El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denegado a la comisión de investigación sobre Avalmadrid todos los datos y documentos que ésta le había solicitado sobre MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios sus padres y que recibió un supuesto trato de favor cuando no devolvió el aval de 400.000 euros concedido por la sociedad de garantías en marzo de 2011.

Además de solicitar toda una serie de comparecencias, la comisión abierta en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre hizo al Ejecutivo madrileño un total de 136 peticiones de documentos relacionados con el funcionamiento y las irregularidades destapadas en Avalmadrid por las inspecciones del Banco de España, el informe forense encargado por la propia sociedad de garantías a una consultora privada y las informaciones publicadas por infoLibre.

El Gobierno ha rechazado una cuarentena. Entre ellas, todas las que se refieren a MC Infortécnica SL. Se niega a facilitar a la comisión el expediente completo de la concesión del aval a la empresa de los padres de Díez Ayuso, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.

Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembrosse ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. 

Ni Marsans ni Cantoblanco ni PwC

El Gobierno madrileño también ha denegado a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.

El motivo que esgrime el Gobierno de Díaz Ayuso para denegar los documentos es que estas peticiones están “relacionadas con la actividad de una sociedad mercantil” en la que la Comunidad de Madrid tiene una participación “no mayoritaria” y que “actúa con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Es el mismo argumento que le ha servido al Ejecutivo madrileño para no facilitar a la comisión de investigación los informes que la empresa de cobros Racmo Gestión elaboró el pasado mes de julio, a petición de la propia Avalmadrid, sobre las actuaciones de la sociedad de garantías para recuperar el importe impagado del aval de MC Infortécnica SL. Del mismo modo el Gobierno rechaza la entrega de los informes realizados por la consultora PricewaterhouseCoopers sobre la venta de la cartera de fallidos de Avalmadrid a otra empresa de cobros, Cobralia, que también arrojó serias dudas sobre la operación por las conexiones entre directivos de ambas firmas. Al igual que los informes ya citados de Forest Partners y del Banco de España sobre 167 avales con irregularidades.

Nada sobre la inspección del Banco de España

Tampoco tendrá la comisión en sus manos –pese a que como los anteriores han sido profusamente revelados por los medios de comunicación– el expediente que abrió el Banco de España tras inspeccionar dos veces Avalmadrid, que como todas las sociedades de garantía recíproca está sometida a su supervisión. Además, la Comunidad de Madrid no entregará a la Asamblea la lista de personas de Avalmadrid que actuaron de interlocutores con los inspectores del Banco de España, ni las actas e informes relacionados con sus inspecciones, ni los miembros del Gobierno madrileño que a su vez integraban el consejo de administración de Avalmadrid y a los que el organismo supervisor acusó en su expediente, ni siquiera la lista de los 167 avales donde detectó anomalías.

El Gobierno de Díaz Ayuso rehúsa también facilitar a la comisión la lista de los miembros de los consejos de administración y comités ejecutivos de Avalmadrid desde 2007, así como las actas de las reuniones de todos esos órganos, que también habían sido solicitadas por los diputados. O la denuncia que la sociedad de garantías presentó en la Fiscalía el año pasado para dilucidar las responsabilidades de algunos de sus antiguos consejeros y directivos en la concesión de los avales bajo sospecha.

La comisión de investigación quería saber igualmente el número de ejecuciones hipotecarias y de subastas que se han llevado a cabo para recuperar avales impagados de Avalmadrid, pero el Gobierno autonómico lo ha impedido. Ni siquiera facilitará a los diputados una copia de la normativa interna de la sociedad de garantías.

Por último, el Ejecutivo madrileño no permitirá a los diputados acceder a los correos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. El motivo, que la información solicitada “afecta a datos de terceros que no han tenido relación con la Comunidad de Madrid”.

“Fue una decisión operativa mía”, asumió ante los diputados que le preguntaban por ese documento. En la sesión anterior, el pasado viernes, la presidenta de Avalmadrid entonces, Rosario Rey, había dejado claro que el informe no había sido iniciativa suya. En todo caso, Embid aseguró que lo había encargado cumpliendo un mandato de Rey para hacer “un análisis exhaustivo del trabajo de los despachos [que gestionan la recuperación de los avales impagados] y de la situación de cada expediente”. Pero también reconoció que la presidenta no sabía que se había pedido un informe sobre MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de Díaz Ayuso que había dejado sin pagar un aval de 400.000 euros concedido en febrero de 2011.

