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caso Avalmadrid

Diez exconsejeros de Avalmadrid están vinculados con operaciones que dejaron un 'agujero' en la entidad de 10 millones

  • En junio de 2019, según los datos manejados por la cúpula de Avalmadrid conocidos por infoLibre, existían 32 operaciones fallidas vinculadas con exconsejeros de la entidad. El importe total impagado: 10.028.643 euros
  • El nombre de Pedro Olabarría es el que más veces se repite: aparece vinculado a 15 préstamos diferentes que han dejado un fallido de 5,25 millones

Publicada el 30/08/2019 a las 06:00 Actualizada el 30/08/2019 a las 13:05
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Juan Manuel Santos-Suárez, Rosario Rey y Juan Luis Fernández-Rubíes.

Juan Manuel Santos-Suárez, Rosario Rey y Juan Luis Fernández-Rubíes.

AVALMADRID | EP
Avalmadrid, dedicada a la financiación de las pymes madrileñas y cuyos principales accionistas son la Comunidad de Madrid y Bankia –con algo más del 30% de capital cada una–, no logra levantar cabeza desde el estallido del caso Ayuso. Instalada en la opacidad más absoluta, la entidad semipública ha evitado hasta la fecha aclarar cualquier aspecto relacionado con el crédito de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica, la empresa participada por los padres de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y en silencio ha decidido mantenerse también cuando el Banco de España ha pedido para ella una sanción económica de 100.000 euros por haber incumplido dos de los tres requerimientos que el supervisor le hizo en 2012. El expediente sancionador se abrió tras una inspección en la que se analizaron más de un centenar de avales concedidos por Avalmadrid, algunos de ellos a sociedades vinculadas con exconsejeros de la entidad. En muchos casos, este tipo de operaciones terminaron cerrándose como fallidas, provocando un importante agujero en la entidad semipública.

El pasado mes de junio, según los datos manejados por la cúpula de Avalmadrid conocidos infoLibre, figuraban como fallidas 30 operaciones diferentes que guardaban vinculación con nueve exconsejeros de la entidad semipública: Pedro Olabarría, Sol Olábarri, Jesús Martín, Juan Pablo Lázaro, Francisco Novela, Patricio Rodríguez, Alfonso Carcasona, Fernando Rodríguez y José Miguel Guerrero. En el mismo estado se encuentran dos avales más concedidos a empresas vinculadas al expresidente de Avalmadrid Miguel Velarde. En total, 32 operaciones fracasadas que han terminado dejando un importe fallido de 10.028.643 euros. De todas ellas, el nombre de Olabarría es el que más veces se repite: aparece vinculado a 15 préstamos diferentes que han dejado un fallido de 5,25 millones de euros. Este diario se ha puesto en contacto con Avalmadrid, sin obtener respuesta.

La práctica totalidad de estas operaciones –30– aparecen reflejadas en la cartera de avales que ha sido analizada por los expertos de Forest Partners para la elaboración del denominado informe Forest, una suerte de auditoría a la que ha tenido acceso infoLibre y que fue encargada por Avalmadrid después de que el Banco de España pusiera sobre la mesa todas las irregularidades detectadas en su inspección. Otras dos, sin embargo, aunque no figuran en el análisis de Forest Partners sí que aparecen reflejadas en la información de la cúpula de la entidad semipública a junio de este mismo año. Se trata de dos avales concedidos en abril y mayo de 2009 a las empresas A&M Azafatas Convenciones y Ferias y Babilas SA, operaciones que aparecen vinculadas al expresidente de Avalmadrid Miguel Velarde.
 

