José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) se estremeció cuando vio al líder del PP subir a la tribuna del Congreso de los Diputados y hablar de "dictadura constitucional" en referencia al estado de alarma, un mecanismo diseñado por los propios constituyentes y desarrollado en plena Transición para proteger al país de "crisis sanitarias" como las "epidemias". Eran los primeros días de mayo y casi toda España estaba en fase cero tras asistir al shock de una tragedia cuyos fallecidos se contaban por miles. El ex presidente del Gobierno está convencido de que Pablo Casado ha asumido las formas de hacer política de José María Aznar, que comienzan con una máxima: "todo cabe para hacer oposición". 

Los ecos del pasado se han agolpado en su memoria. Una tragedia con muchas víctimas, una teoría sobre la supuesta responsabilidad del PSOE y la izquierda y una total desconexión del contexto internacional. "Lo peor del debate del 8M es que hay un sector político y lamento decir que social que quiere una segunda vuelta de lo que representó la gran tragedia del 11M", explica. Y sin que los responsables de aquella teoría de la conspiración hayan hecho, hasta hoy, la menor autocrítica. La entrevista ha sido actualizada tras el archivo de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir que se celebrase la manifestación feminista. Antes, Zapatero ya pronosticaba un "corto recorrido" a esas actuaciones porque, según él, la fortaleza del Estado de Derecho es mayor que cualquier error o estrategia para desestabilizarlo. 

¿Ha vuelto la crispación?

La crispación en la política española es como el Guadiana, vuelve cada poco. Constatamos a través del tiempo que cuando hay un Gobierno progresista de izquierdas, se intensifica. Para muchas generaciones de españoles es una desgracia estar ‘condenadas’ a vivir en un clima de tanta crispación social. La democracia española no se lo merece.

Coincide ahora con la crisis del coronavirus. Podría pensarse que es normal, con una cifra oficial de fallecidos que supera los 27.000, que la tensión es inherente a la política.

Si uno contempla la mayoría de los países democráticos, europeos y no europeos, advierte que aquí la crítica y la acción contra el Gobierno ha sido la más intensa y que empezó muy pronto. Estamos ante una grave crisis, que ha afectado a algo esencial como la salud y la vida de compatriotas, además de acarrear una crisis económica. Pero -y esto es fundamental-, es una crisis que no tiene un origen ni político, ni social, ni económico. Es un shock externo, de fuerza mayor. La política no puede aproximarse a ella como si hubiese sido provocada por la sociedad, por un Gobierno o por los mercados. En una crisis de esta naturaleza hay un orden que todas las fuerzas políticas deberían exigir: la salud, la economía y el debate político. La ansiedad que la derecha siempre tiene por volver al poder le lleva a perder el orden lógico de las cosas.

La ansiedad que la derecha siempre tiene por volver al poder le lleva a perder el orden lógico de las cosas

En varias entrevistas ha dicho que la derecha asume muy mal perder el poder. Se han establecido ciertos paralelismos entre lo que pasó tras las elecciones de 2004 que usted ganó y la moción de censura que hizo presidente a Sánchez o las elecciones del año pasado. ¿Qué hay de comparable?

Incluso en las circunstancias más dramáticas y trágicas para un país, cuando algunos están en la oposición parece que, para ellos, no hay límites. Y ya no me refiero a los legales, que se sustancian en los tribunales, como ocurrió tras el 11M. Entonces quedó establecida la verdad objetiva e irrefutable. Algunos siguen sin aceptarlo. Aún estamos esperando por parte del hoy principal partido de la oposición, que lo ha sido de Gobierno, un gesto de autocrítica sobre su estrategia con el 11M y el intento de deslegitimación inaceptable del Gobierno que los españoles habían elegido. Ya se nos ha olvidado, pero fue muy grave: el peor atentado terrorista en la historia de España. Lo pusieron todo en cuestión: la Justicia, la investigación policial, si habían participado otros grupos terroristas o la intención. Se llegó a especular con servicios de inteligencia extranjeros o con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquel proceso dio lugar a 1.200 iniciativas parlamentarias del PP desde 2004 a 2010 o 2011.

¿Está el PP repitiendo la estrategia con el coronavirus?

Hay algunos síntomas que me preocupan. En primer lugar, la materia de la que se trata: una tragedia con vidas humanas que nos debería unir como país en vez de ser un elemento para dividir y atacar. Segundo: se cuestionan verdades objetivas. Ahí hay un cierto paralelismo. España es el único país de Europa en el que se cuestionan las manifestaciones del 8M. Se celebraron en todos los países de Europa, pero el debate sobre su prohibición o si se ocultó información sólo se ha abierto aquí. En el 11M, igual. Sólo un país como España ofreció el espectáculo de una oposición que crispó y dividió; que puso en cuestión que era un atentado terrorista islamista. Esto cuenta en la historia, en nuestra historia.

La democracia se sustenta en un consenso sobre las reglas y su respeto, pero también en unos parámetros de cierta racionalidad, en no discutir las verdades objetivas y evidentes. Me causan mucha preocupación estos paralelismos. Lo que intentan en el fondo es la deslegitimación de un Gobierno. Que lo haga la extrema derecha, es su papel: negar el sistema, la evidencia y oponerse a esa teoría de la “dictadura progre” que no es más que el consenso democrático y de los derechos. Que el PP esté ahí, me preocupa. Creí que no se atreverían a volverlo a hacer, pero esta es la segunda vez que intentan la deslegitimación de un Gobierno de izquierdas. Lo intentaron con el mío y las elecciones de 2008 dieron un resultado claro. Les va a restar credibilidad y, a medio plazo, respaldo popular. No hará más que consolidar la mayoría gubernamental en el Parlamento, unir más a PSOE y Podemos en un Gobierno que tendrá un horizonte electoral más razonable.

Una cosa es ser oposición y otra alternativa. Ser oposición, descalificar, insultar, negar todo y decir que todo se hace mal es tan fácil que lo hace Vox. Ser alternativa es otra cosa. Es construir, proponer, hacerte cargo del país. En una democracia es tan importante la oposición como el Gobierno. Es más, se aprende casi más en la oposición que en el Gobierno. Pero la democracia siempre da una nueva oportunidad, es la grandeza del sistema. Ojalá ahora el PP y Casado den pasos en favor de un consenso en la Comisión de Reconstrucción, que es extraordinariamente importante como debate abierto y con soluciones para el país.

Las generaciones que tienen que sacar el país adelante, los jóvenes, necesitan un ejemplo de gran consenso democrático

¿Por qué cree que el PP opta por esta vía? ¿Porque cree que puede derribar al Gobierno sobre la base de que no resistirá a la gestión de la crisis, en lo sanitario o en lo económico? ¿Ve esos síntomas de ese agotamiento? ¿Influyen las encuestas?

La estabilidad del Gobierno es bastante razonable. Si ese es el análisis, el PP yerra. Casado es un líder nuevo y joven y tiene la aspiración de ser presidente del Gobierno. La ansiedad es mala consejera. El radicalismo, peor. La moderación es la característica de un líder seguro. El radicalismo, la de uno inseguro. Tan necesaria es la crítica como la propuesta, la exigencia de responsabilidades como ofrecer apoyo, sumar, unir y acordar. Eso es lo que construye un liderazgo que puede ser ganador a la primera de cambio. Pero así, no. Las generaciones que tienen que sacar el país adelante, los jóvenes, necesitan un ejemplo de gran consenso democrático. Se habla mucho de la Transición y un ejemplo de pedagogía cívica sería ese gran consenso. Los españoles muy probablemente van a juzgar el liderazgo de Casado por su capacidad de llegar a acuerdos con el Gobierno en esta grave crisis.

El candidato del PP a las elecciones en 2004 fue designado por Aznar. También ocurrió así con el equipo de Rajoy y tras esas elecciones el PP desplegó una oposición durísima. Ahora, Casado y parte de su entorno en Génova también son cercanos a él. ¿Ve usted su sombra y la de su forma de hacer política?

Aznar instauró una teoría que el PP ha mantenido: todo cabe para hacer oposición. En aquel momento incluso el terrorismo de ETA. Recordemos aquella frase tan trascendental.

Hemos pasado de “usted traiciona a los muertos” al “usted oculta los muertos”.

Eso lo implantó Aznar. Lo segundo fue no asumir las derrotas con deportividad y ejemplo democrático. Cuando Rajoy y Aznar fueron derrotados en 2004, nunca asumieron que había sido responsabilidad suya o mérito de quien ganó. Fue siempre la teoría de la tragedia del atentado del 11M. Ahora, la moción de censura, antecausa de la victoria electoral del PSOE, se presenta como un espurio pacto con los nacionalistas y los antiEspaña. Niegan su responsabilidad y no asumen que si sufrieron una moción de censura fue por la corrupción acumulada. Cuando el PSOE en 2011 perdió las elecciones, no vi a Rubalcaba y a quienes estaban al frente del partido cuestionar el resultado porque había habido una crisis. Esta es la diferencia y es trascendental. El auténtico demócrata es el que acepta una derrota y no ve como un agravio estar en la oposición. En algún momento, este país tiene que abrirse en canal y debatir sobre cómo se aceptan las derrotas y se reconoce la legitimidad de un Gobierno. Esta es la segunda vez que podemos estar en un proceso que no sabemos cómo va a acabar, pero que en todo caso traerá desafección, desconfianza y agresividad.

Tras el 11M hubo esa teoría de la conspiración, que se abordó desde distintos ámbitos: el político, el mediático y el de los cuerpos policiales. ¿Usted ve ese paralelismo ahora cuando ve las estrategias de algunos medios o lo que está pasando en la Guardia Civil? Si no concertación, ¿hay convergencia?

No creo que haya concertación. El sistema democrático y sus reglas no lo permiten. Fruto de la radicalización crítica y crispadora que marcan algunos partidos de oposición hay una agitación de muchos sectores de la sociedad que se radicalizan porque creen en esos mensajes completamente incendiarios. Eso acaba afectando a todos los sectores de la sociedad, como hemos visto y veremos. El sistema tiene mecanismos de contención y filtro, aunque eso puede pasar en el ámbito de algún empleado público.

El caso judicial del 8M

¿Le ha sorprendido el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8M?

Esperaba el archivo. Era lo lógico desde el punto de vista jurídico. Espero que sirva como lección para algunas opiniones que se han vertido, tan apresuradas y tan exageradas sobre lo sucedido el 8 de marzo. Requerirá en su día un estudio, porque hubo muchos actos y concentraciones de personas en los primeros días de marzo y esa atención tan hostil y tan singular sólo se ha dirigido contra una convocatoria espontánea como es la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.

¿Deberían extraerse algún tipo de lecciones tras el uso que se ha hecho del caso?

Deberían de extraerse al menos dos consecuencias. Suele conducir a mal puerto la exageración y el radicalismo, la crítica, más cuando estamos ante una crisis de una naturaleza tan singular como es una pandemia. En segundo lugar, deberíamos conocer, aunque sea a modo de precedente, algún gesto de autocrítica por parte de quienes han elevado tanto la voz, criticado, descalificado y casi criminalizado.

La crisis en la Guardia Civil

¿Cree que el Gobierno actuó bien con un cese fulminante del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, en medio de muchas dudas sobre el contenido de ese informe?

Mi experiencia es que cuando un Gobierno toma una decisión de cesar a un alto responsable, siempre intenta preservar las razones últimas, por una cuestión de confianza y de respeto. Hay un derecho a la confianza porque es un alto responsable de la Guardia Civil que, además, ha prestado servicios y colaborado con mi Gobierno y el querido y recordado Alfredo Pérez Rubalcaba. Por tanto, le deseo lo mejor. Conozco bien la Guardia Civil y a sus personalidades más importantes. Este debate no es conveniente.

¿Quién contribuye más a este debate? ¿Algunas estructuras de la Guardia Civil o los ceses del Gobierno?

En el debate político hay que poner la atención en los partidos y en los Gobiernos. Es verdad que está vinculado con un informe hiperdiscutido de la Guardia Civil como Policía Judicial. Lo que me preocupa es que se ha querido dar un aroma extraño a la actuación que yo no veo al revisar los hechos. Todo lo que ese informe dice, los errores y lo que no lo son, procede de fuentes abiertas, independientemente de cómo se ponderen. No se trataba de un procedimiento secreto.

¿Ve intencionalidad en la redacción de ese informe?

Hay algunas cosas que me llaman la atención. Parece que hay una precomprensión de una dirección. Pero para eso está la contradicción democrática, judicial y de la opinión pública. Y el reccorrido judicial ha sido corto.

Eso no quiere decir, pues, que haya elementos antidemocráticos en la Guardia Civil o riesgos internos.

Siempre he visto a una Guardia Civil de absoluto respeto. Un alto funcionario se puede equivocar en un momento dado. Que ocurra no supone una enmienda a la totalidad de su trayectoria, para nada. Es verdad que el debate público, cuando se radicaliza, impacta en toda la sociedad. Por eso es tan importante el uso de las palabras y no deslegitimar. Creo que tenemos una Guardia Civil que cumple muy bien su papel institucional.

Hablando de las palabras, el líder del PP utilizó las palabras de Rubalcaba, sin citarlo, tras el atentado del 11M. “Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”.

