En la Comunidad de Madrid existen solo tres empresas de distribución de gas natural, que se reparten todo el territorio autonómico. Estas compañías no son las comercializadoras que facturan el gas consumido, con las que solemos tratar los clientes, y que podemos escoger libremente, sino las que explotan la red de tuberías que lleva el gas hasta cada domicilio o industria.

Dos de ellas, Madrileña Red de Gas (MRG) y Redexis, tienen importantes lazos mercantiles con el Estado chino, a través de su banco central y su Consejo de Estado. Así lo revela la investigación transnacional OpenLux, liderada por el consorcio de investigación periodística OCCRP y realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva en España.

Los expertos consultados coinciden en que, a pesar de tratarse de compañías relativamente desconocidas para el gran público, la presencia china en ellas reviste gran relevancia por tratarse de un sector clave como la energía. También señalan la "asimetría" de un modelo en el que Pekín invierte con normalidad en infraestructuras europeas mientras mantiene cerrado a la inversión extranjera su propio sector energético, considerado estratégico dentro de sus fronteras.

La propia UE está preocupada por la inversión china y estudia la posibilidad de limitarla en sectores como este porque, según advierte la Comisión Europea, las potencias están utilizando cada vez más los aranceles, las dependencias económicas y otros instrumentos comerciales para alcanzar objetivos geopolíticos. 

Entre Madrileña Red de Gas y Redexis sirven a más de 1,6 millones de puntos de suministro en nuestro país, un 19,6% de la red nacional, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La mayoría se encuentran en la Comunidad de Madrid, pero no únicamente. Redexis distribuye también en otras comunidades autónomas, como Aragón o Baleares, y MRG centra sus operaciones en Madrid, pero también sirve a algunos municipios de Castilla-La Mancha.

Los volúmenes económicos también muestran la importancia de ambas compañías. En 2025, MRG declaró una cifra neta de negocios de 139 millones de euros, que le reportó unos ingresos antes de impuestos de 109 millones. En el caso de Redexis, el volumen de negocios fue de 243 millones de euros y los ingresos antes de impuestos, de 161 millones. El músculo económico de estas energéticas lo evidencia el hecho de que ambas tienen una filial en Países Bajos destinada específicamente a la operativa financiera de la compañía.

La participación del Estado chino en MRG y Redexis se da a través de la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE, por sus siglas en inglés), un organismo que opera bajo el paraguas del Banco Popular de China, que es el banco central del país. En el caso de Redexis también interviene el propio Consejo de Estado.

El caso de las dos distribuidoras de gas en Madrid no es una excepción. Los tentáculos de China en Europa se están extendiendo gracias a las inversiones de SAFE, que controla bienes en al menos ocho países europeos, tal y como ha revelado OpenLux. En varios de ellos se trata de activos que los expertos valoran como estratégicos, como edificios que se utilizan como sede de instituciones europeas o instalaciones energéticas, como tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas. 

La estrategia para hacerse con esos activos, o con parte de ellos, pasa por tejer entramados societarios que van desde el país europeo donde está el activo a China, tras una o varias paradas en jurisdicciones como Luxemburgo, Reino Unido o las Islas Vírgenes Británicas con varias empresas intermediarias. Es decir, la participación en las sociedades o en los activos inmobiliarios no es de SAFE u otra institución china de forma directa, sino que se canaliza a través de complejas y opacas cadenas de propiedad. 

"SAFE ha dedicado en los últimos tiempos esfuerzos considerables a enmascarar el tamaño de sus inversiones", explica Brad Setser, investigador del think tank Council on Foreign Relations y ex subsecretario adjunto del Tesoro estadounidense. "Es evidente que la agencia quiere permanecer fuera del foco".

Lo mismo sucede en el caso de MRG y Redexis. Ambas parten de una compañía en España que pertenece a otras empresas y pasa por varias jurisdicciones hasta llegar a la participación china. De hecho, ni Madrileña Red de Gas SA ni Redexis Energía SA revelan de forma directa en sus documentos financieros públicos su conexión con el régimen de Pekín, a pesar de que un tercio de la primera está controlado por SAFE y un tercio de la segunda por SAFE y el Consejo de Estado chino.

Alicia García-Herrero, investigadora sénior del centro de estudios económico Bruegel y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, explica a infoLibre que "el Banco Popular de China gestiona sus reservas internacionales de forma diversificada invirtiendo en activos estables en Europa" si bien matiza que, técnicamente, invertir en activos energéticos en España "no es el papel de un banco central", y señala que China, por su parte, no abre su propio sector energético a la inversión extranjera. 

Madrileña Red de Gas nació en 2010 después de que la extinta Comisión Nacional de la Competencia —predecesora de la actual CNMC— obligara a Gas Natural Fenosa —resultante de la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, y más tarde renombrada como Naturgy— a desprenderse de varios de sus activos para cumplir con los requisitos exigidos para la fusión. La decisión del regulador la aprovechó entonces la firma estadounidense Morgan Stanley, que compró la recién creada distribuidora para ponerla en marcha, aumentar sus puntos de suministro y venderla cinco años después al mejor postor.

Ahí, en 2015, entró en el accionariado el fondo chino Gingko Tree Investment. Esta firma, cuyo "propietario último" es el organismo SAFE, según declara en sus cuentas anuales de 2024 en el Reino Unido, es una de las identificadas en esta investigación como parte del brazo inversor del banco central chino, y controla otros activos en Europa como el ferry que une la isla de Wight con la ciudad inglesa de Portsmouth. La propia Madrileña Red de Gas detalla en sus informes de sostenibilidad que Gingko Tree es su última compañía matriz, y la CNMC, en su informe sobre el sector gasista publicado en 2024, la identifica como dueña de un 33,75% al cierre de 2022.

Sin embargo, existe otro rastro documental que también apunta en dirección a Pekín pero lo hace por un camino distinto. Las cuentas anuales de MRG señalan a otra sociedad española, Elisandra Spain V, como propietaria de la compañía. Y es aquí donde el rastro de propiedad se bifurca según el registro que se consulte. 

