“Este año la Navidad es diferente. Se nota hasta en los adornos. Hay menos”. Raouia Nanari, paseando por las calles del barrio cristiano de Bab Touma, en la vieja Damasco, señala todos los signos carentes, para ella, de espíritu festivo en su barrio de la capital siria. Desde la caída del dictador sirio Bashar al-Assad, “un terremoto”, la joven, que trabaja para una organización benéfica, está atormentada por la ansiedad.

Le gustaría alegrarse por el final de un régimen sanguinario, unirse a las multitudes eufóricas que ondean la bandera de la revolución y corean “Viva Siria libre”, pero no puede. La preocupación es más fuerte que la esperanza.

Tiene miedo de que “un nuevo monstruo eche al otro”, de que “Siria se convierta en Afganistán” bajo el yugo de los islamistas suníes de la antigua rama de Al-Qaeda, Hayat Tahrir Al-Cham (HTC), y que la minoría a la que pertenece, los cristianos, sea oprimida. “¿Voy a tener que llevar velo, ya no podré llevar una cruz? ¿Van a prohibir los árboles de Navidad en nuestras calles?”

En cuanto a su padre, todavía no quiere creer que Bashar al-Assad, que huyó a Rusia el 8 de diciembre, ya no sea presidente. Para él, encarnaba la estabilidad y la protección, y no era un tirano a sus ojos, a pesar de todas las atrocidades documentadas. Raouia Nanari no está de acuerdo con él. Cree que “Assad el carnicero” instrumentalizaba a las numerosas comunidades étnicas y religiosas de Siria para dividirlas y consolidar su dominio: “Crecimos con miedo a los demás y, admitámoslo, con miedo al Islam.”

El martes 24 de diciembre, dudó si unirse a las manifestaciones que estallaron en varios barrios cristianos de Damasco para denunciar la quema de un árbol de Navidad el día anterior en Souqaylabiya, ciudad predominantemente ortodoxa cerca de Hama, en el centro de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los autores eran extranjeros del grupo yihadista Ansar Al-Tawhid. Si los detienen, “serán castigados”, prometió a los residentes un líder religioso de HTC en un vídeo viral publicado en las redes sociales, en presencia de sacerdotes. El árbol fue sustituido por otro.

A pesar de las tranquilizadoras palabras y promesas del nuevo gobierno sirio, que anunció que los días 25 y 26 de diciembre serían festivos a partir de ahora, el incendio, calificado de incidente aislado, aumenta el miedo de los cristianos sirios. Este incidente se produce después de otros en la región, como la destrucción –o intento de destrucción– de cruces, según ha denunciado el 18 de diciembre el arzobispado greco-ortodoxo de Hama (la palabra “greco” hace referencia a la lengua utilizada originalmente en la liturgia de estos cristianos orientales).

“Estamos en vilo, tenemos miedo de ser atacados a causa de nuestra religión», declaró a Mediapart Elias Kharat a la salida de la misa de Navidad en la catedral de San Jorge de Alepo, una celebración cuya hora fue adelantada por razones de seguridad. Acompañado de sus amigos, este empresario, que todavía quiere creer, como su sacerdote, en “un renacimiento de Siria”, se sorprendió por la escasa afluencia de fieles en comparación con años anteriores. “Se han quedado en casa o han huido”, afirma.

Desde el levantamiento popular de 2011 se ha producido un éxodo masivo de cristianos en más de una década de guerra civil. En un país de 23 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son musulmanes suníes, los cristianos representan ahora sólo el 2% de la población, frente al 8% en 2011. Antes de la Primera Guerra Mundial eran más del 20%. Entre 2011 y 2014 huyeron del país más de 300.000 cristianos.

La comunidad cristiana siria ortodoxa, mayoritaria (caldeos, siriacos, melquitas, maronitas...), y la católica se ha visto golpeada en toda su diversidad por la persecución por la mayoría musulmana, en particular por los grupos yihadistas, entre ellos el Estado Islámico (Daesh). En los últimos años, muchos de sus pueblos, iglesias y patrimonio centenario han sido destruidos o saqueados.

Frente a la fuente de la catedral greco-católica melquita del barrio damasceno de Bab Charqi, Ghassan Tallab, de 60 años, director de una escuela cristiana, se muestra reacio a hablar con los periodistas. “No quiero problemas”, dice. Duerme muy mal y no siente “ni alegría ni alivio” : “Somos libres pero no sabemos lo que nos espera, esto es angustioso”. Hace unos días, preguntó a cada clase de alumnos si tenían miedo. La mayoría respondió que no. Dedujo que “no todos los padres estaban tan estresados como él, tanto mejor”.

“No veo ninguna perspectiva. El horizonte está borroso”, dice Ghassan Tallab mientras cae en los brazos de Jalal Ghazal, el párroco de la iglesia melquita de San Jorge, en el pueblo de Maalula, a cincuenta kilómetros al noreste de Damasco. Poco después de la caída del régimen, Jalal Ghazal dejó Maalula, donde ejercía su ministerio desde hace dos años. La ciudad es un símbolo del cristianismo oriental, enclavada en las escarpadas laderas de las montañas de Qalamun, donde aún se habla arameo, la lengua que hablaba Cristo. El sacerdote se ha refugiado en la capital con su esposa María y sus hijos.

“Quiero irme de Siria porque no me siento seguro ni confiado”, explica el sacerdote, que teme que los cristianos vuelvan a ser los chivos expiatorios. Su esposa, una armenia de Alepo, está de acuerdo: “Los combatientes del HTC dan miedo con sus barbas y su pelo largo. Muchos de ellos esconden la cara bajo pasamontañas, no se les ve nada aparte de los ojos, no estoy tranquila, es la primera vez que lo veo en Damasco”. Su hija, “petrificada”, se niega a salir a la calle.

La pareja relata la llegada de los hombres del HTC a Maalula, muchos de ellos yihadistas, vaciando al aire los cargadores de sus Kalashnikov. En este pequeño pueblo, Patrimonio Mundial de la UNESCO, famoso por sus refugios trogloditas que datan de los primeros siglos del cristianismo, esa demostración de fuerza reavivó los peores traumas entre los miles de habitantes, en su mayoría greco-católicos.

El recuerdo más doloroso data de finales de 2013, cuando los rebeldes, entre ellos yihadistas del Frente Al-Nusra, afiliado a Al-Qaeda, tomaron Maalula y saquearon las iglesias y monasterios, quemando los iconos. Más de un tercio de los 6.000 habitantes huyeron por el país o al extranjero. Trece monjas fueron secuestradas y pasaron tres meses de calvario antes de ser liberadas. Recuperado en abril de 2014 por las tropas de Assad con el apoyo del Hezbolá libanés, el pueblo nunca se ha recuperado del todo.

Jalal Ghazal, cuando tocó las campanas la mañana de la huida de Assad, se encontró solo. El pueblo se había vaciado de nuevo. El sacerdote no cree que Ahmed al-Charaa, conocido por su nombre de guerra Abu Mohammed al-Golani, haya cambiado, ni siquiera de forma oportunista, que ha dejado el uniforme militar por el traje y la corbata.

En su opinión, el líder, que ha evolucionado tras Al Qaeda y el Estado Islámico, tiene las manos manchadas de sangre y no puede haber roto definitivamente con esos grupos terroristas. “Queremos un gobierno civil, no religioso. ¿Qué van a hacer con las milicias más radicales? ¿Y qué van a hacer con los cristianos que se relacionaban con el antiguo régimen? ¿Matarlos, encarcelarlos?”, se pregunta Ghassan Tallab, preocupado también por la ocupación israelí de los Altos del Golán, ignorada por la comunidad internacional.

El optimismo de Firas Lutfi, líder de la comunidad franciscana de Damasco y párroco de la Iglesia latina desde hace dos años, tras casi veinte en Alepo y algunos en Beirut, contrasta con el pesimismo reinante entre los cristianos.

“La mayoría de nuestros fieles está preocupada y tiene miedo. Tiene buenas razones”, nos dice. “La historia de HTC está vinculada a Al Qaeda y el grupo ha sido patrocinado por Daech en Irak. “Hay mucho que temer”. Pero afirma, bajo la foto de su encuentro con el Papa Francisco y rodeado de dulces navideños: “Mi papel es transmitir esperanza. Creo en el renacimiento de una Siria democrática y civil, tras décadas de un régimen totalitario responsable de tanta opresión y sufrimiento”.

Las preocupaciones de Firas Lutfi se disiparon tras su encuentro con Bachar Ali, el responsable del culto cristiano en HTC, un sirio de Deraa que pasó siete años en el minicalifato de Idlib, en el noroeste de Siria, cerca de la frontera turca. Esa bolsa anti-Assad es el laboratorio político de Ahmed al-Charaa desde 2017. Allí se ha instalado un “gobierno de salvación sirio” inspirado en la sharia.

“Le recibimos el miércoles 18 de diciembre en presencia de todos los dirigentes de la comunidad cristiana”, explica Firas Lutfi. “Tuvimos una conversación franca con él. Tiene una buena formación intelectual. Nos tranquilizó. Se negó a hablar de minorías e insistió en que todos formamos parte de Siria. Prometió una constitución en la que todos los credos y culturas tendrán su lugar y serán respetados. Es un mensaje muy positivo, porque hemos recorrido un largo camino desde el terrorismo y el extremismo”. El primer ministro encargado de la transición, Mohammed al-Bachir, también pronunció el mismo discurso.

Se les prometió que las campanas podrían seguir sonando en toda Siria, aunque ya no sea así en Idlib, donde el millar de cristianos se ha disuelto y la única iglesia –Santa María de los griegos ortodoxos– ha sufrido los estragos de la guerra y del yihadismo.

Una pequeña fuente, vestigio del edificio cuyos alrededores están ahora ocupados por familias desplazadas, ha sido pintada con spray con la palabra “Alá” en letras negras. Firas Lutfi asegura que la pequeña comunidad cristiana que vive en la provincia de Idlib es “respetada en su libertad de culto”. Para él, lo que hay que hacer es elaborar una constitución “civil y laica”. Espera que los cristianos participen en ella.

“La importancia de la ciudadanía, la igualdad de género y la libertad de expresión deben estar inscritas a fuego”, afirma el sacerdote. “También hay que dejar claro que se nos juzgará como ciudadanos y no como minoría o mayoría, como drusos, musulmanes, cristianos, alauitas, etc.”.

“Si se incluye todo esto, el futuro de Siria sólo puede ser positivo”, afirma el clérigo. “De lo contrario, nos dirigimos al desastre y pasaremos de un régimen totalitario baasista a un régimen fanático religioso”. Y recuerda que en la antigua Constitución sólo podía elegirse a un presidente musulmán: “Si somos una democracia, no debería importarnos su religión”.

El imán Ossama Abouch, en la mezquita donde oficia en Idlib, no lejos de la iglesia de Santa María, pide una constitución basada en la sharia, “la mejor ley para gobernar a musulmanes y no musulmanes”. También quiere el regreso de los cristianos. “Reabriremos la iglesia y les devolveremos sus casas”, promete. “Hay que hacerlo. Siria es multiconfesional.” Pero ya ha advertido que no tolerará árboles de Navidad en las calles de su ciudad. La razón aducida: “Los miembros de la comunidad los quemarían”.

En Damasco, Raouia Nanari sueña más que nunca con el exilio, como su hermano, que se marchó a Canadá en 2017 con la ayuda de la Iglesia, trabaja en finanzas y está a punto de casarse con una siria de Alepo. “En otro lugar, con mi nivel de estudios, tendría una situación excelente. Aquí, me siento en una caja estrecha, como mujer, cristiana y siria. No veo ningún futuro.”

Traducción de Miguel López

La economía social se está consolidando como la alternativa viable y sostenible frente a los modelos económicos tradicionales. Su enfoque en la cooperación, la solidaridad y la gestión democrática la convierten en un motor esencial para la cohesión social y la equidad.

Las empresas y entidades vinculadas a la economía social están reduciendo desigualdades, fomentando la inclusión laboral y desarrollando modelos económicos más justos en un contexto complejo como el actúal, en el que todos los indicadores apuntan a un incremento de las de tensiones económicas y geopolíticas.

Hemos de concebir la economía social, por tanto, como una herramienta poderosa para la cohesión social y la equidad, además de que representa un modelo económico más humano y sostenible. Su capacidad para integrar a diversos actores y promover el bienestar colectivo la convierten en un pilar esencial para el desarrollo de sociedades más justas y equitativas.

Precisamente, el Informe 2024 elaborado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) pone de manifiesto que la Economía Social ha logrado consolidarse como un reflejo preciso de la riqueza y diversidad del tejido empresarial de la Economía Social en España, lo que sin duda está contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y a la reducción de las desigualdades.

La Economía Social es un componente fundamental del tejido productivo español y está presente en todos los sectores de actividad En el sector de los servicios sociales, la Economía Social representa el 43% del tejido productivo. En el ámbito cultural y recreativo, el sector aporta un 35,2%, y en educación, un 26%, apoyando una oferta educativa inclusiva y diversa. En el sector industrial ocupa un 8%, mientras que el 15% de la población española reside en viviendas promovidas por cooperativas. El 25% del sector asegurador en España está gestionado por 223 Mutualidades de Previsión Social. 

En el sector pesquero, las Cooperativas del Mar y las Cofradías de Pescadores, que agrupan más de 10.000 embarcaciones, tienen una fuerte implantación en el litoral español, generando empleo para 35.000 personas. Las cooperativas agroalimentarias, según el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español 2022 (OSCAE), generan aproximadamente el 69% del valor de la producción final agraria, representando además el 30% de las ventas netas de la Industria Alimentaria Española.