Como ha publicado este periódico, el informe elaborado por Racmo Gestión tiene fecha de 25 de julio de 2019 y una extensión de apenas tres páginas. Su objeto era doble: en primer lugar, determinar cuál era la mejor opción para reclamar por la vía civil y recuperar la deuda pendiente por el aval fallido de MC Infortécnica SL. Y en segundo, “determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. Los autores del documento se refieren a Leonardo Díaz Álvarez, el padre de la presidenta madrileña, y Juan Manuel Pitarch Divar. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos.

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sí preguntó este martes a Pedro Embid por qué el informe se interesaba por posibles acciones penales sólo contra los avalistas fallecidos y no por los demás. Pero el director general fue incapaz de explicarlo. “No creo que se limitara a eso”, replicó. Cuando Gutiérrez le leyó la frase textual del informe reproducida más arriba, esquivó la respuesta aduciendo que no podía “valorar un documento interno de la compañía”.

Los juristas consultados por infoLibre califican de “incomprensible” que se pregunte por unos avalistas y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

El informe fue filtrado a Libertad Digital para que lo publicase el 13 de agosto, el primer día de la sesión de investidura en la Asamble de Isabel Díaz Ayuso.

Un despacho sin especialistas penales

El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano quiso saber también por qué Embid le encargó a Racmo Gestión, un despacho especializado en procedimientos civiles y mercantiles, ese informe sobre posibles acciones penales, en lugar de contratar a abogados especializados en Derecho Penal. El director general de Avalmadrid justificó su decisión en el hecho de que Racmo Gestión fuera la adjudicataria del servicio de recobro de expedientes, así como porque se trata de un “despacho grande con especialistas en asuntos penales”.

Sin embargo, Racmo se publicita en su web únicamente como un bufete especializado en “auditoría legal y crediticia, valoración de carteras y gestión de activos”, inmobiliarios, residenciales, comerciales y hoteleros, “así como grandes carteras de deuda”. Pero no menciona que tenga ningún departamento penal.

Además, se da la circunstancia de que a Racmo se le encargó un segundo informe que cargaba sobre Cobralia la responsabilidad por las negligencias cometidas durante siete años en la recuperación del aval impagado de MC Infortécnica SL. Es decir, se contrató el análisis a un competidor de Cobralia que precisamente acababa de sustituirle –desde junio de 2019, apenas un mes antes de que emitiera ambos informes– como proveedor de servicios en Avalmadrid.

Aún faltan por recuperar 270.000 euros de MC Infortécnica SL

La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntó a Pedro Embid si Avalmadrid pensaba reclamar el dinero que aún le adeuda MC Infortécnica SL. “Ya se han llevado a cabo las mejores actuaciones para intentar recuperar esa operación”, le contestó el directivo. “¿Y piensa hacer algo más?”, abundó la representante socialista. “Se analizará qué hacer dentro de lo posible”, continuó Embid, quien repitió dos veces que Avalmadrid “ya ha hecho todas las actuaciones jurídicas que cabía hacer”. Cuando Sánchez Acera se interesó por saber qué “frutos” habían dado esas actuaciones, Embid dijo que no podía revelar datos de operaciones concretas.

La realidad es que Avalmadrid hizo bastante poco desde que MC Infortécnica SL incumplió el primer pago del aval, que debería haber ingresado el 15 de diciembre de 2011. Según consta en el informe elaborado por la auditoría interna de la sociedad de garantías y presentado en la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos el 30 de julio de 2019 –y al que ha tenido acceso infoLibre–, Avalmadrid entregó a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL ocho meses después de que el Comité de Morosidad aprobara ejecutar la hipoteca y a los avalistas. 

Después, la sociedad de garantías sólo entregó a Cobralia un certificado de saldo, pese a que había que interponer dos procedimientos. Además, Cobralia sólo presentó una demanda de ejecución hipotecaria, pero no de ejecución dineraria de los avalistas. “No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal”, explican los auditores. Éstos también señalan las “debilidades” del seguimiento a que sometido el expediente de MC Infortécnica SL: “Hasta enero de 2015 no se conoce que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y cuando Cobralia plantea a Avalmadrid dos posibles vías de actuación, la sociedad no responde.

