“Vengo en nombrar Jefe de Mi Casa a don Camilo Villarino Marzo. Dado en Madrid, el 16 de febrero de 2024. Felipe R.”. El decreto de nombramiento suponía una revolución total en el Palacio de la Zarzuela, que decía adiós a Jaime Alfonsín y ponía al frente de la organización de la institución a un diplomático llamado a cambiar el funcionamiento sin estridencias pero de manera profunda.

Las cosas de palacio van despacio, un refrán muy acertado en Zarzuela. Pero el estilo Villarino ya se deja notar en el complejo palaciego, donde se han rehecho por completo los equipos y se busca una nueva etapa de la familia real con mayor protagonismo mediático, mayor conexión en las redes y con un intento de realzar sus figuras institucionales en tiempos convulsos políticamente.

Villarino (Zaragoza, 1964) es un hombre muy discreto y adicto al trabajo, según reconocen varias personas que han trabajado codo con codo con él. Y es una figura cuya vida laboral ha estado muy relacionada con la política europea, una de las cualidades que más atrajeron a Felipe VI, según fuentes conocedoras, para darle la llave de La Zarzuela. Otra vertiente que también gustó al rey es que también es un hombre que conoce mucho los temas de defensa y de política de seguridad (es reservista destinado en la UME).

Además, pese a evitar todos los focos, conoce extremadamente bien todos los pasillos del poder de Madrid y de Bruselas. En su currículum destaca haber sido jefe de gabinete de hasta tres ministros de Exteriores, de colores ideológicos distintos. Estuvo como máximo asesor de Alfonso Dastis, el último ministro de Exteriores de la Administración de Mariano Rajoy, y de Josep Borrell y de Arancha González Laya, los dos primeros titulares al frente de la política internacional desde que llegara Pedro Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura en 2018. Luego acompañó a Borrell a la Comisión Europea como su director de gabinete en su época de Alto Representante de la UE para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad.

González Laya describe en una conversación con infoLibre que el actual jefe de la Casa del Rey es un diplomático que “está por encima de ideologías” y que trabaja “al servicio de su país”. La exministra de Asuntos Exteriores, que formó parte del Gobierno de coalición hasta la crisis ministerial de julio de 2021, destaca su dedicación y esfuerzo y señala como puntos fuertes sus conocimientos tanto de política europea como sobre Marruecos.

La Casa Real vive un momento de transición durante este verano. En septiembre el equipo tendrá nuevas incorporaciones: las periodistas Marta Carazo (ex presentadora del telediario de la noche de TVE y ex corresponsal en Bruselas) y Rosa Lerchundi (hasta ahora jefa de informativos de Telecinco) se incorporan como jefa de la Secretaría de la reina Letizia y nueva directora de comunicación en sustitución de Jordi Gutiérrez.

Estos fichajes evidencian también el giro que quiere dar la Casa Real en temas de comunicación. El interés que hay en Zarzuela también va por una mayor conexión en redes sociales (la institución española está muy por detrás de sus colegas europeas) y en los temas audiovisuales.

La relación de Villarino con el Palacio de La Moncloa es buena, según señalan fuentes de ambas instituciones. Pero algunos de los movimientos de Villarino sí han chocado en los últimos meses con el Ejecutivo y especialmente con el titular de Exteriores, José Manuel Albares, dos diplomáticos que se conocen desde hace décadas. Unos vaivenes que también se vivieron internamente en los primeros gobiernos de Sánchez, cuando el hoy ministro era el ‘sherpa’ del presidente en materia internacional y Villarino estaba junto a Borrell en el Palacio de Santa Cruz.

Albares retiró a última hora en agosto de 2021 el plácet para que Villarino fuera destinado a la embajada de Moscú, como había planteado González Laya.  En ese momento, el actual jefe de la Casa del Rey estaba siendo investigado por un juzgado por el caso de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que creó un conflicto diplomático con Rabat, aunque en Exteriores desvincularon entonces este hecho de la decisión tomada por Albares. La Audiencia Provincial de Zaragoza archivó el caso en 2022 al no ver indicios de delito en la actuación de la exministra Laya y de Villarino.

Pero el momento más tenso hasta el momento entre Moncloa y la Casa del Rey se vivió con la visita de los reyes y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Paiporta después de la dana. Se produjeron imágenes de máxima tensión con lanzamiento de barro a las autoridades y con insultos. Fue Zarzuela la que más presionó ejerció para realizar ese traslado y en privado dirigentes socialistas reconocen que fue un error ir en un momento tan complicado y con la ultraderecha avivando el clima antipolítico.

Otro de los momentos de tensión entre las dos instituciones se vivió con motivo de la puesta en marcha del Gobierno de la iniciativa de España en Libertad, que conforma una serie de actividades, exposiciones y actos para recordar el avance del país después de la muerte de Franco y reivindicar el espíritu democrático frente a la dictadura pasada. Los reyes declinaron la invitación al evento inaugural en el Museo Reina Sofía, aunque posteriormente se sumaron al homenaje a las víctimas de los nazis en Mauthausen, con motivo del 80 aniversario de la liberación de ese campo de concentración en el que llegaron a estar 5.000 españoles.

También se evidenciaron discrepancias entre Villarino y Albares por la ausencia de los reyes en la reapertura de la catedral de Notre Dame en París tras su incendio. Exteriores dejó caer su malestar al enterarse por la prensa. Las invitaciones fueron cursadas de manera nominal por el Gobierno francés a la Casa Real y al Ministerio español de Cultura. Zarzuela asumió esa decisión y excusó la presencia por estar preparando Felipe VI y Letizia el viaje oficial a Italia. En privado, miembros del Gobierno reconocen la labor del rey y su intento de neutralidad, pero admiten que la agenda de Zarzuela está más volcada hacia el sector conservador.

Villarino marca un nuevo ritmo en la Casa Real, donde se busca una estrategia de comunicación diferente y potenciando a los miembros de Zarzuela. No le gusta salir en los medios y evita los focos. Puro poder en la sombra. Un hombre serio, como definen los que lo conocen, pero que en la intimidad hace buenas imitaciones. ¿Cuándo desconecta? Cuando está con su familia de escapada en la montaña en Jaca.

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' no descansará esta semana, que coincide con la última etapa de la campaña de las elecciones europeas, y acogerá las comparecencias de la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol; la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el presidente de ADIF, Ángel Contreras, además de la abogada Leticia Lauffer, según ha informado Europa Press.

En concreto, la Mesa de la comisión, en la que el PP cuenta con mayoría, ha fijado la comparecencia de Armengol para este viernes 7 de junio, el último día de la campaña de las elecciones europeas. Por el momento, los 'populares' no han puesto fecha a la declaración del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Además de Armengol, el martes 4 de junio a las 10:00 horas comparecerá el presidente de ADIF, Ángel Contreras, mientras que la abogada Leticia Lauffer declarará en esta comisión de investigación el miércoles a las 16:00 horas después de la sesión plenaria. La ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, está citada el jueves 6 de junio a las 10:00 horas.

"Las personas que acudirán la semana que viene son las idóneas en base a ese objetivo de conocer la verdad, por el momento procesal en el que nos encontramos", sostienen desde el PP.

Eso sí, el PP no ha establecido de momento la comparecencia de Sánchez en esta investigación parlamentaria, aunque los 'populares' advierten que manejan los tiempos en esta Cámara al contar con mayoría absoluta y la Mesa de la comisión se podría reunir de urgencia en cualquier momento para llamarle a declarar.

"Por mucho que el presidente del Gobierno intente tapar este caso y no dar explicaciones, lo hará en el Senado en el momento oportuno para conocer la verdad de la trama; que es lo que están reclamando los españoles", avisa el PP.

Asimismo, los 'populares' denuncian que las nuevas informaciones "estrechan el cerco sobre Pedro Sánchez, su Gobierno, su partido y su entorno". "Y según avance la investigación judicial tendremos todavía más conocimiento de la trama de corrupción, mentiras y ocultación que cercan a Sánchez", añaden.

Los de Alberto Núñez Feijóo han acelerado la comparecencia de Armengol en el Senado porque consideran que "mintió" en la comisión análoga del Congreso que investiga los contratos de material sanitario durante la pandemia.

En concreto, Armengol desfiló hace dos semanas por la comisión del Congreso, desde donde admitió que conocía a Koldo García Izaguirre como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y aunque no recordaba todas sus comunicaciones de hace cuatro años, sí que negó "con total seguridad y rotundidad" que hablara con él de la contratación de ninguna empresa.

En su exposición inicial, Armengol explicó que se comunicó durante toda la pandemia con diferentes miembros del Gobierno central, entre los que estaban ministros como José Luis Ábalos para abordar la situación de transporte de las islas, la ministra Yolanda Díaz para los ERTEs o la vicepresidenta Nadia Calviño para las ayudas a las empresas.

"Pero quiero ser sincera, no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar, con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad, porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie", sostuvo Armengol en relación al contrato de mascarillas con Soluciones de Gestión.

Y la comparecencia del actual presidente de ADIF se producirá después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostuviera que Koldo García trató de reunirse con Ángel Contreras porque el empresario Daniel Fernández le pidió que ejerciese "su influencia para la adjudicación de un nuevo contrato ligado" a uno previsamente adjudicado por el ente público.