En cuanto al sector financiero, el informe “Necesidades de financiación de la Economía Social”, señala que los bancos cooperativos y éticos, como Banca Ética, promueven la sostenibilidad y la inclusión financiera, destinando el 91% de sus créditos a proyectos con impacto social y medioambiental. Estas entidades generan miles de empleos y promueven prácticas responsables que fortalecen la cohesión social y territorial en todo el país.

En el ámbito de la distribución farmacéutica, Bidafarma, Hefame y Fedefarma, empresas asociadas a CEPES, representan aproximadamente el 42,52% de la distribución farmacéutica en España. De igual forma, cuatro de las cooperativas de distribución alimentaria vinculadas al tejido asociativo de CEPES (CONSUM, COVIRÁN, EROSKI y UNIDE) constituyen aproximadamente el 8,11% de este sector.

Las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de iniciativa social, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, y las asociaciones y fundaciones vinculadas a la Economía Social, son entidades que conforman este modelo económico, donde la eficiencia empresarial se combina con los valores de la solidaridad, cohesión social y equidad. Son empresas que compiten en los mercados internacionales, siendo algunas de ellas líderes en su sector de actividad, tanto a nivel internacional, estatal, autonómico o territorial.

La primacía de las personas y el fin social sobre el capital, que se concreta en una gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y de sus aportaciones al trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social que, en relación con sus aportaciones al capital social, son valores que ponen a las personas en el centro en las empresas de Economía Social.

El empoderamiento de las mujeres, de los jóvenes y de otros grupos vulnerables, proporcionando oportunidades de empleo y desarrollo personal, no es una teoría, es una realidad que enorgullece a las empresas de Economía Social. Estos, y no otros, son los factores determinantes que convierten a la Economía Social en un motor para la cohesión social y la equidad.  Pero, aunque la economía social ofrece numerosos beneficios, las organizaciones a menudo enfrentan desafíos financieros que requieren del desarrollo de mecanismos de financiación sostenibles que les ayuden a asegurar su viabilidad a largo plazo e impulsar su crecimiento.

También, es fundamental que las políticas públicas sigan profundizando en el apoyo y en el papel de la economía social en el desarrollo sostenible, incluyendo tener un espacio en el escenario del dialogo social que se desarrolla es nuestro país, a sus distintos niveles, y en el que se avanzan iniciativas o medias que afectan al ecosistema de la Economia Social.

Queremos, por último, llamar la atención por la capacidad de la economía social para profundizar en cambios que revaloricen territorios despoblados y recursos disponibles infravalorados, que pueden acercar este modelo económico a las personas más jóvenes y a colectivos potencialmente vulnerables y en riesgo de exclusión.

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Carlos de la Higuera es el Presidente de la Federación de Cooperativas y Economia Social de Madrid (FECOMA) y Julián Menéndez es el Gerente de la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA) y vicepresidente de la Federación Empresarial de Sociedades y Empresas Participadas de España (LABORPAR)

La que acaba de terminar no ha sido, ni de lejos, la mejor semana de Pablo Casado. A las dificultades que está encontrando, al menos por ahora, su estrategia para convertir los indultos “en la tumba política” de Pedro Sánchez, tal y como los definieron fuentes de su partido cuando quedaron claras las intenciones del presidente, el líder del Partido Popular se ha topado con una situación más que incomoda con la Casa del Rey que ha provocado incluso el pronunciamiento de los portavoces de Zarzuela y con el aval de la Comisión Europea al Plan de Reconstrucción del Gobierno. En plena reactivación económica, Casado empieza a tener problemas para sostener el discurso del apocalipsis económico que defiende desde que la pandemia puso contra las cuerdas la economía española.

Aprovechando el impulso de la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo, el PP se trazó como objetivo convertir por fin a su líder en el referente político de la derecha. referenteCon Ciudadanos en vías de extinción, la prioridad para los estrategas de Génova es atraer a los votantes de Vox, al menos a los menos radicalizados, y a los electores del PSOE que según los informes demoscópicos que maneja el partido se sienten incómodos con el diálogo que Pedro Sánchez ha abierto con el Govern de la Generalitat y sobre todo con la concesión de medidas de gracia para los presos del procés.

De hecho, el PP trabaja ya a pleno rendimiento en un calendario de actividades cuyo punto culminante será una convención que tendrá lugar en octubre en València con el objetivo de convencer a todos los votantes a la derecha del arco parlamentario, desde los moderados del PSOE a los que siguen prefiriendo a Vox, pasando por los pocos que le queden a Ciudadanos, de que si quieren un cambio de gobierno deben votar a Casado.

“Hemos convocado una gran convención abierta a todos los que quieran contribuir” para “unir a la sociedad española”. “Para pasar del enfado a la tarea, de la frustración a la esperanza”, subrayó el lunes Casado. “No es un evento de partido, sino una oportunidad para un reencuentro nacional”.

Pero esa hoja de ruta saltó en parte por los aires el pasado domingo, desbordada por la estrategia de Vox de movilizaciones en la calle contra los indultos. Aunque no llegó a asomarse a la plaza de Colón y se limitó a recorrer a pie, escoltado por dirigentes y militantes del partido, el escaso trecho que va de la sede de la calle Génova al cruce con la Castellana, el líder del PP descubrió que Sánchez ya no es el único dirigente político que escucha insultos y abucheos cuando se expone en público.

Allí mismo tuvo que soportar gritos de “Casado, cabrón, apoya la moción” o “Pablo Casado, nos has abandonado” coreados por seguidores de Vox que no le perdonan que el PP votase en contra de la censura que Santiago Abascal presentó contra Sánchez el pasado mes de octubre. Que no olvidan que fue el último Gobierno del PP el que fue incapaz de impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. O que preferirían que su puesto lo ocupase Isabel Díaz Ayuso, convertida, ella sí, en un ejemplo de coherencia para la derecha extrema.

Fue la propia Ayuso, políticamente mucho más poderosa desde su victoria del 4M, la que desencadenó el segundo dolor de cabeza de la semana para Casado. Además de sentir en su propia piel la desconexión de su liderazgo con una parte muy significativa de los votantes de la derecha, la presidenta madrileña se atrevió a cuestionar el papel de rey Felipe de Borbón en contra de los indultos. “¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?”, se preguntó en presencia de Casado y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El corrector, corregido

Una apelación a la implicación política del jefe del Estado vetada expresamente por la Constitución y que el propio Casado había prohibido hacer a los dirigentes del partido, algunos de los cuales, desde que Sánchez confirmó su voluntad de aprobar los indultos, habían empezado a insinuar que el rey probablemente no debería firmarlos. Así que el líder del PP aprovechó la segunda ocasión que tuvo de pronunciarse —la primera fue el domingo y prefirió guardar silencio—, para hacer valer su autoridad y corregir a Ayuso. Aunque después fuese ella, al día siguiente, quien le corrigiese a él diciendo que los dos piensan exactamente igual. “Sigo pensando exactamente lo mismo”, subrayó, y Casado lo comparte, apostilló.

El desaguisado sobre el rey acabó obligando a la Casa del Rey, a través de sus portavoces, a salir al paso para recordar que la Jefatura del Estado está fuera del debate político y, por supuesto, no tiene autonomía para apoyar o rechazar las decisiones de los poderes del Estado. “Felipe VI cumple escrupulosamente sus deberes constitucionales”, declararon.

Para colmo, la fotografía del monarca con Pere Aragonès en Barcelona de este miércoles empujó la normalización institucional que Sánchez está empeñado en recuperar y acabó por desengañar a quienes desde la derecha especulaban con que Felipe de Borbón protagonizase algún gesto de distancia con la apuesta del Gobierno por el diálogo.

Pero no fue esa la única consecuencia de la polémica sobre el papel del rey en relación con los indultos. También confirmó que Ayuso, ya investida por segunda vez presidenta de Madrid y con independencia de cuáles sean sus ambiciones personales, se va a convertir en una dura rival del propio Casado a la hora de apuntalar su propia imagen como el líder indiscutible que aspira a ser en el espacio del centroderecha. La dificultad de encajar el verso suelto de Ayuso, con un perfil claramente de derecha extrema que la sitúa más cerca de Vox que del PP tradicional, ya preocupa en la dirección de la calle Génova.

Para colmo, la reactivación de la economía y el visto bueno de Bruselas al Plan de Recuperación del Gobierno han desbaratado también la segunda línea de batalla de Casado contra Sánchez. El discurso con el que lleva meses anunciando la catástrofe empieza a no sostenerse.

Los presidentes de Telefónica, Santander e Inditex, José María Álvarez-Pallete, Ana Botín y Pablo Isla, pintaron el miércoles el escenario contrario al que pronostica el PP. Los tres coincidieron en Barcelona en vaticinar crecimientos en los próximos años superiores a las previsiones oficiales de entre el 6% y el 7%. “España se va a salir del mapa”, llegó a decir Botín, que igual que Isla calcula aumentos en los próximos trimestres de hasta el 8% o el 9%. ¿A qué achacan esas previsiones? Al ritmo de vacunación y a la llegada de los fondos de reconstrucción.

No fue la única cosa en la que contradijeron a Pablo Casado. La presidenta del Santander se mostró a favor de cambiar el sistema fiscal e incluso dijo que estará “encantada” de que suban los impuestos a las empresas siempre que paguen todos los que tienen que pagar.

Pero el líder del PP, de momento, sigue apostando por describir un panorama catastrófico. España va peor que otros países por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, dijo el jueves en Barcelona. Algo que en su opinión ya ocurría antes de la pandemia. Sólo por encima de “Bosnia, Sudán, Venezuela o Palestina”, subrayó a modo de demostración.

Von der Leyen avala a Sánchez

La guinda de la semana se la ha puesto al líder del PP tener que ver cómo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a la que a menudo cita como su referencia en Bruselas y que forma parte de su misma familia política, bendecía en un acto en Madrid el Plan de Recuperación diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez y al que él y su partido llevan oponiéndose con todos los recursos a su alcance desde el pasado otoño.

Hace muy pocos días Casado rechazaba todavía el plan de recuperación que Bruselas acaba de bendecir y decía que no se sentía comprometido por las reformas propuestas por Sánchez. Es más, aseguraba que las revertiría en cuanto llegase a la Moncloa. En una entrevista publicada por El Confidencial decía: “El plan de reactivación va a ser un fracaso, porque lo que está primando es una especie de Plan E que cree un empleo a corto plazo que no se mantenga en el tiempo, como ocurrió entonces cuando se crearon 100.000 empleos y solo un 4% se mantuvo. Lo que están haciendo es dando de lado toda la economía productiva nacional”.

Un empeño en el que abundó este jueves, insistiendo en su tesis de que España es el único país donde estos fondos no los gestionará una agencia independiente —en realidad ningún país va a utilizar ese modelo— e insinuando que se van a distribuir de manera clientelar. Es decir, cerrando los ojos al informe de Bruselas sobre el plan español, según el cual, “proporciona suficientes detalles” acerca de cómo las autoridades nacionales “preverán, detectarán y corregirán” situaciones de conflicto de intereses, corrupción o fraude en el uso de estos fondos europeos.

Casado también volvió a pedir que aunque las prioridades ya estén fijadas (sobre todo transición ecológica y digitalización) el dinero se use para otros fines, como ya anticipó en enero: bajar de impuestos, poner en marcha la llamada mochila austríaca, reducir gasto en la Administración y activar el sector de la construcción y de las obras públicas concediendo avales públicos para acceder a la vivienda y llevando a cabo un ambicioso plan de obras hidráulicas.

Y no sólo eso. Casado, que lleva oponiéndose a la estrategia del Gobierno de coalición desde antes de la investidura de Pedro Sánchez, en enero de 2020, tuvo que oír cómo la propia Von del Leyen le emplazaba a él y al Ejecutivo a la unidad. “Quiero hacer un llamamiento a todos nosotros, a todos los grupos políticos, a todos los actores sociales, a todas las ONG” para aprovechar esta oportunidad. “Necesitamos a todos para hacer que los fondos sean un éxito”, concluyó.

El Gobierno encargó un informe al Consejo de Estado sobre el decreto que regula la gestión de los fondos europeos y después, como era contrario a su contenido, decidió ocultarlo. Esta es, en síntesis, la acusación que el PP lanzó este miércoles en el Congreso durante la primera sesión de control del año en una ofensiva en la que participaron todos los portavoces del partido, con su presidente, Pablo Casado, a la cabeza.

El PP reconoce que el informe no era preceptivo, pero sostiene que una vez solicitado “forma parte del expediente y hurtarlo al Congreso es un grave vicio del procedimiento que puede hacer nulo” un decreto del que depende la gestión de los fondos de reconstrucción y resiliencia en los que España ha puesto todas sus esperanzas de recuperación económica. Pero lo retiraron porque “era contrario a sus intereses”, aseguran.

Casado, su secretario general, Teodoro García Egea, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y todos los diputados del PP que intervinieron en la sesión de control exigieron explicaciones al Gobierno sobre este informe a pesar de que ninguna de las preguntas parlamentarias que habían presentado hacía referencia alguna a este asunto. Pero ningún miembro del Ejecutivo respondió.

