empresa los contrate y empiece a pagarles en tiempo y forma. La previsión es que haya una nueva empresa al cargo del servicio el 1 de mayo.

Por eso, la CEOE presentó a la Fundae y al SEPE una “propuesta formal”, destaca San Juan, para que presentaran una querella criminal por delito contra los derechos de los trabajadores contra Sinergias de Vigilancia y Seguridad. “La Fundae ha pagado puntual y religiosamente a esta empresa las cantidades estipuladas en el contrato, por lo que no tiene motivo para incumplir con sus trabajadores”, protesta el directivo de la CEOE. Ese delito está castigado con penas de prisión entre seis meses y seis años. “Sólo por la composición de la Fundae”, recalca, “no podemos permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores delante de nuestras narices”. Se trata de un “gesto que la fundación debe a estos trabajadores”, pero también de una acción clara contra las empresas que compiten de forma desleal, razona.

Aunque la gerencia de la Fundae se ha comprometido a “analizar posibles respuestas legales” ante las actuaciones que realice Sinergias de Vigilancia una vez comunicada la resolución del contrato, ni la fundación ni el SEPE parecen estar muy dispuestos a presentar la querella y convertirse en acusación particular en este caso. “Lo están estudiando”, asegura Manuel San Juan. La Fundae, a través de una portavoz oficial, dice no tener constancia de la propuesta hecha por la CEOE y se limita a contestar que está haciendo “todo lo posible para resolver una situación no deseada” además de reclamar a la empresa que pague las nóminas. Al SEPE  tampoco le consta la petición de la patronal, según contesta su portavoz. Tendrán que ser los trabajadores quienes reclamen individualmente en el juzgado los salarios que les deben, explica.

Tampoco responden la Fundae y el SEPE a la pregunta de si retendrá a Sinergias de Vigilancia la garantía de depósito o aval que están obligados a formalizar las empresas cuando firman un contrato público. El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, lamenta que sean “pocas las administraciones que lo hacen” cuando se presenta un problema de estas características. Las fuentes de la fundación consultadas, no obstante, explican que la empresa pretende que le devuelvan el aval depositado y que utiliza el impago de las nóminas como “forma de presión”. Así, la Fundae teme que Sinergias se quede con la fianza y no abone los salarios.

Denuncias en la Inspección de Trabajo y en los juzgados

Tanto Seguridad Integral Canaria como Marsegur-Novo Segur se encuentran en concurso de acreedores, pero no Sinergias de Vigilancia. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Supremo, se le avecinan nuevos problemas. USO ya ha presentado una denuncia en la unidad central de la Inspección de Trabajo para reclamarlas cotizaciones a la Seguridad Social dejadas de ingresar desde 2015 por la diferencia entre el salario cobrado por sus trabajadores y el que debería haberles pagado la empresa si hubiera respetado el convenio sectorial. Según los cálculos de Basilio Febles, la suma asciende a un millón de euros por un total de casi 700 trabajadores repartidos por toda España. Además, el sindicato ha convocado una asamblea para informar a los vigilantes de su derecho a exigir ante los tribunales que les resarzan de los salarios dejados de percibir los últimos cuatro años en virtud del convenio anulado.

Antes también fueron anulados por los tribunales los convenios casi idénticos de Seguridad Integral Canaria y Marsegur-Novosegur. “Este modelo de empresas pirata se acaba”, avanza Basilio Febles, “pero surgen otras…”. La nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde noviembre de 2017, pretendió terminar con los problemas que la prevalencia otorgada al precio en la valoración de las ofertas de un concurso ha desencadenado en los últimos años, con unas administraciones abocadas al ahorro para recortar el déficit. Así que estableció en el 49% el límite del peso del precio en la puntuación final. “Pero ahora se están añadiendo otras cláusulas que, aunque no son precio directo, terminan siendo precio igualmente”, advierte el responsable de USO, “como por ejemplo, que se premie con puntos a las empresas que regalan bolsas de horas u ofrezcan vehículos”.

“El precio no lo es todo”, concede por su parte Manuel San Juan. A la vista está con el pobre y tumultuoso recorrido que ha tenido el low cost de la seguridad privada en las administraciones públicas.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destituido a Ignacio Fernández Zurita, gerente de la Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), la institución encargada de gestionar las ayudas a la formación de ocupados y desempleados. Como motivo alega la “pérdida de confianza” en el directivo, que no llevaba ni un año en el cargo. Director de Relaciones Institucionales de la patronal ConfemetalConfemetal durante 10 años, Fernández Zurita fue nombrado para el puesto por el anterior Gobierno, tras ser seleccionado mediante una convocatoria pública a la que se presentaron 41 candidatos.

