Ya pasó una semana y Dritan Gjika, un presunto capo de la cocaína conocido como Tony, sigue esperando que le paguen. “Señor mira, ayer su socio me dijo que ayer pasaba dinero, después me dijo hoy”, le dice Gjika a un socio comercial. Están discutiendo sobre la venta de "material" que se envió por contenedor de Ecuador a España.

Cuando el hombre le dice que esté "tranquilo" y que no sea tan "desconfiado", Gjika estalla, exasperado. "¡Señor, no es desconfianza, es respeto!... Salió todo bien, fijaron un precio juntos que les interesaba a ustedes. ¡No tengo que esperar hasta que lo venda despacio para que me paguen!”. Más tarde, aclara: "Es solo un negocio y necesitamos rapidez".

Este tenso intercambio no se dio en un restaurante italiano o en elegantes oficinas en la bulliciosa ciudad portuaria de Guayaquil, en Ecuador, sitios donde Gjika se solía reunir con sus asociados. Se comunicaron como la mayoría de personas lo hace hoy en día: por chat. La única diferencia es que los dos hombres intercambiaban mensajes en la plataforma de mensajería cifrada SkyECC, la herramienta favorita de los criminales y otras figuras del bajo mundo hasta que fue descifrada por la policía europea en 2021.

Tras decodificar la plataforma, se compartieron los chats de Sky con autoridades de todo el planeta, incluyendo las de Ecuador. Ahí, Gjika, que nació en Albania, es requerido por cargos de lavado de activos y delincuencia organizada.

OCCRP obtuvo cientos de páginas de registros de chat de Sky de Gjika, que la Fiscalía ecuatoriana presentó como prueba en un caso penal contra él y miembros de su presunta red.

Los mensajes de texto, que cubren un periodo entre mayo de 2020 y marzo de 2021, ofrecen una visión sin precedentes del interior del día a día de las operaciones de una poderosa organización de narcotráfico, cuya estructura de tipo corporativo se extendía más allá de las fronteras en una búsqueda incesante de ganancias. 

Los mensajes también revelan la profunda infiltración que logró este grupo en la policía y los puertos de Ecuador, país que en los últimos años se convirtió  en una superautopista para la cocaína.

Al menos 17 personas acusadas de pertenecer o ayudar a la organización criminal ya fueron condenadas. Quince apelaron y están a la espera de un fallo. Otras cuatro resultaron sentenciadas por lavar las ganancias de este comercio ilícito, realizando transferencias de más de 43 millones de dólares entre 2015 y 2023.

Sin embargo, Gjika, el hombre que según los fiscales es el líder de esta red — y que ahora es uno de los hombres más buscados de Ecuador — logró salir de Ecuador sin ser detectado. Fue finalmente arrestado en Abu Dabi en mayo de 2025 y ahora espera, bajo las órdenes de un juez, su extradición para comparecer ante un tribunal. (Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero en una audiencia celebrada en Ecuador, previa al juicio, alegaron que no había pruebas suficientes para demostrar que su cliente hubiera cometido un delito y cuestionaron la legalidad de la forma en que se obtuvieron inicialmente los mensajes de Sky). 

Gjika no solía dejar las cosas al azar. Según los chats interceptados, mantenía una participación directa en casi todas las ramas de su presunta operación, desde la contratación de conductores hasta la gestión de los horarios de envío y el cálculo exacto de las deudas pendientes. Valoraba la confiabilidad y la diplomacia, y parece haber infundido una feroz lealtad en sus colegas.

"Contigo voy hasta donde me digas hermano... y con los ojos cerrados", escribió uno de sus interlocutores frecuentes, quien según los chats parecía manejar conexiones con proveedores colombianos, luego de que Gjika le dijera que tenía "muchos trabajos" para ofrecerle en diciembre de 2020.

A pesar de venir de un país situado a miles de kilómetros de Ecuador, Gjika parece haber logrado un sorprendente dominio de un español cargado de jerga, salpicando sus mensajes de texto con saludos y frases coloquiales. Por momentos, también usaba un lenguaje críptico cuando se trataba de discutir los detalles de su trabajo.

Para ayudar a decodificar estas conversaciones, los reporteros contrastaron el contenido de los chats con miles de páginas de registros judiciales que incluyen informes policiales y testimonios, así como otros archivos de la investigación de la Fiscalía. Los reporteros también consultaron a expertos para verificar el significado de la jerga del grupo.

En su mundo, según se establece, una "caja" puede significar un contenedor de envío que puede ser "preñado" con "cosas" o “cosos” (es decir, colmado de paquetes de cocaína). "Los feos", por su parte, se refiere a la policía.

En una conversación inusualmente sincera, sin embargo, el supuesto socio comercial de Gjika reflexiona sobre su línea de trabajo y la describe abiertamente como "traqueteando", un término de jerga común en América Latina para referirse al narcotráfico: "La verdad, estamos traqueteando, no vendiendo huevos al por mayor para buscar descuentos… ese es mi pensar en las cosas hermano”.

El albanés, de 49 años, aterrizó por primera vez en Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal y se sumó a la ola de ciudadanos de los Balcanes que en las últimas décadas se han movido a zonas más próximas al origen del tráfico de cocaína.

Si bien Ecuador no produce este narcótico, se convirtió en el principal centro de exportación de América Latina y alberga un comercio que controlan principalmente grupos criminales albaneses, mexicanos y colombianos, en asociación con pandillas locales en el terreno.

Según Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), los traficantes albaneses aportaron una cultura corporativa distintiva al negocio de la cocaína en Ecuador, en la que se centran más directamente en ganar dinero que en participar en "pugnas" para obtener control territorial. Con este fin, la red presuntamente dirigida por Gjika era fluida y no parecía mantener una alianza fija con ninguna de las principales pandillas criminales de Ecuador, dijo. “Este tipo de personas no se ‘casan’, podríamos decir. No tienen alianzas estratégicas con ninguno de los grupos criminales. Sino que es un giro de negocios en función de oportunidades de mercado”.

Según las autoridades ecuatorianas, la organización criminal presuntamente liderada por Gjika tenía una estructura corporativa piramidal. En la cabeza estaba el albanés, seguido por un "grupo directivo de apoyo" que incluía a su presunto lugarteniente, el ciudadano argentino-italiano Mario Sánchez Rinaldi. En febrero de 2024 Sánchez Rinaldi fue arrestado en España, donde también se investiga a cerca de 70 personas y entidades legales en relación con el caso. Los abogados ecuatorianos de Sánchez Rinaldi, quien permanece detenido, le dijeron a OCCRP que no estaban autorizados a comentar sobre el caso.

Para facilitar sus envíos transatlánticos, los fiscales ecuatorianos sostienen que el grupo presuntamente usaba empresas de exportación legítimas, que comerciaban con bananos y otros bienes, como tapadera para el tráfico de drogas. Las ganancias luego se lavaban a través de estos negocios legales, así como en compras de bienes raíces.

Los chats de Sky revelan los detalles granulares de cómo operaba esta 'multinacional' de la cocaína, desde los contratos mensuales con proveedores hasta los puntos de recolección de efectivo específicos utilizados para recaudar sus ganancias. Los mensajes muestran cómo el grupo sorteaba contratiempos logísticos e innovaba para responder a las intervenciones de las autoridades.

Y, de manera crucial, evidencian una de las claves de esta operación: un nivel de acceso notable a los puertos marítimos de Ecuador y el enorme volumen de contenedores que se despachan cada día al resto del mundo. 

La policía, la aduana y la autoridad portuaria de Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Según los fiscales, la red de contrabando obtenía su cocaína principalmente de laboratorios en la vecina Colombia, el principal cultivador mundial de la planta de coca, cuyas hojas son trituradas y purificadas a través de varios procesos químicos para obtener la droga.  

Los chats de Sky muestran que Gjika tomó la iniciativa en la negociación de acuerdos para asegurar un flujo constante del narcótico, al negociar contratos de múltiples toneladas mensuales, una cantidad notable pues en ese momento las incautaciones de cocaína en Ecuador rara vez superaban una tonelada.

"Amigo mi primo me dijo que tienes cosos buenos", escribió Gjika a un aparente proveedor en enero de 2021.

“A mi me interesa pero lo que me da un poco miedo es que no conozco la gente, lo conozco a usted y lo veo muy serio y un chico con pies por tierra”, agregó. 

El proveedor le dijo a Gjika que estaba manejando dos "cocinas" –un término de jerga para los laboratorios donde se extrae la cocaína de las hojas de coca– y le pidió al albanés confianza para aceptar su negocio.

En otra conversación, Gjika describió un contrato por un "mínimo" de "6 T" con otro aparente proveedor de Colombia, quien dijo que tenía cinco “cocinas” a su disposición.

Sin embargo, a veces, el plan sale mal.

Un día después de esta conversación, el 1 de febrero de 2021, cinco hombres fueron arrestados en la provincia ecuatoriana de Los Ríos con media tonelada de cocaína camuflada en un camión, dividida en paquetes de 1 kilo marcados con el logo UNICO.

Tras escuchar la noticia, Gjika le escribió al hombre que le ofreció suministrar “6 T” para informarle del incidente.

Gjika comienza a expresar sospechas sobre cómo pudo haber ocurrido este fallo operativo, señalando que los conductores del cargamento no habían seguido su cronograma.

Más tarde, ambos confirman lo peor: la "mercancía" también fue incautada.

La discusión que sigue muestra a Gjika tratando de analizar qué salió mal y cuáles deberían ser las consecuencias. Él quiere saber qué le pasó a un individuo al que se refieren como “el taxista”, quien no fue arrestado. Aunque nunca se dice claramente, los chats sugieren que así podría describir a uno de los “patrulleros” que acompaña los cargamentos en un auto separado.

Lo que ocurre después se desconoce, ya que el registro del chat termina con el interlocutor de Gjika pidiendo su BC1. Se refiere a otro sistema de comunicación encriptada que opera la compañía Number 1BC y que se convirtió en una alternativa después de que se supiera que Sky y otras empresas similares habían sido vulneradas. 

Para transportar este flujo constante de cocaína al exterior, principalmente a Europa, la red presuntamente liderada por Gjika acumuló el control sobre "gran parte de la cadena logística de comercio exterior", según los fiscales ecuatorianos. Para el juicio, los investigadores recolectaron pruebas de la participación del grupo en al menos 11 envíos de drogas desde el puerto de Guayaquil a terminales europeas en 2020 y 2021.

Los chats de Sky revelan la amplitud de estas operaciones de exportación, con numerosas discusiones sobre cronogramas de envío y entregas de "cajas" a puertos en lugares como:

Los Países Bajos y Bélgica,

Turquía e Italia,

España y Alemania,

y Marruecos y Portugal.

También hay discusiones sobre la búsqueda de nuevos mercados y rutas, incluyendo en países tan lejanos como la India,

y Rusia.

[De los puertos mencionados en estas conversaciones, solo Amberes, Algeciras y Hamburgo respondieron a las preguntas de OCCRP. Remitieron a las autoridades policiales y aduaneras para obtener más detalles sobre las medidas adoptadas para combatir el tráfico de drogas].  

Para lograrlo, el grupo cultivó una red de informantes dentro de los puertos de Ecuador, según los fiscales. Citan varios chats como evidencia del acceso de los traficantes a "información privilegiada" de los sistemas informáticos de las terminales en Guayaquil.

La naturaleza casual de sus conversaciones en Sky refleja su infiltración sin fisuras en estas instalaciones, los traficantes discuten sobre su trabajo en los puertos de manera rutinaria y ordinaria.

"No hay ningún problema de cuál puerto que sea, lo sacamos, no se preocupe”, escribió Gjika sobre cuatro de las terminales portuarias de Guayaquil en una conversación sobre qué ruta de envío planeaba usar un importador.

"¡¡Señor, yo me responsabilizo en puertos!!", enfatiza más tarde aunque añadió que no podía “garantizar” si había “fuga de información el día de trabajo” o si me “caen los tombos (jerga para policía)”. 

Al ser contactada, Contecon, una de las tres terminales portuarias de Guayaquil mencionadas en los chats, indicó que el puerto "colabora estrechamente con el Estado ecuatoriano para garantizar un comercio seguro a través de nuestras instalaciones". Los otros dos puertos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Este nivel de acceso dependía de "amigos" que parecían tener acceso directo a los puertos, sugieren los chats.

"Los amigos de adentro ya mismo me dan la caja para trabajar en una hora máximo", se lee en un mensaje que Gjika recibió en agosto de 2020.

Entre las personas que fueron condenadas en Ecuador hay un oficial de policía que se encargaba de examinar contenedores en un puerto. Otro policía fue declarado inocente y un tercero está prófugo desde 2024.

La infiltración que logró el grupo entre las autoridades fue aún más lejos. Un policía retirado llamado Héctor Pesántez, conocido con el alias de Glock, fue condenado por haber sido una de las figuras de mayor rango del grupo. En los chats, comparte con Gjika información interna de la policía antinarcóticos de Ecuador.

Según los fiscales, él era responsable de reclutar a otros en roles de supervisión para facilitar el tráfico en los puertos. En el juicio, se declaró inocente y apeló su condena. No respondió a las solicitudes de OCCRP de comentarios.

"Me contacté con los amigos", le escribió a Gjika en julio de 2020. "Me informan que ya hubo cambios de personal, hasta el director nacional antinarcóticos es nuevo, han cambiado la modalidad de francos (días libres)".

Glock luego le aconseja a Gjika ajustar su agenda para que coincida con el momento en que sus "amigos" estarán de turno:

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, señala que el Gobierno ha tenido dificultades para garantizar la seguridad adecuada de los puertos, que son gestionados por empresas privadas a través de concesiones que el Gobierno les otorga. "El problema es que el Ecuador no tiene un control adecuado de los puertos. Ni una estrategia unificada, ni coherente, ni inteligente. Es un boquete; es como tener a una persona desangrándose, y si no le pones un torniquete, se va a morir", dijo.

Las conversaciones de Sky se refieren a varios métodos que el grupo usaba para introducir droga en los contenedores. Uno de ellos, que las autoridades describen como el "método del gancho ciego", consiste sencillamente en colocar droga junto a carga legal, en lugar de mezclarla con bienes lícitos u ocultarlas de manera más elaborada.

Pero hay pistas de que el grupo empleó métodos más sofisticados. En otro chat, Gjika y un interlocutor discuten sobre los esfuerzos para preparar un contenedor con un soldador y algo de pintura. El resultado, dice Gjika, es que "el escáner no lo coge, absolutamente confirmado".

A partir del intercambio, parecería que ambos discuten sobre almacenar cocaína en la propia estructura del contenedor. El Ministerio del Interior de España señaló que el grupo comenzó a usar esta táctica para ocultar lotes más pequeños de cocaína después de que autoridades holandesas interceptaron un cargamento de 1,1 toneladas en 2020.

Algunos chats también se refieren a la táctica que ellos –y la policía ecuatoriana– denominan de "empresa a empresa".  Así, los traficantes minimizan sus riesgos al controlar directamente compañías de exportación que llevan la cocaína y al asociarse con importadoras que administran sus socios. 

Según documentos judiciales y de registro mercantil ecuatoriano, Gijka así como las personas condenadas o acusadas de participar en la red de tráfico, o sus familiares cercanos, eran dueños o administraban más de 30 empresas en el país.

Entre estas, los fiscales alegaron que tres empresas, propiedad de o administradas por Gjika y su presunta mano derecha Mario Sánchez Rinaldi, habrían facilitado el tráfico de drogas. Dos de las empresas se enfocaban principalmente en el comercio de banano.

España también era un nodo logístico importante para los envíos de cocaína del grupo. En una carta enviada a las autoridades de Ecuador para pedir asistencia, la Audiencia Nacional de España describe a Sánchez Rinaldi como un “importante empresario” radicado en la Costa del Sol. Y alega que manejaba una “organización legal potente”, un grupo de negocios de importación y exportación de alimentos que le permitía “facilitar su logística” del tráfico de cocaína para terceros.

En otra carta enviada a las autoridades francesas, la Audiencia Nacional española indica que el empresario habría sido responsable de garantizar la entrada de la droga en el puerto español de Algeciras y de “facilitar empresas importadoras en Europa”.

(Un portavoz de la Autoridad Portuaria de Algeciras no respondió a las preguntas enviadas por la OCCRP y remitió a los periodistas a la policía). 

Cuando el producto llega con éxito a las costas europeas, los chats parecen mostrar a Gjika negociando su venta a distribuidores. Frecuentemente participa en conversaciones —algunas de ellas tensas— sobre precios, pruebas de calidad del producto y planes de distribución.

"¿Tú tienes mercancía por arriba???", le preguntó en julio de 2020 a otro usuario de Sky, a quien las autoridades ecuatorianas describieron como posible coordinador de envíos de cocaína del grupo al puerto español de Algeciras. "Yo necesito en España no hay nada". "Si tienes en Holanda puedo buscar un camión para bajarlo a España", ofrece el interlocutor. "Me das precio ahí arriba y yo lo bajo".

Unos meses más tarde, Gjika se comunicó con un colaborador –quien fue condenado por participar en la organización criminal y quien, según los fiscales, se había trasladado en su momento a España– sobre los precios del mercado en Europa: "Señor, ¿cómo está el precio por allá?", preguntó Gijka, antes de planear su próximo movimiento.

Tras acordar un precio, a menudo después de una negociación intensa, los chats incluyen conversaciones sobre la manera de cobrar las ganancias. Usaban puntos de recolección de efectivo clandestinos que parecen operar desde ciudades de todo el mundo, desde Cali hasta Madrid, Bruselas y Birmingham.

La cantidad de efectivo que cambia de manos es a menudo asombrosa. En Barcelona, las autoridades españolas detectaron múltiples entregas de efectivo vinculadas al grupo, incluyendo una que llevó a la incautación de un millón de euros escondidos en un vehículo.

Por separado, en una conversación de diciembre de 2020 a través de Sky, Gjika discute una serie de transferencias de pesos colombianos por un valor equivalente a 2,3 millones de dólares para ser cobrados en Cali.

Las referencias a dichos "tokens" son frecuentes, ya que aluden a una cadena de números —por lo general el número de serie de un billete de dólar o euro— que se utilizan como una especie de contraseña compartida con el cajero para asegurar que el dinero se entregue en las manos correctas.

Citando los chats de Sky, la policía vinculó el establecimiento a un ciudadano chino quien finalmente fue condenado por colaborar en el tráfico de drogas y lavar el dinero del grupo (se declaró inocente y apeló el fallo. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios).

Si bien este tipo de sistema de transferencia clandestino permite a sus usuarios eludir las restricciones de los bancos, conlleva sus propios riesgos. En un chat de agosto de 2020, Gjika y un hombre conocido como el "Ingeniero" parecen discutir los detalles de una operación de recolección de efectivo que no salió como estaba planeado.

Poco más de una hora después, el "Ingeniero" —quien más tarde sería condenado por colaborar con la organización de tráfico— informa que "el chino" no tenía suficiente efectivo y que no se pudo cobrar el monto total.

Entonces, el "Ingeniero" pregunta si puede tomar algo del dinero para pagar a los miembros de su equipo, y Gjika aparentemente acepta que puede quedarse con "100" —lo cual un informe policial sugiere que es una abreviatura para 100.000 dólares— para él y su equipo. Parecen acordar reunirse al día siguiente para una charla de negocios para que Gjika pueda mostrarle "dónde y cómo se invierte [el dinero]". Pero cuando la parte del efectivo de Gjika llega al día siguiente, son "10" menos de lo que esperaba.

