La familia Bongo gobernó durante más de medio siglo Gabón, un país rico en petróleo, y dejó tras de sí un legado de pobreza generalizada y de acusaciones de corrupción que han puesto a la dinastía en el punto de mira de organismos de control internacionales y de autoridades que van de París a Libreville, la capital gabonesa. Ahora, siguiendo un nuevo rastro de registros mercantiles e inmobiliarios, OCCRP ha identificado bienes hasta ahora desconocidos pertenecientes a otro miembro del clan Bongo.

Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo —hijo del fallecido presidente Omar Bongo y de la juez Marie-Madeleine Mborantsuo— adquirió inmuebles en Dubái por valor de varios millones de dólares mientras ejercía como director general del Presupuesto y las Finanzas Públicas de Gabón, según ha podido documentar esta investigación.

Tras el derrocamiento de su hermanastro Ali Bongo en el golpe militar de 2023, Andjoua pasó a dirigir, bajo el gobierno de transición, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude. Sin embargo, según informó la prensa gabonesa, fue destituido en septiembre de 2025 tras las críticas públicas por estar tratando de gestionar el organismo a distancia, desde Dubái.

Cuánto dinero llegó a ganar exactamente Andjoua durante su paso por la administración sigue sin estar claro. Las autoridades gabonesas no respondieron a una solicitud de información sobre los detalles de su sueldo oficial. No obstante, un decreto de 2015 de la dirección del Presupuesto gabonés al que ha tenido acceso esta investigación indica que el funcionario mejor pagado, con 30 años de servicio, percibiría el equivalente a unos 1.900 dólares al mes, una cifra que contrasta con los millones volcados en una extensa cartera inmobiliaria.

Las revelaciones coinciden en el tiempo con una investigación judicial recién abierta en Luxemburgo en relación con Andjoua y un socio. Según el departamento de Justicia luxemburgués, la instrucción se abrió en mayo, después de una investigación preliminar iniciada a partir de los informes remitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Administración del Registro y de los Dominios.

El departamento de Justicia no detalló qué acusaciones concretas pesan sobre Andjoua o su socio y precisó que "a día de hoy, el señor Andjoua no figura específicamente como objeto de la investigación". Sí indicó, no obstante, a los reporteros de Le Monde —socio de OCCRP e infoLibre en esta investigación— que la causa examina indicios de falsificación y uso de documentos falsos, falta de publicación de las cuentas anuales, blanqueo de bienes y patrimonio, fraude fiscal agravado e introducción de información inexacta, incorrecta o desactualizada en el Registro de Titulares Reales.

Un amplio volumen de datos de sociedades luxemburguesas, analizados por OCCRP y Le Monde, constataron que Andjoua había estado vinculado en los últimos años a dos empresas registradas en el Gran Ducado. Los datos identificaban a Andjoua como titular real último de una sociedad luxemburguesa llamada Epila SCI, que cofundó en 2022 y que sigue figurando como activa en la actualidad. Según sus estatutos, la actividad de Epila incluye "la tenencia de todo tipo de bienes inmuebles y vehículos a motor", además de "la adquisición de participaciones en toda clase de bienes muebles".

Los registros luxemburgueses mostraban también que Andjoua y un socio adquirieron en 2021 una empresa denominada Miura Racing SC y la rebautizaron como Autoword SC. Entre las actividades declaradas de la firma figuraba la tenencia de "bienes muebles e inmuebles, valores, la propiedad privada y el uso de toda clase de vehículos motorizados y no motorizados, así como su puesta a disposición en el Gran Ducado de Luxemburgo o en el extranjero".

Ambas firmas estaban registradas como société civile (sociedad civil). Los reporteros no pudieron determinar si las empresas poseían algún activo, ya que este tipo de sociedades no están obligadas por ley a presentar cuentas públicas. Las autoridades luxemburguesas no quisieron aclarar si estas dos compañías son objeto de la investigación judicial.

Aunque los defensores de la transparencia en Luxemburgo subrayan que estas estructuras son legales, también insisten en la necesidad de reforzar su supervisión: Bastian Schwind-Wagner, de la organización sin ánimo de lucro Luxembourg for Transparency, declina pronunciarse sobre el caso concreto de Andjoua, pero señala que, con carácter general, las empresas en manos de personas con cargos públicos o conexiones con el poder deberían ser objeto de "un escrutinio reforzado" por parte tanto de los proveedores de servicios profesionales como del registro público luxemburgués, "por el mayor riesgo asociado a la corrupción, la contratación pública, las sanciones, la fiscalidad y la recuperación de activos".Los titulares de este tipo de sociedades, añade Schwind-Wagner, "deberían poder explicar por qué eligieron Luxemburgo [como sede], quién controla en última instancia la estructura, el origen de los fondos y cómo se gestionan los activos".

Andjoua no respondió a las consultas remitidas a sus direcciones de correo electrónico, por mensaje de texto y a través de un abogado que representa a un miembro de su familia.

En mayo, dos días después de que los reporteros le trasladaran preguntas sobre la finalidad de las sociedades luxemburguesas, Andjoua y su socio gestionaron la disolución de Autoword, según las inscripciones que presentaron ante el registro mercantil. Pero el rastro documental de Andjoua va mucho más allá de las firmas luxemburguesas. Los reporteros descubrieron una extensa cartera inmobiliaria, hasta ahora no revelada, adquirida mientras trabajaba para el Gobierno de Gabón.

Cuando murió, en 2009, el padre de Andjoua, Omar Bongo, había amasado una fortuna que según las informaciones de la época incluía al menos 183 coches, 39 propiedades de lujo en Francia y 66 cuentas bancarias.

El enriquecimiento de la familia Bongo y de su círculo más cercano mientras ocupaban cargos públicos se produjo sobre un telón de fondo de profunda desigualdad en Gabón, donde más de un tercio de la población sigue viviendo en la pobreza, según el Banco Mundial.

Ocho de los hermanastros de Andjoua han sido imputados en Francia, según informa a OCCRP la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF, por sus siglas en francés). Aunque la PNF no ha especificado los cargos que pesan sobre cada uno, sí precisa que la causa se refiere a la presunta recepción de fondos públicos malversados y a corrupción. La PNF señaló que Andjoua no está investigado en el marco de ese caso.

A lo largo de los años, los abogados de varios de los hijos de Bongo han defendido a sus clientes y han cuestionado la investigación en sus declaraciones a los medios.

En el conocido como el caso de los 'bienes mal adquiridos', la investigación penal se prolonga desde hace más de 15 años, desencadenada por una denuncia civil presentada en 2008 contra las familias gobernantes de Gabón, la República del Congo y Guinea Ecuatorial por la ONG francesa Sherpa, junto a Transparencia Internacional y Survie.

Sherpa explicó que el objetivo de la campaña era "lograr la devolución de activos" presuntamente sustraídos a los ciudadanos de esos países, y subrayó que el valor de los inmuebles supera con creces los salarios de los jefes de Estado y de sus allegados. La PNF añadió que la fiscalía aún no ha emitido su acusación definitiva en esta dilatada causa, y que después será un juez de instrucción quien decida si el caso debe ir a juicio.

Sobre este trasfondo de interrogantes en torno al patrimonio de los Bongo, los reporteros sacaron a la luz las inversiones inmobiliarias de Andjoua en Dubái. Andjoua figuraba como propietario de 43 inmuebles en Dubái, según datos inmobiliarios filtrados. Todos esos apartamentos se habían comprado entre 2020 y 2023 —el periodo en el que dirigió el Presupuesto del Estado— por un total aproximado de 15 millones de dólares.

De los 43 inmuebles que adquirió, 28 eran apartamentos de uno y dos dormitorios situados en un mismo edificio: la torre A de Sobha Creek Vistas, en la exclusiva zona de Meydan, en Dubái. Aunque Andjoua ya ha vendido esos apartamentos, junto a otros varios, los reporteros confirmaron que, a fecha de mayo, seguía siendo propietario de 10 apartamentos en otro edificio de la urbanización de lujo Golf Town.

Los reporteros constataron además que una sociedad patrimonial inmobiliaria francesa llamada Nouo, constituida por Andjoua y su madre, Marie-Madeleine Mborantsuo, posee una vivienda de notable tamaño en Bougival, un elegante municipio a las afueras de París. Adquirida en 2000, la propiedad se asienta sobre una parcela de 754 metros cuadrados dentro de una urbanización cerrada de alto nivel. Bougival, a orillas del Sena, es célebre por haber inspirado a algunos de los pintores impresionistas más importantes de la Belle Époque —entre ellos Monet y Renoir, que titularon sendos cuadros con el nombre de la localidad—.

Los documentos de constitución muestran que Mborantsuo aportó al capital de la sociedad, cuando esta se creó en 2000, el equivalente en francos franceses a casi 590.000 euros. Andjoua —entonces un estudiante de 24 años— aportó el equivalente a 15 euros. En los registros figura como administrador de la sociedad.

No está claro cuánto vale hoy la propiedad, pero una vivienda vecina similar se vendió por más de un millón de euros en diciembre de 2021, según los registros de la web oficial de la Hacienda francesa. Ni Mborantsuo ni Andjoua respondieron a las peticiones de comentario.

Mborantsuo está bajo investigación judicial en Francia desde 2014, por sospechas de "blanqueo agravado de malversación de fondos públicos". La PNF indicó que esa instrucción sigue abierta, pero que no se han formulado cargos. Andjoua tampoco está investigado en ese caso, precisó la fiscalía.

Apodada "3M", Mborantsuo fue la presidenta fundadora del Tribunal Constitucional de Gabón, cargo que ocupó durante más de 30 años. Fue una pieza clave para la perpetuación del régimen de los Bongo: su tribunal supervisó los disputados resultados electorales de 2009 y 2016, y en ambas ocasiones falló a favor de Ali Bongo. Tuvo dos hijos con el difunto presidente Omar Bongo: Andjoua y una hija, Esther. OCCRP y su socio Le Monde ya informaron en 2024 de que Mborantsuo poseía más de 3 millones de dólares en propiedades en Dubái.

Mborantsuo tuvo una pareja sentimental en Gabón, Lin Mombo, que durante más de una década estuvo al frente de la autoridad reguladora de las comunicaciones. Los datos inmobiliarios filtrados muestran que, en 2023, Mombo figuraba como propietario de un apartamento y copropietario de una villa en Dubái; los reporteros confirmaron que sigue siendo dueño de la villa.

Mombo compró también cinco propiedades por más de un millón de euros en Francia, en 2014 y 2015, a través de una sociedad domiciliada en la misma mansión de Bougival que posee la SCI de Mborantsuo y Andjoua, según los registros mercantiles. La sociedad de Mombo fue dada de baja en marzo de 2026. No está claro si por entonces ambos mantenían una relación sentimental.

La investigación ha descubierto una disputa mercantil de 2023, hasta ahora no revelada, en torno a las propiedades francesas de Mombo. Según la sentencia, Mombo y su hijo habían vendido las participaciones de su SCI a un asesor en Francia por apenas 2.000 euros. La venta se hizo porque Mombo estaba siendo investigado en Francia en aquel momento y quería proteger sus activos, según señaló un tribunal mercantil francés en su resolución sobre el caso. La investigación no ha podido establecer si Mombo fue investigado en el marco de la causa contra Mborantsuo.

La resolución del tribunal mercantil francés recogía: "El señor Mombo, ciudadano gabonés y alto funcionario reconoce que le convenía no figurar en los estatutos de la SCI", y añadía que su asesor en Francia había "ideado y propuesto el subterfugio de transmitir las participaciones por 2.000 euros y cambiar la denominación de la sociedad. El señor Mombo precisa, no obstante, que no tenía intención de renunciar a sus inmuebles".

El asesor traspasó los activos a sus propios hijos antes de fallecer, según consta en la documentación judicial. Mombo presentó la demanda mercantil para intentar recuperar las propiedades, alegando que el precio de la venta no reflejaba su valor real, pero el tribunal desestimó el caso, dado que el propio Mombo había aceptado vender a ese precio.

Ni Mombo ni Mborantsuo respondieron a las peticiones de comentario.

Más allá de su patrimonio inmobiliario en los Emiratos Árabes Unidos y en Europa, la investigación ha hallado otros rastros de la trayectoria empresarial de Andjoua, y de su debilidad por los coches de lujo.

Los registros mercantiles muestran que Andjoua, su madre y otros familiares fueron administradores de una empresa en Sudáfrica entre 2006 y 2012. La compañía fue dada de baja temporalmente en 2011 por incumplir la presentación de cuentas anuales y, por el mismo motivo, fue dada de baja de forma definitiva en 2024.

En Europa se repitió un patrón parecido. Andjoua constituyó en 2023 una empresa belga que, según se anunciaba, ofrecía una amplia gama de servicios, entre ellos la importación y exportación de coches y la venta de inmuebles. De nuevo, la sociedad no presentó cuentas. Vendió sus participaciones en la empresa en mayo de 2024.

Menos de un año después abrió una firma de alquiler de coches de lujo con sede en Las Vegas, More4LessExotics, que alquila Ferrari, Bentley, Mercedes, BMW y Lamborghini por entre 1.000 y 2.000 dólares al día en Miami, Nueva York, Boston o Los Ángeles. Ni Andjoua ni More4LessExotics respondieron a las peticiones de comentario.

El vídeo promocional de More4LessExotics en su web muestra coches de gama alta circulando a toda velocidad por carreteras de costa. Los registros mercantiles de Nevada siguen identificando a Andjoua como socio gestor de la compañía.

Los registros de transporte marítimo obtenidos por OCCRP apuntan a que el propio Andjoua tiene gusto por los vehículos de lujo: en octubre de 2023 hizo entregar un superdeportivo Brabus GLE900 Rocket desde Amberes a Libreville.

Los reporteros rastrearon los registros de envío, que muestran que el GLE900 Rocket salió del puerto belga dos semanas antes del golpe de Estado en Gabón, en agosto de 2023, cuando Andjoua todavía dirigía el Presupuesto del Estado. Brabus, una firma de personalización de coches de lujo, fijó el precio de la serie Rocket en más de 400.000 dólares.

Según la propia promoción del vehículo, solo se fabricaron 25 unidades, y se describe como el SUV más rápido del mundo.

Un país de 660.000 habitantes y menos extenso que la provincia de Cuenca custodia 8,3 billones de euros, según la acepción española —es decir, 8,3 millones de millones—, en fondos de inversión. Es, de hecho, el mayor domicilio de fondos de Europa en cuanto a volumen de dinero, y el segundo país de la Unión Europea con más compañías de gestión de fondos, solo por detrás de Francia. La gran mayoría de empresas allí registradas está controlada por ciudadanos extranjeros. Sin embargo, ni la Agencia Tributaria española ni la Unión Europea (UE) lo consideran un paraíso fiscal. 

Este país es Luxemburgo, el Gran Ducado, cuyo entramado societario reveló en 2021 la investigación 'OpenLux' —liderada por Le Monde y OCCRP—. Entender qué revelaron los 3,3 millones de documentos de aquella investigación, realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre, exige responder antes a una pregunta: ¿cómo funcionan las empresas que se montan allí, y por qué tantas grandes fortunas y entramados internacionales eligen este rincón en el corazón de Europa para sus gestiones financieras?

La respuesta reside fundamentalmente en sus ventajas fiscales. Según explican los expertos consultados por infoLibre, el pequeño Estado europeo es especialmente beneficioso para grandes multinacionales y holdings de sociedades que operan a nivel internacional. Es decir, las empresas más grandes y más ricas. Tanto estas como las grandes fortunas gozan en Luxemburgo de diversos beneficios fiscales, especialmente para mover dinero entre sociedades de diferentes países.

En la elección del Gran Ducado también influye la opacidad que, para algunos aspectos, aún existe en su registro mercantil. Aunque Luxemburgo comparte información tribiutaria con el resto de Estados miembros de la UE y persigue activamente delitos económicos como la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, el país sigue ofreciendo cierto nivel de confidencialidad a las empresas que operan desde allí, apuntan los expertos.

En un documento técnico de la Comisión Europea de este mismo mes de junio se asegura que la planificación fiscal agresiva "sigue siendo un desafío" en Luxemburgo, ya que "distorsiona la competencia leal y pone en peligro un entorno fiscal equitativo en la UE". El análisis de la Comisión concluye que el Gran Ducado "ha adoptado medidas limitadas para abordar esta cuestión" y habla de "la necesidad de una acción más integral para garantizar un entorno fiscal justo y transparente". Es casi con las mismas palabras lo que denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón: "Hemos avanzado en el primer peldaño, que es la transparencia fiscal, pero no se ha hecho nada por combatir la agresividad fiscal".

El documento de la Comisión pone el foco especialmente en los pagos al exterior. Se trata del proceso que utiliza una empresa o filial en Luxemburgo para pagar intereses o royalties a otra compañía del grupo situada en otro país, habitualmente con una fiscalidad aún más ventajosa. Esos desembolsos se convierten en gastos deducibles, a pesar de que suelen ser gastos artificiales empleados para reducir el beneficio final de la empresa en Luxemburgo y trasladar parte de las ganancias a esa otra jurisdicción donde van a tributar menos por ellas.

Luxemburgo solo ha limitado que ese tipo de gastos no sean deducibles cuando se realizan a empresas en países de la lista negra fiscal de la Unión Europea —lo que la UE considera como 'países que no cooperan con la UE o no han cumplido plenamente sus compromisos'—, que a día de hoy solo está formada por diez Estados. Debido a ello, esta estrategia mercantil —uno de los principales beneficios fiscales que opera en Luxemburgo— puede seguir siendo utilizada con muchas otras jurisdicciones de baja tributación. Según explica Giulia Aliprandi, investigadora del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, "en términos mercantiles, Luxemburgo es muy bueno adoptando las normas europeas, pero es aún mejor encontrando huecos que les permiten sortearlas legalmente". 

La Comisión resume esa estrategia con los gastos deducibles en el informe de la siguiente forma: "El país se utiliza como canal para los flujos de capital y la optimización financiera por parte de los grupos multinacionales". Es decir, las grandes empresas multinacionales utilizan Luxemburgo para trasladar beneficios de forma artificial de unos países a otros y conseguir, así, pagar menos impuestos.

Esa forma de operar con los gastos artificiales para enviar beneficios a otro país es uno de los mecanismos tradicionales utilizados por las multinacionales para evitar pagar más impuestos. Este tipo de tretas se engloban dentro de la estrategia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), contra la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva luchando desde 2013 y a la que define como una forma de "aprovecharse de las lagunas y discrepancias en la normativa fiscal" internacional.

Otro de esos mecanismos BEPS que se llevan a cabo en Luxemburgo es el régimen de exención de dividendos y plusvalías que opera en el país. La fiscalidad del Gran Ducado permite a las empresas crear una sociedad para que ejerza como matriz y reciba los dividendos de las compañías del grupo en otros países sin volver a tributar en Luxemburgo.