Fuentes del Gobierno admiten la existencia del informe del Consejo de Estado sobre el real decreto de los fondos europeos pero insisten en que no es vinculante. Algunas de sus conclusiones fueron tenidas en cuenta por el Ejecutivo, aunque no precisan en qué sentido. Las mismas fuentes no ocultan su enfado con el Partido Popular por haber extendido la idea de que ese informe había sido excluido de la documentación remitida a la Cámara Baja. Ni ha sido así, mantienen, ni nunca ocurre que, cuando se solicitan, los informes del Consejo de Estado son trasladados al Parlamento. Se trata de un órgano consultivo del Gobierno, no del Parlamento.

El Consejo de Estado también confirmó que efectivamente realizó ese informe y se lo remitió al Gobierno, después de que el Ejecutivo de Sánchez lo solicitara, aunque no fuera preceptivo hacerlo al tratarse de un decreto ley. Además, dicho informe, ratifican las mismas fuentres, no es vinculante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigió a Casado que cambie de actitud, deje de “decir mentiras” y haga una oposición “constructiva”, porque "incluso" el líder de Vox, Santiago Abascal, “le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado”, tras abstenerse en la votación de ese decreto de los fondos europeos, que el PP rechazó.

Casado lleva desde el verano alimentado la idea de que el Gobierno planea utilizar el dinero de Europa de forma “clientelista” y que gestionarlos sin control, que es como el PP asegura que quiere actuar el Ejecutivo, va a alimentar la “corrupción”. Y sin detallar el contenido del informe del Consejo de Estado, insinuó que las reservas de este organismo van por ahí.

“Tenga cuidado con crear otro fondo de reptiles”, le advirtió utilizando la metáfora utilizada con frecuencia para refererise al dinero público utilizado en el caso de los ERE. Un asunto que, le recordó a Sánchez, acabó “devorando a sus predecesores. Y aquí no tiene usted cortina para esconderse”.

Destrucción de “contrapesos”

“Lo más grave”, en opinión del líder del PP, “es que para ocultar este juego de trilero usted destruye todos los contrapesos institucionales”. “¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto y es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional de su Gobierno”, acusó.

Casado insistió en su tesis de que Sánchez “ya ha ocupado la fiscalía, el CNI, la CNMC, CNMV, el CIS, la Televisión Española, el Consejo de Transparencia y hasta ha intentado asaltar el poder judicial”. “Pero esto ya es el colmo”, añadió. “Ahora entendemos por qué nombró ayer [por el martes] el Consejo de Estado la vacante de Landelino Lavilla y se creó una nueva sección sin consenso y sin publicidad”.

Y volvió a continuación sobre su acusación de que el Gobierno quiere cometer delitos con el dinero europeo.“¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control? ¿Qué quiere ocultar? Qué voluntades quiere comprar? ¿Por eso lleva seis meses rechazado una autoridad independiente que le he propuesto?” “Conteste”, le urgió, “antes de enterarnos por el Consejo de Estado”, porque “hoy mismo hemos registrado una petición de información oficial que le recuerdo que es de obligado cumplimiento”. “Deje de prende fuego a todo para ocultar su negligencia. Deje de tocar la lira mientras arde todo”, remató.

Pablo Casado insiste en que España sigue un camino diferente al resto de los países de nuestro entorno. Y que lo que necesita nuestro país es gestionar los fondos europeos de reconstrucción mediante una autoridad independiente. Es algo que viene reclamando desde que el pasado mes de septiembre se entrevistó con Pedro Sánchez. Y una demanda a la que después se sumaron Vox y Ciudadanos, partidos que, como el PP, aseguran que hacer depender los fondos directamente del Gobierno es una puerta abierta "al clientelismo y la corrupción".

Aquel día, en una rueda de prensa en la Moncloa, Casado aseguró haber propuesto a Sánchez la creación de un órgano independiente para gestionar las ayudas de reconstrucción europea que denominó Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España y cuyo objetivo, precisó, era evitar que el Gobierno hiciese un uso “clientelista” y “peronista” del dinero europeo.

Es un argumento que el líder del PP repite con frecuencia. En plena campaña electoral catalana, Casado aprovechó una entrevista en la Cadena SER este lunes para insistir en la misma idea. “Yo lo que he ofrecido [a Pedro Sánchez] es pactar una autoridad independiente. Como ha hecho Grecia, con un premio Nobel al frente; Italia, con un empresario al frente; Francia, con un líder de la oposición al frente. ¿Qué ha dicho Sánchez? Nada”.

El relato de Casado sostiene que la norma es que los países de la UE utilicen organismos independientes para gestionar el fondo de reconstrucción Next Generation, aprobado a finales de mayo por el Consejo Europeo para ayudar a los países que más sufrieron las consecuencias económicas de la primera ola de la covid-19. Y siempre cita esos tres ejemplos: Grecia, Italia y Francia. Y a las personas elegidas para, según él, gestionar las ayudas directas y los préstamos acordados en Bruselas.

Las personas a las que alude Casado existen y en su día recibieron el encargo de ponerse al frente de comisiones o comités de expertos para dibujar prioridades económicas y sociales en sus respectivos países. Pero ninguno de ellos ni los grupos que encabezan tienen responsabilidad alguna sobre la gestión del dinero, cuya ejecución —incluida la tarea de decidir qué proyectos se benefician de ellos— sigue en manos de los gobiernos de esos tres países.

El primer ejemplo que menciona siempre el líder del PP es el de Grecia y el premio Nobel al que cita es el economista grecochipriota Cristóbal Pissarides que, efectivamente, en el año 2010 recibió, junto a Peter Diamond y Dale Mortensen, el Nobel de Economía por sus contribuciones a las teorías de búsqueda de fricciones y macroeconomía. En concreto, Pissarides fue premiado por sus aportaciones al estudio del mercado de trabajo.

Pero ni Pissarides, profesor de la London School of Economics (LSE) ni el comité de expertos que encabezó tienen responsabilidad alguna en la gestión de los fondos ni deciden nada en relación con los proyectos que se van a llevar a cabo en el país gracias a los fondos de a Unión. Los otros tres miembros del comité fueron los profesores Costas Meghir (Yale), Dimitri Vayanos (LSE) y Nikos Vettas (Universidad de Economía y Empresa de Atenas).

El informe de la llamada Comisión Pissarides, que incluye propuestas a diez años vista, fue encargado un año antes —cuando no había ni siquiera noticias de la pandemia ni mucho menos de la disponibilidad de fondos europeos— y llegó en noviembre a manos del primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, como paso previo a la apertura de un debate político.

En el documento se analizan las principales características y tendencias de la economía griega, las tendencias mundiales y europeas que afectarán a su curso futuro, así como la dirección general en la que debería moverse la política económica en el futuro. El informe se centra en las reformas políticas para una recuperación sostenible de la economía griega que, según sus autores, deberían llevarse a cabo, y ha recibido inmediatamente el rechazo de los partidos de la oposición representados en el Parlamento Helénico.

El empresario italiano al que se refiere Casado cuando defiende el modelo de gestión de fondos a través de una autoridad independiente es Vittorio Colao, ex director ejecutivo de Vodafone en el país transalpino.

Colao, de 59 años, recibió del Gobierno italiano, presidido por Giuseppe Conte, el encargo de redactar con ayuda de un comité de expertos una propuesta para reactivar la economía, convertir la crisis en una oportunidad y, en general, hacer de Italia un país más moderno.

El Plan Colao, como lo denominan en Italia, que incluía, cuando fue presentado, consejos sobre un amplio abanico de temas, desapareció en junio de la lista de prioridades del primer ministro. “Ya tenemos una base de trabajo técnico, de la comisión Colao, que entregará su trabajo en estos días. No habrá ningún documento de Colao detrás del plan de relanzamiento”, zanjó Conte.

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Tres meses después, en una entrevista concedida al diario Il Foglio, el exdirectivo de Vodafone reconoció que más allá de “las llamadas telefónicas con varios ministros, de las charlas informales”, no hubo “ningún seguimiento oficial entre nuestra comisión y el Gobierno” italiano.

La distancia que Conte ha puesto con Colao guarda relación, según algunos medios, con el peso político que la figura del empresario ha ganado en Italia y que ha extendido las cábalas sobre sus posibilidades como futuro primer ministro, especialmente después de la crisis abierta en el gabinete del actual inquilino del Palazzo Chigi.

En Italia el Gobierno ha creado una comisión interministerial, con representación de la administración local, que es la que recibe los proyectos que optan a financiación.

El tercer ejemplo que pone siempre Casado es el de Francia, donde asegura que Macron optó por dejar los fondos en manos de un “líder de la oposición”. El líder del que habla es en realidad François Bayrou, un político francés democristiano de 69 años con una larga trayectoria por diferentes formaciones.

El presidente de Francia recuperó su nombre, al hilo de la pandemia, para nombrarle alto comisario del Plan Quinquenal, un ente para la reconstrucción de Francia creado en 1946 por el presidente De Gaulle tras la Segunda Guerra Mundial y que ha sobrevivido hasta hoy bajo diferentes denominaciones.

¿Y de qué se ocupa ese alto comisariado?. Según el propio Bayrou, “gobernar es prever. La pandemia ha demostrado que la reflexión a largo plazo había sido barrida por la dictadura de la urgencia, del corto plazo, de lo sensacional, del escándalo, del tsunami de reacciones pasionales de las redes sociales. El presidente quiere recuperar la reflexión a largo plazo”, declaró en su día al diario francés Journal du Dimanche.

Nada que ver, en cualquier caso, con la comisión de expertos económicos que Macron nombre para asesorarle en la materia y de la que forman parte, entre otros, Jean Tirole, Nobel de Economía en 2014, y Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Su objeto de atención: “los grandes desafíos económicos”.

El modelo de gestión que se va a aplicar en Francia fue diseñado por ocho ministerios que son además los que en última instancia, capitaneados por Macron en persona, decidirán qué proyectos se financiarán. El comité de seguimiento encargado de vigilar el cumplimiento de la ejecución de los proyectos y del calendario previsto estará presidido por el primer ministro.

Ni Pissarides ni Colao ni Bayrou, a los que Casado pone como ejemplo de control independiente a seguir, tienen responsabilidad alguna en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción Next Generation aprobados por Bruselas.

Los fondos europeos de reconstrucción, que el Consejo Europeo aprobó el pasado otoño para ayudar a rehacer las economías del continente más dañadas por las consecuencias económicas del covid-19 y que según el Gobierno deben servir para transformar el tejido productivo en nombre de la digitalización y la transición ecológica, deben dedicarse al cemento, al ladrillo, a compensar bajadas de impuestos y poner en marcha la llamada mochila austríaca. Esas son, al menos, las prioridades a las que debería dedicarse el dinero, según el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Fue hace unos días en una conferencia pronunciada en el Cercle d’Economia de Barcelona, delante de empresarios catalanes de primer nivel y en el marco de la precampaña electoral catalana. Allí el líder de la oposición concretó por primera vez el enunciado de lo que, en opinión del Partido Popular, deberían ser los principales objetivos de los 140.000 millones de euros que la UE ha puesto a disposición de España y de los cuales 72.700 millones son ayudas directas.

“Hemos puesto letra a la música de los fondos europeos”, explicó, y al hacerlo “hemos declinado en grandes líneas los seis ejes que Europa ha propuesto a los Estados miembros para ajustarse a la concesión de estas ayudas”. Un dinero que —Casado no se cansa nunca de repetirlo— “el PP no sólo apoya sino que nuestras compañeras [Christine] Lagarde, [Angela] Merkel y [Ursula] von der Leyen han impulsado”. Como si su aprobación no hubiese sido el resultado de una de las cumbres más largas de la Unión tras un difícil y trabajado acuerdo suscrito por los líderes de los 27 países miembros.

En primer lugar, Casado propone, en nombre de “la competitividad”, que una parte del dinero que Europa pone a disposición de España no tenga otro destino que compensar una bajada de impuestos —no concretó si a las empresas o a los ciudadanos—, algo que según él ya se propone hacer Francia. Reducir impuestos está en el frontispicio del programa económico de la derecha y su líder repite siempre que tiene ocasión el mantra neoliberal de que, aplicando esa política, se acaba recaudando más dinero.

En segundo lugar, la propuesta del PP es utilizar los fondos para poner en marcha la llamada mochila austríaca, un modelo laboral ideado para cumplir tres objetivos: reducir a las empresas el coste del despido, incentivar la movilidad de los trabajadores y reforzar el sistema de pensiones.

En nombre de “la cohesión territorial” y de la “garantía juvenil”, Pablo Casado defendió utilizar el dinero para construir grandes infraestructuras y movilizar, de nuevo, el sector de la construcción. Hay que emplear los fondos, defendió, en terminar “los grandes corredores ferroviarios europeos”, entre ellos el corredor mediterráneo, e impulsar de paso “los corredores de mercancías”. Y hay que implementar, explicó, “una propuesta que la banca española lleva planteando mucho tiempo, que es un plan de vivienda joven” que movilice el sector de la construcción.

Donde el Gobierno quiere impulsar la transición ecológica de la economía —el líder del PP volvió a ridiculizar este objetivo afirmando que en realidad es un Plan E incapaz de crear empleo sostenible— Casado plantea la financiación de lo que el PP denomina un plan para el agua “que acabe” con el problema de los trasvases entre “cuencas cedentes y receptoras”. Un plan que, subrayó, “necesita de ayudas internacionales para hacer grandes acometidas”, lo que sugiere su objetivo de impulsar la realización de grandes obras hidráulicas.

Por último, explicó a los empresarios catalanes, pretende que el dinero de Bruselas, en nombre de la “digitalización”, se utilice para “racionalizar el gasto público” de lo que llamó “estructura burocrática”, algo que en la jerga conservadora suele apuntar a un “adelgazamiento” de la administración. De hecho, Casado se refirió a la función pública no “sanitaria, educativa ni de los cuerpos de seguridad del Estado”. Que es “excelente”, matizó, pero que según él “requiere de nuevos incentivos y de nueva movilidad profesional”.