Fue poco original, porque todo el mundo sabe dónde, cómo y cuándo se produjo esa frase. Lo peor del debate del 8M es que hay un sector político y lamento decir que social que quieren una segunda vuelta de lo que representó la sustanciación de la gran tragedia del 11M. Me preocupa porque supone que quedó ahí una herida muy fuerte.

Ni por asomo conocía nadie en este país, ni del ámbito científico, político o de la inteligencia artificial nada que anticipara algo parecido a lo que luego vivimos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que, visto lo visto, está claro que se llegó tarde, no sólo el Gobierno español sino otros muchos. ¿Usted hubiera permitido la manifestación del 8M?

Es de maldad pensar que alguien, desde un Gobierno y teniendo datos, permitió poner en riesgo la salud por defender una ideología como el feminismo. Decir eso es grave. Pensarlo es infame. Justo en esa semana y en la siguiente creció el número de casos de manera exponencial. Es una coincidencia perversa. La verdad es que, en esas semanas previas, la mayoría de los comentarios que uno tenía con políticos, con periodistas o médicos partían de que estábamos ante un virus que era algo más que una gripe. Ni por asomo conocía nadie en este país, ni del ámbito científico, político o de la inteligencia artificial nada que anticipara algo parecido a lo que luego vivimos.

¿Ni con los ejemplos italiano o chino? ¿No se pudo llegar antes?

Nadie lo barruntaba. Justo ese fin de semana, el 8, 9 y el 10, es cuando yo empiezo a tener una sensación de preocupación seria. Pero en ningún caso imaginaba lo que después fue la segunda mitad del mes de marzo, abril y mayo. Y lo que ha sido en el mundo. Tenemos que asumir que aunque el hombre siempre busca la máxima seguridad, hay una contingencia en los riesgos y también en la salud. Parte de las acciones de los Gobiernos nacen en las crisis vividas. Cuando yo viví los incendios, con coste de vidas humanas, y percibí que el Estado no tenía una herramienta potente y poderosa para combatirlos, concebimos la Unidad Militar de Emergencias (UME). Seguramente de esta experiencia saquemos lecciones.

¿Qué nos dice esta crisis sobre cómo funciona el Estado, la coordinación entre administraciones (en el tratamiento de los datos), cómo han fallado los sistemas de detección o el peso que debe tener el Ministerio de Sanidad? ¿Cómo debería reforzarse y por qué no se hizo antes?

Si usted toma los mejores think tank, centros de investigaciones científico-médica o servicios de inteligencia del mundo no encontrará en ninguno de ellos la advertencia de que estábamos cerca de una pandemia grave. La dificultad de relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas o regiones ha sido menor en España que en Italia, Alemania y EEUU o Brasil.

Ojalá la crisis nos sirva también para que la gran respuesta de España sea la ciencia, la investigación y la innovación. Sería el éxito máximo

¿También menor que en Alemania?

Ha habido muchos problemas entre los länder. Otra cosa es que la gestión y el resultado de la pandemia haya ido bastante bien en Alemania. Y digo hasta ahora. La pandemia está en desarrollo y tardaremos meses o más que meses en ver una foto definitiva. Seamos humildes y esperemos que la ciencia dictamine por qué en unos países hubo más afectación o contagios más rápidos o por qué hubo más letalidad. También en el caso de las residencias. Habrá que ver por qué ha habido algunas en las que no ha habido ni un positivo y en otras, muchos. La política no puede ir por delante de la ciencia. Ojalá la crisis nos sirva también para que la gran respuesta de España sea la ciencia, la investigación y la innovación. Sería el éxito máximo al que podríamos aspirar.

El propio modelo de las residencias genera dudas, así como su gestión política, que está afectando gravemente a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. ¿Cree que tenemos un sistema de residencias a la altura del país, respecto a la sanidad y la educación pública?

Por supuesto que hay que revisar el sistema, pero no olvidemos que el impacto en número de personas fallecidas en residencias ha sido igual de doloroso en Francia, en Gran Bretaña, en EEUU o en Suecia. Por eso pido objetividad científica para analizar las causas y las respuestas. Hay otra cosa que me llama la atención. Como hemos tenido una crisis gravísima y una presión enorme sobre nuestro sistema sanitario, se ha cuestionado ese orgullo de tener una de las mejores sanidades del mundo. Yo lo quiero reafirmar.

Una legislatura más estable de lo que parece

¿Cómo ve el resto de la legislatura? En febrero, decía que Ciudadanos “ya no existe prácticamente y es muy notable su pérdida de rumbo político”. De Arrimadas decía: “No sé quién es”. Estamos en otra película.

Afortunadamente.

Ciudadanos ha dado un giro que, en parte, contribuye a poner en solfa estrategias de otros partidos.

Es una enmienda clara a la estrategia de Albert Rivera. Ciudadanos mantiene una línea positiva para España y hay que reconocerlo. Además, ha vuelto a aparecer en las encuestas. Cuando pase el tiempo, Pablo Casado se preguntará: “¿Me perdió la ansiedad de ver a un Gobierno en dificultades o no? ¿Cumplí con el compromiso con mi país? ¿Fui generoso?” Yo me lo he preguntado en muchas ocasiones sobre la lucha antiterrorista o la política exterior cuando era líder de la oposición. Casado se la tiene que hacer ahora si de verdad se siente un líder político para gobernar.

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, esta semana durante la entrevista. Alberto Gamero

¿Cree que la legislatura durará, transitando por la geometría variable? Hasta ahora hemos visto coincidencias de voto que hace meses nos parecerían alocadas, como las de Ciudadanos, PNV y ERC.

La legislatura va a durar, en mi opinión. El Gobierno ha mantenido con gran acierto el estado de alarma. Es el instrumento más constitucional, pensado por los constituyentes y, por tanto, el más respetuoso con el Estado de Derecho. Me ha parecido muy grave que Pablo Casado haya hablado de “dictadura constitucional” en la tribuna del Congreso. Ahí atacó directamente a los fundamentos del sistema. Lo normal es que todos los grupos hubieran votado a favor todo el tiempo. Por tanto, es muy difícil de explicar qué proyecto político hay detrás de alguien que, en una crisis gravísima, es capaz de votar “sí”, “no” y todo lo contrario. ¿Cuál es su consistencia? La gestión puede ser criticada, pero las actitudes de compromiso con tu país tienen que ser evidentes. Esperemos que el PP esté a la altura en la Comisión de Reconstrucción.

Medidas económicas contra la crisis

Se abre un período de incertidumbre en lo económico, con un gran desplome del PIB y algunas medidas, como los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital, la liquidez o a Europa, que interpreto que no está teniendo la misma actitud que cuando usted era presidente. ¿Cómo de grave cree que será esta crisis?

Muy grave. Las crisis que conoceremos este año probablemente será peor que la de 2008, pero las medidas adoptadas son las mejores que uno pueda imaginar. La UE me ha sorprendido favorablemente.

Es muy difícil imaginar más para afrontar mejor la situación económica y social

¿No se esperaba tanto?

Por supuesto [que no]. Es la mejor noticia: la actitud del BCE desde el primer momento, con liquidez, liquidez y liquidez. Eso es fantástico. Y, por otra parte, el programa de reconstrucción de la UE, que por primera va a asumir una mancomunación de la deuda- Por último, los programas de ayuda, de subvención y de préstamo en cantidades considerables. Está claro que el conjunto de medidas que ha tomado el Gobierno de España es poderosísimo. Es muy difícil imaginar más para afrontar mejor la situación económica y social. Soy algo más optimista de lo que era hace un mes sobre la capacidad de recuperación económica en V. Los últimos datos que he podido ver alientan esa posición pero estamos sometidos a la incertidumbre de si la pandemia, especialmente en Europa, está controlada. El mes de junio es determinante.

"Gritar 'viva el 8M' es como gritar viva la enfermedad y viva la muerte", lanzó el líder de Vox, Santiago Abascal, en la tribuna del Congreso a comienzos de junio. "El 8M era altamente contagioso" o "menudo feminismo es ese que llevó a miles de mujeres a las calles a un potencial contagio" ha dicho en las últimas semanas el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. Son algunas de las declaraciones con las que los líderes de la derecha y de la extrema derecha han alimentado un discurso que une el desgaste al Gobierno y el descrédito a un movimiento feminista en auge que les incomodaba.

En el relato que los sectores conservadores intentan construir sobre la expansión de la pandemia sobran el transporte público, los partidos de fútbol, las ferias en Ifema, los conciertos, los bares abiertos y hasta el mitin que Vox celebró en Vistalegre el mismo domingo. La atención se centra en las manifestaciones del 8M, una fecha que en los últimos años ha consagrado al feminismo como un movimiento en auge, capaz de influir sobre la agenda política.

Para la politóloga y escritoria Noelia Adánez, el uso del 8M como fecha crítica para la pandemia es evidentemente intencionado. "El señalamiento de las mujeres feministas como transmisoras de infección es algo que históricamente ya ha sucedido, especialmente en momento de grandes luchas feministas. Las mujeres organizadas generan incertidumbre y la incertidumbre se combate con culpa, con su señalamiento como irresponsables y sus acciones como ilegítimas. Las concentraciones del 8M son un desorden en el relato que la derecha quiere construir sobre la pandemia, son alguien a quien culpabilizar de la muerte en masa que es además alguien que te estaba causando un desorden en el statu quo", reflexiona.

La politóloga Berta Barbet cree que el objetivo principal del relato es desacreditar al Gobierno pero, de paso, "empañar la imagen y generar distancia" con un movimiento con el que no tenían afinidad. "A la derecha le va muy bien porque no le genera ningún tipo de disonancia que la manifestación fuera la del 8M. Si hubiera sido una movilización por la familia ya no podrían venderlo como una conspiranoia y tendrían que hacerlo de otra forma", explica.

En términos electorales, sostiene, no tiene costes para la derecha porque, aunque el auge feminista ha hecho que también militantes y votantes del PP se denominen así e incluso compartan ciertas reivindicaciones, su caladero de votos no está ahí y no es probable que pierdan votantes por mantener este discurso. Y, al mismo tiempo, da alas a quienes en la derecha y la extrema derecha sí señalan al feminismo como enemigo. "Es un odias al gobierno y odias a las feministas pues puedes odiarles juntos", apunta Barbet.

También de acuerdo con esa tesis está el politólogo Eduardo Bayón. Si la oposición de Aznar a González puede ser considerada el primer episodio de gran crispación política de la derecha, explica, y el momento posterior al 11M, el segundo, el relato actual que toma como centro el 8M podría considerarse la tercera ola de crispación política en la que la derecha arremete contra un gobierno progresista.

"Hay una estrategia de desgaste al Gobierno que en cuanto a tono y lenguaje es desproporcionada para un ciudadano medio", sostiene. En esa estrategia el 8M es "un filón" para la derecha: "Hay un sector social, especialmente conservador y formado por hombres, que se siente amenazado y que ha visto en este 8M el punto perfecto para desgastar a un movimiento que en cuanto a batalla cultural les estaba desbordando y contra el que no tenían ni discurso político ni medios para combatirlo". Dentro de los "pequeños triunfos culturales" que había conseguido el feminismo estaba precisamente que ciertos razonamientos empezaran a calar dentro de la sociedad de manera irreversible, hasta el punto de forzar a determinados sectores a tener que asumirlos de alguna manera.

"Esos sectores sociales habría que vincularlos a actores políticos que si bien no estaban enfrentándose al 8M, el feminismo les resultaba ajeno o lejano o era algo que no podían controlar porque es un movimiento autónomo. Ahora ven una oportunidad de desgastarlo sin necesidad tampoco de oponerse directamente a su discurso", subraya Bayón.

Sin necesidad de confrontar ideas o reivindicaciones, la asociación pandemia y 8M busca generar una sospecha, una mancha, una sombra. "Todo lo que tiene ver con el feminismo causa en la derecha una tensión que no saben resolver. Las feministas escenificamos una forma de entender la política que tiene el sexo y la sexualidad en el centro y eso a la derecha le genera una gran ansiedad, abre zonas de incertidumbre por las que no quieren transitar o que transitan con mucha dureza", añade Noelia Adánez.

La escritora cree que este 8M marcará un punto de inflexión para entender el feminismo. Y deja una reflexión: "Ha habido que hacer tanta defensa del 8M para legitimar lo que por otra parte no hacía falta ser legitimado que no sé hasta qué punto por el camino hemos dejado otras cosas que teníamos que hacer, como tender puentes entre las distintas almas del feminismo en este momento".

Un lingüista estadounidense, George Lakoff, enunció en 2006 una teoría que podría resumirse así: quien se apropia del marco se apropia del cuadro. Catorce años más tarde, los dos primeros listones del marco en el que puede acabar encajado un cuadro negro para Pedro Sánchez se condensan en cuatro palabras: “El Gobierno lo sabía”. El marco se completa con otra escueta frase: “Y no hizo nada”. Es en ese cuadrilátero convertido en ring donde un enorme tapiz de acciones penales por la gestión de la pandemia busca derribar en los juzgados al Gobierno. Según el último cómputo conocido, suma ya 13 querellas y 17 denuncias en espera de admisión por parte del Tribunal Supremo (TS), el único con potestades para investigar al presidente y los ministros.