Su designación fue aprobada el pasado 5 de abril por el patronato de la Fundae con las abstenciones de los representantes de CCOO y el sindicato gallego CIG, así como de las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Navarra. Mientras los sindicatos argumentaron que el nombramiento de un ejecutivo de la patronal ponía en duda la “independencia y neutralidad” de la fundación, las comunidades autónomas se quejaron de la falta de transparencia del procedimiento de selección.

Además de destituir al gerente, el Ministerio de Trabajo ya ha convocado un nuevo concurso para elegir a su sucesor. Lo ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ambos movimientos han despertado un “tremendo malestar” en la CEOE. “No tiene sentido que un Gobierno en funciones genere tanta inestabilidad en el sistema de formación para el empleo”, protesta el director de Formación de la patronal, Juan Carlos Tejeda. Según explica, la CEOE “se ha desayunado hoy [por el viernes] con el BOE”, cuando a su juicio la destitución del gerente de la Fundae debería haberse negociado tanto en la Mesa del Diálogo Social que discute sobre formación para el empleo como en la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde también se sientan sindicatos y patronal con la Administración. Tejada critica que nadie les ha explicado “por qué el SEPE ha perdido la confianza” en Fernández Zurita.

UGT y CCOO coinciden en que el gerente “no ha hecho gran cosa” en el año escaso que ha estado al frente de la Fundae. “No ha tenido mucho tiempo y, además, se le nombró en pleno cambio de Gobierno”, concede Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT. Lola Santillana, responsable de Empleo de CCOO, critica los cambios de estructura que el exgerente quiso llevar a cabo sin éxito. Pacheco, que niega la existencia de “problemas” en su gestión, le reconoce “la facultad de organizar su equipo” como quisiera. Otras fuentes al tanto del caso relacionan la destitución de Fernández Zurita con lo que califican como “injerencia” del SEPE en la gestión interna de la Fundae. El ministerio pretendía “negociar” la ampliación del organigrama que intentó ejecutar Fernández Zurita y que las fuentes consideran una competencia exclusiva del gerente.

Despolitizar la formación

El representante de la CEOE, por su parte, elogia la gestión de Fernández Zurita y niega que exista ningún motivo objetivo que justifique su cese. “Desbloqueó los pagos [de subvenciones] de la convocatoria de 2014, gestionó la convocatoria nefasta de 2016, resolvió las ayudas de la convocatoria TIC [para mejorar competencias en tecnologías de la información] y ha negociado la de 2018 que, por fin, tiene una gestión más lógica”, detalla. “Cuando empezábamos a ver la luz al final del túnel”, lamenta a continuación, “nos ponen este palo en las ruedas tan tremendo”. Tejeda se refiere a la reforma del sistema aprobada por el Gobierno del PP, que soliviantó tanto a los sindicatos como a la patronal tras ser apartados del órgano de gestión de los cursos, y que paralizó la formación para el empleo entre 2015 y 2017, después de que la Audiencia Nacional anulase dos convocatorias de subvenciones, precisamente a raíz de otras tantas demandas interpuestas por la CEOE y luego secundadas por UGT y CCOO.

La patronal también desaprueba que se haya destituido a un gerente que no era “un comisario político, sino un técnico”. “Hasta que se despolitice, el sistema de formación para el empleo no funcionará nunca”, advierte Juan Carlos Tejeda. Fernández Zurita fue el primer gerente de la Fundae que se eligió mediante una convocatoria pública. Ahora el Ministerio de Trabajo acaba de publicar la segunda, después de cambiar sustancialmente el perfil exigido a los candidatos. Y ha enfurecido aún más a la CEOE, que está estudiando con sus abogados la presentación de un recurso. Tejeda acusa al ministerio de “arbitrariedad” por limitar esta segunda convocatoria a funcionarios, según se desprende de los requisitos publicados. Por ejemplo, al menos 10 años de experiencia en el ámbito público de la formación para el empleo, que los candidatos hayan diseñado sistemas de información públicos en esta materia o que hayan gestionado subvenciones estatales de formación. El representante de los empresarios menciona que existen sentencias que consideran ilegal fijar requisitos muy definidos pensados para conceder puestos a una persona predeterminada.