Al ser presionado, el colaborador de Gjika señaló que los 10.000 dólares faltantes se debieron perder cuando otro asociado "se puso nervioso" en la calle donde fue el intercambio, cerca de un "chifa" —en referencia a un restaurante que sirve una fusión de cocina china y ecuatoriana—.

Tras enviar algunos mensajes de audio, cuyos contenidos no están detallados en los registros del chat, los dos hombres parecen haber resuelto el asunto.

Al ser contactado, el abogado de Julio César Lalangui Medina, conocido como El Ingeniero, señaló que aún está pendiente la apelación de su cliente, con una audiencia programada para el 25 de junio de 2026. Y añadió que existe un “amplio y profundo debate jurídico a nivel internacional sobre la validez, autenticidad, integridad, trazabilidad y legalidad” del uso de los mensajes de Sky como prueba.

Para septiembre de 2020, Gjika aparentemente se había enterado de que los dispositivos Sky que estaban usando ya no eran seguros.

"Estamos cambiando todo, por el mucho hablar de que Sky no es confiable más", le envió por mensaje de texto a un colega, animándolo a comprar uno de los teléfonos BC1.

Pero los hombres siguieron usando Sky durante casi seis meses más. En marzo de 2021 se registró el último mensaje en los archivos de la Fiscalía.

El uso de Sky eventualmente significaría el desmoronamiento de la red ecuatoriana. Sin embargo, no es seguro que Gijka –el hombre que encabezaba el grupo según la Fiscalía– enfrente la justicia. A pesar de haber sido arrestado hace casi un año, los Emiratos Árabes Unidos aún tienen que extraditarlo (el Ministerio de Asuntos Exteriores y Justicia del país no respondió a las solicitudes de comentarios).

Mientras tanto, la cocaína —y el derramamiento de sangre que la sigue a su paso— continúa aumentando en Ecuador a niveles récord.

Rivera señala que a medida que los traficantes internacionales impulsan el comercio de droga en Ecuador, las bandas locales siguen peleando por una porción del pastel.

"El financiamiento que tienen y el interés por mover más cocaína a través del Ecuador, genera pugna entre los grupos locales y esas pugnas generalmente se manifiestan en control territorial”, dijo. "Entonces, no es su presencia como tal, sino el financiamiento que han traído para el movimiento de cocaína lo que indirectamente genera mayor violencia”.

Scam Empire, una investigación coordinada por el consorcio periodístico OCCRP y la televisión pública sueca, SVT, ha sido nominada como finalista de los premios internacionales European Press Prize. En ella participaron más de 30 medios de comunicación, entre los que se encuentra infoLibre, único medio español.

La investigación sacó a la luz, tras una filtración sin precedentes, el funcionamiento interno de una industria mundial dedicada a las estafas. Scam Empire desveló cómo dos grupos de call-centers estafaron al menos a 32.000 personas de todo el mundo, a los que robaron en total más de 265 millones de euros haciéndoles creer que estaban invirtiendo en todo tipo de activos financieros.

infoLibre reveló, entre otros asuntos, cómo España era el segundo país en el que esta red de ciberfraude robó más dinero, con más de 5.000 personas estafadas, o que a través de cuentas en BBVA, Santander y Sabadell se movieron al menos dos millones de euros de la trama criminal, que estaba dirigida desde Israel y Chipre, sin ninguna traba y en apenas unos meses.

El proyecto es uno de los cinco finalistas en la categoría de investigación del European Press Prize. En total, 25 trabajos periodísticos distintos, de medios de 34 países, han sido escogidos. Los otros medios españoles que han sido nominados en alguna de las cinco categorías de los prestigiosos galardones son El País, la Fundación Civio y Datadista.

Una hora después de que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, regresara a Budapest desde San Petersburgo el 30 de agosto de 2024, recibió una llamada telefónica de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov le dijo a Szijjártó que había sido citado en todos los medios rusos tras su visita.

"¿Dije algo mal?", preguntó Szijjártó.

"No, no, no". Lavrov le tranquilizó. "Simplemente decían que estás defendiendo de manera pragmática los intereses de tu país".

En realidad, Lavrov llamaba para hacer una petición: el oligarca ruso Alisher Usmanov quería que su hermana, Gulbahor Ismailova, fuera eliminada de las listas de sanciones de la UE, y Szijjártó había prometido ayudar.

"Te llamo a petición de Alisher, y me ha pedido que te recuerde que estabas haciendo algo respecto a su hermana", dijo Lavrov.

"Sí, absolutamente", respondió Szijjártó. "La cuestión es la siguiente: junto con los eslovacos estamos presentando una propuesta a la Unión Europea para retirarla de la lista. La presentaremos la semana que viene y, como va a comenzar el nuevo periodo de revisión, se incluirá en el orden del día y haremos todo lo posible para sacarla".

Lavrov expresó su agradecimiento por el "apoyo y… la lucha por la igualdad en todos los ámbitos" de Szijjártó.

A partir de ahí, la conversación derivó hacia el desprecio compartido por ambos hacia la Unión Europea y sus funcionarios. Antes de colgar, el húngaro elogió la nueva sede de Gazprom que había visitado en Rusia. "Siempre estoy a tu disposición", añadió.

Siete meses después, Ismailova fue retirada de la lista de sanciones de la UE.

Esta llamada entre los dos ministros de Asuntos Exteriores fue una de varias que tuvieron lugar entre 2023 y 2025. Grabaciones de audio de las conversaciones de Szijjártó con Lavrov, así como con otros funcionarios rusos, fueron obtenidas por periodistas de VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigación Ján Kuciak (ICJK). Los periodistas confirmaron el contenido de forma independiente con fuentes de inteligencia en varios países y consultaron con expertos externos sobre la autenticidad del audio.

Las llamadas ponen de manifiesto la extraordinaria sintonía entre Szijjártó, que representa a un Estado miembro de la UE y la OTAN, y Lavrov, que representa a un país que ha invadido a otro europeo y ha patrocinado incendios provocados y sabotajes contra el flanco oriental de la OTAN.

Las conversaciones entre ambos contienen información sensible sobre las deliberaciones internas tanto de Budapest como de Bruselas, que sin duda resultan de interés para el Kremlin. También aportan pruebas claras del papel de Rusia a la hora de incitar a Hungría y Eslovaquia a suavizar las sanciones de la UE contra individuos y entidades rusas.

En sus intercambios con Lavrov, Szijjártó se muestra deferente, rozando en ocasiones lo servil. "Si quitas los nombres y enseñas estas conversaciones a cualquier agente, jurará que se trata de la transcripción de un oficial de inteligencia trabajando con su activo", afirmó un alto funcionario de inteligencia europeo tras revisar las transcripciones.

Ni Lavrov ni Szijjártó respondieron a las solicitudes de comentarios. El abogado alemán de Usmanov, Joachim Nikolaus Steinhöfel, rechazó responder a preguntas sobre la conversación entre Lavrov y Szijjártó. Describió las sanciones de la UE contra Usmanov y sus familiares como "injustificadas", subrayó su éxito como empresario y filántropo, y destacó que Usmanov había ganado "más de veinte casos judiciales" contra "medios de comunicación, figuras públicas y políticos que difundieron diversas afirmaciones falsas sobre él… muchas de las cuales reproducían los mismos razonamientos utilizados para las sanciones de la UE".

Las comunicaciones de Szijjártó van mucho más allá de Usmanov y sus familiares. En una llamada con otro funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, en el verano de 2025, Szijjártó no solo afirma que ya ha debilitado el 18º paquete de sanciones de la UE, entonces en negociación, sino que además pide argumentos adicionales que hagan que sus esfuerzos parezcan responder al interés de Hungría y no al de Rusia.

"Ya he eliminado 72 [entidades] de la lista, pero había 128. Estoy intentando continuar, pero tengo que decir que esto es en interés de Hungría", afirma Szijjártó.

"Si ellos [el equipo de Sorokin] pueden ayudarme a identificar los efectos directos y negativos sobre Hungría, estaría muy agradecido", añade, "porque si puedo mostrar algo así, me daríais una oportunidad completamente diferente".

La disposición de Szijjártó a actuar en interés de Rusia en el ámbito de la UE ayuda a explicar por qué Moscú está invirtiendo esfuerzos significativos en mantener a Viktor Orbán y a su partido pro-Kremlin Fidesz en el poder en Hungría.

Encuestas independientes sugieren que Orbán va muy por detrás de cara a las elecciones parlamentarias del 12 de abril, con el partido de centroderecha Tisza, liderado por el aspirante Péter Magyar, en clara ventaja.

Mientras la campaña de Orbán tiene dificultades, Rusia estaría interviniendo para ayudar. Como informó VSquare a principios de marzo, el Kremlin ha asignado a Serguéi Kiriyenko —vicejefe de gabinete de Putin y uno de los principales arquitectos de las operaciones de influencia política de Rusia— la tarea de apoyar de forma encubierta la campaña de Orbán. Kiriyenko desempeñó anteriormente un papel clave en la interferencia electoral en Moldavia.

Al mismo tiempo, la campaña de Orbán ha reproducido cada vez más narrativas del Kremlin, organizando provocaciones contra Ucrania y acusando a figuras de la oposición y a críticos de actuar como agentes o espías ucranianos, mientras descarta las acusaciones sobre sus propios vínculos con Rusia.

Las llamadas muestran que Szijjártó informaba de forma habitual a Lavrov sobre discusiones supuestamente confidenciales entre diplomáticos europeos.

Por ejemplo, en la misma llamada del 30 de agosto de 2024 con Lavrov, Szijjártó reveló detalles de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en la que había participado el día anterior.

"Fue una locura, ya sabes, cuando [el ministro de Exteriores lituano Gabrielius] Landsbergis dijo que contribuimos con un 12% de cada cohete y misil", le dijo Szijjártó a Lavrov, refiriéndose al argumento del ministro de que los pagos húngaros y eslovacos por gas y petróleo estaban ayudando a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

"Le dije: amigo, no tienes razón, porque los europeos contribuyen mucho más… no somos solo los eslovacos y nosotros quienes compramos gas y petróleo directamente a Rusia, sino todos vosotros que compráis lo mismo a través de… India, Kazajistán".

Consultado al respecto, Landsbergis confirmó que esa conversación había tenido lugar.

"Parece que todo este tiempo Putin ha tenido, y sigue teniendo, un topo en todas las reuniones oficiales europeas y de la OTAN", afirmó. "Si se quiere mantener la integridad de estas reuniones, sería apropiado excluir a Hungría de todas ellas".

"Cada generación tiene su Kim Philby", añadió Landsbergis, en referencia al famoso espía del KGB en el servicio secreto británico. "Al parecer, Péter Szijjártó está desempeñando ese papel con entusiasmo".

Aunque la UE ha sancionado a unas 2.700 personas y entidades rusas por su papel en la guerra de Rusia contra Ucrania, el bloque debe votar cada seis meses si prolonga esas sanciones.

Estas decisiones se toman por consenso, lo que significa que los 27 Estados miembros deben estar de acuerdo.

RFE/RL informó en marzo de 2025 de que Hungría y Eslovaquia amenazaron con bloquear la prórroga de las sanciones de la UE ese mes a menos que se retiraran ciertos nombres. No se trataba solo de Ismailova: el empresario ruso Viatcheslav Moshe Kantor y el ministro de Deportes del país, Mijaíl Degtyaryov, también fueron retirados de las sanciones en esa ronda.

Un diplomático europeo estrechamente implicado en las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato para poder revelar detalles internos, afirmó que Hungría y Eslovaquia suelen empezar con una larga lista de nombres rusos que quieren eliminar.

"No utilizan argumentos jurídicos", explicó el diplomático. "Simplemente dicen que no quieren a esas personas en la lista de sanciones por motivos políticos".

A medida que avanzan las negociaciones, Budapest y Bratislava suelen reducir su lista a un puñado de personas, como ocurrió con Ismailova, Kantor y Degtyaryov.

Aunque desde hace tiempo se sospechaba que Hungría y Eslovaquia filtraban los detalles de estas negociaciones a Moscú, el diplomático describió las nuevas pruebas obtenidas como valiosas: "Hungría está claramente cumpliendo órdenes políticas de Rusia", afirmó tras revisar las transcripciones.

El alivio económico para individuos no es el único ámbito en el que Hungría actuó en secreto en nombre del Kremlin en Bruselas.

En conversaciones con otro alto funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, Szijjártó afirmó que estaba haciendo todo lo posible para "derogar" un paquete clave de sanciones de la UE dirigido contra la flota fantasma de petroleros de Rusia, el mecanismo mediante el cual Moscú elude las sanciones energéticas occidentales.

En una conversación con Sorokin, Szijjártó se ofreció a eliminar bancos rusos propuestos para ser sancionados por la UE. Incluso pidió al funcionario ruso que le proporcionara argumentos sobre por qué hacerlo sería de interés para Hungría.

En otra llamada, Szijjártó se quejó de que la UE se negaba a compartir con él documentos relacionados con la propuesta de sancionar a 2Rivers, una empresa con sede en Dubái dedicada al comercio de petróleo ruso.

"Dicen que no hay un interés húngaro claro que puedan identificar y, por lo tanto, Hungría no puede pedir legalmente que se eliminen de la lista", dijo Szijjártó después de que Sorokin preguntara por qué Budapest había quedado fuera del proceso.

Según la UE, 2Rivers, anteriormente conocida como Coral Energy, ha sido un actor clave en la venta de petróleo ruso a través de su propia flota fantasma de petroleros y en ocultar el origen del crudo procedente de la empresa estatal rusa Rosneft, actualmente sancionada por Estados Unidos. 2Rivers vende después el crudo por encima del precio máximo internacional fijado y alimenta la maquinaria bélica rusa con ingresos vitales. En diciembre de 2024, el Reino Unido sancionó a 2Rivers y su red de comercio de petróleo.

No está claro qué interés podría tener Hungría —un país sin salida al mar que recibe petróleo a través de oleoductos— en intentar preservar las operaciones de la flota fantasma de Rusia. Pero el beneficio para Rusia es evidente.

Tras informar de que no había tenido éxito con 2Rivers, Szijjártó compartió con Sorokin detalles sobre las negociaciones en curso del 18º paquete de sanciones de la UE.

Explicó que la votación aún no figuraba en el orden del día gracias a un aplazamiento acordado por Hungría y Eslovaquia hasta que la UE accediera a "hacer una excepción" para esos países y "permitirnos seguir comprando gas y petróleo rusos".

El 18º paquete de sanciones fue propuesto por la Comisión Europea el 10 de junio de 2025. Dos semanas después, Szijjártó anunció públicamente que Hungría y Eslovaquia lo estaban bloqueando "en respuesta a los planes de la Unión Europea de eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa".

Fue en una llamada con Sorokin una semana más tarde cuando Szijjártó pidió argumentos sobre "efectos negativos para Hungría" para ayudarle a diluir el paquete.

Kinga Redłowska, experta en sanciones y responsable de CFS Europe en el think tank londinense RUSI, señaló que el enfoque de Hungría cumple un doble objetivo.

"A nivel interno, permite a Viktor Orbán reforzar una narrativa antiucraniana", afirmó. "A nivel de la UE, proporciona margen de maniobra para extraer concesiones en áreas no relacionadas, como la financiación europea o los conflictos sobre el Estado de derecho".

Pero, aunque esta estrategia pueda beneficiar al Gobierno de Orbán, permitir que un vecino agresivo capture y mantenga más territorio soberano europeo va en contra del interés nacional de Hungría, señaló: "Debilitar las sanciones corre el riesgo de reforzar la economía de guerra de Rusia y socavar los intereses de seguridad más amplios de todos los Estados miembros de la UE, incluida la propia Hungría".

Las conversaciones entre Szijjártó y Sorokin también abordaron los bancos rusos que estaban en el punto de mira de la UE.

"Comparte conmigo los nombres de esos bancos, puedo comprobar si están en la lista o no, revisaré las bases legales y luego haré todo lo posible", dijo Szijjártó a Sorokin. "Sé que querían incluir el banco de San Petersburgo en la lista, lo cual conseguí evitar; también querían incluir otro banco relacionado con el proyecto de Paks [central nuclear], y también conseguí eliminarlo".

Tras semanas de retrasos por parte de Hungría y Eslovaquia, la Unión Europea adoptó finalmente el 18º paquete de sanciones el 18 de julio de 2025. 2Rivers fue incluida en la lista, lo que la llevó a iniciar su disolución. El paquete también supuso un golpe significativo para la flota fantasma de Rusia y sus esfuerzos por eludir las sanciones al petróleo.

Sin embargo, sigue sin estar claro cuánto mayor podría haber sido el impacto sin los esfuerzos de Szijjártó. Para entonces, su estrecha relación con Rusia ya se había hecho pública.

En abril de 2025, el semanario polaco Polityka informó de que se sospechaba que Szijjártó compartía notas escritas de reuniones ministeriales de la UE con Rusia. A principios de este año, The Washington Post informó de que Szijjártó compartía información regularmente por teléfono con Lavrov durante las pausas en las conversaciones de la UE. "Cada reunión de la UE durante años ha tenido básicamente a Moscú sentado a la mesa", declaró al periódico un funcionario europeo de seguridad.

Politico informó a principios de este mes de que "la UE está limitando el flujo de material confidencial a Hungría y los líderes se reúnen en grupos más reducidos".

El Gobierno húngaro desestimó estos informes calificándolos de "propaganda proucraniana", mientras que Szijjártó, aunque reconoció su frecuente comunicación con Lavrov, calificó las informaciones sobre sus acciones de "noticias falsas".

Esta estrategia parece estar volviéndose en su contra. Szijjártó fue recientemente abucheado por manifestantes, que le gritaron "traidor" y "espía ruso" en un acto de campaña.

La interferencia de Hungría en la política de sanciones de la UE comenzó pocos meses después de la invasión a gran escala de Rusia y se ha endurecido en los cuatro años siguientes hasta convertirse en un esfuerzo sistemático de presión en favor de figuras vinculadas al Kremlin, al que se sumó Eslovaquia.

En junio de 2022, Hungría bloqueó todo el sexto paquete de sanciones de la UE —que incluía el histórico embargo parcial al petróleo ruso— hasta que el patriarca Kirill, antiguo agente del KGB y jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, fue retirado de la lista. El primer ministro Viktor Orbán intervino personalmente alegando "libertad religiosa".

En febrero de 2025, Hungría logró otra exención para Kirill durante las negociaciones del 16º paquete, además de salvar al Comité Olímpico Ruso y a dos clubes de fútbol rusos.

En febrero de 2026, Hungría vetó por completo el 20º paquete de sanciones —la primera vez que Budapest llegaba tan lejos— bloqueando nuevas medidas restrictivas que pretendían conmemorar el cuarto aniversario de la invasión, alegando una disputa sobre los flujos de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

En marzo de 2026, Eslovaquia amenazó con vetar la renovación semestral de toda la lista de sanciones individuales existente a menos que Usmanov y otro oligarca ruso, Mijaíl Fridman, fueran eliminados de inmediato, antes de ejecutar lo que los diplomáticos de la UE calificaron como uno de los giros más extraños que habían presenciado, al dar marcha atrás sin conseguir ninguna de las retiradas; Hungría también abandonó su lista de siete objetivos.