Que el eje central de la batalla pivotará sobre el supuesto conocimiento previo de los peligros de la pandemia antes del 11 de marzo parece innegable a tenor del contenido de las querellas que ya han trascendido. En las últimas semanas lo constató la evolución de un caso ajeno al Supremo pero que al menos hasta el viernes, con el archivo provisional de las actuaciones, amagaba con representar la avanzadilla y el ariete en la batalla judicial contra el Gobierno: las diligencias por supuesta prevaricación que la titular del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, llevaba instruyendo con inusitada celeridad desde el 23 de marzo, pese al parón judicial que no acabó hasta el pasado día 4 y a que ella misma las consideraba “no urgentes”. La clave de la denuncia era que el Gobierno no prohibió las manifestaciones del 8M.

El sobreseimiento –provisional– de la imputación que pesaba sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se produce con un doble argumento remarcado por la jueza. El primero, que “no se ha podido demostrar indiciariamente” que Franco “hubiese recibido documentación de autoridad sanitaria que le trasladase de manera cierta segura y técnica el riesgo de la proximidad física de eventos masivos para la transmisión del covid-19”. El segundo, que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19".

¿Deja la jueza con esas dos afirmaciones el camino preparado a quienes con sus querellas se dirigen contra el Gobierno central, por no haber trasladado a los escalones inferiores “documentación” o impartido órdenes para prohibir o restringir manifestaciones? La resolución de esa incógnita dependerá de lo que haga el Supremo. Hasta el viernes algunos de los denunciantes planeaban pedir al alto tribunal la incorporación a sus diligencias –si se abre alguna– de los informes elaborados por la Guardia Civil para la jueza madrileña. Ahora, está por ver.

La causa arrancó tras la denuncia de un particular, Víctor Valladares, que mantiene en el TS una segunda denuncia, esta contra el Gobierno. Según la Cadena Ser, acumula varias condenas por estafar a clientes como abogado. Y quien le representa en la causa del 8M es un alto cargo del PP cántabro. Valladares se negado a hablar con este periódico de si pesan o no condenas sobre él. Es “abogado no ejerciente” sin vínculos con ningún partido, se limitó a decir. 

Salvo que la Audiencia Provincial de Madrid revierta la situación tras los recursos anunciados por las acusaciones populares, el archivo del caso madrileño del 8M confiere aún más valor al alto tribunal como principal escenario de la guerra jurídica contra el Gobierno aunque los tentáculos del ataque se han extendido hasta la Corte Penal Internacional. Al tribunal de La Haya, ante el que se han sentado los más sangrientos genocidas de las últimas décadas, una asociación de nombre incierto ha denunciado al Gobierno español por “delitos de lesa humanidad”. Distintos juristas han tachado ya la denuncia de “burda manipulación del derecho”.  De nuevo, la manifestación del 8M en Madrid aparece como “la peor negligencia”. Según Abc, que adelantó la noticia, la denuncia parte de la Asociación Española de Afectados y Víctimas del covid-19. Según la Cope, que entrevistó a su presidenta, se llama Asociación Española Desafío y Acompañamiento Afectados COVID-19. En el registro de asociaciones no ha sido posible localizar ni una ni otra.

Si antes del archivo del caso del 8M ya se estaba tomando tiempo el Supremo dada la magnitud del ataque, la pregunta es si ahora demorará aún más cualquier decisión. Quienes observan desde muy cerca su actividad ya consideraban el jueves altamente improbable una respuesta rápida.

Solo una de las 30 denuncias y querellas sobre cuya admisión debe resolver aparece abiertamente impulsada por un partido: la interpuesta por Vox contra el presidente y seis ministros por varios delitos, entre ellos imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Fuentes del Supremo aseguran que no consta ninguna presentada por el PP, que de momento se ha limitado a denunciar ante la Fiscalía las "compras fallidas" del Gobierno para que investigue si hubo alguna ilegalidad.

Pero, aun a falta de sigla o siglas políticas explícitas, el grueso de las denuncias aparece sustentado por asociaciones y colectivos afines a la derecha. Los delitos atribuidos al Gobierno –tres denuncias se dirigen contra el Gabinete al completo– van desde el homicidio imprudente hasta aquellos que vulneran el derecho de los trabajadores –por ejemplo, por la entrega de mascarillas defectuosas a los sani­tarios–. Y pasan por la prevaricación y la omisión del deber de socorro. En varias querellas, se suma a la lista de denunciados Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.

MISAS, ULTRAJES A LA BANDERA, DELITOS DE LESA HUMANIDAD

En la relación de querellantes ocupan un lugar visible asociaciones como la de Abogados Cristianos, próxima a Vox y que dirige su querella por prevaricación contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por suspender varias misas durante el estado de alarma para evitar aglomeraciones. A expensas de un recuento exacto de querellas y querellados, el de Marlaska es uno de los nombres más repetidos junto con el del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Entre los querellantes también figura la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), nacida al calor del sindicato policial conservador Jusapol. Y aparece igualmente la querella de un colectivo de policías municipales de Madrid.

De la coincidencia argumental con la oposición de derechas habla de manera gráfica la querella presentada por un grupo de abogados en representación de al menos 116 familiares de fallecidos. Sostienen que el Gobierno permitió indebidamente manifestaciones aunque alegan en paralelo que las normas que regulan el estado de alarma son propias “de un estado de excepción”. El Gobierno –arguye el escrito comandado por la presidenta de la denominada Fundación Zaballos– ha aprovechado la pandemia para regular materias ajenas al coronavirus: “El blindaje del querellado D. Pablo Iglesias Turrión en el CNI, la aceleración de trámites para el indulto de los condenados por el juicio del procés, la proposición de despenalización de determinados delitos del actual Código Penal referidos a los ultrajes al Rey y a la bandera de España”.

De la lista de denunciantes forman también parte tres organizaciones del sector sanitario: la Confederación de Sindicatos Médicos, el Consejo General de Enfermería y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores. La falta de medios de protección son aquí la clave.

En la misma línea que las anteriores discurre la querella del sindicato de funcionarios CSIF, que también ha denunciado a los Gobiernos autonómicos de Valencia y Castilla-La Mancha, presididos por el PSOE, así como a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de En Comú Podem. Contra la Comunidad de Madrid no ha emprendido ninguna acción penal.

En 2016, la agenda intervenida en el caso Púnica al antiguo número 2 del PP de Madrid, Francisco Granados, destapó un plan del PP madrileño para intervenir en las elecciones sindicales a través de CSIF. Como publicó infoLibre, la anotación era esta: "Gádor [Ongil, hoy exdiputada autonómica], buscar 1 afiliado x consejería, montar YA (CSIF)". 

EL CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS Y LOS ERRORES DE BULTO

El archivo de la imputación contra el delegado del Gobierno de Madrid cierra –de momento– la puerta de entrada al polvorín político y aún no se sabe si también jurídico del cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Tras varias versiones, Interior acabó por admitir cuál había sido el detonante de la destitución: ocultó que su equipo iba a entregar a la jueza un informe cuya elaboración nunca se había paralizado en contra de lo que, según Interior, le había contado el coronel a sus superiores. La filtración de ese primer informe operó como otro poderoso elemento para el cese, según Interior.

Hija y hermana de miembros del Cuerpo, Rodríguez-Medel había encargado ese primer informe y su posterior ampliación a la Comandancia de Madrid, que suele auxiliar a jueces en municipios rurales. Por razones que nunca ha explicitado, la magistrada prefirió no acudir a los 80 agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Policía Judicial de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla.

El cúmulo de errores e inexactitudes del primer informe entregado a la magistrada ya puso en solfa la investigación. Tras fechar en su primer informe nada menos que el 30 de enero la declaración de la pandemia por la OMS –no se efectuó hasta el 11 de marzo–, sus autores corrigieron ese “error”. Pero se reafirmaron en sus postulados a lo largo de un segundo informe ampliatorio: “el Gobierno –vuelve a repetir ese texto– ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.

Sobre ese segundo informe volvieron a desatarse dudas que la declaración de la mayoría de los 19 testigos interrogados por Rodríguez-Medel esta semana acrecentó de manera extraordinaria. Nadie los había coaccionado para suspender manifestaciones antes del 14 de marzo. Esa fue la tónica de sus declaraciones. A los funcionarios que prestaron testimonio la Guardia Civil les insistió en una misma pregunta: si les había resultado “extraño” que se autorizase la manifestación del 8-M. Seis de los ocho a quienes los agentes formularon esa pregunta respondieron que no.

Cuando todos ellos declararon esta semana otro elemento había ya disparado las incertidumbres sobre hacia dónde iban las pesquisas de la Guardia Civil: la incorporación al segundo informe o atestado de un vídeo difundido por el diario Abc y donde la ministra Irene Montero comenta en privado con una periodista su creencia personal en que el miedo al virus hizo descender el número de asistentes a la manifestación central del 8M.

Pero como en otras ocasiones de muy variopinto carácter, se cumplió aquí el refrán de no hay dos sin tres. A los dos informes de la Guardia Civil se sumó un tercero. Y fue el del forense que opinó –uno de los apartados del texto se denomina “Mi impresión”– que el virus era una “hecatombe” que ya se veía venir “el 25 de febrero”. Exactamente ese término –“hecatombe”- lo había utilizado Pablo Casado en una intervención parlamentaria el 22 de abril. Este jueves, el líder del PP lo empleó de nuevo, pero ahora haciendo referencia al informe del forense. 

EL ‘LAWFARE’ O UN GOLPE BLANDO CONTRA “LA ANTIESPAÑA”

¿Representa lo descrito en el párrafo anterior un ejemplo de retroalimentación entre partes distintas y encuadradas en poderes distintos del Estado? ¿Existe el riesgo de lawfare, ese anglicismo que, en un juego de palabras, sustituye la primera mitad de un término reservado a guerra (warfare) por otro (law) que significa directamente ley? ¿Hay realmente una guerra judicial destinada a derribar al Gobierno en los tribunales? “No hay riesgo de lawfare porque es un hecho desde hace tiempo”, responde sarcástico Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. El lawfare, define Queralt, “es utilizar el derecho como arma para aniquilar al disidente”. Y, en su opinión, la derecha está aplicando esa táctica. El catedrático ilustra su tesis con un ejemplo: “Cuando quieres demoler una casa donde la fachada es un elemento histórico que no puedes tocar, haces una demolición controlada desde dentro”.

Queralt ironiza al llegar a ese punto: “En esta alianza socialcomunista traidora hay que ir a por todas porque es la Antiespaña. No pensar como ellos, como Vox y el PP, que le hace de repetidor, es ser de la Antiespaña porque ellos se consideran dueños del país”.

“El lawfare –responde desde Valencia Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional– es usar abusivamente procedimientos legales. Es un fraude que implica usar no solo a jueces sino a policías como ya se hizo con el informe PISA y cuya finalidad es la destrucción o erosión del Gobierno legítimo, y aquí se está utilizando". Con PISA, Flores no se refiere al programa de evaluación de alumnos sino a aquel informe que, elaborado por la llamada policía patriótica, acusaba de graves delitos al hoy vicepresidente Pablo Iglesias y que fue rechazado en repetidas ocasiones por el Tribunal Supremo por su inconsistencia. “Pero a pesar de esto hay gente que se lo sigue creyendo, por la difusión que le dieron determinados medios. Y ese es el problema de este fenómeno”, advierte. PISA solo era el acrónimo del título elegido por los autores de un informe cuyo título buscaba obtener amplia difusión mediática: Pablo Iglesias SA.

Flores ofrece no obstante un diagnóstico para el optimismo: “El mundo judicial es en general de jueces conservadores, pero preparados y honestos”. Lo que sucede –añade a renglón seguido– es que durante muchos años intereses políticos y económicos han tratado de colocar a sus jueces en puestos importantes. Y si caen ciertos casos en manos de jueces dudosos, se produce una desconfianza y quiebra del sistema”.

Tanto Queralt como Flores y un tercer jurista experto en corrupción pero que pide el anonimato coinciden en el determinante papel de los medios de comunicación. "Parece evidente –dice esta tercera fuente– el intento de lawfare, hace tiempo que los conservadores intentan resolver los problemas políticos en los tribunales, y no están solos”. En opinión de este jurista, “buenos ejemplos de apoyo son la policía política, el apoyo de asociaciones de jueces y fiscales conservadores, y luego apoyos desde la sombra como los pesos pesados del IBEX que gracias a la publicidad o por otros medios, consiguen que los medios de comunicación apoyen esta guerra”

OTRA TEORIA DE LA CONSPIRACIÓN PARA OTRO MES DE MARZO

A la luz de esos argumentos, todavía con la pandemia como amenaza y el temor a una recaída, surge otra pregunta: la de si las dos premisas del párrafo inicial de este texto –“El Gobierno lo sabía y no hizo nada”– han empezado a trazar una teoría de la conspiración que por momentos evoca la del 11M. Si el zumbido de aquel “fue ETA, no los yihadistas” permaneció años en la atmósfera política de la derecha y en la de ciertos medios afines, la idea de un Gobierno inoperante que animó a las mujeres a asistir a la manifestación del 8M con indiferencia hacia el riesgo ya ha comenzado a asentarse.

Así las cosas, y con una judicatura dominada por el sector conservador, qué pasos dará el alto tribunal constituye una gran incógnita que abre múltiples interrogantes sobre el futuro político del país. ¿Se convertirán las querellas y denuncias en la palanca que utilice la oposición para mover el mundo político y liquidar al Gobierno? Esa pregunta obliga a mirar directamente hacia la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena. Es decir, por el magistrado que en noviembre de 2018 renunció de manera inmediata e irreversible a dirigir el órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) cuando trascendió un inesperado whatsapp del PP.