"Ángel Contreras, por tanto, es la persona que conecta la corrupción del pasado en la compra de mascarillas con la presente en contratos de obra pública. Antes de ser presidente de Adif, fue director general de la empresa. Vistos los antecedentes, no descartamos que estos amaños vengan incluso de tiempos previos a la pandemia y al 'caso Delorme'", sostiene el PP.

El PP ha registrado este viernes su ampliación de la lista de comparecientes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', en la que ha incluido finalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ya había anunciado, a la vez que también ha incorporado las citaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y las exministra de Economía y Asuntos Exteriores, Nadia Calviño y Arancha González Laya, respectivamente, según han confirmado a Europa Press fuentes del PP.

El plazo para que los grupos del Senado pudieran ampliar la lista de comparecientes en esta comisión sobre el 'caso Koldo' finalizaba este viernes por la mañana y finalmente el PP ha consumado la citación de Pedro Sánchez, como ya había anunciado el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Una vez se ha producido la ampliación de la lista de comparecientes, ahora corresponde a la Mesa de la comisión de investigación del 'caso Koldo', en la que el PP tiene mayoría absoluta, poner la fecha y la hora de estas comparecencias, aunque los 'populares' han avisado que decidirá el momento oportuno para interrogarle en este foro de la Cámara Alta.

En esta ampliación de la lista de comparecientes, el PP no ha incluido a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como habían amenazado los 'populares' en varias ocasiones en citarla en el Senado.

Sánchez ya había dado por hecho que le acabarían citando tanto a él como a su mujer y, después de certificarlo, recalcó que él no tiene "ningún problema en responder" allí. Eso sí, a renglón seguido añadió: "Si quiere llevar a mi esposa a comparecer en el Senado, será su responsabilidad, pero irá también, encantada".

Eso sí, la ampliación de la lista de comparecientes que finalizaba este viernes no tiene por qué ser necesariamente la última que se haga, ya que el PP maneja con su mayoría absoluta los tiempos y puede decidir llamarla en otro momento.

En cualquier caso, Feijóo ha afirmado que su partido esperará al desarrollo del sumario para ver si citan a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado, aunque hay voces dentro del PP que no creen que finalmente la acaben llamando.

Por el contrario, sí que han decidido incorporar las comparecencias de María Jesús Montero, 'número dos' del PSOE, y de la exministra de Economía Nadia Calviño, para que expliquen su relación con toda la trama Koldo. También incorporan las comparecencias de la exministra de Transportes Raquel Sánchez y de la anterior titular de Exteriores, Arancha González Laya.

Los 'populares' justifican estas comparecencias en que Montero, como ministra de Hacienda, es la "máxima responsable" del control de los contratos públicos. "La trama corrupta de Koldo ha demostrado que esa supervisión no fue buena", sostienen estas fuentes.

Y en el caso de Calviño, el PP argumenta que 'Red.es' "dio 10 millones de euros" al empresario aragonés Barrabés, "accionista del máster de Begoña Gómez, dependiente del Ministerio de Economía" que por aquel momento dirigía Calviño.

Asimismo, han citado a la presidenta de la SEP, María Belén Gaulda González; el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el gerente de Obras Públicas y Regadíos S.A., Daniel Fernández, así como al ex director de Gabinete de Illa en la primera ola del Covid, Germán Rodríguez.

De la misma manera han llamado a declarar al que fuera director del Aeropuerto de Barajas entre 2019 y 2022, José Antonio Álvarez Fernández; al consejero de Interior en la Embajada de España en Marruecos, Enrique Taborda; a varios policías y al responsable de la Unidad de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Plaza Castilla en 2020, 2021 y 2022.

También han incorporado a esta listas de comparecientes al director corporativo de Desarrollo Internacional de Globalia, Lisandro Menu Marque; al alcalde de Valdemoro, David Conde; a diferentes empresarios, así como a la ex consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias María Teresa Cruz Oval.

Aunque los 'populares' hayan descartado por el momento citar a Begoña Gómez, sí que han pedido copias de los expedientes de ayudas, avales y créditos concedidos en 2020 y 2021 a Air Europa, Globalia y Avoris por el Gobierno central, así como por los Ejecutivos de Canarias y Baleares.

También quieren disponer del convenio o el acuerdo por el que Air Europa "pactó el 17 de enero de 2020 pagar 40.000 euros anuales a la fundación IE Africa Center que dirige Begoña Gómez", así como el listado de patrocinadores e importes aportados durante 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 de la Fundación IE.

A su vez, reclaman al Gobierno la agenda del viaje del presidente del gobierno con su esposa a Estados Unidos en el año 2019 "en el que se asistió, entre otros, a la tercera edición del evento 'African Solutions, Global Challenges'.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ordenado el archivo del procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 7 de esa localidad contra la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya al no ver indicios de delito en su actuación en el marco de la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que tuvo lugar la noche del 18 de abril de 2021 y se produjo sin pasar controles de frontera ni documentación de cara a ser trasladado a un hospital de Logroño para ser atendido por covid.

En un auto firmado este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Tercera han corregido al juez Rafael Lasala al considerar que no pueden compartir su criterio para mantener como investigada a la que fuera titular de Exteriores.

"Si bien es innegable que la Sra. González Laya era conocedora de la intención de que el Sr. Ghali fuera tratado en España y tomó parte activa en los preparativos que condujeron a ello, sin embargo, no existen indicios que soporten la conclusión de que conocía la existencia de un interés judicial sobre aquella persona", han precisado.

Así las cosas, han concluido que lo pertinente es "revocar la resolución" en la que se acordó mantener la imputación de la exministra y declarar el sobreseimiento de las actuaciones, "sin perjuicio de su reapertura para el caso de que resultasen nuevos indicios contra dicha persona".

En este sentido, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha estimado el recurso que presentó la Abogacía del Estado en nombre de González Laya. Los servicios jurídicos defendieron que no había elementos que permitiesen acreditar un posible delito de prevaricación, de encubrimiento o de falsedad documental por parte de la exministra.

La Abogacía insistió en que lo que procedía era el archivo para que no se alargara "innecesariamente" una investigación que suponía "afecciones y consecuencias desfavorables" para la extitular de Exteriores. La Fiscalía coincidió en que debía cerrarse la causa para la exministra.

La Audiencia de Zaragoza ha desestimado la tesis de las acusaciones de que las autoridades españolas eran conocedoras de que existía una orden de localización de Ghali librada por la Audiencia Nacional y que —con la finalidad de evitar que se supiera la entrada en España del líder del Polisario— organizaron la entrada de manera que no quedara constancia de quién era en realidad la persona que llegó a España.

"A nivel indiciario parece indudable que el Sr. Ghali accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizos a que debería y esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo", han asegurado. Han precisado, sin embargo, que se trata de "un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal".

Ante el argumento del juez Lasala de que los responsables del Ministerio de Interior sabían con antelación de la llegada de Ghali y omitieron información de forma consciente a la Justicia española sobre su ubicación, la Audiencia Provincial ha incidido en que el magistrado instructor es "consciente de la insuficiencia de indicios que soporten" dicha tesis y "del escaso progreso obtenido en los últimos tiempos, así como la improbabilidad de encontrar algún otro indicio más".

En el marco de la resolución, los magistrados han desestimado el recurso que presentaron las acusaciones con la intención de reabrir el procedimiento para el ex jefe de gabinete del Ministerio dirigido entonces por González Laya. Así, han confirmado el archivo para Camilo Villarino.

Al hilo, han recordado que se trata de un sobreseimiento provisional y que en caso de que se practiquen nuevas diligencias que deriven en indicios contra el que fuera número dos de Exteriores podría "acordarse la reapertura de las actuaciones".

En 14 folios, la Audiencia de Zaragoza ha hecho un repaso de los hechos hasta ahora recabados en la investigación. Ha recordado la llegada de Ghali a la base aérea de Zaragoza abordo de un avión procedente de Argelia sin someterse a controles de frontera ni de documentación, así como su posterior traslado al Hospital San Pedro de Logroño.

Los magistrados han reiterado que "la decisión de permitir la entrada de Ghali de forma sigilosa" para "no afectar" la relación de España con otros países "forma parte de las relaciones exteriores" del país y —aunque lo acertado o no de dicha decisión y las consecuencias de ella derivadas pueden "ser objeto de crítica"— es "un acto político que excede del ámbito de la prevaricación".

Sobre el argumento del juez instructor de que la llegada del líder del Polisario a España fue una "operación" que involucraba a varios ministerios y estaba coordinada por el propio presidente Pedro Sánchez, la Audiencia Provincial ha asegurado que, aunque ello fuese cierto, no hay indicios de que González Laya y Villarino supieran que la Audiencia Nacional había pedido ubicar a Ghali para tomarle declaración como investigado por una querella que se presentó en su contra.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Félix Bolaños, ha asegurado este martes que el Gobierno desconoce quién está detrás de la intrusión en los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles, y que el informe del Centro Criptológico Nacional no ha aportado ninguna información sobre la autoría, aunque ha insistido en un ataque "externo".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha señalado que el informe del CCN que lo detectó no contiene ninguna hipótesis sobre la autoría y ha pedido no hacer suposiciones ni conjeturas al respecto. "Es muy complicado decir quién ha podido ser y por tanto no sabemos quién ha podido ser", ha afirmado el ministro.