Las diferencias con el Gobierno

Las prioridades del PP para los fondos europeos distan mucho de las del Gobierno de coalición, que dan prioridad a la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, la conservación y restauración de ecosistemas y la transición energética, así como a la digitalización de la administración —con especial protagonismo de la  justicia— y del tejido productivo. Sin olvidar la modernización y refuerzo de la investigación científica y del sistema sanitario, así como el impulso de la educación a todos los niveles.

En esta ocasión Casado no hizo referencia a la utilización de los fondos europeos para pagar ayudas a los afectados por la tormenta de nieve, como defendió hace una semana y le afeó todo el arco parlamentario. Es necesario “pedir ‘fondos Filomena'”, defendió entonces, “fondos para paliar los estragos de la tormenta perfecta”, algo que según él se puede hacer “en el Parlamento Europeo y también en los fondos de reconstrucción que estén viniendo”.

En el mismo foro, el Cercle d’Economia, el líder conservador aprovechó su exposición para volver a cuestionar las "verdaderas intenciones" de Sánchez con el dinero de Europa. Es “un proyecto ambicioso, generoso y necesario, pero de cómo lo gestionemos dependerán muchas cosas para España”. Y “creo humildemente”, dijo, “que el Gobierno lo está haciendo tarde y muy mejorablemente”.

Casado volvió a quejarse de que Sánchez no aceptase su propuesta de crear una agencia independiente para gestionar los fondos y prefiriese hacerlo directamente desde el Gobierno. Eso, insistió una vez más, abre la puerta a “clientelizar, o peronizar las ayudas”,“clientelizarperonizar en vez de gestionarlas “con rigor, rendición de cuentas y trasparencia”.

Lo que se necesita, añadió, “es un proyecto de país”, un “gran plan nacional del que hoy no hay rastro porque el Gobierno se ha limitado a ser un buzón de recepción de iniciativas para después repartir arbitrariamente los fondos”, acusó.

Una vez más, Casado defendió lo que denomina “un gran plan de choque económico para España”, que incluye bajadas y supresiones de impuestos, 50.000 millones de euros de ayuda directa a empresas, sobre todo del sector turístico, y un impulso a la flexibilidad laboral —manteniendo la reforma de Mariano Rajoy que el Gobierno de coalición ha prometido modificar—. Y repitió los principios que le mueven. En primer lugar, “la defensa de la libertad individual frente a los colectivismos y los proyectos identitarios”, así como “la defensa de la propiedad privada” y el “libre mercado”, además de la defensa del “Estado de derecho”.

“Ningún político puede prometer crear empleo, porque lo crean los empresarios y los autónomos”, proclamó este jueves el líder del PP, Pablo Casado, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el miércoles que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española permitirá la creación de 800.000 puestos de trabajo en tres años. “Desconfiad” del político “que diga que va a crear empleo”, recomendó el dirigente conservador a los asistentes a un acto organizado por la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha en la localidad de Toledo.

Casado hizo esta advertencia a pesar de que él mismo, en la campaña electoral del 28 de abril, prometió hasta dos millones de puestos de trabajo en cuatro años. A razón de 500.000 anuales. Fue en un acto de campaña en Barcelona, a tres días de la votación, en el que además aseguró que “si se vota al PP se creará empleo en apenas unas semanas”. “Mi compromiso es nítido”, sentenció solemnemente. “Me comprometo a generar todas las condiciones para que en España se creen dos millones de empleos la próxima legislatura. Medio millón cada año”.

La promesa de crear empleo no es extraña a los líderes políticos. Ya lo hicieron los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero además de Sánchez. Pero tampoco en el PP. Antes que Casado José María Aznar ya había prometido crear en diez años 3,5 millones de empleosprometido —en aquel momento había 2,6 millones de parados—. O Mariano Rajoy, que en plena campaña de las elecciones de 2016 prometió también la creación de dos millones de nuevos empleos en los próximos cuatro años. En la próxima legislatura el PP será capaz de “crear 500.000 puestos de trabajo al año”, aseguró en un acto en una fábrica de jamones en Jerez de la Frontera.

La creación de empleo no fue la única cosa que Casado puso en entredicho ante las empresarios que acudieron a escucharle en Toledo. De hecho consideró “decepcionante” la cifra de 800.000 de puestos de trabajo prometida por Sánchez porque, subrayó, la pandemia ha destruido un millón.

“Pianos y violines” para celebrar una “hecatombe“

El líder conservador calificó el plan presentado por el Gobierno para gestionar las ayudas europeas de mera propaganda y criticó con dureza el formato elegido para darlo a conocer. “No vimos una cifra”, aseguró. Sólo “pianos y violines” para “celebrar una hecatombe”, que es como define la situación económica que viene y lo que él mismo considera un “rescate” de la economía española. Ni siquiera van a venir los 73.000 millones de los que habla el Gobierno, denunció. Según él, se van a quedar en 35.000 —5.000 al año, remarcó— una vez descontada la contribución neura de España a la UE y los recortes de la política agraria común. Lo que no le impidió reivindicar, una vez más, la autoría del plan —aprobado a mediados de julio por los 27 estados miembros en un larguísimo Consejo Europeo—, que según él se ha conseguido gracias al PP porque la canciller alemana, Angela Merkel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, son de su familia política.

Casado volvió a marcar distancias con los planes del Gobierno, a los que no se siente vinculado porque, según afirmó, Sánchez se negó a pactarlos con él. Y porque rechazó la creación de la agencia independiente que le pidió en septiembre para gestionar los fondos europeos.

En vez de eso, “lo que va a hacer es puro lobby”, denunció. “Y pura discrecionalidad clientelar y partidista para decir [desde Moncloa] a qué empresa, a qué autonomía o a qué ayuntamiento le da un proyecto”.

“Lo que pretende Sánchez es que yo me rinda”. Y que apruebe sin más sus Presupuestos en vez de redactarlos tal y como propone el PP: con rebajas de impuestos y más flexibilidad laboral, entre otras medidas.

Casado, cuyo partido votó en julio en contra de las medidas de reconstrucción económica pospandemia trabajosamente negociadas en el Congreso, exige ahora que el Gobierno lleve el plan europeo a la Cámara. Y que “pacte con el resto de partidos, y con la patronal y los sindicatos, una oficina independiente en la que todos podamos decidir qué necesita España”. Proyectos “a largo plazo”, subrayó, no “planes E” como los de José Luis Rodríguez Zapatero durante la crisis de 2008. “En vez de rotondas no nos vamos a poner a cambiar ahora todos los tejados, calderas y ventanas de España”, ironizó tratando de poner en entredicho los planes del Ejecutivo para la rehabilitación de viviendas siguiendo criterios ambientalmente sostenibles. “Habrá que invertir en economía productiva que a medio y largo plazo” para crear empleo, señaló.

Casado, ya en el turno de preguntas, se mostró dolido con la actitud de los grandes empresarios españoles por haber mostrado su respaldo al plan de reconstrucción del Gobierno. Mientras al PP le niegan “el pan y la sal”, lamentó, esos empresarios “miran de reojo el Boletín Oficial de Estado” esperando ayuda. “¿Algunas empresas que miran de reojo el BOE van a aguantar lo que viene” sólo “porque les invitan a los actos” del Gobierno? ¿Y pìdiendo a la oposición que no crispemos?”, se quejó.

“Algunos tienen que reflexionar”, sugirió ya casi al término del acto. Porque nos enfrentamos a una “recesión brutal”. Y “si algún empresario o algún medio o alguien piensa que se van a librar por ser amigos de los del BOE, que luego no vengan a decir que dónde estaba la oposición. Pues haciendo su trabajo. La oposición lleva demasiados meses clamando en el desierto. Simplemente hago esta advertencia”, dijo, porque ve “una sociedad demasiado dormida. La sociedad española tiene que despertar” después de haber “estado unos meses aplaudiendo en el balcón sin darnos cuenta de lo que estaba pasando. Alguien tiene que dar una campanada y despertar”, concluyó.

El jefe del Ejecutivo no mencionó por sus siglas a la formación conservadora, a la que desde hace meses dirige llamamientos a la responsabilidad a pesar de que su líder, Pablo Casado, siempre rechaza la oferta. Pero el llamamiento tenía ese destinatario. “Necesitamos contar con el mayor respaldo posible. Ya disponemos del respaldo de la Unión Europea; también del impulso de los acuerdos y la estabilidad que propician esos acuerdos por parte de los agentes sociales”, pero faltan los partidos. “Son tiempos excepcionales y exigen de todos un comportamiento político excepcional”, remarcó. “Yo no reclamo un apoyo ciego, pero sí una colaboración mínima en beneficio del interés general de nuestro país”. Y “el fin de de cualquier bloqueo institucional”, añadió en referencia a la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una unidad que espera conseguir de las comunidades autónomas utilizando como “palanca” la Conferencia de Presidentes. “Sería deseable que ese clima de unión, de concordia, de arrimar de hombro se extendiera al ámbito de los partidos políticos con presencia parlamentaria. No me cansaré de repetirlo”. Rechazar esta oferta, subrayó Sánchez, equivale a elegir “la antipolítica”, que “sólo sirve para señalar culpables, a menudo imaginarios, para fomentar el odio y enfrentar a la sociedad”. La política puede tomar el camino de la colaboración o el “de la trifulca”: El Gobierno “apuesta por la colaboración”, se reafirmó.

El presidente tiene muy presente, según las fuentes consultadas por infoLibre, que la legislatura depende de que el año que viene haya Presupuestos Generales del Estado, por primer vez desde 2018. Los Presupuestos son la llave que abre los fondos de recuperación y, si salen adelante, marcarán la estabilidad de la legislatura y el rumbo de la transformación de la economía española, que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos trazó en enero con la transformación digital y la transición ecológica como principales motores.

De ahí su insistencia a la hora de vincular el futuro del país y las urgencias económicas y sociales al plan de recuperación. “Es imprescindible que se ponga en marcha cuanto antes” y para hacerlo es necesario “acelerar el calendario”. Algo que sólo será posible “inyectando esos recursos a través de unos nuevos Presupuestos”, a través delos cuales el Gobierno quiere adelantar nada menos que 27.000 millones de euros de los 72.000 que acabará recibiendo España de aquí a 2023.

La urgencia de los presupuestos, subrayó, “trasciende las lindes de los partidos políticos y reclama unión en el esfuerzo de la recuperación y la transformación de nuestro país”. “No pido nada nada más que lo que ofrezco: unidad y estabilidad para que la economía funcione”. Es, remató, “el desafío para nuestra generación”.

La respuesta del PP y de Cs

El PP se aferró a la noticia de que un juez ha propuesto al Tribunal Supremo imputar al vicepresidente Pablo Iglesias por tres delitos en el marco del caso Dina para no entrar en el fondo de la propuesta de Sánchez. Su portavoz nacional, el también alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, se centró en el cuadro macro presupuestario presentado por el Gobierno el día anterior para asegurar que “gastar más no quiere decir gastar mejor”. Aunque admitió que “es necesario que haya más gasto público”, “lo importante no son las cifras”, destacó, sino saber “a qué se va a destinar” en dinero. Y comparó las intenciones de Sánchez con el Plan E con el que José Luis Rodríguez Zapatero intentó sin éxito compensar la crisis económica de 2008. Aquello “fue una inyección de dinero en una situación económica complicada, pero que ayudó a disparar el déficit. No nos atengamos únicamente a las cifras””, pidió.

Ciudadanos, en cambio, aunque también se sumó a la ofensiva del resto de la derecha contra Iglesias, evitó hacer de la posible imputación del vicepresidente una línea roja que condicione su voluntad de negociar los presupuestos con Sánchez.

Su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, aplaudió incluso algunas de las medidas del plan presentado por Sánchez y confirmó la disposición de los naranjas a participar de su definición con el fin de que los fondos europeos para la recuperación se inviertan “bien”. “No se puede perder ni un céntimo de euro”, subrayó.

En rueda de prensa desde el Congreso, Bal defendió que en su partido “siempre” han puesto de manifiesto la necesidad de realizar una “correcta” inversión de los fondos europeos y, en este sentido, celebró algunas de las reformas estructurales que Sánchez ha anunciado “a bombo y platillo” para transformar “de verdad” el país. En concreto, anunció que Ciudadanos comparte la apuesta del Ejecutivo por la transición ecológica, la economía verde, la reforma de la Administración o la digitalización, además de la necesidad de aumentar la inversión en la sanidad y educación públicas.

“Son muchas cosas que exigen que España invierta correctamente esos fondos y que lo haga con sensatez y rapidez”. “No se puede perder ni un céntimo de euro de ese dinero que llega de la UE y, por tanto, nosotros queremos estar en ese plan nacional de reformas para que estos fondos se inviertan bien y que, además, la gestión de los mismos se haga con eficacia, rapidez y agilidad”, destacó Bal.

Por la mañana, antes de la presentación del plan, la responsable de Economía del PP, la exministra Elvira Rodríguez, dejó claro lo poco que le gusta a su partido el cuadro macro del Gobierno para el año que viene. “No sé cómo adjetivar el conjunto, me parece bastante insatisfactorio”, declaró a la cadena COPE, propiedad de la iglesia católica. Los conservadores critican que los proyectos de impulso económico se vayan a seleccionar desde Moncloa y no a través de una agencia “independiente”, como Casado pretendía.