Difundido por el entonces portavoz del PP en el Senado y ex director general de la Policía durante la etapa en que al menos parte de las llamadas cloacas del Estado todavía surfeaban en la cresta de la ola, el whatsapp sostenía lo siguiente: que el nombramiento de Marchena como máximo responsable del CGPJ y del Supremo permitiría al partido controlar “desde detrás” la Sala Segunda del alto tribunal. Y esa era la sala que había de juzgar el procés. Tras su renuncia, Marchena presidió el tribunal.

Año y medio más tarde, aún hoy dominado por la mayoría conservadora pese a la alteración drástica del mapa parlamentario, el CGPJ ya ha asignado estando en funciones 57 plazas discrecionales de alto nivel. Y prepara nuevos nombramientos. En resumen: una vez quede renovado el Consejo, tanto si la negociación se cierra antes del verano como si persiste el bloqueo, el mapa de la judicatura habrá quedado dibujado en buena medida bajo el mando del conservador Carlos Lesmes.

¿UN AS EN LA MANGA DEL MINISTERIO DE SANIDAD?

En un país donde la efervescencia y la tensión desatadas por el proceso independentista y la respuesta del autodenominado bloque “constitucionalista” - PP, Ciudadanos y Vox- colocaron en primer plano el debate sobre si la descentralización autonómica se había extralimitado, la guerra judicial sobre la pandemia afianza de pronto la idea opuesta. Ahora, la responsabilidad penal –y política– de lo sucedido recae en exclusiva sobre el Gobierno central. Ese es el mensaje de las querellas.

Falta saber si el Ministerio de Sanidad guarda algún as procesal en la manga. Porque fuentes del departamento que dirige Salvador Illa sostienen que en los dos Consejos Interterritoriales celebrados el 1 y el 5 de marzo, todos los consejeros autonómicos “coincidieron en que España se encontraba en el escenario 1, denominado de contención” por el propio Centro Europeo para el Control de las Enfermedades (ECDC). La referencia a ese “escenario 1” aparece destacada por el ECDC en su informe del 2 de marzo, citado de forma múltiple en distintas querellas y denuncias como prueba de cargo contra el Gobierno: para empezar en la que acaba de archivarse en Madrid.

De carácter público y accesible, “en el Consejo Interterritorial del 5 de marzo, ningún consejero ni consejera de Sanidad se interesó por este informe”, prosiguen las fuentes ministeriales. Lo que esas fechas –los primeros días de marzo– se había confirmado era “una transmisión limitada y no sostenida”. Y, de hecho, continúan los mismos portavoces, “el día 5 de marzo había 261 casos en España” mientras que Italia sumaba 3.089.

En la guerra judicial que se avecina, las actas de todos los consejos, de momento inaccesibles, pueden resultar esenciales. ¿Las reserva el Gobierno como baza en el laberinto de querellas? No se sabe.

Pero lo que sí está ya confirmado es que buena parte de las denuncias y querellas que esperan en el Supremo comparten la tesis ya esbozada de que existe una responsabilidad penal atribuible solo al Gobierno central: también antes del 14 de marzo y no solo después del decreto que ese día dictó el estado de alarma y puso a las comunidades bajo el mando único de Ministerio de Sanidad, aunque conservaron, por ejemplo, la gestión hospitalaria y la de las residencias de mayores.

LA EX FISCAL GENERAL, LAS CRÍTICAS DE LA APM Y EL COMUNICADO QUE NUNCA EXISTIÓ

Y aquí encuentra de nuevo lugar la referencia del catedrático Joan Queralt al rechazo visceral y despectivo que la existencia de un Gobierno de izquierdas produce en el sector más derechista del espectro conservador. Porque ese rechazo entronca con algunos hechos de apariencia inconexa pero que al ir asomando plantean preguntas inquietantes.

Por ejemplo, carece de precedente que un antiguo fiscal general del Estado –Consuelo Madrigal, en el cargo en la etapa  de Mariano Rajoy– publicase una crítica furibunda contra el Gobierno que incluía definir como “estado de excepción” el estado de alarma. Tampoco es posible localizar casos anteriores análogos a la crítica del presidente del TSJ de Castilla y León por el estado de alarma: "el Gobierno está utilizando la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del coronavirus". Eso fue lo que dijo José Luis Concepción.

Y nunca asociaciones de miembros del poder judicial, como ha ocurrido ahora con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la segunda por número de afiliados, la Francisco de Vitoria (AJFV), habían vapuleado como ahora al poder ejecutivo por el cese de un cargo de libre elección y, por tanto, de libre destitución. En este caso, el de coronel Diego Pérez de los Cobos.

Tras el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, se confirmó que una orden interna todavía vigente según la AUGC, sindicato mayoritario de la Guardia Civil, obliga desde 2012 al Instituto Armado a informar a sus superiores sobre investigaciones judiciales en marcha. Pero hace ya ocho años, al término del primer año de mandato de Mariano Rajoy, aquella orden había salido parcialmente a la luz. La enseñó con enfado en el Congreso la diputada Ana Oramas el 12 de diciembre de 2012 durante una comparecencia del entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa. Pero, a diferencia de lo sucedido ahora, mostró una circular en formato que parecía solo dirigido a la Comandancia de Canarias.

La noticia no generó debate ni más averiguaciones. Silencio. También el de la APM. ¿Por qué no dijo nada en aquel momento la principal asociación de la judicatura? Su actual portavoz, María Jesús del Barco, lo ignora: “Yo ni me acuerdo de ese dato. En aquella época me limitaba a pagar mi cuota”, contestó esta semana cuando se le transmitió la pregunta. ¿Algún factor explicaría la diferencia? Y su respuesta fue la siguiente: “Entonces no se hacían comunicados”.

¿Cuándo se empezó a hablar de teorías de la conspiración? Hay algo que era inevitable. Existe una teoría de la conspiración sobre el término teoría de la conspiración. Tiene que ver –esto no es una sorpresa– con la CIA y cuenta que fue el espionaje norteamericano quien la creó en los años 60 para describir en términos peyorativos a los que cuestionaban la versión oficial del asesinato de Kennedy. En realidad, la expresión ya se utilizaba en inglés a finales del siglo XIX. Su uso aumentó en los años 50 y se extendió con fuerza en la década posterior, cuando los norteamericanos comenzaron a desconfiar de su Gobierno en una época de turbulencias políticas y sociales. 

Siempre ha habido bulos y rumores a lo largo de la historia, algunos propagados desde el poder, otras veces desde los grupos que intentaban asaltar el poder y también desde la misma calle para rellenar los espacios que quedaban vacíos en la información que llegaba desde arriba. Por otro lado, las conspiraciones existen. En casi todas las guerras, algunas personas han tramado la forma de desencadenarlas intentando no dejar rastros que les pudieran delatar. 

¿Cómo se fabrica una teoría de la conspiración? ¿Por qué algunas se extienden con rapidez y otras desaparecen o quedan circunscritas a individuos estrafalarios? Lo primero que hay que saber es que es más fácil que se produzcan en épocas de gran tensión social. Una guerra, una crisis económica, una pandemia o un tiempo de convulsiones políticas son momentos propicios para ellas. Las fabulaciones se mezclan con los hechos conocidos. Algunos protagonistas políticos las propagan para perjudicar a sus adversarios. Otros en posiciones de poder las apoyan para evadirse de su responsabilidad. 

Atrapado por sus declaraciones anteriores en las que negaba la gravedad de la crisis del coronavirus –"Va a desaparecer. Algún día, será como un milagro y habrá desaparecido"–, Donald Trump decidió que el alto número de casos no le permitía seguir manteniendo esa ficción y que había llegado el momento de culpar a China y de sugerir que los chinos eran los responsables de haber dejado escapar el virus. No es lo que decían los servicios de inteligencia de EEUU. "Puedo decirle que hay pruebas significativas de que todo esto vino de un laboratorio de Wuhan", dijo su secretario de Estado, Mike Pompeo, siempre presto a salir en público en ayuda de las afirmaciones más polémicas de su jefe. La lógica es clara: si la culpa es de China, no puede serlo de Trump. 

Trump tiene motivos para apuntar hacia fuera. En noviembre se juega la reelección en las urnas. En política, hay otro uso rentable de las teorías de la conspiración. A posteriori, sirve para absolver las responsabilidades anteriores. Es lo que ocurrió en España tras las elecciones de 2004. La conspiración que El Mundo llamó inicialmente "los agujeros negros del 11M" El Mundo sirvió al Partido Popular para intentar blanquear la decisión del Gobierno de José María Aznar de asignar rápidamente a ETA la responsabilidad de los atentados que mataron en 2004 a 191 personas a tres días de las elecciones. 

"ETA buscaba una matanza en España". Fueron las primeras palabras pronunciadas por el ministro de Interior, Ángel Acebes, a la una y media de la tarde del 11 de marzo, unas cinco horas después de las explosiones. La celeridad en anunciar el nombre de la organización terrorista responsable procedía de un cálculo político. Esa versión buscaba descartar que se pensara en un atentado yihadista que la opinión pública podría haber relacionado con una represalia contra España por el apoyo de Aznar a la invasión de Irak en 2003. 

Aznar escucha a Casado durante la convención del PP. Chema Moya / EFE

El temor en Moncloa era muy real. En su libro Memorias heterodoxas de un político de extremo centro, José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores con Rajoy, recuerda una conversación con dos de los asesores más directos del entonces candidato a la presidencia: "Cuando al rato entraron Pedro Arriola y Paco Villar, les pregunté: 'Pero, ¿sabemos quién ha sido?'. 'Todavía no' —me respondieron—. Si ha sido ETA nos salimos del mapa, pero si han sido los yihadistas, nos vamos a casa'".

Se fueron a casa y fue después cuando empezó a armarse la teoría alternativa a la realidad. Originada en el diario El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, y apoyada por la COPE, en especial en las tertulias del programa presentado por Federico Jiménez Losantos, negaba la autoría de un grupo de fanáticos yihadistas y seguidores de Al Qaeda y confirmaba a posteriori las sospechas iniciales del Gobierno del PP apuntando a ETA. Después, cuando la conspiración fue haciéndose más confusa, se señaló a los servicios secretos marroquíes o a sectores de la Policía cercanos al PSOE.

Algunos estudios sobre teorías de la conspiración indican que son habituales entre perdedores, tanto en el sentido irónico como en el literal. Es más fácil creer que hay un fraude oculto cuando tu partido ha perdido las elecciones y piensas que la victoria le ha sido arrebatada de forma injusta o ilegal. Eso es lo que favoreció que entre los votantes del PP persistiera durante años la idea de que Aznar tenía razón. En un estudio y encuesta realizados en 2018, todavía un 53% de votantes del PP creía que era total o bastante cierto que ETA estuvo involucrada en los atentados del 11M. 

Sólo estaban siguiendo las pautas marcadas por su partido. Durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el PP planteó en el Congreso 400 preguntas por escrito que servían de eco parlamentario de las informaciones de El Mundo e imprimían en la mente de sus votantes que ETA podía haber intervenido en la matanza, contra lo que sostenían la investigación policial y judicial. 

Una teoría de la conspiración se servirá de las posibles inconsistencias que se vayan produciendo en la versión oficial. Sin embargo, será más efectiva si se ocupa desde el principio de intentar desmontar elementos fundamentales de las investigaciones. Es lo que hace El Mundo en su primer artículo sobre el tema, publicado 39 días después de los atentados, el 19 de abril. Ahí se duda de la veracidad como prueba de la mochila con una bomba que no llegó a estallar y que se encontró en la noche del 12 de marzo en la comisaría de Vallecas entre los objetos recuperados del lugar de los hechos. El teléfono móvil que se encontraba en su interior dio las pistas que permitieron las primeras detenciones.

Pedro J. Ramírez y Casimiro García Abadillo en la despedida del periódico del primero.

Es fundamental desacreditar ese hallazgo, como también la operación en que se localizó a varios miembros del comando en una casa de Leganés. Durante el asalto, los terroristas activaron los explosivos que guardaban y murieron en el acto. A esa operación, El Mundo la llama "la farsa de Leganés". Un policía murió en la explosión. Ya se dejaba claro que los responsables de la trama estaban dispuestos a todo con tal de conseguir sus siniestros objetivos.

En 2006, El Mundo tituló en portada que "la 'mochila de Vallecas' no estaba entre los objetos que la Policía encontró en el tren", un dato negado ante el juez instructor por un mando policial y cinco agentes. Mariano Rajoy dijo que esa noticia era "enormemente grave", porque podría "anular la investigación" y el sumario judicial.

Una vez planteada la duda y cuestionada la credibilidad de la investigación, cualquier mínimo detalle sirve para mantener viva la idea de conspiración. Se trata de generar incertidumbre, no de presentar pruebas sólidas. El Mundo informó de que la furgoneta Kangoo empleada por los terroristas "tenía una tarjeta del Grupo Mondragón en el salpicadero". La policía confirmó después que era de una empresa de Madrid llamada Gráficas Bilbaínas. Además, había en el interior una casete de la Orquesta Mondragón. Pedro J. llamó "patulea de vagos y mentecatos" a los que se rieron de su periódico por la extravagante invención. 