Sin embargo, según ha continuado, el Gobierno sí sabe que el espionaje es "externo" y no ha tenido que ver con ningún organismo del Estado bajo autorización judicial. En esta misma línea, al ser preguntado sobre si podría provenir de algún organismo estatal como el CNI pero sin autorización judicial, Bolaños ha respondido que no existe "ninguna información en ese sentido" y "ninguna base" y que si el Ejecutivo tuviese conocimiento sobre quién pudo ser lo contaría y lo trasladaría a los tribunales.

En la misma línea ha contestado al ser preguntado sobre si sospechan de Marruecos. "No creo poder hablar de un país, de una institución o elementos incontrolados, no tenemos ninguna información en ese sentido", ha insistido, al tiempo que ha subrayado que solo menciona hechos contrastados e indiscutibles.

Bolaños ha precisado que cuando se refiere a un ataque "externo" para el Gobierno significa que no es un organismo oficial del Estado con autorización judicial. "Eso sí lo sabemos", ha apuntado antes de reiterar que no saben quién ha realizado la intrusión ya que los informes técnicos de los expertos no han aportado ninguna información al respecto.

Por otro lado, Bolaños ha trasladado que no le consta que también haya habido ataques al móvil de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, que no ha leído ningún informe de inteligencia al respecto. El supuesto espionaje a la exministra ha sido publicado este martes por El País. Así, ha añadido que solo están informando de lo que conocen con seguridad y el resto son "conjeturas".

Además, todavía se están verificando los teléfonos de otros miembros del Gobierno, según ha indicado, pero de momento no hay resultados para saber si otros ministros fueron objeto de espionaje. Bolaños ha sostenido que quieren saber exactamente qué ha ocurrido y así tomar las decisiones necesarias para que no se repita un episodio que ha calificado como "muy grave". "Vamos a tener la información completa y esa será la base de cualquier decisión que podamos adoptar en el futuro", ha añadido.

Por otro lado, el ministro ha asegurado que el Gobierno supo este fin de semana que los teléfonos de Sánchez y Robles habían sido espiados, recibieron el informe el domingo y por eso el lunes convocaron una rueda de prensa y lo llevaron ante la Justicia.

Bolaños ha negado por tanto que lo conociesen antes y por tanto, que Robles se refiriese a esto cuando la semana pasada dijo que cuando saliese todo los que daban lecciones tendrían que callarse. "A esto no se estaba pudiendo referir", ha señalado al ser preguntado al respecto pero ha apuntado que también se están haciendo controles como parte del ejercicio de control interno dentro del CNI anunciado hace unos días y que de este modo tienen más información que hace dos semanas.

Así, ha indicado que, a su juicio, lo que Robles quiso decir es que las instituciones en España "funcionan con arreglo a la ley" y cuando se produce una intervención se hace con autorización judicial y con respeto a la privacidad de los ciudadanos.

Bolaños también ha trasladado que fue "en los últimos días", durante el fin de semana, cuando se encargó el análisis del móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, a quien está adscrito el CNI, y que ambos fueron simultáneos.

Además, respecto al hecho de que las incursiones detectadas se produjeron en mayo y junio del año pasado y no se hayan advertido hasta ahora, Bolaños ha afirmado que en este tiempo ha habido controles, revisiones y actualización de los procedimientos de seguridad y parece que han funcionado por que no hay pruebas de más ataques en los últimos meses. Sin embargo, ha reconocido que "claramente hay que reforzar los protocolos" para que no pueda repetirse.

Asimismo, ha recalcado que esta última verificación fue "muy en profundidad" e incluso significó que Sánchez estuviese "unas horas" sin su teléfono para que los técnicos trabajasen en el terminal.

Sobre si la directora del CNI, debe seguir al frente de los servicios de inteligencia, Bolaños ha señalado que "sigue en el cargo" y está trabajando para esclarecer los hechos.

Finalmente, el ministro ha afirmado que informó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo antes de la rueda de prensa que ofreció el lunes por la mañana junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Sin embargo, ha apuntado que echa de menos una verdadera "altura de Estado" de Feijóo y le ha recriminado que hiciera "insinuaciones" de que el Ejecutivo había elegido la fecha para hacer público este tema.

Para Bolaños esto demuestra que el PP tiene algo "atávico" que le impide ser un partido de Estado y responsable en la oposición y le ha indicado que lo que tiene que hacer es estar "al lado del Gobierno" en este asunto y no sembrar sospechas.

El exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, redujo su patrimonio en 51.000 euros durante 2021, según la declaración de bienes publicada este miércoles en el BOE, junto con la de otros altos cargos que tomaron posesión el pasado ejercicio o que cesaron de sus obligaciones en el Ejecutivo. Pero una de las personas que más ha reducido su patrimonio ha sido la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, que lo reduce en 697.815 euros.

Entre los que dejaron el Gobierno se encuentra Pablo Iglesias, quien en la declaración publicada en 2020 presentaba unos activos de 539.880 euros y un pasivo de 231.156 euros, lo que arrojaba un patrimonio neto de 308.724 euros. Sin embargo, la declaración correspondiente a 2021 refleja una reducción del patrimonio de 51.285 euros, tras declarar 478.939 euros de activos y 221.500 euros de pasivo, lo que arroja un saldo neto de 257.439 euros.

Las diferencias fundamentales están en la declaración de bienes inmuebles, que hace dos años estaban valorados en 233.282 euros y ahora lo están por 218.689; además, sus depósitos han caído de los 111.098 euros que declaraba en 2020 a 64.250 el pasado ejercicio. Los seguros de vida y planes de pensiones se mantienen en 187.500 euros y los demás bienes suben de 8.000 a 8.500. Durante el año pasado, Pablo Iglesias también amortizó parte de su deuda, bajándola de 231.156 euros a 221.500.

También la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya declara una caída considerable de su patrimonio neto, que pasa de ser de 870.815 euros a 173.000. Según su declaración de bienes, en 2020 la entonces titular de Exteriores declaraba bienes inmuebles por valor de 79.957 euros y 790.858 euros en depósitos y sin ningún pasivo.

Sin embargo, un año después, aumenta el valor de sus bienes inmuebles, hasta los 388.300, se reducen sus depósitos a 15.000 euros y aparece una deuda de 230.000. Lo que arroja un patrimonio neto de 173.000 euros. Comparado con el año anterior, González Laya ha sufrido una pérdida de 697.815 euros en su patrimonio.

El exministro de Universidades, Manuel Castells, mantiene una situación económica muy saneada con un patrimonio declarado en 2021 de más de dos millones de euros (2.802.189 euros), aunque éste se ha visto reducido en unos 26.000 euros desde 2020, cuando declaró 2.828.218 euros. Según los datos aportados por el exministro, sus bienes inmuebles en se han devaluado al pasar de 2,19 millones de euros a 2,12 millones.

Los depósitos en cuentas corrientes pasaron de 324.280,95 a 162.765 euros; también redujo los seguros de vida y planes de pensiones de 1.405.604 euros a 1.354.581, mientras que otros bienes y derechos pasaron de 21.878,66 euros a 16.400. Pero estas reducciones de los activos han ido acompañadas también de una importante reducción del pasivo, que era de 1.115.000 euros y en 2021 se situó en 857.984,5.

Otro que ha experimentado una reducción patrimonial ha sido el entonces todo poderoso jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, quien contaba en 2020 con 126.325 euros en depósitos y 19.102 euros en seguros de vida y planes de pensiones y ha pasado a 92.581 euros en sus cuentas y 24.070 euros en planes de pensiones. Estos datos arrojan una reducción patrimonial de 39.000 euros en 2021, el año de su salida del Gobierno.

Por el contrario, la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha visto incrementarse su patrimonio en 116.236 euros el pasado año. En el último ejercicio, Calvo amortizó el pasivo que tenía en 2020 de 123.038 euros. Redujo el valor de sus bienes inmuebles de 264.803 euros a 175.716 euros; aumentó los depósitos al pasar de 66.883 euros hasta los 175.444 y bajó la cifra de seguros y planes de pensiones de 132.404 euros a 106.128. Estos datos reflejan un patrimonio neto en 2021 de 457.288 euros.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos está entre los que mejoran su patrimonio, aunque el neto de éste es mucho menor que el de su compañera de partido, ya que se sitúa en 63.966 euros después de descontar a los 264.542 euros de activos, los 200.576 euros del pasivo.

También su entonces compañero de Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, incrementó su patrimonio neto en 2021 en 40.840 euros, al pasar de 362.964 euros a 403.804. Campo no tenía deudas en 2020 y siguió sin tenerlas en el pasado ejercicio.

Otro de los ministros que cesaron en el Gobierno, la de Educación, Isabel Celaá, también cuenta con unas cuentas saneadas y un patrimonio neto que supera el millón de euros y que ha aumentado en 2021 en 26.717 euros hasta llegar a 1.168.741 euros. La exministra mantuvo el valor de sus inmuebles, redujo sus depósitos en cuentas al pasar de 132.350 euros a 80.401; pero aumentó el valor de sus acciones, de 565.825 euros a 620.226 y redujo los seguros y planes de pensiones en casi 1.000 euros, para situarse en 108.791 y también otros bienes pasaron de 62.000 a 60.000 euros. Celaá destinó 26.622 a amortizar deudas, que ahora son de 96.328 euros.