* Se puede leer la versión original de esta información en OCCRP y en los medios VSquare (Europa Central, en inglés), FRONTSTORY (Polonia, en polaco), Delfi Estonia (Estonia, en estonio), The Insider (Rusia, en ruso), y en el Centro de Investigación de Ján Kuciak (ICJK) (Eslovaquia, en eslovaco)

Ali Ansari, un banquero sancionado por el Reino Unido y acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria iraní, posee una lujosa villa en Marbella a través de la filial española de una empresa británica, según muestran los registros.

El Reino Unido sancionó el año pasado a Ali Ansari por presuntamente "facilitar financieramente la labor de la Guardia de la Revolución Islámica (IRGC)", que ha cometido abusos generalizados mientras hace cumplir el poder del Gobierno teocrático de Irán.

El abogado de Ansari, Roger Gherson, no respondió a las preguntas sobre la villa de su cliente en Marbella, ciudad situada en la Costa del Sol, en el sur de España, pero rechazó las acusaciones sobre vínculos con la IRGC. "El señor Ansari, en respuesta a acusaciones perjudiciales difundidas en medios internacionales, niega de forma tajante cualquier relación financiera con la Guardia de la Revolución Islámica de Irán", afirmó Gherson en una respuesta por correo electrónico a las preguntas planteadas por OCCRP.

Las autoridades británicas no aportaron detalles en su notificación de sanciones que sustentaran la acusación de que Ansari financiaba a la IRGC.

En una declaración pública del 12 de marzo, Ansari señaló que las autoridades iraníes habían disuelto un banco del que era accionista y aseguró que ahora estaba siendo objeto de una persecución injusta a nivel internacional.

"En el contexto de la intensificación de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, se están llevando a cabo esfuerzos en el Reino Unido y en otros países para imponerme restricciones y sanciones sin presentar pruebas creíbles", afirmó. Ansari añadió que había dado instrucciones a sus abogados para "iniciar procedimientos formales" contra las sanciones impuestas por el Reino Unido.

Las autoridades británicas sostienen que Ansari "financia la labor de la IRGC", a la que describen como "una de las organizaciones militares más poderosas de Irán, que responde directamente ante el Líder Supremo".

Además de su papel militar, la IRGC tiene amplios intereses empresariales que han sido ampliamente documentados y que abarcan las telecomunicaciones, el transporte, el petróleo y la construcción. Un artículo publicado por el Center for Strategic & International Studies, un centro de estudios estadounidense, describía a la IRGC como "el actor más poderoso en el control de todos los sectores económicos importantes de Irán".

Aunque Gherson negó que su cliente tuviera vínculo alguno con la IRGC, Ansari afirmó en su declaración pública que las medidas adoptadas por las autoridades iraníes contra él demuestran que las acusaciones británicas son falsas.

Ansari puso como ejemplo la disolución de Ayandeh Bank, entidad de la que era accionista. El Banco Central de Irán rescató al prestamista de su colapso en octubre de 2025 y ordenó su fusión con el banco estatal Melli Bank.

"Fui sometido a amplias presiones legales y regulatorias, un proceso que finalmente condujo a la disolución del banco", afirmó. "Es evidente que, de haber existido una relación organizada o un respaldo político especial, ese desenlace no se habría producido". En su decisión de disolver Ayandeh, el Banco Central de Irán apuntó a años de mala gestión.

Ayandeh había acumulado una deuda de 5.000 billones de riales iraníes (unos 4.670 millones de dólares en aquel momento), aproximadamente el doble de lo que mantenía en depósitos, según Hamidreza Ghaniabadi, director general de Supervisión Bancaria del Banco Central. Ghaniabadi hizo estas declaraciones en un vídeo difundido el 23 de octubre de 2025 por la agencia de noticias Tasnim, afín al Estado.

Ghaniabadi también declaró a la agencia estatal iraní IRNA que "más del 90% de los fondos de Ayandeh Bank se asignaron o bien a partes vinculadas al banco o bien a proyectos gestionados por el propio banco".

La quiebra del Ayandeh Bank formó parte de una crisis económica que desencadenó la reciente ola de protestas masivas en Irán.

Los iraníes empezaron a salir a las calles a finales de 2025 para protestar contra la inflación disparada y el hundimiento del nivel de vida. Muchos manifestantes pronto empezaron a pedir la caída del Gobierno.

La IRGC y otras fuerzas de seguridad reprimieron las protestas, llevando a cabo detenciones masivas, además de torturar y matar a miles de personas, según organizaciones de derechos humanos. OCCRP informó de que las familias de personas muertas durante las protestas acusaron a las autoridades de exigir pagos para poder recuperar sus cuerpos.

En octubre de 2025 —el mismo mes en que se disolvió Ayandeh Bank y unos dos meses antes de que estallaran las protestas— el Reino Unido impuso sanciones a Ansari. Para entonces, ya había adquirido una amplia cartera de propiedades por toda Europa.

Las autoridades británicas han congelado más de 100 millones de libras esterlinas (134 millones de dólares) en bienes inmuebles de Ansari en ese país, según declaraciones públicas de ministros del Gobierno. Se desconoce si entre las propiedades congeladas figura una mansión londinense de 52,8 millones de dólares que OCCRP reveló anteriormente.

En enero, el Financial Times informó de que Ansari había adquirido inmuebles comerciales por valor de cientos de millones de euros en varios países europeos. El hallazgo de OCCRP sobre la lujosa villa de Marbella añade otra propiedad más al patrimonio conocido de Ansari.

La villa española no figura directamente a nombre de Ansari. Los reporteros tuvieron que rastrear una cadena de vínculos societarios para determinar su titularidad.

Utilizando un pasaporte chipriota, Ansari controla una empresa londinense llamada Veritas Reales Investment Limited, según Companies House, el registro mercantil británico. La empresa fue constituida en 2019 por un promotor inmobiliario del Reino Unido que desde entonces se ha desvinculado. Companies House identifica ahora a Ansari como la única "persona con control significativo".

En sus registros societarios, Veritas Reales Investment aparece descrita como una empresa dedicada a la "compra y venta de bienes inmobiliarios propios" y a la "recepción y concesión de préstamos".

Los registros del Registro Mercantil español muestran que la empresa londinense controla una filial local, Veritas Reales Marbella SL. Esta es la propietaria de la villa y del terreno en la exclusiva urbanización cerrada de Altos Reales, en Marbella, adquiridos por una suma no revelada en 2020.

El abogado de Ansari, Gherson, no respondió a las preguntas sobre las empresas británica y española. Los reporteros no pudieron determinar el precio de compra de la villa ni su valor actual. Pero una página archivada de una agencia inmobiliaria local muestra que la propiedad fue puesta a la venta en 2013 por 15 millones de euros (unos 19,5 millones de dólares en aquel momento) como una "Residencia excepcional con vistas espectaculares".

Las fotos del folleto comercial mostraban una villa de seis dormitorios con una imponente torre central enmarcada por picos montañosos. Una terraza dominaba una piscina exterior y ofrecía vistas al mar Mediterráneo. Esas vistas coinciden con imágenes disponibles en Google Earth 3D.

El anuncio de 2013 también destacaba elementos como una lámpara de araña "comprada a una iglesia del siglo XV", así como "bodegas con temperatura controlada y cómodas dependencias para el personal". Según Companies House, las cuentas anuales de Veritas Reales Investment Limited están pendientes de presentación. La empresa se enfrenta a la posibilidad de ser disuelta de forma forzosa en los próximos dos meses, "salvo que se alegue causa en contrario".

El 27 de diciembre de 2025, el petrolero sancionado Kira K estaba atracado en el puerto ruso de Ust-Luga, en las profundidades del extremo oriental del golfo de Finlandia. Se preparaba para transportar 734.000 barriles de crudo pertenecientes a Lukoil, el gigante energético ruso incluido en listas negras, hacia el mercado mundial.

Según una lista de tripulación obtenida por los periodistas, el barco estaba operado por una mezcla de marineros procedentes de Myanmar, China y Bangladesh. Pero también había otros dos hombres a bordo. El manifiesto del petrolero incluye a los ciudadanos rusos Denis Enin y Aleksandr Kamenev como “supernumerarios”, un término que designa al personal que queda fuera de la tripulación operativa estándar. En los campos de datos que detallan los diplomas marítimos y las cualificaciones de cada tripulante, junto a los nombres rusos solo aparecen dos letras: NA. No disponible, por sus siglas en inglés.

Eso se debe a que estos hombres no son marineros normales.

Kamenev, de 45 años, y Enin, de 48, son ambos veteranos del Grupo Wagner, la notoria organización de mercenarios rusa que combatió en conflictos en todo el mundo en nombre de Moscú durante casi una década, hasta 2023.

Kamenev estuvo en Siria y en Donetsk, ocupada por Rusia, en el momento álgido de las operaciones de Wagner en la zona, según muestran datos filtrados de cruces fronterizos. Enin, por su parte, también ha registrado su dirección en una unidad militar rusa situada en el sur del país.

La presencia de estos dos hombres en el Kira K no es casual. Una investigación conjunta de Delfi, Helsingin Sanomat, iStories y OCCRP ha identificado un patrón sistemático de militarización de la llamada flota fantasma de Rusia, el término utilizado para describir los cientos de buques envejecidos y de propiedad opaca que Moscú utiliza para eludir las sanciones occidentales sobre su petróleo.

Al analizar listas de tripulación de petroleros sancionados en 20 travesías, los periodistas descubrieron que los buques que parten de puertos rusos del mar Báltico llevan ahora regularmente equipos de dos hombres con antecedentes militares.

De los 17 hombres rusos a bordo de estos barcos que carecían de credenciales marítimas, se descubrió que 13 tenían vínculos con el Grupo Wagner o con organizaciones de seguridad del Estado, como el servicio de inteligencia militar ruso, el GRU. Los periodistas establecieron estas conexiones a través de diversas bases de datos rusas filtradas, entre ellas un registro de mercenarios de Wagner de 2021, así como información de agencias de inteligencia europeas y fuentes abiertas.

Estos “extras” o “técnicos”, como a veces se les denomina, comenzaron a aparecer en los buques después de julio de 2025, según las listas de tripulación obtenidas por los periodistas. Resultan notablemente ausentes en una muestra limitada de listas de tripulación de buques que navegaban por rutas del mar Negro o del Pacífico durante el mismo periodo, lo que sugiere una presencia dirigida específicamente al mar Báltico.

Los hallazgos aportan nuevas pruebas a las advertencias de las agencias de inteligencia occidentales, informadas por primera vez por CNN a finales del año pasado, de que rusos con antecedentes en seguridad estaban embarcando en los petroleros “fantasma” de Moscú y participando en actividades de espionaje cerca de las costas europeas. Los manifiestos de tripulación indican la magnitud y el carácter sistemático del fenómeno, y proporcionan nombres y otros identificadores que permitieron a los periodistas confirmar el pasado militar de estos hombres.

Fuentes de inteligencia de varios países europeos dijeron a los periodistas que estos llamados “equipos de protección de buques” han sido desplegados para disuadir a las autoridades de los países del mar Báltico de abordar, inspeccionar o potencialmente incautar las embarcaciones.

Por lo general, las autoridades de la UE no pueden detener estos barcos únicamente por estar sancionados. Pero durante el último año han detenido en varias ocasiones petroleros pertenecientes a la flota fantasma de Rusia, a menudo por navegar bajo bandera falsa o en casos en los que se sospechaba que habían dañado cables submarinos.

Pero con veteranos curtidos en combate a bordo, cualquier intervención de este tipo podría implicar el riesgo de enfrentarse a una resistencia armada.

“El objetivo de esta actividad es proteger la base de ingresos de la Federación Rusa frente a posibles amenazas, ya sea sabotaje [organizado por Ucrania] u otras interferencias procedentes de Occidente”, declaró a Delfi el jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia, el coronel Ants Kiviselg.

“Colocar tripulaciones de protección en estos barcos demuestra que las mercancías transportadas por la flota fantasma y los ingresos derivados de ellas son importantes para Rusia”, añadió.

Rusia depende en gran medida de la ruta del Báltico para transportar el petróleo que genera millones de ingresos para el tesoro de guerra del Estado cada día. Según la Kyiv School of Economics, el país exporta aproximadamente el 40% de su petróleo crudo específicamente a través del mar Báltico.

Pero algunos analistas creen que estos miembros especiales de la tripulación han sido desplegados para hacer algo más que proteger los intereses económicos de Rusia.

Glen Grant, asesor de defensa y ex agregado de defensa del Reino Unido en Estonia y Letonia, señaló que al navegar por el Báltico sin impedimentos, estos antiguos militares también pueden recopilar información valiosa, incluida la forma en que las autoridades occidentales interactúan con los petroleros sancionados.

“En conjunto, eso les da una idea completa de nuestra fuerza, determinación, filosofía y capacidad militar”, afirmó. “El hecho de que también transporten petróleo y que además entre dinero [para Rusia] es un extra”.

El Ministerio de Defensa ruso, Lukoil y la empresa que gestiona el Kira K no respondieron a las preguntas enviadas por los periodistas. Cuando fue contactado por Telegram, Enin, uno de los rusos que figura como parte de la tripulación del Kira K, negó haber estado a bordo del barco y no respondió a más preguntas. El otro ruso, Kamenev, no respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

Los protectores rusos de buques identificados por los periodistas no están afiliados únicamente al Grupo Wagner, al que la UE acusa de cometer graves abusos de derechos humanos desde Ucrania hasta Siria y la República Centroafricana. (La organización fue efectivamente disuelta después de que su líder, Yevgeny Prigozhin, protagonizara una rebelión fallida en junio de 2023 y muriera en un accidente aéreo dos meses después). Las tripulaciones de la flota fantasma también incluyen rusos procedentes de otros entornos militares, como Aleksandr Malakhov, un “supernumerario” que viajó en el Kira K en octubre de 2025.

Este hombre de 50 años es veterano de la 22ª Brigada Spetsnaz, una unidad de fuerzas especiales bajo el servicio de inteligencia militar ruso conocido como GRU, confirmó a los periodistas una fuente de inteligencia europea. (Datos filtrados también muestran que la unidad Spetsnaz en el óblast de Rostov, en el sur de Rusia, figuraba como dirección registrada de Malakhov). No respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

En agosto de 2025, el Kira K transportó a otro dúo ruso a través del golfo de Finlandia: Dmitry Frolov, de 50 años, y Juri Tsvetkov, de 38. Los periodistas descubrieron que estos dos hombres ya habían viajado juntos antes. Tanto en 2022 como en 2023, la pareja voló junta en aeronaves de la Fuerza Aérea rusa, según datos filtrados de cruces fronterizos rusos.

Cuando fue contactado por Telegram, Frolov negó haber estado en el mar. Después de que los periodistas le dijeran que tenían pruebas de que había estado presente en el Kira K, escribió: “Olvídalo, no escribas. Si no, os denunciaré al FSB”. Su compañero de barco, Tsvetkov, no respondió a las preguntas enviadas a su dirección de correo electrónico.

El petrolero sancionado conocido como Lebre, por su parte, ha transportado “técnicos” que trabajaban para el Ministerio de Defensa ruso y para el Ministerio de Defensa del territorio separatista de Transnistria, respaldado por Rusia, según información proporcionada por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, que afirmó estar en posesión de los registros laborales de estos hombres.

Cuando fue contactado para comentar, el tripulante vinculado al Ministerio de Defensa ruso negó haber trabajado allí y afirmó que había trabajado en el petrolero como cocinero. Sin embargo, confirmó que el otro ruso a bordo que también figuraba como técnico había servido como guardia. Ese tripulante no respondió a las solicitudes de comentario.

El gestor del barco, Anchor Elite Shipmanagement, afirmó que “no estaba en condiciones de confirmar las acusaciones presentadas” sobre los hombres, pero que su presencia en el barco “no estaba en modo alguno relacionada con actividades militares o de empresas militares privadas”, y que se dedicaban únicamente a “tareas de cocina” y “trabajos relacionados con la cubierta”.

Otro buque de la flota fantasma que acaparó titulares cuando fue incautado por las autoridades francesas en septiembre de 2025 también transportaba a un paracaidista en servicio en el Ejército ruso, según un oficial de inteligencia en la región del mar Báltico que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información proporcionada.

Los periodistas descubrieron que un ruso con el mismo nombre y fecha de nacimiento, Stanislav Babichev, tiene un perfil en una red social que menciona como formación la Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Aerotransportadas 332, una institución de entrenamiento militar. No respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

Un analista del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia (SUPO) afirmó que es probable que estos equipos de seguridad rusos tengan la tarea de impedir que el resto de la tripulación del barco coopere con autoridades extranjeras.

“Es probable que los guardias estén a bordo para garantizar que otros países del mar Báltico no tomen el control de estos barcos con demasiada facilidad”, dijo el analista a Helsingin Sanomat bajo condición de anonimato.

También pueden actuar como “enlaces” para quienes los contrataron, añadió el analista. “Puede suponerse que, si por ejemplo fuerzas militares rusas y buques de la marina operan en la misma zona y escoltan a estos barcos, la tarea de estos hombres puede ser facilitar la comunicación”.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania dijo a los periodistas que estos hombres suelen ser contratados por las empresas de seguridad privadas rusas RSB Group y Moran Security Group.

RSB Group, cuyo sitio web afirma haber “protegido decenas de buques mercantes y científicos rusos y extranjeros”, emplea a antiguos oficiales de inteligencia rusos y a otros combatientes, y ha entrenado unidades para la guerra en Ucrania, según avisos de sanciones de la UE y Estados Unidos. Moran Security, que también ofrece diversos servicios de protección marítima en su página web, ha sido sancionada por Estados Unidos por prestar servicios a empresas estatales rusas.

Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentario.

El despliegue de estos agentes de seguridad encubiertos en buques comerciales se produce en medio de un notable aumento de la presencia militar directa de Rusia en el Báltico.

El pasado mayo, la Marina estonia escoltó al petrolero sancionado Jaguar fuera de las aguas económicas de Estonia después de que se descubriera que navegaba sin una bandera válida.

Rusia respondió enviando un avión de combate que violó el espacio aéreo estonio.

“Rusia considera la flota fantasma como una palanca económica muy importante”, dijo el comandante de la Marina estonia, Ivo Värk, quien añadió que la presencia naval rusa en el Báltico se ha cuadruplicado desde 2022.

“Para ellos es una cuestión de alto interés nacional. Rusia está dispuesta a protegerla por todos los medios”.

Un alto oficial de inteligencia europeo que habló bajo condición de anonimato dijo que la presencia de funcionarios de seguridad en estos barcos aumenta los riesgos de cualquier intento de intervenir más en el comercio petrolero ruso.

“Dos individuos potencialmente armados cambian sin duda nuestro cálculo de riesgos cuando debemos decidir si detener o incautar el petrolero. Rusia cree que esto hace que los Estados miembros de la OTAN a lo largo del mar Báltico sean más cautelosos”, afirmó el funcionario.

Para Sean Wiswesser, ex alto oficial de operaciones de la CIA especializado en los servicios de inteligencia y el ejército rusos, esta tendencia sugiere que Rusia también está utilizando los buques de su flota fantasma como plataformas para “sabotaje” y “otras operaciones de inteligencia, como potencialmente desplegar drones”. “Definitivamente no se trata solo de proteger el petróleo ruso”, dijo. “En ninguna otra parte del mundo ha habido tantos cortes de cables, y en tan poco tiempo, como los que se han producido en los últimos dos años en el mar Báltico”.