Las cuentas anuales del grupo en 2024 identifican como propietaria de Elisandra Spain V a otra sociedad llamada Elisandra Spain IV, y como titular del 33,75% de las acciones de esta última, a una sociedad luxemburguesa —JCSS Mike Sàrl— que la CNMC no menciona pero que los informes de sostenibilidad de MRG asocian con Gingko Tree. Sin embargo, cuando ese rastro se sigue en el registro mercantil de Luxemburgo, la respuesta cambia. A través de otras dos mercantiles luxemburguesas, el socio único de la matriz española no es Gingko Tree, sino Okra Gee Investment Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. A pesar de ello, Okra Gee, que también controla activos energéticos en el Reino Unido, no aparece mencionada en ninguna documentación pública de Madrileña Red de Gas. 

Por otro lado, el registro caribeño no obliga a las sociedades participadas por administraciones estatales a declarar su titular real, y cuando el consorcio OpenLux solicitó formalmente esa información sobre Okra Gee y otras once sociedades caribeñas identificadas en la trama, el sistema devolvió un mensaje de error en todos los casos.

En todo caso, la conexión de Okra Gee con Pekín no es una inferencia: Wind UK Invest Limited, una sociedad participada por Okra Gee que opera tres parques eólicos en el Reino Unido, declara oficialmente en el registro mercantil británico que su "persona con control significativo" es la propia SAFE. Es decir, el mismo brazo inversor del banco central chino que MRG identifica públicamente como matriz de Gingko Tree aparece también, por otra vía documental independiente, en la cúspide del entramado que llega hasta Okra Gee.

Preguntada por infoLibre y OCCRP sobre cuál de las dos identidades corresponde realmente a la matriz última de ese 33,75% —dada la divergencia entre lo que declara en sus propios informes de sostenibilidad y lo que consta en el registro de Luxemburgo—, Madrileña Red de Gas no ha respondido. En ambas rutas, el destino es el mismo: el 33,75% de la distribuidora de gas pertenece, con varias pantallas intermedias, al brazo inversor del Banco Popular de China.

La relación entre MRG y su matriz Elisandra ya había sido objeto de un pronunciamiento del regulador español antes de esta investigación. En marzo de 2023, la CNMC obligó a Madrileña Red de Gas a recuperar 101,2 millones de euros que había transferido a Elisandra Spain V, su siguiente escalón en la cadena de propiedad. La operativa venía funcionando desde 2019 bajo la fórmula de un préstamo: MRG concedía formalmente crédito a su matriz —con un tope de mil millones de euros—, Elisandra V retiraba el dinero periódicamente y con esos fondos se pagaban los dividendos a los accionistas últimos del grupo, incluido el fondo del banco central chino. 

En la práctica, el mecanismo permitía extraer caja de la sociedad regulada española sin que en su balance figurase como reparto de beneficios. La forma de actuar de MRG incumplía la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor en 2021, y cerró esa vía al prohibir a las gasistas reguladas conceder préstamos, garantías o avales a otras sociedades de su grupo, con el fin de proteger la solidez financiera del sistema. 

Al frente del consejo de administración de Madrileña Red de Gas, con el cargo de presidenta independiente desde noviembre de 2024, se sienta Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. Su trayectoria previa la sitúa en el epicentro regulatorio y energético español: subdirectora de Mercados de Petróleo en la extinta Comisión Nacional de la Energía, directora general de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), y directiva en Enagás, Repsol, Unión Fenosa y BP Oil España.

En abril de 2012 fue nombrada consejera independiente de Red Eléctrica de España, —actual Redeia— la sociedad semipública que opera el sistema eléctrico nacional y que está considerada infraestructura estratégica del Estado. Desde 2013 fue además coordinadora del consejo y en enero de 2020, tras la dimisión de Jordi Sevilla como presidente, asumió transitoriamente las funciones de presidenta hasta el nombramiento de Beatriz Corredor. Su relación con Redeia terminó el 4 de junio de 2024 tras agotar el plazo máximo legal de doce años como consejera independiente. Cinco meses después, Gómez de Barreda asumió la presidencia de MRG. 

Las ramificaciones de Elisandra IV, la matriz de MRG, se extienden más allá del gas natural. Otra de sus filiales, la consultora energética Aliara Energía, participa al 33% en la joint venture Madrid Inspira Hidrógeno Verde junto con FRV —empresa española de energía solar perteneciente a un grupo saudí —y Grupo Ruiz— holding familiar dedicado al transporte por carretera—. El proyecto, que consiste en generación de energía renovable mediante hidrógeno, fue presentado en 2023 como "la palanca definitiva de descarbonización de la movilidad en la Comunidad de Madrid" y obtuvo en 2024 una subvención de 7,4 millones de euros del programa CEF AFIF, dependiente de la Comisión Europea. La ayuda europea cubría la construcción de una planta de hidrógeno en Villanueva del Pardillo y cinco estaciones de repostaje en la Comunidad de Madrid.

Desde el anuncio de la subvención han transcurrido más de dos años. Las estaciones estaban previstas para 2025. En la fecha de esta publicación no consta inicio de obras de la planta, ni comunicación pública de las ubicaciones de las estaciones, ni cronograma actualizado del proyecto. Según el último informe de sostenibilidad de MRG, publicado el pasado junio, el proyecto ha sufrido "dificultades administrativas y operativas" y ha recibido una prórroga de la Unión Europea para extender el calendario. Consultados los tres socios del consorcio y el Ministerio de Transportes —este último hasta en cinco ocasiones entre mayo y julio—, infoLibre no ha recibido ninguna respuesta sobre el estado del proyecto ni la ejecución de los fondos.