El incremento patrimonial de Salvador Illa, exministro de Sanidad, es similar al de su excompañera de Educación, siendo de 22.236 euros en 2021, al pasar de 148.573 euros a 170.809 el pasado ejercicio, habiendo reducido además su pasivo, de 18.053 a 7.387 euros.

Finalmente, el exministro de Cultura, José Miguel Rodríguez Uribes, también aumentó su patrimonio en 19.558 euros, hasta los 166.558. No tiene deudas y la única variación importante son los depósitos de sus cuentas, que pasaron de 30.000 euros a 48.000.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, a cargo de las pesquisas sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali, ha acordado el archivo provisional de la investigación para el exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino, pero ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado de cerrar las diligencias sobre la exministra Arancha González Laya.

En un auto de 10 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Rafael Lasala ha desestimado parcialmente la solicitud de los servicios jurídicos del Estado. "Sobreseo provisionalmente estas actuaciones únicamente respecto de Camilo Villarino, prosiguiendo en lo demás la instrucción de las mismas", ha indicado.

La decisión del juez tiene lugar después de que el pasado 8 de febrero la Abogacía del Estado pidiera el archivo de la investigación que se sigue sobre la exministra y su jefe de gabinete Camilo Villarino. La defensa considera que no hay elementos que permitan acreditar un posible delito de prevaricación, encubrimiento o falsedad por parte de ninguno de los excargos del Gobierno.

En 18 folios, los servicios jurídicos del Estado insistieron en que los hechos acreditados en el marco de la investigación "no son constitutivos de delito alguno". "Procede, por lo tanto, que no se alargue innecesariamente una instrucción respecto de mis investigados, por las afecciones y consecuencias desfavorables que para ellos supone", señaló la Abogacía.

El Juzgado investiga la entrada en España de Ghali, toda vez que ingresó al país a través de la Base Aérea de Zaragoza la noche del 18 de abril de 2021 sin pasar por controles de frontera ni de documentación para luego ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser atendido por covid-19.

Según consta en el auto en el que el juez ha plasmado su decisión, la Fiscalía interesó el archivo provisional respecto a Villarino y González Laya. Las acusaciones conservadoras, por su parte, se opusieron a la petición de la Abogacía del Estado.

En este sentido, el magistrado ha coincidido con el Ministerio Fiscal en que sería oportuno el archivo provisional "al menos en cuanto a la falsedad documental atribuida a los dos representados por la Abogacía", en referencia a la exministra y su jefe de gabinete.

"Hasta el momento no se ha conseguido indicio alguno de que participaran en la falsificación de un documento de identificación personal o en la presentación del mismo en el Hospital de San Pedro, de Logroño", ha señalado.

El juez Lasala ha considerado que "tampoco cabe hablar de un encubrimiento de los delitos por los que se investigaba a Brahim Ghali en dos causas distintas de un Juzgado Central de Instrucción". Ha explicado que el encubrimiento implica que los investigados debían conocer la comisión del delito, "algo difícilmente predicable".

En cuanto a la posible prevaricación, que ha sido el motivo principal de la instrucción hasta el momento, el titular del Juzgado ha admitido que "no es fácilmente apreciable, sobre todo respecto de Camilo Villarino por lo que más adelante se dirá, si bien aún no puede desecharse su existencia al momento actual".

Lasala ha explicado que "lo realmente trascendente a los efectos de la prevaricación" es aclarar si se decidió asistir a Brahim Ghali y permitir su acceso a España "a sabiendas de que estaba interesada su declaración como investigado en dos causas penales e intentada su localización en varias ocasiones, acordando no comunicar nada al Juzgado Central de Instrucción" y "asegurando igualmente las condiciones necesarias para que nadie lo pudiera hacer".

En el marco de la resolución de 13 folios y tras repasar los hechos hasta ahora recogidos en el procedimiento, el juez ha subrayado que —teniendo en cuenta que participaron autoridades y funcionarios de Exteriores, Interior y Defensa— lo que le dice la ley es que "el Presidente del Gobierno dirigía esta actuación conjunta".

"Pues bien, promovida la cuestión por la titular de Asuntos Exteriores tras recibir una llamada desde Argelia, la decisión última correspondía al Presidente del Gobierno, sabiendo los Ministros de Interior y de Defensa que por tal decisión habían de comunicar a determinadas Autoridades y funcionarios de sus departamentos que siguieran las instrucciones que diera Camilo Villarino sobre este particular", ha señalado.

El magistrado ha asegurado que "todo parece apuntar" a que Villarino "tan solo fue informado desde el Ministerio de Interior de la pendencia de causas penales contra Ghali cuando ya llevaba varios días en España (...) sin que antes se le hubiera informado sobre tal particular por quien le escogió como profesional muy cualificado para gestionar la llegada a España".

En este sentido, Lasala ha concluido que Villarino es "alguien ajeno al núcleo de personas que hubieran sabido del interés judicial sobre Brahim Ghali".

El titular del Juzgado ha admitido que es "poco" lo que se ha conseguido en el marco de la investigación y ha asegurado que, a la espera de alguna diligencia encaminada fundamentalmente hacia la acreditación de la posible falsedad y otra sobre ficheros policiales, "es sumamente improbable encontrar algún indicio más, más aún cuando han sido invocados frecuentemente deberes de secreto profesional cuando no la Ley de Secretos Oficiales".

Así las cosas, el juez ha aprovechado su escrito para indicar que las gestiones del Ejecutivo "reflejan la buena voluntad de quien decide ayudar al enfermo y una actitud humanamente irreprochable". Pero ha subrayado que el médico responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Logroño llegó a advertir de que la atención médica que Ghali había recibido en Argelia era "prácticamente" la misma que hubiera recibido en Logroño.

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya aseguró ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que "ha habido casos anteriores" de "personas cercanas a Brahim Ghali y personas miembros del Frente Polisario" que "han sido acogidas en España también para tratarse enfermedades" y precisó incluso que "algunas de ellas han fallecido".

Así consta en la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, del pasado lunes 4 de octubre, cuando la extitular de Exteriores compareció en calidad de investigada calidad de investigada ante el magistrado instructor Rafael Lasala por la entrada del líder del Frente Polisario en España. González Laya explicó que la situación de Ghali -que llegó a España el 18 de abril a la Base Aérea de Zaragoza y fue trasladado al Hospital San Pedro de Logroño para ser atendido por coronavirus- "no es la única cuestión humanitaria" que ha tenido que tratar en un año y medio al frente del Ministerio.

En este sentido, aseguró que "no es extraordinario, por tanto, que España reciba esas peticiones". "Es cierto que es un poco más excepcional que sea un país tercero el que pida esa ayuda humanitaria para un ciudadano. Eso es más excepcional, pero no es probablemente ni la primera ni la última vez", añadió.

"Lo que se pide es la acogida de una persona que está enferma grave de covid para poder tratarse en nuestro país. Esa es la petición expresa"covid, señaló en referencia al caso de Ghali. La exministra se expresó así ante la pregunta del juez de si la petición que planteó Argelia relativa al líder del Frente Polisario "era realmente una causa humanitaria o era estratégica".

En el marco de su declaración, González Laya se amparó en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales para evitar identificar a la autoridad argelina que le contactó. La exministra también se amparó en dicho acuerdo para no señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso por el que se autorizó la entrada en España del líder polisario.

Aseguró que la entrada de Ghali fue con "discreción" por las "aristas políticas" entre Marruecos y Argelia

La exministra también aseguró que la entrada de Ghali se hizo con "discreción" porque su caso involucraba a "dos vecinos" con "aristas políticas", en referencia a Argelia y Marruecos, aunque no llega a mencionar a este último. Asimismo, González Laya destacó lo "excepcional" de la llegada España del líder del Frente Polisario y aseguró que estaba motivado por cuatro factores.

En primer lugar puntualizó que se trataba de una petición realizada por un país tercero y no por una organización no gubernamental o un particular; destacó como segundo factor que era una persona que estaba "gravemente enferma"; como tercer punto subrayó que era una "persona con un perfil político"; y por último, que era un caso que involucraba a "dos vecinos" cuya relación entre ellos tiene unas "aristas políticas". "Todo ello hace que sea importante, desde la humildad y la buena fe que ha caracterizado nuestra gestión de esta cuestión, de tratarla con discreción", señaló la exministra. En este sentido, puntualizó que "discreción no es arbitrariedad", que "no es ilegalidad" y que, desde luego, "no es ocultamiento".

La exministra insistió en que se apostó por la "discreción" ante la especificidad del caso, al tratarse de una petición de "un país tercero con el que España tiene unas relaciones diplomáticas específicas". Añadió, además, que la situación podía "ser complicada para otro país tercero con el que España tiene una relaciones también de muy buena vecindad".

González Laya subrayó que todo el proceso se llevó a cabo "dentro de la legalidad y con un respeto escrupuloso de las normas de entradas en nuestro país". En el marco de su exposición, hizo referencia tanto a los acuerdos bilaterales entre España y Argelia como al código diplomático del espacio Schegen. Así, defendió que esta última normativa da flexibilidad a los países para permitir entradas ajenas a los controles ordinarios y que en situaciones humanitarias también permite la entrada incluso si no se porta documentación.