Información adicional de Kaur Maran, Greete Palgi, Marta Vunš (Delfi).

Tetiana Kavinova vive en la orilla este de Kiev. Su calefacción dejó de funcionar tras los ataques rusos a las centrales eléctricas de la capital a principios de enero. El agua de su casa, que durante el día está a 8 grados, sale helada y no tiene electricidad para el calefactor ni la vitrocerámica. "Cuando me despierto, deseo que sea de noche para poder dormirme y olvidar", se lamenta. "Pensaba que el inicio de la guerra fue terrible. Ahora creo que aquello era más fácil que esto". 

Su situación no es excepcional. Este invierno, el más duro desde el inicio de la invasión a gran escala, más de un millón de ucranianos han soportado semanas sin electricidad, calefacción ni agua caliente. En enero, el alcalde de Kiev pidió a los residentes que abandonasen la ciudad para aliviar la presión sobre una red eléctrica al borde del colapso. Según la misión de vigilancia de derechos humanos de la ONU, en 2025 murieron 2.514 civiles ucranianos, un 31% más que el año anterior. 

El principal responsable de esa destrucción tiene nombre: Geran-2, la versión rusa del dron iraní Shahed-136. Un aparato triangular de 3,5 metros, capaz de recorrer hasta 2.000 kilómetros con una cabeza explosiva de unos 50 kilos. Los datos de la fuerza aérea ucraniana indican que en 2025 Rusia lanzó unos 54.000 drones de largo alcance, de los que unos 32.000 eran Geran-2. Casi 3.000 al mes, a menudo centenares en una sola noche, para saturar las defensas antiaéreas y abrir paso a los misiles de crucero. "No vuelan muy rápido y por eso son detectables a larga distancia. Pero Rusia los lanza en tal volumen que algunos siempre pasan", explica un agente de un servicio de inteligencia de un país europeo consultado por esta investigación. 

Sin embargo, la responsabilidad de esta crisis no recae solo en Moscú. Una investigación internacional llevada a cabo por infoLibre junto con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el diario belga De Tijd, el ucraniano The Kyiv Independent, el colectivo alemán Paper Trail Media, el británico The Times y el irlandés Irish Times, revela que estos drones están repletos de tecnología europea. Y que esa tecnología sigue llegando a Rusia pese a cuatro años de sanciones. 

Entre las empresas europeas cuyos componentes han sido identificados dentro del Geran-2 hay una con sede en España: Pierburg S.A., filial del grupo alemán de defensa y automoción Rheinmetall, que fabrica componentes para automóviles en su planta de Abadiño (Vizcaya). La bomba de combustible eléctrica que alimenta el motor del dron lleva la marca Pierburg.

La pieza ya aparecía desde 2024 en la web War & Sanctions —de la inteligencia militar ucraniana— catalogada como alemana. Es un nuevo informe del servicio ucranniano el que la atribuye a la subsidiaria española, sin que se conozcan los motivos del cambio. Un portavoz de Rheinmetall confirma que las autoridades aduaneras alemanas informaron a la empresa en enero de 2024 de que "bombas de combustible eléctricas civiles fabricadas en julio de 2020 para el mercado de recambios de automoción habían sido enviadas a Rusia", pero asegura que la compañía no realizó esa entrega y que desconoce quién la exportó. 

Preguntada expresamente por en qué planta se fabricó la pieza —Pierburg también fabrica en Alemania y en la República Checa—, la empresa declinó dar más detalles. La subsidiaria española, Pierburg S.A. no respondió a las preguntas de infoLibre. 

Los datos de importación de la plataforma comercial Import Genius muestran además seis envíos a Rusia en 2024 de productos Pierburg con España como país de origen: válvulas de presión y sensores de oxígeno para automóviles, piezas que no figuran en la lista europea de productos sancionados y de las que no existe indicio de que guarden relación con drones. Tampoco se puede concluir que fueran enviadas directamente por Pierburg. Las piezas llegaron a distribuidores de recambios rusos a través de intermediarios en Kazajistán, Moldavia y Países Bajos. 

En el centro de la investigación hay seis documentos de la inteligencia ucraniana, obtenidos por The Kyiv Independent, que recogen los componentes hallados en los restos de varios Geran-2 derribados, ensamblados tanto en la gran fábrica de Alabuga como en la planta de Izhevsk. Del análisis se desprende que un solo Geran-2 fabricado en Alabuga contiene hasta 294 componentes extranjeros. En total, el consorcio ha identificado más de cien piezas de 19 empresas europeas con sede en ocho países: Reino Unido, Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria, Irlanda, España y Polonia.

De los componentes cuyo año de fabricación pudo determinarse, la mayoría databan de 2023 y 2024, lo que descarta que se trate de piezas antiguas anteriores a la invasión. Los componentes europeos están presentes en prácticamente todas las partes tecnológicas del dron: el mecanismo de dirección, el motor, la antena GPS, los dispositivos de navegación por satélite, el sistema de piloto automático y la placa base principal. 

El consorcio ha rastreado, a través de la base de datos Import Genius, los productos de las marcas europeas implicadas que fueron importados por empresas rusas. En 2024 se contabilizaron 1.207 envíos, de los que más de la mitad —672— contenían productos de la lista europea de bienes de doble uso cuya exportación a Rusia está expresamente prohibida. En ningún caso los bienes llegaron directamente desde un país europeo: las rutas pasan principalmente por China y Hong Kong, y en menor medida por Turquía, Emiratos Árabes, Kirguistán o India. 

Las empresas europeas implicadas comparten un discurso común: condenan la invasión, aseguran cumplir las sanciones y no vender a Rusia, pero admiten que no pueden garantizar que sus productos no acaben allí. Algunas ni siquiera descartan que sus componentes lleguen ya montados dentro de electrodomésticos que después se desmontan para darles uso militar. Alex Prezanti, abogado internacional especializado en sanciones, describe el esfuerzo por sancionar a intermediarios como "un juego de golpear topos: puedes perseguir empresas, pero siempre vas un paso por detrás, porque pueden abrir diez nuevas cada día". 

Vladyslav Vlasiuk, comisario para la política de sanciones del Gobierno de Ucrania, describe el mecanismo: "Una empresa alemana envía algo a Turquía, de Turquía va a Hong Kong, de Hong Kong a China y de China a Rusia. Estas cadenas son extremadamente difíciles de identificar y desarticular". Para Vlasiuk, el punto débil son los propios fabricantes: "La respuesta de 'vendemos muchas piezas diminutas y no podemos controlar miles de componentes baratos' ya no sirve. Llevamos casi cuatro años", denuncia el ucraniano. 

¿Funcionan entonces las sanciones? Vlasiuk pone un ejemplo: Rusia no ha logrado aumentar la producción de misiles de crucero, estancada en unas 1.700 unidades anuales, porque no puede conseguir los componentes occidentales necesarios. Pero con los drones la historia es la opuesta: en 2025 se lanzaron más de 32.000 Geran-2, diez veces más que dos años antes.  "Usan menos tecnologías punteras y más componentes chinos, y eso es algo que han podido escalar", reconoce. La fuente del servicio de inteligencia europeo coincide: "China juega un papel importante pero discreto. Es el elefante en la habitación". 

El origen europeo no se limita a los componentes. Ivan Kirichevsky, experto en armamento del think tank Defense Express y miembro de las fuerzas armadas ucranianas, señala que el propio diseño del Shahed es "una copia directa" de Die Drohne Antiradar, un proyecto de la Alemania occidental de los años ochenta. Cuando cayó el muro de Berlín, los planos se dispersaron e Irán los aprovechó. "Incluso el motor es un clon del alemán y la electrónica prevista en el proyecto original es la misma que usa el Shahed moderno", resume. En resumen: un dron de fabricación rusa, con componentes chinos y europeos, basado en un diseño iraní creado a partir de un proyecto alemán.

A casi cuatro años de la invasión, el vigésimo paquete de sanciones de la UE se negocia en Bruselas. Preguntado por esta investigación, ​​David O’Sullivan, enviado europeo para sanciones, asegura que "no ignoraremos los casos en que nuestras sanciones sean eludidas sistemáticamente" y que la Comisión "está lista para reforzar las medidas cuando se identifiquen posibles lagunas". Pero mientras la Unión Europea promete actuar, los drones siguen cayendo. Y en el este de Kiev, Kavinova sigue pasando frío. "Cuando los técnicos reparan el daño, Rusia lanza un nuevo ataque, o se producen averías porque la red eléctrica está sobrecargada".

La búsqueda culmina en una prisión federal de la Florida, pero la justicia estadounidense toma un camino inesperado: Carmelo ha recuperado su libertad antes de tiempo.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Mientras el dinero corrupto se mueve por los hubs financieros globales, en 2017 Venezuela está en llamas. Decenas de miles de manifestantes toman las calles para oponerse a la corrupción, el autoritarismo y la crisis humanitaria. Con brutalidad, las marchas son reprimidas. Este episodio recoge los testimonios de algunas víctimas de las protestas que marcaron un pico muy alto de la deriva autoritaria de Venezuela.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Carmelo Urdaneta y un grupo de asesores financieros se reúnen en Madrid. Entre todos, diseñan una fina ingeniería para lavar el dinero saqueado sin ser detectados. La conversación está siendo grabada por un informante. Ese audio ofrecerá el raro privilegio de conocer cómo lavan la plata los lavadores.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Un equipo de reporteros viaja por Miami y Madrid para desandar los pasos del lavado de dinero. Mientras recorre propiedades de lujo, Laura explica la filigrana del caso Money Flight, una operación en la que se drenaron más de mil millones de dólares en Venezuela. 

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

La periodista Laura Weffer busca en Florida el rastro de Carmelo Urdaneta, un ex alto funcionario de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) involucrado en una trama corrupta. Al mismo tiempo, la historia retrocede al origen del desastre. Es el momento en que Hugo Chávez se enfrenta a la élite de la industria petrolera de su país.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Desde que hace más de un siglo se empezaron a perforar los yacimientos en las orillas del lago Maracaibo, el petróleo ha sido tanto una bendición como una maldición para Venezuela. El oro negro alimentó bonanzas y crisis. Impulsó el surgimiento de una clase media urbana y luego, también, la formación de una élite que saqueó la riqueza petrolera de la nación y amasó miles de millones mientras el resto del país se hundía en la pobreza.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha ocultado que la sed de petróleo impulsó la controvertida captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de su Administración. Con Maduro fuera y Trump tomando las decisiones, las reglas del petróleo venezolano se están reescribiendo una vez más y la pregunta, como siempre, es quién se beneficiará.

Mientras el mundo aguarda para conocer los planes de Trump y el nuevo régimen venezolano con las abundantes reservas de oro negro del país, OCCRP presenta un análisis a profundidad de la corrupción que desfiguró el sector petrolero en el pasado reciente con el lanzamiento de un nuevo podcast: Cuello Blanco, Manos Sucias.

Este podcast investigativo realizado por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer mientras rastrea a Carmelo Urdaneta, un exfuncionario del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que se encuentra en el centro de una conspiración para lavar miles de millones de dólares.

A lo largo de cinco episodios, el podcast revela cómo entre 2014 y 2018 un círculo de personas con información privilegiada saqueó millones de dólares de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y los gastó en propiedades inmobiliarias, yates y otros bienes de lujo.

Como parte de la investigación, los periodistas obtuvieron un audio secreto en el que se revelan con extraordinario detalle los mecanismos del lavado de dinero: sin saber que estaban siendo grabados, se puede escuchar a un grupo de financieros discutiendo con precisión cómo planean mover dinero sucio sin llamar la atención de bancos.

Detrás de estas artimañas financieras se esconde un inmenso sufrimiento personal. La serie también rastrea el costo humano de esta corrupción, incluyendo el exilio de Laura y las voces de venezolanos que luchaban contra una grave crisis económica mientras que los petrodólares saqueados eran blanqueados por especialistas en el extranjero.

La producción original de este podcast es en español. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos, OCCRP lo pone a disposición de un público más amplio y reprodujo la serie usando un traductor de inteligencia artificial. infoLibre ofrece en España la serie de los cinco capítulos en español.

En un chat encriptado de febrero de 2021, presuntos narcotraficantes de los Balcanes se jactaban de tener los derechos exclusivos para traficar cocaína disimulada en contenedores de plátanos exportados por la empresa familiar del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Un documento confidencial de la fiscalía de Croacia registró a dos personas, que usaban la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC y que solo son identificados por números PIN anónimos, alardeando de que "nadie más que ellos" tenía permiso para embarcar cocaína en los contenedores de Noboa Trading Co TCN SA.

Noboa Trading es parte de Noboa Corporation, un extenso imperio empresarial que produce plátanos bajo la marca 'Bonita y es' dirigido por la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Ni Noboa Trading ni la oficina del presidente Noboa respondieron a las solicitudes de comentarios de OCCRP, consorcio de investigación del que es socio infoLibre.

Mientras que los documentos de Croacia solo muestran PINs anónimos, el medio de investigación serbio KRIK —también socio de OCCRP— identificó a uno de los interlocutores gracias al cruce con documentos judiciales de otros casos en Serbia en los que los narcos también habían utilizado la aplicación Sky ECC. Se trata de Nikola Đorđević, una presunta figura del crimen organizado. La policía de Serbia lo busca actualmente por un caso de tráfico de cocaína distinto al de los cargamentos de Noboa Trading. 

Aunque no está claro exactamente cómo Đorđević y sus asociados habrían accedido a los contenedores de un importante exportador de frutas, existen pruebas de que su afirmación no era solo una fanfarronada.

En sus chats encriptados, los presuntos traficantes se refirieron a tres envíos específicos de cocaína y transmitieron detalles sobre las fechas, nombres de los barcos y números de contenedores. OCCRP ha cotejado los datos compartidos en esas conversaciones con envíos reales de plátanos de Noboa Trading utilizando registros de envío y datos de exportación.

Por ejemplo, mencionaron un cargamento de 430 kilos de cocaína oculto en el contenedor MEDU9747725, el cual dijeron que había salido de Ecuador el 25 de enero de 2021. Al consultar registros de envío y datos de exportación, los reporteros confirmaron que Noboa Trading efectivamente envió ese mismo contenedor en esa fecha.

Los tres cargamentos, que reporteros de KRIK, OCCRP y el Investigative Journalism Bureau examinaron en detalle, se mandaron desde el puerto ecuatoriano de Guayaquil. Todos habían ido a bordo del buque portacontenedores de bandera liberiana MSC Mirella a lo largo de un periodo de tres meses entre finales de 2020 y principios de 2021, antes de ser transferidos a otros barcos.

En total, contenían 535 kilos de cocaína, lo que puede alcanzar un valor en el mercado de al menos 26 millones de euros. El último de los envíos, que contenía 60 kilos de cocaína, fue incautado por autoridades croatas a principios de marzo de 2021, tras ser descargado en Ploče, un puerto en el mar Adriático, indica el documento de la fiscalía croata.

Mientras que el grupo de Đorđević se encargaba de cargar la cocaína en el punto de origen, archivos de la fiscalía croata revelan que otra banda de narcos de los Balcanes se encargaba de descargar la droga de los contenedores de Noboa Trading cuando llegaban a Croacia.

Esta cuadrilla estaba presuntamente liderada por Petar Ćosić, quien actualmente enfrenta un juicio en Croacia por organizar y liderar una organización criminal, por homicidio agravado y por tráfico de cientos de kilos de cocaína desde Ecuador, incluyendo droga hallada en los contenedores de plátanos de Noboa. Ćosić no ha contestado a las preguntas que OCCRP le ha hecho llegar a su abogado.

Esta nueva evidencia proporciona detalles sobre la creciente colaboración entre grupos criminales que trafican cocaína hacia Europa, y demuestra la facilidad con la que la exportación de bienes legales cotidianos puede verse afectada.

La cooperación parece ser parte de una tendencia más amplia hacia cadenas de suministro criminales modulares, afirma Anna Sergi, experta en crimen organizado y profesora de sociología en la Universidad de Bolonia.

En este caso, un grupo de presuntos traficantes de los Balcanes organizó la carga de la droga en contenedores en Ecuador, mientras que otra cuadrilla fue responsable de descargarla en Croacia, indican diversos documentos legales.

"Hay grupos que se especializan en el relleno en origen (origin stuffing), en la logística marítima o en la distribución local, y luego venden o intercambian esas capacidades", dijo Sergi a OCCRP.

Las pruebas obtenidas por OCCRP y KRIK muestran además que la cadena de mando criminal del grupo que descargó la cocaína en Croacia no terminaba en Ćosić. Al cruzar documentos judiciales croatas con documentos adicionales de un caso en Serbia, esta investigación pudo comprobar que Ćosić recibía órdenes a través del servicio de mensajería encriptada Sky ECC de una figura criminal de muchos más quilates: el capo Darko Šarić. 

Šarić, originario de Montenegro y quien cumple una condena por tráfico de cocaína, enfrenta actualmente un juicio en Serbia por lavado de dinero y por organizar cuatro asesinatos, entre otras acusaciones.

Los fiscales serbios han acusado a Šarić de haber seguido al mando de una organización criminal desde la cárcel por medio de la aplicación Sky ECC. Šarić niega estas acusaciones. Su abogado, Dalibor Katančević, ha asegurado que la celda de Šarić ha sido registrada innumerables veces sin que se hayan encontrado evidencia de dispositivos para comunicarse.

"Estoy seguro de que en todos los archivos de la fiscalía y del tribunal a los que se refieren, no pudieron haber encontrado ninguna prueba indiscutible de que Darko Šarić esté conectado con ninguno de los individuos mencionados, ni con ninguno de los presuntos envíos", señaló Katančević.

Esta nueva revelación llega en un momento incómodo para el presidente Noboa, quien se ha presentado como un combatiente de la lucha antidrogas, y que a principios de este año pidió a los ejércitos de Estados Unidos y Europa unirse a su "guerra" contra los que llamó "narcoterroristas".

"Las revelaciones exponen un conflicto de intereses masivo para un presidente que ha basado toda su carrera política en una narrativa de combate a la violencia y freno a la influencia corrosiva de los cárteles de la droga", dijo Jake Johnston, director de investigación internacional en el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR).

En marzo de este año, la revista colombiana Raya reveló que entre 2020 y 2022 la policía incautó casi 700 kilos de cocaína en tres contenedores de plátanos de Noboa Trading en el puerto ecuatoriano de Guayaquil.

Durante un debate presidencial a principios de este año, la candidata de oposición Luisa González le preguntó de manera repetida sobre la publicación de Raya al presidente Noboa, quien entonces buscaba su reelección.

"Investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan drogas en cajas de banano de la empresa del señor Daniel Noboa hacia Croacia e Italia”, dijo González sobre la empresa familiar del presidente.

El presidente Noboa rechazó las acusaciones, indicando que la compañía había cooperado en cada caso y que los funcionarios de Noboa Trading habían sido exonerados "de cualquier acto ilícito". También negó tener alguna participación personal en la empresa: "No, no soy el dueño, pero sí están miembros de mi familia en esa empresa”.

Durante el debate presidencial a principios de este año, el presidente Noboa afirmó que no estaba involucrado personalmente con la empresa bananera que comparte su apellido, pero los registros de la empresa y el propio sitio web de la presidencia muestran vínculos históricos con él y relaciones actuales con su familia.