Pedro Olabarría: 5,25 millones en fallidos


La firma Bionostra fue una de las relacionadas con exconsejeros de Avalmadrid que recibieron jugosos avales. Entre marzo de 2008 y enero de 2010, se aprobaron 18 operaciones con diferentes sociedades de este grupo por un total de 4,4 millones de euros. Finalmente, 11 de ellas terminaron siendo fallidas. Cuatro de estos avales económico-financieros fallidos tenían como beneficiaria a la sociedad Alma Bioinformatics: 400.000 euros otorgados el 20 de enero de 2009, 600.000 euros el 26 de febrero de 2009, 125.000 euros el 6 de agosto de 2009 y 169.724 el 21 de enero de 2010. Otros seis, a la firma Chimera Pharma: dos avales técnicos por 750.000 y 278.632 euros otorgados en marzo y julio de 2008, respectivamente, otros dos de tipo financiero –200.000 y 175.000 euros– formalizados en agosto de 2009 y dos más del mismo tipo otorgados en enero de 2010 por 63.836 y 49.390 euros. Por último, también resultó fallida la operación de 300.000 euros que tenía como beneficiaria a la sociedad Bionostra SL y que fue formalizada el 17 de noviembre de 2009. [Los avales financieros son aquellos en los que interviene una entidad de crédito y los técnicos suelen ser avales ante la Administración].

En total, 2.865.861 euros han dejado de saldos fallidos estos once avales. Operaciones todas ellas que guardan vinculación con el exconsejero de Avalmadrid Pedro Olabarría. La relación de este exmiembro del órgano de gobierno de la entidad semipública se encuentra, precisamente, en Capital Riesgo Madrid SA. Esta sociedad entró en el capital de Bionostra SL, la cabecera del grupo, el 8 de julio de 2008 mediante ampliación de capital, una operación en la que se desembolsaron 2 millones de euros y en la que la participación resultante en la firma ascendió al 8%. A partir de entonces, se explica en el informe Forest, es cuando se produce “el inicio de la toma de avales de Avalmadrid”. En el periodo de la concesión de esas operaciones fallidas, continúan los auditores, Olabarría ocupaba la Dirección General de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid (CRM). Y en los ejercicios posteriores a los de la formalización de las operaciones, sentencian, ocupó diferentes puestos en Bionostra SL, Bionostra Aplicaciones Biotecnológicas y en Chimera Pharma, empresas del grupo.

Estas operaciones fallidas no son las únicas con las que aparece vinculado este exconsejero. Su nombre también está relacionado con las de Nupcial Novissima SL. A este grupo se le concedieron el día 13 de noviembre de 2008 dos avales por importe de 955.000 y 700.000 euros para financiar el ambicioso plan de expansión de la compañía, en especial en los corners de El Corte Inglés. Sin embargo, el desplome del holding textil terminó provocando que ambas terminasen como fallidas, arrojando un saldo fallido que en junio de 2019 se situaba en 1.384.902 euros. La tramitación de estos avales, tal y como se destaca en la auditoría encargada por Avalmadrid, se inició justo después de que Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid hubiera tomado una participación en Nupcial Novissima, invirtiendo 3 millones de euros. Olabarría era, en el momento de la concesión de los avales, tanto consejero de Avalmadrid como director general de CRM, lo que le llevó también a figurar como apoderado de la firma textil, según se destaca en el informe Forest.

También aparecen vinculados a Olabarría los avales relacionados con Máscara Films SL. Con el objetivo de financiar la producción cinematográfica del largometraje La Conjura de El Escorial, dirigida por el cineasta Antonio Fernández del Real y cuyo presupuesto ascendía a 11,25 millones de euros, Avalmadrid decidió entrar con dos operaciones de aval en este proyecto cinematográfico. La primera, por 1 millón de euros, se formalizó en abril de 2007. La segunda, por 300.000 euros, fue otorgada el 14 de mayo de 2008, cuando el proyecto se empezaba a retrasar y a generar tensiones de liquidez. La de 2007, ha dejado un agujero en la entidad semipública de 990.090 euros. La de 2008, sin embargo, fue recuperada íntegramente ejecutando una hipoteca sobre un inmueble en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias que había puesto como garantía el cineasta.

De nuevo, alrededor de estas operaciones también existía un conflicto de interés que se pone de manifiesto en el informe elaborado por los auditores y encargado por Avalmadrid. “Como hemos comentado anteriormente, Caja Madrid y Capital Riesgo Madrid, en este caso, cofinanciaban la producción de la película, luego tenían un interés cierto en que la producción estuviera suficientemente financiada y el riesgo se distribuyera entre diferentes entidades”, señalan los expertos, que detallan que tanto Caja Madrid como CRM se encontraban en una situación de conflicto de interés con Avalmadrid toda vez que la primera era socio protector de la entidad semipública y la segunda estaba íntegramente participada por socios protectores de Avalmadrid. Además, completan, Pedro Olabarría era, a la vez, miembro del Consejo de Administración de la empresa semipública y director general de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid.