En el marco de la declaración, la exministra dijo que desde Argelia le avisaron que Ghali portaba un pasaporte diplomático argelino. "En este caso, habiéndose anunciado quién iba a venir y con el código de Schegen en la mano, de buena fe le digo, señoría, nosotros entendimos que su entrada podía tener lugar como tuvo lugar, es decir, sin que se controlase el documento de acceso", indicó.

Ante el argumento de la exministra, el magistrado preguntó si -de acuerdo con la normativa- se avisó al resto de países de la zona Schegen de la llegada de Ghali. González Laya insistió en que el código diplomático permite la entrada incluso sin documentación en caso excepcionales. "Pero no estamos hablando de ese supuesto, estamos hablando del supuesto de un ciudadano que nos dice va a venir con un pasaporte diplomático, al que no se le verifica el pasaporte diplomático cuando llega a la frontera española, una cortesía en casos en los que se trata de un vuelo de Estado", explicó. "¿Hicimos nosotros averiguaciones sobre si esta persona tenía algún tipo de limitación para la entrada en el territorio Schegen? No, señoría, no lo hicimos", aseguró tras insistir en que le guiaba la buena fe. Hace unas semanas, el juez pidió un informe a la oficina SIRENE sobre si había o no órdenes de detención o alertas relativas al líder polisario.

Durante su intervención, González Laya también aseguró que las autoridades argelinas le habían informado de que el líder polisario venía acompañado de su hijo y que éste tenía "un permiso de residencia en España". La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Aragón comunicó al juez en un oficio el pasado 30 de septiembre que el permiso de residencia del hijo de Ghali se expidió el 23 de abril de 2021; es decir, cinco días después de que llegara a territorio español. Según la Policía, dicho permiso tendrá validez hasta el 14 de marzo de 2026.

La Abogacía del Estado ha asegurado al Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que el exjefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino borró los correos relativos a la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por lo que no podrá ponerlos a disposición de la causa.

En un escrito a 4 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos del Estado han precisado que Villarino mientras estuvo en el cargo "mantuvo la costumbre de ir borrando cada cierto tiempo sus correos electrónicos, por motivos de seguridad y de minimizar el daño en caso de hackeo de los equipos".

La Abogacía ha respondido así a la providencia de 24 de septiembre por la que el instructor Rafael Lasala requería al ex número dos de Exteriores, a petición de una de las acusaciones, que aportara el correo electrónico o el mensaje de Whatsapp que contenía la copia del pasaporte de Mohamed Benbatouche -identidad que usó Ghali para registrarse en el hospital de Logroño- y que le remitió el jefe de Oficina de Presidencia de La Rioja Eliseo Sánchez.

La defensa de Villarino ha explicado que, aunque borró los correos, sí mantuvo la documentación anexa "dadas las publicaciones en prensa sobre el posible uso de una identidad falsa en el hospital de Logroño" y ha insistido en que tanto el pasaporte diplomático argelino de Brahim Ghali como el permiso de residencia de su hijo ya constan en la causa.

Se niega a desvelar con quién intercambió correos 

En el marco del escrito la Abogacía ha asegurado que aunque el exjefe de gabinete de Arancha González Laya no hubiese borrado los correos "no podía relevar las personas concretas que eran sus contactos en este asunto". "Ha de tenerse en cuenta el carácter reservado existente en esta materia por afectar a la seguridad y a las relaciones internacionales. Por ello, no podría pretenderse obtener ahora solicitando esta aportación, conocer quién fue el remitente de dicho correo o Whatsapp", ha indicado la abogada del Estado.

La estrategia de la Abogacía 

Esta misma semana, en su declaración como investigada, la exministra se amparó en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales para evitar señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso por el que se autorizó la entrada en España de Ghali. Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han asegurado a Europa Press que la extitular de Exteriores rechazó responder al magistrado Rafael Lasala sobre quién o quiénes acordaron la entrada de Ghali el pasado 18 de abril en la Base Aérea de Zaragoza y optó por ampararse en el mencionado acuerdo del Consejo de Ministros.

Posibilidad de incautar información 

En el marco del escrito por el que se solicitó al juez que reclamara los correos a Villarino, la acusación avisó de que si el exjefe de gabinete de Exteriores no aportaba la documentación le pediría que al instructor que le incautara los dispositivos electrónicos para hacerse con la información. Así, la acusación podría presentar un nuevo escrito para ordenar la incautación a expensas de que el juez resuelva si acuerda o no encargar el volcado de información.

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya se ha amparado este lunes en un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 sobre secretos oficiales para evitar señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso por el que se autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han asegurado a Europa Press que la extitular de Exteriores ha rechazado responder al magistrado Rafael Lasala sobre quién o quiénes acordaron la entrada de Ghali el pasado 18 de abril en la Base Aérea de Zaragoza y ha optado por ampararse en el mencionado acuerdo del Consejo de Ministros.

En el marco del interrogatorio, González Laya ha confirmado que al líder polisario no se le identificó a su llegada a territorio español. Según han precisado fuentes de la causa, la exministra ha asegurado que no se le requirió documentación alguna en respeto al principio diplomático de confianza mutua entre países, en referencia específica a Argelia.

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Las mismas fuentes han asegurado que González Laya ha confirmado al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que "se autorizó" la entrada de Ghali por razones humanitarias tras recibir una llamada de las autoridades de Argel. Preguntada por quién fue la autoridad que llamó a España para acordar la llegada del líder polisario, la exministra se ha amparado nuevamente el acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 sobre secretos oficiales, aunque bien podría haberse acogido a su derecho como investigada a no responder.

González Laya ha contestado a las preguntas del juez y de su defensa tras negarse a ser interrogada por la acusación particular -ejercida por el abogado Antonio Urdiales- y por el letrado de los denunciantes -Juan Carlos Navarro-. La Abogacía del Estado, en representación de la exministra y del exjefe de gabinete de Exteriores, ya ha reclamado en dos ocasiones que se aparte a ambos letrados del procedimiento. El juez desestimó la petición en la primera ocasión y está pendiente de que se pronuncie sobre la segunda solicitud.

"Conforme a la ley"

Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado que la exministra, en todo momento, ha defendido que la entrada de Ghali "se ha hecho conforme a la ley". Tras prestar declaración durante casi una hora, González Laya ha indicado a los medios de comunicación que su intención es "aportar todas las explicaciones que puedan ayudar" al juez y ha insistido en la premisa que ha mantenido dentro del juzgado: "La entrada -de Ghali- se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la Ley".

La exministra acudió presencialmente a la Ciudad de la Justicia en Zaragoza después de que el juez desestimara la solicitud de la Abogacía del Estado para comparecer vía videoconferencia. El magistrado consideró que la petición se basaba en una "alusión genérica a los compromisos profesionales" de la exministra "sin una mínima acreditación", según consta en el auto de 29 de septiembre al que tuvo acceso Europa Press.

La citación de González Laya tiene lugar a raíz de la solicitud realizada el pasado 14 de septiembre por las acusaciones después de escuchar la declaración de quien fuera su jefe de gabinete en Exteriores, quien aseguró en sede judicial que la exministra tenía conocimiento de la llegada de Ghali.

Más declaraciones

Este mismo lunes, a las 12:30 horas, ha declarado ante el juez y en calidad de testigo el ex secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores José María Muriel Palomino. Fuentes jurídicas han indicado que no ha aportado mayor información a la causa tras asegurar que no se encontraba trabajando al momento de la entrada de Ghali.

Está previsto que el próximo 18 de octubre declaren en calidad de testigos la exjefa de gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta primera del Gobierno, y la directora actual de gabinete del Ministerio del Interior.

Las acusaciones han pedido que se cite a los delegados del Gobierno en La Rioja y Aragón después de que se aportara a la causa un informe policial con las declaraciones -en calidad de testigos- del coordinador de trasplantes y cuidados críticos del Hospital San Pedro de Logroño y del gerente del centro. El primero aseguró que le pidieron "una cama UCI para un paciente covid" que venía del "extranjero" dos días antes de la llegada de Ghali; y el segundo aseguró que la petición fue realizada por el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza Rafael Lasala ha imputado a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para esclarecer su participación en la causa en la que se investiga la entrada y salida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, según adelanta el Heraldo de Aragón y recoge Europa Press.

La citación de González Laya ante el juez, que no tiene de momento fecha, se produce después de que su exjefe de gabinete Camilo Villarino declarara que recibió una llamada de González Laya, según fuentes que asistieron a la comparecencia. Tras esto, la acusación solicitó su declaración.

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió del país desde Pamplona.

La decisión del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, de retirar el plácet solicitado para que Camilo Villarino, que fue jefe de gabinete con Arancha González Laya, fuera el nuevo embajador en Rusia ha provocado un efecto en cadena, con el cambio de otros nombramientos ya previstos, según informa Europa Press.

En Exteriores aseguran que la retirada de plácet no tiene nada que ver con que Villarino haya sido citado a declarar como imputado por un juez de Zaragoza en relación con la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado mes de abril por motivos humanitarios. La declaración, prevista inicialmente para el 1 de septiembre, se producirá finalmente el 13 de septiembre.