Finalmente, los auditores constatan que Avalmadrid no efectuó hasta junio de 2019 “un análisis profundo” de los inmuebles de los avalistas. De hecho, algunos de esos bienes, concluyen, “ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”. Aunque el informe no lo dice, los inmuebles habían sido vendidos o donados a familiares y terceros a lo largo de esos siete años a lo largo de esos siete añosen que Avalmadrid no había actuado con la diligencia debida. Entre ellos se encuentran los que pasaron a manos de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás.

Hasta el momento, la sociedad de garantías no ha recuperado ni un euro, y sólo le ha sido adjudicada una nave en Arenas de San Pedro (Ávila). Era el único bien hipotecado y no ha sido capaz de venderlo.

Además, hay que tener en cuenta que la operación fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por la sociedad pública de reafianzamiento Cersa para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL: 102.030,55 euros puso la primera y 206.123,5 euros la segunda. Un total de 308.154 euros. El resto lo ha asumido Avalmadrid en sus cuentas.

No firmó la denuncia como respaldo a su equipo

A Pedro Embid también se le inquirió en la comisión sobre la denuncia en la Fiscalía que Avalmadrid interpuso por acuerdo de su Consejo de Administración en abril de 2019. Tras abrir el Banco de España un expediente sancionador a la sociedad de garantías y a una quincena de sus ejecutivos y consejeros, el Consejo de Administración encargó un informe forense a Forest Partners, que revisó los 167 expedientes donde el supervisor había hallado irregularidades. También encargó un informe a PricewaterhouseCoopers para que analizara las implicaciones penales de las anomalías descubiertas.

Pedro Embid se negó a firmar el escrito de denuncia al fiscal, donde se mencionan los nombres de antiguos ejecutivos de Avalmadrid, entre ellos el de Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos en ese momento. Según explicó Embid, firmar esa denuncia hubiera supuesto “invalidar” el “respaldo” que el director general debe dar a su equipo. “No era necesario, menos aún cuando había propuesto una alternativa: que fuera la secretaria del Consejo de Administración, quien instrumenta sus acuerdos, la que lo firmara con un mandato expreso” de ese órgano. Además, detalló, apartó al director de Riesgos de su puesto. “No lo despedí porque pedimos asesoramiento laboral y nos dijeron que debíamos respetar la presunción de inocencia”, respondió a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Ana Isabel García García.

Juan Antonio Chorro fue degradadado a subdirector comercial, demandó a Avalmadrid en el juzgado de lo Social por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo el pasado mes de diciembre y ha terminado llegando a un acuerdo con la empresa antes del juicio.

En cualquier caso, Embid negó cualquier tipo de “desavenencia” sobre el envío del escrito al fiscal. Es más, aseguró que ni votó ni dio su opinión sobre ese asunto en el Consejo de Administración, donde se sienta como invitado permanente, con voz pero sin voto. Incluso recalcó que está “de acuerdo con la decisión tomada por el consejo”. Pero cuando la socialista Sánchez Acera le planteó: “Usted se negó a firmar el escrito, pero no niega su contenido…”, su respuesta reabrió las dudas: “Ni lo niego ni lo dejo de negar”.

Destitución ‘fantasma’

Otro punto de fricción se debió a su supuesta destitución, que según el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez fue anunciada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en La Sexta en julio de 2019. Pedro Embid, por el contrario, asegura que la presidenta de Avalmadrid sólo le comunicó el 5 de julio que se le estaban buscando posibles sustitutos. “Me pareció bien, sólo le pedí celeridad porque la interinidad no es buena para las empresas y porque se avecinaba un cambio de gobierno que podía dejar descabezada Avalmadrid sin sus dos principales directivos [Rosario Rey y él]”, recordó. Como motivos para su cese, Embid indicó que le habían referido “la reducción del número de operaciones” que estaba sufriendo la sociedad de garantías por el “ruido mediático y el daño reputacional” que le estaban infligiendo las noticias sobre las supuestas irregularidades.

El 29 de agosto de 2019, Rosario Rey fue, en efecto, destituida de su cargo, pero Pedro Embid continuó. “Me tuve que quedar en Avalmadrid para reunirme con los bancos, que estaban alarmados”, después de que ese mismo verano dimitiera el consejero independiente, Orlando García, y otro más “se prejubilara”. “Si me voy en ese momento”, añadió, “Avalmadrid se queda sin firma, no se hubieran podido pagar las nóminas, la luz y los requerimientos de pago de avales de los bancos”. Embid reveló que, como resultado de la alarma suscitada, “algunos bancos” han cerrado los convenios que tenían con la sociedad de garantías para ofrecer condiciones especiales a sus clientes. “El colapso habría sido irreversible”, sentenció.