Dentro de la cartera de avales analizada en el Forest, también figura uno concedido el 1 de febrero del 2000 a Calidad del Aire y Tecnología SL por 150.253 euros, operación que ha acabado calificada como fallida y que ha generado un pequeño agujero de 10.187 euros. Pero el informe de los expertos no da más detalles de este aval económico-financiero. Sin embargo, según la información de la cúpula de Avalmadrid, esta operación aparece también vinculada a Pedro Olabarría y la entidad semipública lo considera un “fallido irrecuperable”.

Además de todos estos, también figuran relacionadas con este mismo exconsejero otros dos avales concedidos en abril y julio de 2008 a la empresa Volupte SL para un proyecto de capital semilla en el mundo de la alta costura por importe de 182.014 y 88.500 euros, respectivamente, operaciones que tornaron finalmente en fallidas. De nuevo, la vinculación con Olabarría pasa por Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, que tenía una participación importante en Volupte SL. “Olabarría era, a su vez, representante de CRM como consejero de Volupte a la vez que era consejero de Avalmadrid”, detalla el informe Forest. Sin embargo, aunque los auditores señalaron que estos dos avales habían dejado un fallido de 85.000 y 86.000 euros, los datos que obran en poder de la cúpula de Avalmadrid especifican que, a junio de 2019, se había llegado a un acuerdo de pago parcial cerrado con quita. Por este motivo, este diario ha decidido no incluir estas dos operaciones en el cálculo del saldo final en fallidos.
 

Los cinco de Cantoblanco y Marsans: 3,49 millones de euros


La entidad semipública concedió durante 2013 al Grupo Arturo Cantoblanco cinco avales por 2,54 millones de euros para responder ante diferentes entidades por la prestación de servicios de vending de bebidas y alimentos o de gestión de comidas. Sin embargo, la falta de un análisis “suficientemente riguroso”, según sostiene la auditoría de Forest Partners, ha provocado que dos de esas operaciones hayan terminado clasificadas como fallidas. La primera de ellas se otorgó a Central de Compras Grupo Cantoblanco SL en abril de 2013 por 250.000 euros de aval financiero a tres años de plazo, avalando un préstamo de CaixaBank a la misma firma para atender “desfases de tesorería”. El segundo aval fallido, aprobado en julio de 2013 por 592.256 euros y dirigido a Grupo Cantoblanco Restauración SL, estaba destinado a responder ante Radiotelevisión Española (RTVE) de cara a la prestación de servicios de sus comedores y cafetería. Los importes fallidos ascienden a 262.212 euros y 202.246 euros, respectivamente.

El empresario Arturo Fernández, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid-Bankia, era propietario indirecto de las sociedades que conformaban el Grupo Cantoblanco y administrador único de estas firmas. Además, fue presidente de la patronal madrileña CEIM entre 2007 y 2014, en el periodo que se concedieron los avales. “Aunque de forma directa no fue consejero de Avalmadrid, su vinculación era evidente al ser CEIM uno de los socios protectores” de la entidad semipública, explica el informe Forest, que señala que “siempre había uno o dos consejeros” en representación de la patronal madrileña tanto en el Consejo de Administración como en la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid. En el año 2013, tres consejeros de la entidad semipública ocupaban al mismo tiempo puestos de responsabilidad en la patronal madrileña, tal y como figura en la memoria anual de Avalmadrid correspondiente a ese ejercicio: Sol Olábarri era secretaria general y Jesús Martín y Juan Pablo Lázaro vicepresidentes de la CEIM.

Los datos de Avalmadrid vinculan a los exconsejeros de Avalmadrid Francisco Novela y Patricio Rodríguez con estas dos operaciones fallidas. En el primer aval, de tipo económico-financiero, se especifica la existencia de “otras garantías reales”, aunque sitúa el importe recuperable en los cero euros. En el caso del segundo, de tipo técnico, se especifica que “titular y avalista” se encuentran “en concurso”, aunque el importe recuperable vuelven a cifrarlo en cero euros.