Si todos los caminos societarios de MRG llevan a Pekín, la situación de Redexis no es muy distinta. Este grupo se presenta a sí mismo como "líder en el desarrollo de infraestructuras energéticas" en España. Se trata de una compañía especializada en infraestructuras de gas natural, "al tiempo que avanza en su consolidación como operador de referencia en el ámbito de los gases renovables", como el hidrógeno verde, al igual que sucede con MRG.

Redexis cuenta con un 8,2% de cuota de mercado por puntos de suministro de gas natural en España, una cifra algo inferior a la de Madrileña Red de Gas. Eso sí, su implantación en el territorio es más variada. Mientras MRG está centrada en la Comunidad de Madrid, Redexis, según sus propios números, tiene presencia en 929 municipios de 39 provincias distintas y suma un total de 772.906 puntos de suministro y 10.498 kilómetros de redes de distribución. De hecho, Redexis solo es distribuidora de gas natural en cinco municipios de Madrid —datos muy inferiores a los de MRG y Nedgia, la tercera distribuidora de la región—. Tiene más presencia en otras comunidades, como Aragón o Baleares. Presume de contar con 250 empleados directos en España y en los últimos años ha emprendido una apuesta por impulsar plantas de biometano, instalaciones que transforman residuos orgánicos en gas 100% renovable.

La compañía ha recibido cuantiosos préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el órgano financiero más importante de la UE. En 2015, obtuvo un crédito de 160 millones de euros —en condiciones ventajosas, según describió la empresa en su informe de resultados— y en 2018, otro de 125 millones. Ambos fueron concedidos antes de producirse la entrada de capital chino en la empresa, pero siguen vigentes. A día de hoy, según la información financiera de la compañía, Redexis debe al BEI más de 210 millones de euros, a pagar en tres tandas en 2036, 2039 y 2040. 

Redexis Energía SA, la actual empresa matriz del grupo, y, por tanto, el grupo Redexis al completo, pertenece a tres propietarios distintos a partes iguales: el fondo de pensiones danés Arbejdsmarkedets Tillægspension, Chase Gas Investments —una filial de Universities Superannuation Scheme (USS), el fondo de pensiones privado más grande del Reino Unido— y Guotong Romeo Holdings Limited. Los fondos danés y británico tenían un 49,9% de Redexis hasta 2018; el otro 50,1% era de Goldman Sachs a través de su fondo de inversión GSIP.

De hecho, Goldman Sachs, que había creado Redexis en 2010 tras comprar 800 millones de activos de Endesa, era quien controlaba el grupo. Cuando decide vender la empresa, su valoración ascendía a unos 3.000 millones de euros. En ese momento, Redexis pasa de estar dirigido por Goldman Sachs en solitario —aunque hubiera otros accionistas— a estar controlado a partes iguales por los dos fondos de pensiones y Guotong Romeo Holdings Limited, que se convierte en nuevo accionista con un tercio de Redexis.

En este último accionista está la clave. Guotong Romeo Holdings Limited es una "sociedad participada por los fondos de inversión Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited", según explica Redexis. Lo que no menciona es que, una vez eliminadas todas las capas societarias, ambos fondos son propiedad del Gobierno y el sector público chino. 

Encontrar el corazón de la cebolla bajo todas las capas es una tarea intrincada: Guotong Romeo Holdings Limited es una sociedad constituida en Reino Unido que tiene como propietaria y empresa matriz a GXGT (Zhejiang) Investment Fund LLP, según consta en las cuentas anuales de ambas empresas. Por su parte, GXGT es propiedad al 49% de Carren Holdings Corporation Limited y al 51% de GXGT UK Holdings Corporation Limited. 

Carren Holdings está registrada en Hong Kong y pertenece a otra compañía del mismo país: CNIC Corporation Limited. Esta es propiedad al 90% de otra compañía hongkonesa —Compass Investment Company Limited— que, a su vez, pertenece a otra sociedad en este país —Pagoda Tree Investment Company Limited— que pertenece al 100% a SAFE. Así, tras toda la cadena de propiedad, el 90% de CNIC Corporation Limited resulta ser propiedad del Estado chino a través de SAFE. Pero tampoco se escapa el otro 10%. Esa décima parte de CNIC es propiedad de una compañía china llamada China Reform Holdings Corporation Ltd que pertenece directamente al Consejo de Estado de China, según una lista oficial de empresas propiedad del mismo. 

De nuevo, el camino acaba en el Gobierno de Pekín y, así, la parte de Guotong Romeo Holdings Limited perteneciente a CNIC Corporation Limited está totalmente controlada por el Estado chino. 

Pero no nos olvidemos del otro socio: el fondo Guoxin Guotong Fund LLT. A este le corresponde el 51% de GXGT LLP —dueña de Guotong Romeo Holdings Limited— a través de GXGT UK Holdings Corporation Limited. Esta compañía pertenece en un 99,99% a Guoxin Guotong Fund LLP, la que, a su vez, es propiedad de China Reform Holdings Corporation Limited, según la web de esta última. Y China Reform Holdings es propiedad directamente, de nuevo, del Consejo de Estado chino, que conocido también como Gobierno Popular Central, es, precisamente, el máximo órgano del poder ejecutivo del país.

La red societaria tras Redexis no es sencilla. Pero, como en el caso de MRG, un tercio de la empresa energética está en manos del Estado chino. Y no solo no se recoge en su documentación pública. Tampoco reparó en ello la CNMC en su informe del sector de 2024, en el que desentrañó el accionariado hasta llegar a Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, los socios de Guotong Romeo Holdings Limited que reconoce Redexis. Pero no fue más allá. En cambio, sobre el tercio de Chase Gas Investments Limited el regulador sí suele destacar que está controlado de forma indirecta por el megafondo de pensiones británico USS.

Redexis y Guotong Romeo tampoco avisaron a la CNMC cuando tuvieron oportunidad en 2018. Ese año se dio la operación de salida de Goldman Sachs y la entrada del dinero chino, así que el organismo regulador evaluó que el movimiento no supusiera un problema para la concentración en el sector. El organismo estudió el caso y aprobó la operación. De hecho, aseguró que el cambio de socios no suponía "una amenaza para la competencia efectiva en los mercados afectados".