Prueba de ello, sostienen, es que además del plácet de Villarino, solicitado por González Laya antes de dejar el Ministerio el pasado mes de julio, también se ha dado marcha atrás en el nombramiento de Felipe de la Morena como nuevo embajador en Sudáfrica.

El propio Albares se refirió a estos cambios en su comparecencia del pasado 30 de agosto en la Comisión de Exteriores del Congreso, negando que la retirada del plácet sea una concesión a Marruecos, que situó a González Laya como responsable máxima de la crisis diplomática entre los dos países a resultas de la acogida de Ghali y que como telón de fondo tenía en realidad el rechazo del Gobierno a reconocer el Sáhara Occidental como marroquí.

El ministro dijo que es partidario de "buscar cierta especialización" en el nombramiento de los embajadores, "especialmente en países muy relevantes", como es el caso de Rusia, "en la medida de lo posible". "Es importante que hablen el idioma del destino, que tengan experiencia previa en el país y la región", esgrimió, aclarando no obstante que aquellos diplomáticos a los que González Laya había destinado ya una jefatura de misión recibirán otra en caso de cambios que esté "más adaptada a su perfil".

Es un decisión sin precedentes

El nombramiento de embajadores es potestad del ministro de Exteriores, si bien debe ser aprobado en Consejo de Ministros. No obstante, la decisión de Albares ha sido recibida con cierta sorpresa y estupor entre los diplomáticos, ya que sería la primera vez que con un cambio de ministro dentro de un mismo gobierno se retiran plácet ya solicitados, según han contado algunos de ellos a Europa Press. En el pasado, cuando ha habido marcha atrás en el nombramiento de jefes de misión ha sido porque el ministro entrante en el Palacio de Santa Cruz pertenecía a un partido distinto del que solicitó el plácet, han asegurado.

El hecho además de que hayan sido dos los plácet retirados ha provocado un efecto en cadena ya que, según ha podido saber Europa Press, el embajador en Sudáfrica será finalmente Raimundo Robredo, actual director general para África Subsahariana, para quien González Laya ya había pedido el plácet para Tailandia.

Por lo que se refiere a la Embajada en Moscú, el medio especializado The Diplomat apunta que recaerá en Marcos Gómez, embajador en Colombia desde diciembre de 2020. De confirmarse su salida de Bogotá, dejará otra vacante más que Albares deberá ocupar próximamente, al igual que la de Tailandia.

El ministro de Exteriores también tiene que terminar de completar los nombramientos de varios embajadores más, para algunos de los cuales dejó solicitado ya el plácet González Laya antes de su cese el pasado 10 de julio y tras meses de impás que habían provocado malestar entre los miembros de la Carrera Diplomática.

Entre los huecos que Albares debe completar figuran también la Embajada en París, que él ocupaba hasta su nombramiento como embajador, o la de Venezuela, donde el encargado de negocios -España mantiene rebajadas las relaciones diplomáticas con este país- era Juan Fernández Trigo, nuevo secretario general para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.

Además, el ministro tiene que decidir también qué ocurre con el nuevo embajador en Afganistán, Ricardo Losa, nombrado el pasado 3 de agosto pero que no llegó a tomar posesión del cargo después de que la ofensiva talibán concluyera con la toma de Kabul el pasado 15 de agosto. Albares ya ha dejado claro que el Gobierno no tiene intención por ahora de reconocer al nuevo régimen talibán, aunque no ha descartado contactos operativos para poder seguir sacando de Afganistán a antiguos colaboradores de España. Una de las posibilidades que se apuntan para Losa es que asuma como embajador en Afganistán pero desde otro país, como ha ocurrido en el caso del embajador en Libia, Francisco Javier García-Larache, quien tras su nombramiento en julio de 2020 permaneció en Túnez hasta que se reabrió la legación diplomática española en Trípoli el pasado junio coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez.

50 días. Este es el tiempo que ha transcurrido desde que Pedro Sánchez anunció el pasado 10 de julio a mediodía la renovación de su Ejecutivo. Una crisis de Gobierno que se tradujo en ocho nuevos nombramientos y ocho salidas. Sin embargo, más de mes y medio después, Twitter ignora estos cambios. Este viernes, la red social aún mantenía en las cuentas de las exministras Carmen Calvo y Arancha González Laya las etiquetas de "representante gubernamental de España". En los dos casos, ambas han actualizado sus biografías, aunque en el caso de la exvicepresidenta aún mantiene la foto de portada institucional que usan el resto de cuentas del Ejecutivo, tanto de las personas como de las institucionales.

En cambio, esta etiqueta no aparece en el Twitter de sus sustitutos. En el caso de la de Calvo, no está claro si le corresponde a Nadia Calviño o a Félix Bolaños. La exvicepresidenta era por un lado la número dos de Sánchez, por lo que le correspondería a Calviño. Pero también ostentaba la cartera de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que ahora está en manos de Bolaños. Esta segunda opción es la más probable ya que el perfil de este Ministerio es el que ostenta la leyenda de "organización gubernamental de España". Asimismo, cabe señalar que Bolaños es uno de los cuatro miembros del actual Consejo de Ministros de Sánchez que no tienen cuenta en esta red social. Los tres restantes son Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande Marlaska (Interior) y Manuel Castell (Universidades). Con respecto a la inscripción de González Laya, su destino es más claro ya que debería ser para el nuevo ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Imagen de las cuentas de Twitter de Nadia Calviño y Carmen Calvo.

Desde la plataforma explican a infoLibre que "efectivamente, tras el reciente cambio de Gobierno anunciado por Sánchez, Twitter está trabajando en adjudicar las etiquetas a los nuevos ministros y retirar las antiguas". Sin embargo, destacan las casi siete semanas que han pasado desde esta modificación si se compara con el reciente y rápido cambio que se produjo en EEUU con las cuentas oficiales de la Administración de Joe Biden. El pasado 20 de enero, cuando el presidente de EEUU y Kamala Harris juraron sus cargos en las escaleras del Capitolio a mediodía, el traspaso a @POTUS, @WhiteHouse, @VP, @PressSec, @FLOTUS y @SecondGentleman fue prácticamente inmediato tras un reseteo de los perfiles gubernamentales del gobierno de Donald Trump.

Para "brindar un contexto adicional"

Pero, ¿qué son estas etiquetas de "representante gubernamental de España" y de "organización gubernamental de España"? Estas leyendas, que incluyen un pequeño icono de una bandera, están colocadas justo debajo del nombre del usuario y también figuran en sus tuits enviados y compartidos. Según explica Twitter en su Centro de Ayuda, "brindan un contexto adicional sobre las cuentas que están controladas por ciertos representantes oficiales de los gobiernos, entidades de medios afiliadas al estado e individuos estrechamente asociados con esas entidades". Estas inscripciones fueron creadas "en aras de la transparencia" y para evitar la desinformación en la plataforma: "Creemos que este es un paso importante para que cuando las personas vean una cuenta que discute temas geopolíticos de otro país, tengan un contexto sobre su afiliación nacional y estén mejor informados sobre a quién representan".

Cuando se lanzaron estas etiquetas el verano pasado, solo se aplicaban a las cuentas gubernamentales de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. A principios de este año, Twitter incorporó a más países como Canadá, Alemania, Italia, Japón, Cuba, Ecuador, Egipto, Honduras, Indonesia, Irán, Arabia Saudí, Serbia, Tailandia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. En esta tanda, también se incorporó a España. Esta funcionalidad ya estaba presente en otras plataformas como Facebook o YouTube.

Imagen de la cuenta de Twitter de Pedro Sánchez.

No obstante, estas leyendas no se aplican a todos los miembros del Gobierno, sino sólo a cuentas "relevantes". "Nuestro enfoque está en los altos funcionarios y las entidades que son la voz oficial del estado nación en el extranjero, específicamente las cuentas de los funcionarios gubernamentales clave, incluidos los ministros de relaciones exteriores, las entidades institucionales, los embajadores, los portavoces oficiales y los líderes diplomáticos clave", explican desde Twitter que también matiza que "las cuentas se utilicen únicamente para uso personal y no desempeñen un papel como canal de comunicación oficial o geopolítico del gobierno, no etiquetamos la cuenta".

Sólo en las cuentas de Sánchez, Calvo, González Laya, Moncloa y los Ministerios de Presidencia y Exteriores

En el caso de España, hasta el cambio de Gobierno del pasado mes de junio, sólo contaban con esta etiqueta el perfil de Sánchez, el de la vicepresidenta Calvo y la ministra González Laya. Como estas inscripciones distinguen entre "cuentas gubernamentales individuales y cuentas gubernamentales institucionales", también las tienen la cuenta de Moncloa y las de los Ministerios de Presidencia y el de Exteriores. Con el cambio en el Ejecutivo, Calviño o Bolaños y Albares deberían ostentar estas leyendas. El esquema de presidente, portavoz y encargado de las relaciones exteriores se repite en otros Gobierno como el de EEUU (que también cuenta con esta etiqueta en la de Jill Biden, la segunda dama, pero no en la de Doug Emhoff, el segundo caballero), en el de Reino Unido o en el de Francia (en el que la tiene tanto Emmanuel Macron como el primer ministro, Jean Castex).