El padre del presidente Noboa, Álvaro Noboa, quien se postuló sin éxito a la presidencia de Ecuador cinco veces, encabeza tanto Noboa Corporation como Noboa Group, las empresas matrices de un vasto conglomerado empresarial que incluye a Noboa Trading, según las páginas web tanto de Álvaro Noboa como de la empresa.

Antes de convertirse en presidente, Daniel Noboa trabajó en Noboa Corporation, donde llegó a ser el director naviero más joven de la historia de la compañía, indica el sitio web de la presidencia.

Roberto Jorge Ponce Noboa, primo de Álvaro Noboa, era el CEO de Noboa Trading en el momento en que los tres envíos identificados por OCCRP y KRIK llegaron a Croacia, según documentos de la empresa y medios locales.

Noboa Trading es por su parte propiedad de otras dos empresas: el accionista mayoritario Lanfranco Holding SA, registrado en Panamá, y la firma ecuatoriana Inmobiliaria Zeus SA.

Debido a que Panamá permite a las empresas mantener a sus accionistas en el anonimato, no fue posible determinar quién posee actualmente Lanfranco Holding, pero un documento de 2015 de la filtración de los Pandora Papers muestra que ese año Álvaro Noboa transfirió la propiedad de la firma a dos de sus hijos: Daniel y Juan Sebastián.

Para 2021, Inmobiliaria Zeus era propiedad de otras empresas registradas en las Bahamas y Panamá. Aunque su propietario mayoritario está oculto, entre los accionistas de Inmobiliaria Zeus en 2021 se encontraban cuatro empresas y 12 individuos, incluida la tía del presidente Noboa, Isabel Noboa Pontón, y varios primos.

Tanto Lanfranco Holding como Inmobiliaria Zeus también poseen otras firmas vinculadas a la familia Noboa. Inmobiliaria Zeus, por ejemplo, es accionista de Noboapallets SA., mientras que Lanfranco Holding es accionista de otras 45 empresas agrícolas, navieras, de embalaje y de fertilizantes conectadas con la familia Noboa.

Aunque no hay evidencia de que Noboa Trading estuviera al tanto del contrabando oculto en sus contenedores de plátanos, Anna Sergi —la experta en crimen organizado— señaló que los hallazgos sugieren vulnerabilidades sistémicas en el principal puerto de Ecuador: controles débiles, contratación opaca de empacadores externos y prácticas informales en las puertas que crean oportunidades para la captura criminal.

"[El chat descifrado] no prueba por sí mismo la participación de la gerencia de la empresa. Pero sí indica con fuerza que alguien con control sobre el proceso físico de carga de contenedores y salida es cómplice o ha sido captado por criminales", explica Sergi.

Aunque un contratista de Noboa Trading responsable de realizar inspecciones antinarcóticos ha sido objeto de procedimientos judiciales al menos cuatro veces, esta persona nunca ha sido inculpada.

Los registros de embarque muestran que Firma Leon Van Parys NV, una empresa de frutas inscrita en Amberes que es el mayor comprador de plátano para el mercado croata, fue consignataria en uno de los envíos y la parte notificada en los otros dos. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios de OCCRP.

La naviera MSC dijo a OCCRP que permanece firmemente opuesta al comercio de cocaína y continúa intensificando sus esfuerzos de seguridad. "En los últimos años, la industria del transporte marítimo de línea ha mejorado drásticamente su capacidad para detectar cargamentos de drogas ilegales como las mencionadas en el informe gracias a los avances en tecnología y asociaciones efectivas con las autoridades aduaneras", indicó MSC en una respuesta por correo electrónico. "El panorama hoy es muy diferente".

Como el mayor exportador de plátanos del mundo, los envíos de la fruta tropical a través de los concurridos puertos de Ecuador, como Guayaquil, son un objetivo atractivo para los traficantes de cocaína.

A principios de este año, el Defensor del Pueblo de Ecuador afirmó en una entrevista con la Deutsche Welle que hasta el 70% de las drogas consumidas en Europa se exportan ahora desde Ecuador. Aunque Bélgica, los Países Bajos y España siguen siendo los principales puntos de entrada de cocaína a Europa, la mejora en la intercepción ha llevado a los traficantes a utilizar con más frecuencia puertos secundarios más pequeños.

Así como las bandas de los Balcanes han ganado una posición creciente en el negocio, Croacia, con sus seis puertos comerciales, se ha convertido en un destino más popular.

Al ser el cuarto mayor exportador de plátanos de Ecuador, los contenedores de Noboa Trading terminaron en el centro de este fenómeno. Entre 2014 y 2024, la empresa y sus marcas asociadas, como Bonita, exportaron 190 millones de dólares de la fruta a Croacia, uno de sus mercados clave.

"Cuanto más envías a esa región, mayor es la probabilidad de que los contenedores estén contaminados", dijo Bruce Goldberg, un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que trabajó en Ecuador media década.

"Y Ecuador envía plátanos a todas partes. A todas partes".

El equipo de R&D contribuyó a este reportaje.

En una tarde crepuscular a finales de septiembre, un grupo de hombres vestidos con trajes a medida y camisas impecables, con pesados relojes brillando en sus muñecas, se reunió en una azotea de Marbella. Por la forma en que fumaban puros y hacían girar licores en vasos de tallo corto, podría haber sido cualquier fiesta privada y lujosa de la ciudad costera española.

Pero se trataba de una ocasión especialmente exclusiva: los invitados habían conseguido una de las apenas 25 plazas disponibles para la primera cata europea del nuevo tequila de Tristan Tate. En los vídeos del evento que circulan en redes sociales se ve a Tate conectándose por videollamada, sonriente con un traje burdeos, invitando a los asistentes a un brindis.

Los hermanos Tate, británico-estadounidenses, siguen siendo figuras influyentes en el centro de la llamada “manosfera” o “machosfera”, un ecosistema difuso de comunidades masculinas en internet que ha ganado una enorme audiencia entre hombres jóvenes y adolescentes, y que ha sido duramente criticado por denigrar y demonizar a las mujeres. (También enfrentan cargos por trata de personas y violación en el Reino Unido y están siendo investigados penalmente en Rumanía por trata y por formar un grupo criminal organizado —acusaciones que ellos niegan rotundamente–).

Ahora, en Marbella, la manosfera está echando raíces en el mundo real.

A través del análisis de conexiones en redes sociales, emprendimientos empresariales y eventos públicos y privados, esta investigación ha descubierto que la soleada ciudad de la Costa del Sol —célebre como refugio de famosos, oligarcas y crimen organizado— se ha convertido en un imán para influencers masculinos y autodenominados emprendedores, incluidos varios del círculo personal y profesional de los Tate.

Algunos de los miembros de esta comunidad son visitantes habituales de Marbella, mientras que otros se han mudado allí definitivamente. Además de aparecer como invitados en el contenido digital de unos y otros —incluidas entrevistas mutuas para podcast y vídeos— también hacen networking en la vida real en eventos sociales y empresariales. Algunos han expresado abiertamente opiniones misóginas; otros han dado plataforma a quienes las expresan. Usan Marbella, y su reputación de glamour y riqueza, para potenciar sus marcas personales.

“No es casualidad que esto esté ocurriendo en un lugar como Marbella, donde el estatus económico y las demostraciones de poder forman la columna vertebral de las relaciones sociales”, afirma Jesús Moreno, psicólogo social y responsable de participación social de la Fundación Iniciativa Social en Sevilla. La organización se centra, entre otros temas sociales, en la igualdad de género.

Moreno subraya que, aunque las comunidades sociales exclusivamente masculinas no son nada nuevo —desde grupos de caza hasta clubes deportivos—, el peligro aquí es que terminen reforzando las ya tóxicas ideas de la manosfera. “Estas interacciones corren el riesgo de endurecerse en dinámicas de tipo sectario que refuercen continuamente sus narrativas misóginas y antifeministas”, aseguró.

Las figuras de la manosfera en Marbella investigadas en este reportaje promueven principios de autoayuda que incluyen la forma física y la importancia del éxito financiero logrado por uno mismo. Pero algunos también caen en referencias misóginas hacia las mujeres en su contenido público: “puta”, “chocho”, “cosa”.

Su incursión en Marbella se produce en un contexto de preocupación en España por la entrada de la misoginia en el discurso público dominante.

La formación de extrema derecha Vox es ahora la tercera fuerza política en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía. Como parte de su programa, ha dicho que la pionera ley española de violencia de género, que busca proteger a las mujeres frente a la violencia por parte de parejas o exparejas, debe revertirse porque discrimina a los hombres.

La activista feminista andaluza Pamela Palenciano señala la violencia de género como uno de los principales puntos de conexión entre la manosfera online y la extrema derecha española. “‘La violencia no tiene género’, ‘las mujeres también maltratan’, ‘hay víctimas masculinas de las que nadie habla’, ‘la ley es injusta’, son algunos de los mensajes que impulsa la extrema derecha”, explica. “Todo eso lo replican los youtubers, que encienden a sus jóvenes seguidores, y esos chavales repiten el mismo discurso en sus colegios”.

Situada entre los escarpados relieves de la Sierra Blanca y largas franjas de costa mediterránea, Marbella adquirió fama de glamour y celebridad en los años cincuenta y sesenta, cuando estrellas de Hollywood como Audrey Hepburn o Cary Grant frecuentaban el icónico hotel Marbella Club.

Desde entonces, se dice que actores, deportistas y músicos de talla mundial han adquirido propiedades allí, aunque también ha crecido la reputación de la ciudad como centro de actividad criminal. Un exagente de policía español que trabajó más de 20 años en crimen internacional describió Marbella como “el Wall Street del crimen organizado” en una entrevista concedida al Diario Sur a principios de este año, afirmando que cualquier organización criminal que se respetara debía tener un puesto avanzado allí.

Andalucía abolió su impuesto sobre el patrimonio en 2022, allanando el camino para inversores, incluidos extranjeros. Marbella y su localidad vecina, Benahavís, cuentan ahora con seis de las diez calles más caras de España, según la web inmobiliaria Idealista. Se dice que en un nuevo complejo diseñado por Dolce & Gabbana, situado en las colinas que dominan la “Milla de Oro” costera de Marbella, se han vendido viviendas multimillonarias sobre plano.

Elisa García Mingo, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo trabajo se ha centrado en la manosfera en España, afirma que Marbella encaja con la estrategia de los creadores de contenido, que necesitan ser vistos en los lugares adecuados: “Marbella es donde ha vivido la jet set española y extranjera durante 50 años. Es el sitio de los ricos, de los ultrarricos, y es un lugar de ostentación”.

La fiesta del tequila de Tristan Tate tuvo lugar en las colinas situadas detrás de Puerto Banús –famoso por su puerto deportivo repleto de yates–, en una terraza que forma parte de un nuevo club privado abierto por un amigo de Andrew Tate llamado Luke Barnatt.

Este exluchador británico de artes marciales mixtas se ha descrito a sí mismo como parte del “liderazgo” del War Room de Tate, que se define como “una red global en la que modelos de individualismo trabajan para liberar al hombre moderno de la reclusión inducida socialmente” y a la que cuesta casi 8.000 dólares unirse.

Barnatt organiza con frecuencia reuniones de aficionados al cigarro para emprendedores en la terraza donde se celebró la fiesta del tequila. Las suscripciones a este club cuestan hasta 300 euros al mes y ofrecen “una plataforma exclusiva de formación en la que aspirantes a expertos y aficionados experimentados forjan conexiones poderosas alrededor de los mejores puros del mundo”. La web recibe a los visitantes con el mensaje: “Bienvenido a la hermandad”.

El acceso a la terraza también forma parte de los paquetes de afiliación de Marbella Casa Creative, otro club solo para miembros que Barnatt anunció en enero. Promete una “comunidad de visionarios”, con membresías anunciadas entre 6.000 y 25.000 euros. Entre los miembros que aparecen públicamente figura el actor porno retirado Stirling Cooper, que se describe como “el coach sexual número 1 del mundo para hombres” y tiene casi 400.000 suscriptores en YouTube.

Cooper fue criticado recientemente por sus comentarios sobre cómo “disciplinaba” a las mujeres con las que salía. Una investigación de The Sydney Morning Herald y The Age señaló que vídeos, fotos y relatos internos situaban a Cooper en reuniones clave de neonazis en Australia y que formaba parte de una campaña de captación dirigida a hombres jóvenes. Ha aparecido en vídeos con los hermanos Tate y ha sido fotografiado con Luke Barnatt en sus viajes a Marbella.

Barnatt y otro británico, Bradley Marchant —que se describe en LinkedIn como estratega de crecimiento empresarial y figura como miembro de Casa Creative—, han lanzado recientemente una serie de proyectos en Marbella, incluido un café, un estudio de podcast y una productora de cine llamada A Beautiful Kill.

Cooper, Barnatt, Marchant y los hermanos Tate no han respondido a las preguntas que les ha hecho llegar esta investigación.

También estuvo en el lanzamiento del tequila de Tate en Marbella Gabriel Rapisarda, que dirige la empresa suiza de bebidas que distribuye el tequila de Tristan Tate y una marca de cerveza de otra conocida figura de la manosfera, el luchador irlandés de MMA Conor McGregor. A pesar de que su carrera está marcada por la violencia fuera del ring, Marbella acogió a McGregor el año pasado como anfitrión de un evento del Bare Knuckle Fighting Championship.

Desde entonces, un jurado lo ha declarado responsable de agresión sexual en un caso civil. Andrew Tate calificó el veredicto del jurado como “una mierda” y posteriormente respaldó la efímera candidatura del luchador a la presidencia irlandesa. McGregor perdió en julio su apelación contra el veredicto.

McGregor y Rapisarda tampoco han contestado a las preguntas que se les han formulado.

Junto a Barnatt, Marchant y Rapisarda, en la fiesta del tequila había sobre todo hombres afincados en Marbella, no españoles, que encarnaban esa idea de éxito que promueven figuras de la manosfera como los Tate, centrada en el dinero y la apariencia. Uno de los invitados ofrecía cursos que prometían hacerse rico y escapar de la rutina gracias al forex trading; otro se presentaba como un “closer” y presumía de poder cerrar acuerdos de miles de euros en solo dos días. También había un entrenador personal y un sastre a medida.

Los influencers masculinos y emprendedores de Marbella utilizan lo que Marie Heřmanová, antropóloga social e investigadora de la Universidad College de Londres, describe como una fórmula probada para crear una comunidad que se autopromociona. “Los influencers cooperan estratégicamente: forman núcleos, aparecen en los podcast de otros y crean un ecosistema mediático paralelo que evita el periodismo tradicional. Eso los hace extremadamente eficaces”, dice.

Para otros, Marbella es un atajo simple para transmitir lujo y éxito. El joven influencer británico Harrison Sullivan, conocido en redes como HSTikkyTokky, utilizó Marbella como escenario glamouroso hasta su detención en el Reino Unido, en octubre, en relación con un accidente de tráfico cuando conducía un superdeportivo McLaren.

Sullivan recibió este mes por parte de un tribunal británico una condena de 12 meses de prisión, en suspenso tras declararse culpable de conducción temeraria y conducir sin seguro. Está obligado a cumplir un toque de queda durante tres meses y lleva un dispositivo electrónico. También está siendo investigado en España por agredir con un vaso a un hombre en una discoteca.

Sullivan había ganado seguidores en internet con vídeos sobre fitness y sobre cómo conseguir dinero y sexo en los que se refería a las mujeres como “cosas”.

La antropóloga social Heřmanová explica que envolver la misoginia en el lenguaje de la autoayuda se ha convertido en una parte extendida y normalizada de la “manosfera”. “Tate fue la punta de lanza más radical, pero cuando su lenguaje entró en el discurso dominante, ya no le hizo falta. Él hizo visible y mainstream la cultura misógina e hipermasculina de los influencers, aunque muchos ahora lo consideren demasiado radical”, afirmó. Y añade: “Los influencers intervienen con promesas alternativas: si te esfuerzas, te haces rico, dominas a las mujeres, entonces puedes vivir una buena vida”.

El agente inmobiliario Jesse Meester, afincado en Marbella, un actor holandés que apareció en el reality estadounidense 90-Day Fiancé, presenta un podcast sobre salud, negocios y lecciones de vida que incluye tanto invitados hombres como mujeres. Pero también cae en representaciones de la mujer que son un pilar de algunas comunidades de la manosfera. En un episodio junto a Luke Barnatt, ambos conversan distendidamente sobre cómo los “hombres de alto valor” se dejan engañar por las mujeres y no establecen estándares suficientemente altos al elegir pareja. Barnatt advierte de que una relación no debería ser con “una puta que vaya a quitarte todo”. (Al ser preguntado por si respaldaba esta afirmación o si la consideraba misógina, no hubo respuesta). En el episodio, más adelante , un Meester serio lamenta cómo a menudo los hombres “quedan absolutamente destruidos o toman malas decisiones vitales por culpa de una mujer, por culpa de un coño”.

Meester, que tiene 1,3 millones de seguidores en Instagram y cuya inmobiliaria homónima anuncia propiedades de hasta 8,5 millones de euros, habló abiertamente con los reporteros en Marbella sobre diversos temas, desde su trayectoria profesional hasta su fe en Dios y sus valores fundamentales. Dijo estar en desacuerdo con la actitud de Andrew Tate hacia las mujeres porque priorizaba “el placer sobre la responsabilidad” y criticó a los hombres que controlan el dinero de sus parejas —pero también dijo que la culpa era de las propias mujeres por permitirlo–. “Es manipulación financiera o abuso, dicen algunos. Pero no estoy de acuerdo porque la mujer también elige eso. Así que si eliges a un hombre que te hace eso, en realidad no es abuso”, afirmó Meester.

Meester no respondió a las preguntas posteriores sobre si consideraba que su comentario en el podcast o sus observaciones a los reporteros habían sido misóginos.

Desestimar el abuso y la violencia contra las mujeres —incluida la narrativa de que las denuncias falsas son generalizadas— es un mensaje promovido por algunas figuras y grupos de la manosfera. Andrew Tate ha dicho que las mujeres tienen parte de responsabilidad por permitir que las violen.

Estudios recientes han indicado una creciente apatía y pesimismo entre los hombres jóvenes en Europa, así como una creencia cada vez mayor de que la búsqueda de igualdad para las mujeres ha terminado discriminando a los hombres.

Zuzana Očenášová, investigadora de la Academia Eslovaca de Ciencias que estudia la igualdad de género, asegura que los influencers están explotando una profunda crisis de identidad a medida que los roles masculinos se diversifican: “Mientras algunos pueden ver esto como una oportunidad para desarrollar su potencial, ya que no tienen que tratar de encajar en una caja predeterminada, otros pueden verlo como inquietante, al percibir que se les imponen expectativas diversas y, a menudo, contradictorias”.

Algunas figuras prominentes de la manosfera, incluido el exkickboxer Andrew Tate, promueven la fuerza física como una vía para que los hombres retomen el control de sus vidas y encuentren propósito y estructura. Las playas de Marbella, sus gimnasios al aire libre y sus pulidos clubes deportivos hacen de la ciudad un destino acorde con ese mensaje.

El influencer y emprendedor británico Mike Thurston, que tiene 1,6 millones de suscriptores en YouTube y 1,3 millones de seguidores en Instagram, además de una plataforma de entrenamiento y una línea de ropa, se ha grabado a sí mismo sin camiseta levantando pesas en Marbella.