Ésa fue también una de las suspicacias que despertó el gerente ahora destituido. Entonces la convocatoria pedía a los candidatos “cinco años en puestos de responsabilidad en organizaciones o entidades en el ámbito laboral” y experiencia en “procesos de negociación colectiva y diálogo social”. En Confemetal, Fernández Zúñiga formó parte de la comisión negociadora del convenio del sector del metal y, en representación de Cepyme, se sentaba en la Mesa de Diálogo Social sobre formación.

Conflicto de interés

Además, la procedencia del gerente resultaba problemática desde el punto de vista legal. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las “autoridades” y, en general, “el personal al servicio de las Administraciones” deben abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento cuando tengan “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto”, o le hayan “prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Es decir, el exgerente de la Fundae debería haberse abstenido cada vez que hubiera tratado cualquier asunto relacionado con su antiguo empleador, Confemetal.

Santillana mantiene las críticas que en su día vertió contra la “falta de objetividad” de Fernández Zurita, pero Pacheco rechaza que su trabajo en la patronal supusiera un conflicto de interés cuando pasó a la Fundae, una institución cuyo papel rebaja. “Ahora es un órgano meramente instrumental”, advierte, “lo que nos importa es la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, que sí es verdaderamente tripartita y la que debería gestionar la formación”. Juan Carlos Tejeda se basa en informes del abogado del Estado y de la asesoría jurídica de la propia fundación para negar cualquier incompatibilidad de Fernández Zurita. “En todo caso, debería haberse abstenido si hubiera tenido que decidir sobre Confemetal, pero Confemetal no puede pedir subvenciones”, explica. Sí que lo hace la Fundación Confemetal, que recibió 1,28 millones de euros en tres expedientes de la convocatoria de 2016, por ejemplo. “Es una entidad totalmente distinta”, precisa Juan Carlos Tejeda.

El responsable de la CEOE critica que se haya destituido al gerente de la Fundae cuando el próximo día 7 termina el plazo para solicitar las subvenciones de la convocatoria de 2018. “El cambio se producirá en mitad del proceso de valoración”, protesta. Fuentes del Ministerio de Trabajo indican a infoLibre que Fernández Zúñiga sigue en activo hasta que se convoque una reunión extraordinaria del patronato de la Fundae y ratifique su destitución. Si el cambio y la elección del sustituto se producirán antes de las elecciones del 28 de abril es una incógnita. El plazo para presentarse al concurso público termina el próximo día 15.

Sobre el cambio de requisitos del concurso público, Trabajo responde que están pensados para un perfil “más de gestor, más técnico” que el anterior. Y asegura que tanto la patronal como los sindicatos fueron informados “hace más de 15 días”. “Los sindicatos no pusieron objeciones, sólo la CEOE”, añade el ministerio, que cuenta con mayoría en el patronato de la Fundae.

Un empresario dedicado a impartir cursos de formación a trabajadores ha puesto a la venta un censo de 15 certificados de profesionalidad por vía telemática y 50 acuerdos que firmó con academias para dar clases presenciales. Los ha ofrecido en un envío múltiple de correos electrónicos, en los que pide 50.000 euros por todo el paquete. Según explica el Ministerio de Trabajo a preguntas de infoLibre, vender esas acreditaciones que concede el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) es ilegal e incluso puede tratarse de una “estafa”.

De hecho, la CEOE ya lo ha comunicado tanto al SEPE como a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), aunque ambas instituciones dicen no haber recibidio una denuncia formal. “La noticia de los correos nos ha llegado a través de algún centro de formación que lo ha recibido, incluso se envió al propio centro de formación de la CEOE”, asegura Manuel San Juan, vocal de los empresarios en el patronato de la Fundae, que gestiona la formación para el empleo y donde están representados tanto la Administración como la patronal y los principales sindicatos.

San Juan deja claro que esas acreditaciones no se pueden vender y explica que, como apreció “connotaciones dudosas” en la “anómala” oferta, la puso en conocimiento del SEPE y la Fundae para que la investiguen. “Aunque fuera legal, sería cuestionable”, resume. El vocal de la CEOE destaca que ahora es “un buen momento” para vender esas acreditaciones puesto que acaba de abrirse el periodo de solicitud de subvenciones públicas para la convocatoria de 2018.