También dejó varias operaciones fallidas el empresario Gerardo Díaz Ferrán, al que Avalmadrid concedió ocho avales por 3,39 millones de euros entre febrero y comienzos de marzo de 2010 “para responder de la prestación de determinados paquetes turísticos en la temporada estival”. Todos ellos se prestaron, señalan los auditores, a pesar de la “grave situación” por la que estaba atravesando el Grupo Marsans en ese momento. El resultado de esta arriesgada operación fue que la firma entró en concurso de acreedores cuatro meses después, dejando siete de estas operaciones con la clasificación de fallidas. Seis de estos avales, de tipo económico-comercial, se concedieron a la empresa Rural Tours: tres operaciones –por 400.000, 500.000 y 100.000 euros– se formalizaron el 10 de febrero de 2010 y otras tres –por 200.000, 500.000 y 300.000 euros– se otorgaron sólo un día después. El séptimo, de tipo técnico, se concedió el 19 de febrero de ese año a Trap SA, por valor de 917.918 euros. El saldo final en fallidos ascendía a comienzos de junio a 3.026.729 euros.

En relación con los vínculos existentes con Avalmadrid, este caso guarda importantes semejanzas con el de Arturo Fernández. Para los expertos de Forest Partners, alrededor de estas operaciones existió un conflicto de intereses. Porque Gerardo Díaz Ferrán, quien fuera presidente de Confederación Empresarial de Madrid entre 2002 y 2007, lideraba en el momento en el que se concedieron los avales a sus empresas la CEOE, de la que forma parte la patronal madrileña. Una CEIM que en esos meses contaba con tres representantes en el Consejo de Administración de la propia Avalmadrid: Juan Pablo Lázaro y Jesús Martín, que ocupaban el puesto de vicepresidente en la patronal madrileña, y Sol Olábarri, que era directora del Departamento de Asuntos Económicos de la Confederación Empresarial de Madrid. Martín, además de formar parte del órgano de gobierno de Avalmadrid, era también miembro de la Comisión Ejecutiva de la entidad semipública, la que se encargó de aprobar las operaciones de Díaz Ferrán.

A estos tres nombres habría que añadir, de nuevo, a los exconsejeros Francisco Novela y Patricio Rodríguez, que también aparecen vinculados a estas operaciones fallidas concedidas a Díaz Ferrán en la información de Avalmadrid. En todas estas operaciones, sitúan el importe recuperable en los cero euros. “Concurso con déficit patrimonial”, se especifica en relación con Rural Tours. “Concurso sin resultado positivo para el recobro”, se apunta en el aval concedido a Trap SA.
 

Alfonso Carcasona: 526.215 euros


El exconsejero Alfonso Carcasona, por su parte, aparece vinculado a un par de operaciones fallidas de las que se benefició la sociedad Vipventa SL. Avalmadrid concedió a esta pequeña empresa, creadora de una plataforma de venta online de ropa y complementos de marcas de lujo, un aval  financiero de 1 millón de euros en julio de 2008 y otro de 350.000 euros en noviembre de 2009. Ambas operaciones, tal y como señalan los auditores en su estudio, eran de “alto riesgo” porque, desde su constitución, la empresa “sólo había generado pérdidas”. “El desarrollo potente del negocio y los acuerdos necesarios requería de fuertes inversiones, dando entrada en el capital (con una muy fuerte prima de emisión) a Inicap I Fondo de Capital Riesgo en régimen simplificado, gestionada por Möbius Corporate Venture Capital SGECR SA (gestora del fondo), siendo Inicap I, como hemos comentado anteriormente, un fondo de capital semilla donde participaba la Cámara de Comercio e Industria de Madrid”, explica el informe. El saldo final fallido de estos dos avales se sitúa en la actualidad en los 526.215 euros.

Como sucede en el resto de operaciones detalladas, en este caso los auditores también han detectado conflicto de interés. En primer lugar, porque Inicap I estaba participado por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que al mismo tiempo era socio protector de Avalmadrid. Además, Alfonso Carcasona fue a la par miembro del órgano de gobierno de la entidad semipública –y de su Comisión Ejecutiva– y vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. El exconsejero, según se expone en el informe Forest, también fue consejero de Möbius Corporate y ocupó los cargos de vicepresidente y consejero en Vipventa desde mayo de 2008, dos meses antes de que se concediera a la empresa el primer aval fallido.
 