Según publicó también este periódico, los representantes de Santander y Caixabank, socios protectores de Avalmadrid, abandonaron el Consejo de Administración el año pasado, el primero en septiembre y el segundo en mayo, en los meses de las turbulencias descritas por Pedro Embid. Aunque ambas entidades negaron que su decisión estuviera motivada por la revelación de las anomalías de funcionamiento de la sociedad de garantías.

En realidad, la Consejería de Economía no tardó mucho en reemplazar a Rosario Rey. El 10 de septiembre nombró presidente de Avalmadrid a Isaac Martín BarberoIsaac Martín Barbero, viceconsejero a las órdenes de Manuel Giménez. El vacío de poder duró sólo 12 días.

Casi 63 millones de euros de dinero público desde 2004

Pedro Embid ha sido el único de los comparecientes que hasta el momento ha llevado papeles a la comisión para detallar cifras concretas. También es el primer cargo en activo de Avalmadrid en acudir a la comisión. Así, por ejemplo, cifró en 21,7 millones de euros las cantidades aportadas por la Comunidad de Madrid desde 2004 hasta 2019 para dotar el Fondo de Provisiones Técnicas de la sociedad de garantías. Las contribuciones a los fondos específicos –por ejemplo, para ayudar a pymes o autónomos de ciertos sectores– suman otros 25 millones en ese mismo periodo. Si a esas cantidades se le suman los 16,1 millones que puso la Comunidad de Madrid como capital, la cifra total de dinero público que ha recibido Avalmadrid en los últimos 15 años asciende a 62,8 millones de euros.

También reveló que desde 2017 sólo la Comunidad de Madrid ha realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas, que forma parte del patrimonio de la sociedad y no puede ser inferior al 1% del riesgo vivo –de los avales en vigor– de Avalmadrid. Antes de esa fecha, Caja Madrid –el segundo socio protector tras la Comunidad, relevada por Bankia desde 2010– sumaba contribuciones para ese mismo fondo por importe de 14 millones de euros. “Si al presidente de Avalmadrid lo nombra la Comunidad, si al Fondo de Provisiones Técnicas sólo aporta la Comunidad de Madrid, si los fallidos se reavalan con dinero público, si además tiene vocación de servicio público para ayudar a las pymes y los autónomos, y carece de ánimo de lucro [Embid acababa de explicar que todos sus beneficios pasan a engrosar el Fondo de Provisiones Técnicas]… entonces, ¿cómo se puede negar el carácter público de Avalmadrid?”, le planteó el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé. “No voy a valorar esa cuestión”, eludió de nuevo la respuesta Pedro Embid, “soy un profesional, ése es un tema de ustedes”. Las dudas sobre el carácter público o privado de la sociedad de garantías ha ocupado buena parte de las intervenciones y debates en las tres primeras sesiones de la comisión.

Este martes también compareció en la Asamblea Javier Gilsanz, autor del informe que Avalmadrid encargó a PricewaterhouseCoopers sobre las implicaciones penales de las irregularidades destapadas por el Banco de España. Gilsanz se negó a contestar todas las preguntas que le formularon los diputados, amparándose en el secreto profesional.

“No me enteré de nada de esa operación, no tuve conocimiento entonces ni la tengo ahora. No revisé el informe de análisis”. El presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos-Suárez, aseguró este martes en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de la sociedad de garantías madrileña que, pese a formar parte de los comités ejecutivo, de morosidad y directivo, no asistía a los dos últimos, y desconocía por completo la concesión del aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También respondió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera que le “extrañaba” que su nombre figurara en los documentos que dan fe de las reuniones de los comités directivo y de morosidad donde se trató sobre el aval de MC Infortécnica y su posterior impago. “Si hay un acta figurarán los asistentes, y yo no asistí. El que iba era [Juan Luis] Fernández-Rubíes”, señaló en referencia al entonces consejero delegado y después director general de la sociedad de garantías.