Esta medida no es exclusiva de este pequeño Estado centroeuropeo, está implantada en la mayoría de países occidentales, incluso en España. "Se hace para evitar la doble imposición. Los dividendos quedan exentos porque ya han tributado los beneficios originales en el otro país. Pero en España se exige que el tipo nominal del impuesto de sociedades del país donde se generaron esos beneficios sea de, al menos, el 10%. Luxemburgo no exige ese mínimo", resume José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Si el factor de los gastos deducibles hace que el dinero fluya de Luxemburgo hacia fuera, la exención de dividendos opera de forma inversa, es decir, el dinero llega desde otros países a Luxemburgo. En cualquier caso, ambos mecanismos operan como beneficios fiscales y convierten al país en un "canal para los flujos de capital y la optimización financiera", como asegura la Comisión Europea en su reciente análisis del país. 

Esta estrategia es la que utiliza, por ejemplo, Amancio Ortega con su holding inmobiliario internacional. Tal y como ha revelado infoLibre en la primera entrega de esta investigación, muchas de las sociedades del mismo pertenecen a sus empresas luxemburguesas, lo que le permite beneficiarse de esa exención en el reparto de dividendos. 

Estos entramados de sociedades a nivel internacional utilizan Luxemburgo como un "país conducto" o intermediario que neutraliza la carga fiscal, "logrando disminuir los impuestos globales en toda la estructura del grupo empresarial", explica Giulia Aliprandi.

Todos estos factores, junto con las cifras de inversión extranjera "desproporcionadas respecto a su PIB" que atrae Luxemburgo, provocan que, en opinión de Susana Ruiz, el Gran Ducado "siga siendo un paraíso fiscal". De forma oficial, sin embargo, ya no lo es. Para España dejó de figurar en la lista de paraísos —técnicamente,"jurisdicciones no cooperativas"— en 2010, cuando entró en vigor el convenio de doble imposición y se instauró el intercambio de información. Un año antes la OCDE ya lo había sacado de su "lista gris", y en la de la UE nunca ha estado incluido porque solo evalúa a países externos a la Unión. 

Aun así, el Parlamento Europeo lo señaló en 2019 —junto a Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre— como un país con características propias de un paraíso fiscal. Los expertos consultados por infoLibre coinciden en denominar, a día de hoy, a los mismos países como los más atractivos de la UE a nivel fiscal para grandes fortunas tanto empresariales como familiares. 

La primera entrega de 'OpenLux' fue posible gracias a que en 2021, los titulares reales de las empresas —conocidos también como beneficiarios finales— eran públicos. Le Monde pudo extraer esos datos de las sociedades luxemburguesas de un registro abierto, sin necesidad de que se produjera una filtración. Pero esto ya no es así. 

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cerró en noviembre de 2022 el acceso público, y hoy quien quiere consultar quién está detrás de una sociedad debe acreditar un "interés legítimo" para utilizar el registro. Pero la opacidad de Luxemburgo nunca dependió exclusivamente de la facilidad de acceso a su registro: ya cuando el acceso era libre la mitad de sus empresas no declaraba su titularidad real, como reveló 'OpenLux'.

Susana Ruiz lo resume en dos realidades que se dan a la vez: "Hay más transparencia formal porque el marco regulatorio de la UE y de la OCDE así lo exige", pero al mismo tiempo hay "una gran impunidad para seguir operando con opacidad". El problema, sostiene, "no es la falta de información teórica, porque los datos están ahí, sino que el tratamiento fiscal que reciben sigue siendo desproporcionadamente ventajoso".

Esa opacidad real tiene un instrumento estrella: la SCSp (société en commandite speciale), una figura que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución. Así, los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. Sin embargo, con esta forma de proceder es imposible establecer un histórico de los accionistas. Además, estas compañías tampoco registran sus cuentas anuales, por lo que no se puede fiscalizar su valor o su actividad.

Esta figura societaria es la elegida, por ejemplo, por Jordi Pujol Gironès, nieto del expresident de Cataluña Jordi Pujol, uno de los primeros nombres revelados por la investigación de infoLibre. Es titular al 50% de una SCSp denominada Casa de Datos, que comparte con Niccolò Belingardi Clusoni. La naturaleza de la mercantil impide rastrear su actividad e inversiones, pero Belingardi es fundador de Belfin Capital, una compañía suiza dedicada a la inversión inmobiliaria en activos de lujo, que posee varios edificios en Suiza y el norte de Italia.

Esta línea de negocio no es ajena a Pujol Gironés, que ha desarrollado parte de su carrera laboral en Blackstone, precisamente uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria del mundo, como informó El Confidencial. Pujol y Belingardi también tienen en común ser 'hijos de'. El primero, de Jordi Pujol Ferrusola, que no ha ocupado ningún cargo público, pero sí ha acumulado relevancia mediática a cuenta de su imputación en la Audiencia Nacional —junto a su exesposa y madre de Pujol Gironès, Mercè Gironés— por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal; y el segundo de Vittorio Belingardi, que ha ostentado importantes cargos en sociedades públicas italianas como las que gestionan el metro o el aeropuerto de Milán, los ferrocarriles estatales o el Comité de Inversiones Públicas de Lombardía.

Las leyes europeas obligan a Luxemburgo a colaborar con otros países en materia de lucha contra los delitos económicos, y la "transparencia formal" ha aumentado mucho en los últimos años, apunta Susana Ruiz. Sin embargo, en la práctica, la opacidad persiste, asegura la experta. El hecho de que el registro de titulares no permita identificar con precisión a todos los beneficiarios finales de las empresas o figuras como las SCSp dificultan enormemente la labor de las autoridades fiscales. 

Sobre el papel, la Hacienda española y el resto de agencias europeas deberían recibir de forma automática la información de todos los titulares de cuentas y fondos en Luxemburgo. Pero, "si cruzamos el volumen descomunal de sociedades y activos registrados allí con lo que realmente se declara en los países de origen, las cifras son totalmente incompatibles", señala Ruiz. 

Aunque Luxemburgo no ofrece acceso público al registro de titularidades reales de sus empresas, sino que exige cumplir determinados requisitos, no sale perdiendo respecto a España en términos de transparencia. En nuestro país el acceso a este registro tampoco es libre y también exige justificar un interés legítimo, que da acceso a datos limitados y previo registro. Además, otros datos se publican únicamente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), que tampoco tiene un buscador con toda la información en abierto.

Luxemburgo, en el caso de las sociedades que no son SCSp, permite consultar las cuentas anuales sin declarar la causa del interés ni abonar ningún coste, mientras que en España es necesario pagar una tasa para acceder a los mismos documentos, lo que en el caso de grandes entramados empresariales con muchas matrices y sociedades relacionadas, encarece y dificulta la investigación periodística, especialmente para medios independientes como infoLibre. 

Susana Ruiz coincide en el diagnóstico y en la necesidad de mejorar la transparencia del registro mercantil en España, pero matiza que, dado el volumen de transacciones e inversión que acumula Luxemburgo, supone un mayor "foco de problemas" que el resto de países. Mollinedo coincide en que, en algunos aspectos, el registro de Luxemburgo funciona en términos de transparencia mejor que el español: "En Luxemburgo el acceso para conocer quiénes son los beneficiarios últimos de manera pública es gratuito. En España, por mantener el status quo de los registradores, es necesario solicitarlo y pagar por ello".

El martes 9 de diciembre de 2025, el doctor Carlos Mur de Viu no se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid estaba citado a declarar como investigado por la gestión de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, desvelados en exclusiva por infoLibre. El plantón judicial provocó un terremoto inmediato: las acusaciones particulares de las víctimas solicitaron orden de busca y captura al alegar que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid se encontraba en paradero desconocido.

Tampoco se presentó el ex director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a su siguiente cita relevante, fechada justo una semana después, el martes 16 de diciembre, en una notaría de Luxemburgo. Pero allí, al menos, se había molestado en delegar. Mediante un poder firmado por Mur, una empleada de la notaría comparecía en su nombre para un fin muy distinto al de dar explicaciones a la Justicia. En el Gran Ducado buscaba formalizar la disolución de Rentados SA, una sociedad anónima familiar registrada en Luxemburgo de la que el médico, en ese momento, controlaba el 100% de las acciones.

La extinción de esta firma mercantil, ejecutada mediante una transmisión universal de patrimonio a favor de Mur —es decir, los fondos que quedaban en la empresa pasaron a pertenecerle a él, como único accionista— puso fin a un vehículo societario abierto a finales de 2011. La empresa llegó a manejar en su pasivo un préstamo de 1,5 millones de euros que durante años se distribuyó en forma de créditos a "empresas vinculadas". 

La identidad de las empresas receptoras no aparece desglosada en las cuentas públicas debido a que la legislación de Luxemburgo exime de ese nivel de detalle a las sociedades que presentan balances en formato abreviado. El desmantelamiento definitivo de la estructura se ha completado después de la mudanza del ex director general a Andorra la Vella (un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España), localidad que ya declaró como su domicilio oficial ante el notario y desde la que actualmente comparece ante el juez por videoconferencia tras haberse ampliado recientemente la investigación penal al delito de prevaricación.

Como director general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, Carlos Mur de Viu firmó en marzo de 2020 los protocolos que restringieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Destituido por Isabel Díaz Ayuso en mayo de ese año, es el principal cargo político del Gobierno madrileño que ha sido imputado por la gestión de la pandemia. En su caso, por homicidio imprudente y denegación de auxilio, en distintas causas repartidas por diversos juzgados de la región.

El procedimiento se ha convertido en un cruce de acusaciones donde, por un lado, directores de centros y mandos intermedios han testificado que Mur redactó y ordenó por correo aplicar los criterios de exclusión. Por otro, en sus declaraciones por videoconferencia desde Andorra, Mur deriva la responsabilidad hacia arriba y sostiene que las directrices formaban parte de un plan diseñado por la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.

La semilla de Rentados SA se plantó formalmente el 14 de diciembre de 2011. Su único accionista y fundador original fue el padre de Carlos Mur, José María Mur Bernad, líder histórico del Partido Aragonés (PAR) —por el que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado nacional y senador— y que eligió el Gran Ducado para registrar la mercantil el mismo año en que dejó su escaño como senador en las Cortes Generales, su último cargo público.  

La vinculación de Mur padre con los negocios inmobiliarios, sin embargo, venía de lejos y ya le había causado problemas fiscales. En los años noventa, el entonces diputado nacional tuvo que comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso para defender la compatibilidad de su escaño con su actividad privada como agente de la propiedad inmobiliaria y socio mayoritario en una veintena de empresas de su comunidad. En esa misma época, el Ejecutivo aragonés llegó a cifrar en unos 80 millones de pesetas un presunto fraude fiscal cometido por el político en la venta de unos terrenos en Zaragoza. El caso se originó tras una denuncia del PSOE, que criticaba el desfase entre las cantidades que Mur había escriturado y la valoración real del suelo.

Décadas después de aquella batalla política y fiscal, las cuentas anuales de su firma luxemburguesa reflejan que funcionaba sin estructura operativa alguna: nunca llegó a tener a un solo trabajador en nómina y carecía de actividad comercial directa. Pese a ello, la sociedad dispuso desde su primer ejercicio fiscal de un notable músculo financiero, registrando en su pasivo deudas con entidades de crédito a largo plazo por valor de 1,5 millones de euros.

El relevo definitivo en la propiedad de la estructura internacional luxemburguesa se produjo en el momento más delicado para el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso. Según los datos del registro de Luxemburgo, fue el 18 de enero de 2023 cuando se formalizó el cambio de titularidad familiar en el que José María Mur cedió el total de las acciones a su hijo Carlos. Por aquellas fechas, la gestión sanitaria del facultativo ya acumulaba un goteo constante de querellas y denuncias en los juzgados por parte de los colectivos de familiares de las víctimas del covid.

A partir de ese traspaso entre padre e hijo, la contabilidad de la firma luxemburguesa pisó el acelerador para su desmantelamiento. En un movimiento paralelo al avance de las pesquisas judiciales en España, las "empresas vinculadas" devolvieron de golpe los saldos pendientes a la matriz. Con esa liquidez, la sociedad amortizó y saldó por completo la deuda histórica de 1,5 millones de euros que arrastraba en su pasivo desde su fundación, dejando el valor de la mercantil en 111.000 euros invertidos en valores bursátiles.

Para asegurar el control de la última fase de la empresa, Carlos Mur se inscribió formalmente como administrador en el consejo de administración a finales de 2024. 

Aunque las cuentas en Luxemburgo mantuvieron bajo llave la identidad de las firmas receptoras de los fondos, el rastro de las inversiones familiares en España apunta hacia el sector del ladrillo. En octubre de 2019, al ser nombrado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur cumplimentó su correspondiente declaración de bienes ante la Comunidad de Madrid.

En aquel documento público, el facultativo no incluyó rastro de la firma de Luxemburgo —cuyas participaciones seguían en ese momento a nombre de su padre—, pero sí declaró poseer acciones por un valor de 32.000 euros en la mercantil española Valiner SL, a la que describió de su puño y letra como una "empresa inmobiliaria y promotora familiar". Esta sociedad promotora, que maneja un capital social superior al millón de euros, cuenta con María Pilar de Viu Oliván, la madre de Carlos Mur, como administradora única y controla a su vez una red de empresas dedicadas a la construcción en territorio nacional.

Los balances oficiales de Valiner SL depositados en el Registro Mercantil demuestran que, detrás de la modesta etiqueta de "empresa familiar", se esconde un mastodóntico holding patrimonial. La sociedad maneja un activo total de 16,4 millones de euros y unos fondos propios que rozan los 15,7 millones. Con apenas dos empleados en plantilla —uno de ellos la propia María Pilar de Viu—, opera como el centro financiero de un entramado que controla al 100% diversas filiales de construcción y que riega con créditos internos a más de una docena de empresas del grupo.

En el corazón de este entramado también aparece el hermano del ex alto cargo, José Ángel Mur Viu, que consta en el accionariado y ejerce actualmente como apoderado de la matriz. Su nombre arrastra un complejo historial en las crónicas de tribunales. El hermano del firmante de los Protocolos de la Vergüenza madrileños fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras probarse que participó en el desvío ilícito de casi 10 millones de euros pertenecientes a un gigante fotovoltaico chino mediante facturas falsas emitidas a sociedades pantalla en Países Bajos y Chequia.

La magnitud de los negocios energéticos de los Mur y sus socios llegó a salpicar a las cloacas del Estado. La multinacional asiática estafada contrató en secreto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su grupo empresarial Cenyt, según declaró uno de sus socios, para que recuperara el dinero robado por la trama española. Una carambola de reuniones grabadas y amenazas que terminó en la Audiencia Nacional bajo el mando del juez Manuel García-Castellón, dentro del conocido como caso Villarejo. 

infoLibre ha contactado con Carlos y José María Mur para recabar su versión sobre los hechos que se detallan en este artículo. El histórico líder del PAR y exparlamentario en ambas cámaras no ha atendido a las preguntas de este periódico. Su hijo Carlos sí ha respondido para defender la legalidad de los movimientos y desvincularse de la matriz española: "En el caso de Valiner, he sido y soy completamente ajeno a su desarrollo de negocio y al detalle de su ejecución". 

Respecto a la sociedad luxemburguesa, Mur declara que asumió el control de Rentados SA tras una "sobrevenida situación personal" de su padre y que la firma estaba al corriente de sus obligaciones pero sin actividad. "Si decidí su extinción fue por la única razón de que ni tenía operativa ni la iba a tener. Dicha decisión no tuvo relación con el avance de ninguna causa", afirma.

En febrero de 2021 se publicó OpenLux, una investigación internacional que analizaba cómo las empresas de Luxemburgo facilitan el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y destapaba cómo multitud de fortunas y poderosos se benefician de esa forma de operar. La investigación estuvo liderada por OCCRP —un consorcio de investigación periodística del que es socio infoLibre— y por el periódico francés Le Monde. En España, infoLibre se encargó del caso y reveló la identidad de multitud de ciudadanos que tenían sociedades en el Gran Ducado de Luxemburgo, caracterizado por su opacidad mercantil y sus ventajas fiscales.

Cinco años después, la historia continúa. OpenLux es una investigación a largo plazo y ahora decenas de medios a nivel internacional —coordinados otra vez por OCCRP y Le Monde— vuelven a unir sus fuerzas para revelar nuevas historias relacionadas con la opacidad financiera y las empresas y negocios radicados en Luxemburgo. infoLibre, de nuevo, es el medio encargado, en exclusiva, de la parte española.

Solo en este periódico se podrán leer en los próximos días y semanas multitud de informaciones sobre ciudadanos españoles —y de otros países— que han decidido operar desde Luxemburgo. De aristócratas o deportistas a importantes directivos y empresarios patrios. Incluso personas que han ocupado altos cargos políticos en administraciones españolas.

Uno de los nombres propios que revela esta investigación es el de Jordi Pujol Gironès, hijo de Jordi Pujol Ferrusola (Jordi Pujol junior) y de Mercè Gironès —ambos procesados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal— y nieto del expresident de Cataluña. 

Pujol Gironès aprovecha la opacidad que ofrece la figura de la sociedad comanditaria especial (SCSp, por sus siglas en francés), un tipo de mercantil luxemburguesa que no obliga a presentar cuentas anuales, lo que impide fiscalizar su actividad o inversiones. El nieto del expresident —cuyos siete hijos están acusados en el juicio aún pendiente de sentencia, pero del que él ha sido eximido por su delicada salud— ostenta el 50% de la sociedad Casa de Datos SCSp —cuya actividad se desconoce— junto a un socio italiano.

Otro caso es el de Amancio Ortega. La persona más rica de España, según la lista Forbes —y la décima del mundo en ese ránking—, tenía en 2021 dos empresas en Luxemburgo a través de las que gestionaba diversas inversiones inmobiliarias y que contaban con más de 1.000 millones de euros en activos, tal y como explicó infoLibre durante las primeras publicaciones de OpenLux.

Una de las dos empresas era Adelphi Property Sàrl, la sociedad propietaria del edificio Adelphi, un emblemático complejo de oficinas en el centro de Londres, donde tienen sede compañías como Spotify, The Economist, Condé Nast o PetroChina. Ortega compró esa sociedad y, por tanto, el edificio, al fondo buitre Blackstone en 2018. Pero Adelphi Property Sàrl ya no existe. En 2022 arrancó el proceso para disolver la empresa, que terminó finalmente en diciembre de 2024, tal y como ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil de Luxemburgo.

infoLibre contó ya en 2021 que las empresas de Ortega explicaban entonces que era "probable que el edificio Adelphi se traslade a una compañía del Reino Unido y se disuelva la sociedad luxemburguesa", ya que su política habitual era que los edificios pertenecieran a sociedades del país en el que se encuentran. Y así terminó sucediendo. En la liquidación de la sociedad luxemburguesa consta, precisamente, la transmisión de los activos a otra compañía, Almack Ltd, una de las sociedades en Reino Unido que forman parte del holding inmobiliario internacional del dueño de Inditex.

La otra sociedad en Luxemburgo era Hills Place Sàrl, que a finales de 2019 gestionaba algo más de 750 millones de libras esterlinas en activos, tal y como explicó este medio. Esta sociedad sigue activa en el Gran Ducado y, de hecho, ha ido aumentando su valor. Según sus cuentas de 2024 —las últimas presentadas ante el registro de Luxemburgo—, sus activos ascienden ya a más de 2.400 millones de libras (más de 2.800 millones de euros al cambio de diciembre de ese año).