Fernando Rodríguez Sousa: 293.975 euros


También aparece, según Avalmadrid, vinculada a sus consejeros una operación fallida que tiene como beneficiario a Accuore Inversiones SL. A esta firma se le concedieron dos avales: uno el 23 de mayo de 2014 por 300.000 euros y otro el 19 de junio de 2015 también por 300.000 euros. Si bien la primera de ellas, según se especifica en la auditoría externa, tuvo un “cumplimiento correcto”, la segunda terminó entrando en fallidos, dejando un agujero en Avalmadrid de 293.975 euros. A pesar de ello, según señalan los expertos en su informe, ambas operaciones estaban, en su origen, “soportadas adecuadamente”. En cuanto a la vinculación, los auditores destacan que el exmiembro del Consejo de Administración de la entidad semipública Fernando Rodríguez también fue consejero de Accuore Inversiones SL, de la que además fue accionista minoritario.
 

José Miguel Guerrero: 257.941 euros


También fueron un fracaso dos de las operaciones que Avalmadrid cerró con Casbar Tecnología Industrial SL. El primer aval fallido, de tipo económico-financiero y por 565.394 euros, fue concedido a esta sociedad dedicada a la fabricación y comercialización de muebles metálicos dentro del sector metalúrgico el 9 de julio de 2008, mientras que el segundo se formalizó el 2 de diciembre de ese mismo año por 269.600 euros. Ambas operaciones han dejado, a junio de 2019, un saldo final fallido de 257.941 euros. En relación con el análisis de vinculaciones de Casbar, el informe Forest pone de manifiesto que José Miguel Guerrero, miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Avalmadrid entre 2004 y 2010 en su calidad de vocal de la Cámara de Comercio, “era principal accionista de Casbar con el 22,52% del capital” y “miembro del Consejo de Administración” de la firma “con el cargo de presidente”.
 

Miguel Velarde y Patricio Rodríguez: 173.794 y 34.492 euros


También figuran dos operaciones fallidas vinculadas al expresidente de Avalmadrid Miguel Velarde. La primera, un aval económico-financiero por 120.000 euros formalizado el 30 de abril de 2009 con la empresa Babilas SA, que terminó dejando un importe fallido de 123.422 euros. La segunda, otro aval del mismo tipo otorgado el 14 de mayo de 2009 a la firma A&M Azafatas Convenciones y Ferias SA por 50.000 euros, que también tornó en fallida y dejó un agujero de 50.372 euros. Estas dos operaciones, sin embargo, no figuran en la cartera de avales que ha sido revisada por los expertos de Forest Partners para Avalmadrid.

Los auditores sí que analizaron, por el contrario, una última operación vinculada al exconsejero de la entidad semipública Patricio Rodríguez que también fracasó. Se trata del aval económico financiero que Avalmadrid formalizó con la empresa The Tie Gallery España SA el 4 de marzo de 2009 por importe de 100.000 euros. El objetivo era “financiar el crecimiento del negocio”, si bien el informe Forest sostiene que “dadas las dificultades” que estaba atravesando la sociedad “con pérdidas continuas en los tres últimos años” todo apuntaba a que el destino era “cubrir parte de sus pérdidas y/o tensiones de liquidez”. La operación ha terminado dejando un importe fallido de 34.492 euros. Patricio Rodríguez –que también figura entre los cinco exconsejeros relacionados con las operaciones de Cantoblanco y Marsans mencionados con anterioridad– era en el momento de la concesión de la operación miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid y accionista de la firma beneficiaria de la operación. “Ostentando un 33% de su capital, además era su administrador único y adicionalmente otro 5% pertenecía a un hermano suyo”, concretan los expertos en su análisis.
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21 Comentarios
  • Loles.0 Loles.0 31/08/19 16:14

    Que paguen los diez millones y después a la cárcel.