En los documentos de dichos órganos a los que ha tenido acceso infoLibre, figura claramente el nombre de Santos-Suárez, así como los de Fernández-Rubíes, Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Borja Cubillo (director comercial) y Antonio Chorro (director de Riesgos), en la resolución que aprueba el aval el 2 de febrero de 2011. Y, además de los tres primeros, los de Darío B. Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (director de Seguimiento del Riesgo), en las resolución que cancela el aval y ordena ejecutar la hipoteca y actuar contra los avalistas, adoptada el 2 de abril de 2012 y de nuevo el 16 de noviembre de aquel año. Pese a estos acuerdos, Avalmadrid jamás actuó contra los avalistas del préstamo, entre los que estaban los padres de Ayuso.

La tónica de la comparecencia de Santos Suárez en la Asamblea de Madrid se movió entre las apelaciones a la desmemoria –“No me acuerdo”– y el señalamiento de las responsabilidades ejecutivas hacia el entonces consejero delegado de Avalmadrid. Según indicó en varias ocasiones, era Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad, mientras que él se dedicaba a “labores institucionales”. “Quien de verdad estaba en el comité de morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

El expresidente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez, en la comisión de la Asamblea de Madrid.

Al igual que Eva Piera poco antes, Juan Manuel Santos-Suárez aseguró que no estaba al tanto de avales concretos. En el caso de MC Infortécnica SL, recalcó que “desconocía completamente” la operación. “Nunca la analicé”. Tampoco conocía ni conoce a Díaz Ayuso. Incluso dijo que ignoraba si era un aval para apoyar una inversión o para garantizar el circulante de la empresa. Pero en otro momento aseguró que el piso que los padres de Díaz Ayuso le donaron –para que no fuera embargado por Avalmadrid– no formaba parte de las garantías aportadas por los socios de MC Infortécnica SL. Así era, en efecto: integraba el patrimonio de los avalistas –los cuatro matrimonios socios de la empresa–, como también aclaró después. Un patrimonio con el que tendrían que haber respondido al dejar impagado el crédito. Sostuvo que sería relevante si Avalmadrid lo hubiera sabido. “Pero me extrañaría que lo pudiera saber”, concluyó, en contra de toda evidencia puesto que las donaciones y ventas realizadas por los avalistas se inscribieron en los respectivos registros de la propiedad, que son públicos y cuya consulta realizan de forma habitual los gestores de Avalmadrid.

De igual modo ignoraba el expresidente de la sociedad de garantías por qué ésta no actuó para recuperar el aval impagado por MC Infortécnica SL. Como ha publicado este periódico, Avalmadrid lleva siete años incumpliendo los acuerdos de su comité de morosidad –ésos en los que figura el nombre de Santos-Suárez, pese a que dice que no asistió a las reuniones– y hasta el momento sólo ha conseguido embargar una nave en Sotillos de la Adrada (Ávila). Mientras, los avalistas donaron a familiares o traspasaron a terceros los inmuebles que debería haber embargado Avalmadrid para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL.

El mismo desconocimiento esgrimió Juan Manuel Santos-Suárez respecto a si la empresa de los padres de Díaz Ayuso cumplió el fin para el que se le concedió el aval: comprar unos equipos para acudir a un concurso del Servicio Vasco de Salud. También ignora la información que Carlos Ramos proporcionó a Isabel Díaz Ayuso tras serle facilitado su contacto por la exviceconsejera de Economía Eva Piera Rojo. Pese a que Ramos, según él mismo destacó en la comisión, era su “principal apoyo”. “Le sigo viendo ahora y seguimos manteniendo una amistad”, indicó. En todo caso, al expresidente de Avalmadrid le parece “muy mal” que un empleado de la sociedad de garantías dé información que ha conocido “en razón de su cargo o por razón de una operación, a cualquier persona, porque está cubierto por el secreto”.

Un recuerdo vago de la venta a Cobralia

Santos-Suárez negó después que conozca a Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE y propietario de Marsans, al que Avalmadrid concedió ocho avales por importe total de 3,3 millones de euros en 2010, apenas cuatro meses antes de que el grupo se declarara en concurso. Estos avales fueron señalados primero en el expediente del Banco de Españael expediente del Banco de España y después en el informe que la propia Avalmadrid encargó a una consultora y que sirvió de base para la presentación de una querella ante la Fiscalía que fue archivada al considerar el posible delito prescrito.

El expresidente de la sociedad de garantías precisó a los diputados que el aval no se había concedido al grupo Marsans, en comprometida situación económica, sino a una pyme del grupo que no tenía problemas. Y tras aprobar un informe positivo elaborado por el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid.