Sánchez confirmó este miércoles los mecanismos de control del plan que ya había anunciado en julio —en los que el Ministerio de Hacienda y él mismo serán piezas clave—, así como el papel protagonista que quiere dar a la Conferencia de Presidentes. Y añadió uno nuevo, a través del cual tendrán participación los partidos. En el ámbito institucional, explicó, “se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento, a través de la Comisión Mixta Unión Europea” para que haya una representación tanto del Congreso como del Senado.

No lo verbalizó en ningún momento de su larga rueda de prensa después de entrevistarse este miércoles con el presidente Pedro Sánchez, pero la ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos de 2006 a la que el líder del PP, Pablo Casado, se refirió como el marco idóneo para crear un organismo encargado de gestionar los fondos europeos ya no existe. La derogó el Congreso de los Diputados a instancias del Gobierno de Mariano Rajoy en octubre de 2015.octubre

Y la derogó porque el entonces presidente del Gobierno no consideraba conveniente mantener en vigor la figura de las agencias estatales, entre otros motivos, por “la ausencia de una verdadera evaluación externa a la entidad” que permitiese juzgar si seguían “siendo la forma más eficiente y eficaz posible de cumplir los objetivos que persiguió su creación”.

La administración de Rodríguez Zapatero había impulsado las agencias como “una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, pero que, al mismo tiempo, refuerce los mecanismos de control de eficacia y promueva una cultura de responsabilización por resultados”. E implantar un modelo de gestión que equilibrase “adecuadamente los principios de autonomía, control y responsabilización por resultados”.

Pablo Casado abraza ahora la tesis de Zapatero y abandona la de Rajoy. No sólo defendió antes del verano la creación de una Agencia de Salud Pública sino que este miércoles propuso al presidente Sánchez la creación de lo que denominó Agencia Nacional para la Recuperación. Una propuesta que el líder del PP dio por hecho que Sánchez había aceptado y que consideró “el punto más relevante de la reunión”.

Lo que busca Casado con esta idea es sacar de los Presupuestos ordinarios los 140.000 millones de euros del fondo europeo de recuperación que llegarán a España en los próximos años. Por razones de eficacia, argumentó, y porque teme que sin una gestión independiente de esos fondos el Gobierno actuará con “clientelismo” e incluso “peronismo”, subrayó.

El líder del PP aseguró que la regulación de las agencias de Zapatero “trae muchas ventajas a lo que Europa está pidiendo. En Europa quieren organismos independientes y con respaldo mayoritario” de los partidos.

Con una agencia presidida por una persona “sin adscripción partidista y reputación nacional o internacional” sería posible, subrayó, “evitar la discrecionalidad” y “el clientelismo en las ayudas. Y desvincularlas del presupuesto, explicó, aunque después admitió que no sabe si es posible. “Yo le he preguntado, pero no me han contestado. Ese tema es muy relevante. Pero no lo sé y no me han contestado. En todo caso, lo importante es que todo ese plan (de ayudas europeas) se utilice en buenos proyectos”, explicó.

Casado aseguró que lo que desea Europa es desvincular las ayudas de los presupuestos, todo lo contrario que sostiene el Gobierno. Y sacarlos, dijo, “de la confrontación política”.

Esa agencia, que al final de la rueda de prensa Casado se mostró abierto a redefinir como observatorio o alto comisionado, serviría para sustituir a la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación que ¨Sánchez está a punto de crear en La Moncloaa punto de crear , tal y como anunció a finales de julio a los presidentes autonómicos, y de cuya gestión el presidente del PP desconfía.

Según la propuesta conservadora, sería esta agencia “independiente” y no el Gobierno quien se encargaría de “priorizar inversiones, elegir los proyectos, presentarlos en Europa, documentarlos, crear vehículos de gestión propia para poder ejecutarlos si hiciera falta y sobre todo”, subrayó Casado, poner en marcha “procedimientos de concurrencia competitiva. No es buena idea que haya una agencia en Moncloa que se convierta en una procesión de lobbieslobbies de empresas y administraciones. No quiero pensar mal, pero eso tiende al clientelismo, al peronismo, son ingentes cantidades de dinero que tienen que tener objetividad”.

Si Sánchez acepta crear esta agencia, adelantó, contará con el PP “para la tramitación por el procedimiento de urgencia no sólo de la ley sino del estatuto (regulador)”.

La respuesta del Gobierno

La idea de Casado no ha podido recibir una respuesta más fría por parte del Ejecutivo. En tono muy serio, a veces crispado, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minimizó la trascendencia de la propuesta incluso y consideró ofensivos los términos en los que la ha planteado.

“El presidente le ha dicho que le mande la propuesta”, pero “el instrumento de la gobernanza de los fondos es absolutamente accesorio. Es algo anecdótico”, sentenció. El Gobierno la estudiará por educación, dijo, pero le resulta sorprendente “que el PP ahora promueva las agencias, cuando las declaró a extinguir cuando gobernaba” La conclusión, indicó, es que como no tienen “propuestas políticas, promueven agencias”.

En opinión de Montero, “da igual que la Unidad [de Seguimiento del Fondo de Recuperación] tenga características de agencia”. Pero “me parece ofensivo que el señor Casado diga que se hace así para evitar los lobbies”.lobbies “¿Qué está queriendo decir? ¿Que este Gobierno va a dejarse arrastrar por los lobbies? Todo lo que habla el señor Casado es ofensivo hacia este Gobierno”, concluyó la ministra.

Lo único que ocurre, explicó a continuación, es que el líder del PP “no se fía del Gobierno y quiere desconectar los fondos europeos de los objetivos del país y de la tarea del Gobierno”.

Casado “no se ha enterado de nada de lo que hemos negociado en Bruselas. Confunde el Marco Financiero Plurianual [los presupuestos de la UE para siete años] con el Plan de Reconstrucción”, Confunde, según Montero, “la presupuestación marco plurianual con el plan de reconstrucción. Los fondos extraordinarios son 140.000 millones, no son el marco plurianual“, explicó.

“¿Cómo se va a descoordinar el plan de reconstrucción de los Presupuestos Generales del Estado, cuando son para posibilitar la transformación del país?”, se preguntó. “Parece que la idea que [Casado] tiene de los fondos es un añadido a la labor del Gobierno. No se ha enterado”. Los fondos europeos de reconstrucción, remachó, “no se pueden desconectar del tronco presupuestario, que es la ley más importante que tenemos”.

“No siempre elegimos las circunstancias, son las circunstancias las que nos obligan a elegir. Son los acontecimientos los que motivan y condicionan nuestras actuaciones políticas, empresariales y sociales”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este lunes el curso político con un mensaje acerca de lo posible, justo cuando más está redoblando su demanda de unidad a todas las fuerzas políticas para hacer posible, entre otras, cosas la aprobación de los Presupuestos de 2021.

Un discurso en el que también ha hecho un llamamiento a perseverar en la ruta trazada contra la pandemia: “Por difícil que resulte, nuestra única posibilidad es intentarlo una y otra vez hasta que el avance científico ahuyente definitivamente al virus”.

En una intervención en la que, en contra lo que suele ser habitual, enfatizó repetidamente que el suyo es un “Gobierno de coalición” —utilizó esta expresión hasta ocho veces—, el presidente remarcó entre otras ideas que aunque es verdad que “si España quiere España puede, hemos de querer muchos, cuantos más mejor”, subrayó en referencia a todas las fuerzas políticas y en particular al Partido Popular. Y que, aunque hace falta unidad, su intención sigue siendo completar la legislatura al frente de la coalición PSOE-Unidas Podemos.

“Tenemos por delante 40 meses decisivo de una legislatura crucial”, enfatizó. Un tiempo durante el cual “el Gobierno puede garantizar la estabilidad del Ejecutivo durante 40 meses de legislatura”, pero “de todos depende que la legislatura además de larga sea fructífera. Y no me cabe duda de que va a ser así”, remachó.

Y unidad, explicó, no significa unanimidad. “No estoy apelando a la unanimidad, quiero que se entienda bien”. La gravedad de la situación” no tiene que servir para que “nadie abandone sus convicciones. El Gobierno de coalición no pide renunciar a las convicciones, sólo acompasarlas al momento excepcional e inédito que nos ha tocado vivir” y pensar en “un bien superior que es la recuperación del país”. “Sé que no cabe esperar a la unanimidad. De sobra sabemos de fuerzas políticas que se autoexcluyen. Pero España necesita a muchos; cuanto más amplia sea la base parlamentaria” de la unidad política “más rápida será la recuperación”.

“Necesitamos un nuevo clima político marcado por la estabilidad y por la unidad”, pidió. Hace falta “una unidad que se imponga sobre los viejos clichés, sobre los viejos hábitos anteriores a la pandemia. Porque nos aguardan retos enormes, retos inimaginables, retos insuperables con las viejas fórmulas, solo abordable con el esfuerzo de todos o cuando menos, al menos el esfuerzo de muchos, el esfuerzo de los más”.  “En estas circunstancias, que nos obligan a elegir, el Gobierno lo tiene claro: elige unidad. No división, no enfrentamiento, no confrontación. Elegimos unidad, unidad y unidad”, repitió.

“España debe entenderse con España, como Europa se entendió con Europa en julio. El desafío es tan ingente que nos debe convocar a todos”, razonó. “Las comunidades autónomas son de los ciudadanos, no de los partidos que las gobiernan circunstancialmente. No hay virus de izquierdas ni de derechas. Hay un virus que nos amenaza a todos”.

“Fuimos capaces de doblegar la curva cuando todos actuamos unidos”, recordó. “Esa es la lección que tenemos que sacar de los últimos meses. Frenamos la ola más feroz y destructiva de la pandemia. Y ahora es el momento en el que además de mantener la batalla contra el virus nos toca relanzar la economía y crear empleo”. “El peor mal de España”, señaló, el presidente, “ha sido siempre no creer en sí misma y debemos desterrar esa desconfianza”. 

“No hay soluciones sin diálogo y no hay diálogo sin entendimiento”, insistió. “Y no hay entendimiento sin política de altura. Es tiempo de acuerdos, es tiempo de encuentros, es tiempo de negociación. Es tiempo también de honestidad”. 

Y es que “cada vez es más obvio que la evolución de la pandemia y sus consecuencias van a seguir afectando durante los próximos meses a la vida cotidiana”, reconoció Sánchez. Nuestra única posibilidad es intentarlo una y otra vez hasta que el avance científico ahuyente por completo al virus y recuperemos plenamente nuestra actividad económica y social”.

“Lo hemos comprobado a lo largo de la lucha contra esta gran pandemia”, explicó. Fuimos capaces de doblegar la curva cuando todos actuamos unidos. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que fuese posible doblegar aquella avalancha de contagiados contando solo con la mitad de los profesionales sanitarios, con la mitad de los militares, con la mitad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a nadie se le pasaría por la cabeza contener al virus, o a cualquier enemigo con una sociedad dividida en dos o con una sociedad enfrentada”.

El rumbo de las naciones

El presidente subrayó que “una gran calamidad como esta pandemia, no cambia el rumbo de las naciones, pero “sí que acelera” un cambio de “rumbo”. Esto es lo que ha pasado con la pandemia, insistió. “Golpeados por esta desgracia como la que vivimos hemos tomado conciencia de que necesitamos acelerar algunas transformaciones que ya necesitábamos”.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno presentará ante las autoridades europeas para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia impulsará el crecimiento “por encima” del 2% del PIB “a largo plazo” durante la próxima década, explicó Sánchez. Un plan que “se inspira” en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dará continuidad a las políticas y medidas aprobadas por el Gobierno durante los últimos meses para afrontar la emergencia sanitaria y económica por la pandemia y que tendrá como ejes la transformación digital de la economía, la transición ecológica, una mayor cohesión en favor de la “justicia social” y “un cambio feminista en las mentalidades y reglas sociales”.

El presidente recordó que en los próximos seis años España tendrá que gestionar 140.000 millones de euros, a definir en los próximos tres años, 72.000 millones de ellos en transferencias directas. Unos fondos en los que, para el presidente, “reside una enorme oportunidad de transformar, de corregir y de convertir a la sociedad en más resiliente, desde el punto de vista social y económico”.

La convocatoria se ha producido en un momento clave de la legislatura, justo cuando el Gobierno debe buscar los apoyos que necesita para sacar adelante los que deberían ser los primeros Presupuestos Generales de ña era Sánchez después de dos prórrogas sucesivas de los últimos que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Y en el momento más delicado de la coalición PSOE-Unidas Podemos, cuyos socios discrepan sobre dónde busca apoyos y qué cesiones hacer para conseguirlos. Los de Pablo Iglesias apuestan por revalidar la mayoría progresista que hizo posible la investidura, para lo que es imprescindible dar satisfacción a las demandas de Esquerra. Los del PSOE prefieren a Ciudadanos, precisamente para no tener que ceder ante los independentistas.

Entre los asistentes a la conferencia ha habido empresarios (Florentino Pérez, José Ignacio Sánchez Galán), banqueros (Ana Patricia Botín, José Ignacio Goirigolzarri), representantes de la patronal (Antonio Garamendi), dirigentes sindicales (Pepe Álvarez, Unai Sordo), responsables de empresas tecnológicas, directores de medios de comunicación y representantes de la sociedad civil (James Rhodes), además de la práctica totalidad de los miembros del Gobierno.