Aunque su foco principal es el fitness, Thurston también ha realizado dos entrevistas virales con Andrew Tate, la segunda publicada en Dubái a principios de 2025. La entrevista tiene lugar en el Bugatti de Tate y abarca temas que van desde sus opiniones sobre la política europea hasta su respuesta a las acusaciones penales en su contra.

“Una vez que deciden acabar con un hombre, llaman a 100 exnovias o a 100 mujeres que conociste y solo necesitan un 1% de posibilidades. Solo necesitan una de esas cien. Una de cada mil. Pueden conformarse con una tasa de éxito del 0,1%. Si consiguen que una zorra tonta mienta, ya estás jodido. Es una locura porque el 27% de las mujeres toman antidepresivos. Porque están básicamente clínicamente locas. Así que 27 de esas cien ni siquiera pueden pensar con claridad porque están drogadas”, le dice Tate a Thurston.

Como en gran parte de la manosfera, el acceso al conocimiento especializado de Thurston y la oportunidad de codearse con personas afines tiene un precio.

Thurston ha organizado retiros empresariales en Dubái y Marbella que se promocionan como encuentros entre emprendedores para hacer contactos y fijar objetivos. Una promoción de su Marbella Mastermind fijaba el coste de asistencia en 9.000 libras (unos 11.800 dólares).

Un influencer y amigo de Thurston, el emprendedor irlandés Rob Lipsett —que dirige un programa online de fitness, negocios y coaching vital—, también celebró en junio de este año un encuentro de mastermind –un retiro o reunión exclusiva de networking, envuelto en lenguaje aspiracional y selecto– en una lujosa casa de Marbella, que prometía acceso a una “comunidad élite” de líderes del sector e inversores.

Thurston y Lipsett aparecen como miembros del club privado Marbella Casa Creative. Ninguno ha respondido a las preguntas enviadas.

Lipsett, que según se informa es amigo de Conor McGregor y ha tenido como invitados en su podcast a Meester, Barnatt y Cooper, publicó recientemente que planea más encuentros presenciales en el futuro. “Da la sensación de que todo lo que publicas online de repente se vuelve real cuando estás en la misma habitación”, escribió en LinkedIn. “Si quieres ponerte en forma o empezar realmente a ganar dinero online en lugar de simplemente deslizar el dedo todo el día, es aquí donde ocurre”.

Una fundación de asistencia jurídica respaldada por el Kremlin ha estado operando dentro de Ucrania, según correos electrónicos filtrados que describen trabajos para elaborar informes para las autoridades rusas sobre supuestos “crímenes de guerra” cometidos por las fuerzas armadas ucranianas, y para asesorar a hombres sobre cómo evitar ser reclutados.

La información se encontró entre decenas de miles de correos electrónicos y documentos filtrados obtenidos por la emisora pública danesa DR, que los compartió con OCCRP y otros socios, incluido el proyecto ucraniano de investigación Schemes.

Los correos electrónicos filtrados muestran que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia financió a la Fundación para el Apoyo y la Protección de los Derechos de los Compatriotas Residentes en el Extranjero, o “Pravfond”, según una información de Schemes, proyecto que forma parte del servicio ucraniano de RFE/RL (Radio Free Europe/Radio Liberty).

Los hallazgos coinciden con el proyecto Dear Compatriots de OCCRP, basado en una filtración anterior de correos de Pravfond, que revelaba una maquinaria de influencia destinada a movilizar a los rusos en el extranjero en favor de los objetivos de Moscú.

Bajo el paraguas de la “asistencia jurídica”, Pravfond ha impulsado durante años la agenda del Kremlin en todo el mundo: financiando la defensa legal de presuntos espías y criminales, respaldando medios de propaganda y trabajando codo con codo con operativos de inteligencia.

El nuevo conjunto de correos internos revela una red de abogados ucranianos que supuestamente colaboraban con Pravfond, principalmente a través de un intermediario, según informó Schemes.

Algunos de ellos trabajaban en un supuesto “Centro de Consultoría Jurídica” en la capital ucraniana, Kiev, que presuntamente contaba con el respaldo de Pravfond. El centro habría preparado informes para las autoridades rusas sobre presuntos “crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania” y “violaciones de los derechos de las personas de habla rusa”, citando a estos abogados.

Schemes habló con los abogados, quienes negaron haber recibido fondos de Rusia o haber cooperado con Pravfond, a pesar de aparecer mencionados en solicitudes de subvención encontradas en las comunicaciones filtradas.

Un informe independiente adjunto a uno de los correos filtrados enumeraba el trabajo de sitios web de “asesoría jurídica” que frecuentemente tratan cuestiones relacionadas con la “salida por frontera” y la “prórroga del reclutamiento”.

Los informes formaban parte de un proyecto que Pravfond etiquetó como “Dirección Ucraniana”, supervisado desde Moscú según un informe que la fundación preparó para el ministerio ruso.

Una de las personas que supervisaba el proyecto era un ciudadano ucraniano llamado Yevhen Baklanov, cuyo paradero se desconoce actualmente. Es buscado por las fuerzas del orden ucranianas desde 2022 y está siendo juzgado en ausencia por traición, según informó Schemes. Los expedientes del caso recogen que dirigía una organización “utilizada para encubrir legalmente trabajos de inteligencia y reclutamiento entre ciudadanos prorrusos de Ucrania”.

Una solicitud de financiación de 2025 encontrada en los correos filtrados de Pravfond y firmada por Baklanov buscaba más de 3 millones de rublos (37.200 dólares) para “asistencia jurídica a compatriotas en Ucrania”. Se preveía que los abogados recibieran 720.000 rublos cada uno (unos 8.800 dólares) por preparar informes para el parlamento ruso y el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre abusos de derechos contra personas que viven en Ucrania. El dinero también se destinaba a consultas públicas con rusoparlantes en Ucrania y a la gestión de asuntos legales.

Registros bancarios obtenidos por Schemes muestran que Baklanov recibió este año tres partes que suman casi 5 millones de rublos (53.900 dólares), y 7,5 millones de rublos (80.900 dólares) en 2024.

Mientras la Unión Europea ha sancionado a Pravfond, en Ucrania las acciones contra la fundación expiraron después de tres años y no fueron renovadas el año pasado.

El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo a Schemes que estaba “tomando medidas respecto a la información proporcionada en su solicitud”, en referencia a la supuesta red de abogados en Ucrania presuntamente respaldada por Pravfond.

Un contrato encontrado en la nueva filtración indica que Pravfond se financia a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, aunque la filtración no contiene pruebas concluyentes de que el dinero fuera efectivamente transferido. A la fundación se le asignaron 180 millones de rublos para 2025 y 182 millones para 2026, unos 2,2 millones de dólares al año.

Este artículo apareció originalmente en la web de la red OCCRP.

En el último mes, infoLibre ha revelado que varios médicos inhabilitados en Reino Unido han trabajado posteriormente en la sanidad española, algunos de ellos incluso en la pública. Tras esos hechos desvelados en el marco de la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español) —coordinada por OCCRP, The Times y VG,—, la duda que surge es: ¿cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en España sin ningún tipo de problema?

El Ministerio de Sanidad ha reconocido, en respuesta a consultas de infoLibre, que no lo sabe. Este medio preguntó: "¿Tiene constancia el ministerio de cuántos médicos con inhabilitaciones o sanciones en otros países tienen actualmente colegiación en España?". El departamento dirigido por Mónica García respondió que "no se tiene constancia". 

La excusa dada por Sanidad para desconocer esa información es "que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) continúa con su implementación y todavía no se ha incorporado la totalidad de los datos". El REPS es un sistema gestionado por el ministerio en el que las comunidades autónomas, los centros sanitarios y las organizaciones y colegios médicos deben subir información sobre los profesionales sanitarios que trabajan en España.

Tal y como explicó infoLibre, debía estar operativo en 2018, pero aún a día de hoy sigue faltando información en el mismo. Por ello, el Ministerio de Sanidad no sabe cuántos médicos han sido inhabilitados en España y, según reconoce ahora, tampoco cuántos médicos inhabilitados en otro país ejercen en el nuestro.

De todos modos, la explicación del ministerio resulta sorprendente en tanto que la información sobre inhabilitaciones en el extranjero no llega a través de lo que vuelcan esos otros organismos españoles en el REPS, sino que es el propio ministerio quien la recibe a través de otro mecanismo. Se trata del sistema de Información del Mercado Interior (IMI), un aplicativo informático utilizado por los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) para, entre otras cuestiones, lanzar alertas cuando inhabilitan o sancionan con una suspensión del ejercicio a un profesional sanitario.

El IMI tampoco se ha implementado de la mejor forma posible y, de hecho, no todos los países envían las alertas que deberían, pero el principal problema en España se da con la posterior custodia de la información. El Ministerio de Sanidad integra la información que recibe en el REPS y la remite a la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), la organización que agrupa a los colegios de médicos españoles —existe uno por provincia—. 

Después, la OMC - CGCOM es la que se encarga de avisar a los colegios provinciales en caso de que alguno de esos médicos sancionados pueda estar colegiado en nuestro país. En ese proceso, se han dado casos en los que el colegio provincial en el que el médico sancionado en el extranjero estaba colegiado no había llegado a saber de esa sanción previamente. Aun así, para la mayoría no se conoce siquiera si el colegio estaba al día de esa inhabilitación porque no ha accedido a aclararlo.

infoLibre ha preguntado también al ministerio por qué no se ha hecho esa investigación o estimación a través de la información que llega de alertas de otros países y si se piensa hacer en un futuro. Sanidad no ha aclarado nada más sobre esa supuesta imposibilidad para conocer el número exacto de médicos inhabilitados en el extranjero que pueden ejercer en España.

Este medio hizo llegar las mismas preguntas a la OMC - CGCOM. La organización simplemente contestó: "No deben estar colegiados si tienen una inhabilitación. Es necesario un certificado de idoneidad profesional". Pero el problema en España es otro.

Los Estados de la UE para colegiar a un médico le exigen un certificado de idoneidad si ya está trabajando en otro país. Ese documento lo expide la autoridad médica del Estado donde ya está colegiado para acreditar que el doctor es apto para ejercer y no tiene sanciones. Pero la cosa se complica cuando un médico está colegiado en dos países.

En ese caso, puede ser sancionado o inhabilitado en uno de los Estados, pero como ya está colegiado en otro, se puede ir a trabajar a ese sin necesidad de volver a colegiarse y, por tanto, sin que nadie le pida un certificado de idoneidad. Ese tipo de casos son los que se han producido en España, tal y como han demostrado infoLibre y Bad Practice.

Quien sí ha realizado una investigación para saber cuántos médicos inhabilitados en otros países tenían entre sus doctores es el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). Uno de los casos revelados por infoLibre ha sido el del doctor Jorge Horacio Esbry, que tras ser inhabilitado en Reino Unido por mala praxis e insinuaciones sexuales a una paciente, había seguido trabajando en Murcia y Alicante.

Esbry estaba colegiado en Alicante. El colegio ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle provisionalmente. Además, el COMA ha hecho una investigación para "verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia".

No solo eso. Tras la investigación de este medio, el COMA ha trasladado a infoLibre su intención de modificar los estatutos del colegio para dar mayor publicidad a las inhabilitaciones y sanciones médicas, asunto sobre el que pesa una gran opacidad en España. También tiene la pretensión de poner impedimentos para que no se puedan producir este tipo de casos.

De hecho, su intención es homologar la sanción de Esbry en Reino Unido para que tampoco pueda ejercer en nuestro país. Además, en España existe al menos un precedente como este caso y también relacionado con el COMA. El colegio ya expulsó a un médico tras haber sido inhabilitado en el extranjero —en ese caso, en Alemania—. 

El COMA alegaba que como un doctor no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país —ya que no se le expediría el certificado de idoneidad—, en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España. La razón sería que no cumpliría los requisitos que se piden para poder colegiarse y, por tanto, su registro  previo no sería válido.

El médico inhabilitado en Alemania recurrió la decisión del COMA de expulsarle y en 2011 un juzgado resolvió dando la razón al colegio. La Justicia falló que el médico había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

Habrá que ver si el caso de Esbry termina de la misma forma y acaba habiendo jurisprudencia al respecto. En cualquier caso, sin una investigación oficial previa —que por ahora, ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM pretenden hacer— que determine cuántos médicos inhabilitados en el extranjero están trabajando en España, tampoco se puede saber en cuántos casos se podría actuar de esta forma. De hecho, de los distintos casos revelados por Bad Practice en nuestro país por ahora solo ha habido consecuencias para Esbry.

Además, mientras en Europa distintos Gobiernos han anunciado medidas para que el sistema funcione mejor a nivel internacional y dejen de darse este tipo de situaciones, en España ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM han comunicado nada similar. Ni públicamente ni ante las múltiples preguntas que les ha hecho llegar infoLibre.

Natalia Prego y Ángel Ruíz-Valdepeñas fundaron durante la pandemia Médicos por la Verdad, que hoy es ya una de las principales organizaciones negacionistas de España. Tanto Médicos por la Verdad como Prego y Ruíz-Valdepeñas se dedicaron a desinformar y difundir teorías de la conspiración durante los peores momentos del covid-19. Los dos eran doctores, pero él fue sancionado y ella no. ¿La principal diferencia entre ambos? Que cada uno estaba colegiado en una provincia distinta.

Los médicos en España necesitan estar colegiados para poder ejercer. Pero no existe un único colegio, sino que hay uno por provincia. En total, 52. Se agrupan en la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), pero cada colegio tiene potestad para tomar sus propias decisiones y marcar sus reglas y normas. Y las sanciones médicas no son una excepción.

Los colegios provinciales establecen su régimen disciplinario y se encargan de sancionar (o no) a los médicos que cometen alguna infracción. Los colegios son también quienes deciden qué consideran infracción y qué no, algo que suelen desarrollar en sus estatutos.

Esa autonomía de cada colegio provincial y la falta de transparencia que hay en España con las sanciones médicas generan una falta de control sobre las inhabilitaciones y suspensiones a doctores. Los problemas de coordinación son habituales. La sociedad no puede fiscalizar si los médicos sancionados están cumpliendo con las penalizaciones que se les han impuesto y ni siquiera el Ministerio de Sanidad tiene el listado completo de los médicos que tienen prohibido ejercer.

La investigación Bad Practice (Mala praxis en español), de la que forma parte infoLibre, ha revelado cómo más de 100 doctores tienen permiso para ejercer en algún país europeo tras haber sido inhabilitados en otro. Pero los mencionados desajustes en España provocan también situaciones como que haya médicos inhabilitados que han logrado saltarse la sanción y los controles dentro del territorio nacional, simplemente marchando a trabajar a otra provincia distinta de la que están colegiados.

Además, los criterios de un colegio de médicos y otro para sancionar pueden ser completamente distintos. Ruíz-Valdepeñas, como ya ha explicado infoLibre, fue inhabilitado durante seis años por el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) en 2021 por postular la negación de la pandemia y alentar a no cumplir con las medidas recomendadas para frenar el covid-19. El COMIB consideró que había tenido actitudes que suponían "un importante riesgo para la salud pública" —aunque la sanción ahora mismo está paralizada, después de que el facultativo la recurriera, a espera de decisión judicial—.

El propio colegio anunció esa suspensión temporal. El COMIB es una excepción en la opacidad española con las sanciones médicas, ya que el resto de colegios no acostumbra a publicar ni difundir el nombre de los médicos a los que sanciona. El colegio balear sí lo hace para las sanciones por infracciones graves. Pero cada colegio es autónomo y actúa según su propio criterio. De hecho, así lo demuestra la comparación entre los casos de Ruíz-Valdepeñas y Prego.

La doctora Natalia Prego está inscrita en el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra (CMPONT). Su colegio también informó públicamente sobre su caso al inicio de 2021. El CMPONT difundió que había acordado remitir a la OMC - CGCOM el expediente abierto a Prego para que se resolviera a nivel estatal debido "al alcance y a la repercusión que en diferentes medios de comunicación nacionales y redes sociales han tenido las declaraciones [de la doctora]".

El CMPONT había abierto un expediente a Prego por realizar "declaraciones presuntamente negacionistas sobre el covid-19" y "poner en entredicho las distintas medidas de las autoridades sanitarias". Los motivos alegados eran los mismos que el COMIB con Ruíz-Valdepeñas. Pero Prego se salvó de la sanción.

La OMC - CGCOM concluyó que no tenía competencias sobre la posible infracción de Prego y que tenía que ser su colegio quien decidiera. El CMPONT, finalmente, no resolvió el expediente. Según ha explicado a infoLibre, porque "pasó la pandemia y el boom de todo este tema, así que fue perdiendo fuerza y quedó en nada". La decisión de la OMC de devolver el expediente al CMPONT y la del CMPONT de no resolverlo y no imponer ninguna sanción no fueron comunicadas públicamente.

Lo cierto es que la OMC - CGCOM no tiene competencias para sancionar a los médicos, que dependen de sus colegios provinciales. La organización estatal solo tiene potestad cuando los posibles infractores son miembros de las juntas directivas u órganos de gobierno de los distintos colegios. Los estatutos del Colegio de Médicos de Pontevedra tampoco recogen la posibilidad de derivar un expediente a la OMC. 

Prego y Ruíz-Valdepeñas, por su parte, siguen con sus labores en la actualidad. Ella sin haber sido sancionada y él a la espera de que la Justicia decida si la suspensión que le impuso el COMIB se convierte en firme. Prego está completamente volcada en Médicos por la Verdad. Ahora tienen en marcha una campaña de petición de donativos para convertir la organización en una fundación. 

Ambos médicos han seguido desinformando y difundiendo mensajes negacionistas. Ruíz-Valdepeñas, además, ofrece consultas por su propia cuenta con un amplio catálogo de pseudoterapias y supuesta medicina alternativa. El doctor ha sido incluso investigado por homicidio imprudente después de que falleciera un bebé en un parto que él mismo asistió en un domicilio particular.

Ruíz-Valdepeñas y Prego demuestran cómo las sanciones médicas en España dependen de la normativa, la forma de actuar y la predisposición que tenga cada colegio de médicos. De todos modos, aunque cada organización decida qué tipo de régimen disciplinario establece para sus propios colegiados, se apoyan en las líneas generales que marca la OMC - CGCOM en sus estatutos. Varios colegios parten de estos para redactar los suyos propios, incluido el apartado disciplinario. 

De hecho, los estatutos de las organizaciones provinciales están supeditados jurídicamente a los de la OMC. Aun así, cada colegio adapta, modifica, amplía o personaliza lo que considera. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid recoge como una falta grave el impago "de dos o más trimestres de las cuotas colegiales". En cambio, los de Pontevedra, Barcelona o Valencia no recogen ningún tipo de falta similar.

Lo mismo sucede con mentir en el currículum. Mientras el Colegio de Médicos de Navarra, el de Baleares o el de Valencia consideran una falta grave que un doctor indique "una competencia o título que no se posee", otros, como el de Barcelona, el de Almería o el de Vizcaya, no recogen nada similar.