Los certificados de profesionalidad son acreditaciones oficiales, expedidas por el SEPE, que garantizan la posesión de unas competencias profesionales, un perfil o capacitación de las 26 familias que componen el Catálogo Nacional de Cualificaciones. Esas competencias pueden adquirirse mediante formación o mediante la experiencia laboral. En el primer caso, sólo la pueden impartir centros privados convenientemente registrados en el SEPE –además de centros de formación profesional, centros públicos o las empresas–. Para que una academia o centro de formación privada dé estos cursos debe acreditar ante el SEPE que cumple con un determinado número de requisitos. Así, tiene que poseer un proyecto formativo con una planificación didáctica, una metodología y tutorías, así como disponer de instalaciones, formadores acreditados y una plataforma informática a la que se conecten los alumnos si la enseñanza es en modalidad de teleformación –las clases pueden ser también presenciales–.

Una vez que el SEPE ha verificado el cumplimiento de estas condiciones, concede las acreditaciones y revisa cada año si la empresa las sigue satisfaciendo o no. Puede ocurrir que quien compre las acreditaciones que esta empresa ha puesto a la venta no cumpla sin embargo los requisitos gracias a los cuales fue expedida para ella. El SEPE es el encargado del “seguimiento y control de las acciones formativas” que ejecutan estas empresas, explica a este periódico la Fundae.

“Una gran oportunidad”

En los correos a los que ha tenido acceso infoLibre, Rafael Galobart, que se presenta como socio director de la consultora Necesitas Formación SL, cita su número de registro en el SEPE como centro de teleformación y adjunta un enlace al registro oficial donde aparecen los 15 certificados de profesionalidad que tiene acreditados: administrativo, mantenimiento de jardines, auxiliar de almacén y de comercio, vendedor, camarero de piso, camareros y cocineros, profesor de Formación Profesional y atención a dependientes. También dice contar con “más de 50 acuerdos (la mayoría en la zona centro)” para dar clases presenciales en toda España. “Se presenta una gran oportunidad, ya que se pueden abrir/aumentar diferentes líneas de negocio: contratos de formación y aprendizaje, impartir formación a través de iniciativa privada o formación programada [en empresas] y subvenciones públicas, para desempleados y trabajadores”, invita.

A continuación, el empresario explica que por “cese de actividad” ofrece esos censos por 50.000 euros. Manuel San Juan apunta que Galobart puede vender la sociedad o las acciones, pero no las acreditaciones oficiales. “Puedo vender todo lo que tengo en la empresa”, responde su dueño a este periódico. Cuando se le pregunta si lo ha conseguido, dice que aún está “en ello” y que le parece “absurdo” que no se le permita hacerlo.

La Secretaría de Estado de Empleo está “en proceso de revisión” y “reformulación” de la estructura organizativa y funcional de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), que gestiona y concede las subvenciones para impartir cursos a trabajadores y parados. Según ha explicado un portavoz, los responsables de Empleo están estudiando las “cuestiones organizativas y funcionales” que algunos miembros del patronato de la fundación –integrado por las administraciones estatal y autonómicas, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO y CIG– expusieron en la primera reunión que éste celebró ya con el PSOE en el Gobierno, el pasado 26 de julio.

Una de esas cuestiones es el conflicto de interés en que puede incurrir el gerente de la Fundae, Ignacio Pérez Zurita, nombrado por el anterior Gobierno en abril, por haber sido ejecutivo de la asociación de empresarios Confemetal y haber representado a CEOE y Cepyme en foros internacionales y en la mesa de diálogo con Empleo. Estas patronales, al igual que los sindicatos y otras asociaciones y empresas, solicitan subvenciones a la Fundae para impartir cursos. Esta misma semana CCOO envió al secretario del patronato, a petición de éste, un informe jurídico con los argumentos que apoyan el posible conflicto de interés ya planteado en julio. En abril, tanto CCOO y CIG como seis comunidades autónomas se abstuvieron de apoyar el nombramiento de Fernández Zurita al frente de la fundación.

Como publicó entonces infoLibre, la Ley de Régimen Jurídico del Sector PúblicoLey de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las “autoridades” y, en general, “el personal al servicio de las Administraciones” deben abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento cuando tengan “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto”, o le hayan “prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Es decir, el gerente de la Fundae debería abstenerse cada vez que tuviera que tratar cualquier asunto relacionado con su antiguo empleador, Confemetal, donde ha trabajado desde 2004.