Lo mismo ocurrió con la trama periodística del ácido bórico, una sustancia de aplicaciones sanitarias e industriales. En el piso de un yihadista relacionado con el 11M en Lanzarote, se había encontrado ese producto que el sospechoso empleaba "para matar cucarachas". Tres años antes, también se había hallado en la vivienda de un etarra en Salamanca. Unos peritos policiales incluyeron en un informe esa coincidencia que no tenía ningún valor probatorio. Como sus superiores eliminaron la referencia ("no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno"), El Mundo lo convirtió en sus titulares de portada en "el informe ETA/11M" falsificado por el Gobierno. 

Cualquier protagonista de la historia, por cuestionable que sea, puede servir para alimentar la producción de titulares y que vayan en la dirección deseada. El Mundo decidió defender la causa de uno de los que terminaron siendo condenados por su participación en el atentado, Jamal Zougam, a pesar de las pruebas y declaraciones de testigos que existían en su contra. Era un héroe improbable, pero no había muchos más para elegir.

Los atentados de Cataluña, un baño de realidad de que otro 11M es posible. EFE

Otro personaje de pasado turbio, José Emilio Suárez Trashorras, condenado por vender los explosivos, recibió honores de portada en tres días consecutivos. En una entrevista firmada por Fernando Múgica, afirmó que "todo estaba controlado por los Cuerpos de Seguridad". El titular principal destacado el primer día era: "Soy víctima de un golpe de Estado encubierto tras un grupo de musulmanes". 

El propio periódico lo había descrito en el primer artículo de "los agujeros negros" como una persona con "problemas psiquiátricos". Sus motivaciones eran más prosaicas. "Mientras el periódico El Mundo pague, si yo estoy fuera, les cuento la Guerra Civil" El Mundo , había contado a sus padres, según informó El País.

Un elemento básico del andamiaje conspiratorio consiste en desprestigiar a los expertos. Quieren ocultar algo para librarse de su responsabilidad o están vendidos a intereses ocultos. De ahí que fuera básico que El Mundo atacara a los funcionarios públicos que participaron en la investigación con el objetivo de minar su credibilidad. Ni siquiera cuando se celebró el juicio y se publicó la sentencia en 2007, dejaron de hacerlo. Pedro J. Ramírez acusó a quince jueces, fiscales y policías de haber impedido que se investigara el crimen con su negligencia.

"Es muy probable que algunos inocentes hayan sido condenados y no cabe duda de que hay grandes culpables en libertad, pues nadie ha sido juzgado y condenado por suministrar el Titadyn", dijo el periodista. La sentencia probó que el explosivo que destruyó los trenes era Goma 2 robada de una mina de Asturias. Para los conspiradores, resultaba básico plantear que se había utilizado el más usado en esa época por ETA. 

"Yo no sé lo que ocurrió el 11M", dijo Ramírez en 2009, después de que se conociera la sentencia. Dos años antes, había escrito que era lógico que "cada día vaya cobrando más cuerpo entre los expertos la tesis de que ETA habría aportado asistencia logística a los autores de la masacre". Los expertos a los que el periódico concedía ese título por ayudar a justificar la conspiración.

"¿Esto va a quedar así?"

Cuanto más poder tengan los que promueven las teorías de la conspiraciones, menos posibilidades de que paguen por los bulos, mentiras e insinuaciones. Eso es lo que se preguntaba Irene Lozano –entonces diputada de UPyD, hoy secretaria de Estado– en un artículo en Abc: "Entonces, ¿esto va a quedar así? ¿Nadie es responsable de las mentiras de la investigación del 11-M? (refiriéndose a "los periodistas que vendieron bulos por noticias" y a los políticos que les dieron crédito). ¿Nadie en los medios? ¿Nadie en los partidos? ¿Absolutamente nadie y caso cerrado?".

Eso es lo que pasó, aunque políticamente siempre hay consecuencias. La apuesta del PP por aprovechar la trama periodística del 11M para negar la legitimidad del Gobierno de Zapatero no tuvo fruto en las urnas. En las elecciones de 2008, Rajoy volvió a ser derrotado. 

Sería un grave error subestimar la capacidad de las teorías de la conspiración de influir en la sociedad y en el sistema político. El historiador norteamericano Stephen Ambrose recordó que esas invenciones sobre hechos del pasado pueden tener efectos cruciales en el presente: "La llegada de los nazis al poder, el rearme alemán y la Segunda Guerra Mundial quizá no se hubieran producido sin la creencia ampliamente extendida en Alemania en la conspiración de la puñalada por la espalda" (la supuesta traición de los políticos que hizo que los militares alemanes perdieran la Primera Guerra Mundial). 

Las teorías de la conspiración pueden parecer a veces absurdas o vergonzosamente partidistas. Hay gente que piensa que refutarlas sólo sirve para darles notoriedad. Pero tienen consecuencias.

La derecha ha colocado la movilización del 8M en la diana. Quienes ahora claman contra la manifestación que se celebró en Madrid y que congregó a alrededor de 120.000 personas nada dijeron en los días previos sobre la necesidad de cancelarla ante la expansión del coronavirus. El PP, que participa de esos ataques, llevó representación a la marcha y Vox celebró su asamblea en Vistalegre ese mismo día. No solo desde la arena política se señaló a la movilización sino que una jueza abrió una investigación a raíz de la denuncia de un particular, aunque ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, al que imputó tras recibir un informe de la Guardia Civil que se cargaba de razones, a través de imprecisiones e información sesgada, para apuntar directamente al Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que tenía información suficiente para cancelar la manifestación. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel considera finalmente que no fue así, al menos en el caso del representante del Gobierno en la región. 

El instituto armado también apuntaba al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, con algunas acusaciones falsas, como que advirtió el 28 de febrero de que existía transmisión comunitaria afirmando que ello supone que "no se puede contener el virus controlando las personas que están infectadas y a su entorno porque ya no se conocen estos". El doctor dijo justamente lo contrario, pero es que incluso el 7 de marzo –cuando en España había 430 positivos detectados con prueba anlítica (de ellos 174 en la Comunidad de Madrid)– negó que el virus estuviera fuera de control con la información que disponía a partir de lo que enviaban las autonomías, donde residen las competencias de salud. "En los que no se ha identificado el origen son muy limitados. Se está siendo perfectamente capaz de controlarlo", aseveró.

Los datos en ese momento avalaban que el brote en España no era elevado y que el origen de los contagios estaba identificado. En el caso de la Comunidad de Madrid, el ministerio contabilizaba el 8 de marzo 202 casos, a partir de los datos ofrecidos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tan solo 28 más que el día anterior. En total habían fallecido ocho personas, todas ellas de avanzada edad (entre 99 y 76 años) y con patologías previas. Los principales focos estaban controlados y se sabía que la enfermedad estaba en algunos centros de mayores, como el de la Paz.

Fue al día siguiente cuando las cifras se dispararon, aunque informalmente el Gobierno de Ayuso se lo comunicó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una llamada telefónica en la tarde-noche del 8 de marzo, cuando la manifestación ya se había celebrado. En la mañana del 9 de marzo, cuando se tomaron las primeras decisiones de distanciamiento social, como el cierre de colegios, se notificaron formalmente 267 casos nuevos. En tan solo 24 horas, los nuevos casos se incrementaron en un 853% y se duplicó el número de infectados en la comunidad. Esa tarde, hubo una actualización que aumentaba de 469 a 577 los positivos.

El periodo de incubación del covid-19 es de 1 a 14 días, siendo el mediano 5-6 días. Teniendo en cuenta que la manifestación fue por la tarde y que la advertencia de la Comunidad de Madrid se produjo a última hora del 8 de marzo es imposible que el salto se produjera en la reivindicación feminista.  

Además, ni los organismos internacionales ni la Comunidad de Madrid habían advertido previamente de la situación. El Gobierno de Ayuso no lanzó ninguna alerta para impedir otros eventos multitudinarios que se celebraron en la región ese fin de semana, como un concierto de Isabel Pantoja que congregó a 11.000 personas en el WiZink Center, el acto de Vox en Vistalegre con 10.000 asistentes o un partido del Real Madrid de Baloncesto (todos ellos a puerta cerrada). 

En ese momento, el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) mantuvo a los países europeos –excepto Italia– en la primera fase (contención) de los cinco escenarios epidemiológicos. En esa etapa existían casos de coronavirus importados y transmisión local limitada. El 12 de marzo se produjo el cambio para la mayoría de los países de la UE, incluida España, cuando la agencia europea, en un nuevo informe de evaluación de riesgo, los situó en escenario dos con una evolución rápida hacia un escenario tres. Es a partir de esa fase en la que se recomienda la cancelación de eventos masivos. Aún así, el WiZink albergó un concierto de Camela con 8.000 personas.

Fue el 9 de marzo cuando ante la proliferación de casos en toda España, especialmente en la Comunidad de Madrid y Euskadi, donde se encontró cierta transmisión comunitaria. El Consejo Interterritorial de Salud se reunió esa misma tarde y adoptó las primeras medidas drásticas de distanciamiento social, como el anuncio del cierre escolar en esas zonas. 

A partir de ahí, el incremento de casos detectados pasa de ser casi lineal a aumentar como una escalera en los días siguientes y se van adoptando algunas otras medidas de distanciamiento social, como la suspensión de las clases o la recomendación generalizada de teletrabajo. Cuando la OMS declara la pandemia del covid-19 el 11 de marzo al haberse extendido a 114 países y contabilizar más de 118.000 casos en todo el mundo, España contabilizaba 2.100 casos a partir de los datos de las comunidades, de los cuales 1.024 estaban en Madrid. Dos días después, Sánchez anunció la declaración del estado de alarma que conllevaría el confinamiento que se ha prolongado durante más de dos meses.

Y de repente, una voz que desnudó por completo a los políticos: "Señorías: no utilicen nunca más, ni aquí ni en ningún otro contexto, el dolor de las víctimas con fines partidistas. No lo utilicen como bandera de su propia causa. Somos un signo de unión (...) Pretenden someternos al discurso de la polarización, al discurso de quien no está con nosotros está con ellos, al discurso de quien no nos defiende, es un traidor. Las víctimas no entendemos de posicionamientos políticos. Somos víctimas. Nada más. Y nada menos. (...) Para ustedes todo es política, y para ustedes todo significa partidismo pero, afortunadamente, fuera de esta casa aún queda mucho aire fresco y mucha luz bajo el cielo (...) Sólo sus intereses partidistas pueden hacerles ciegos a esta realidad. Desde la autoridad moral que detentamos, la única que jamás nos podrán usurpar, les exigimos que no nos manipulen, que no nos usen. (...) Aunque les desagrade oírlo, nos han convertido en moneda de cambio del juego político". 

15 de diciembre de 2004. Quien hablaba así en el marco de la comisión parlamentaria de investigación sobre el 11M era Pilar Manjón, madre de un joven fallecido en los brutales atentados de Atocha. Ahí empezó todo, siete meses antes de aquella desgarradora y luminosa comparecencia.

La historia es bien conocida. Una sucesión de diez explosiones en cuatro trenes de cercanías de Madrid había matado a 193 personas, herido a 2.000 y provocado una profunda conmoción en el país a tan solo tres días de unas elecciones generales. La onda expansiva acabó con casi doscientas vidas, una campaña electoral y la serenidad en la escena pública durante muchos años. José María Aznar, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana… Todo aquel Gobierno mintió a los españoles sobre la autoría de la masacre para intentar retener el poder. No lo consiguieron. Y, ni con la verdad judicial, admitieron el error, reconocieron la infamia o pidieron jamás perdón por lo que hicieron. "Ha sido ETA". "ETA buscaba una masacre en España y ha conseguido su objetivo". "No hay duda de que el responsable fue ETA". Todo eso decían. El presidente del Gobierno entonces llamó a los directores de los medios de comunicación para sostener la gran mentira; la ministra de Exteriores instruyó a los embajadores para que defendieran la misma autoría y el candidato a aquellas elecciones, Mariano Rajoy, rompió la jornada de reflexión con una entrevista en el diario El Mundo en la que aseguraba tener "la convicción moral de que fue ETA". Y todo cuando Otegi ya había desvinculado públicamente a la banda de la masacre y la Policía conocía la existencia de una mochila con explosivos no habituales en ETA, y sí en el terrorismo yihadista. 

Del pásalo a la teoría de la conspiración

La noche del 12 marzo, alguien escribió en su teléfono móvil el siguiente SMS: "¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!". No lo envió hasta la mañana del día 13. Lo remitió a una docena de amigos, entre ellos a Juan Carlos Monedero, entonces asesor de Gaspar Llamazares en el Congreso. Con el tiempo, se supo que el redactado era de Emilio Silva, periodista y uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y que lo escribió en un acto desesperado de rabia y protesta por la política de comunicación del gobierno tras los atentados. 

Aquel mensaje, para sorpresa de sus impulsores, corrió como la pólvora por todos los foros de Internet y, de ahí, a las calles de todo el país. Fue el desencadenante de decenas de protestas espontáneas ante las sedes del PP en las que se preguntaba "¿Quién ha sido?" y se exigía saber la verdad antes de acudir a las urnas.

España reaccionó a la infamia y el día 14 se produjo el vuelco inesperado. Zapatero ganó las elecciones. "Un presidente por accidente", llegó a decir y a escribir la derecha política y mediática. La teoría de la conspiración empezó a construirse esa misma noche.  Y de nada sirvió que un mes después Bin Laden, en una grabación difundida por el canal de televisión árabe Al Arabiya, reconociera que los atentados del 11M fueron una represalia contra España por su participación en la guerra de Iraq. 