Eso sí, el Colegio de Médicos de Vizcaya aprobó unos nuevos estatutos en 2024 y su régimen disciplinario ahora va más allá que la mayoría en cuanto a la lucha contra el negacionismo y las pseudoterapias. Así, entre las faltas muy graves recoge "ofrecer prácticas inspiradas en el charlatanismo, carentes de base y autorización científica, que prometan a las y los pacientes, o a sus familiares, curaciones imposibles" o "proponer o aconsejar actuaciones contrarias a las recomendaciones médicas científicamente aceptadas".

A pesar de las diferencias en las faltas establecidas en unos estatutos y otros, muchos colegios recogen también fórmulas genéricas como "la infracción negligente de las normas deontológicas" —en el de Valencia— o "las simples irregularidades en la observación de la normativa profesional vigente" —en el de Navarra—. Ese tipo de indicaciones les permite sancionar por infracciones que no vengan recogidas de forma expresa en los estatutos. 

Luis Calvo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario, explica a infoLibre que se hace para "poder sancionar otras cosas, sobre todo si están ya recogidas en el código deontológico". "Es lo que en derecho se conoce como tipificación por remisión y es algo habitual. Una norma, en este caso los estatutos, tipifica una infracción si te saltas otras normas. No hace falta llevarlo todo a los estatutos porque si no el régimen disciplinario sería una norma muy larga".

A este problema de que determinadas actuaciones solo sean consideradas como infracciones por algunos colegios, se suma la falta de transparencia en este asunto, como ya ha explicado infoLibre. En España no se puede saber quiénes son los médicos sancionados ni a qué colegio pertenecen. Por tanto, es imposible fiscalizar cuántas sanciones impone cada colegio, de qué tipo son o por qué motivos.

Esa falta de transparencia impide saber si hay colegios que no están poniendo sanciones o comprobar si hay médicos suspendidos o inhabilitados en nuestro país que han marchado al extranjero a trabajar. Pero esos fallos no solo se producen de cara al exterior. También pasa dentro de nuestras fronteras.

El traumatólogo Luis Santiago Mesa empezó a trabajar para el Servicio Canario de Salud en 2016. No hubo ningún problema con su contratación ni saltó ninguna alerta. Otro médico se dio cuenta de que Mesa, debido a una sentencia judicial, estaba inhabilitado desde 2012 hasta 2017 y denunció el caso. La Consejería de Sanidad de Canarias lo despidió, pero el médico llegó a trabajar durante 15 días en la sanidad pública de las islas a pesar de su inhabilitación.

Para evitar este tipo de casos las Administraciones disponen de acceso al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), que gestiona el Ministerio de Sanidad. Se creó a partir de un decreto ley de 2012. Debía estar operativo en 2018, pero no se cumplió con el plazo que marcaba la ley. De hecho, no llegó a abrirse a la ciudadanía hasta 2022 y, a día de hoy, aún hay problemas porque no tiene la información de todos los sanitarios ni de todas las comunidades autónomas, lo que ahonda en la falta de control de las sanciones médicas.

Las comunidades pueden ver en el sistema si un sanitario tiene alguna sanción, pero únicamente si esa información ha sido incluida. Al no estar completo, un caso como el de Mesa podría llegar a repetirse. De hecho, la Consejería de Sanidad madrileña denunció en declaraciones a infoLibre que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" que avise de si un doctor tiene una inhabilitación o sanción en España o en el extranjero. Esa es, precisamente, una de las finalidades del REPS, pero ni contiene todas las sanciones que se han impuesto en territorio nacional ni incluye las extranjeras. 

El propio ministerio ha reconocido en declaraciones a infoLibre que el registro aún se está implementando. La Comunidad de Madrid realizó esa queja cuando infoLibre le preguntó por el caso de la doctora Claudia Loren Martínez Higueros, que, a pesar de haber sido inhabilitada en Reino Unido tras equivocarse en dos operaciones y mentir para ocultarlo, ha podido trabajar posteriormente en la sanidad pública española —incluida la madrileña— sin problema.

Para la doctora Martínez Higueros no ha habido consecuencias en España. El Colegio de Médicos de Navarra, donde está registrada, no ha hecho nada al respecto. El organismo tampoco ha contestado a infoLibre, a pesar de que este medio lleva más de un mes contactándole y haciéndole llegar distintas consultas.

Para quien sí las ha habido es para el doctor Jorge Horacio Esbry. Este cirujano fue inhabilitado en Reino Unido, al igual que Martínez. Ambos siguieron trabajando en España tras esa sanción, tal y como ha revelado la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español), coordinada por OCCRP, The Times y VG, y llevada a cabo por 50 medios entre los que se encuentra infoLibre.

La diferencia es que Esbry está colegiado en Alicante. El colegio de esa provincia ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle de forma provisional mientras la Justicia se pronuncia al respecto. La intención es poder homologar su inhabilitación de Reino Unido en nuestro país para que aquí tampoco pueda seguir ejerciendo.

Pero lo que ha pasado con Esbry es una excepción. infoLibre ha desvelado varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que ejercen en España. Solo el Colegio de Médicos de Alicante ha tomado medidas y, por ello, Esbry es el único que ha tenido que afrontar consecuencias en nuestro país. De nuevo, cada colegio ha actuado según su propio criterio.

En una fresca mañana sin nubes, al amanecer del pasado diciembre, las autoridades detectaron dos lanchas rápidas que transportaban varios paquetes grandes en la desembocadura del río Guadalquivir, en el suroeste de España.

Los agentes de la Guardia Civil siguieron la carga río arriba, unos 60 kilómetros, hasta una finca custodiada por guardias armados en la localidad de Coria del Río, a las afueras de Sevilla.

Durante el registro de la finca, la Guardia Civil afirmó haber descubierto dos contenedores de transporte enterrados bajo tierra. Al abrir una escotilla en la parte superior, hallaron siete toneladas métricas de cocaína, con un valor estimado en la calle de unos 420 millones de euros.

Uno de los fardos de cocaína recuperados por la Guardia Civil mostraba un emoji de un diablo tocando la guitarra.

Aunque esta incautación estuvo lejos de ser la mayor registrada en España, revela cómo los traficantes están adaptándose a la intensificación de los controles en los principales puertos europeos utilizando puntos de desembarco alternativos y escondiendo sus mercancías en un mercado saturado de cocaína.

El aumento desmesurado del cultivo de coca, la transformación de las redes criminales y el uso creciente de "narcosubmarinos" y "camuflaje químico" son algunos de los factores que, en conjunto, han generado un exceso masivo de cocaína en Europa.

Sumado a la feroz competencia entre traficantes, este exceso ha provocado que el precio mayorista de la cocaína caiga a mínimos históricos en muchos países, hasta el punto de que algunos traficantes consideran que venderla ya no resulta rentable.

"Existe una mayor competitividad y más margen de maniobra para las empresas criminales", explicó César Álvarez Velásquez, investigador de la Fundación Innovación para el Desarrollo, un centro de estudios colombiano. "Los que están en la cima de la pirámide se han vuelto muy eficientes, con una alta capacidad para mitigar riesgos, escalar rápidamente y ofrecer precios muy competitivos".

Pero mientras los consumidores han disfrutado de un leve aumento en la pureza, el precio en la calle de la cocaína se mantiene prácticamente igual. En lugar de trasladar el ahorro al cliente, las redes de narcotráfico han comenzado a acumular grandes cantidades de cocaína, con el objetivo de restringir la oferta y permitir que los precios mayoristas se recuperen.

A través de entrevistas con más de una docena de altos responsables de la lucha antidroga y expertos en narcóticos de Europa y América Latina, OCCRP ha reconstruido el panorama cambiante del narcotráfico para explicar por qué algunas bandas están literalmente enterrando su 'nieve de Florida'.

"Hay enormes reservas acumuladas. Existen casos en España donde la cocaína está enterrada en búnkeres bajo tierra", señaló Robert Fay, jefe de la unidad de drogas de Europol. "Todo el mundo se pregunta: '¿Qué demonios ha pasado?'".

La primera pieza del rompecabezas se encuentra al otro lado del Atlántico, en las selvas de Colombia, el mayor productor mundial de coca, la planta a partir de la cual se fabrica la cocaína.

La superficie dedicada al cultivo de coca en ese país sudamericano aumentó casi dos tercios entre 2018 y 2023, alcanzando las 253.000 hectáreas —aproximadamente el tamaño de Luxemburgo— según los últimos datos disponibles de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Durante ese mismo periodo, la producción potencial aumentó más del doble, llegando a 3.708 toneladas métricas, el equivalente al peso de unos 300 autobuses de dos pisos, según datos de la UNODC.

En consecuencia, el precio de la hoja de coca cayó drásticamente hasta unos cinco dólares por arroba (una medida colombiana equivalente a unos 12,5 kilos) en 2024, frente a los 18 dólares de dos años antes, informó la Agencia de Desarrollo Rural de Colombia.

El auge de la producción se debe principalmente a tres factores: políticas fallidas, innovación agrícola concentrada en zonas específicas y la aparición de una constelación de pequeños grupos armados enfocados en las ganancias más que en la política.

Antes del histórico acuerdo de paz de 2016 con el mayor grupo rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Gobierno, por una decisión en los tribunales, ordenó la suspensión de la fumigación aérea de cultivos de coca con herbicidas tóxicos.

"Con menos presión, los campesinos ya no tienen que gastar tiempo y recursos en replantar, sino que pueden invertir en mejorar sus cultivos, en agroquímicos, en seleccionar plantas y consolidar lo que ya tienen", explicó Ana María Rueda, coordinadora de análisis de política de drogas en la Fundación Ideas para la Paz.

Al mismo tiempo, el programa gubernamental de sustitución de cultivos resultó contraproducente. Agricultores que nunca habían cultivado coca empezaron a hacerlo para poder acceder a subsidios que les pagarían por sembrar otro cultivo alternativo.

También comenzaron a plantar nuevas variedades de coca de alto rendimiento, que pueden cosecharse varias veces al año, incrementando notablemente la producción potencial.

"[Alrededor del] 90% de los cultivos se ha concentrado en los mismos lugares durante una década. Esto ha permitido consolidar redes, intercambiar semillas, experiencias, conocimientos, técnicas… y eso impacta en la productividad", dijo Rueda.

Candice Welsch, representante de la UNODC para la región andina, declaró en una conferencia de prensa el año pasado que ahora se puede obtener el doble de coca de la misma parcela que hace una década, según informó Bloomberg.

Además, el vacío dejado por las FARC, que antes regulaban el mercado e imponían controles de precios, permitió la entrada de otros grupos armados que introdujeron técnicas de procesamiento más eficientes y un mercado competitivo que abarató los precios en origen.

Por último, los enormes excedentes del producto acumulados durante la pandemia de COVID-19 —cuando el tráfico disminuyó pero la producción continuó— están alimentando "una oferta prácticamente inagotable" en toda Sudamérica, dijo Juliana Grotz, portavoz de la fiscalía de Múnich.

Los productores han bajado los precios para mover mercancía como sea, explicó Alberto Morales, jefe de la brigada antidroga de la Policía Nacional: "Si guardan la mercancía, solo pueden pasar dos cosas: o se la roban, o la policía la incauta".

Sí, y lo están consiguiendo. Por séptimo año consecutivo, los Estados miembros de la UE confiscaron una cantidad récord de cocaína en 2023.

Bélgica, España y los Países Bajos se mantuvieron a la cabeza de las incautaciones, lo que refleja su papel como principales puntos de entrada de la cocaína que llega a Europa. España, además, registró el año pasado su mayor decomiso de la historia: 13 toneladas escondidas en un cargamento de plátanos procedente de Ecuador.

"La cocaína es como el agua: siempre encuentra su camino", afirmó Martin Van Nes, fiscal nacional para el tráfico de cocaína en los Países Bajos.

A pesar de los esfuerzos récord de las autoridades en los últimos años, solo una fracción de la cocaína introducida de contrabando llega a ser interceptada.

"En España, el 80% de la cocaína se incauta en contenedores. Y solo se inspecciona el 10% de los contenedores. Así que haz las cuentas", comentó un alto oficial antidroga en Cataluña.

La mayor parte de la cocaína que llega a las costas europeas lo hace directamente por mar, oculta entre los millones de contenedores que cruzan cada año los principales puertos del continente. Pero eso está empezando a cambiar.

Gracias a la intervención de dos plataformas de mensajería encriptada —Sky ECC y Encrochat—, junto con controles fronterizos más estrictos, los funcionarios europeos incautaron un récord de 419 toneladas métricas de cocaína en 2023, aproximadamente el peso de un Boeing 747 completamente cargado.

Sin embargo, el éxito fue efímero. Al año siguiente, las incautaciones en los puertos de Amberes y Róterdam se desplomaron, incluso cuando el consumo de cocaína seguía aumentando, como lo demuestra la mayor presencia de residuos de cocaína en las aguas residuales de las principales ciudades europeas.

"La intervención en estas plataformas de comunicación creó una disrupción en el tráfico, así que la red tuvo que adaptarse", explicó Fay, de Europol.

La mejora en las intercepciones en los grandes puertos ha obligado a los narcotraficantes a encontrar métodos innovadores para evadir la detección: usar puntos de tránsito alternativos, puertos más pequeños, embarcaciones semisumergidas conocidas como "narcosubmarinos", trasbordos en alta mar, aviones y camuflaje químico.

África Occidental ha pasado de ser un simple punto de tránsito a convertirse en un centro logístico. La corrupción y la débil aplicación de la ley en países como Sierra Leona, Senegal, Guinea-Bisáu y Cabo Verde permiten ocultar el origen de los envíos, dificultando el rastreo y la incautación una vez que la droga llega a la Unión Europea.

Las fuerzas de seguridad dijeron a la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional que creen que casi un tercio de la cocaína europea ya pasa por el Golfo de Guinea, y que esa proporción podría llegar a la mitad para 2030.

"Hay factores estructurales que mantienen a África Occidental atractiva a largo plazo", señaló Kars de Bruijne, jefe del programa del Sahel en el Instituto Clingendael, un centro de estudios neerlandés.

"Se están mejorando significativamente las infraestructuras y las conexiones con los mercados globales, y existen estructuras políticas que facilitan la protección del crimen organizado internacional", añadió.

Los envíos se desvían luego a puntos de desembarco en Europa menos vigilados, según los funcionarios europeos.

"Las organizaciones no son tontas. Si golpeas un puerto todo el día, se moverán a otro", dijo Morales, de la Policía Nacional.

"Los colombianos lo llaman el efecto globo: aprietas un lado y se infla por otro".

Una parte importante del tráfico está utilizando ahora las viejas rutas del contrabando de hachís desde Marruecos, o bien se recoge la droga en barcos pesqueros y narcosubmarinos en el Atlántico, lejos de la costa, explicó Morales.

"Los narcos lanzan la cocaína al mar, y luego es recuperada por lanchas rápidas que remontan el Guadalquivir y dejan la cocaína en las orillas", añadió.

Uno de los cambios más significativos en los últimos años ha sido la fragmentación y descentralización de la cadena de suministro, lo que ha agilizado los procesos y reducido los costes.

"Ya no es el cartel quien controla toda la cadena de la A a la Z, sino varios grupos especializados en una fase concreta del suministro", explicó Yasmine Salhi, economista del Observatorio Francés de Drogas y Adicciones. "Están muy profesionalizados en una sola tarea".

Estos grupos suelen operar en pequeñas células que forman alianzas entre sí, en lugar de estructuras jerárquicas clásicas, dijo Fatjona Mejdini, investigadora de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

"Como resultado, hay células que operan, por ejemplo, en América Latina, de las que antes nadie había oído hablar y que ahora resultan ser bastante poderosas", señaló Mejdini.

Varios de los grupos que han ganado peso en el comercio internacional son bandas albanesas y de habla eslava procedentes de los Balcanes Occidentales.

No solo compran directamente a grupos sudamericanos —especialmente en Ecuador—, sino que han ampliado sus envíos de varias toneladas a través de Brasil y África Occidental, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

Brasil no cultiva coca, pero un acuerdo entre su mayor sindicato criminal, el Primeiro Comando da Capital (PCC), y organizaciones mafiosas como la ’Ndrangheta italiana y los clanes montenegrinos Kavač y Škaljari, sostiene actualmente una parte significativa del flujo de cocaína con destino a Europa.

El PCC trafica la droga a través de Brasil y ofrece su red logística y de contactos a otros, actuando como un intermediario confiable entre productores y traficantes para garantizar que ninguna de las partes sea estafada, explicó Gabriel Feltran, profesor del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po).

"El PCC funciona como una plataforma, en el mismo sentido que Uber o Airbnb… dentro de una estructura empresarial que permite a muchos emprendedores independientes conectarse", dijo Feltran.

Las autoridades sospechan que técnicas de ocultamiento más sofisticadas también podrían explicar la disminución de incautaciones en los grandes puertos.

"Están buscando el motivo, y no lo saben", comentó Laurent Laniel, analista de la EUDA. "Existen hipótesis; una de ellas es el camuflaje químico".

Aunque el método predominante sigue siendo el transporte de cocaína ya procesada en fardos de un kilo, los traficantes emplean diversas técnicas de ocultamiento para evitar la detección, según un informe de 2024 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

El camuflaje físico consiste en lavar la base de cocaína —un extracto parcialmente procesado— en ropa o cartón, o mezclarla con sustancias como café, fertilizante o carbón, explicó la DEA.

Una prueba que respalda esta hipótesis es el aumento del número de laboratorios de cocaína descubiertos en Europa en los últimos años, indicó Janneke Hulshof, especialista en narcóticos del Instituto Forense de los Países Bajos.

En estos laboratorios, la droga oculta se extrae de su material portador mediante químicos como sosa cáustica, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y distintos disolventes.

El camuflaje químico, en el que la cocaína se altera a nivel molecular, es aún más difícil de detectar, ya que puede integrarse en plásticos o metales. Las pruebas normales, que se tornan azules cuando hay presencia de cocaína, no la identifican. "Ese color azul simplemente no aparece", explicó Hulshof. "Ya no se reconoce como cocaína".

La península ibérica —pero también países como Bélgica, Países Bajos y Alemania— muestra un ligero aumento en los decomisos de laboratorios de extracción o reprocesamiento de cocaína, o ambos, añadió Fay, de Europol.

Expertos colombianos en narcotráfico han dicho a Europol que creen que alrededor del 20% de la cocaína enviada a Europa desde Colombia ya se está traficando mediante camuflaje químico, dijo Fay.

"Nunca antes el crimen organizado había tenido tanto capital disponible para invertir en corrupción… [y] en mejores métodos de ocultamiento", afirmó Daniel Brombacher, quien lidera el trabajo de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en Europa.

Los precios varían ampliamente en Europa, pero las autoridades de varios países señalaron que el precio mayorista de la cocaína se ha reducido aproximadamente a la mitad en el último año, mientras que los precios al por menor se mantienen prácticamente iguales.

La economía del mercado ilícito no siempre funciona como la de los bienes legales. Los expertos explican que la caída de los precios mayoristas ha incrementado ligeramente la pureza del producto en la calle, pero no ha afectado su coste final.

"El precio de las drogas está regulado en cierta medida por el corte", indicó Ramón Chacón, jefe de investigación criminal de la policía catalana, refiriéndose al nivel de pureza del producto.

En el caso de la cocaína, el precio en la calle depende más del riesgo percibido de arresto o violencia que del coste mayorista, según la UNODC.

Hace poco más de un año, un bloque de un kilo de cocaína costaba cerca de 30.000 euros en los Países Bajos, comentó el fiscal Van Nes. Según sus fuentes, ahora ronda los 15.000 euros. Funcionarios de España, Alemania y Europol reportan cifras similares.