Además, como ha sido ponente habitual, en representación de CEOE y de BusinessEurope –la patronal europea–, en foros y eventos de ámbito nacional y europeo, así como representante de Cepyme en la Mesa de Diálogo Social sobre formación abierta en el ministerio, el gerente debería abstenerse igualmente en los procedimientos relacionados con ambas confederaciones empresariales. Fernández Zurita también ha sido desde 2015 el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Levadura (AFLE), patronal integrada en la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), que es a su vez miembro de CEOE. Como queda dicho, la ley obliga a inhibirse a los empleados públicos que hayan prestado servicios profesionales “de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar” a personas jurídicas en cuyos procedimientos deban intervenir.

Además, CCOO señala en su informe que otra ley, la de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, de 1992, también exige, en su artículo 28, la abstención de las autoridades y personal de la Administración si éstos tienen “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto” cuando éstos ejercen “potestades administrativas”, o si le han prestado “en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar” a esa persona física o jurídica. El sindicato señala que esa ley establece también que los interesados pueden promover la “recusación” del funcionario “en cualquier momento de la tramitación del procedimiento” y que eso podría ocurrirle a Fernández Zurita.

Subvenciones

El gerente de la Fundae tiene entre sus cometidos la “gestión y administración ordinaria” de la fundación. Pero, además, es el “encargado de la instrucción de los expedientes administrativos de concesión de las ayudas para su resolución”, según puede leerse en la propia web de la fundación, en la página donde se describen las funciones de la gerencia. La convocatoria de subvenciones para formar a trabajadores en competencias digitales, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo por importe de 60,4 millones de euros, detalla en su artículo 20 la “instrucción del procedimiento”: el gerente “evalúa” las solicitudes de ayudas que presentan las entidades de formación, públicas o privadas, para después “formular la propuesta provisional de resolución debidamente motivada”. La entidad –empresas de formación, también sindicatos y patronales– puede presentar alegaciones, que serán analizadas de nuevo por el gerente. Éste formula entonces la propuesta definitiva de resolución, concediendo o denegando la subvención solicitada.

Por tanto, el gerente tendría que evaluar las solicitudes de ayudas que presentaran las patronales para las que trabajó, analizar sus alegaciones en caso de que fueran denegadas de forma provisional y concederlas o rechazarlas definitivamente después.

De hecho, es lo que está haciendo estos días. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que Confemetal ha presentado una decena de solicitudes de subvención para esa convocatoria TIC, que ahora se encuentra en plena tramitación y cuya resolución definitiva deberá estar lista en diciembre.

Sólo en la última convocatoria de subvenciones, el Plan de Formación correspondiente a 2016, la Fundación Confemetal recibió un total de 1,28 millones de euros en tres expedientes: uno para el sector de grandes almacenes, por importe de 740.405,5 euros, otro para empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, por valor de 418.896,6 euros, y un tercero para el sector del metal por 129.100,8 euros.

La respuesta, antes de fin de año

La Secretaría de Estado de Empleo explica que en estos momentos está “recabando información” y “propuestas de actuación” y anuncia que dará una respuesta al patronato de la Fundae en la próxima sesión ordinaria, antes de que acabe el año, incluidas las “medidas oportunas para garantizar el mejor funcionamiento de la fundación”. No obstante, precisa que hasta el momento no ha “apreciado indicios de falta de objetividad en sus decisiones”. “Estamos analizando los procedimientos, de momento no podemos decir más”, asegura un portavoz.

Ignacio Fernández Zurita es el primer gerente de la Fundae elegido mediante una convocatoria pública, a la que se presentaron 41 candidatos. De los 35 que reunían los requisitos del concurso de méritos, Fernández Zurita fue considerado “el perfil técnico más idóneo” por un grupo de trabajo integrado por dos altos funcionarios del ministerio y el secretario del patronato de la fundación. La Secretaría de Estado de Empleo defiende que su nombramiento “se produjo regularmente, respondiendo a una correcta valoración de su capacidad y experiencia previa”. Y dice que “en la actual fase de recabar información para su posterior análisis” no tiene constancia de un eventual conflicto de interés.