Esa cifra se debe esencialmente a que la sociedad luxemburguesa ahora controla completamente a Pontegadea UK Ltd, otra de las compañías en Reino Unido del holding inmobiliario que Amancio Ortega ha ido construyendo a lo largo de los años y de forma paralela a su imperio textil.

No es la única empresa en Luxemburgo controlada por el dueño de Zara e Inditex. A día de hoy, Ortega es también el beneficiario final de otras nueve sociedades con sede allí, como Pontegadea RE Luxembourg Sàrl, Pontegadea Luxembourg Sàrl, Pontegadea Netherlands Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl.

La mayoría forman parte del citado grupo inmobiliario a nivel internacional. Muchas de ellas, como Pontegadea Luxembourg Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, fueron creadas tras las primeras publicaciones de OpenLux hace ahora cinco años. La última en constituirse ha sido, precisamente, Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, que se inscribió en el registro de Luxemburgo el 3 de abril de 2026.

El volumen de las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega ha ido creciendo en los últimos años, al igual que los activos que gestiona desde Luxemburgo. Por ejemplo, Pontegadea Luxembourg Sàrl declaró en sus cuentas de 2024 unos activos por valor de más de 7.000 millones de euros. Esto se debe a que es propietaria, a su vez, de diez sociedades del holding, repartidas entre el Gran Ducado y otros países como Estados Unidos, Italia o Irlanda. 

Entre esas compañías que dependen de Pontegadea Luxembourg Sàrl están, por ejemplo, Ponte Gadea USA Inc, Pontegadea Canada Inc o Pontegadea RE Luxembourg Sàrl. Muchas de las sociedades de Amancio Ortega comparten esa mención a Pontegadea en su denominación. Ese término es el que da nombre al grupo o holding inmobiliario que el empresario maneja a nivel internacional, con sociedades en multitud de países, como Luxemburgo, Reino Unido o España.

En total, las sociedades de las que Ortega es titular final en Luxemburgo tienen un valor, según los activos que ellas mismas declaran ante el registro del país, de más de 10.000 millones de euros —incluyendo las filiales en otros Estados que pertenecen a una empresa matriz en el Gran Ducado—. Esa cifra no incluye a ITX Luxembourg SA, la sociedad que gestiona el negocio de Inditex en el país y que no forma parte del holding inmobiliario y los otros negocios de Ortega.

10.000 millones de euros es una cifra superior al Producto Interior Bruto (PIB) de países como Mónaco o Sudán del Sur. El monto también es mayor que lo que destinan los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en España, por ejemplo, a agricultura, pesca y alimentación —8.868 millones de euros— o a fomento del empleo —8.029 millones de euros—. Si se pone en relación con el sistema de pensiones de España, 10.000 millones de euros darían para abonarlas durante unos 20 días, según la nómina de la Seguridad Social correspondiente a este mes de mayo.

Además de Amancio, su hija Sandra Ortega también posee acciones de compañías en Luxemburgo utilizadas para inversiones inmobiliarias a nivel internacional, tal y como ya explicó infoLibre en 2021. Se trata de 30 AGVH 1 Sàrl y 30 AGVH 2 SA, valoradas en 208 y 189 millones de euros, respectivamente, según los activos que declararon en 2024 ambas compañías. La hija mayor de Amancio, que al contrario que su hermana Marta, no ocupa cargo en Inditex, posee el 40,16% de ambas sociedades, y su socio principal es el ciudadano saudí Osama Hussein Al Sayed.

La investigación de infoLibre afecta, entre otros, a nombres ilustres que forman parte de la nobleza española y eligen el Gran Ducado como refugio de sus fortunas. Entre ellos, el marqués de Bélgida, José Luis Cotoner Martos, grande de España e hijo del mentor de Juan Carlos I. Cotoner fue condenado en España por fraude fiscal y posee el 100% de un holding en las afueras de Luxemburgo con más de 27 millones de euros en su activo.

Cotoner no es el único hijo de una persona cercana a Juan Carlos I, y con problemas judiciales en España, cuyo nombre consta en el registro mercantil del pequeño Estado europeo. infoLibre irá desgranando en próximas fechas las identidades de empresarios, ex altos cargos, aristócratas, deportistas y otras conocidas personalidades españolas o vinculadas a España que han escogido la opacidad de Luxemburgo o las ventajas de su régimen tributario para sus operaciones financieras. 

La investigación internacional destapa que el uso de estas redes mercantiles cruza fronteras y afecta a clanes políticos de todo el planeta. Un ejemplo revelado por OCCRP y Le Monde es el de Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo, hijo del fallecido presidente de Gabón, Omar Bongo. Mientras ejercía como director general de Presupuesto y Finanzas Públicas de su país, Andjoua inyectó millones de dólares en un imperio inmobiliario con 43 propiedades en Dubái, y operaba en paralelo dos sociedades luxemburguesas. Las autoridades del Gran Ducado han abierto una investigación judicial contra él por presunto fraude fiscal agravado, blanqueo y falsedad documental. 

En 2020 y 2021, Le Monde obtuvo información sobre los titulares reales de todas las empresas registradas en Luxemburgo y la compartió con el resto de medios que participaron en OpenLux. Cinco años después de las primeras publicaciones, varios de ellos han vuelto a unir sus fuerzas para investigar qué fue de quienes ya operaban en Luxemburgo por aquel entonces y para dar a conocer nuevos nombres e historias relacionados con los entramados societarios en el Gran Ducado.

Ya en aquel momento la investigación tuvo un gran impacto. OpenLux demostró, por ejemplo, cómo fondos sospechosos de provenir de actividades delictivas o vinculados a organizaciones criminales como la mafia italiana, la 'Ndrangheta o el crimen organizado ruso se escondían en sociedades en el Gran Ducado. La investigación también destapó que famosos y grandes fortunas utilizaban Luxemburgo para pagar menos impuestos que en sus propios países. Fue el caso de Cristiano Ronaldo, Tiger Woods o Shakira. En los próximos días y semanas, nuevos nombres.

Ya pasó una semana y Dritan Gjika, un presunto capo de la cocaína conocido como Tony, sigue esperando que le paguen. “Señor mira, ayer su socio me dijo que ayer pasaba dinero, después me dijo hoy”, le dice Gjika a un socio comercial. Están discutiendo sobre la venta de "material" que se envió por contenedor de Ecuador a España.

Cuando el hombre le dice que esté "tranquilo" y que no sea tan "desconfiado", Gjika estalla, exasperado. "¡Señor, no es desconfianza, es respeto!... Salió todo bien, fijaron un precio juntos que les interesaba a ustedes. ¡No tengo que esperar hasta que lo venda despacio para que me paguen!”. Más tarde, aclara: "Es solo un negocio y necesitamos rapidez".

Este tenso intercambio no se dio en un restaurante italiano o en elegantes oficinas en la bulliciosa ciudad portuaria de Guayaquil, en Ecuador, sitios donde Gjika se solía reunir con sus asociados. Se comunicaron como la mayoría de personas lo hace hoy en día: por chat. La única diferencia es que los dos hombres intercambiaban mensajes en la plataforma de mensajería cifrada SkyECC, la herramienta favorita de los criminales y otras figuras del bajo mundo hasta que fue descifrada por la policía europea en 2021.

Tras decodificar la plataforma, se compartieron los chats de Sky con autoridades de todo el planeta, incluyendo las de Ecuador. Ahí, Gjika, que nació en Albania, es requerido por cargos de lavado de activos y delincuencia organizada.

OCCRP obtuvo cientos de páginas de registros de chat de Sky de Gjika, que la Fiscalía ecuatoriana presentó como prueba en un caso penal contra él y miembros de su presunta red.

Los mensajes de texto, que cubren un periodo entre mayo de 2020 y marzo de 2021, ofrecen una visión sin precedentes del interior del día a día de las operaciones de una poderosa organización de narcotráfico, cuya estructura de tipo corporativo se extendía más allá de las fronteras en una búsqueda incesante de ganancias. 

Los mensajes también revelan la profunda infiltración que logró este grupo en la policía y los puertos de Ecuador, país que en los últimos años se convirtió  en una superautopista para la cocaína.

Al menos 17 personas acusadas de pertenecer o ayudar a la organización criminal ya fueron condenadas. Quince apelaron y están a la espera de un fallo. Otras cuatro resultaron sentenciadas por lavar las ganancias de este comercio ilícito, realizando transferencias de más de 43 millones de dólares entre 2015 y 2023.

Sin embargo, Gjika, el hombre que según los fiscales es el líder de esta red — y que ahora es uno de los hombres más buscados de Ecuador — logró salir de Ecuador sin ser detectado. Fue finalmente arrestado en Abu Dabi en mayo de 2025 y ahora espera, bajo las órdenes de un juez, su extradición para comparecer ante un tribunal. (Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero en una audiencia celebrada en Ecuador, previa al juicio, alegaron que no había pruebas suficientes para demostrar que su cliente hubiera cometido un delito y cuestionaron la legalidad de la forma en que se obtuvieron inicialmente los mensajes de Sky). 

Gjika no solía dejar las cosas al azar. Según los chats interceptados, mantenía una participación directa en casi todas las ramas de su presunta operación, desde la contratación de conductores hasta la gestión de los horarios de envío y el cálculo exacto de las deudas pendientes. Valoraba la confiabilidad y la diplomacia, y parece haber infundido una feroz lealtad en sus colegas.

"Contigo voy hasta donde me digas hermano... y con los ojos cerrados", escribió uno de sus interlocutores frecuentes, quien según los chats parecía manejar conexiones con proveedores colombianos, luego de que Gjika le dijera que tenía "muchos trabajos" para ofrecerle en diciembre de 2020.

A pesar de venir de un país situado a miles de kilómetros de Ecuador, Gjika parece haber logrado un sorprendente dominio de un español cargado de jerga, salpicando sus mensajes de texto con saludos y frases coloquiales. Por momentos, también usaba un lenguaje críptico cuando se trataba de discutir los detalles de su trabajo.

Para ayudar a decodificar estas conversaciones, los reporteros contrastaron el contenido de los chats con miles de páginas de registros judiciales que incluyen informes policiales y testimonios, así como otros archivos de la investigación de la Fiscalía. Los reporteros también consultaron a expertos para verificar el significado de la jerga del grupo.

En su mundo, según se establece, una "caja" puede significar un contenedor de envío que puede ser "preñado" con "cosas" o “cosos” (es decir, colmado de paquetes de cocaína). "Los feos", por su parte, se refiere a la policía.

En una conversación inusualmente sincera, sin embargo, el supuesto socio comercial de Gjika reflexiona sobre su línea de trabajo y la describe abiertamente como "traqueteando", un término de jerga común en América Latina para referirse al narcotráfico: "La verdad, estamos traqueteando, no vendiendo huevos al por mayor para buscar descuentos… ese es mi pensar en las cosas hermano”.

El albanés, de 49 años, aterrizó por primera vez en Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal y se sumó a la ola de ciudadanos de los Balcanes que en las últimas décadas se han movido a zonas más próximas al origen del tráfico de cocaína.

Si bien Ecuador no produce este narcótico, se convirtió en el principal centro de exportación de América Latina y alberga un comercio que controlan principalmente grupos criminales albaneses, mexicanos y colombianos, en asociación con pandillas locales en el terreno.

Según Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), los traficantes albaneses aportaron una cultura corporativa distintiva al negocio de la cocaína en Ecuador, en la que se centran más directamente en ganar dinero que en participar en "pugnas" para obtener control territorial. Con este fin, la red presuntamente dirigida por Gjika era fluida y no parecía mantener una alianza fija con ninguna de las principales pandillas criminales de Ecuador, dijo. “Este tipo de personas no se ‘casan’, podríamos decir. No tienen alianzas estratégicas con ninguno de los grupos criminales. Sino que es un giro de negocios en función de oportunidades de mercado”.

Según las autoridades ecuatorianas, la organización criminal presuntamente liderada por Gjika tenía una estructura corporativa piramidal. En la cabeza estaba el albanés, seguido por un "grupo directivo de apoyo" que incluía a su presunto lugarteniente, el ciudadano argentino-italiano Mario Sánchez Rinaldi. En febrero de 2024 Sánchez Rinaldi fue arrestado en España, donde también se investiga a cerca de 70 personas y entidades legales en relación con el caso. Los abogados ecuatorianos de Sánchez Rinaldi, quien permanece detenido, le dijeron a OCCRP que no estaban autorizados a comentar sobre el caso.

Para facilitar sus envíos transatlánticos, los fiscales ecuatorianos sostienen que el grupo presuntamente usaba empresas de exportación legítimas, que comerciaban con bananos y otros bienes, como tapadera para el tráfico de drogas. Las ganancias luego se lavaban a través de estos negocios legales, así como en compras de bienes raíces.

Los chats de Sky revelan los detalles granulares de cómo operaba esta 'multinacional' de la cocaína, desde los contratos mensuales con proveedores hasta los puntos de recolección de efectivo específicos utilizados para recaudar sus ganancias. Los mensajes muestran cómo el grupo sorteaba contratiempos logísticos e innovaba para responder a las intervenciones de las autoridades.

Y, de manera crucial, evidencian una de las claves de esta operación: un nivel de acceso notable a los puertos marítimos de Ecuador y el enorme volumen de contenedores que se despachan cada día al resto del mundo. 

La policía, la aduana y la autoridad portuaria de Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Según los fiscales, la red de contrabando obtenía su cocaína principalmente de laboratorios en la vecina Colombia, el principal cultivador mundial de la planta de coca, cuyas hojas son trituradas y purificadas a través de varios procesos químicos para obtener la droga.  

Los chats de Sky muestran que Gjika tomó la iniciativa en la negociación de acuerdos para asegurar un flujo constante del narcótico, al negociar contratos de múltiples toneladas mensuales, una cantidad notable pues en ese momento las incautaciones de cocaína en Ecuador rara vez superaban una tonelada.

"Amigo mi primo me dijo que tienes cosos buenos", escribió Gjika a un aparente proveedor en enero de 2021.

“A mi me interesa pero lo que me da un poco miedo es que no conozco la gente, lo conozco a usted y lo veo muy serio y un chico con pies por tierra”, agregó. 

El proveedor le dijo a Gjika que estaba manejando dos "cocinas" –un término de jerga para los laboratorios donde se extrae la cocaína de las hojas de coca– y le pidió al albanés confianza para aceptar su negocio.

En otra conversación, Gjika describió un contrato por un "mínimo" de "6 T" con otro aparente proveedor de Colombia, quien dijo que tenía cinco “cocinas” a su disposición.

Sin embargo, a veces, el plan sale mal.

Un día después de esta conversación, el 1 de febrero de 2021, cinco hombres fueron arrestados en la provincia ecuatoriana de Los Ríos con media tonelada de cocaína camuflada en un camión, dividida en paquetes de 1 kilo marcados con el logo UNICO.

Tras escuchar la noticia, Gjika le escribió al hombre que le ofreció suministrar “6 T” para informarle del incidente.

Gjika comienza a expresar sospechas sobre cómo pudo haber ocurrido este fallo operativo, señalando que los conductores del cargamento no habían seguido su cronograma.

Más tarde, ambos confirman lo peor: la "mercancía" también fue incautada.

La discusión que sigue muestra a Gjika tratando de analizar qué salió mal y cuáles deberían ser las consecuencias. Él quiere saber qué le pasó a un individuo al que se refieren como “el taxista”, quien no fue arrestado. Aunque nunca se dice claramente, los chats sugieren que así podría describir a uno de los “patrulleros” que acompaña los cargamentos en un auto separado.

Lo que ocurre después se desconoce, ya que el registro del chat termina con el interlocutor de Gjika pidiendo su BC1. Se refiere a otro sistema de comunicación encriptada que opera la compañía Number 1BC y que se convirtió en una alternativa después de que se supiera que Sky y otras empresas similares habían sido vulneradas. 

Para transportar este flujo constante de cocaína al exterior, principalmente a Europa, la red presuntamente liderada por Gjika acumuló el control sobre "gran parte de la cadena logística de comercio exterior", según los fiscales ecuatorianos. Para el juicio, los investigadores recolectaron pruebas de la participación del grupo en al menos 11 envíos de drogas desde el puerto de Guayaquil a terminales europeas en 2020 y 2021.

Los chats de Sky revelan la amplitud de estas operaciones de exportación, con numerosas discusiones sobre cronogramas de envío y entregas de "cajas" a puertos en lugares como:

Los Países Bajos y Bélgica,

Turquía e Italia,

España y Alemania,

y Marruecos y Portugal.

También hay discusiones sobre la búsqueda de nuevos mercados y rutas, incluyendo en países tan lejanos como la India,

y Rusia.

[De los puertos mencionados en estas conversaciones, solo Amberes, Algeciras y Hamburgo respondieron a las preguntas de OCCRP. Remitieron a las autoridades policiales y aduaneras para obtener más detalles sobre las medidas adoptadas para combatir el tráfico de drogas].  

Para lograrlo, el grupo cultivó una red de informantes dentro de los puertos de Ecuador, según los fiscales. Citan varios chats como evidencia del acceso de los traficantes a "información privilegiada" de los sistemas informáticos de las terminales en Guayaquil.

La naturaleza casual de sus conversaciones en Sky refleja su infiltración sin fisuras en estas instalaciones, los traficantes discuten sobre su trabajo en los puertos de manera rutinaria y ordinaria.

"No hay ningún problema de cuál puerto que sea, lo sacamos, no se preocupe”, escribió Gjika sobre cuatro de las terminales portuarias de Guayaquil en una conversación sobre qué ruta de envío planeaba usar un importador.

"¡¡Señor, yo me responsabilizo en puertos!!", enfatiza más tarde aunque añadió que no podía “garantizar” si había “fuga de información el día de trabajo” o si me “caen los tombos (jerga para policía)”. 

Al ser contactada, Contecon, una de las tres terminales portuarias de Guayaquil mencionadas en los chats, indicó que el puerto "colabora estrechamente con el Estado ecuatoriano para garantizar un comercio seguro a través de nuestras instalaciones". Los otros dos puertos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Este nivel de acceso dependía de "amigos" que parecían tener acceso directo a los puertos, sugieren los chats.

"Los amigos de adentro ya mismo me dan la caja para trabajar en una hora máximo", se lee en un mensaje que Gjika recibió en agosto de 2020.

Entre las personas que fueron condenadas en Ecuador hay un oficial de policía que se encargaba de examinar contenedores en un puerto. Otro policía fue declarado inocente y un tercero está prófugo desde 2024.

La infiltración que logró el grupo entre las autoridades fue aún más lejos. Un policía retirado llamado Héctor Pesántez, conocido con el alias de Glock, fue condenado por haber sido una de las figuras de mayor rango del grupo. En los chats, comparte con Gjika información interna de la policía antinarcóticos de Ecuador.

Según los fiscales, él era responsable de reclutar a otros en roles de supervisión para facilitar el tráfico en los puertos. En el juicio, se declaró inocente y apeló su condena. No respondió a las solicitudes de OCCRP de comentarios.

"Me contacté con los amigos", le escribió a Gjika en julio de 2020. "Me informan que ya hubo cambios de personal, hasta el director nacional antinarcóticos es nuevo, han cambiado la modalidad de francos (días libres)".