“Un éxito”. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, prefirió ignorar la catarata de quejas y críticas de una buena parte de los 16 jefes de Gobierno autonómico que acudieron este viernes a la XXI Conferencia de Presidentes —todos menos el catalán Quim Torra— y poner en valor la importancia de la celebración del encuentro y la evidencia de que la gestión de la pandemia y del fondo europeo de reconstrucción darán continuidad durante meses a nuevas reuniones de lo que llamó “la piedra angular de la cooperación multilateral en nuestro país”.

La llegada inesperada del lehendakari Iñigo Urkullu al Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), reforzó la solemnidad que Sánchez quería dar a la cita y redujo la ausencia de Quim Torra a un gesto de discrepancia sin consecuencias en la primera reunión presencial que celebran los presidentes autonómicos desde que estalló la pandemia.

El presidente del Gobierno ha diseñado una agenda de trabajo para las Conferencia de Presidentes que se celebrarán de aquí a final de año —una por mes, algunas presenciales y otras telemáticas— cuya importancia, según fuentes consultadas por infoLibre, confía en que acabe obligando al president catalán a participar. La primera, a finales de mayo, está llamada a ser la que fije las condiciones de apertura del curso escolar en medio de los rebrotes, un asunto sobre el que el ministerio y las consejerías de Educación trabajan desde hace semanas. Pero las siguientes no serán menos importantes: en ellas el Gobierno quiere debatir y plantear los criterios comunes de preparación de proyectos susceptibles de solicitar financiación a la Comisión Europea y que, como el propio presidente advirtió en su intervención en la Conferencia, deberán encajar los unos con los otros para poder presentar un Plan Nacional.

Sánchez escuchó las quejas y las demandas de los presidentes en relación con la covid-19 y sobre todos los asuntos que preocupan específicamente a cada territorio. Pero esta vez no se limitó a repasar la situación de la pandemia, sino que tomó la iniciativa y emplazó a los presidentes autonómicos a tomar medidas para atajar los brotes y poner la enfermedad bajo control.

“Que sigamos siendo capaces de controlar los rebrotes y de seguir evitándolos depende del seguimiento por parte de los rastreadores”, subrayó. Y “la contratación de esos rastreadores es competencia de las Comunidades Autónomas, que deben atender a las recomendaciones de los expertos sanitarios. Este instrumento es esencial, insustituible”, remarcó. “El número de rastreadores no debe ir por detrás de la cifra de contagios, sino siempre por delante”.

Y dejó claro que nadie poner como excusa problemas de financiación: “Les recuerdo que el Gobierno ha inyectado 9.000 millones extraordinarios del fondo covid para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente a necesidades como esta u otras”.

La cogobernanza, enfatizó Sánchez, “obliga a que cada uno asuma sus responsabilidades concretas, fije los objetivos perseguidos y ponga los medios necesarios para su cumplimiento”. Por más que el Gobierno esté a disposición de todas las Comunidades Autónomas para ayudarles con medios “materiales, humanos y jurídicos”. Entre ellos citó expresamente uno que el Gobierno pone a disposición de las comunidades: la aplicación para móviles Radar Covid, testada por la administración central y que, según el ejecutivo, es capaz de doblar automáticamente los datos de los rastreadores manuales.

Sánchez también llamó la atención de los presidentes sobre la necesidad de “extremar la precaución para seguir manteniéndonos en un escenario de control de la pandemia”, especialmente en relación con el ocio nocturno y las celebraciones. Y pidió especial atención a la situación del los temporeros de la industria agroalimentaria.

La segunda parte de la reunión se centró en el fondo europeo de reconstrucción, del que depende buena parte de la recuperación económica de España.

No habrá reparto, sino suma

La mayoría de los presidentes autonómicos acudieron a la Conferencia con la idea de que el fondo es dinero europeo que hay que repartir entre comunidades. Así que Sánchez se dio prisa en dejar claro que no se trata de eso. “El reparto no seguirá los criterios clásicos. Este es un Fondo diferente, nuevo. Lo que valoraremos será la aportación de esos proyectos a cada una de las líneas transformadoras” fijadas por el Consejo Europeo: la digitalización, la trnasición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

“Es muy importante entender”, insistió, “que la gestión del Fondo es un todo y debemos estar muy coordinados. La Comisión Europea es clara en este punto: si cualquier proyecto seleccionado en una Comunidad Autónoma tiene una incidencia de ejecución”, que es un eufemismo para hablar de un fallo en la realización de un proyecto, “afectaría e impactaría en la ejecución del resto de proyectos existentes vinculados a ese eje”. Por eso, subrayó, será “fundamental la cogobernanza y la visión de conjunto”. “Debemos aprovechar la oportunidad, debemos hacer las cosas bien y debemos hacerlas juntos. Somos interdependientes también en la recuperación como lo somos en el combate contra la pandemia”.

Sánchez detalló también los plazos más inmediatos y los instrumentos de coordinación. España tiene que presentar su plan —resultado del trabajo conjunto que tienen que llevar a cabo a partir de ahora el Gobierno, las comunidades y la administración local— , como el resto de socios de la UE, entre el 1 de enero y el 30 de abril del próximo año, pero puede discutirlo con la Comisión Europea ya desde el 15 de octubre.

A partir de su presentación oficial en Bruselas, la Comisión dispondrá de dos meses para aprobar o rechazar el plan de cada país, aunque tiene la encomienda de tratar de hacerlo en sólo cuatro semanas. El Gobierno estima que España puede empezar a recibir prefinanciación por el 10% de los fondos a partir de la primavera de 2021.

El plan que presente España tendrá que plantear actuaciones entre 2021 y 2023 basadas en cuatro grandes transformaciones que funcionarán como ejes que deberán vertebrar los proyectos: la digitalización, la transición ecológica, igualdad de género y cohesión social y territorial.

Para prepararlo, el Gobierno creará cuatro órganos: una comisión interministerial —presidida por Sánchez—, una Unidad de Seguimiento dependiente del presidente, una conferencia sectorial específica bajo la responsabilidad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y un comité de alto nivel para el asesoramiento estratégico sobre el Fondo. Pero también incorporará este asunto a los trabajos de las Conferencias de Presidentes que partir de ahora se celebrarán mensualmente.

Una fórmula que obligará a todos los presidentes a participar activamente en las reuniones si quieren que sus proyectos formen parte del conjunto del plan. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, abundó en esta idea al término de la reunión: “Nadie duda de la necesidad de que las Conferencias se celebren” porque “es un órgano de cooperación imprescidnbie. La piedra angular de la cooperación multilateral en nuestro país” que pone, además, “de manifiesto la importancia de la buena política”.

“Si un Gobierno liberal conservador como el holandés ha logrado entenderse con uno progresista y de izquierdas español, resulta difícil explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible llegar a acuerdos”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló a la capacidad de la Unión Europea de llegar acuerdos para emplazar una vez más a la oposición a pactar con el Ejecutivo medidas para la recuperación económica y social de España.

El presidente no citó los Presupuestos Generales de 2021, como ha hecho reiteradamente la portavoz del Gobierno, la ministra María Jesús Montero, en las últimas semanas, pero sí insistió en la necesidad de contar con todas las fuerzas políticas para para superar la crisis. “Europa se ha visto confrontada” ante el desafío de poner en marcha una respuesta extraordinaria a las consecuencias de la pandemia y “supo estar a la altura”. El acuerdo europeo “no es un triunfo del Gobierno”, aseguró. “Es la base y el estímulo para un país entero que necesita ponerse en pie y recuperarse”.

“Si España quiere, España puede”, remarcó. “Ahora es nuestro turno. Ese horizonte de unidad y de acuerdo debe ser también nuestro horizonte. Solo necesitamos una cosa, que además es bien sencilla: creer en nosotros mismos y en nuestras propias posibilidades, que son infinitas”.

Sánchez fue recibido por el grupo socialista en pleno, los miembros de su Gobierno y los diputados de Unidas Podemos con una ovación cerrada que enfado visiblemente a la oposición y motivó una queja de Ciudadanos porque incumplía la recomendación de mantener el aforo por debajo del 50%.

En su comparecencia para dar cuenta del acuerdo de creación del fondo europeo que permitirá a España contar con 140.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica, Sánchez se remontó a la Segunda Guerra Mundial para incluir esta decisión entre los hitos más relevantes de la historia de la Unión. Y para señalar que el fondo es la mejor respuesta posible para hacer frente a la decepción de los ciudadanos que impulsa a la ultraderecha en todo el continente.

El presidente recordó que “en ningún caso” ningún país tendrá capacidad de vetar el fondo europeo de reconstrucción y destacó que el plan de reformas e inversiones de España está “en consonancia” con las peticiones de la Unión Europea. Una “enorme oportunidad” para retomar el crecimiento sobre pilares “más sólidos y sostenibles”.

Sánchez celebró que “la esperanza venció al miedo” y “Europa encontró su lugar” con el impulso de lo que insistió en considerar un nuevo Plan Marshall ante “la mayor calamidad del último siglo”, gracias a que Europa “vuelve a ser Europa” y ha logrado un “éxito absoluto” histórico para dar respuesta al a crisis de 2020, a diferencia de la respuesta “no adecuada” de 2008.

“Las prioridades de Europa son las prioridades de España” y no para que en el horizonte nuestro país siga percibiendo ayudas, sino para estar a la cabeza en empleo de calidad, inversión, ciencia, investigación, educación, energías renovables y un entorno económico más digitalizado.

El Gobierno, recordó, tenía su proyecto de país “cimentado en transformaciones” y la pandemia “no ha cambiado las prioridades” sino que las ha “reforzado y consolidado” y están “alineadas” con las transformaciones recogidas en la agenda política de la UE, que pasan por la digitalización, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

El presidente aseguró que el Ejecutivo lleva varias semanas trabajando en el plan de reformas e inversiones para presentarlo en la Comisión Europea para su evaluación y proceder a la aprobación por parte del Consejo Europeo.

El Congreso de los Diputados repetirá previsiblemente la semana que viene la votación del documento de Recuperación Económica de la Comisión de Reconstrucción tras haber detectado que un diputado que había solicitado votar telemáticamente lo hizo al final de manera presencial. Al corregirse el error se ha producido un empate que tiene que deshacerse.

En concreto, tras las votaciones que han tenido lugar este miércoles se ha comprobado que un diputado que había solicitado su derecho a ejercer votación a distancia finalmente también ha votado desde su escaño del hemiciclo. Según fuentes socialistas, no es el diputado en cuestión haya votado dos veces. Es que, una vez que ha solicitado el voto telemático, tiene que ejercerlo de esa manera, no puede cambiar y hacerlo presencial, que es lo que ha ocurrido.

El Congreso ha informado del error, pero no ha desvelado el nombre del miembro de la Cámara que lo ha cometido. Lo que se ha hecho es corregir todas las votaciones restando un voto de los síes.síes

Se ha tomado esta decisión porque no se puede variar el método de votación sin que medie un acuerdo de la Mesa del Congreso. En este caso, éste no se ha producido, puesto que el grupo parlamentario del afectado solicitó su voto telemático, pero después no comunicó su intención de votar desde su escaño.

Según se refleja en una resolución de la Presidencia del Congreso, recogida por Europa Press, los servicios de la Cámara han señalado que este voto no puede contabilizarse y han procedido a introducir las correcciones pertinentes.

La única votación en la que la corrección ha sido determinante ha sido la correspondiente al documento económico, que resultó aprobado por 169 votos frente a 168. Al restar uno de los síes se ha producido un empate a 168, lo que obligará a repetir la votación.

Si el empate persiste, decaerá

Así las cosas, la votación se repetirá en el próximo Pleno que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana para acoger la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dará cuenta del Consejo Europeo en el que se han aprobado los fondos postcovid.

Según establece el artículo 88 del Reglamento del Congreso si se produce un empate, la votación debe repetirse. Si el resultado no varía ha de procederse a una nueva votación y si a la tercera se repitiera el empate el texto se entenderá como desechado.

Es decir, si nadie varía su voto en la votación del documento económico, éste podría decaer. En la votación de este miércoles ha sido rechazado el texto con las medidas económicas de reconstrucción y el mismo destino podría sufrir el de reconstrucción económica si persistiera el empate, quedando aprobados en ese caso sólo los documentos sanitario y europeo.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de practicar la "hipocresía diplomática" y el "cinismo institucional" al hablar de pactos con el Partido Popular. Así, ha recalcado que España culpa al PP de no querer llegar a acuerdos y de crispar y ha subrayado que eso es "justo lo que hace él", según informa Europa Press.

De esta forma ha respondido a Sánchez, quien en una entrevista al Corriere Della Sera —coincidiendo con su encuentro hoy en Moncloa con el presidente italiano, Giuseppe Conte— ha descartado una coalición con el PP, recordando que en Grecia, el PASOK, el partido socialista griego, "casi" desapareció después de alcanzar un acuerdo con la derecha en el país.

En las filas del PP interpretan esas palabras como que Sánchez rechaza acuerdos con el Partido Popular y "nunca" ha pensando en pactar con esta formación. Según fuentes de la dirección nacional del PP, esas manifestaciones vienen a "demostrar la nula voluntad de acuerdo" con Casado.

En esa línea se ha pronunciado el presidente del PP, que pone el acento en que Sánchez no ha pensado en pactar con su partido: "Mientras, en España nos acusa falsamente de no pactar, de crispar y de ser antipatriotas por criticarle fuera. Justo lo que hace él", ha enfatizado.

"Un presidente sin sentido de Estado"

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, Pablo Casado ha afirmado que el presidente del Gobierno lo que hace "es practicar la hipocresía diplomática y el cinismo institucional".