Pero lo hizo en base a la información que tenía, aportada por la propia empresa: "Guoxin Guotong Fund LLP, constituido en Hangzhou, China, en el año 2016, es una sociedad comanditaria por acciones (limited partnership) que tiene como fin la inversión en infraestructuras y energías renovables, fabricación avanzada y/o tecnologías, industrias relacionadas con el sector sanitario y productos de consumo". El organismo encargado de preservar la transparencia y el buen funcionamiento de los mercados españoles también recogió que la sociedad, según había notificado, "no está controlada por ninguna entidad". La empresa no mencionó nada sobre cómo el rastro de sus sociedades acaba en manos del Estado chino.

Lo que sí reconocieron desde Guoxin Guotong es que por aquel entonces tenían una participación minoritaria en Urbaser SA, una empresa española que se encarga de la limpieza y gestión de residuos urbanos en municipios de todo el país. Ya no mantienen esa inversión, pero para llegar a la misma también había que recorrer todo un entramado de sociedades, desde la sociedad española hasta llegar a una compañía de Guoxin Guotong en China, pasando por jurisdicciones como Hong Kong. 

infoLibre ha preguntado a Redexis por la composición de su accionariado y sus vínculos con SAFE y el Consejo de Estado chino. La empresa ha respondido asegurando que cumple con todas sus obligaciones legales y que "actualmente Guotong Romeo Holdings Limited, sociedad participada por los fondos de inversión Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, ostenta el 33,33%" de la misma. Pero, de nuevo, omite cualquier mención a la propiedad del Estado chino tras Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, a pesar de las preguntas directas de este medio a ese respecto. infoLibre ha hecho llegar el mismo tipo de consulta a Madrileña Red de Gas, pero esta directamente no ha contestado.

En el corazón de Bruselas, a pocas manzanas del barrio europeo, se levanta un moderno edificio de oficinas de casi 100 metros de altura —Covent Garden Building—que alberga numerosos servicios de la Comisión Europea. Otro enorme y vanguardista edificio de cristal, a diez minutos a pie de distancia, hace las veces de sede operativa de la Policía Federal belga. Ninguno de los inmuebles da ninguna pista a viandantes o trabajadores de que pertenecen en parte —en ambos casos, al 50%— a sociedades controladas por el banco central de la República Popular China.

El caso de Bruselas, el corazón de una Unión Europea (UE) cada vez más preocupada por su soberanía, es paradigmático pero está lejos de ser una anomalía. La Administración Estatal de Divisas de China (SAFE, por sus siglas en inglés), que opera como un organismo bajo el paraguas del banco central del propio país oriental, controla o participa en activos en al menos ocho Estados europeos. 

Así lo revela la investigación transnacional OpenLux, liderada por el consorcio de investigación periodística OCCRP —y realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva en España—. Además de los dos edificios institucionales en Bruselas, la lista incluye varios activos de valor estratégico como tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un servicio de ferry entre la isla de Wight y la costa inglesa, una operadora de fibra óptica y centros de datos en Francia o centros logísticos en Polonia. 

Las participaciones del organismo público chino varían mucho dependiendo de la inversión concreta, desde un porcentaje minoritario del 1% hasta la propiedad al completo. En cualquier caso, en ciertos sectores, como el energético, la propia UE está preocupada por la inversión china y está estudiando la posibilidad de limitarla. 

"Estas inversiones están siendo analizadas por la Unión Europea porque se considera que la presencia china en sectores estratégicos puede resultar excesiva. China, por su parte, no abre su sector energético a la inversión extranjera al considerarlo estratégico, ya que es importante evitar dependencias excesivas, como demostró el caso de Alemania con el gas ruso", explica Alicia García-Herrero, investigadora sénior del centro de estudios económico Bruegel y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, a infoLibre.

SAFE no solo está optando por el sector energético. También cuenta con activos en España o incluso con inversiones inmobiliarias en otros países europeos. La institución china tiene parte de la propiedad, por ejemplo, del histórico Grand Hotel Krasnapolsky en Ámsterdam —usado con frecuencia por la Corona neerlandesa para recepciones de Estado—, varios inmuebles residenciales en el barrio rojo de la misma ciudad, oficinas y centros comerciales en el Reino Unido o residencias universitarias en varias ciudades británicas. 

Detrás de cada uno de esos activos hay una arquitectura societaria de tres o cuatro capas registradas en Luxemburgo. Todas esas cadenas —28 sociedades en total en Luxemburgo— culminan a su vez en empresas ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción cuyo registro mercantil impide conocer al titular real en estos casos.

Son doce las sociedades identificadas en el territorio caribeño; cada una controlando una porción del conjunto, y todas ellas actuando como agentes del brazo inversor del Banco Popular de China. Esa arquitectura es la que ha permitido a Pekín adquirir infraestructuras, inmuebles y participaciones en compañías europeas sin que su nombre aparezca públicamente asociado a las inversiones.

A diferencia de otros bancos centrales, que operan con cierta autonomía respecto a sus gobiernos, el Banco Popular de China opera bajo la dirección directa del Consejo de Estado y del Partido Comunista Chino. SAFE es la agencia responsable de gestionar los 3,4 billones (millones de millones) de dólares en reservas de divisas que acumula el Estado chino —las mayores del mundo— y convertirlos en activos internacionales: deuda soberana, acciones cotizadas, inmuebles e infraestructura.

"SAFE ha dedicado en los últimos tiempos esfuerzos considerables a enmascarar el tamaño de sus inversiones. Es evidente que la agencia quiere permanecer fuera del foco", afirma Brad Setser, investigador del think tank Council on Foreign Relations y ex subsecretario adjunto del Tesoro estadounidense. En total, infoLibre y los socios de OCCRP han identificado 28 sociedades luxemburguesas utilizadas por SAFE durante los últimos 14 años para adquirir participaciones en un abanico heterogéneo de activos europeos. La mayoría de esas sociedades no habían sido públicamente vinculadas al banco central chino hasta ahora.