Glock luego le aconseja a Gjika ajustar su agenda para que coincida con el momento en que sus "amigos" estarán de turno:

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, señala que el Gobierno ha tenido dificultades para garantizar la seguridad adecuada de los puertos, que son gestionados por empresas privadas a través de concesiones que el Gobierno les otorga. "El problema es que el Ecuador no tiene un control adecuado de los puertos. Ni una estrategia unificada, ni coherente, ni inteligente. Es un boquete; es como tener a una persona desangrándose, y si no le pones un torniquete, se va a morir", dijo.

Las conversaciones de Sky se refieren a varios métodos que el grupo usaba para introducir droga en los contenedores. Uno de ellos, que las autoridades describen como el "método del gancho ciego", consiste sencillamente en colocar droga junto a carga legal, en lugar de mezclarla con bienes lícitos u ocultarlas de manera más elaborada.

Pero hay pistas de que el grupo empleó métodos más sofisticados. En otro chat, Gjika y un interlocutor discuten sobre los esfuerzos para preparar un contenedor con un soldador y algo de pintura. El resultado, dice Gjika, es que "el escáner no lo coge, absolutamente confirmado".

A partir del intercambio, parecería que ambos discuten sobre almacenar cocaína en la propia estructura del contenedor. El Ministerio del Interior de España señaló que el grupo comenzó a usar esta táctica para ocultar lotes más pequeños de cocaína después de que autoridades holandesas interceptaron un cargamento de 1,1 toneladas en 2020.

Algunos chats también se refieren a la táctica que ellos –y la policía ecuatoriana– denominan de "empresa a empresa".  Así, los traficantes minimizan sus riesgos al controlar directamente compañías de exportación que llevan la cocaína y al asociarse con importadoras que administran sus socios. 

Según documentos judiciales y de registro mercantil ecuatoriano, Gijka así como las personas condenadas o acusadas de participar en la red de tráfico, o sus familiares cercanos, eran dueños o administraban más de 30 empresas en el país.

Entre estas, los fiscales alegaron que tres empresas, propiedad de o administradas por Gjika y su presunta mano derecha Mario Sánchez Rinaldi, habrían facilitado el tráfico de drogas. Dos de las empresas se enfocaban principalmente en el comercio de banano.

España también era un nodo logístico importante para los envíos de cocaína del grupo. En una carta enviada a las autoridades de Ecuador para pedir asistencia, la Audiencia Nacional de España describe a Sánchez Rinaldi como un “importante empresario” radicado en la Costa del Sol. Y alega que manejaba una “organización legal potente”, un grupo de negocios de importación y exportación de alimentos que le permitía “facilitar su logística” del tráfico de cocaína para terceros.

En otra carta enviada a las autoridades francesas, la Audiencia Nacional española indica que el empresario habría sido responsable de garantizar la entrada de la droga en el puerto español de Algeciras y de “facilitar empresas importadoras en Europa”.

(Un portavoz de la Autoridad Portuaria de Algeciras no respondió a las preguntas enviadas por la OCCRP y remitió a los periodistas a la policía). 

Cuando el producto llega con éxito a las costas europeas, los chats parecen mostrar a Gjika negociando su venta a distribuidores. Frecuentemente participa en conversaciones —algunas de ellas tensas— sobre precios, pruebas de calidad del producto y planes de distribución.

"¿Tú tienes mercancía por arriba???", le preguntó en julio de 2020 a otro usuario de Sky, a quien las autoridades ecuatorianas describieron como posible coordinador de envíos de cocaína del grupo al puerto español de Algeciras. "Yo necesito en España no hay nada". "Si tienes en Holanda puedo buscar un camión para bajarlo a España", ofrece el interlocutor. "Me das precio ahí arriba y yo lo bajo".

Unos meses más tarde, Gjika se comunicó con un colaborador –quien fue condenado por participar en la organización criminal y quien, según los fiscales, se había trasladado en su momento a España– sobre los precios del mercado en Europa: "Señor, ¿cómo está el precio por allá?", preguntó Gijka, antes de planear su próximo movimiento.

Tras acordar un precio, a menudo después de una negociación intensa, los chats incluyen conversaciones sobre la manera de cobrar las ganancias. Usaban puntos de recolección de efectivo clandestinos que parecen operar desde ciudades de todo el mundo, desde Cali hasta Madrid, Bruselas y Birmingham.

La cantidad de efectivo que cambia de manos es a menudo asombrosa. En Barcelona, las autoridades españolas detectaron múltiples entregas de efectivo vinculadas al grupo, incluyendo una que llevó a la incautación de un millón de euros escondidos en un vehículo.

Por separado, en una conversación de diciembre de 2020 a través de Sky, Gjika discute una serie de transferencias de pesos colombianos por un valor equivalente a 2,3 millones de dólares para ser cobrados en Cali.

Las referencias a dichos "tokens" son frecuentes, ya que aluden a una cadena de números —por lo general el número de serie de un billete de dólar o euro— que se utilizan como una especie de contraseña compartida con el cajero para asegurar que el dinero se entregue en las manos correctas.

Citando los chats de Sky, la policía vinculó el establecimiento a un ciudadano chino quien finalmente fue condenado por colaborar en el tráfico de drogas y lavar el dinero del grupo (se declaró inocente y apeló el fallo. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios).

Si bien este tipo de sistema de transferencia clandestino permite a sus usuarios eludir las restricciones de los bancos, conlleva sus propios riesgos. En un chat de agosto de 2020, Gjika y un hombre conocido como el "Ingeniero" parecen discutir los detalles de una operación de recolección de efectivo que no salió como estaba planeado.

Poco más de una hora después, el "Ingeniero" —quien más tarde sería condenado por colaborar con la organización de tráfico— informa que "el chino" no tenía suficiente efectivo y que no se pudo cobrar el monto total.

Entonces, el "Ingeniero" pregunta si puede tomar algo del dinero para pagar a los miembros de su equipo, y Gjika aparentemente acepta que puede quedarse con "100" —lo cual un informe policial sugiere que es una abreviatura para 100.000 dólares— para él y su equipo. Parecen acordar reunirse al día siguiente para una charla de negocios para que Gjika pueda mostrarle "dónde y cómo se invierte [el dinero]". Pero cuando la parte del efectivo de Gjika llega al día siguiente, son "10" menos de lo que esperaba.

Al ser presionado, el colaborador de Gjika señaló que los 10.000 dólares faltantes se debieron perder cuando otro asociado "se puso nervioso" en la calle donde fue el intercambio, cerca de un "chifa" —en referencia a un restaurante que sirve una fusión de cocina china y ecuatoriana—.

Tras enviar algunos mensajes de audio, cuyos contenidos no están detallados en los registros del chat, los dos hombres parecen haber resuelto el asunto.

Al ser contactado, el abogado de Julio César Lalangui Medina, conocido como El Ingeniero, señaló que aún está pendiente la apelación de su cliente, con una audiencia programada para el 25 de junio de 2026. Y añadió que existe un “amplio y profundo debate jurídico a nivel internacional sobre la validez, autenticidad, integridad, trazabilidad y legalidad” del uso de los mensajes de Sky como prueba.

Para septiembre de 2020, Gjika aparentemente se había enterado de que los dispositivos Sky que estaban usando ya no eran seguros.

"Estamos cambiando todo, por el mucho hablar de que Sky no es confiable más", le envió por mensaje de texto a un colega, animándolo a comprar uno de los teléfonos BC1.

Pero los hombres siguieron usando Sky durante casi seis meses más. En marzo de 2021 se registró el último mensaje en los archivos de la Fiscalía.

El uso de Sky eventualmente significaría el desmoronamiento de la red ecuatoriana. Sin embargo, no es seguro que Gijka –el hombre que encabezaba el grupo según la Fiscalía– enfrente la justicia. A pesar de haber sido arrestado hace casi un año, los Emiratos Árabes Unidos aún tienen que extraditarlo (el Ministerio de Asuntos Exteriores y Justicia del país no respondió a las solicitudes de comentarios).

Mientras tanto, la cocaína —y el derramamiento de sangre que la sigue a su paso— continúa aumentando en Ecuador a niveles récord.

Rivera señala que a medida que los traficantes internacionales impulsan el comercio de droga en Ecuador, las bandas locales siguen peleando por una porción del pastel.

"El financiamiento que tienen y el interés por mover más cocaína a través del Ecuador, genera pugna entre los grupos locales y esas pugnas generalmente se manifiestan en control territorial”, dijo. "Entonces, no es su presencia como tal, sino el financiamiento que han traído para el movimiento de cocaína lo que indirectamente genera mayor violencia”.

*Las iniciales en los chats no sirven para identificar participantes entre diferentes conversaciones, solo para señalar a los participantes del chat en concreto

Scam Empire, una investigación coordinada por el consorcio periodístico OCCRP y la televisión pública sueca, SVT, ha sido nominada como finalista de los premios internacionales European Press Prize. En ella participaron más de 30 medios de comunicación, entre los que se encuentra infoLibre, único medio español.

La investigación sacó a la luz, tras una filtración sin precedentes, el funcionamiento interno de una industria mundial dedicada a las estafas. Scam Empire desveló cómo dos grupos de call-centers estafaron al menos a 32.000 personas de todo el mundo, a los que robaron en total más de 265 millones de euros haciéndoles creer que estaban invirtiendo en todo tipo de activos financieros.

infoLibre reveló, entre otros asuntos, cómo España era el segundo país en el que esta red de ciberfraude robó más dinero, con más de 5.000 personas estafadas, o que a través de cuentas en BBVA, Santander y Sabadell se movieron al menos dos millones de euros de la trama criminal, que estaba dirigida desde Israel y Chipre, sin ninguna traba y en apenas unos meses.

El proyecto es uno de los cinco finalistas en la categoría de investigación del European Press Prize. En total, 25 trabajos periodísticos distintos, de medios de 34 países, han sido escogidos. Los otros medios españoles que han sido nominados en alguna de las cinco categorías de los prestigiosos galardones son El País, la Fundación Civio y Datadista.

Una hora después de que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, regresara a Budapest desde San Petersburgo el 30 de agosto de 2024, recibió una llamada telefónica de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov le dijo a Szijjártó que había sido citado en todos los medios rusos tras su visita.

"¿Dije algo mal?", preguntó Szijjártó.

"No, no, no". Lavrov le tranquilizó. "Simplemente decían que estás defendiendo de manera pragmática los intereses de tu país".

En realidad, Lavrov llamaba para hacer una petición: el oligarca ruso Alisher Usmanov quería que su hermana, Gulbahor Ismailova, fuera eliminada de las listas de sanciones de la UE, y Szijjártó había prometido ayudar.

"Te llamo a petición de Alisher, y me ha pedido que te recuerde que estabas haciendo algo respecto a su hermana", dijo Lavrov.

"Sí, absolutamente", respondió Szijjártó. "La cuestión es la siguiente: junto con los eslovacos estamos presentando una propuesta a la Unión Europea para retirarla de la lista. La presentaremos la semana que viene y, como va a comenzar el nuevo periodo de revisión, se incluirá en el orden del día y haremos todo lo posible para sacarla".

Lavrov expresó su agradecimiento por el "apoyo y… la lucha por la igualdad en todos los ámbitos" de Szijjártó.

A partir de ahí, la conversación derivó hacia el desprecio compartido por ambos hacia la Unión Europea y sus funcionarios. Antes de colgar, el húngaro elogió la nueva sede de Gazprom que había visitado en Rusia. "Siempre estoy a tu disposición", añadió.

Siete meses después, Ismailova fue retirada de la lista de sanciones de la UE.

Esta llamada entre los dos ministros de Asuntos Exteriores fue una de varias que tuvieron lugar entre 2023 y 2025. Grabaciones de audio de las conversaciones de Szijjártó con Lavrov, así como con otros funcionarios rusos, fueron obtenidas por periodistas de VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigación Ján Kuciak (ICJK). Los periodistas confirmaron el contenido de forma independiente con fuentes de inteligencia en varios países y consultaron con expertos externos sobre la autenticidad del audio.

Las llamadas ponen de manifiesto la extraordinaria sintonía entre Szijjártó, que representa a un Estado miembro de la UE y la OTAN, y Lavrov, que representa a un país que ha invadido a otro europeo y ha patrocinado incendios provocados y sabotajes contra el flanco oriental de la OTAN.

Las conversaciones entre ambos contienen información sensible sobre las deliberaciones internas tanto de Budapest como de Bruselas, que sin duda resultan de interés para el Kremlin. También aportan pruebas claras del papel de Rusia a la hora de incitar a Hungría y Eslovaquia a suavizar las sanciones de la UE contra individuos y entidades rusas.

En sus intercambios con Lavrov, Szijjártó se muestra deferente, rozando en ocasiones lo servil. "Si quitas los nombres y enseñas estas conversaciones a cualquier agente, jurará que se trata de la transcripción de un oficial de inteligencia trabajando con su activo", afirmó un alto funcionario de inteligencia europeo tras revisar las transcripciones.

Ni Lavrov ni Szijjártó respondieron a las solicitudes de comentarios. El abogado alemán de Usmanov, Joachim Nikolaus Steinhöfel, rechazó responder a preguntas sobre la conversación entre Lavrov y Szijjártó. Describió las sanciones de la UE contra Usmanov y sus familiares como "injustificadas", subrayó su éxito como empresario y filántropo, y destacó que Usmanov había ganado "más de veinte casos judiciales" contra "medios de comunicación, figuras públicas y políticos que difundieron diversas afirmaciones falsas sobre él… muchas de las cuales reproducían los mismos razonamientos utilizados para las sanciones de la UE".

Las comunicaciones de Szijjártó van mucho más allá de Usmanov y sus familiares. En una llamada con otro funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, en el verano de 2025, Szijjártó no solo afirma que ya ha debilitado el 18º paquete de sanciones de la UE, entonces en negociación, sino que además pide argumentos adicionales que hagan que sus esfuerzos parezcan responder al interés de Hungría y no al de Rusia.

"Ya he eliminado 72 [entidades] de la lista, pero había 128. Estoy intentando continuar, pero tengo que decir que esto es en interés de Hungría", afirma Szijjártó.

"Si ellos [el equipo de Sorokin] pueden ayudarme a identificar los efectos directos y negativos sobre Hungría, estaría muy agradecido", añade, "porque si puedo mostrar algo así, me daríais una oportunidad completamente diferente".

La disposición de Szijjártó a actuar en interés de Rusia en el ámbito de la UE ayuda a explicar por qué Moscú está invirtiendo esfuerzos significativos en mantener a Viktor Orbán y a su partido pro-Kremlin Fidesz en el poder en Hungría.

Encuestas independientes sugieren que Orbán va muy por detrás de cara a las elecciones parlamentarias del 12 de abril, con el partido de centroderecha Tisza, liderado por el aspirante Péter Magyar, en clara ventaja.

Mientras la campaña de Orbán tiene dificultades, Rusia estaría interviniendo para ayudar. Como informó VSquare a principios de marzo, el Kremlin ha asignado a Serguéi Kiriyenko —vicejefe de gabinete de Putin y uno de los principales arquitectos de las operaciones de influencia política de Rusia— la tarea de apoyar de forma encubierta la campaña de Orbán. Kiriyenko desempeñó anteriormente un papel clave en la interferencia electoral en Moldavia.

Al mismo tiempo, la campaña de Orbán ha reproducido cada vez más narrativas del Kremlin, organizando provocaciones contra Ucrania y acusando a figuras de la oposición y a críticos de actuar como agentes o espías ucranianos, mientras descarta las acusaciones sobre sus propios vínculos con Rusia.

Las llamadas muestran que Szijjártó informaba de forma habitual a Lavrov sobre discusiones supuestamente confidenciales entre diplomáticos europeos.

Por ejemplo, en la misma llamada del 30 de agosto de 2024 con Lavrov, Szijjártó reveló detalles de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en la que había participado el día anterior.

"Fue una locura, ya sabes, cuando [el ministro de Exteriores lituano Gabrielius] Landsbergis dijo que contribuimos con un 12% de cada cohete y misil", le dijo Szijjártó a Lavrov, refiriéndose al argumento del ministro de que los pagos húngaros y eslovacos por gas y petróleo estaban ayudando a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

"Le dije: amigo, no tienes razón, porque los europeos contribuyen mucho más… no somos solo los eslovacos y nosotros quienes compramos gas y petróleo directamente a Rusia, sino todos vosotros que compráis lo mismo a través de… India, Kazajistán".

Consultado al respecto, Landsbergis confirmó que esa conversación había tenido lugar.

"Parece que todo este tiempo Putin ha tenido, y sigue teniendo, un topo en todas las reuniones oficiales europeas y de la OTAN", afirmó. "Si se quiere mantener la integridad de estas reuniones, sería apropiado excluir a Hungría de todas ellas".

"Cada generación tiene su Kim Philby", añadió Landsbergis, en referencia al famoso espía del KGB en el servicio secreto británico. "Al parecer, Péter Szijjártó está desempeñando ese papel con entusiasmo".

Aunque la UE ha sancionado a unas 2.700 personas y entidades rusas por su papel en la guerra de Rusia contra Ucrania, el bloque debe votar cada seis meses si prolonga esas sanciones.

Estas decisiones se toman por consenso, lo que significa que los 27 Estados miembros deben estar de acuerdo.

RFE/RL informó en marzo de 2025 de que Hungría y Eslovaquia amenazaron con bloquear la prórroga de las sanciones de la UE ese mes a menos que se retiraran ciertos nombres. No se trataba solo de Ismailova: el empresario ruso Viatcheslav Moshe Kantor y el ministro de Deportes del país, Mijaíl Degtyaryov, también fueron retirados de las sanciones en esa ronda.

Un diplomático europeo estrechamente implicado en las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato para poder revelar detalles internos, afirmó que Hungría y Eslovaquia suelen empezar con una larga lista de nombres rusos que quieren eliminar.

"No utilizan argumentos jurídicos", explicó el diplomático. "Simplemente dicen que no quieren a esas personas en la lista de sanciones por motivos políticos".

A medida que avanzan las negociaciones, Budapest y Bratislava suelen reducir su lista a un puñado de personas, como ocurrió con Ismailova, Kantor y Degtyaryov.

Aunque desde hace tiempo se sospechaba que Hungría y Eslovaquia filtraban los detalles de estas negociaciones a Moscú, el diplomático describió las nuevas pruebas obtenidas como valiosas: "Hungría está claramente cumpliendo órdenes políticas de Rusia", afirmó tras revisar las transcripciones.

El alivio económico para individuos no es el único ámbito en el que Hungría actuó en secreto en nombre del Kremlin en Bruselas.

En conversaciones con otro alto funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, Szijjártó afirmó que estaba haciendo todo lo posible para "derogar" un paquete clave de sanciones de la UE dirigido contra la flota fantasma de petroleros de Rusia, el mecanismo mediante el cual Moscú elude las sanciones energéticas occidentales.

En una conversación con Sorokin, Szijjártó se ofreció a eliminar bancos rusos propuestos para ser sancionados por la UE. Incluso pidió al funcionario ruso que le proporcionara argumentos sobre por qué hacerlo sería de interés para Hungría.

En otra llamada, Szijjártó se quejó de que la UE se negaba a compartir con él documentos relacionados con la propuesta de sancionar a 2Rivers, una empresa con sede en Dubái dedicada al comercio de petróleo ruso.