Imagen de las cuentas de Twitter de La Moncloa, del Ministerio de Presidencia y del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, también se han añadido etiquetas a los perfiles de medios de comunicación estatales, como es el caso de Xinhua News en China o RT en Rusia. Aunque, según explica la propia red social, no se aplicará a, por ejemplo, la BBC en Reino Unido o a NPR en EEUU ya que son "organizaciones de medios financiadas por el estado con independencia editorial" y que "no se definen como medios afiliados al estado a los efectos de esta política". En el caso español, ninguna cuenta de RTVE o de EFE cuentan con esta leyenda.

El ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha rechazado la carta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a la ministra Arancha González Laya, en la que acusaba a ésta de realizar unas "ofensivas" e "ignorantes" declaraciones sobre la situación del país centroamericano. "No vamos a alimentar polémicas que distraigan de lo fundamental", ha advertido el Ministerio español, que insiste en que lo que está en cuestión es la "gravísima situación de derechos humanos en Nicaragua y su impacto en el próximo proceso electoral" Nicaragua. "No nos vamos a distraer y seguiremos trabajando en ambos objetivos", añade el Departamento dirigido por Laya, informa Europa Press.

España contesta así a la misiva del gobierno nicaragüense enviada este domingo a la ministra española, en la que se le acusa de mostrar una "ignorancia atrevida" y una "ferocidad impropia para la diplomacia" al realizar unas declaraciones sobre el país centroamericano. "Mostrando una ignorancia atrevida, y una ferocidad impropia para la diplomacia, la señora González se dirige al presidente de un pueblo libre y soberano, con voz de alguacil, sin percatarse en su perorata delirante de trasnochada mandamásGonzález, que llevamos siglos sin dominio español, además de nunca haber reconocido bondad alguna en esos furibundos crímenes hispánicos, crímenes de lesa humanidad", se remarca en la misiva.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense hace hincapié en que culturalmente el país "nunca ha sido súbdito" de España y aprovecha para "denunciar la barbarie y la aniquilación genocida" de los Pueblos originarios por parte de los conquistadores españoles. "La denunciamos a usted hoy como expresión del desconocimiento tosco e irrespetuoso que produce cierta pretensión burda y ridícula de superioridad que usted misma se atribuye y exhibe", prosigue la carta.

Por otro lado, el Gobierno de Nicaragua ha recomendado al español que aplique "esa democracia que a otros exigen" y ponga en libertad a sus "presos políticos", abriendo así "cauces a las luchas y demandas de independencia" y que se adopten medidas "civilizadas" a quienes luchan por sus creencias, en alusión a los líderes catalanes recientemente indultados. "A ellos les han sido violentados sus Derechos Humanos durante tres años, y esos Derechos Humanos se siguen violentando al inhabilitarlos de hecho para ejercer funciones públicas. ¿Eso es Democracia?", asevera la cartera de Exteriores nicaragüense.

Este viernes la ministra española aseguró que los diplomáticos españoles cumplen escrupulosamente con sus obligaciones bajo la convención de Viene, que rige las relaciones diplomáticas, después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusara a González Laya de injerencia en la política del país sudamericano, según el diario local La Prensa. Las autoridades españoles instaron a Ortega a que liberase a los presos políticos opositores y no se escudase tras críticas por intromisión para ocultar violaciones de Derechos Humanos.

Tras ello, el portavoz del Ejecutivo, Saaid Amzazi, resaltó que los participantes deploraron que "España se deja llevar por la voluntad de crear problemas, de frustrar los esfuerzos de Marruecos para consagrar su integridad territorial y de intentar presionar" a Rabat. "Los participantes consideraron que las posiciones de España, que atentan contra la causa nacional que supone un consenso entre todos los marroquíes, han socavado la confianza y el respeto mutuos", afirmó Amzazi durante la lectura del comunicado final tras la reunión.

Así, indicó que los participantes consideraron que se trata de "una actitud inadecuada por parte de un país amigo vinculado a Marruecos por importantes asociaciones estratégicas", antes de hacer hincapié en que "la cuestión de la integridad territorial (de Marruecos) experimenta una dinámica positiva gracias al apoyo político internacional".

Por otra parte, los participantes resaltaron el apoyo de los partidos al rey Mohamed VI y manifestaron que las causas de la crisis está relacionada con la situación en Sáhara Occidental, un asunto que "concierne a todos los marroquíes", tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Según estas informaciones, los participantes en el encuentro "condenaron los intentos de desviar el debate" sobre las causas de la crisis e hicieron hincapié en que el motivo es el ingreso de Ghali "con documentos falsificados y una identidad usurpada", pese a estar requerido por los tribunales.

Previamente, la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, había acusado a la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, de realizar declaraciones "inapropiadas" y presentar "hechos erróneos" en la actual crisis política, en la que estaría en juego el "respeto mutuo" entre los dos países.

Benyaich, a la que Rabat llamó a consultas, cargó directamente contra Laya por sus declaraciones públicas, que ha considerado fruto de "la agitación y el nerviosismo" y arguyó que la crisis "ha desvelado las verdaderas intenciones implícitas y motivaciones de ciertos círculos en España, que persisten en querer dañar a los intereses superiores del Reino (de Marruecos) desde la recuperación del Sahara marroquí en 1975".

En este sentido, se preguntó si las declaraciones de Laya –que la agencia oficial no específica– se deben a un "desacierto" o hay un trasfondo contrario a la "integridad territorial" de Marruecos, una causa que Benyaich ha calificado de "sagrada". "Marruecos toma nota y actuará en consecuencia", zanjó.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha señalado este lunes que desde Marruecos aseguran al Gobierno español que la llegada masiva de marroquíes a Ceuta "no es fruto de un desencuentro" con España y ha avanzado que han comenzado durante la tarde con las devoluciones de los inmigrantes ilegales "con las prácticas habituales" con las que se responde a este tipo de situaciones.

"No puedo hablar por Marruecos. En todo caso, puedo decirle que nos han asegurado hace unas horas es que esto no es fruto del desencuentro", ha respondido la ministra en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, al ser preguntada por si la llegada masiva de marroquíes puede tener relación con la acogida en España del líder del Polisario, Brahim Ghali.

En este contexto, González Laya ha señalado que la llegada de migrantes "no es una cuestión nueva para España" y ha incidido en que se va a gestionar "manteniendo los canales operativos en vigor con los países de origen y asegurando la seguridad de nuestras fronteras". Según ha aclarado, "habrá refuerzos" y se devolverá a sus lugares de origen a aquellas personas que han entrado "de manera ilegal, de acuerdo con los protocolos que están en vigor".

Sobre la presencia del líder del Polisario en un hospital de Logroño para recibir tratamiento contra el covid-19, la ministra ha insistido en que España "ha sido muy clara y detallada de lo específico" de este caso. "Se trata de una cuestión humanitaria, a una petición de ayuda humanitaria de una persona con situación sanitaria muy frágil", ha subrayado González Laya, al tiempo que ha recalcado que no concibe que se pueda "poner en riesgo la vida de menor en el mar" como "respuesta a una acción humanitaria".

Por ello, la titular de Asuntos Exteriores ha insistido que desde Marruecos aseguran que la llegada masiva de migrantes "no es el fruto de un desencuentro". "Como no lo es, vamos a seguir haciendo lo que hacemos en estas situaciones", ha explicado González Laya, quien ha incidido en gestionar la migración desde la "corresponsabilidad, como lo hacen buenos vecinos".

Casado exige a Sánchez coordinar con Rabat la devolución de migrantes

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que garantice "de inmediato" la integridad de la frontera española en Ceuta y coordine con Marruecos la devolución de inmigrantes. "Acabo de hablar con el presidente de Ceuta para apoyarle en la grave crisis migratoria que sufre nuestra ciudad autónoma", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha afirmado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "se ha convertido en el mejor aliado de las mafias que trafican con personas". "No hace nada con la crisis migratoria de Canarias y no piensa hacer nada en Ceuta", ha proclamado Beltrán, para solicitar una vez más la dimisión del ministro del Interior.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, quien se ha preguntado "dónde está Marlaska" ante esas informaciones que recogen la llegada de centenares de inmigrantes a Ceuta tras permitir Marruecos el acceso sin control por la playa. "Es intolerable el quebranto de nuestras fronteras con la permisividad de Marruecos y la nula política migratoria de España. Marlaska es un chollo para las mafias", ha afirmado la diputada del Partido Popular, que ha avanzado que su partido exigirá "responsabilidades ya".

El Ejército de Burkina Faso ha anunciado la muerte de ocho terroristas presuntamente implicados en el ataque perpetrado la semana pasada en el sureste de Burkina Faso en el que fueron capturados y asesinados los periodistas españoles David Beriáin y Roberto Fraile,los periodistas españoles David Beriáin y Roberto Fraile junto al ciudadano irlandés Rory Young, según informa Europa Press. Los periodistas españoles y Young, fundador de la organización no gubernamental Chengeta Wildlife, fueron asesinados tras un ataque ejecutado el 26 de abril contra una patrulla mixta contra la caza furtiva en la provincia de Kompienga, cerca de la frontera con Benín y Togo.