El Ministerio de Empleo seleccionó el pasado abril a un ejecutivo de la asociación de empresarios Confemetal, Ignacio Fernández Zurita, para colocarlo al frente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), la institución que gestiona las ayudas a la formación de ocupados y desempleados. Es el primer gerente de la Fundae elegido mediante una convocatoria pública a la que se presentaron 41 candidatos. De los 35 que reunían los requisitos del concurso de méritos, Fernández Zurita es quien fue considerado “el perfil técnico más idóneo” por un grupo de trabajo integrado por dos altos funcionarios de Empleo y el secretario del patronato de la fundación.

El nombramiento del ex director de Relaciones Institucionales de Confemetal fue aprobado por el patronato de la Fundae el pasado 5 de abril con las abstenciones de los representantes de CCOO y el sindicato gallego CIG, así como de las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Navarra. Los sindicatos argumentaron que la designación de un ejecutivo de la patronal pone en duda la “independencia y neutralidad” de la fundación, mientras que las comunidades autónomas se quejaron de la falta de transparencia del procedimiento de selección.

El caso es que, según la Ley de Régimen Jurídico del Sector PúblicoLey de Régimen Jurídico del Sector Público, las “autoridades” y, en general, “el personal al servicio de las Administraciones” deben abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento cuando tengan “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto”, o le hayan “prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Es decir, el nuevo gerente de la Fundae debería abstenerse cada vez que tenga que tratar cualquier asunto relacionado con su antiguo empleador, Confemetal, donde ha trabajado desde 2004, según su perfil de Linkedin.

Además, como ha sido ponente habitual, en representación de CEOE y de BusinessEurope –la patronal europea–, en foros y eventos de ámbito nacional y europeo, así como representante de Cepyme en la Mesa de Diálogo Social sobre formación abierta en el Ministerio de Empleo, el gerente también debería abstenerse en los procedimientos relacionados con ambas confederaciones empresariales. Fernández Zurita también ha sido desde 2015 el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Levadura (AFLE), patronal integrada en la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), que es a su vez miembro de CEOE. Recuérdese que la ley obliga a inhibirse a los empleados públicos que hayan prestado servicios profesionales “de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar” a personas jurídicas en cuyos procedimientos deban intervenir.

A preguntas de infoLibre, la Fundae se limita a responder que, “como siempre ha hecho, vela en todo momento por el estricto cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación en todos los ámbitos incluido el de las competencias que ejerza el director gerente por mandato del patronato de la fundación”.

El gerente instruye los expedientes

El gerente tiene entre sus cometidos la “gestión y administración ordinaria” de la Fundae. Pero, además, es el “encargado de la instrucción de los expedientes administrativos de concesión de las ayudas para su resolución”, según puede leerse en la propia web de la fundación, en la página donde se describen las funciones de la gerencia. La convocatoria de subvenciones para formar a trabajadores en competencias digitales, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo por importe de 60,4 millones de euros, detalla en su artículo 20 la “instrucción del procedimiento”: el gerente “evalúa” las solicitudes de ayudas que presentan las entidades de formación, públicas o privadas, para después “formular la propuesta provisional de resolución debidamente motivada”. La entidad –empresas de formación, también sindicatos y patronales– puede presentar alegaciones, que serán analizadas de nuevo por el gerente. Éste formula entonces la propuesta definitiva de resolución, concediendo o denegando la subvención solicitada.

Por tanto, el gerente tendría que evaluar las solicitudes de ayudas que presentaran las patronales, analizar sus alegaciones en caso de que fueran denegadas de forma provisional y concederlas o rechazarlas definitivamente después.

Sólo en la última convocatoria de subvenciones, el Plan de Formación correspondiente a 2016, la Fundación Confemetal recibió un total de 1,28 millones de euros en tres expedientes: uno para el sector de grandes almacenes, por importe de 740.405,5 euros, otro para empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, por valor de 418.896,6 euros, y un tercero para el sector del metal por 129.100,8 euros.

Los tres anteriores gerentes de la fundación eran funcionarios: José María Díaz Zabala, Carlos Gómez Plaza y Alfonso Luengo Álvarez-Santullano. Pero, desde que se reformó el sistema de formación profesional para el empleo, el único requisito para ser gerente de la fundación es ser elegido “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional”, con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad, según consta en el real decreto de 2017 que desarrolló la Ley 30/2015.