"Dicen que no hay un interés húngaro claro que puedan identificar y, por lo tanto, Hungría no puede pedir legalmente que se eliminen de la lista", dijo Szijjártó después de que Sorokin preguntara por qué Budapest había quedado fuera del proceso.

Según la UE, 2Rivers, anteriormente conocida como Coral Energy, ha sido un actor clave en la venta de petróleo ruso a través de su propia flota fantasma de petroleros y en ocultar el origen del crudo procedente de la empresa estatal rusa Rosneft, actualmente sancionada por Estados Unidos. 2Rivers vende después el crudo por encima del precio máximo internacional fijado y alimenta la maquinaria bélica rusa con ingresos vitales. En diciembre de 2024, el Reino Unido sancionó a 2Rivers y su red de comercio de petróleo.

No está claro qué interés podría tener Hungría —un país sin salida al mar que recibe petróleo a través de oleoductos— en intentar preservar las operaciones de la flota fantasma de Rusia. Pero el beneficio para Rusia es evidente.

Tras informar de que no había tenido éxito con 2Rivers, Szijjártó compartió con Sorokin detalles sobre las negociaciones en curso del 18º paquete de sanciones de la UE.

Explicó que la votación aún no figuraba en el orden del día gracias a un aplazamiento acordado por Hungría y Eslovaquia hasta que la UE accediera a "hacer una excepción" para esos países y "permitirnos seguir comprando gas y petróleo rusos".

El 18º paquete de sanciones fue propuesto por la Comisión Europea el 10 de junio de 2025. Dos semanas después, Szijjártó anunció públicamente que Hungría y Eslovaquia lo estaban bloqueando "en respuesta a los planes de la Unión Europea de eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa".

Fue en una llamada con Sorokin una semana más tarde cuando Szijjártó pidió argumentos sobre "efectos negativos para Hungría" para ayudarle a diluir el paquete.

Kinga Redłowska, experta en sanciones y responsable de CFS Europe en el think tank londinense RUSI, señaló que el enfoque de Hungría cumple un doble objetivo.

"A nivel interno, permite a Viktor Orbán reforzar una narrativa antiucraniana", afirmó. "A nivel de la UE, proporciona margen de maniobra para extraer concesiones en áreas no relacionadas, como la financiación europea o los conflictos sobre el Estado de derecho".

Pero, aunque esta estrategia pueda beneficiar al Gobierno de Orbán, permitir que un vecino agresivo capture y mantenga más territorio soberano europeo va en contra del interés nacional de Hungría, señaló: "Debilitar las sanciones corre el riesgo de reforzar la economía de guerra de Rusia y socavar los intereses de seguridad más amplios de todos los Estados miembros de la UE, incluida la propia Hungría".

Las conversaciones entre Szijjártó y Sorokin también abordaron los bancos rusos que estaban en el punto de mira de la UE.

"Comparte conmigo los nombres de esos bancos, puedo comprobar si están en la lista o no, revisaré las bases legales y luego haré todo lo posible", dijo Szijjártó a Sorokin. "Sé que querían incluir el banco de San Petersburgo en la lista, lo cual conseguí evitar; también querían incluir otro banco relacionado con el proyecto de Paks [central nuclear], y también conseguí eliminarlo".

Tras semanas de retrasos por parte de Hungría y Eslovaquia, la Unión Europea adoptó finalmente el 18º paquete de sanciones el 18 de julio de 2025. 2Rivers fue incluida en la lista, lo que la llevó a iniciar su disolución. El paquete también supuso un golpe significativo para la flota fantasma de Rusia y sus esfuerzos por eludir las sanciones al petróleo.

Sin embargo, sigue sin estar claro cuánto mayor podría haber sido el impacto sin los esfuerzos de Szijjártó. Para entonces, su estrecha relación con Rusia ya se había hecho pública.

En abril de 2025, el semanario polaco Polityka informó de que se sospechaba que Szijjártó compartía notas escritas de reuniones ministeriales de la UE con Rusia. A principios de este año, The Washington Post informó de que Szijjártó compartía información regularmente por teléfono con Lavrov durante las pausas en las conversaciones de la UE. "Cada reunión de la UE durante años ha tenido básicamente a Moscú sentado a la mesa", declaró al periódico un funcionario europeo de seguridad.

Politico informó a principios de este mes de que "la UE está limitando el flujo de material confidencial a Hungría y los líderes se reúnen en grupos más reducidos".

El Gobierno húngaro desestimó estos informes calificándolos de "propaganda proucraniana", mientras que Szijjártó, aunque reconoció su frecuente comunicación con Lavrov, calificó las informaciones sobre sus acciones de "noticias falsas".

Esta estrategia parece estar volviéndose en su contra. Szijjártó fue recientemente abucheado por manifestantes, que le gritaron "traidor" y "espía ruso" en un acto de campaña.

La interferencia de Hungría en la política de sanciones de la UE comenzó pocos meses después de la invasión a gran escala de Rusia y se ha endurecido en los cuatro años siguientes hasta convertirse en un esfuerzo sistemático de presión en favor de figuras vinculadas al Kremlin, al que se sumó Eslovaquia.

En junio de 2022, Hungría bloqueó todo el sexto paquete de sanciones de la UE —que incluía el histórico embargo parcial al petróleo ruso— hasta que el patriarca Kirill, antiguo agente del KGB y jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, fue retirado de la lista. El primer ministro Viktor Orbán intervino personalmente alegando "libertad religiosa".

En febrero de 2025, Hungría logró otra exención para Kirill durante las negociaciones del 16º paquete, además de salvar al Comité Olímpico Ruso y a dos clubes de fútbol rusos.

En febrero de 2026, Hungría vetó por completo el 20º paquete de sanciones —la primera vez que Budapest llegaba tan lejos— bloqueando nuevas medidas restrictivas que pretendían conmemorar el cuarto aniversario de la invasión, alegando una disputa sobre los flujos de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

En marzo de 2026, Eslovaquia amenazó con vetar la renovación semestral de toda la lista de sanciones individuales existente a menos que Usmanov y otro oligarca ruso, Mijaíl Fridman, fueran eliminados de inmediato, antes de ejecutar lo que los diplomáticos de la UE calificaron como uno de los giros más extraños que habían presenciado, al dar marcha atrás sin conseguir ninguna de las retiradas; Hungría también abandonó su lista de siete objetivos.

* Se puede leer la versión original de esta información en OCCRP y en los medios VSquare (Europa Central, en inglés), FRONTSTORY (Polonia, en polaco), Delfi Estonia (Estonia, en estonio), The Insider (Rusia, en ruso), y en el Centro de Investigación de Ján Kuciak (ICJK) (Eslovaquia, en eslovaco)

Ali Ansari, un banquero sancionado por el Reino Unido y acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria iraní, posee una lujosa villa en Marbella a través de la filial española de una empresa británica, según muestran los registros.

El Reino Unido sancionó el año pasado a Ali Ansari por presuntamente "facilitar financieramente la labor de la Guardia de la Revolución Islámica (IRGC)", que ha cometido abusos generalizados mientras hace cumplir el poder del Gobierno teocrático de Irán.

El abogado de Ansari, Roger Gherson, no respondió a las preguntas sobre la villa de su cliente en Marbella, ciudad situada en la Costa del Sol, en el sur de España, pero rechazó las acusaciones sobre vínculos con la IRGC. "El señor Ansari, en respuesta a acusaciones perjudiciales difundidas en medios internacionales, niega de forma tajante cualquier relación financiera con la Guardia de la Revolución Islámica de Irán", afirmó Gherson en una respuesta por correo electrónico a las preguntas planteadas por OCCRP.

Las autoridades británicas no aportaron detalles en su notificación de sanciones que sustentaran la acusación de que Ansari financiaba a la IRGC.

En una declaración pública del 12 de marzo, Ansari señaló que las autoridades iraníes habían disuelto un banco del que era accionista y aseguró que ahora estaba siendo objeto de una persecución injusta a nivel internacional.

"En el contexto de la intensificación de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, se están llevando a cabo esfuerzos en el Reino Unido y en otros países para imponerme restricciones y sanciones sin presentar pruebas creíbles", afirmó. Ansari añadió que había dado instrucciones a sus abogados para "iniciar procedimientos formales" contra las sanciones impuestas por el Reino Unido.

Las autoridades británicas sostienen que Ansari "financia la labor de la IRGC", a la que describen como "una de las organizaciones militares más poderosas de Irán, que responde directamente ante el Líder Supremo".

Además de su papel militar, la IRGC tiene amplios intereses empresariales que han sido ampliamente documentados y que abarcan las telecomunicaciones, el transporte, el petróleo y la construcción. Un artículo publicado por el Center for Strategic & International Studies, un centro de estudios estadounidense, describía a la IRGC como "el actor más poderoso en el control de todos los sectores económicos importantes de Irán".

Aunque Gherson negó que su cliente tuviera vínculo alguno con la IRGC, Ansari afirmó en su declaración pública que las medidas adoptadas por las autoridades iraníes contra él demuestran que las acusaciones británicas son falsas.

Ansari puso como ejemplo la disolución de Ayandeh Bank, entidad de la que era accionista. El Banco Central de Irán rescató al prestamista de su colapso en octubre de 2025 y ordenó su fusión con el banco estatal Melli Bank.

"Fui sometido a amplias presiones legales y regulatorias, un proceso que finalmente condujo a la disolución del banco", afirmó. "Es evidente que, de haber existido una relación organizada o un respaldo político especial, ese desenlace no se habría producido". En su decisión de disolver Ayandeh, el Banco Central de Irán apuntó a años de mala gestión.

Ayandeh había acumulado una deuda de 5.000 billones de riales iraníes (unos 4.670 millones de dólares en aquel momento), aproximadamente el doble de lo que mantenía en depósitos, según Hamidreza Ghaniabadi, director general de Supervisión Bancaria del Banco Central. Ghaniabadi hizo estas declaraciones en un vídeo difundido el 23 de octubre de 2025 por la agencia de noticias Tasnim, afín al Estado.

Ghaniabadi también declaró a la agencia estatal iraní IRNA que "más del 90% de los fondos de Ayandeh Bank se asignaron o bien a partes vinculadas al banco o bien a proyectos gestionados por el propio banco".

La quiebra del Ayandeh Bank formó parte de una crisis económica que desencadenó la reciente ola de protestas masivas en Irán.

Los iraníes empezaron a salir a las calles a finales de 2025 para protestar contra la inflación disparada y el hundimiento del nivel de vida. Muchos manifestantes pronto empezaron a pedir la caída del Gobierno.

La IRGC y otras fuerzas de seguridad reprimieron las protestas, llevando a cabo detenciones masivas, además de torturar y matar a miles de personas, según organizaciones de derechos humanos. OCCRP informó de que las familias de personas muertas durante las protestas acusaron a las autoridades de exigir pagos para poder recuperar sus cuerpos.

En octubre de 2025 —el mismo mes en que se disolvió Ayandeh Bank y unos dos meses antes de que estallaran las protestas— el Reino Unido impuso sanciones a Ansari. Para entonces, ya había adquirido una amplia cartera de propiedades por toda Europa.

Las autoridades británicas han congelado más de 100 millones de libras esterlinas (134 millones de dólares) en bienes inmuebles de Ansari en ese país, según declaraciones públicas de ministros del Gobierno. Se desconoce si entre las propiedades congeladas figura una mansión londinense de 52,8 millones de dólares que OCCRP reveló anteriormente.

En enero, el Financial Times informó de que Ansari había adquirido inmuebles comerciales por valor de cientos de millones de euros en varios países europeos. El hallazgo de OCCRP sobre la lujosa villa de Marbella añade otra propiedad más al patrimonio conocido de Ansari.

La villa española no figura directamente a nombre de Ansari. Los reporteros tuvieron que rastrear una cadena de vínculos societarios para determinar su titularidad.

Utilizando un pasaporte chipriota, Ansari controla una empresa londinense llamada Veritas Reales Investment Limited, según Companies House, el registro mercantil británico. La empresa fue constituida en 2019 por un promotor inmobiliario del Reino Unido que desde entonces se ha desvinculado. Companies House identifica ahora a Ansari como la única "persona con control significativo".

En sus registros societarios, Veritas Reales Investment aparece descrita como una empresa dedicada a la "compra y venta de bienes inmobiliarios propios" y a la "recepción y concesión de préstamos".

Los registros del Registro Mercantil español muestran que la empresa londinense controla una filial local, Veritas Reales Marbella SL. Esta es la propietaria de la villa y del terreno en la exclusiva urbanización cerrada de Altos Reales, en Marbella, adquiridos por una suma no revelada en 2020.

El abogado de Ansari, Gherson, no respondió a las preguntas sobre las empresas británica y española. Los reporteros no pudieron determinar el precio de compra de la villa ni su valor actual. Pero una página archivada de una agencia inmobiliaria local muestra que la propiedad fue puesta a la venta en 2013 por 15 millones de euros (unos 19,5 millones de dólares en aquel momento) como una "Residencia excepcional con vistas espectaculares".

Las fotos del folleto comercial mostraban una villa de seis dormitorios con una imponente torre central enmarcada por picos montañosos. Una terraza dominaba una piscina exterior y ofrecía vistas al mar Mediterráneo. Esas vistas coinciden con imágenes disponibles en Google Earth 3D.

El anuncio de 2013 también destacaba elementos como una lámpara de araña "comprada a una iglesia del siglo XV", así como "bodegas con temperatura controlada y cómodas dependencias para el personal". Según Companies House, las cuentas anuales de Veritas Reales Investment Limited están pendientes de presentación. La empresa se enfrenta a la posibilidad de ser disuelta de forma forzosa en los próximos dos meses, "salvo que se alegue causa en contrario".

El 27 de diciembre de 2025, el petrolero sancionado Kira K estaba atracado en el puerto ruso de Ust-Luga, en las profundidades del extremo oriental del golfo de Finlandia. Se preparaba para transportar 734.000 barriles de crudo pertenecientes a Lukoil, el gigante energético ruso incluido en listas negras, hacia el mercado mundial.

Según una lista de tripulación obtenida por los periodistas, el barco estaba operado por una mezcla de marineros procedentes de Myanmar, China y Bangladesh. Pero también había otros dos hombres a bordo. El manifiesto del petrolero incluye a los ciudadanos rusos Denis Enin y Aleksandr Kamenev como “supernumerarios”, un término que designa al personal que queda fuera de la tripulación operativa estándar. En los campos de datos que detallan los diplomas marítimos y las cualificaciones de cada tripulante, junto a los nombres rusos solo aparecen dos letras: NA. No disponible, por sus siglas en inglés.

Eso se debe a que estos hombres no son marineros normales.

Kamenev, de 45 años, y Enin, de 48, son ambos veteranos del Grupo Wagner, la notoria organización de mercenarios rusa que combatió en conflictos en todo el mundo en nombre de Moscú durante casi una década, hasta 2023.

Kamenev estuvo en Siria y en Donetsk, ocupada por Rusia, en el momento álgido de las operaciones de Wagner en la zona, según muestran datos filtrados de cruces fronterizos. Enin, por su parte, también ha registrado su dirección en una unidad militar rusa situada en el sur del país.

La presencia de estos dos hombres en el Kira K no es casual. Una investigación conjunta de Delfi, Helsingin Sanomat, iStories y OCCRP ha identificado un patrón sistemático de militarización de la llamada flota fantasma de Rusia, el término utilizado para describir los cientos de buques envejecidos y de propiedad opaca que Moscú utiliza para eludir las sanciones occidentales sobre su petróleo.

Al analizar listas de tripulación de petroleros sancionados en 20 travesías, los periodistas descubrieron que los buques que parten de puertos rusos del mar Báltico llevan ahora regularmente equipos de dos hombres con antecedentes militares.

De los 17 hombres rusos a bordo de estos barcos que carecían de credenciales marítimas, se descubrió que 13 tenían vínculos con el Grupo Wagner o con organizaciones de seguridad del Estado, como el servicio de inteligencia militar ruso, el GRU. Los periodistas establecieron estas conexiones a través de diversas bases de datos rusas filtradas, entre ellas un registro de mercenarios de Wagner de 2021, así como información de agencias de inteligencia europeas y fuentes abiertas.

Estos “extras” o “técnicos”, como a veces se les denomina, comenzaron a aparecer en los buques después de julio de 2025, según las listas de tripulación obtenidas por los periodistas. Resultan notablemente ausentes en una muestra limitada de listas de tripulación de buques que navegaban por rutas del mar Negro o del Pacífico durante el mismo periodo, lo que sugiere una presencia dirigida específicamente al mar Báltico.

Los hallazgos aportan nuevas pruebas a las advertencias de las agencias de inteligencia occidentales, informadas por primera vez por CNN a finales del año pasado, de que rusos con antecedentes en seguridad estaban embarcando en los petroleros “fantasma” de Moscú y participando en actividades de espionaje cerca de las costas europeas. Los manifiestos de tripulación indican la magnitud y el carácter sistemático del fenómeno, y proporcionan nombres y otros identificadores que permitieron a los periodistas confirmar el pasado militar de estos hombres.

Fuentes de inteligencia de varios países europeos dijeron a los periodistas que estos llamados “equipos de protección de buques” han sido desplegados para disuadir a las autoridades de los países del mar Báltico de abordar, inspeccionar o potencialmente incautar las embarcaciones.

Por lo general, las autoridades de la UE no pueden detener estos barcos únicamente por estar sancionados. Pero durante el último año han detenido en varias ocasiones petroleros pertenecientes a la flota fantasma de Rusia, a menudo por navegar bajo bandera falsa o en casos en los que se sospechaba que habían dañado cables submarinos.

Pero con veteranos curtidos en combate a bordo, cualquier intervención de este tipo podría implicar el riesgo de enfrentarse a una resistencia armada.

“El objetivo de esta actividad es proteger la base de ingresos de la Federación Rusa frente a posibles amenazas, ya sea sabotaje [organizado por Ucrania] u otras interferencias procedentes de Occidente”, declaró a Delfi el jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia, el coronel Ants Kiviselg.

“Colocar tripulaciones de protección en estos barcos demuestra que las mercancías transportadas por la flota fantasma y los ingresos derivados de ellas son importantes para Rusia”, añadió.

Rusia depende en gran medida de la ruta del Báltico para transportar el petróleo que genera millones de ingresos para el tesoro de guerra del Estado cada día. Según la Kyiv School of Economics, el país exporta aproximadamente el 40% de su petróleo crudo específicamente a través del mar Báltico.

Pero algunos analistas creen que estos miembros especiales de la tripulación han sido desplegados para hacer algo más que proteger los intereses económicos de Rusia.

Glen Grant, asesor de defensa y ex agregado de defensa del Reino Unido en Estonia y Letonia, señaló que al navegar por el Báltico sin impedimentos, estos antiguos militares también pueden recopilar información valiosa, incluida la forma en que las autoridades occidentales interactúan con los petroleros sancionados.

“En conjunto, eso les da una idea completa de nuestra fuerza, determinación, filosofía y capacidad militar”, afirmó. “El hecho de que también transporten petróleo y que además entre dinero [para Rusia] es un extra”.