"Uno de nuestros informantes nos dijo que los traficantes están diciendo: 'No trafico por menos de 12.000 euros el kilo, porque las cuentas no me salen'", explicó el jefe antidroga Morales.

Ante esta situación, los traficantes están acumulando la mercancía para forzar una subida de precios, añadió Morales.

En la página web del Ayuntamiento de Coria del Río se invita a los visitantes potenciales a descubrir "nuestra particular historia, a gente acogedora, una rica gastronomía y a que disfrutes con nosotros de sus bellos lugares a riberas del Guadalquivir".

No menciona que su ubicación junto al río también la convierte en un lugar conveniente para descargar y esconder fardos de cocaína mientras se espera a que los precios mayoristas vuelvan a subir.

Más de 100 médicos han sido inhabilitados en España desde 2010 debido a lo que los colegios de médicos consideran faltas graves o muy graves. Así lo ha podido averiguar infoLibre tras varias solicitudes de acceso a la información pública. Estos datos nunca se habían publicado. Hasta ahora.

En nuestro país, ni la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ni el Ministerio de Sanidad ni los colegios de médicos —hay uno por provincia— difunden las identidades de los facultativos inhabilitados. Hay alguna excepción, pero lo habitual es que estas sanciones se produzcan sin que ni siquiera la ciudadanía se entere. 

Ahora, la investigación Bad Practice (Mala praxis en español) revela, al menos, las cifras que maneja la OMC - CGCOM, que recopila la información de estas sanciones después de que se las notifiquen los colegios provinciales. Son 126 doctores los que han sido suspendidos en los últimos 15 años. ¿Pero quiénes son?

No hay respuesta. Ante las solicitudes de información que ha realizado infoLibre, al amparo de la ley de transparencia y en el marco de la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—, tanto la OMC - CGCOM como el Ministerio de Sanidad se han negado a hacer públicos sus nombres.

Hay una excepción, el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB), que sí informa sobre los médicos a los que inhabilita. Pero esto no es lo habitual. La razón de los colegios de médicos para ocultar la identidad de los doctores sancionados es la protección de sus datos personales.

Los actores implicados en las inhabilitaciones son multitud: la OMC - CGCOM, el Ministerio de Sanidad, los colegios provinciales, las comunidades autónomas —que tienen las competencias de sanidad transferidas— o incluso la Justicia —que también puede decretar ese tipo de sanciones—. Pero, más allá de la OMC - CGCOM, ningún otro organismo agrupa todas las suspensiones que se imponen a los médicos en nuestro país, y mucho menos, publica la información. 

El Ministerio de Sanidad aseguraba a infoLibre el pasado mes de mayo que en ese momento solo tenía constancia en su registro de 14 facultativos inhabilitados. A la OMC - GCCOM le constan más de 100 desde 2010, pero eso no significa que todos sigan suspendidos. Esta operativa hace muy complicado saber cuántos doctores sancionados hay en España en un determinado momento, quiénes son y qué ha sido de ellos. La fiscalización, a diferencia de en otros países europeos, es casi tarea imposible.

A pesar de las trabas y la opacidad, infoLibre ha podido confirmar ya varios casos de médicos inhabilitados en Reino Unido que están ejerciendo en España. Pero encontrar casos a la inversa —facultativos inhabilitados en España que se han ido a atender a otros lugares— es más complicado por esa ocultación de su identidad.

En el caso de la excepción del COMIB, sus estatutos ya recogen que "las faltas graves serán sancionadas con amonestación pública". Otros colegios, como el de Madrid, el de Granada o la propia OMC, aunque estipulan que "en caso de sanción por falta muy grave que afecte al interés general se podrá dar publicidad" o fórmulas similares, no acostumbran a hacerlo.

En 2021, el COMIB suspendió al doctor Ángel Ruíz-Valdepeñas. En 2023, a la doctora Nadiya Papel. Ambos son célebres negacionistas. Ruíz-Valdepeñas fue dado de baja de colegiación durante seis años por negar el covid-19 en redes sociales y medios de comunicación y alentar a incumplir con las medidas sanitarias recomendadas durante la pandemia, entre otros motivos. "Ha promovido acciones contrarias a la evidencia científica, así como una inadecuada praxis profesional", resolvió el COMIB.

Papel, por su parte, también ha pronunciado declaraciones controvertidas sobre el coronavirus y contra las vacunas, pero fue expulsada del colegio por promocionar como soluciones médicas productos como "lejía, agua oxigenada o disolvente industrial" para pacientes con cáncer.

Pero más allá de excepciones como las inhabilitaciones del COMIB, pocos casos de médicos sancionados en España tienen nombre y apellido. ¿No existen doctores con infracciones tan graves como las de Ruíz-Valdepeñas y Papel? Sí. Entre el centenar de médicos inhabilitados seguramente habrá situaciones de igual, o incluso mayor, gravedad. Pero en la mayoría de casos no se puede saber quiénes son ni por qué fueron sancionados.

Los colegios de médicos establecen en sus estatutos el régimen disciplinario que imponen a sus colegiados. Normalmente recogen tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Entre las leves se encuentra, por ejemplo, no comunicar la información profesional de forma adecuada al colegio.

Entre las graves, infringir el secreto profesional, emitir informes faltando a la verdad o actuar indisciplinadamente respecto al colegio. Por último, entre las faltas muy graves está atentar contra la dignidad de los pacientes, desatender intencionadamente a los enfermos o cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito doloso —aquel cometido con conocimiento de causa—. 

Los médicos que han sido inhabilitados por los colegios son los que han cometido alguna falta grave o muy grave. Esos dos tipos de infracciones se sancionan, normalmente, con una inhabilitación temporal, conocida también como suspensión temporal del ejercicio profesional, que puede extenderse de unos meses a unos años. La inhabilitación permanente, conocida también como expulsión del colegio, se da, según recogen los estatutos de la mayoría de colegios provinciales, cuando hay una "reiteración en la comisión de faltas muy graves".

Pero no solo los colegios pueden suspender a un médico. También lo puede hacer la Justicia en los casos en los que sus acciones sean constitutivas de delito. Normalmente el tribunal que toma una decisión de este tipo lo notifica al colegio provincial donde el médico estaba registrado y ese colegio, a la OMC. Por tanto, esos casos también deben estar incluidos en la contabilización de la OMC - CGCOM. Sin embargo, en ocasiones también es complicado conocer cuáles han sido los doctores sancionados por la Justicia porque las sentencias en España se publican anonimizadas.

Los casos de inhabilitación contabilizados y recopilados por la OMC - CGCOM incluyen tanto las inhabilitaciones permanentes como las temporales. La organización no ha accedido a aclarar cuántos casos corresponden a cada tipo de sanción a pesar de que las solicitudes de infoLibre pedían ese desglose.

Pero no recoge solo 126 inhabilitaciones. En realidad, la OMC - CGCOM tiene contabilizadas casi medio millar. ¿Cuál es el problema? La forma de actuar del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) en 2012, que desvirtúa la estadística.

Ese año la OMC - CGCOM contabilizó 359 inhabilitaciones, cuando el promedio anual del resto de ejercicios es de ocho. 355 de las 359 corresponden al colegio de Madrid. En 2012, la doctora Sonia López Arribas fue escogida presidenta del ICOMEM. Tras ello, la organización inhabilitó a 355 médicos que no estaban al corriente de pagos.

Ahora, el ICOMEM ya no utiliza ese tipo de sanción, destinada a las infracciones más graves, para los médicos en situación de impago. Tampoco es una causa habitual de inhabilitación en los colegios de otras provincias. Por ello, para tener en cuenta únicamente las inhabilitaciones por infracciones médicas graves o muy graves, hay que descontar esos 355 casos. Lo que resulta en el dato de 126 doctores suspendidos desde 2010.

Sin contar 2012, el récord se dio en 2019, con 13 inhabilitaciones. En lo que va de 2025 se han decretado ocho. infoLibre ha podido conocer el dato de las inhabilitaciones del ICOMEM en 2012, pero para el resto de ejercicios se desconoce el desglose por colegios provinciales. La OMC - CGCOM no ha facilitado ese detalle, solicitado por este medio. La organización alega que informar de cuántos médicos han sido inhabilitados y desglosarlo para cada colegio provincial podría permitir que alguien identificara quiénes son y quedara, así, desprotegida su identidad.

Esa protección de los datos personales es la máxima de la mayoría de colegios de médicos y del propio ministerio. Pero no conocer quiénes son los médicos suspendidos también impide saber qué están haciendo a día de hoy: si realmente están cumpliendo con la sanción, si siguen ejerciendo pero en otro país, si han cambiado de profesión…

Bad Practice ha revelado que más de 100 doctores inhabilitados en algún país europeo cuentan a día de hoy con permiso para ejercer en otros Estados. Algunos de ellos fueron sancionados en el extranjero y ahora trabajan en España. Pero por esa falta de transparencia de las Administraciones españolas, no se ha podido comprobar si también hay médicos inhabilitados en nuestro país que han utilizado la misma treta y ejercen en otros lugares.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Sanidad si se plantea algún cambio normativo para que las sanciones a los doctores en España empiecen a ser públicas, igual que sucede en países como Reino Unido, Suecia o Noruega. El ministerio ha asegurado que ese cambio "requeriría una norma con rango de ley que estableciera expresamente los supuestos, finalidades, destinatarios y salvaguardas aplicables" de un posible registro de inhabilitaciones, pero no ha aclarado si tiene intención de llevarlo a cabo.

A pesar de esa posible necesidad de una ley, que, en cualquier caso, por lo menos serviría para reforzar la base legal para hacer públicas las inhabilitaciones, ya hay instituciones como el COMIB anunciando las sanciones más graves con la identificación del doctor afectado. El Colegio Oficial de Médicos de Baleares detalla a infoLibre que actúa de esta forma porque "es obligación del colegio velar no solo por la buena praxis médica, sino por el bien de toda la sociedad y de los ciudadanos".

"Nosotros entendemos que es importante decir quiénes son los médicos a los que se inhabilita para que se les pueda fiscalizar y la sociedad sepa quiénes son. Nuestros casos surgieron a raíz de la pandemia y hay una doctora que ha ido más allá con tratamientos con lejía para el cáncer. Eso afecta a los pacientes y a la sociedad. No podemos ocultarlo, es una realidad que está ahí y hay que denunciarlo", explica el COMIB.

"Allí donde es público quien incumple, y hablamos de infracciones graves, las cosas funcionan mejor. Es una de las mejores maneras de proteger y promover servicios de calidad. ¿Por qué nos sigue resultando tan difícil señalar a quien incumple?", reflexiona Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia.

La publicación de las inhabilitaciones a doctores ayudaría a su fiscalización e incluso a evitar que se salten los controles y sigan ejerciendo. La publicidad de estas sanciones en Reino Unido ha permitido que Bad Practice e infoLibre revelaran que varios médicos inhabilitados en ese país ahora atienden a pacientes en España.

Del mismo modo, se han conocido casos de médicos inhabilitados en nuestro país que han seguido ejerciendo dentro de nuestras fronteras. Como el doctor mallorquín Mateu Verd Vallespir, que a pesar de estar inhabilitado por la Justicia por negligencia médica en una liposucción que acabó con el fallecimiento de la paciente, entre otros motivos, continuó con su desempeño profesional. Tal y como explicó el Diario de Mallorca, cuando ya estaba suspendido de colegiación, realizó una operación de cirugía estética a otra paciente que también falleció y fue detenido por ello.

Algo similar pasó con Ruíz-Valdepeñas. Su caso acabó en la Justicia, ya que recurrió la inhabilitación del COMIB. A día de hoy hay dos procesos penales abiertos al respecto y hasta que los tribunales decidan no se sabrá si la suspensión del colegio de médicos se convierte en firme, así que ha podido seguir ejerciendo. De hecho, ha asistido partos a domicilio. Uno de esos partos, en Ibiza, acabó con el fallecimiento del bebé. Por ello ha sido investigado por homicidio imprudente. 

Tanto en el caso de Ruíz-Valdepeñas como en el de Verd, la ciudadanía se enteró de que no se estaban cumpliendo las sanciones cuando hubo consecuencias fatales para los pacientes y su mala praxis llegó hasta la Justicia y saltó a la prensa. Pero, ¿qué están haciendo el resto de médicos inhabilitados? ¿Cuántos han seguido ejerciendo en España? ¿Alguno está colegiado en el extranjero y atiende a pacientes en otro país? No se puede saber.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha suspendido al doctor Jorge Horacio Esbry. Así lo ha confirmado el propio COMA ante las preguntas de infoLibre. El colegio le ha abierto un expediente disciplinario, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante y le ha suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión médica al considerar "que se ha podido cometer un ilícito penal y una infracción del código deontológico y de los estatutos del COMA" al ejercer en España mientras pesaba sobre él una inhabilitación en Reino Unido.

infoLibre ha revelado durante las últimas semanas, en el marco de la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que no han tenido problema para seguir ejerciendo en España. Uno de ellos es Jorge Horacio Esbry, que, al menos por ahora, no podrá seguir haciéndolo.

El facultativo, de origen argentino, trabajaba para una clínica de Londres desde 2015. En 2017 atendió a una paciente a la que intentó besar. También le profirió improperios verbales con intención sexual y le puso unos nuevos implantes mamarios en contra de la voluntad de la mujer —ella solo quería retirarse los que ya tenía—. Estas son solo algunas de las infracciones que quedaron probadas según el tribunal médico de Reino Unido que llevó el caso.

El tribunal, del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) —el organismo que se encarga de resolver cuando se encuentran indicios de mala praxis por parte de médicos— sentenció que Esbry había tenido conductas indebidas en tres categorías: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual. Así que se le inhabilitó y se le prohibió la colegiación en Reino Unido, por lo que Esbry no puede volver a trabajar en el país. "Imponerle una suspensión inmediata es necesario para proteger a los ciudadanos y al interés público", resolvió el tribunal que lo juzgó.

Esa sanción en Reino Unido data de 2020. Pero tras ella, Esbry, que ya estaba colegiado en España, siguió trabajando en nuestro país sin ningún problema. El doctor ha seguido ejerciendo como cirujano estético y reparador en al menos tres clínicas privadas de Murcia y Alicante hasta este mes de octubre, cuando se publica la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—.

El COMA ha comunicado ya a esas clínicas que Esbry está "suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión" y que, por tanto, al menos hasta que se resuelva el caso, no puede volver a trabajar.

Además, el colegio le ha abierto un expediente disciplinario "por infracción del código deontológico y de los estatutos colegiales así como de la normativa legal" al haber seguido trabajando en España sin tener en cuenta que había sido inhabilitado en otro país.

El COMA también ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante "por si los mismos revistiesen carácter penal, de fraude en el ejercicio de la profesión médica, a sabiendas de la suspensión que pesaba acordada por el Medical Practitioners Tribunal, incurriendo en un posible delito de intrusismo profesional u otro tipo delictivo".

Casos como el de Esbry se dan cuando los doctores sancionados en otro país ya estaban colegiados en España antes de ejercer en el extranjero. Para colegiarse en nuestro país, a los médicos se les pide un certificado de idoneidad expedido por el Estado en el que ejercían previamente, en el que se debe recoger que no tienen ninguna sanción. Sin ese documento un médico no puede colegiarse en España. Pero si ya estaba inscrito en un colegio de nuestro país y se marcha al extranjero sin darse de baja, a su vuelta nadie le va a pedir un certificado.

De todos modos, el Colegio de Médicos de Alicante, a diferencia de otros, está abierto a homologar ambas situaciones. Es decir: dado que un médico no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país (ya que no se le expediría el certificado de idoneidad necesario), en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España por no cumplir con los requisitos que se piden para poder inscribirse en un colegio.

Ahora, según lo que decida la Fiscalía –que tiene que resolver si lleva el caso a los tribunales o no–, la Justicia se podrá pronunciar al respecto. "Se mantendrá la suspensión temporal hasta que Fiscalía diga si presenta denuncia en el juzgado o no. El expediente sancionador [del colegio], mientras, queda suspendido por si hay una causa penal", explica el COMA a infoLibre.

En 2011 un juzgado de Alicante resolvió sobre un caso similar. El COMA había expulsado del colegio a un médico por haber sido inhabilitado en Alemania por la Justicia de ese país. El facultativo reclamó ante los tribunales españoles, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante dio la razón al colegio de médicos y la inhabilitación se homologó en nuestro país. Según el juez, el médico, tal y como interpreta el COMA para estos casos, había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

En el caso de que sobre Esbry no haya causa judicial porque la Fiscalía no vea indicios de delito y no presente denuncia, será cuando el propio Colegio de Médicos de Alicante resuelva internamente a través del expediente disciplinario que ha abierto y se encuentra suspendido. En cualquier caso, durante todo ese proceso el doctor tiene prohibido ejercer como médico debido a la suspensión provisional que ha decretado la junta directiva del COMA de forma unánime.

infoLibre ha intentado recabar también la versión de Esbry, pero este ha declinado hacer declaraciones. Este medio contactó con el doctor por primera vez el pasado 19 de septiembre. Más de un mes después, no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que se le han hecho llegar.

El caso de Esbry es el primero revelado por Bad Practice e infoLibre en España en el que se toman medidas. Este medio ha informado también sobre otros tres doctores inhabilitados en Reino Unido que han seguido trabajando en España. Se trata de Juan Ruiz Alconero, Ramón Martos Martínez y Claudia Lorena Martínez Higueros, que están colegiados en Madrid, Almería y Navarra, respectivamente.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) respondió a infoLibre sobre el caso de Ruiz Alconero: "(...) el hecho de haber sido sancionado en Reino Unido no implica que, con motivo de esa sanción, deba ser inhabilitado en España". Añadió que "no se ha adoptado ni se plantea ninguna medida disciplinaria contra este doctor".

Los colegios de Almería y Navarra, por su parte, no han respondido a las preguntas de infoLibre, a pesar de que este medio contactó con ambas instituciones por primera vez el pasado 30 de septiembre.

En todo caso, los colegios deberían haber sabido de la existencia de estas sanciones a sus médicos antes de la publicación de la investigación de infoLibre y OCCRP. Existe un mecanismo, llamado Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), a través del cual los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) lanzan alertas cuando sancionan a algún facultativo.

En España esas alertas llegan al Ministerio de Sanidad, que luego las remite a la Organización Médica Colegial (OMC) y al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Tras ese aviso, la OMC - CGCOM informa a los colegios provinciales de médicos.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante explica a infoLibre que, de hecho, no ha actuado antes en el caso de Esbry porque hubo un problema con la alerta sobre este doctor en 2020. Reino Unido mandó un aviso al IMI cuando se suspendió a Esbry el 7 de marzo de 2020. El COMA recibió la notificación por parte de la OMC - CGCOM, aunque sin copia de la resolución del tribunal británico, pero fue "en los días previos a la aprobación del estado de alarma [...] y debido a la excepcionalidad coyuntural derivada del covid-19, impidió la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y tramitación de sanciones internacionales".

El colegio, además, explica que tras conocer el caso de Esbry por la publicación de la investigación Bad Practice, "ha procedido a verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia". De nuevo, a infoLibre no le consta que otros colegios hayan hecho esa misma revisión, ni tampoco la OMC - CGCOM o el Ministerio de Sanidad.