Junto a los dos edificios institucionales de Bruselas, los activos con mayor peso estratégico identificados por el consorcio se concentran en el sector energético, los transportes y las telecomunicaciones.

En el capítulo energético, SAFE controla el 49% de tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un porcentaje que la convierte en la mayor accionista del conjunto y le otorga capacidad de influencia relevante sobre la operación de esa capacidad de generación renovable en territorio británico.

En transporte, una de las sociedades caribeñas del entramado, Okra Gee Investment, posee, entre otros activos, el 10,63% del servicio de ferry que conecta la isla de Wight con la costa inglesa. Se trata de una participación minoritaria, pero simbólicamente reveladora del alcance del ecosistema inversor de SAFE: una conexión marítima cotidiana entre una isla británica de 140.000 habitantes y el puerto de Portsmouth —que linda con una de las principales bases navales del Reino Unido— figura, indirectamente, en el balance de activos del banco central chino.

En telecomunicaciones, el brazo inversor de Pekín mantiene, a través de un fondo de inversión luxemburgués, alrededor del 0,8% del capital de Vauban Infra Fibre, operadora francesa que despliega redes de banda ancha en zonas rurales y ha comenzado a operar centros de datos urbanos. Es una participación pequeña en términos porcentuales, pero se traduce en presencia en un sector de infraestructuras críticas.

El capítulo logístico se concentra en Polonia: nueve sociedades polacas utilizadas como vehículos de inversión por SAFE, a través de Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, figuran como titulares en más de 71 asientos del registro de la propiedad polaco. Cada uno de esos asientos cubre múltiples parcelas repartidas por el país, en las que se levantan centros logísticos y almacenes explotados por gigantes como Amazon y DPD. Ocho de las nueve sociedades comparten oficina en Varsovia.

En el sector inmobiliario, además del Krasnapolsky y de los inmuebles residenciales en el barrio rojo de Ámsterdam —canalizados a través de una sociedad denominada Limba Luxco 2 Sàrl, que posee el 50% del grupo hotelero—, SAFE mantiene participaciones en un edificio corporativo de doce plantas en el oeste de Londres, en los centros comerciales Cabot Circus de Bristol y Fosse Shopping Park de Leicester, y en residencias universitarias de varias ciudades británicas.

El primer hilo del que tirar vino de una investigación previa del diario belga De Tijd, socio de la investigación OpenLux, sobre la propiedad del edificio que alberga la sede de la Policía Federal belga. Aquel trabajo desveló que una sociedad registrada en Luxemburgo y controlada, a su vez, desde las Islas Vírgenes Británicas había hecho inversiones para SAFE, incluida la adquisición de esa sede. A partir de ahí, los periodistas de OCCRP, De Tijd, Le Monde, Follow the Money, FRONTSTORY.PL/VSquare e infoLibre replicaron el ejercicio: identificaron a los accionistas y administradores de aquella sociedad y descubrieron que las mismas personas ocupaban idénticas posiciones en al menos otras 27 sociedades luxemburguesas, la mayoría con la misma dirección postal en la capital del ducado, y todas propiedad última de sociedades caribeñas.

El siguiente paso consistió en cruzar los informes anuales presentados en Luxemburgo y en el Reino Unido, donde aparecieron menciones expresas a las sociedades caribeñas como agentes fiduciarios de SAFE. Los registros mercantiles y de la propiedad de los distintos países europeos permitieron después identificar los activos concretos adquiridos por esas sociedades interpuestas. En algunos casos hubo que deshacer cadenas societarias de múltiples capas.

Aunque las Islas Vírgenes Británicas han puesto en marcha recientemente un registro de beneficiarios reales, las sociedades participadas por entidades estatales o filiales del Estado quedan exentas de aportar esa información. Cuando OCCRP y los medios socios solicitaron formalmente los datos de titularidad de doce sociedades caribeñas identificadas en la trama, el sistema devolvió un mensaje de error en todos los casos.

El Parlamento Europeo y las agencias de inteligencia comunitarias han expresado en los últimos años inquietud por los riesgos de dependencia económica, espionaje y sabotaje asociados a la presencia china en infraestructuras críticas y sectores estratégicos del club comunitario.

"Está claro que las estructuras de propiedad ambiguas u ocultas, especialmente en sectores económicos o infraestructuras estratégicas, pueden suponer un riesgo enorme", advierte Engin Eroğlu, eurodiputado alemán del partido centrista Freie Wähler. "Ya sabemos por Estados Unidos que empresas chinas, algunas de ellas de propiedad estatal, adquieren específicamente terrenos junto a instalaciones militares. Un problema similar podría surgir en Europa si no obtenemos una visión clara de este enfoque no transparente".

Mario Esteban, profesor de estudios sobre Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, matiza que esas preocupaciones deben ser sopesadas con la necesidad de inversión china: "Tenemos que caminar por la línea fina que separa evitar la sobredependencia y demonizar toda inversión china; algunos de estos proyectos aportan valor real al país". Esteban advierte también de una tendencia general hacia la opacidad en la titularidad empresarial: "No es exclusivo de China. Hay una tendencia cada vez más generalizada hacia la opacidad por parte de los grandes inversores".

Mientras los grandes inversores procuran cubrir sus huellas, destaparlas resulta cada vez más difícil por la falta de coordinación entre los registros mercantiles europeos y el coste de acceder a la información. Una sentencia dictada en 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que restringió el acceso público a los registros de titularidad real de las sociedades con el argumento de proteger la privacidad individual, ha agravado el problema, sostiene Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network: "Debemos temer al anonimato. Es mejor para todos saber quién es propietario de los inmuebles o de las infraestructuras críticas".