El Ministerio de Defensa ruso, Lukoil y la empresa que gestiona el Kira K no respondieron a las preguntas enviadas por los periodistas. Cuando fue contactado por Telegram, Enin, uno de los rusos que figura como parte de la tripulación del Kira K, negó haber estado a bordo del barco y no respondió a más preguntas. El otro ruso, Kamenev, no respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

Los protectores rusos de buques identificados por los periodistas no están afiliados únicamente al Grupo Wagner, al que la UE acusa de cometer graves abusos de derechos humanos desde Ucrania hasta Siria y la República Centroafricana. (La organización fue efectivamente disuelta después de que su líder, Yevgeny Prigozhin, protagonizara una rebelión fallida en junio de 2023 y muriera en un accidente aéreo dos meses después). Las tripulaciones de la flota fantasma también incluyen rusos procedentes de otros entornos militares, como Aleksandr Malakhov, un “supernumerario” que viajó en el Kira K en octubre de 2025.

Este hombre de 50 años es veterano de la 22ª Brigada Spetsnaz, una unidad de fuerzas especiales bajo el servicio de inteligencia militar ruso conocido como GRU, confirmó a los periodistas una fuente de inteligencia europea. (Datos filtrados también muestran que la unidad Spetsnaz en el óblast de Rostov, en el sur de Rusia, figuraba como dirección registrada de Malakhov). No respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

En agosto de 2025, el Kira K transportó a otro dúo ruso a través del golfo de Finlandia: Dmitry Frolov, de 50 años, y Juri Tsvetkov, de 38. Los periodistas descubrieron que estos dos hombres ya habían viajado juntos antes. Tanto en 2022 como en 2023, la pareja voló junta en aeronaves de la Fuerza Aérea rusa, según datos filtrados de cruces fronterizos rusos.

Cuando fue contactado por Telegram, Frolov negó haber estado en el mar. Después de que los periodistas le dijeran que tenían pruebas de que había estado presente en el Kira K, escribió: “Olvídalo, no escribas. Si no, os denunciaré al FSB”. Su compañero de barco, Tsvetkov, no respondió a las preguntas enviadas a su dirección de correo electrónico.

El petrolero sancionado conocido como Lebre, por su parte, ha transportado “técnicos” que trabajaban para el Ministerio de Defensa ruso y para el Ministerio de Defensa del territorio separatista de Transnistria, respaldado por Rusia, según información proporcionada por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, que afirmó estar en posesión de los registros laborales de estos hombres.

Cuando fue contactado para comentar, el tripulante vinculado al Ministerio de Defensa ruso negó haber trabajado allí y afirmó que había trabajado en el petrolero como cocinero. Sin embargo, confirmó que el otro ruso a bordo que también figuraba como técnico había servido como guardia. Ese tripulante no respondió a las solicitudes de comentario.

El gestor del barco, Anchor Elite Shipmanagement, afirmó que “no estaba en condiciones de confirmar las acusaciones presentadas” sobre los hombres, pero que su presencia en el barco “no estaba en modo alguno relacionada con actividades militares o de empresas militares privadas”, y que se dedicaban únicamente a “tareas de cocina” y “trabajos relacionados con la cubierta”.

Otro buque de la flota fantasma que acaparó titulares cuando fue incautado por las autoridades francesas en septiembre de 2025 también transportaba a un paracaidista en servicio en el Ejército ruso, según un oficial de inteligencia en la región del mar Báltico que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información proporcionada.

Los periodistas descubrieron que un ruso con el mismo nombre y fecha de nacimiento, Stanislav Babichev, tiene un perfil en una red social que menciona como formación la Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Aerotransportadas 332, una institución de entrenamiento militar. No respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

Un analista del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia (SUPO) afirmó que es probable que estos equipos de seguridad rusos tengan la tarea de impedir que el resto de la tripulación del barco coopere con autoridades extranjeras.

“Es probable que los guardias estén a bordo para garantizar que otros países del mar Báltico no tomen el control de estos barcos con demasiada facilidad”, dijo el analista a Helsingin Sanomat bajo condición de anonimato.

También pueden actuar como “enlaces” para quienes los contrataron, añadió el analista. “Puede suponerse que, si por ejemplo fuerzas militares rusas y buques de la marina operan en la misma zona y escoltan a estos barcos, la tarea de estos hombres puede ser facilitar la comunicación”.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania dijo a los periodistas que estos hombres suelen ser contratados por las empresas de seguridad privadas rusas RSB Group y Moran Security Group.

RSB Group, cuyo sitio web afirma haber “protegido decenas de buques mercantes y científicos rusos y extranjeros”, emplea a antiguos oficiales de inteligencia rusos y a otros combatientes, y ha entrenado unidades para la guerra en Ucrania, según avisos de sanciones de la UE y Estados Unidos. Moran Security, que también ofrece diversos servicios de protección marítima en su página web, ha sido sancionada por Estados Unidos por prestar servicios a empresas estatales rusas.

Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentario.

El despliegue de estos agentes de seguridad encubiertos en buques comerciales se produce en medio de un notable aumento de la presencia militar directa de Rusia en el Báltico.

El pasado mayo, la Marina estonia escoltó al petrolero sancionado Jaguar fuera de las aguas económicas de Estonia después de que se descubriera que navegaba sin una bandera válida.

Rusia respondió enviando un avión de combate que violó el espacio aéreo estonio.

“Rusia considera la flota fantasma como una palanca económica muy importante”, dijo el comandante de la Marina estonia, Ivo Värk, quien añadió que la presencia naval rusa en el Báltico se ha cuadruplicado desde 2022.

“Para ellos es una cuestión de alto interés nacional. Rusia está dispuesta a protegerla por todos los medios”.

Un alto oficial de inteligencia europeo que habló bajo condición de anonimato dijo que la presencia de funcionarios de seguridad en estos barcos aumenta los riesgos de cualquier intento de intervenir más en el comercio petrolero ruso.

“Dos individuos potencialmente armados cambian sin duda nuestro cálculo de riesgos cuando debemos decidir si detener o incautar el petrolero. Rusia cree que esto hace que los Estados miembros de la OTAN a lo largo del mar Báltico sean más cautelosos”, afirmó el funcionario.

Para Sean Wiswesser, ex alto oficial de operaciones de la CIA especializado en los servicios de inteligencia y el ejército rusos, esta tendencia sugiere que Rusia también está utilizando los buques de su flota fantasma como plataformas para “sabotaje” y “otras operaciones de inteligencia, como potencialmente desplegar drones”. “Definitivamente no se trata solo de proteger el petróleo ruso”, dijo. “En ninguna otra parte del mundo ha habido tantos cortes de cables, y en tan poco tiempo, como los que se han producido en los últimos dos años en el mar Báltico”.

Información adicional de Kaur Maran, Greete Palgi, Marta Vunš (Delfi).

Tetiana Kavinova vive en la orilla este de Kiev. Su calefacción dejó de funcionar tras los ataques rusos a las centrales eléctricas de la capital a principios de enero. El agua de su casa, que durante el día está a 8 grados, sale helada y no tiene electricidad para el calefactor ni la vitrocerámica. "Cuando me despierto, deseo que sea de noche para poder dormirme y olvidar", se lamenta. "Pensaba que el inicio de la guerra fue terrible. Ahora creo que aquello era más fácil que esto". 

Su situación no es excepcional. Este invierno, el más duro desde el inicio de la invasión a gran escala, más de un millón de ucranianos han soportado semanas sin electricidad, calefacción ni agua caliente. En enero, el alcalde de Kiev pidió a los residentes que abandonasen la ciudad para aliviar la presión sobre una red eléctrica al borde del colapso. Según la misión de vigilancia de derechos humanos de la ONU, en 2025 murieron 2.514 civiles ucranianos, un 31% más que el año anterior. 

El principal responsable de esa destrucción tiene nombre: Geran-2, la versión rusa del dron iraní Shahed-136. Un aparato triangular de 3,5 metros, capaz de recorrer hasta 2.000 kilómetros con una cabeza explosiva de unos 50 kilos. Los datos de la fuerza aérea ucraniana indican que en 2025 Rusia lanzó unos 54.000 drones de largo alcance, de los que unos 32.000 eran Geran-2. Casi 3.000 al mes, a menudo centenares en una sola noche, para saturar las defensas antiaéreas y abrir paso a los misiles de crucero. "No vuelan muy rápido y por eso son detectables a larga distancia. Pero Rusia los lanza en tal volumen que algunos siempre pasan", explica un agente de un servicio de inteligencia de un país europeo consultado por esta investigación. 

Sin embargo, la responsabilidad de esta crisis no recae solo en Moscú. Una investigación internacional llevada a cabo por infoLibre junto con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el diario belga De Tijd, el ucraniano The Kyiv Independent, el colectivo alemán Paper Trail Media, el británico The Times y el irlandés Irish Times, revela que estos drones están repletos de tecnología europea. Y que esa tecnología sigue llegando a Rusia pese a cuatro años de sanciones. 

Entre las empresas europeas cuyos componentes han sido identificados dentro del Geran-2 hay una con sede en España: Pierburg S.A., filial del grupo alemán de defensa y automoción Rheinmetall, que fabrica componentes para automóviles en su planta de Abadiño (Vizcaya). La bomba de combustible eléctrica que alimenta el motor del dron lleva la marca Pierburg.

La pieza ya aparecía desde 2024 en la web War & Sanctions —de la inteligencia militar ucraniana— catalogada como alemana. Es un nuevo informe del servicio ucranniano el que la atribuye a la subsidiaria española, sin que se conozcan los motivos del cambio. Un portavoz de Rheinmetall confirma que las autoridades aduaneras alemanas informaron a la empresa en enero de 2024 de que "bombas de combustible eléctricas civiles fabricadas en julio de 2020 para el mercado de recambios de automoción habían sido enviadas a Rusia", pero asegura que la compañía no realizó esa entrega y que desconoce quién la exportó. 

Preguntada expresamente por en qué planta se fabricó la pieza —Pierburg también fabrica en Alemania y en la República Checa—, la empresa declinó dar más detalles. La subsidiaria española, Pierburg S.A. no respondió a las preguntas de infoLibre. 

Los datos de importación de la plataforma comercial Import Genius muestran además seis envíos a Rusia en 2024 de productos Pierburg con España como país de origen: válvulas de presión y sensores de oxígeno para automóviles, piezas que no figuran en la lista europea de productos sancionados y de las que no existe indicio de que guarden relación con drones. Tampoco se puede concluir que fueran enviadas directamente por Pierburg. Las piezas llegaron a distribuidores de recambios rusos a través de intermediarios en Kazajistán, Moldavia y Países Bajos. 

En el centro de la investigación hay seis documentos de la inteligencia ucraniana, obtenidos por The Kyiv Independent, que recogen los componentes hallados en los restos de varios Geran-2 derribados, ensamblados tanto en la gran fábrica de Alabuga como en la planta de Izhevsk. Del análisis se desprende que un solo Geran-2 fabricado en Alabuga contiene hasta 294 componentes extranjeros. En total, el consorcio ha identificado más de cien piezas de 19 empresas europeas con sede en ocho países: Reino Unido, Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria, Irlanda, España y Polonia.

De los componentes cuyo año de fabricación pudo determinarse, la mayoría databan de 2023 y 2024, lo que descarta que se trate de piezas antiguas anteriores a la invasión. Los componentes europeos están presentes en prácticamente todas las partes tecnológicas del dron: el mecanismo de dirección, el motor, la antena GPS, los dispositivos de navegación por satélite, el sistema de piloto automático y la placa base principal. 

El consorcio ha rastreado, a través de la base de datos Import Genius, los productos de las marcas europeas implicadas que fueron importados por empresas rusas. En 2024 se contabilizaron 1.207 envíos, de los que más de la mitad —672— contenían productos de la lista europea de bienes de doble uso cuya exportación a Rusia está expresamente prohibida. En ningún caso los bienes llegaron directamente desde un país europeo: las rutas pasan principalmente por China y Hong Kong, y en menor medida por Turquía, Emiratos Árabes, Kirguistán o India. 

Las empresas europeas implicadas comparten un discurso común: condenan la invasión, aseguran cumplir las sanciones y no vender a Rusia, pero admiten que no pueden garantizar que sus productos no acaben allí. Algunas ni siquiera descartan que sus componentes lleguen ya montados dentro de electrodomésticos que después se desmontan para darles uso militar. Alex Prezanti, abogado internacional especializado en sanciones, describe el esfuerzo por sancionar a intermediarios como "un juego de golpear topos: puedes perseguir empresas, pero siempre vas un paso por detrás, porque pueden abrir diez nuevas cada día". 

Vladyslav Vlasiuk, comisario para la política de sanciones del Gobierno de Ucrania, describe el mecanismo: "Una empresa alemana envía algo a Turquía, de Turquía va a Hong Kong, de Hong Kong a China y de China a Rusia. Estas cadenas son extremadamente difíciles de identificar y desarticular". Para Vlasiuk, el punto débil son los propios fabricantes: "La respuesta de 'vendemos muchas piezas diminutas y no podemos controlar miles de componentes baratos' ya no sirve. Llevamos casi cuatro años", denuncia el ucraniano. 

¿Funcionan entonces las sanciones? Vlasiuk pone un ejemplo: Rusia no ha logrado aumentar la producción de misiles de crucero, estancada en unas 1.700 unidades anuales, porque no puede conseguir los componentes occidentales necesarios. Pero con los drones la historia es la opuesta: en 2025 se lanzaron más de 32.000 Geran-2, diez veces más que dos años antes.  "Usan menos tecnologías punteras y más componentes chinos, y eso es algo que han podido escalar", reconoce. La fuente del servicio de inteligencia europeo coincide: "China juega un papel importante pero discreto. Es el elefante en la habitación". 

El origen europeo no se limita a los componentes. Ivan Kirichevsky, experto en armamento del think tank Defense Express y miembro de las fuerzas armadas ucranianas, señala que el propio diseño del Shahed es "una copia directa" de Die Drohne Antiradar, un proyecto de la Alemania occidental de los años ochenta. Cuando cayó el muro de Berlín, los planos se dispersaron e Irán los aprovechó. "Incluso el motor es un clon del alemán y la electrónica prevista en el proyecto original es la misma que usa el Shahed moderno", resume. En resumen: un dron de fabricación rusa, con componentes chinos y europeos, basado en un diseño iraní creado a partir de un proyecto alemán.

A casi cuatro años de la invasión, el vigésimo paquete de sanciones de la UE se negocia en Bruselas. Preguntado por esta investigación, ​​David O’Sullivan, enviado europeo para sanciones, asegura que "no ignoraremos los casos en que nuestras sanciones sean eludidas sistemáticamente" y que la Comisión "está lista para reforzar las medidas cuando se identifiquen posibles lagunas". Pero mientras la Unión Europea promete actuar, los drones siguen cayendo. Y en el este de Kiev, Kavinova sigue pasando frío. "Cuando los técnicos reparan el daño, Rusia lanza un nuevo ataque, o se producen averías porque la red eléctrica está sobrecargada".

La búsqueda culmina en una prisión federal de la Florida, pero la justicia estadounidense toma un camino inesperado: Carmelo ha recuperado su libertad antes de tiempo.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Mientras el dinero corrupto se mueve por los hubs financieros globales, en 2017 Venezuela está en llamas. Decenas de miles de manifestantes toman las calles para oponerse a la corrupción, el autoritarismo y la crisis humanitaria. Con brutalidad, las marchas son reprimidas. Este episodio recoge los testimonios de algunas víctimas de las protestas que marcaron un pico muy alto de la deriva autoritaria de Venezuela.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Carmelo Urdaneta y un grupo de asesores financieros se reúnen en Madrid. Entre todos, diseñan una fina ingeniería para lavar el dinero saqueado sin ser detectados. La conversación está siendo grabada por un informante. Ese audio ofrecerá el raro privilegio de conocer cómo lavan la plata los lavadores.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Un equipo de reporteros viaja por Miami y Madrid para desandar los pasos del lavado de dinero. Mientras recorre propiedades de lujo, Laura explica la filigrana del caso Money Flight, una operación en la que se drenaron más de mil millones de dólares en Venezuela. 

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

La periodista Laura Weffer busca en Florida el rastro de Carmelo Urdaneta, un ex alto funcionario de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) involucrado en una trama corrupta. Al mismo tiempo, la historia retrocede al origen del desastre. Es el momento en que Hugo Chávez se enfrenta a la élite de la industria petrolera de su país.

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Desde que hace más de un siglo se empezaron a perforar los yacimientos en las orillas del lago Maracaibo, el petróleo ha sido tanto una bendición como una maldición para Venezuela. El oro negro alimentó bonanzas y crisis. Impulsó el surgimiento de una clase media urbana y luego, también, la formación de una élite que saqueó la riqueza petrolera de la nación y amasó miles de millones mientras el resto del país se hundía en la pobreza.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha ocultado que la sed de petróleo impulsó la controvertida captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de su Administración. Con Maduro fuera y Trump tomando las decisiones, las reglas del petróleo venezolano se están reescribiendo una vez más y la pregunta, como siempre, es quién se beneficiará.

Mientras el mundo aguarda para conocer los planes de Trump y el nuevo régimen venezolano con las abundantes reservas de oro negro del país, OCCRP presenta un análisis a profundidad de la corrupción que desfiguró el sector petrolero en el pasado reciente con el lanzamiento de un nuevo podcast: Cuello Blanco, Manos Sucias.

Este podcast investigativo realizado por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer mientras rastrea a Carmelo Urdaneta, un exfuncionario del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que se encuentra en el centro de una conspiración para lavar miles de millones de dólares.

A lo largo de cinco episodios, el podcast revela cómo entre 2014 y 2018 un círculo de personas con información privilegiada saqueó millones de dólares de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y los gastó en propiedades inmobiliarias, yates y otros bienes de lujo.

Como parte de la investigación, los periodistas obtuvieron un audio secreto en el que se revelan con extraordinario detalle los mecanismos del lavado de dinero: sin saber que estaban siendo grabados, se puede escuchar a un grupo de financieros discutiendo con precisión cómo planean mover dinero sucio sin llamar la atención de bancos.

Detrás de estas artimañas financieras se esconde un inmenso sufrimiento personal. La serie también rastrea el costo humano de esta corrupción, incluyendo el exilio de Laura y las voces de venezolanos que luchaban contra una grave crisis económica mientras que los petrodólares saqueados eran blanqueados por especialistas en el extranjero.

La producción original de este podcast es en español. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, OCCRP lo pone a disposición de un público más amplio y reprodujo la serie usando un traductor de inteligencia artificial. infoLibre ofrece en España la serie de los cinco capítulos en español.

En un chat encriptado de febrero de 2021, presuntos narcotraficantes de los Balcanes se jactaban de tener los derechos exclusivos para traficar cocaína disimulada en contenedores de plátanos exportados por la empresa familiar del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Un documento confidencial de la fiscalía de Croacia registró a dos personas, que usaban la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC y que solo son identificados por números PIN anónimos, alardeando de que "nadie más que ellos" tenía permiso para embarcar cocaína en los contenedores de Noboa Trading Co TCN SA.

Noboa Trading es parte de Noboa Corporation, un extenso imperio empresarial que produce plátanos bajo la marca 'Bonita y es' dirigido por la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Ni Noboa Trading ni la oficina del presidente Noboa respondieron a las solicitudes de comentarios de OCCRP, consorcio de investigación del que es socio infoLibre.