Por el contrario, sí que conoce Santos-Suárez a Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM y dueño del Grupo Cantoblanco, otra empresa sospechosa de haber sido favorecida en la concesión de avales.

Pero a quien apenas recordaba tampoco era a Fernando Cañellas, fundador de Cobralia, la empresa a la que Avalmadrid vendió su cartera de fallidos en junio de 2012. Según sostuvo el expresidente de Avalmadrid, se trató de una operación “no muy importante”. “La recuerdo muy vagamente”. Esa venta fue también objeto de un informe realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC) en 2018 que advertía de una posible duplicidad de pagos a Cobralia y a su presidente, Fernando Cañellas, que cobró 270.245 euros por sus servicios jurídicos.

“Las cartas no me influyeron nada”

En la misma desmemoria han caído también las cartas que Antonio Beteta y el propio Arturo Fernández le remitieron para interceder en favor de la concesión de avales a Marsans y Cantoblanco. Santos-Suárez no recordaba si había recibido otras cartas del mismo tenor, pero sí que las dos citadas se habían incluido en los respectivos expedientes. “Pero no me influyeron nada”, rechazó, “llegaron después de que recibiéramos los informes sobre ambas empresas”.

De igual modo Juan Manuel Santos-Suárez negó al diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez que hubiera informado a ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid que Avalmadrid se encontraba en riesgo de disolución en 2010 si no se aportaban 10 millones de euros al capital. El expresidente sí admitió que ese año había bajado la solvencia “rápidamente y de forma extraña” hasta el 10%, por lo que se acercaba peligrosamente al 8% establecido como límite, mientras aumentaba la morosidad por efecto de la crisis. Pero atribuyó la caída a un “error informático” que “no pudieron detectar ni KPMG ni el Banco de España”. Lo describió como un problema “con un paréntesis antes o después de una cifra”. “Por eso pedimos el reafianzamiento y el aumento del fondo de provisiones técnicas”, recordó, en referencia al convenio que Avalmadrid firmó en 2011 con la Comunidad de Madrid para que ésta complementara los reavales de la compañía pública Cersa.

Juan Manuel Santos-Suárez comenzó su intervención resaltando que él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, alegó. La diputada de Unidas Podemos Isabel Serra utilizó el matiz para reclamar que acudan a comparecer a la comisión los presidentes madrileños desde 2008, una petición que fue rechazada en su día por el PP y Ciudadanos.

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En un escrito que firma la teniente fiscal Belén Suárez Pantín y al que ha tenido acceso infoLibre, el ministerio público descarta la existencia de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias en el aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a la citada empresa, propiedad de los padres de Díaz Ayuso y de otros tres matrimonios, tampoco en el hecho de que la sociedad de garantías no actuara para reclamar su devolución cuando quedó impagado ni en las gestiones que la hoy presidenta madrileña hizo ante la entidad semipública, primero para que fuera aprobado el préstamo y después para obtener información sobre los socios de sus progenitores. Al tiempo,  rechaza que las donaciones y ventas de inmuebles llevadas a cabo los dueños de MC Infortécnica SL constituyan un delito de alzamiento de bienes.

La teniente fiscal sustenta el archivo en que las donaciones de los padres de Díaz Ayuso se realizaron “dos meses antes” de que se produjera el impago del préstamo, el 15 de diciembre de 2011. El aval había sido concedido el 15 de marzo de ese año. Según argumenta, la jurisprudencia requiere que el crédito sea “vencido, líquido y exigible”, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo deja claro en un buen número de sentencias que “es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes”, como consta, por ejemplo, en tres de sus pronunciamientos de 2002, 2005 y 2019. Además, asegura la Fiscalía que para que se produzca ese delito no deben “quedar bienes, o sean insuficientes, en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito”.

Y ése es precisamente el caso de MC Infortécnica SL, que sigue debiendo a Avalmadrid 270.000 euros de los 400.000 que le aprobaron porque la sociedad de garantías sólo pudo ejecutar la garantía hipotecaria de una nave situada en Sotillo de la Adrada (Ávila), pero no consiguió embargar los inmuebles propiedad de los avalistas –los padres de Díaz Ayuso y otros tres matrimonios– porque éstos ya los habían cedido a sus hijos o vendido a terceros.