De la guerra a la paz

La institución encargada de gestionar los cursos para ocupados y desempleados ha sufrido varias transformaciones a lo largo de los últimos 25 años. En 1993 se creó la Fundación para la Formación Continua (Forcem) y en 2001 la Fundación Tripartita. Ambas se fusionaron en 2004 bajo el nombre de la segunda, que se rebautizó como Fundae en 2015. Desde entonces, la Administración ostenta la mayoría de su patronato que, hasta ese momento, se repartía a partes iguales con los sindicatos y las organizaciones empresariales. Cuando existía la Forcem, en la presidencia se turnaban cada año los sindicatos y las patronales. En dos ocasiones, 1998 y 2000, el presidente fue Javier Ferrer Dufol, entonces vicepresidente de la patronal aragonesa y que, años después, entre 2011 y 2015, presidió Confemetal. Le sustituyó en ésta Antonio Garamendi, ahora presidente de Cepyme y firme candidato a suceder a Juan Rosell al frente de la CEOE.

Esta patronal, una de las más poderosas de la CEOE, firmó junto a la de hostelería (FEHR) y la de Asistencia a la Dependencia (FED) fue de las más beligerantes contra el Ministerio de Empleo tras la reforma del sistema de formación en 2015. Las tres organizaciones recurrieron ante la Audiencia Nacional las convocatorias de subvenciones de 2014 y 2016 –en 2015 no hubo–. Y consiguieron que el tribunal anulara la primera, 139 millones de euros en ayudas. Tanto las patronales como los sindicatos estaban en pie de guerra contra Empleo por haber sido excluida la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, el órgano colegiado donde estaban representados, de la gestión y control de los recursos. De hecho, al segundo de los recursos se sumaron también UGT y CCOO.

Pero Confemetal y la patronal de hostelería desistieron, en junio y diciembre de 2017, de las acciones legalesacciones legales que habían emprendido contra Empleo, a la que en un principio acusaban de no haber cumplido la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la convocatoria de subvenciones de 2014.

  El silencio de la Fundae

infoLibre contactó por primera vez con la Fundae el pasado 19 de abril. En ese momento, la fundación se negó a ofrecer una respuesta a las preguntas que le formuló este periódico sobre la posible obligación del nuevo gerente de inhibirse en los expedientes que tuvieran relación con Confemetal, y el resto de las patronales, hasta que Ignacio Fernández Zurita tomara posesión de su cargo.

Una vez nombrado, infoLibre reiteró su consulta sobre la existencia de un posible conflicto de interés debido al anterior empleo del gerente, puesto que la Ley 3/2015, de 30 de marzo, Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, establece que existirá dicho conflicto si un alto cargo toma una decisión que afecte a los intereses de “personas jurídicas o entidades privadas a las que haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento”.

La fundación respondió entonces que el gerente no tenía la consideración de alto cargo, puesto que había sido contratado como “directivo”. 

El pasado día 21, este periódico le hizo las tres preguntas siguientes:

1. De acuerdo con la Ley 40/2015, todo el personal que está al servicio de la Administración debe inhibirse cuando intervenga en asuntos relacionados con su antiguo empleador. ¿Tendrá que inhibirse el nuevo gerente de la Fundae en los procedimientos relacionados con Confemetal?

2. En caso negativo, ¿en qué normativa legal se basa la Fundae para no aplicar la Ley 40/2015 al nuevo gerente?

3. En caso afirmativo, si Fundae entiende que existe obligación de inhibirse, ¿afectará dicha inhibición también a los asuntos relacionados con CEOE y Cepyme a la vista de que el nuevo gerente ha representado a estas dos patronales en la mesa de diálogo con el Gobierno y en organismos internacionales?

La Fundae no ha querido contestar a ninguna de ellas.

El patronato de la Fundación Estatal de la Formación para el Empleo (Fundae) ha aprobado el nombramiento como gerente de Ignacio Fernández Zurita, hasta ahora director de Relaciones Institucionales de la patronal Confemetal. Pero lo ha hecho con las abstenciones de los representantes de CCOO y el sindicato gallego CIG, así como de las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Navarra.

CCOO no ha respaldado la designación de Fernández Zurita porque considera que nombrar al directivo de una organización empresarial vulnera “la independencia y neutralidad” con que debería guiarse la fundación. Por su parte, las comunidades autónomas se han quejado del procedimiento con que se ha seleccionado al nuevo director gerente, elegido por primera vez mediante un concurso de méritos de convocatoria pública.