Mientras que los documentos de Croacia solo muestran PINs anónimos, el medio de investigación serbio KRIK —también socio de OCCRP— identificó a uno de los interlocutores gracias al cruce con documentos judiciales de otros casos en Serbia en los que los narcos también habían utilizado la aplicación Sky ECC. Se trata de Nikola Đorđević, una presunta figura del crimen organizado. La policía de Serbia lo busca actualmente por un caso de tráfico de cocaína distinto al de los cargamentos de Noboa Trading. 

Aunque no está claro exactamente cómo Đorđević y sus asociados habrían accedido a los contenedores de un importante exportador de frutas, existen pruebas de que su afirmación no era solo una fanfarronada.

En sus chats encriptados, los presuntos traficantes se refirieron a tres envíos específicos de cocaína y transmitieron detalles sobre las fechas, nombres de los barcos y números de contenedores. OCCRP ha cotejado los datos compartidos en esas conversaciones con envíos reales de plátanos de Noboa Trading utilizando registros de envío y datos de exportación.

Por ejemplo, mencionaron un cargamento de 430 kilos de cocaína oculto en el contenedor MEDU9747725, el cual dijeron que había salido de Ecuador el 25 de enero de 2021. Al consultar registros de envío y datos de exportación, los reporteros confirmaron que Noboa Trading efectivamente envió ese mismo contenedor en esa fecha.

Los tres cargamentos, que reporteros de KRIK, OCCRP y el Investigative Journalism Bureau examinaron en detalle, se mandaron desde el puerto ecuatoriano de Guayaquil. Todos habían ido a bordo del buque portacontenedores de bandera liberiana MSC Mirella a lo largo de un periodo de tres meses entre finales de 2020 y principios de 2021, antes de ser transferidos a otros barcos.

En total, contenían 535 kilos de cocaína, lo que puede alcanzar un valor en el mercado de al menos 26 millones de euros. El último de los envíos, que contenía 60 kilos de cocaína, fue incautado por autoridades croatas a principios de marzo de 2021, tras ser descargado en Ploče, un puerto en el mar Adriático, indica el documento de la fiscalía croata.

Mientras que el grupo de Đorđević se encargaba de cargar la cocaína en el punto de origen, archivos de la fiscalía croata revelan que otra banda de narcos de los Balcanes se encargaba de descargar la droga de los contenedores de Noboa Trading cuando llegaban a Croacia.

Esta cuadrilla estaba presuntamente liderada por Petar Ćosić, quien actualmente enfrenta un juicio en Croacia por organizar y liderar una organización criminal, por homicidio agravado y por tráfico de cientos de kilos de cocaína desde Ecuador, incluyendo droga hallada en los contenedores de plátanos de Noboa. Ćosić no ha contestado a las preguntas que OCCRP le ha hecho llegar a su abogado.

Esta nueva evidencia proporciona detalles sobre la creciente colaboración entre grupos criminales que trafican cocaína hacia Europa, y demuestra la facilidad con la que la exportación de bienes legales cotidianos puede verse afectada.

La cooperación parece ser parte de una tendencia más amplia hacia cadenas de suministro criminales modulares, afirma Anna Sergi, experta en crimen organizado y profesora de sociología en la Universidad de Bolonia.

En este caso, un grupo de presuntos traficantes de los Balcanes organizó la carga de la droga en contenedores en Ecuador, mientras que otra cuadrilla fue responsable de descargarla en Croacia, indican diversos documentos legales.

"Hay grupos que se especializan en el relleno en origen (origin stuffing), en la logística marítima o en la distribución local, y luego venden o intercambian esas capacidades", dijo Sergi a OCCRP.

Las pruebas obtenidas por OCCRP y KRIK muestran además que la cadena de mando criminal del grupo que descargó la cocaína en Croacia no terminaba en Ćosić. Al cruzar documentos judiciales croatas con documentos adicionales de un caso en Serbia, esta investigación pudo comprobar que Ćosić recibía órdenes a través del servicio de mensajería encriptada Sky ECC de una figura criminal de muchos más quilates: el capo Darko Šarić. 

Šarić, originario de Montenegro y quien cumple una condena por tráfico de cocaína, enfrenta actualmente un juicio en Serbia por lavado de dinero y por organizar cuatro asesinatos, entre otras acusaciones.

Los fiscales serbios han acusado a Šarić de haber seguido al mando de una organización criminal desde la cárcel por medio de la aplicación Sky ECC. Šarić niega estas acusaciones. Su abogado, Dalibor Katančević, ha asegurado que la celda de Šarić ha sido registrada innumerables veces sin que se hayan encontrado evidencia de dispositivos para comunicarse.

"Estoy seguro de que en todos los archivos de la fiscalía y del tribunal a los que se refieren, no pudieron haber encontrado ninguna prueba indiscutible de que Darko Šarić esté conectado con ninguno de los individuos mencionados, ni con ninguno de los presuntos envíos", señaló Katančević.

Esta nueva revelación llega en un momento incómodo para el presidente Noboa, quien se ha presentado como un combatiente de la lucha antidrogas, y que a principios de este año pidió a los ejércitos de Estados Unidos y Europa unirse a su "guerra" contra los que llamó "narcoterroristas".

"Las revelaciones exponen un conflicto de intereses masivo para un presidente que ha basado toda su carrera política en una narrativa de combate a la violencia y freno a la influencia corrosiva de los cárteles de la droga", dijo Jake Johnston, director de investigación internacional en el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR).

En marzo de este año, la revista colombiana Raya reveló que entre 2020 y 2022 la policía incautó casi 700 kilos de cocaína en tres contenedores de plátanos de Noboa Trading en el puerto ecuatoriano de Guayaquil.

Durante un debate presidencial a principios de este año, la candidata de oposición Luisa González le preguntó de manera repetida sobre la publicación de Raya al presidente Noboa, quien entonces buscaba su reelección.

"Investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan drogas en cajas de banano de la empresa del señor Daniel Noboa hacia Croacia e Italia”, dijo González sobre la empresa familiar del presidente.

El presidente Noboa rechazó las acusaciones, indicando que la compañía había cooperado en cada caso y que los funcionarios de Noboa Trading habían sido exonerados "de cualquier acto ilícito". También negó tener alguna participación personal en la empresa: "No, no soy el dueño, pero sí están miembros de mi familia en esa empresa”.

Durante el debate presidencial a principios de este año, el presidente Noboa afirmó que no estaba involucrado personalmente con la empresa bananera que comparte su apellido, pero los registros de la empresa y el propio sitio web de la presidencia muestran vínculos históricos con él y relaciones actuales con su familia.

El padre del presidente Noboa, Álvaro Noboa, quien se postuló sin éxito a la presidencia de Ecuador cinco veces, encabeza tanto Noboa Corporation como Noboa Group, las empresas matrices de un vasto conglomerado empresarial que incluye a Noboa Trading, según las páginas web tanto de Álvaro Noboa como de la empresa.

Antes de convertirse en presidente, Daniel Noboa trabajó en Noboa Corporation, donde llegó a ser el director naviero más joven de la historia de la compañía, indica el sitio web de la presidencia.

Roberto Jorge Ponce Noboa, primo de Álvaro Noboa, era el CEO de Noboa Trading en el momento en que los tres envíos identificados por OCCRP y KRIK llegaron a Croacia, según documentos de la empresa y medios locales.

Noboa Trading es por su parte propiedad de otras dos empresas: el accionista mayoritario Lanfranco Holding SA, registrado en Panamá, y la firma ecuatoriana Inmobiliaria Zeus SA.

Debido a que Panamá permite a las empresas mantener a sus accionistas en el anonimato, no fue posible determinar quién posee actualmente Lanfranco Holding, pero un documento de 2015 de la filtración de los Pandora Papers muestra que ese año Álvaro Noboa transfirió la propiedad de la firma a dos de sus hijos: Daniel y Juan Sebastián.

Para 2021, Inmobiliaria Zeus era propiedad de otras empresas registradas en las Bahamas y Panamá. Aunque su propietario mayoritario está oculto, entre los accionistas de Inmobiliaria Zeus en 2021 se encontraban cuatro empresas y 12 individuos, incluida la tía del presidente Noboa, Isabel Noboa Pontón, y varios primos.

Tanto Lanfranco Holding como Inmobiliaria Zeus también poseen otras firmas vinculadas a la familia Noboa. Inmobiliaria Zeus, por ejemplo, es accionista de Noboapallets SA., mientras que Lanfranco Holding es accionista de otras 45 empresas agrícolas, navieras, de embalaje y de fertilizantes conectadas con la familia Noboa.

Aunque no hay evidencia de que Noboa Trading estuviera al tanto del contrabando oculto en sus contenedores de plátanos, Anna Sergi —la experta en crimen organizado— señaló que los hallazgos sugieren vulnerabilidades sistémicas en el principal puerto de Ecuador: controles débiles, contratación opaca de empacadores externos y prácticas informales en las puertas que crean oportunidades para la captura criminal.

"[El chat descifrado] no prueba por sí mismo la participación de la gerencia de la empresa. Pero sí indica con fuerza que alguien con control sobre el proceso físico de carga de contenedores y salida es cómplice o ha sido captado por criminales", explica Sergi.

Aunque un contratista de Noboa Trading responsable de realizar inspecciones antinarcóticos ha sido objeto de procedimientos judiciales al menos cuatro veces, esta persona nunca ha sido inculpada.

Los registros de embarque muestran que Firma Leon Van Parys NV, una empresa de frutas inscrita en Amberes que es el mayor comprador de plátano para el mercado croata, fue consignataria en uno de los envíos y la parte notificada en los otros dos. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios de OCCRP.

La naviera MSC dijo a OCCRP que permanece firmemente opuesta al comercio de cocaína y continúa intensificando sus esfuerzos de seguridad. "En los últimos años, la industria del transporte marítimo de línea ha mejorado drásticamente su capacidad para detectar cargamentos de drogas ilegales como las mencionadas en el informe gracias a los avances en tecnología y asociaciones efectivas con las autoridades aduaneras", indicó MSC en una respuesta por correo electrónico. "El panorama hoy es muy diferente".

Como el mayor exportador de plátanos del mundo, los envíos de la fruta tropical a través de los concurridos puertos de Ecuador, como Guayaquil, son un objetivo atractivo para los traficantes de cocaína.

A principios de este año, el Defensor del Pueblo de Ecuador afirmó en una entrevista con la Deutsche Welle que hasta el 70% de las drogas consumidas en Europa se exportan ahora desde Ecuador. Aunque Bélgica, los Países Bajos y España siguen siendo los principales puntos de entrada de cocaína a Europa, la mejora en la intercepción ha llevado a los traficantes a utilizar con más frecuencia puertos secundarios más pequeños.

Así como las bandas de los Balcanes han ganado una posición creciente en el negocio, Croacia, con sus seis puertos comerciales, se ha convertido en un destino más popular.

Al ser el cuarto mayor exportador de plátanos de Ecuador, los contenedores de Noboa Trading terminaron en el centro de este fenómeno. Entre 2014 y 2024, la empresa y sus marcas asociadas, como Bonita, exportaron 190 millones de dólares de la fruta a Croacia, uno de sus mercados clave.

"Cuanto más envías a esa región, mayor es la probabilidad de que los contenedores estén contaminados", dijo Bruce Goldberg, un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que trabajó en Ecuador media década.

"Y Ecuador envía plátanos a todas partes. A todas partes".

El equipo de R&D contribuyó a este reportaje.

En una tarde crepuscular a finales de septiembre, un grupo de hombres vestidos con trajes a medida y camisas impecables, con pesados relojes brillando en sus muñecas, se reunió en una azotea de Marbella. Por la forma en que fumaban puros y hacían girar licores en vasos de tallo corto, podría haber sido cualquier fiesta privada y lujosa de la ciudad costera española.

Pero se trataba de una ocasión especialmente exclusiva: los invitados habían conseguido una de las apenas 25 plazas disponibles para la primera cata europea del nuevo tequila de Tristan Tate. En los vídeos del evento que circulan en redes sociales se ve a Tate conectándose por videollamada, sonriente con un traje burdeos, invitando a los asistentes a un brindis.

Los hermanos Tate, británico-estadounidenses, siguen siendo figuras influyentes en el centro de la llamada “manosfera” o “machosfera”, un ecosistema difuso de comunidades masculinas en internet que ha ganado una enorme audiencia entre hombres jóvenes y adolescentes, y que ha sido duramente criticado por denigrar y demonizar a las mujeres. (También enfrentan cargos por trata de personas y violación en el Reino Unido y están siendo investigados penalmente en Rumanía por trata y por formar un grupo criminal organizado —acusaciones que ellos niegan rotundamente–).

Ahora, en Marbella, la manosfera está echando raíces en el mundo real.

A través del análisis de conexiones en redes sociales, emprendimientos empresariales y eventos públicos y privados, esta investigación ha descubierto que la soleada ciudad de la Costa del Sol —célebre como refugio de famosos, oligarcas y crimen organizado— se ha convertido en un imán para influencers masculinos y autodenominados emprendedores, incluidos varios del círculo personal y profesional de los Tate.

Algunos de los miembros de esta comunidad son visitantes habituales de Marbella, mientras que otros se han mudado allí definitivamente. Además de aparecer como invitados en el contenido digital de unos y otros —incluidas entrevistas mutuas para podcast y vídeos— también hacen networking en la vida real en eventos sociales y empresariales. Algunos han expresado abiertamente opiniones misóginas; otros han dado plataforma a quienes las expresan. Usan Marbella, y su reputación de glamour y riqueza, para potenciar sus marcas personales.

“No es casualidad que esto esté ocurriendo en un lugar como Marbella, donde el estatus económico y las demostraciones de poder forman la columna vertebral de las relaciones sociales”, afirma Jesús Moreno, psicólogo social y responsable de participación social de la Fundación Iniciativa Social en Sevilla. La organización se centra, entre otros temas sociales, en la igualdad de género.

Moreno subraya que, aunque las comunidades sociales exclusivamente masculinas no son nada nuevo —desde grupos de caza hasta clubes deportivos—, el peligro aquí es que terminen reforzando las ya tóxicas ideas de la manosfera. “Estas interacciones corren el riesgo de endurecerse en dinámicas de tipo sectario que refuercen continuamente sus narrativas misóginas y antifeministas”, aseguró.

Las figuras de la manosfera en Marbella investigadas en este reportaje promueven principios de autoayuda que incluyen la forma física y la importancia del éxito financiero logrado por uno mismo. Pero algunos también caen en referencias misóginas hacia las mujeres en su contenido público: “puta”, “chocho”, “cosa”.

Su incursión en Marbella se produce en un contexto de preocupación en España por la entrada de la misoginia en el discurso público dominante.

La formación de extrema derecha Vox es ahora la tercera fuerza política en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía. Como parte de su programa, ha dicho que la pionera ley española de violencia de género, que busca proteger a las mujeres frente a la violencia por parte de parejas o exparejas, debe revertirse porque discrimina a los hombres.

La activista feminista andaluza Pamela Palenciano señala la violencia de género como uno de los principales puntos de conexión entre la manosfera online y la extrema derecha española. “‘La violencia no tiene género’, ‘las mujeres también maltratan’, ‘hay víctimas masculinas de las que nadie habla’, ‘la ley es injusta’, son algunos de los mensajes que impulsa la extrema derecha”, explica. “Todo eso lo replican los youtubers, que encienden a sus jóvenes seguidores, y esos chavales repiten el mismo discurso en sus colegios”.

Situada entre los escarpados relieves de la Sierra Blanca y largas franjas de costa mediterránea, Marbella adquirió fama de glamour y celebridad en los años cincuenta y sesenta, cuando estrellas de Hollywood como Audrey Hepburn o Cary Grant frecuentaban el icónico hotel Marbella Club.

Desde entonces, se dice que actores, deportistas y músicos de talla mundial han adquirido propiedades allí, aunque también ha crecido la reputación de la ciudad como centro de actividad criminal. Un exagente de policía español que trabajó más de 20 años en crimen internacional describió Marbella como “el Wall Street del crimen organizado” en una entrevista concedida al Diario Sur a principios de este año, afirmando que cualquier organización criminal que se respetara debía tener un puesto avanzado allí.

Andalucía abolió su impuesto sobre el patrimonio en 2022, allanando el camino para inversores, incluidos extranjeros. Marbella y su localidad vecina, Benahavís, cuentan ahora con seis de las diez calles más caras de España, según la web inmobiliaria Idealista. Se dice que en un nuevo complejo diseñado por Dolce & Gabbana, situado en las colinas que dominan la “Milla de Oro” costera de Marbella, se han vendido viviendas multimillonarias sobre plano.

Elisa García Mingo, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo trabajo se ha centrado en la manosfera en España, afirma que Marbella encaja con la estrategia de los creadores de contenido, que necesitan ser vistos en los lugares adecuados: “Marbella es donde ha vivido la jet set española y extranjera durante 50 años. Es el sitio de los ricos, de los ultrarricos, y es un lugar de ostentación”.

La fiesta del tequila de Tristan Tate tuvo lugar en las colinas situadas detrás de Puerto Banús –famoso por su puerto deportivo repleto de yates–, en una terraza que forma parte de un nuevo club privado abierto por un amigo de Andrew Tate llamado Luke Barnatt.

Este exluchador británico de artes marciales mixtas se ha descrito a sí mismo como parte del “liderazgo” del War Room de Tate, que se define como “una red global en la que modelos de individualismo trabajan para liberar al hombre moderno de la reclusión inducida socialmente” y a la que cuesta casi 8.000 dólares unirse.

Barnatt organiza con frecuencia reuniones de aficionados al cigarro para emprendedores en la terraza donde se celebró la fiesta del tequila. Las suscripciones a este club cuestan hasta 300 euros al mes y ofrecen “una plataforma exclusiva de formación en la que aspirantes a expertos y aficionados experimentados forjan conexiones poderosas alrededor de los mejores puros del mundo”. La web recibe a los visitantes con el mensaje: “Bienvenido a la hermandad”.

El acceso a la terraza también forma parte de los paquetes de afiliación de Marbella Casa Creative, otro club solo para miembros que Barnatt anunció en enero. Promete una “comunidad de visionarios”, con membresías anunciadas entre 6.000 y 25.000 euros. Entre los miembros que aparecen públicamente figura el actor porno retirado Stirling Cooper, que se describe como “el coach sexual número 1 del mundo para hombres” y tiene casi 400.000 suscriptores en YouTube.

Cooper fue criticado recientemente por sus comentarios sobre cómo “disciplinaba” a las mujeres con las que salía. Una investigación de The Sydney Morning Herald y The Age señaló que vídeos, fotos y relatos internos situaban a Cooper en reuniones clave de neonazis en Australia y que formaba parte de una campaña de captación dirigida a hombres jóvenes. Ha aparecido en vídeos con los hermanos Tate y ha sido fotografiado con Luke Barnatt en sus viajes a Marbella.

Barnatt y otro británico, Bradley Marchant —que se describe en LinkedIn como estratega de crecimiento empresarial y figura como miembro de Casa Creative—, han lanzado recientemente una serie de proyectos en Marbella, incluido un café, un estudio de podcast y una productora de cine llamada A Beautiful Kill.

Cooper, Barnatt, Marchant y los hermanos Tate no han respondido a las preguntas que les ha hecho llegar esta investigación.