La preocupación se produce además en plena rivalidad entre Estados Unidos y China, con tensiones por Taiwán, el control de los semiconductores, las tierras raras, las tecnologías verdes, las telecomunicaciones y las rutas comerciales. La propia Comisión Europea advierte de que las potencias están utilizando cada vez más los aranceles, las dependencias económicas y otros instrumentos comerciales para alcanzar objetivos geopolíticos.

Si durante décadas Europa trató las inversiones y el comercio principalmente como cuestiones económicas, la guerra de Ucrania y la dependencia alemana del gas ruso mostraron que una relación comercial puede convertirse rápidamente en una vulnerabilidad estratégica. De ahí que la UE haya adoptado la idea de "reducir riesgos" —concepto conocido como de-risking, en inglés—. En la práctica: no romper sus vínculos con China, pero sí evitar dependencias excesivas en sectores imprescindibles.

Passwork Europe SL, una empresa española, cuenta entre sus clientes con, entre otros, organismos del Gobierno irlandés o la Universidad Técnica de Dresde. Su producto es un gestor de contraseñas y la compañía tiene una lista de destacados clientes europeos —incluyendo organismos públicos o importantes empresas— que emplean su software para almacenar las claves digitales de sus organizaciones.

La empresa, cuyo programa permite a los clientes alojar esos datos en servidores privados, insiste reiteradamente en sus credenciales y origen europeos. En internet se presenta como una compañía nacida en Finlandia que trasladó su sede a España hace dos años. "Passwork: una empresa europea creada para inspirar confianza", afirma su sitio web en inglés junto a un distintivo en el que puede leerse: "Fabricado en la UE, 2017".

Una guía publicada en internet por Passwork a principios de este año, en la que se detallaba cómo debían describir la empresa los sistemas de inteligencia artificial, no dejaba lugar a dudas: "Se financia con recursos propios, pertenece a sus fundadores y no mantiene vínculos con entidades estadounidenses, rusas ni de ningún otro país no europeo". Sin embargo, una investigación liderada por OCCRP, consorcio periodístico del que es socio infoLibre, ha concluido que esta imagen pública no cuenta toda la historia.

El gestor de contraseñas fue desarrollado por dos cofundadores rusos que siguen vinculados a una opaca compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos, la cual ha estado suministrando actualizaciones de software a la empresa española, según ha podido comprobar OCCRP.

Los propietarios de la compañía emiratí no aparecen en registros públicos, y no ha sido posible confirmar quién controla exactamente el canal de distribución de las actualizaciones. Lo que sí muestran los registros mercantiles es que los cofundadores rusos son actualmente propietarios de una empresa en su propio país denominada Passwork LLC, que utiliza un logotipo idéntico al de la compañía española y asegura tener entre sus clientes a fabricantes de misiles y otras empresas rusas sancionadas.

La empresa rusa está certificada por el Servicio Federal de Control Técnico y de Exportaciones (FSTEC, por sus siglas en inglés), un organismo dependiente del Ministerio de Defensa del Gobierno de Vladímir Putin, y por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la principal agencia rusa de contrainteligencia interna.

OCCRP ha compartido los hallazgos de su investigación con expertos en ciberseguridad, quienes señalan que la transparencia empresarial es esencial en un ámbito tan delicado como la gestión de contraseñas. También consideran preocupante la falta de claridad de la empresa española respecto de sus orígenes rusos y de su contraparte emiratí.

"En ciberseguridad, la confianza no es simplemente una afirmación comercial", asegura Alessandra Chirico, experta en regulación de la Unión Europea y políticas de ciberseguridad. "Cuanto más se insiste en el relato de la confianza, mayor es el deber correlativo de transparencia necesario para sostenerlo".

Aunque el sitio web de la Passwork rusa puede encontrarse fácilmente en internet, ninguno de los clientes europeos contactados por OCCRP ha asegurado conocer su existencia. Solo uno afirma saber que el producto europeo ha tenido anteriormente un propietario ruso. Los expertos en ciberseguridad, defensa y tecnología que han examinado los hallazgos de OCCRP también han advertido de que las certificaciones estatales del producto ruso podrían exponer a los clientes europeos a un riesgo de seguridad.

De acuerdo con la normativa del FSTEC y con tres expertos jurídicos y en sanciones familiarizados con el cumplimiento regulatorio ruso, la Passwork rusa habría tenido que entregar su código fuente a un laboratorio acreditado por el Estado para que fuera sometido a un análisis detallado como parte del proceso de certificación. Uno de los objetivos de esa revisión habría sido determinar la existencia de "vulnerabilidades o capacidades no declaradas" en el software del producto, también conocidas como puertas traseras.

Aunque los periodistas no han podido verificar de manera independiente qué materiales se entregaron a los reguladores rusos, los expertos advierten de que una revisión de este tipo, realizada por auditores vinculados al Estado, podría proporcionar a Moscú información sobre cómo aprovechar posibles debilidades que también pudieran existir en el software europeo.

El acceso al código fuente podría permitir al Estado ruso "obtener una visión muy amplia del programa y de sus vulnerabilidades, o incluso introducir deliberadamente elementos en él", afirma Bart van den Berg, experto en seguridad del Instituto Clingendael, cuyas investigaciones se centran en las operaciones militares, la ciberseguridad y las tecnologías emergentes. Van den Berg ha calificado estos escenarios de "graves riesgos".

Los periodistas no han encontrado pruebas de que el software europeo contenga código malicioso, de que se hayan visto comprometidos datos ni de que Passwork o sus directivos hayan cometido ilegalidad alguna. Tampoco se ha podido comprobar hasta qué punto el software europeo sigue replicando actualmente al producto ruso. Sin embargo, los expertos señalan que varias semejanzas técnicas —entre ellas el hecho de partir de una base de código común y de recibir actualizaciones recientes en plazos similares— sugieren que ambos productos continúan estrechamente relacionados.