El patronato de la Fundae cuenta con 71 miembros, de los que 36 corresponden a la Administración. Según las fuentes consultadas por infoLibre, las abstenciones han sido 11. A favor del nombramiento también han votado los representantes de UGT y de CEOE y Cepyme.

“Hace dos días Fernández Zurita apareció en una foto con la ministra [de Empleo, Fátima Báñez] representando a la CEOE”, explica la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, “la imagen de falta de objetividad perjudica a la fundación”. Pese a que el sindicato ve “con buenos ojos” los últimos cambios en la cúpula de Empleo, considera que poner al frente de la Fundae a un directivo de la patronal “no es la mejor manera” de darle a la fundación “el impulso que necesita”, tampoco de “recuperar el prestigio de la formación para el empleo”, dañada en los últimos tiempos por los casos de fraude en las subvenciones.

La Fundae se encarga de gestionar las ayudas para los cursos de formación tanto de ocupados como de desempleados. “Una cosa es el órgano colegiado [donde se sentaban los sindicatos y la patronal], el órgano de gobernanza y decisión política, y otro el órgano instructor, de gestión, la gerencia, que hace una valoración técnica y aplica un procedimiento tasado. Las organizaciones sindicales no queremos instruir los expedientes, sino fijar los criterios generales de esa instrucción”, reclama Santillana. Desde la reforma del sistema de formación para el empleo de 2015, tanto los sindicatos como la CEOE pugnan con el ministerio por regresar a ese órgano colegiado de decisión. Empleo se niega porque considera que la patronal, UGT y CCOO no pueden ser “juez y parte”: gestionar las ayudas que ellos mismos reciben para impartir los cursos de formación.

CCOO también entregó a la secretaria del patronato un documento con los cambios que, a juicio del sindicato, deben acometerse en la Fundae: renovar el convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), desarrollar procedimientos de gestión de las discrepancias entre empresas y trabajadores, o implantar sistemas para garantizar el derecho de información de los trabajadores.

Por el contrario, UGT cree que “no se debe presuponer” que Fernández Zurita hará “una mala gestión” sólo por el hecho de haber trabajado para la patronal. “Hemos trabajado juntos con Confemetal cuando presentamos los recursos ante la Audiencia Nacional contra las convocatorias de subvenciones del ministerio y no podemos decir ni un pero contra él”, explica Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT. Pacheco recuerda, además, que cuando la fundación era Forcem, entre 1992 y 2004, los sindicatos y la patronal se alternaban en la presidencia “y nadie presuponía que el presidente iba a ser parcial”. Fernández Zurita ha obtenido “la máxima valoración, 13 puntos, en el concurso realizado según los estatutos de la Fundae, y el segundo consiguió 10 puntos, así que no hay nada que objetar”, ha zanjado el dirigente ugetista.

Falta de transparencia

El motivo del malestar de las comunidades autónomas que se han abstenido es otro: la falta de transparencia del procedimiento de selección. Según explicaron, sólo la víspera de la votación se les envió el acta con la decisión del grupo técnico que seleccionó a los candidatos a gerente, pero no se les facilitaron los anexos donde debían figurar las puntuaciones de los méritos de cada aspirante. 

“Nos hemos sentido totalmente fuera del procedimiento”, lamentan además fuentes de una de las comunidades. La selección la ha llevado a cabo un grupo técnico integrado únicamente por personal del ministerio, sin participación de las comunidades autónomas ni de los agentes sociales, por lo que “parece una decisión interna”, critican. “Y luego”, subrayan, “nos convocan para una reunión del patronato sólo a título informativo”. Tampoco les ha gustado a estos gobiernos autonómicos que el nombramiento “no contara con el consenso de los agentes sociales, que es lo más importante”.

El nuevo director gerente de Fundae, Ignacio Fernández Zurita, era hasta ahora el director de Relaciones Institucionales de Confemetal y desde 2015 también ejerce como secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Levadura (AFLE). En Confemetal se encargaba del área de formación y formaba parte de la comisión negociadora del convenio del sector del metal. Además, se sentaba en representación de Cepyme en la Mesa de Diálogo Social sobre formación abierta por el Ministerio de Empleo. Sustituye en el cargo a Alfonso Luengo Álvarez-Santullano, que fue nombrado en 2012.