Fuentes de la dirección nacional del PP han recalcado que Sánchez "solo mira por sus intereses personales", "mantenerse en La Moncloa a costa de lo que sea, por encima de los intereses generales de un país que necesita más que nunca el consenso y el diálogo con el principal partido de la oposición".

Desde su cuenta oficial de Twitter, el PP ha afirmado además que Sánchez "es un presidente sin sentido de Estado y que miente continuamente". "Nunca quiso pactar, dice que así desapareció el PASOK. Su obsceno interés personal por encima de los intereses del país. Otra vez", ha agregado.

La cúpula del PP sale en tromba contra Sánchez

Varios miembros de la cúpula del PP han salido en tromba contra Sánchez. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que Sánchez "se ha quitado la careta" y que "no decía la verdad cuando apelaba al diálogo". "Siempre ha sido el del no es no", ha declarado en Radio Inter.

Por su parte, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime Olano, ha recalcado que Sánchez "desmonta en una frase toda la estrategia de PSOE y sus palmeros sobre una supuesta falta de voluntad de acuerdo del PP". Y en parecidos términos se ha expresado la responsable de Política Social del PP, Cuca Gamarra: "Si alguien tenía alguna duda, Sánchez se la resuelve".

El secretario de Economía, Daniel Lacalle, ha hecho hincapié en las alusiones al PASOK. "Tal vez debería pensar por qué desapareció el partido socialista francés. O por qué el partido socialdemócrata alemán se ha mantenido", ha dicho, para advertir con ironía que Sánchez es "estadista de altas miras".

Numerosos diputados del PP han arremetido también contra Sánchez en redes sociales como Alicia García, Antonio Román o Rosa Romero. "Instalado en el no es no, en la propaganda, en el poder y alejado de la responsabilidad para llegar a acuerdos para mejorar España", ha señalado Romero.

Las respuestas al Madrid postcovid se formalizan este martes con un Pleno extraordinario en el que se firmarán los históricos Pactos de la Villa, hasta 352 medidas consensuadas con todos los grupos con representación en el Pleno de Cibeles, PP, Cs, Más Madrid, PSOE y Vox, según informa Europa Press.

La sesión comenzará a las 10 horas pero para un acto de esta envergadura se ha decidido optar no ya por el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, sino por el salón histórico de sesiones plenarias de la Plaza de la Villa. El Pleno podrá ser parcialmente no presencial aunque se espera la presencia de muchos de los concejales y concejales que conforman la Corporación.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya ha advertido de que será "complicado" aplicar las 352 medidas acordadas en los Pactos de la Villa por todos los grupos del Consistorio si el Gobierno central no permite utilizar a los ayuntamientos el superávit.

A petición de Más Madrid consta en el texto de los acuerdos que la necesidad del superávit "no obsta a la voluntad firme de los grupos municipales y del Gobierno local de ejecutar esos acuerdos aunque esto no se produjese".

Estas 352 medidas han sido estudiadas y diseñadas por grupos de trabajo distribuidos en cuatro áreas, economía y empleo; área social y vivienda; movilidad sostenible y reordenación urbana, y cultura.

Límites al tráfico rodado, ampliar Madrid Central y otras zonas de bajas emisiones más allá de la almendra central, extender BiciMAD a todos los distritos, abordar el Consejo de la Cultura o propuestas para los Espacios de Igualdad son algunas de las medidas que Más Madrid puso encima de las mesas de los Acuerdos de la Villa, definidos como "pactos de mínimos", pero que no han conseguido sacar adelante, medidas por las que siguen apostando y por las que trabajarán "para arrancarles" en comisiones y plenos venideros.

La portavoz mediática, Rita Maestre, ha recordado que fue su grupo el primero que planteó, allá por abril, la necesidad de llegar a acuerdos, pero "no entre partidos sino con la ciudad".

El portavoz socialista, Pepu Hernández, ha valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia del coronavirus, "pese a que hayan quedado fuera asuntos muy importantes para el Grupo Municipal Socialista".

Compromiso con los madrileños

Hernández entiende que "más que un acuerdo político" es "un compromiso que se debía a la ciudadanía, que se ha comportado de manera ejemplar para superar la emergencia sanitaria y ahora está soportando la crisis económica y social".

De su lado, el grupo municipal Vox ha asegurado sentirse "orgulloso" del trabajo realizado por todas las formaciones del Ayuntamiento de Madrid al alcanzar los Pactos de la Villa para hacer frente a las consecuencias del coronavirus "anteponiendo las necesidades de los madrileños a los intereses políticos".

"Nunca tan pocos hicieron tanto", dicen de sus cuatro concejales y sus asesores, quienes "han sabido estar a la altura y demostrar que han venido a trabajar por los madrileños y mejorar su calidad de vida".

Mientras el PP negaba en el Congreso el respaldo a los pactos de reconstrucción trabajosamente negociados durante semanas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunía este viernes en la Moncloa en un acto al aire libre, con la solemnidad de las grandes ocasiones, a los representantes de la patronal y de los sindicatos para escenificar la unidad de acción y el interés de los agentes sociales por la reactivación económica y el empleo.

Pablo Casado sigue sin cerrar un acuerdo con el Gobierno, a pesar de las expectativas creadas en los últimos días, ni siquiera en relación con la defensa de la sanidad pública y en torno a las demandas españolas ante la Unión Europea. Su partido se abstuvo en la votación de los acuerdos parlamentarios sobre estas dos materias y además votó en contra de los capítulos sobre medidas sociales y económicas entre otras cosas porque, según sus portavoces, ignoran la enseñanza concertada y no incluyen referencias a la necesidad de reducir impuestos.

La posibilidad de que el PP cambie de posición seguirá abierta hasta la votación final de las propuestas de reconstrucción, que no tendrán lugar hasta la segunda mitad del mes, por lo que sobre el papel todavía hay tiempo para acercar posiciones. Así que Sánchez aprovechó la foto con Antonio Garamendi (CEOE), Gerardo Cuerva (Cepyme), Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) para insistir en el valor de la unidad. Empresarios y sindicatos” han sido capaces de “llegar a acuerdos con regularidad” y “en un tiempo récord”, lo que supone “un excelente indicador de la salud democrática del país” y envía “un mensaje de confianza a nuestros socios europeos” en “un contexto de enormes desafíos”.

“Cuando España acuerda, España gana”, remarcó. “Eso es lo que hoy sellamos bajo dos pilares, proteger empleos y empresas. Y seguir trabajando en reactivar la economía”, añadió el presidente. El acuerdo suscrito en Moncloa es una declaración genérica sin medidas concretas pero a la que todos los presentes quisieron dar una fuerte carga simbólica, especialmente pensando en la Unión Europea.

La necesaria unidad para conseguir ese objetivo formó parte del discurso de todos los presentes. Cuerva subrayó la puesta “en valor” y el “empaque” que el acto de Moncloa otorgaba a la necesidad de “aunar esfuerzos en una situación complicada, crítica, que está atravesando nuestro país”. Garamendi subrayó la disposición de los empresarios a dialogar, “Estamos para hablar, para conseguir, para sumar. Es lo que venimos haciendo hace muchísimos años. La paz social”, subrayó, “es la mejor infraestructura de un país. Venimos a sumar; de esto se sale juntos” a pesar de las “diferencias”.

También Álvarez y Sordo enfatizaron esa idea. “La sociedad reclama unidad. Hace una semana hicimos un llamamiento a salir a la calle para pedir un gran acuerdo de reconstrucción social ”, recordó el secretario general de UGT. El acuerdo por la reactivación económica y el empleo, añadió su compañero de CCOO, “es un compromiso importante. Traslada una idea de solidez de país y de solvencia para afrontar los retos de España. Y lo traslada al exterior”, en concreto a la Unión Europea.

Garamendi y Cuerva, en tono constructivo, el mismo en el que desarrolló todo el acto, no se resistieron a dejar constancia de su oposición a los planes fiscales del Gobierno. Sánchez les respondió en actitud semejante, pero dejando claro que no va a renunciar al programa de la coalición, ni en materia de impuestos ni de reforma laboral: “Hay que modernizar nuestro marco laboral, es más que evidente”, enfatizó. “Y salir con una mayor cohesión fiscal”, lo que “tiene que llevar aparejada una reforma fiscal”.

La reforma laboral

A eso mismo se había referido un momento antes Unai Sordo. España, dijo, “tiene que hacer sus propios deberes” y el documento suscrito con la patronal se refiere a uno de los más importantes: “Corregir un modelo laboral con serias deficiencias” para “salir de la pinza de la precarización y el despido como forma de ajuste de las empresas”. Sólo así, advirtió, será posible “evitar una devaluación salarial en un momento muy complicado”.

Sin olvidar, añadió Sordo, que “más temprano que tarde” habrá que “replantear la corresponsabilidad fiscal para hacer frente al deterioro de las cuentas públicas”.

El diálogo social, que acumula acuerdos desde que se reinició el pasado enero, contrasta con las dificultades los partidos para ponerse de acuerdo en torno a un mínimo denominador común para salir de la crisis. Ninguno de los cuatro capítulos de los pactos de reconstrucción económica y social que se votaron este viernes en el Congreso consiguió un respaldo amplio de las fuerzas políticas.

El documento sobre medidas sanitarias, que se supone debe servir de base para reforzar la sanidad pública española y prepararla para hacer frente a cualquier emergencia sanitaria que puede tener lugar en el futuro, sólo sumó, pese a las numerosas enmiendas incorporadas al texto originalmente redactado por el PSOE y Unidas Podemos, el voto favorable de Ciudadanos y de Teruel Existe. El PP se abstuvo, insatisfecho con la disposición del Gobierno a admitir algunas de sus propuestas, como la creación de una Agencia de Salud Pública. Y la izquierda y los grupos regionalistas, nacionalistas e independentistas se repartieron entre la abstención y el voto en contra, convencidos de que el objetivo del Gobierno es recentralizar las competencias sanitarias.

El apartado de medidas sociales no corrió mejor suerte. De hecho, perdió incluso apoyo en relación con el que había obtenido en los días previos. Al final salió adelante exclusivamente con los votos del PSOE y Unidas Podemos (155) y 132 noes —Vox no está participando en la votaciones ni participa en los debates—. Aquí es donde PP, Ciudadanos y Junts están haciendo bandera de la defensa de la enseñanza concertada. 

El documento sobre reactivación económica sumó los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, (165) y el rechazo del PP, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu y el BNG, mientras que el PNV, Coalición Canaria y el PRC se abstuvieron.

Ni siquiera las propuestas en relación con la Unión Europea fueron capaces de suscitar una mayoría sustancial, aunque sí fueron las que más respaldo consiguieron. A favor votaron 183 diputados (entre ellos los de PSOE, UP y Ciudadanos) pero no el PP, que alineo sus 88 escaños en las filas de la abstención, que sumaron 102 votos.

La votación del viernes no será la última. Los partidos disponen todavía de dos semanas para tratar de acercar posiciones y cerrar un texto capaz de reunir una amplia mayoría de votos favorables, algo que el Gobierno considera esencial para conseguir que la Unión Europea conceda a España el máximo posible de fondos no condicionados para estimular la reactivación económica tras la pandemia.

La Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica del país tras la pandemia del coronavirus ha rechazado este viernes incluir la derogación de la reforma laboral de 2012 y la creación de un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas entre sus recomendaciones para salir de la crisis del Covid-19, según informaciones de Europa Press. 

En ambos puntos, los dos socios del Gobierno de coalición han votado en sentido opuesto. El PSOE ha rechazado esas recetas con la ayuda del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, mientras que Unidas Podemos ha votado a favor junto con los proponentes, como Esquerra Republicana y EH-Bildu.

El PSOE llegó a apoyar la derogación de la reforma laboral en la sesión del miércoles, pero ya entonces forzó una repetición de la votación ese mismo día para corregirse. Esa repetición protagonizó parte del debate de la mañana de este viernes, ya que la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, reclamó un informe de los letrados.

El presidente de la Comisión, el socialista Patxi López, replicó que el grupo de trabajo en el que se produjo la repetición ya estaba disuelto, por lo que no tenía sentido abundar en el tema, máxime cuando la enmienda de Bildu seguía "'viva'", por lo que se podía votar.

Bildu protesta por la autoenmienda del PSOE

Aizpurua se quejó de que era "un auténtico disparate" y "una vulneración del reglamento", secundada más tarde por Ferrán Bel, diputado de Junts per Catalunya, que ha declinado participar en esa votación, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha calificado de "barbaridad" y "atropello" que se repitiera esa votación. "Ustedes a veces manejan esto como si fuera su cortijo", ha dicho.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha aclarado después que "independientemente" de si esta derogación se incluye o no en los acuerdos de reconstrucción, esta medida "forma parte del acuerdo del Gobierno". "Viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo, puedo afirmar que de la reforma laboral del PP no va a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo", ha dicho.

Unidas Podemos también mantiene su apuesta por el impuesto de grandes fortunas, según ha reiterado este mismo viernes el vicepresidente, Pablo Iglesias, que confía en convencer a la parte socialista del Gobierno.

Más de medio millar de medidas para superar la crisis del coronavirus

La comisión ha aprobado más de medio millar de recomendaciones para salir de la crisis del coronavirus, en las que se incluyen planes de prevención, reservas estratégicas, más inversión en servicios públicos, ayudas económicas y nuevas leyes que fomenten el teletrabajo y los horarios racionales. El documento pasará un último examen en el Pleno del Congreso en la semana del 20 de julio.

Ésta es una selección de las 50 conclusiones más relevantes de los cuatro grupos de trabajo (Sanidad, Políticas Sociales, Economía y Unión Europea) en los que se dividió la comisión presidida por Patxi López.