Un sector del PP aún hoy sigue sin reconocer la autoría del terrorismo yihadista en los atentados del 11M y fabula todavía con ETA. Aquella "teoría de las conspiración", que tuvo como grandes impulsores a Acebes, Zaplana y Aznar, contó con la complicidad  de medios de comunicación como El Mundo, La Cope, Libertad Digital o la Telemadrid de Esperanza Aguirre, entre otros, que dictaban desde los micrófonos y los editoriales la estrategia de la oposición. Por la mañana, en la prensa escrita aparecían las preguntas, orales o escritas, que el PP debía hacer al Gobierno y por la tarde, el entonces portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, las registraba en el Congreso y las difundía en rueda de prensa. Así un día, y otro y otro hasta sumar las 1.460 que tienen los cuatro años que duró la Legislatura de 2004-2008, la más bronca que se recuerdan en el Parlamento.

Mariano Rajoy encabeza una manifestación contra el matrimonio homosexual en 2004. | Efe

Lo que el PP perdió en las urnas, pretendió luego ganarlo en la calle con la convocatoria de sucesivas manifestaciones. Todo valía. La aprobación del matrimonio homosexual, la política antiterrorista, la reforma del aborto, la reforma del Estatut… Durante el Gobierno de Zapatero la derecha se convirtió en habitual de las pancartas. Entre los años 2004 y 2010, apoyó o participó en trece manifestaciones en las que se clamaba duramente contra el Ejecutivo socialista. A pesar de que las marchas no eran convocadas por la formación conservadora, el PP cumplía la función de movilizador social. Tanto es así que Mariano Rajoy llegó a decir: "Lo tengo muy pensado, lo que no he pensado es si es bueno o malo decirlo. Mi partido es el que moviliza todas las manifestaciones. Es el que respalda, moviliza y las llena".  Y todo perseguía el mismo objetivo: derrocar al Gobierno. La estrategia consistía en generar dudas, promover la indignación y sembrar un clima político de crispación y hasta impugnar la legitimidad de quienes ostentan el poder ejecutivo.

Los autores intelectuales y las locomotoras mediáticas

La historia nunca se repite, pero en ocasiones se parece mucho. El 11M de entonces es hoy el 8M y el feminismo. La misma estrategia, los mismos autores intelectuales, las mismas locomotoras mediáticas, la misma utilización de la tragedia y la misma derecha desaforada y desacomplejada que intenta sacar rédito partidista. El propósito, también idéntico. Pedro Sánchez ha llegado a acusar esta semana en el Congreso al líder de la oposición de usar el virus para "derribar" a su gabinete.  La pasada, la vicepresidenta Carmen Calvo insinuó que Pablo Casado "andaba" en alentar operaciones conspirativas y varios miembros del Gobierno han dejado caer en sus intervenciones públicas la misma tesis y que hay contra él una "campaña de acoso y derribo" orquestada desde distintos sectores conservadores de algunos ámbitos no tan visibles del Estado como la judicatura, miembros de la cúpula policial o el empresariado.

Algunos politólogos prefieren hablar de una tercera ola de crispación para deslegitimar al Gobierno, situando una primera en 1993 en un contexto de paro, despilfarro y corrupción en los últimos años de Felipe Gónzález y una segunda en 2004, con ETA y el Estatut como telón de fondo. ¿Cuáles son los paralelismos entre el 11M y el 8M? En el Gobierno lo tienen claro. La primera es "el uso de la mentira como eje central de la estrategia política de la oposición". Entonces acuñaron el "ha sido ETA" y hoy, "el 8M es el culpable de que se extendiera el coronavirus" o "el Gobierno es el responsable de la muerte de miles de mayores en las residencias". Así lo creen en el entorno del presidente Sánchez, donde recuerdan que todos los países han desplegado la misma estrategia en lo que respecta a la lucha contra la pandemia, "porque en lo que tiene que ver con las medidas sociales para frenar las consecuencias ningún estado vecino ha tejido la red de protección social que ha puesto en marcha el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos".

De ahí, defienden los mismos interlocutores, la necesidad de construir un gran embuste como estrategia de desgaste. "No pueden atacar los ERE, ni el Ingreso Mínimo Vital, ni la moratoria decretada para el pago de las hipotecas, ni la prohibición de cortar el suministro de servicios básicos… y por eso han hecho del 8M el principal caballo de batalla", sostienen desde La Moncloa.

La ilegitimidad del Gobierno

La segunda similitud con la etapa de hace 16 años es que, de alguna manera, la derecha vuelve a deslizar la idea de que el Gobierno es ilegítimo. Si Zapatero fue un presidente por accidente que llegó al poder por los atentados del 11M, Sánchez lo es como consecuencia de una moción de censura que el PP ha llegado a calificar como ilegítima, olvidando dos cuestiones: una, que la censura es una forma tan democrática de llegar al poder como unas elecciones generales, y dos, que tras la moción, Sánchez ganó, no una sino dos elecciones generales.

En el entorno del presidente no olvidan que días antes de la votación para investir a Sánchez el pasado enero, la derecha llegó a hacer hasta un llamamiento público para que se produjera un 'tamayazo' en las filas del PSOE para dar al traste con la votación. El transcurso de aquel debate de enero de este año, en el que Casado llegó a acusar a Sánchez de abjurar del constitucionalismo y de intentar formar "un Gobierno contra el Estado" por su alianza con Podemos, ya dejó sobre la escena una oleada de crispación que adelantaba que todo iba a ponerse a prueba. Lo que nadie imaginaba es que sería tan pronto y como consecuencia de una crisis sobrevenida y provocada por un virus incontrolable para todos los países del planeta.

La supuesta ilegitimidad vuelve hoy a ser la consigna central de la ofensiva de la derecha contra la alianza de las izquierdas.  Y tendrá réplicas, como antaño, en el Congreso, en la calle y por supuesto en las redes sociales. De hecho ya ha tenido algunas. Ahí ha estado la judicialización de la manifestación feminista del 8M -que la jueza ha archivado, pero que se ha llevado varios titulares tras imputar al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, o con los informes de la Guardia Civil plagados de imprecisiones para apuntalar la teoría de que se permitió una movilización por razones ideológicas sin atender a criterios epidemiológicos que en ese momento eran desconocidos- y ahí quedará también la imagen de las concentraciones en Núñez de Balboa, en pleno confinamiento, para exigir la dimisión del presidente del Gobierno. Vendrán más.

Hay quien no pasa por alto incluso que los autores intelectuales de la estrategia de oposición que siguió Rajoy entre 2004-2008 son los mismos que dictan hoy la de Casado desde FAES, con Aznar como tótem de la derecha sin complejos y con Cayetana Álvarez de Toledo - jefa de gabinete de Acebes en Interior cuando se construyó la gran mentira sobre el 11M, de portavoz parlamentaria. 

"Las locomotoras mediáticas -añade Óscar López, ex secretario de Organización del PSOE y miembro del comité electoral de los socialistas en 2004- también coinciden, si bien el panorama digital actual y las redes sociales han permitido amplificar la difusión. El Mundo, Libertad Digital y alguno más son los sostenedores de esta estrategia contra el 8M como lo fueron de la teoría de la conspiración del 11M. Donde antes hablaban de Muro, Trashorras y el Titadyn, ahora ponen el foco en el feminismo, el off the record de la ministra de Igualdad o los informes de la Guardia Civil" construidos a base de bulos, mentiras y recortes de noticias falsas de digitales. Ahí tienen el tercer paralelismo.

López añade un elemento más, el intento de destrucción "ad hominen" de los presidentes Zapatero y Sánchez. Del primero, Rajoy llegó a decir aquello de "usted pasará a la historia por ser el presidente que ha traicionado a los muertos", en referencia a los asesinados por ETA y le acusó en reiteradas ocasiones de haber roto una España, que 16 años después sigue entera y en el mismo sitio del mapa. Esto, después de dibujarle como un político sin escrúpulos y "guerracivilista". Argumentos que se repiten hoy contra Sánchez.

El ex secretario de Organización del PSOE también destaca la coincidencia de los protagonistas de la distintas épocas en las que el PP ha hecho de la crispación su principal eje de oposición y añade, además de Aznar y Álvarez de Toledo, al ex secretario de Estado de Comunicación del primero Gobierno del PP, Miguel Ángel Rodríguez, hoy jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Rodríguez fue el artífice de la estrategia que llevó a la derecha por primera vez a La Moncloa y es el arquitecto ahora de la campaña de confrontación permanente del gobierno de Madrid contra Sánchez.

Diego López Garrido, portavoz parlamentario del PSOE entre 2006-2008, recuerda que los dos últimos años de aquella Legislatura, con Eduardo Zaplana al frente del Grupo Parlamentario Popular, fueron "terribles y de una actitud intolerable por parte del PP, que nos acusaba permanentemente de pactar, ceder y vender España los terroristas, que es lo que peor que se puede decir de un Gobierno". 

El virus de hoy era la ETA de entonces

Un partido, cuyo presidente se refirió públicamente a ETA como Movimiento de Liberación Vasco y que acercó presos a las cárceles de Euskadi cuando la banda terrorista aún asesinaba, acusando al Gobierno de Zapatero -el único presidente de la historia que solicitó autorización al Congreso para dialogar con la banda "en ausencia de violencia"-  de arrodillarse ante los asesinos. Ese era el PP de 2004. El de 2020, vuelve a ser "la misma derecha sin complejos que siempre reivindicó Aznar y que busca la deslegitimación del Gobierno cuando ella en la oposición", sentencia López Garrido.

El virus de ahora era la ETA de entonces. Y el Ingreso Mínimo Vital de hoy era la ley de matrimonio homesexual. Dos medidas de amplio impacto social y de avance en la conquista de derechos que justifican por sí solas una Legislatura y que, de algún modo, la derecha intenta sepultar. Unas veces con teorías de la conspiración y otras, con manifestaciones como las del 8M. 

Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, en el centro de la imagen junto a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la vicepresenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en la manifestación por el Día de la Mujer del pasado 8 de marzo. | Efe

La pregunta es si, en un país, que se declara mayoritariamente de centro-izquierda, la polarización tiene premio o penaliza. Tras aquella legislatura convulsa y bronca en la que la sombra de Aznar y sus adláteres planeó sobre Rajoy durante cuatro largos años, el PP volvió a pagar en las urnas por la crispación y la radicalidad. Movillizó a su electorado más ideologizado, pero mucho más al de la izquierda ante el temor de que volviera al Gobierno. Zapatero revalidó la mayoría y, dos meses después de su segunda derrota, en un congreso extraordinario del PP celebrado en Valencia fue cuando aprendió la lección de que la imagen y la forma en política cuenta tanto como el contenido, y decidió prescindir de esa pátina de dureza en la estrategia y en los equipos  que tan caro pagó. 

Zaplana, Acebes y Aznar desaparecieron de la escena y con ellos la teoría de la conspiración y la "derecha sin complejos" que ha vuelto a resucitar hoy Pablo Casado de la mano del ex presidente del Gobierno. Eran aquellos tiempos en los que desde las emisoras amigas, alguna como Libertad Digital financiada con la caja B del partido, se le llamaba a Rajoy "maricomplejines", un término acuñado por Federico Jímenez Losantos, que hoy dedica calificativos todavía más graves a Sánchez y a los ministros del Gobierno.

¿Hasta cuándo seguirá la estrategia de la crispación? Seguramente, hasta que alguien intente defenestrarle como líder del PP, igual que hizo Esperanza Aguirre con Rajoy, y se vea obligado a "matar al padre" y a todos sus discípulos, como hizo Rajoy con Aznar, Acebes y Zaplana. 

Aún así VOX y la fragmentación de la derecha tradicional puntúan en su contra. Más cuando el PP, a diferencia del PSOE con la irrupción de Podemos en 2014, lejos de confrontar con dureza contra su principal competidor de bloque, ha decidido sucumbir a su misma estrategia de radicalidad y hacer seguidismo de su exaltado discurso sobre el feminismo y el 8M, el España se rompe  y la izquierda ilegítima.

Los números no le dan porque aunque la suma con Vox pone muy difícil encontrar otros socios que se adhieran a la ecuación, y, de seguir por esa senda, "tenemos Pedro Sánchez para largo", augura un ministro del actual Gobierno. Veremos. De momento, la derecha española sigue siendo el mejor ejemplo de que la verdad y la política nunca se llevaron bien y dando muestras de que la mentira es una herramienta necesaria y justificable para no perder el poder o para volver a tenerlo.