Siete años sin actuar no es administración desleal

A su vez, no pudieron embargar estas propiedades porque Avalmadrid tardó demasiado tiempo en actuar. La teniente fiscal desecha también que esa falta de diligencia de la sociedad de garantías constituya un delito de administración desleal, porque hubo “acuerdos” para “ejecutar el crédito debido”, se cedió la ejecución a Cobralia y esta empresa subcontratada por Avalmadrid presentó una demanda para embargar la nave de Sotillo de la Adrada. Según el ministerio público, para que exista administración desleal la empresa semipública debería haber actuado “en beneficio propio o de un tercero” y haber causado un “perjuicio patrimonial”. Igualmente esgrime que no puede hablarse de que exista una “voluntad” de la sociedad de garantías de abandonar el cobro de la deuda de MC Infortécnica, puesto que aún tiene pendiente su reclamación a los avalistas.

Sin embargo, lo cierto es que Avalmadrid fue de todo menos diligente en el recobro de la deuda de MC Infortécnica SL. De hecho, lleva más de siete años incumpliendo el acuerdo de su comité de morosidad, que decidió en abril de 2012 embargar los bienes de los ocho socios de esta empresa. Tenía 15 días para judicializar el asunto, pero tardó siete meses en hacerlo. Hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó el expediente a Cobralia, la empresa de cobros a la que tenía subcontratada, que finalmente inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave abulense. Ya en ese momento, siete de los 14 inmuebles presentados por éstos para garantizar su solvencia cuando solicitaron el aval habían cambiado de titular a través de donaciones o ventas. No quedan más bienes que embargar. Como queda dicho, la entidad semipública sólo pudo quedarse con la nave de Sotillo de la Adrada, por lo que la deuda aún vigente es de 270.000 euros. Y como una parte fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por CersaCersa, la sociedad pública de reafianzamiento, esa cantidad terminará siendo abonada por los contribuyentes. Es decir, sí se ha producido un daño patrimonial.

La fecha de los correos de Ayuso

Por último, la Fiscalía rechaza que las gestiones realizadas por Isabel Díaz Ayuso constituyan un delito de tráfico de influencias porque los correos electrónicos aportados por Más Madrid en su denuncia son “todos ellos anteriores” a la fecha en que la hoy presidenta de la Comunidad consiguió su escaño como diputada de la Asamblea de Madrid, el 15 de julio de 2011. Sólo en ese momento Díaz Ayuso pasa a tener la consideración de “autoridad” para el Código Penal y puede cometer un delito de tráfico de influencias de acuerdo con su artículo 428. Sin embargo, también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembre también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembrede ese año. En ellos, Díaz Ayuso pedía a un directivo de Avalmadrid, cuyo contacto le había proporcionado Eva Piera, viceconsejera de Economía y expresidenta de la sociedad de garantías, información confidencial sobre las empresas propiedad de los socios de sus padres en MC Infortécnica SL. Para la teniente fiscal, los datos solicitados por Díaz Ayuso no son “información privilegiada” puesto que “no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo”, sino que se pueden obtener a través de internet o en el Registro Mercantil.

En realidad, la entonces diputada autonómica del PP sí pidió información que no puede encontrarse ni en la Red ni en el Registro: además de la facturación y la deuda, que sí pueden conseguirse en internet y en el Registro Mercantil, preguntó quiénes eran los clientes de las empresas de esos tres matrimonios –información confidencial–,de los que sospechaba que estaban vaciando MC Infortécnica SL y desviando activos a otras empresas suyas y de sus hijos.

La Fiscalía asegura también que de los correos aportados no puede concluirse que Díaz Ayuso ejerciera “presión o sugestión” alguna sobre sus interlocutores. Sin embargo, los correos electrónicos muestran que la sociedad de garantías trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madridcomo si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, la teniente fiscal dice desconocer la identidad del “influido”, del directivo de Avalmadrid. Una identidad que ha decidido dejar sin investigar.

Una vez archivada la denuncia, Belén Suárez Pantín informa a Más Madrid de que puede recurrir a los tribunales para interponer una querella. Además, está a punto de emprender sus trabajos en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre este caso y el resto de las irregularidades descubiertas en Avalmadrid por una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre [que se pueden consultar aquí y aquí]. ________________________________

A continuación puedes consultar el texto íntegro de la Fiscalía mediante el cual archiva la denuncia:

  Escrito de la Fiscalía que archiva la denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso y Avalmadrid by infoLibre on Scribd