También estuvo en el lanzamiento del tequila de Tate en Marbella Gabriel Rapisarda, que dirige la empresa suiza de bebidas que distribuye el tequila de Tristan Tate y una marca de cerveza de otra conocida figura de la manosfera, el luchador irlandés de MMA Conor McGregor. A pesar de que su carrera está marcada por la violencia fuera del ring, Marbella acogió a McGregor el año pasado como anfitrión de un evento del Bare Knuckle Fighting Championship.

Desde entonces, un jurado lo ha declarado responsable de agresión sexual en un caso civil. Andrew Tate calificó el veredicto del jurado como “una mierda” y posteriormente respaldó la efímera candidatura del luchador a la presidencia irlandesa. McGregor perdió en julio su apelación contra el veredicto.

McGregor y Rapisarda tampoco han contestado a las preguntas que se les han formulado.

Junto a Barnatt, Marchant y Rapisarda, en la fiesta del tequila había sobre todo hombres afincados en Marbella, no españoles, que encarnaban esa idea de éxito que promueven figuras de la manosfera como los Tate, centrada en el dinero y la apariencia. Uno de los invitados ofrecía cursos que prometían hacerse rico y escapar de la rutina gracias al forex trading; otro se presentaba como un “closer” y presumía de poder cerrar acuerdos de miles de euros en solo dos días. También había un entrenador personal y un sastre a medida.

Los influencers masculinos y emprendedores de Marbella utilizan lo que Marie Heřmanová, antropóloga social e investigadora de la Universidad College de Londres, describe como una fórmula probada para crear una comunidad que se autopromociona. “Los influencers cooperan estratégicamente: forman núcleos, aparecen en los podcast de otros y crean un ecosistema mediático paralelo que evita el periodismo tradicional. Eso los hace extremadamente eficaces”, dice.

Para otros, Marbella es un atajo simple para transmitir lujo y éxito. El joven influencer británico Harrison Sullivan, conocido en redes como HSTikkyTokky, utilizó Marbella como escenario glamouroso hasta su detención en el Reino Unido, en octubre, en relación con un accidente de tráfico cuando conducía un superdeportivo McLaren.

Sullivan recibió este mes por parte de un tribunal británico una condena de 12 meses de prisión, en suspenso tras declararse culpable de conducción temeraria y conducir sin seguro. Está obligado a cumplir un toque de queda durante tres meses y lleva un dispositivo electrónico. También está siendo investigado en España por agredir con un vaso a un hombre en una discoteca.

Sullivan había ganado seguidores en internet con vídeos sobre fitness y sobre cómo conseguir dinero y sexo en los que se refería a las mujeres como “cosas”.

La antropóloga social Heřmanová explica que envolver la misoginia en el lenguaje de la autoayuda se ha convertido en una parte extendida y normalizada de la “manosfera”. “Tate fue la punta de lanza más radical, pero cuando su lenguaje entró en el discurso dominante, ya no le hizo falta. Él hizo visible y mainstream la cultura misógina e hipermasculina de los influencers, aunque muchos ahora lo consideren demasiado radical”, afirmó. Y añade: “Los influencers intervienen con promesas alternativas: si te esfuerzas, te haces rico, dominas a las mujeres, entonces puedes vivir una buena vida”.

El agente inmobiliario Jesse Meester, afincado en Marbella, un actor holandés que apareció en el reality estadounidense 90-Day Fiancé, presenta un podcast sobre salud, negocios y lecciones de vida que incluye tanto invitados hombres como mujeres. Pero también cae en representaciones de la mujer que son un pilar de algunas comunidades de la manosfera. En un episodio junto a Luke Barnatt, ambos conversan distendidamente sobre cómo los “hombres de alto valor” se dejan engañar por las mujeres y no establecen estándares suficientemente altos al elegir pareja. Barnatt advierte de que una relación no debería ser con “una puta que vaya a quitarte todo”. (Al ser preguntado por si respaldaba esta afirmación o si la consideraba misógina, no hubo respuesta). En el episodio, más adelante , un Meester serio lamenta cómo a menudo los hombres “quedan absolutamente destruidos o toman malas decisiones vitales por culpa de una mujer, por culpa de un coño”.

Meester, que tiene 1,3 millones de seguidores en Instagram y cuya inmobiliaria homónima anuncia propiedades de hasta 8,5 millones de euros, habló abiertamente con los reporteros en Marbella sobre diversos temas, desde su trayectoria profesional hasta su fe en Dios y sus valores fundamentales. Dijo estar en desacuerdo con la actitud de Andrew Tate hacia las mujeres porque priorizaba “el placer sobre la responsabilidad” y criticó a los hombres que controlan el dinero de sus parejas —pero también dijo que la culpa era de las propias mujeres por permitirlo–. “Es manipulación financiera o abuso, dicen algunos. Pero no estoy de acuerdo porque la mujer también elige eso. Así que si eliges a un hombre que te hace eso, en realidad no es abuso”, afirmó Meester.

Meester no respondió a las preguntas posteriores sobre si consideraba que su comentario en el podcast o sus observaciones a los reporteros habían sido misóginos.

Desestimar el abuso y la violencia contra las mujeres —incluida la narrativa de que las denuncias falsas son generalizadas— es un mensaje promovido por algunas figuras y grupos de la manosfera. Andrew Tate ha dicho que las mujeres tienen parte de responsabilidad por permitir que las violen.

Estudios recientes han indicado una creciente apatía y pesimismo entre los hombres jóvenes en Europa, así como una creencia cada vez mayor de que la búsqueda de igualdad para las mujeres ha terminado discriminando a los hombres.

Zuzana Očenášová, investigadora de la Academia Eslovaca de Ciencias que estudia la igualdad de género, asegura que los influencers están explotando una profunda crisis de identidad a medida que los roles masculinos se diversifican: “Mientras algunos pueden ver esto como una oportunidad para desarrollar su potencial, ya que no tienen que tratar de encajar en una caja predeterminada, otros pueden verlo como inquietante, al percibir que se les imponen expectativas diversas y, a menudo, contradictorias”.

Algunas figuras prominentes de la manosfera, incluido el exkickboxer Andrew Tate, promueven la fuerza física como una vía para que los hombres retomen el control de sus vidas y encuentren propósito y estructura. Las playas de Marbella, sus gimnasios al aire libre y sus pulidos clubes deportivos hacen de la ciudad un destino acorde con ese mensaje.

El influencer y emprendedor británico Mike Thurston, que tiene 1,6 millones de suscriptores en YouTube y 1,3 millones de seguidores en Instagram, además de una plataforma de entrenamiento y una línea de ropa, se ha grabado a sí mismo sin camiseta levantando pesas en Marbella.

Aunque su foco principal es el fitness, Thurston también ha realizado dos entrevistas virales con Andrew Tate, la segunda publicada en Dubái a principios de 2025. La entrevista tiene lugar en el Bugatti de Tate y abarca temas que van desde sus opiniones sobre la política europea hasta su respuesta a las acusaciones penales en su contra.

“Una vez que deciden acabar con un hombre, llaman a 100 exnovias o a 100 mujeres que conociste y solo necesitan un 1% de posibilidades. Solo necesitan una de esas cien. Una de cada mil. Pueden conformarse con una tasa de éxito del 0,1%. Si consiguen que una zorra tonta mienta, ya estás jodido. Es una locura porque el 27% de las mujeres toman antidepresivos. Porque están básicamente clínicamente locas. Así que 27 de esas cien ni siquiera pueden pensar con claridad porque están drogadas”, le dice Tate a Thurston.

Como en gran parte de la manosfera, el acceso al conocimiento especializado de Thurston y la oportunidad de codearse con personas afines tiene un precio.

Thurston ha organizado retiros empresariales en Dubái y Marbella que se promocionan como encuentros entre emprendedores para hacer contactos y fijar objetivos. Una promoción de su Marbella Mastermind fijaba el coste de asistencia en 9.000 libras (unos 11.800 dólares).

Un influencer y amigo de Thurston, el emprendedor irlandés Rob Lipsett —que dirige un programa online de fitness, negocios y coaching vital—, también celebró en junio de este año un encuentro de mastermind –un retiro o reunión exclusiva de networking, envuelto en lenguaje aspiracional y selecto– en una lujosa casa de Marbella, que prometía acceso a una “comunidad élite” de líderes del sector e inversores.

Thurston y Lipsett aparecen como miembros del club privado Marbella Casa Creative. Ninguno ha respondido a las preguntas enviadas.

Lipsett, que según se informa es amigo de Conor McGregor y ha tenido como invitados en su podcast a Meester, Barnatt y Cooper, publicó recientemente que planea más encuentros presenciales en el futuro. “Da la sensación de que todo lo que publicas online de repente se vuelve real cuando estás en la misma habitación”, escribió en LinkedIn. “Si quieres ponerte en forma o empezar realmente a ganar dinero online en lugar de simplemente deslizar el dedo todo el día, es aquí donde ocurre”.

Una fundación de asistencia jurídica respaldada por el Kremlin ha estado operando dentro de Ucrania, según correos electrónicos filtrados que describen trabajos para elaborar informes para las autoridades rusas sobre supuestos “crímenes de guerra” cometidos por las fuerzas armadas ucranianas, y para asesorar a hombres sobre cómo evitar ser reclutados.

La información se encontró entre decenas de miles de correos electrónicos y documentos filtrados obtenidos por la emisora pública danesa DR, que los compartió con OCCRP y otros socios, incluido el proyecto ucraniano de investigación Schemes.

Los correos electrónicos filtrados muestran que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia financió a la Fundación para el Apoyo y la Protección de los Derechos de los Compatriotas Residentes en el Extranjero, o “Pravfond”, según una información de Schemes, proyecto que forma parte del servicio ucraniano de RFE/RL (Radio Free Europe/Radio Liberty).

Los hallazgos coinciden con el proyecto Dear Compatriots de OCCRP, basado en una filtración anterior de correos de Pravfond, que revelaba una maquinaria de influencia destinada a movilizar a los rusos en el extranjero en favor de los objetivos de Moscú.

Bajo el paraguas de la “asistencia jurídica”, Pravfond ha impulsado durante años la agenda del Kremlin en todo el mundo: financiando la defensa legal de presuntos espías y criminales, respaldando medios de propaganda y trabajando codo con codo con operativos de inteligencia.

El nuevo conjunto de correos internos revela una red de abogados ucranianos que supuestamente colaboraban con Pravfond, principalmente a través de un intermediario, según informó Schemes.

Algunos de ellos trabajaban en un supuesto “Centro de Consultoría Jurídica” en la capital ucraniana, Kiev, que presuntamente contaba con el respaldo de Pravfond. El centro habría preparado informes para las autoridades rusas sobre presuntos “crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania” y “violaciones de los derechos de las personas de habla rusa”, citando a estos abogados.

Schemes habló con los abogados, quienes negaron haber recibido fondos de Rusia o haber cooperado con Pravfond, a pesar de aparecer mencionados en solicitudes de subvención encontradas en las comunicaciones filtradas.

Un informe independiente adjunto a uno de los correos filtrados enumeraba el trabajo de sitios web de “asesoría jurídica” que frecuentemente tratan cuestiones relacionadas con la “salida por frontera” y la “prórroga del reclutamiento”.

Los informes formaban parte de un proyecto que Pravfond etiquetó como “Dirección Ucraniana”, supervisado desde Moscú según un informe que la fundación preparó para el ministerio ruso.

Una de las personas que supervisaba el proyecto era un ciudadano ucraniano llamado Yevhen Baklanov, cuyo paradero se desconoce actualmente. Es buscado por las fuerzas del orden ucranianas desde 2022 y está siendo juzgado en ausencia por traición, según informó Schemes. Los expedientes del caso recogen que dirigía una organización “utilizada para encubrir legalmente trabajos de inteligencia y reclutamiento entre ciudadanos prorrusos de Ucrania”.

Una solicitud de financiación de 2025 encontrada en los correos filtrados de Pravfond y firmada por Baklanov buscaba más de 3 millones de rublos (37.200 dólares) para “asistencia jurídica a compatriotas en Ucrania”. Se preveía que los abogados recibieran 720.000 rublos cada uno (unos 8.800 dólares) por preparar informes para el parlamento ruso y el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre abusos de derechos contra personas que viven en Ucrania. El dinero también se destinaba a consultas públicas con rusoparlantes en Ucrania y a la gestión de asuntos legales.

Registros bancarios obtenidos por Schemes muestran que Baklanov recibió este año tres partes que suman casi 5 millones de rublos (53.900 dólares), y 7,5 millones de rublos (80.900 dólares) en 2024.

Mientras la Unión Europea ha sancionado a Pravfond, en Ucrania las acciones contra la fundación expiraron después de tres años y no fueron renovadas el año pasado.

El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo a Schemes que estaba “tomando medidas respecto a la información proporcionada en su solicitud”, en referencia a la supuesta red de abogados en Ucrania presuntamente respaldada por Pravfond.

Un contrato encontrado en la nueva filtración indica que Pravfond se financia a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, aunque la filtración no contiene pruebas concluyentes de que el dinero fuera efectivamente transferido. A la fundación se le asignaron 180 millones de rublos para 2025 y 182 millones para 2026, unos 2,2 millones de dólares al año.

Este artículo apareció originalmente en la web de la red OCCRP.

En el último mes, infoLibre ha revelado que varios médicos inhabilitados en Reino Unido han trabajado posteriormente en la sanidad española, algunos de ellos incluso en la pública. Tras esos hechos desvelados en el marco de la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español) —coordinada por OCCRP, The Times y VG,—, la duda que surge es: ¿cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en España sin ningún tipo de problema?

El Ministerio de Sanidad ha reconocido, en respuesta a consultas de infoLibre, que no lo sabe. Este medio preguntó: "¿Tiene constancia el ministerio de cuántos médicos con inhabilitaciones o sanciones en otros países tienen actualmente colegiación en España?". El departamento dirigido por Mónica García respondió que "no se tiene constancia". 

La excusa dada por Sanidad para desconocer esa información es "que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) continúa con su implementación y todavía no se ha incorporado la totalidad de los datos". El REPS es un sistema gestionado por el ministerio en el que las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las organizaciones y colegios médicos deben subir información sobre los profesionales sanitarios que trabajan en España.

Tal y como explicó infoLibre, debía estar operativo en 2018, pero aún a día de hoy sigue faltando información en el mismo. Por ello, el Ministerio de Sanidad no sabe cuántos médicos han sido inhabilitados en España y, según reconoce ahora, tampoco cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en el nuestro.

De todos modos, la explicación del ministerio resulta sorprendente en tanto que la información sobre inhabilitaciones en el extranjero no llega a través de lo que vuelcan esos otros organismos españoles en el REPS, sino que es el propio ministerio quien la recibe a través de otro mecanismo. Se trata del sistema de Información del Mercado Interior (IMI), un aplicativo informático utilizado por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) para, entre otras cuestiones, lanzar alertas cuando inhabilitan o sancionan con una suspensión del ejercicio a un profesional sanitario.

El IMI tampoco se ha implementado de la mejor forma posible y, de hecho, no todos los países envían las alertas que deberían, pero el principal problema en España se da con la posterior custodia de la información. El Ministerio de Sanidad integra la información que recibe en el REPS y la remite a la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la organización que agrupa a los colegios de médicos españoles —existe uno por provincia—. 

Después, la OMC - CGCOM es la que se encarga de avisar a los colegios provinciales en caso de que alguno de esos médicos sancionados pueda estar colegiado en nuestro país. En ese proceso, se han dado casos en los que el colegio provincial en el que el médico sancionado en el extranjero estaba colegiado no había llegado a saber de esa sanción previamente. Aun así, para la mayoría no se conoce siquiera si el colegio estaba al día de esa inhabilitación porque no ha accedido a aclararlo.

infoLibre ha preguntado también al ministerio por qué no se ha hecho esa investigación o estimación a través de la información que llega de alertas de otros países y si se piensa hacer en un futuro. Sanidad no ha aclarado nada más sobre esa supuesta imposibilidad para conocer el número exacto de médicos inhabilitados en el extranjero que pueden ejercer en España.

Este medio hizo llegar las mismas preguntas a la OMC - CGCOM. La organización simplemente contestó: "No deben estar colegiados si tienen una inhabilitación. Es necesario un certificado de idoneidad profesional". Pero el problema en España es otro.

Los Estados de la UE para colegiar a un médico le exigen un certificado de idoneidad si ya está trabajando en otro país. Ese documento lo expide la autoridad médica del Estado donde ya está colegiado para acreditar que el doctor es apto para ejercer y no tiene sanciones. Pero la cosa se complica cuando un médico está colegiado en dos países.

En ese caso, puede ser sancionado o inhabilitado en uno de los Estados, pero como ya está colegiado en otro, se puede ir a trabajar a ese sin necesidad de volver a colegiarse y, por tanto, sin que nadie le pida un certificado de idoneidad. Ese tipo de casos son los que se han producido en España, tal y como han demostrado infoLibre y Bad Practice.

Quien sí ha realizado una investigación para saber cuántos médicos inhabilitados en otros países tenían entre sus doctores es el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). Uno de los casos revelados por infoLibre ha sido el del doctor Jorge Horacio Esbry, que tras ser inhabilitado en Reino Unido por mala praxis e insinuaciones sexuales a una paciente, había seguido trabajando en Murcia y Alicante.

Esbry estaba colegiado en Alicante. El colegio ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle provisionalmente. Además, el COMA ha hecho una investigación para "verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia".

No solo eso. Tras la investigación de este medio, el COMA ha trasladado a infoLibre su intención de modificar los estatutos del colegio para dar mayor publicidad a las inhabilitaciones y sanciones médicas, asunto sobre el que pesa una gran opacidad en España. También tiene la pretensión de poner impedimentos para que no se puedan producir este tipo de casos.

De hecho, su intención es homologar la sanción de Esbry en Reino Unido para que tampoco pueda ejercer en nuestro país. Además, en España existe al menos un precedente como este caso y también relacionado con el COMA. El colegio ya expulsó a un médico tras haber sido inhabilitado en el extranjero —en ese caso, en Alemania—. 

El COMA alegaba que como un doctor no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país —ya que no se le expediría el certificado de idoneidad—, en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España. La razón sería que no cumpliría los requisitos que se piden para poder colegiarse y, por tanto, su registro  previo no sería válido.

El médico inhabilitado en Alemania recurrió la decisión del COMA de expulsarle y en 2011 un juzgado resolvió dando la razón al colegio. La Justicia falló que el médico había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

Habrá que ver si el caso de Esbry termina de la misma forma y acaba habiendo jurisprudencia al respecto. En cualquier caso, sin una investigación oficial previa —que por ahora, ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM pretenden hacer— que determine cuántos médicos inhabilitados en el extranjero están trabajando en España, tampoco se puede saber en cuántos casos se podría actuar de esta forma. De hecho, de los distintos casos revelados por Bad Practice en nuestro país por ahora solo ha habido consecuencias para Esbry.

Además, mientras en Europa distintos Gobiernos han anunciado medidas para que el sistema funcione mejor a nivel internacional y dejen de darse este tipo de situaciones, en España ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM han comunicado nada similar. Ni públicamente ni ante las múltiples preguntas que les ha hecho llegar infoLibre.