Uno de los méritos que se atribuyó a Mariano Rajoy puertas adentro del Partido PopularPartido Popular en sus 14 años al frente de la formación fue el de haber liquidado a las diferentes familias políticas que le suponían un contrapeso o una amenaza a su liderazgo. Tras años de enfrentamiento frontal a la dirección nacional, el aguirrismo cayó por su propio peso cuando la lideresa fue perdiendo poder a medida que su entorno de confianza iba ingresando en prisión implicado en múltiples escándalos de corrupción. Su adiós definitivo fue abril de 2017. Acabar con el aznarismo fue algo más complejo para quien ahora ejerce como registrador de la propiedad, ya fuera de la política. Tras apartar a quienes habían sido los hombres fuertes de José María Aznar de la estructura del partido, llegaron las pruebas definitivas de la ruptura total: en octubre de 2016, la fundación Faes, liderada por el expresidente y concebida como el sustento ideológico del partido, se desvinculó de las siglas del PP. Y en diciembre de ese mismo año se puso el broche de oro: Aznar renunciaba a la presidencia de honor del partido. Atrás quedaban años de tensiones, de lecturas de cartilla y de críticas a la gestión de Rajoy, el hombre que él eligió para liderar el PP. También, años de acusaciones de "deslealtad" por parte del marianismo.marianismo

El tiempo ha demostrado que lo del fin del aznarismo era sólo un espejismo. Porque la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP ha estado acompañada de la resurrección del expresidente del Gobierno y de su fundación. Desde su aterrizaje en la planta séptima de Génova 13, personas de la máxima confianza de Aznar han ocupado puestos relevantes en la estructura del partido. Como si hubiesen estado esperando una segunda oportunidad. Y Faes, sobre todo desde el inicio de la crisis del covid-19 cuando la pelea política ha alcanzado altas cotas de crispación, actúa en ocasiones como sustento de muchas de las posiciones políticas del PP de Casado. Y otras veces, como caja de resonancia. Porque ahora sí, con uno de los suyos al frente —Casado fue su director de gabinete en Faes entre 2009 y 2012—, ya se siente con ganas de pedir el voto para el partido que lideró y bajo cuyas siglas fue presidente del Gobierno de España. Lo verbalizó en enero de 2109, en la convención con la que Casado pretendía el rearme ideológico del partido después de haber tomado las riendas en verano.

"Aznar es incapaz de no querer imponer sus tesis y sus criterios. Él marca criterios, quiere marcarlos y, de momento, le están dejando", analiza un veterano dirigente conservador que ha vivido todas las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy al frente del partido. "Otra cosa es que Casado le siga el paso o no. Depende de los temas", precisa. No hay asunto de la actualidad política de las últimas semanas que se haya quedado huérfano de las aportaciones de Faes: de la renta mínima al nuevo papel de Ciudadanos como fuerza que se aleja de la foto de Colón. De la polémica de Cayetana Álvarez de Toledo con el vicepresidente Pablo Iglesias a cuenta de ser "hijo de terrorista" –en referencia a su militancia en el FRAP durante la dictadura franquista– a las implicaciones del mando único del Gobierno durante el estado de alarma.

Para buscar un momento de "intento de influencia" del expresidente en las estrategias del partido similar al actual, todas las fuentes consultadas apuntan a la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la que arrancó tras los trágicos atentados del 11 de marzo de 2004. Aznar había dejado el partido en manos de Mariano Rajoy, pero este no pudo tomar las riendas del cuartel general de los conservadores de forma definitiva hasta cuatro años después, en el XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Valencia en junio de 2008. Hasta esa fecha, el aznarismoaznarismo tenía destacados representantes en puestos muy relevantes. Hay dos ejemplos muy claros. Ángel Acebes, exministro del Interior, ejercía como secretario general del partido. Y Eduardo Zaplana, exportavoz del Gobierno y exministro de Trabajo, estaba al frente de la portavocía en el Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputados.

El 11 de marzo de 2004 y los días posteriores, Aznar, Acebes y Zaplana llevaron el peso de la tesis que falsamente apuntaba a que la banda terrorista ETA estaba tras la autoría de los atentados. El PP perdió el Gobierno en las generales del día 14. Y la tesis siguió coleando a lo largo de la legislatura agitada por dirigentes conservadores jaleados por el altavoz de la derecha mediática. La misma derecha mediática que no vio después con buenos ojos que Rajoy fuera deshaciéndose de la estructura de partido vinculada a su antecesor y que tampoco le veía capaz de seguir llevando las riendas del PP tras haber perdido de nuevo en las generales de 2008.

En estos días en los que derecha e izquierda se acusan mutuamente de conspiraciones, hay elementos del paisaje político que permiten un viaje a 2004. Hasta el líder del Partido Popular, Pablo Casado, emulando unas declaraciones de Alfredo Pérez Rubalcaba del 13 de marzo de aquel año, arrancó hace un mes una de sus intervenciones parlamentarias con la frase "los españoles merecen un Gobierno que no les mienta".

El "miedo a Vox" aupó a Cayetana

Si en los primeros meses de Casado al frente del PP, los fichajes y nombramientos vinculados con la Faes de Aznar se circunscribían a la sede del partido, con las convocatorias electorales se extendieron al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Como en las etapas de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho del Gobierno regional el escaparate de las políticas conservadores y el refugio desde el que disparar al Ejecutivo central.disparar

Así, mientras el núcleo duro de Rajoy iba siendo apartado o dejaba la política, Génova abría —o reabría— la puerta, en calidad de asesores, a Javier Fernández-Lasquetty, exsecretario general de Faes y exconsejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre. O a Isabel Benjumea. Procedente de la red Floridablanca, un think tank muy crítico con la etapa de Rajoy, Benjumea también pasó por Faes. Ambos duraron poco tiempo en el cuartel general de los conservadores. Fernández-Lasquetty es ahora el consejero de Hacienda y Función Pública del Gobierno de coalición PP-Cs en la Comunidad de Madrid. Y Benjumea se sienta en el Parlamento Europeo desde las elecciones del año pasado.

Estos fichajes no le generaron a Casado mayor conflicto interno por no ser puestos relevantes. Sí empezaron los recelos por el peso que empezaba a ganar el aznarismo y, con ello, el temor a dejar desasistido al centro político. Pero los problemas comenzaron cuando sonó el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso, un perfil muy crítico con Rajoy, y con fuertes vínculos a la Faes de Aznar. El líder de los conservadores impuso su criterio plantando cara a los barones que creían que, con su elección, el partido mandaba el mensaje contrario al de la moderación. "El miedo a Vox estuvo presente en ese fichaje", considera un diputado nacional de la formación conservadora. "En determinados sectores del partido se cree que fichajes como este bastan por sí solos para frenar que votantes del PP se sumen ahora al proyecto de la extrema derecha", añade la misma fuente.

Refugio de 'aznaristas'

Si Casado ha ido haciendo un PP a su medida, Álvarez de Toledo ha hecho lo propio en el Grupo Parlamentario Popular. El Congreso de los Diputados es esta legislatura uno de los principales refugios de aznaristas y dirigentes con vínculos con Faes. Una de las primeras incorporaciones que se anunciaron fue la del exsecretario de Estado Gabriel Elorriaga, también vinculado al laboratorio de ideas de Aznar. Después incorporaría como director de gabinete a Alfredo Timermans. Vocal del patronato de la fundación liderada por el expresidente era secretario de Estado de Comunicación cuando se produjeron los atentados del 11-M. También en la Cámara Baja, como diputado, se sienta Carlos Aragonés. Tras años en el Senado, la llegada de Casado al PP le permitió saltar a las listas al Congreso a quien fuera director de gabinete de la Presidencia del Gobierno de España entre 1996 y 2004.

"Desde la óptica de este sector del PP, ellos vienen a suplir años de carencia de ideología, años de perfiles tecnócratas y no políticos, años en los que Rajoy y su equipo no supieron plantar cara a la llamada superioridad moral de la izquierda", subraya un exdirigente conservador ya fuera de la primera línea de la política.

Y si ellos ponen la ideología, Faes vuelve a estar ahí para ayudar con el mensaje. O para reforzarlo. Sobre todo desde que estalló la crisis del covid-19, cuando el que fuera laboratorio de ideas del PP, ha fijado posición sobre las cuestiones más de actualidad. O más polémicas. Prácticamente a diario, el think tank ofrece sus "análisis", "editoriales", "anotaciones"...

En Faes, por ejemplo, ha encontrado Álvarez de Toledo el mayor respaldo a uno de los episodios de mayor crispación política, cuando en el Pleno del Congreso de los Diputados llamó al vicepresidente Pablo Iglesias "hijo de terrorista". Barones como Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Fernando López Miras (Murcia) censuraron este tipo de intercambios verbales que "acaban dando munición a la izquierda" y, en privado, destacados dirigentes se quejaron de que esa línea de confrontación eclipsaba la estrategia del partido, que por aquellos días pasaba por acorralar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero la fundación de Aznar salió en clara defensa de Álvarez de Toledo.

'Provocaciones'

En un análisis tituladoProvocaciones, la fundación considera que "Cayetana Álvarez de Toledo puede estar tranquila ante las acciones judiciales que dice que prepara el padre de Pablo Iglesias. Y no solo porque la inmunidad parlamentaria le protege cuando utiliza la tribuna, sino porque sus peores detractores –que lo son del Partido Popular– dieron lugar a una doctrina que ilustra bien este caso". Recuerda que el Tribunal Supremo condenó en su día a Arnaldo Otegui a un año de prisión por injurias a la Corona después de que dijera del rey Juan Carlos que era "el jefe de los torturadores". Y que Otegui recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que falló que calificar así al jefe del Estado no era injurioso sino "un ejercicio de libertad de expresión". 

"Iglesias es un tipo crecido políticamente en la bronca y el escrache; sus modelos no pertenecen a la historia de la democracia parlamentaria sino a los que la han combatido. Como populista agresivo que es, no busca más que la quiebra social, el antagonismo y la demonización de sus adversarios para convertirlos en enemigos", añade Faes después de haber señalado que "la cuestión más amplia que suscita la presencia del vicepresidente segundo en las instituciones democráticas es su búsqueda constante de la provocación".

Las críticas al 8M

La derecha ha hecho de la celebración de las marchas del 8M, a una semana de que se decretara el estado de alarma, el eje de su estrategia política contra el Gobierno intentando trasladar el argumento de que en la Moncloa se priorizó la ideología a la salud y se permitieron de forma negligente. Obviando, además, que este año el Partido Popular acudió de forma oficial a estas manifestaciones con representantes de dirección nacional del partido. Hasta la fecha, Faes se ha referido al 8M en tres de sus análisis.

El 30 de marzo, en la nota editorial de su publicación Cuadernos recogía lo siguiente: "El mes de marzo comenzó con la despreocupada convocatoria a la manifestación del 8M, con frívolas risotadas progresistas a cuenta del coronavirus, y ha terminado con la prórroga del estado de alarma que ha supuesto la suspensión general de varios derechos y libertades fundamentales, entre ellos la libertad de circulación y los derechos de reunión y manifestación, con tiempo –eso sí– de que el socio de los socialistas en el gobierno alentara entretanto una cacerolada contra el rey".

El 4 de abril, en un editorial de la fundación se destacaba que el Gobierno de Sánchez había pasado "en apenas una semana" de "convocar a la participación masiva en las manifestaciones del 8M a decretar un estricto confinamiento de la población".decretar un estricto confinamiento de la población

La contribución más reciente a este debate es del 9 de junio, cuando bajo el formato Anotaciones, se sostiene con ironía que "la pandemia era imprevisible, pero, al parecer, no para el Gobierno, que utilizó todos los medios a su alcance para convocar a las manifestaciones del 8 de marzo sin advertir riesgo alguno".

En esta cuestión en concreto, Faes venía a respaldar la posición de un PP que agita el 8M contra el Gobierno con la misma insistencia con la que empieza a culpar a Iglesias del drama de las residencias en la Comunidad de Madrid obviando que las comunidades autónomas nunca han perdido las competencias en esta materia. Va a ser uno de los caballos de batalla políticos de los próximos meses a medida que avancen las comisiones de investigación parlamentaria y las denuncias que los familiares de los mayores fallecidos en residencias están empezando a registrar.

A vueltas con el mando único

También Faes ha salido en defensa de los postulados del PP respecto al mando único en los últimos días. El miércoles 1o de junio, cuando el asunto había ocupado parte de la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, bajo el epígrafe de Anotaciones, la fundación de Aznar lanzaba un artículo titulado Autoridad únicaAutoridad única. 

"En buena lógica democrática, el mando único debe conllevar una responsabilidad de alcance igual al de los poderes que concentra y es necesario que dé cuenta de sus resultados. Pero en vez de ofrecer una explicación adecuada, el Gobierno, y en especial alguno de sus más conspicuos representantes, descarga estas obligaciones en las comunidades autónomas e incluso, como ha ocurrido con el vicepresidente segundo, quiere dar la vuelta a la realidad y nos intenta convencer de que el hecho de que todas las autoridades y personal de las administraciones públicas queden 'bajo las órdenes directas de la autoridad competente', en realidad significa reforzar las competencias autonómicas", puede leerse en el texto.

Para Faes, "el desarrollo de la pandemia ha mostrado que en muchos casos las comunidades autónomas han tenido que buscarse los recursos que la autoridad única ha sido incapaz de encontrar y suministrar". Es justo el argumentario de cabecera de Isabel Díaz Ayuso. 

Desde el pasado enero, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña es Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado de Comunicación del expresidente José María Aznar. A Rodríguez se atribuye, incluso dentro del PP, la dureza de las intervenciones de la dirigente conservadora contra la izquierda y la "búsqueda del choque permanente" con el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos.

Ayuso y los "hijos de Chávez"

Si hace unas semanas, Aznar, a través de Faes, actuaba en apoyo de Álvarez de Toledo, a mediados de mayo era también él en persona quien en una sesión extraordinaria online del Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), una iniciativa del expresidente, salía en rescate de Ayuso.