"Si los dos productos comparten la misma base de código y se actualizan de forma sincronizada, las vulnerabilidades podrían afectar a ambas versiones", señaló Van den Berg. Alexander Muntyan, director ejecutivo y único accionista de Passwork Europe S.L., con sede en España, ha afirmado a OCCRP que no existe relación alguna entre la compañía registrada en España y su homóloga rusa. "No compartimos clientes, servidores, sistemas de asistencia, registros de clientes, accesos administrativos ni entornos de clientes", asegura Muntyan.

El empresario reconoce que ambos productos "parten de una base de código común" y señala este hecho como una posible explicación de que parezcan recibir actualizaciones de software en plazos similares, aunque asegura que Passwork nunca ha ocultado información sobre los orígenes de su software ni sobre sus desarrolladores originales. Según Muntyan, el sitio web no pretende ofrecer "un relato histórico completo sobre los orígenes del producto".

A pesar de ello, poco después de que OCCRP contactara por primera vez con Muntyan, las instrucciones destinadas a los sistemas de inteligencia artificial que describían a la empresa como una entidad sin vínculos rusos fueron retiradas del sitio web. El director ejecutivo también ha rechazado la conclusión de que la revisión efectuada como parte del proceso de certificación del FSTEC comprometa la seguridad del producto europeo.

"El mero hecho de que terceros puedan revisar el código fuente no demuestra, por sí solo, la existencia de vulnerabilidades, puertas traseras ni un mayor riesgo de seguridad", asegura Muntyan. Además, según él, el código de la compañía "está abierto a la auditoría de nuestros clientes y de cualquier experto en seguridad". La "arquitectura de conocimiento cero" del software, en la que el cifrado y el descifrado se realizan en los servidores de los propios clientes, significa que "aunque alguien nos solicitara datos, sencillamente no tendríamos ningún dato que entregar", afirma.

Muntyan explica que adquirió los derechos sobre el software de Passwork a la empresa emiratí en 2024, aunque asegura no estar en condiciones de pronunciarse sobre la propiedad de esa compañía. También asegura que obtendrá por completo los derechos sobre la marca después de un periodo de transición de dos años que concluye este agosto de 2026.

Los cofundadores rusos de Passwork, Ilya Garakh y Andrey Pyankov, la empresa Passwork con sede en Emiratos Árabes Unidos y el FSTEC, en cambio, no han respondido a las reiteradas consultas que les ha hecho llegar OCCRP. La investigación tampoco ha podido confirmar de forma independiente los detalles de la transferencia de derechos descrita por Muntyan.

Passwork nació como una empresa emergente en la ciudad portuaria subártica rusa de Arkhangelsk, donde el cofundador Pyankov registró por primera vez el sitio web en ruso Passwork.ru en junio de 2014. Al día siguiente registró Passwork.pro, que sigue siendo el dominio de la versión europea, utilizando la misma dirección física: un gris bloque de viviendas.

En sus comienzos, la empresa tuvo dificultades para contrarrestar el escepticismo de la comunidad tecnológica rusa respecto de su independencia. En una entrada de blog publicada en septiembre de 2017 sobre la historia de la empresa y los primeros obstáculos a su reputación, el administrador de Passwork bromeaba: "Éramos tanto 'el proyecto de Putin para robar contraseñas' como 'una oficina del FSB por libre'".

Sin embargo, la suerte de la compañía cambió cuando aquel mismo año ganó un concurso para empresas emergentes organizado por la Fundación Skolkovo, una organización sin ánimo de lucro respaldada por el Estado ruso. La fundación había creado en Moscú, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad privada de posgrado e investigación conocida como Skoltech. La Fundación Skolkovo y Skoltech fueron sancionadas posteriormente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en agosto de 2022, por contribuir al desarrollo de tecnologías informáticas estratégicas fundamentales para la seguridad nacional y la defensa de Rusia.

Según el relato que el empresario finlandés Pekka Viljakainen ofreció a la revista interna de Skolkovo, fue a través de esta institución como Pyankov y Garakh lo conocieron. Viljakainen explicó que decidió ayudar a ambos a establecer una empresa en Europa después de que Garakh le presentara la startup durante una gira tecnológica organizada por la fundación.

Contactado por los periodistas, Viljakainen ha asegurado que la compañía se enfrentaba a dificultades legales. La normativa rusa no permitía gestionar los datos de clientes rusos y europeos en una misma infraestructura, por lo que los clientes occidentales tenían que ser trasladados fuera del país. "Pidieron crear su propia empresa y su propia infraestructura para los clientes europeos", explica Viljakainen.

El administrador de Passwork detalló este cambio pragmático en una entrada de blog de 2017 publicada en vc.ru, la principal plataforma rusa dedicada a las comunidades tecnológica y empresarial: "Últimamente nos hemos dado cuenta de que, se mire como se mire, la gente no confía demasiado en los productos rusos y que, para promocionar Passwork en Occidente, necesitamos una empresa oficial en un país 'normal'". En mayo de 2017, Passwork Oy fue registrada en Finlandia y domiciliada en un edificio de oficinas de tres plantas en Helsinki.

Garakh y Pyankov recibieron una participación inicial del 35% cada uno. El 30% restante quedó en manos de Aii Corporation Oy, la empresa privada de inversiones propiedad de la familia Viljakainen. Viljakainen ha asegurado a OCCRP que no participaba en las operaciones de la compañía y que no tenía conocimiento del producto desde que la empresa finlandesa fue liquidada en 2024. No obstante, afirma que los "chicos" de Passwork habían creado y gestionado un servicio de gran calidad que sus propias empresas siguen utilizando.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada en febrero de 2022, transformó el clima empresarial en Europa. Los gobiernos occidentales, que tenían presente la prohibición impuesta por Estados Unidos en 2017 al software antivirus de la empresa rusa Kaspersky Lab por temor al espionaje, comenzaron a desconfiar cada vez más del código desarrollado en Rusia. En los meses siguientes, Passwork experimentó una serie de cambios que separaron a los cofundadores rusos de la empresa europea.