Sanidad

Políticas sociales

Reactivación económica

Unión Europea

El Pacto por la Reactivación Económica y por el Empleo firmado este viernes en los jardines del Palacio de la Moncloa por el Gobierno, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme contempla catorce compromisos sobre los que alcanzar acuerdos para acelerar la creación de puestos de trabajo e impulsar la economía española a través de la intensificación, "de manera inmediata", de las distintas mesas de diálogo social.

En el pacto, que consta en total de diez puntos y ha sido recogido por Europa Press, las partes se comprometen a impulsar desde las empresas la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis sanitaria, siempre que las circunstancias lo permitan y potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida.

Al mismo tiempo, se comprometen a impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivados de la crisis del covid-19, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos.

Gobierno y agentes sociales apuestan también en el pacto por desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico. El objetivo es acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector, especialmente en aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por el coronavirus.

Asimismo, se comprometen a establecer un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral, y para los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, buscando mayor seguridad jurídica, menor vulnerabilidad y volatilidad y una mayor contribución a la estabilidad económica.

Modernizar el mercado laboral

Igualmente, las partes se comprometen a modernizar el marco laboral para minimizar el impacto sobre el empleo de futuras crisis futuras y las políticas activas con el fin de reorientar los recursos hacia un sistema de apoyo personalizado, formación y recualificación de los trabajadores, desplegando mecanismos para alinear la oferta y la demanda en el mercado laboral.

Gobierno y sindicatos muestran su apoyo al desarrollo de la economía social y el sistema de cuidados, así como al colectivo de los autónomos, "tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales".

Se comprometen además a asegurar el reforzamiento de los servicios públicos, especialmente el sanitario y el sistema de dependencia, así como el servicio público de empleo (SEPE), mejorando la calidad de los empleos y los mecanismos de coordinación y de colaboración público-privada existentes.

En materia de pensiones, apuestan por abordar las adaptaciones que sean necesarias para reforzar y garantizar la sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones, protegiendo su poder adquisitivo.

Y en materia fiscal, se comprometen a impulsar medidas para aflorar la economía sumergida, "luchando contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal".

Pacto por la industria

El acuerdo contempla la puesta en marcha de un Pacto por la industria que permita la "imprescindible reindustrialización" de España, que "diversifique, equilibre y modernice su estructura productiva", e impulse sectores estratégicos.

El Gobierno y los interlocutores sociales abogan además por fomentar la transición "verde" del conjunto de sectores productivos y la economía circular, apostando por la colaboración público-privada y la inversión en la industria, la agricultura y en servicios competitivos.

También apuestan por impulsar la digitalización de la economía, el despliegue de capacidades digitales a lo largo de toda la vida laboral y la incorporación a las empresas de las nuevas tecnologías, en particular las pymes.

Para conseguir todos estos objetivos, el Ejecutivo y los interlocutores sociales acuerdan reactivar, con carácter inmediato, las mesas de diálogo social ya constituidas y abordar los compromisos recogidos en el pacto en los foros correspondientes.

"El Gobierno y los interlocutores sociales comparten la urgente necesidad de impulsar la reactivación económica y la creación de empleo tras la desescalada de las medidas de contención adoptadas ante la emergencia sanitaria causada por el covid-19. Las circunstancias excepcionales actuales exigen llegar a acuerdos amplios de país que proporcionen la necesaria estabilidad y permitan sentar las bases de un crecimiento económico más sostenible e inclusivo", sostienen en el acuerdo.

CEOE y Cepyme piden no subir impuestos

Los presidentes de CEOE y Cepyme han aprovechado sus respectivas intervenciones para expresar su rechazo a los planes fiscales del Gobierno, ya que podrían perjudicar el crecimiento económico, según informa Europa Press.

En este sentido, Cuerva ha advertido a Sánchez de que subir los impuestos a las grandes empresas sería un "error". "La subida a las grandes empresas también repercute en las pequeñas y puede lastrar el crecimiento económico y la inversión", ha dicho Cuerva, que ha insistido en que ahora es el momento de "creer en la empresa y de apostar por ella" porque así también se apostará por el empleo.

Desde CEOE, Garamendi ha afirmado que ahora no es el momento de abrir el debate fiscal y ha subrayado que lo que hay que hacer es combatir la economía sumergida, porque de allí saldrían "un montón de millones".

El empuje de Iglesias por el impuesto a las grandes fortunas

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que va a seguir intentando convencer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la necesidad de aprobar el impuesto a las grandes fortunas que defiende Unidas Podemos, y que el jefe del Ejecutivo volvió a descartar este jueves, describiéndolo como un "fetiche".

"Lo voy a intentar convencer. Lógicamente en el Gobierno tenemos discusiones y yo represento a 35 diputados. Con 35 diputados creo que hemos conseguido muchas cosas, más de las que muchos pensábamos, pero no todas", ha reconocido el líder de Podemos en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

El vicepresidente segundo ha asegurado que dentro del Gobierno de coalición están de acuerdo en que se tienen que reducir los "siete puntos de desventaja en términos de justicia fiscal" que tiene España con los países de su entorno; es decir, en la necesidad de hacer una reforma fiscal con subidas de impuestos a rentas altas, tal y como aseguró ayer Sánchez en una entrevista en La Sexta.

Las subidas de impuestos a rentas altas, buen "punto de partida"

A este respecto, el líder de Podemos ha celebrado que "ese es un excelente punto de partida", pero ha reconocido que, en lo que se refiere al impuesto a las grandes fortunas, "todavía" no ha logrado convencer al presidente de la necesidad de aprobarlo. "Pero lo voy a seguir intentando", ha asegurado.

"No sería la primera vez que hemos partido desde posiciones distintas y dialogando y negociando hemos llegado finalmente a lugares, a mi juicio, más interesantes", ha afirmado, tras defender que este impuesto que propone su formación "sería un instrumento no sólo de justicia fiscal sino de eficiencia económica", y que "la minoría que goza de una situación de privilegio estaría encantada de arrimar el hombro".

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que "la pelota está en el tejado del Gobierno" y que es el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien debe trabajar para sacar adelante las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica.

"Por nosotros no será", ha sostenido Gamarra en una entrevista en Las mañanas de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha instado a "profundizar en medidas concretas" y a buscar la financiación adecuada para poder plasmar las iniciativas.

En esta línea, la vicesecretaria conservadora ha explicado que "quedan días importantes e intensos para ver si se materializa" el acuerdo entre los partidos que participan en la comisión que busca una salida tras la pandemia de coronavirus.

"Evidentemente hay un borrador, se han debatido enmiendas pero hay temas que están insuficientemente abordados y queremos plantear a la sociedad española un documento con conclusiones que vengan a reforzar la salud pública", ha aseverado.

En esta línea, Gamarra ha apuntado que la pandemia de covid-19 "ha evidenciado carencias" y ante esa "evidencia tiene que haber medidas que vengan a reforzarlas". "Queda mucho trabajo por delante. Se puede definir como que la pelota está en el tejado del Gobierno", ha añadido.

La dirigente del PP se ha expresado así después de que la comisión de se dividiese este miércoles en cuatro grupos de trabajo para organizar su tarea. Cada uno de ellos se reunió para aprobar sus respectivos documentos de conclusiones, que serán elevados este viernes para su debate y votación al plenario de la comisión y que llegarán al Pleno en la segunda quincena de julio para su ratificación.

El PSOE se apoyó en Ciudadanos para el documento económico, en ERC para el de políticas sociales y cuidados, y continúa buscando cerrar acuerdos con el PP en el ámbito sanitario y de la Unión Europea. Así, no siempre han ido de la mano de sus socios de Gobierno, puesto que ha habido enmiendas que se han aprobado sin el apoyo de Unidas Podemos y a la inversa, otras que han salido adelante pese al voto en contra del PSOE.

Todavía hay margen, porque el viernes se volverá a reunir la comisión y la votación final en el Pleno del Congreso no tendrá lugar hasta después de las elecciones gallegas y vascas, pero el Gobierno está aún lejos de sumar al PP a los Pactos de Reconstrucción Económica y Social con los que el presidente Pedro Sánchez quiere inaugurar la era poscovid.

El PP se abstuvo en los grupos de trabajo que desde hace semanas trabajan en la preparación de medidas para reforzar la sanidad pública y en el que intenta fijar una posición de consenso en torno a lo que España espera conseguir de la Unión Europea y votó directamente en contra en los grupos de trabajo encargados de las medidas económicas y sociales.

La Comisión de Reconstrucción que preside el socialista Patxi López se dividió en cuatro grupos de trabajo para organizar su tarea. Cada uno de ellos se reunió este jueves para aprobar sus respectivos documentos de conclusiones, que serán elevados el viernes para su debate y votación en comisión y que llegarán al Pleno en la segunda quincena de julio para su ratificación.

La redacción deliberadamente vaga que PSOE y Unidas Podemos dieron a sus propuestas para facilitar un acuerdo y la aceptación de centenares de enmiendas del millar que han presentado los grupos políticos de la oposición no han sido suficientes para atraer al ‘sí’ a los de Pablo Casado, ni siquiera en el grupo de trabajo sobre sanidad, que es en el que las posiciones se han acercado más.

No obstante, tanto el PP como los grupos que apoyan al Gobierno, a los que se ha sumado Ciudadanos en la votación sanitaria, confían en avanzar en los próximos días en algún acuerdo que facilite a los conservadores pasar de la abstención al sí en un asunto decisivo después de que la pandemia haya demostrado no sólo la importancia de un sistema sanitario público sino sus debilidades. El Partido Popular optó por la abstención porque considera que “hay aspectos clave que aún no han sido introducidos”, como la creación de una agencia de salud pública y de calidad asistencial “y todo lo relativo a la financiación de las medidas para garantizar la mejora del sistema”.

Los conservadores tampoco encontraron moagunastivos suficientes para apoyar el plan de reconstrucción en relación con la Unión Europa pero sí hallaron razones de fondo para oponerse a la hoja de ruta que proponen PSOE y Unidas Podemos en relación con las política sociales y economía. En el primer caso, porque quieren que cualquier esfuerzo en materia educativa se extienda a la enseñanza privada. Y en el segundo, porque insisten en la necesidad de bajar impuestos.

El debate fiscal, más allá del escollo creado en torno al modelo educativo, sigue siendo el principal obstáculo para que el PP se sume al Plan de Reconstrucción. Sin la participación de los de Casado, reconocen fuentes de la Moncloa, la potencia del acuerdo, inicialmente pensado para varias legislaturas, pierde fuerza, sobre todo a la hora de negociar en Bruselas ayudas no condicionadas porque añade incertidumbre en relación con las grandes líneas que regirán la política económica y social en España en los próximos años.

Los grupos que apoyan al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, no sólo no lograron atraer al sí al PP sino que tuvieron que apoyarse en tres casos en Ciudadanos —sanidad, Unión Europea y economía— y recurrir a Esquerra para sacar adelante el acuerdo en materias sociales, salvando así la oposición cerrada de la derecha (PP, Cs, PNV y Junts) a que el esfuerzo financiero se concentre en la enseñanza pública.

El PNV, tradicionalmente alineado con el Gobierno, acabó votando en contra de todas las propuestas apadrinadas por PSOE y Unidas Podemos. Lo hizo porque sostiene que comparten un espíritu “recentralizador”, no respetan las competencias autonómicas y no van acompañadas de financiación ni de planes rigurosos para su aplicación. Bildu, por su parte, abstuvo en los grupos en los que ha podido participar en las votaciones finales —algunas de ellas se solaparon en el tiempo y los grupos pequeños no han podido votar en todas—.

Lejos de un consenso amplio

A la espera del esfuerzo que los partidos puedan hacer en los próximos días, el Plan de Reconstrucción Económica y Social sigue sin suscitar el consenso que el Gobierno pretendía para compartir entre todos los partidos las bases políticas de la salida de la crisis.

Esquerra volvió a exhibir su desconfianza en el Gobierno a la vista de su interés en llegar a acuerdos con el PP, no sólo en relación con los planes de reconstrucción sino también en lo que se refiere al proyecto de Presupuestos para 2021. Y aunque avaló al Gobierno en las conclusiones para la reconstrucción social, rechazó las de sanidad y economía y se abstuvo en la relativa a la Unión Europea. Junts per Catalunya, por su parte, rechazó las conclusiones en materia social y sanitaria y se abstuvo en la de la UE. 

El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, pidió después a Esquerra que distinguiese entre los Presupuestos y los programas de gobierno, que contienen medidas y leyes concretas, de la necesidad de cristalizar un acuerdo “amplio” sobre el que edificar la reconstrucción social y económica del país. Lo hizo a pesar de que la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, fue quien el martes expresó el deseo del Ejecutivo de pactar las cuentas del año que viene con el partido de Pablo Casado. “No podemos excluir a nadie”, aseguró.

También el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, defendió el esfuerzo —de momento fallido— para que el PP se sume a los pactos porque eso “facilitará”, asegura, la llegada de fondos comunitarios y, por tanto, el diseño de “unos Presupuestos progresistas”.

Lo apretado de las votaciones y una jornada maratoniana facilitaron la aprobación de una enmienda de EH Bildu que pedía la reforma laboral del PP de 2012, que en su día ya provocó el enfado de la patronal y a punto estuvo de poner fin al diálogo social. Esta vez el PSOE corrigió su error con la ayuda del PP forzando una nueva votación —de dudosa legalidad, a la vista de la reacción del letrado de la Cámara que supervisaba las votaciones— que borró la propuesta de los abertzales.