Aznar estableció un paralelismo entre un episodio de su carrera política y el momento que está atravesando ahora la dirigente conservadora. Recordó que el "dictador" Hugo Chávez se dedicó a "insultarle permanentemente", algo que se "hizo famoso" cuando el entonces rey Juan Carlos le espetó el "¿por qué no te callas?". Contó el expresidente que por aquellas fechas fue a visitar a Bill Clinton y que este le confesó su "envidia" por ser el foco de los insultos del venezolano. "Hoy en día yo tendría que decirte: no sabes lo que te envidio porque los hijos de Chávez te insulten todos los días a ti en vez de a mí", hijos de Chávez  dijo a la presidenta madrileña, en alusión a Unidas Podemos, socio del Gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez.socialista

"Una labor importante se tiene que estar haciendo desde el punto de vista político, unas muy altas cualidades se tienen que representar en términos de preocupación por los demás, en término del bien común, en término de actividad, de energía, de eficiencia, en términos de defensa de la libertad para merecer tanta atención por aquellos que se dedican a sembrar sectarismos, sembrar confrontación, sembrar odio o aquellos simplemente que no son defensores de la libertad. Para nosotros el tenerte esta tarde [la del lunes 11 de mayo] a ti, que eres una defensora de la libertad y que estás sujeta a una campaña como aquellas que en su momento de alguna manera yo sufría y motivaba la envidia de otros, pues es una gran satisfacción", le dedicó Aznar.

Contra Ciudadanos

Ese día no se refirió a Cs, la china en el zapato de Ayuso. Pero días antes, el 7 de mayo, bajo el encabezamiento de Anotaciones Faes ajustaba cuentas con el partido liderado por Inés Arrimadas por su posición en la negociación de las prórrogas del estado de alarma —Cs ha votado a favor de todas—. Intentaba recrear la fábula de la rana y el escorpión. "Para ser un partido joven, parece que a Ciudadanos le pesa mucho su pasado. Su apoyo a la prórroga suena a expiación autoimpuesta o a una tardía búsqueda del tiempo perdido. Tal vez su problema sea un equivocado instinto contracíclico, antes y ahora. Cuando la recomendación esencial para no contagiarse es mantener las distancias, deciden arrimarse", valoraba este laboratorio de ideas conservador.

Hasta la fecha, ningún miembro de la dirección nacional del PP ha ido tan lejos como Faes en sus críticas a Cs. Casado quiere tener buena relación con Arrimadas y su equipo porque está en juego la salud de los pactos y ese plan futuro de España Suma que tendrá como primera fase las autonómicas del 12 de julio en Euskadi.

“Un virus que no se antoja más dañino que otros ya conocidos y vencidos”. “Una gripe más o menos grave”. Estas son sólo algunas de las referencias al coronavirus que se recogían en las páginas de opinión del diario Abc a cuarenta y ocho horas del 8M. Dos entrecomillados que demuestran a la perfección que, lejos de la imagen que ahora se intenta construir alrededor de las marchas feministas, nadie era plenamente consciente de la gravedad de la crisis sanitaria. Ni en la derecha mediática, que durante aquella primera semana de marzo estaba más preocupada por las discrepancias en el seno del Ejecutivo que por la epidemia, ni en la política, centrada en los comicios autonómicos programados en Euskadi y Galicia. En aquel momento, se imponía la calma. Y se imponía tanto en España como en otros países del entorno europeo. En Francia, sin ir más lejos, el mismo fin de semana del 8M se permitía una concentración de más de tres millares de personas disfrazadas de pitufos bailando la conga.

En aquellos días previos al 8M, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había decretado la emergencia sanitaria. Y cualquier ciudadano era consciente de la crisis. Sin embargo, ni El Mundo ni Abc parecían muy alarmados. Es más, en los días previos a la marcha preferían poner el foco en el anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Informaciones que acompañaban de editoriales sobre los roces dentro del Gobierno con frases que a día de hoy serían impensables. Por un lado, el primer diario señalaba que “la insolvencia” de Pablo Iglesias podía terminar, en relación con la crisis del coronavirus, “empañando el buen trabajo del portavoz Fernando Simón”. El segundo, recalcaba la “osadía” con la que “el sector comunista” se permitía afear la conducta a ministros de la talla de Fernando Grande-Marlaska. Pocas horas antes de la marea violeta, ambos personajes estaban encumbrados. Ahora, tres meses después, son auténticos villanos.

El ambiente que se respiraba entre las páginas de ambos diarios no era, ni mucho menos, de preocupación. Es más, en las secciones de opinión no resultaba complicado toparse con artículos en los que se quitaba hierro al asunto en pro de la economía. “Lamento que el alarmismo pueda estar llevando a sobreactuar ante un virus que no se antoja más dañino que otros ya conocidos y vencidos”, señalaba el director de Abc, Bieito Rubido, a cuarenta y ocho horas de las marchas feministas. “Luego se quejarán de la crisis los que más alarma han creado, los que con su amarillismo intolerable han convertido una gripe más o menos grave en un susto mundial de precio incalculable”, decía un día después el columnista Salvador Sostres, insistiendo en que “la vulgar gripe habrá matado a más personas cuando termine el año”. “La máxima transparencia y la pedagogía constante son clave para que el miedo, que es libre, no se propague como un virus más”, recogía, por su parte, el diario El Mundo en un editorial publicado una semana antes de la marcha.

Sólo en La Razón se podía leer alguna referencia al peligro que suponía la celebración de las marchas en los días previos al 8M.  Lo hacía la periodista Cristina López Schlichting en su artículo “8M, por qué no voy”, en el que a través de media docena de puntos explicaba los motivos por los que no saldría a la calle. La columnista empezaba por la “ideologización” de la reivindicación y continuaba con el “transgenerismo”, la prostitución o la gestación subrogada. Y en el último punto, en el sexto, ya mencionaba la crisis sanitaria: “Se está intentando contener un virus. ¿Alguien me puede explicar cómo un Gobierno puede alentar a la masificación de las calles en esta circunstancia?”.

“Importancia de mantener la tranquilidad”

Como en los medios, también se trasladaba calma a la ciudadanía desde las mismas formaciones políticas que ahora atizan con fuerza al Ejecutivo por no haber frenado la marea violeta. Esta misma semana, el presidente del PP, Pablo Casado, se ha apoyado en un informe aportado a la jueza Rodríguez-Medel para sostener que el Ejecutivo “subestimó la gravedad del covid” y actuó “tarde y mal”. Sin embargo, tampoco el líder de los conservadores parecía ser consciente durante la primera semana de marzo del terremoto que estaba a punto de sacudir con fuerza el sistema sanitario español. En sus redes sociales, dejaba entonces constancia de su participación en la campaña electoral para las autonómicas vascas y gallegas, de su visita a un colegio concertado madrileño o de su discurso de clausura en el acto central del PP por el Día Internacional de la Mujer. Si había que dar abrazos a los potenciales votantes, se hacía sin necesidad de guantes o mascarillas. Si era necesario posar en una fotografía bien pegado a los asistentes al evento, sonrisa amplia y ningún miedo a posibles contagios.

De hecho, entre el 2 y el 8 de marzo, la única referencia que aparece en la cuenta de Twitter de Casado a la crisis sanitaria es la relativa a una entrevista concedida a Ana Rosa Quintana. Y ni siquiera en esa distendida charla parecía alarmado. “La epidemia de coronavirus, ¿le preocupa?”, le planteó directamente la periodista en el programa. “Bueno, yo creo que nos ocupa. Hay que mandar un mensaje de tranquilidad. Tenemos el mejor sistema sanitario de toda Europa y unos grandísimos profesionales. Nosotros estamos siendo muy leales y responsables con el Gobierno […]. Es verdad que esto contrasta con lo que Pedro Sánchez hizo en otras crisis sanitarias. Ayer se rescataba un tuit en el que Sánchez responsabilizaba a Rajoy de la crisis del ébola, lo cual creo que es de una bajeza terrible que nosotros no vamos a hacer”, respondía Casado. En aquellas fechas, Casado trataba de no enturbiar mucho las aguas con una cuestión tan delicada. Ahora, no tiene reparos en acusar directamente al presidente del Ejecutivo de “ocultar” los muertos para “esconder su incompetencia”.

El mismo llamamiento a la calma, en un momento en el que se seguían llenando los estadios de fútbol, los transportes públicos o las ceremonias religiosas, se lanzaba desde cualquier región gobernada por el PP, en línea con los mensajes que también salían desde el Ministerio de Sanidad. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, cuya Consejería de Sanidad trasladó una nota el 5 de marzo en la que recordaba la “importancia de mantener la tranquilidad”, señalaba que las personas infectadas sin sintomatología “no transmiten la enfermedad” y recomendaba la “adopción de medidas especiales en algunos ámbitos, como los centros sanitarios”. “La población general puede continuar con su actividad con total normalidad”, insistían desde el Ejecutivo regional a tres días de la celebración de un 8-M en el que también participaron políticas conservadoras.

La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tampoco parecía ser consciente del peligro de la epidemia. Si a finales de febrero aseguraba en una entrevista televisiva que “el miedo” era “más peligroso” que un “virus” con “síntomas menores incluso que los de una gripe”, durante la primera semana de marzo no hizo ni un solo comentario en su cuenta de Twitter sobre la crisis sanitaria. Simplemente, se limitó a recoger algunas de sus intervenciones parlamentarias o a dar publicidad a las reuniones mantenidas con agricultores y la embajadora de Israel. Tampoco evitó, por supuesto, participar en actos multitudinarios. Al fin y al cabo, su Ejecutivo recomendaba continuar con la actividad con total normalidad. Eso explica, por ejemplo, que el 6 de marzo se encargase de clausurar el Liberty Con Europe, una conferencia internacional que reunió en la capital a más de un millar de estudiantes liberales. O que el mismo 8-M la administración madrileña celebrase unas oposiciones que concentraron a otro millar de personas en un recinto cerrado.

“Suspender el acto y contribuir a un alarmismo perjudicial”

Ahora, Ayuso se echa las manos a la cabeza por el mantenimiento de las marchas feministas. Al igual que la extrema derecha, que lleva semanas intentando a través de la judicialización del caso asentar el marco que relaciona directamente la marea violeta que tanto odian con el incremento de los contagios durante la pandemia. Se olvidan, sin embargo, de que tampoco ellos estaban muy pendientes de la crisis durante la primera semana de marzo. En aquellas fechas, la extrema derecha estaba más preocupada por la campaña electoral en Galicia y Euskadi o por dar cancha a las marchas celebradas a finales de febrero en apoyo a su ansiada propuesta del pin parental. Y, por supuesto, por la gira que habían preparado en suelo americano para establecer todos los contactos posibles con el trumpismo. A cuatro días del 8-M, el líder de Vox, Santiago Abascal, se reunía con los republicanos Ted Cruz, Ron Johnson y Chris Smith, con algunos think tanks como The Heritage Foundation y con decenas de militantes. Sonrisas y apretones de manos mediante, por supuesto.

El 5 de marzo, regresó a España. Estaba todo preparado para la Asamblea General de Vox en Vistalegre. A pocas horas del cónclave, el secretario general del partido, Javier Ortega-Smith, se encargaba de arengar a las masas en un vídeo publicado en redes sociales: “Hoy estamos creando la alternativa frente al socialcomunismo, la alternativa frente a la derechita cobarde. Por eso necesitamos que este domingo vuelvas a estar aquí”. Es cierto que la extrema derecha pidió a sus militantes más vulnerables a última hora que siguieran el congreso desde casa ante la “falta de claridad” de un Gobierno que les había colocado ante la disyuntiva de “suspender el acto y contribuir a un alarmismo perjudicial” o “continuar con la agenda prevista tomando medidas de seguridad”. No obstante, esto no impidió que en un espacio cerrado se agolpasen miles de personas deseosas de escuchar las proclamas incendiarias que salieran del escenario.

Durante su discurso, Abascal ni siquiera hizo mención al coronavirus. Había otros temas más importantes para su formación. Al día siguiente de Vistalegre, el eurodiputado ultra Jorge Buxadé seguía insistiendo en que la celebración del mitin con 9.000 asistentes fue una decisión “responsable, correcta y adecuada”. Fue durante esa jornada posterior cuando La Razón ya se empezaba a preguntar si tenía que haberse restringido la marcha del 8M. Veinticuatro horas más tarde, el 10 de marzo, El Mundo daba la señal para el comienzo de la ofensiva. “Resultaría intolerable, que si ya se sabía antes del fin de semana que Madrid era un foco de transmisión, que el Ejecutivo antepusiera la ideología a la razón sanitaria autorizando la manifestación del 8M”, decía ahora.

Entonces, todas las piezas empezaron a moverse. Ayuso comenzó a hablar del mayor “infectódromo”. Y Casado no dudó en mentir señalando que en Alemania las manifestaciones se habían prohibido. De nuevo, no quiso que la realidad le estropease el titular. Aquel día, las mujeres tomaron las calles en todo el mundo. De Madrid a Londres o Berlín. Porque nadie era consciente entonces de la dureza de una pandemia convertida en la actualidad en arma política. Ni en España ni en Francia, donde durante aquel fin de semana se llegó a permitir hasta una concentración de más de tres millares de personas disfrazadas de pitufos bailando la conga. Ahora, a posteriori, todos aseguran que se veía venir el desastre que ya ha costado la vida a más de 27.000 ciudadanos.