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  • Alfonso J. Vázquez Alfonso J. Vázquez 30/08/19 21:09

    Pues nada, que les pongan una multa que ya la pagaremos los madrileños.

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  • Juanalaloca Juanalaloca 30/08/19 20:29

    Desde Génova están organizando a la banda en la Comunidad. Con toda facilidad porque la señora presidenta es simple y llanamente un testaferro de Casado. Cada nombramiento, una sorpresa de gente que no tiene limpio el curriculum, pero hay que alimentar a los amiguitos. Ya el otro día el señor que manda ahora en el Ayuntamiento de Madrid, advirtió que la obra de Plaza de España costará más que lo presupuestado por Carmena. El saqueo ha comenzado, están tomando posiciones.

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  • Furiaapache Furiaapache 30/08/19 19:52

    No desesperen, entrará en el juzgado cuando haya prescrito.
    A ningun partido se le ocurre pedir firmas para eliminar la prescripción de ciertos delitos? Por supuesto no el PP, ni Ciudadanos, al tercer trufa hito ni lo nombró!?

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  • AngoLito AngoLito 30/08/19 16:18

    Si todo este pufo, en lugar de guardar relación con la familia Ayuso lo hiciera con otro apellido como...por ejemplo...vamos a ver... Colau, Carmena...
    ¿Se imaginan ustedes la que tendrían montada la jauría de devotos, dependientes, admiradores (títeres y marionetas inclusive) de "la peña" del Yunque?

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  • TL TL 30/08/19 14:39

    ¿Por que la fiscalía anti-corrupción no actúa? ¿Los mafiosos han conseguido legalizar el robo de dinero público? También, es alucinante la actitud de los del Banco de España: escriben informes, pero no hacen nada cuando son concientes de lo que ocurre, pero luego son los primeros en decir que hay que bajar los sueldos de la gente que trabaja para salir de la crisis, pero lo de poner los ladrones en la cárcel, ni se les ocurre.

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  • cexar cexar 30/08/19 14:05

    Madre mía de mi vida. La cueva de Alí Babá era un convento de benedictinas comparada con Avalmadrid.
    ¿De verdad no hay ningún organismo público que pueda actuar de oficio? ¿Hay alguien ahí?
    Como dice aserejé, encima los madrileños tendremos que pagar la multa de 100.000€ que el regulador impuso a este chiringuito. Para mear y no echar gota.
    Y Cs de mamporrero (tampoco estaría mal escuchar un poco más al PSOE de Madrid, que hablan muy bajito).
    Salud,

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    10

    • jovamad jovamad 31/08/19 09:16

      Soy Español pero resido en el extranjero, y siempre me habia sentido orgulloso de mi pais, pero desde hace 10Años he empezado a sentir pena y asco. Pena de ver que no hay un solo politico decente. Asco de ver a la gente llorar en las televisiones y programas, para que luego voten a los que como ellos dicen "sabemos que estos roban, pero los que vengan tambien robaran" . Esa actitud cobarde es la que me hace pensar que cada uno tiene lo que se merece. Por cierto mi definicion de politicos es:
      PO: Parasitos Organizados
      LI: Ladrones Internacionales
      TI: Timadores Internacionales
      COS: Corruptos Organizados y Sinverguenzas.
      Un saludo y que Dios ( O quien sea) proteja a este precioso pais de los politicos y los cobardes que les votan.

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      2

  • Grever Grever 30/08/19 13:35

    ¡¡¡ MO NAS ´TE RIOOOOO!!! La ciénaga se te descontrola.

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  • Toreador Toreador 30/08/19 11:08

    Creo que los que tenemos una minima informacion a través de diarios como infolibre, somos conscientes de que los PPcorruptos herederos del franquismo son una mafia criminal para robar, extorsionar y engañar al ciudadano de a pie ( ganaron la guerra claro). Los jueces y fiscales compinches y amiguetes. Salud y República. 

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    6

  • NUORGOMA NUORGOMA 30/08/19 11:03

    ¿Por qué esto no está ya en un juzgado?, es un auténtico latrocinio condenable penalmente, ¿aquí no se actúa de oficio?, independientemente de las consecuencias políticas que parece que son las únicas que preocupan a la mayoría de los publicantes.

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