Las víctimas formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto en el Parque Nacional Arly, una "zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos", según subrayó la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Las Fuerzas Armadas de Burkina Faso han destacado en un comunicado que las operaciones llevadas a cabo en la zona en respuesta a la "emboscada" contra la patrulla entre las localidades de Pama y Natiaboni se han saldado con la "neutralización" de ocho terroristas, sin dar más detalles al respecto, según ha recogido el portal burkinés de noticias Burkina24.

Durante la jornada del lunes fueron asesinadas cerca de 30 personas en un nuevo ataque perpetrado en la localidad de Kodyel, situada en la provincia de Komondjari (este), sin que por el momento ningún grupo haya reclamado la autoría del suceso. Fuentes de seguridad han indicado que se trataría de una venganza por el reclutamiento de 'voluntarios' por parte de las autoridades en la zona.

El aumento de las operaciones por parte de grupos yihadistas –entre ellos la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS)– y el incremento de las tensiones intercomunitarias han complicado la situación de seguridad en Burkina Faso. Ante esta situación, el primer ministro de Burkina Faso, Christophe Dabiré, abrió a principios de febrero la puerta a un posible proceso de diálogo con los terroristas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado comprobar si el hombre identificado como Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, ingresado en abril en un hospital de Logroño, es realmente esta persona antes de citarle a declarar como investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 no ha rechazado, en principio, interrogar a Ghali, tal y como solicitó la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) tras tener conocimiento de que podría haber sido trasladado hasta España para recibir un tratamiento médico.

No obstante, antes de proceder a su citación, ha acordado que se compruebe su verdadera identidad para asegurar que se trata del secretario general del Frente Polisario.

ASADESH presentó un escrito en la Audiencia Nacional solicitando la reapertura de la querella presentada contra el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, que se archivó en octubre del años pasado, así como su detención y su toma de declaración como investigado.

En dicho escrito al que tuvo acceso Europa Press, la asociación informó al Juzgado Central de Instrucción número 5, quien ya estudió la querella presentada, que le constaba que el líder del Frente Polisario entró en España bajo "un nombre falso para evitar problemas con la Justicia española por esta causa", a través de un "avión medicalizado".

Así, tras facilitar dicho nombre bajo la que Ghali se habría ocultado, ASADESH pidió al juez instructor Santiago Pedraz que ordenara la comprobación de su verdadera identidad y proceda a la "notificación de la querella".

Asimismo, interesó que se emita una orden de detención y entrega del secretario general del Frente Polisario para que no pueda "eludir la acción de la Justicia internacional" y que se le tome declaración a Ghali "en el hospital de Logroño donde está ingresado".

Citado en 2016

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata –ahora en Eurojust–, citó a declarar a Ghali en noviembre de 2016 como investigado, aprovechando que éste tenía previsto viajar a España para participar en una conferencia en Barcelona. El presidente del movimiento independentista saharaui es una de las 28 personas contra quienes se querelló la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos.

En la querella, archivada en octubre del año pasado, según recuerda el escrito presentado por ASADESH ante la Audiencia Nacional, se denuncia el trato sufrido en Tindouf "por los prisioneros de guerra, así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, a manos del Frente Polisario".

La asociación denunciante asegura que cargos del Polisario retuvieron contra su voluntad a miles de saharauis en los campamentos situados en Argelia. Reflejaba casos concretos como el de una mujer cuyo padre sufrió graves secuelas por las torturas sufridas tras años encarcelado.

Entrada por "razones estrictamente humanitarias"

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, confirmó que el también presidente de la autoproclamada República Árabe Saharui Democrática (RASD), Brahim Ghali, está en España "para recibir tratamiento médico" y se le permitió viajar "por razones estrictamente humanitarias", si bien ha optado por "guardar discrección respecto a los detalles".

Por su parte, fuentes del Frente Polisario indicaron a Europa Press que Ghali viajó con pasaporte diplomático a España y han asegurado que es "rotundamente falso" que lo haya hecho con nombre falso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias para investigar el asesinato de los periodistasasesinato de los periodistas David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso, según han informado fuentes fiscales a Europa Press.

Las fuentes consultadas han señalado que dichas diligencias de investigación se han abierto después de recibir una comunicación policial sobre lo sucedido, si bien apuntan que de momento "poco se puede hacer".

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha confirmado este mismo jueves que, "si todo va bien", los cuerpos de Beriain y Fraile llegarán este viernes por la mañana, sobre las 09.00 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión del Ejército del Aire.

Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que está previsto que dicho avión salga esta medianoche desde Burkina Faso y que será a su llegada cuando se practique la autopsia para identificar los cadáveres y la causa de la muerte.

Apertura de investigación

Una vez se conozca el resultado, la Fiscalía, si lo considera oportuno, podrá solicitar a la Audiencia Nacional que abra una investigación para esclarecer la muerte de los dos periodistas en el este de Burkina Faso tras un ataque por hombres armados al grupo en el que iban para documentar los esfuerzos de lucha contra la caza furtiva, señalan las mismas fuentes.

Al tratarse de un presunto delito de terrorismo cometido contra españoles en territorio extranjero, el órgano competente para investigar estos hechos es la Audiencia Nacional, recuerdan las fuentes jurídicas consultadas.

Así, dado que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, estaba de guardia en el momento del asesinato, será el encargado de decidir si abre causa para investigar los hechos.

"Indicaciones iniciales de lo ocurrido"

Según ha contado la ministra de Asuntos Exteriores en rueda de prensa, su homólogo burkinés le ha transmitido "algunas indicaciones iniciales sobre lo que había ocurrido". "Son muy preliminares y por eso hemos acordado que continúen investigando para que puedan darnos detalles adicionales" sobre qué pasó, cómo y quién está detrás de los hechos, ha concretado.

En este punto, se ha referido al "comunicado de un grupo yihadista que se ha hecho cargo del atentado", en referencia al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel que habría publicado un mensaje de audio atribuyéndose lo ocurrido. "Pero esto no es suficiente", ha añadido.

Por ello, el Gobierno ha pedido a las autoridades de Burkina Faso que "investiguen los hechos, los esclarezcan y que identifiquen a los responsables para que estos puedan comparecer ante la justicia", ha indicado González Laya.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha confirmado que los cuerpos de David Beriain y Roberto Fraile, los dos periodistas asesinados en Burkina Faso, llegarán este viernes por la mañana, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno exigirá que se esclarezca lo sucedido y que no haya impunidad en este caso. En rueda de prensa con su homólogo de Túnez, Othman Jerandi, ha señalado que "si todo va bien" los cuerpos llegarán a las 9.00 horas del viernes a España. Según ha indicado Exteriores, la llegada está prevista a la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión del Ejército del Aire, según informa Europa Press.

En cuanto a lo sucedido a los dos periodistas, muertos el lunes en el este de Burkina Faso tras un ataque por hombres armados al grupo en el que iban para documentar los esfuerzos de lucha contra la caza furtiva, la ministra ha evitado entrar en detalles.

Según ha contado, en la conversación mantenida con su homólogo burkinés este le dio "algunas indicaciones iniciales sobre lo que había ocurrido". "Son muy preliminares y por eso hemos acordado que continúen investigando para que puedan darnos detalles adicionales" sobre qué pasó, cómo y quién está detrás de los hechos.

En este punto, se ha referido al "comunicado de un grupo yihadista que se ha hecho cargo del atentado", en referencia al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel que habría publicado un mensaje de audio atribuyéndose lo ocurrido, "pero esto no es suficiente", ha añadido. "Queremos que se esclarezcan todos los hechos", ha recalcado.

Por ello, el Gobierno ha pedido a la autoridades de Burkina Faso que "investiguen los hechos, los esclarezcan y que identifiquen a los responsables para que estos puedan comparecer ante la justicia", ha indicado González Laya, recalcando que en hechos tan "terribles" como el ocurrido no pueden "caer en el olvido ni en la impunidad". "No nos gusta la impunidad ni que pasemos pronto página", ha aseverado.

Asimismo, ha asegurado que "el Sahel es para este Gobierno es una de nuestras prioridades porque es uno de los mayores riesgos geoestratégicos para España y para la UE". Hechos como estos, ha comentado, "nos refuerzan en la necesidad de seguir prestando atención política" al Sahel y en seguir prestando esfuerzos tanto de cooperación como militares "para vencer al terrorismo y para ayudar a la construcción de una zona de estabilidad y prosperidad" en la región. Precisamente, ha añadido, su homólogo burkinés le pidió expresamente que España siga apoyando "los esfuerzos de lucha contra el terrorismo" y mantenga su compromiso con el Sahel.

En otro orden de cosas, ha aprovechado para rendir homenaje a los periodistas que trabajan "muchas veces en circunstancias muy difíciles para investigar, para informar, para acercarnos a todos a realidades a veces muy dolorosas" y que al hacerlo ponen en riesgo sus vidas. "Lo hacéis en nombre de la democracia y de la promoción de los derechos y las libertades", ha destacado.

El ministro tunecino ha condenado el atentado, subrayando que "cada vez que muere un periodista se cercena la libertad de expresión". Túnéz, al igual que España, está también embarcado en la lucha contra el terrorismo, un problema que no concierne solo a una región sino que "se extiende por todo el planeta".