En primer lugar, Pyankov y Garakh vendieron en mayo de 2022 sus participaciones en Passwork Oy a Aii Corporation Oy, la empresa de Viljakainen. Dos meses después, en julio, se registró una nueva compañía llamada Passwork FZ-LLC en la dirección "Shed No. 23", dentro de la Zona Económica de Ras al-Jaima, en Emiratos Árabes Unidos. Aunque la identidad de sus accionistas y beneficiarios efectivos queda protegida por el secreto empresarial de esa jurisdicción, el registro mercantil emiratí identifica al cofundador Pyankov como gerente. Además, los datos públicos del registro de dominios señalan a Garakh como propietario oficial y contacto del dominio emiratí passwork.ae.

Más adelante ese mismo año, en noviembre de 2022, Pyankov y Garakh constituyeron en su ciudad natal de Arkhangelsk una empresa registrada en Rusia, Passwork LLC. Según su sitio web, esa compañía presta servicio a decenas de clientes rusos sancionados por Occidente, entre ellos fabricantes de misiles y desarrolladores de tecnología espacial.

Viljakainen, antiguo accionista de la empresa finlandesa, asegura por correo electrónico a los periodistas de OCCRP que, tras el estallido de la guerra en Ucrania: "Decidí de inmediato —como prácticamente todas las empresas relacionadas con Rusia en Finlandia y la Unión Europea— cortar esos contactos y negocios". Una decisión que, según dice, "no tenía nada que ver con Passwork como tal". "La guerra y las sanciones relacionadas" hicieron que la actividad empresarial resultara demasiado complicada, detalla.

Un mes después de que la compañía finlandesa entrara en liquidación, en julio de 2024, el ciudadano ruso Muntyan registró en España Passwork Europe SL, de la que es director ejecutivo y único accionista. Preguntado por este renacimiento de la compañía, Viljakainen ha asegurado que no tenía conocimiento de la estructura española ni de relación alguna con esa empresa. Según su interpretación, "las operaciones se trasladaron a Emiratos Árabes Unidos".

Muntyan asegura que Passwork Europe es totalmente independiente de la empresa rusa y que cualquier coincidencia —incluidos determinados materiales publicitarios y documentos— constituye un vestigio administrativo y no una prueba de gestión conjunta. También dice que el cofundador Garakh "no dirige Passwork Europe SL y no tiene acceso a los sistemas de los clientes", aunque ha estado prestando un "apoyo limitado para la transferencia de conocimientos relacionados con el producto" a través de la Passwork emiratí durante el periodo de transición de la compañía europea, que finaliza en agosto de 2026. Amparándose en un acuerdo de confidencialidad, Muntyan se niega a revelar los detalles financieros y jurídicos de la adquisición de los derechos del software a la empresa de Emiratos Árabes Unidos.

Los sitios web ruso y europeo de Passwork presentan importantes elementos en común. Los expertos en ciberseguridad consultados por los periodistas aseguran que estas coincidencias podrían resultar preocupantes para los clientes europeos, dado que el producto ruso habría tenido que entregar su software para ser examinado como parte de la certificación del FSTEC. Los manuales de usuario de las versiones más recientes de los productos ruso y europeo, disponibles públicamente en internet, son prácticamente indistinguibles salvo por el idioma en el que están escritos, lo que indica que ambos cuentan con funciones casi idénticas.

Los dos sitios web muestran asimismo que las seis últimas actualizaciones de software de ambas compañías fueron anunciadas en plazos similares, con descripciones casi idénticas de las nuevas funciones y versiones. El 6 de abril de 2026, por ejemplo, el dominio passwork.ru anunció el lanzamiento de la versión 7.6 del software. Al día siguiente, el sitio europeo passwork.pro comunicó el lanzamiento de Passwork Pro 7.6 con la misma descripción de las nuevas funciones.

Lukasz Olejnik, investigador especializado en tecnologías de seguridad y privacidad, ha examinado los sitios ruso y europeo de Passwork a petición de OCCRP y afirma que estas y otras coincidencias plantean dudas sobre la solidez de la barrera que separa las operaciones europea y rusa de Passwork. Según Olejnik, la cuestión "merece una revisión". "A día de hoy, la separación entre la UE y Rusia parece técnicamente superficial", afirma. Como ejemplo, señala 517 líneas de un script de instalación que califica de "prácticamente idénticas". Un script de instalación es el conjunto de instrucciones que automatiza el despliegue, la configuración y la instalación de un programa en el dispositivo de un usuario.

Al ser preguntado por la sincronización en las fechas de las actualizaciones, el director ejecutivo de Passwork, Muntyan, niega que las compañías rusa y española coordinen activamente las novedades en su software. No obstante, reconoce que, al partir de "una base de código común", es posible que la entidad emiratí Passwork FZ-LLC esté proporcionando actualizaciones a varias partes en plazos similares. Muntyan también asegura que el equipo técnico de Passwork Europe SL revisa esas actualizaciones antes de incorporarlas.

Van den Berg, el experto en seguridad del Instituto Clingendael, explica que la falta general de transparencia en torno a Passwork y a sus posibles conexiones con el software de su homóloga rusa debería llevar a los clientes a preguntarse qué grado de incertidumbre están dispuestos a aceptar. Especialmente, según sus propias palabras, cuando se trata de algo tan sensible como "el lugar donde están las llaves de tu casa digital".

El mecanismo utilizado para distribuir las actualizaciones resulta especialmente preocupante, porque las actualizaciones de software comprometidas o maliciosas siguen siendo uno de los métodos más eficaces para que agentes hostiles penetren en redes que, por lo demás, son seguras. "El mecanismo de actualización es el vector de ataque más elegante y más difícil de detectar: una única actualización preparada podría activar de forma selectiva el volcado de una bóveda [de contraseñas] en objetivos considerados de interés y después desaparecer por completo, sin dejar rastro", afirma Donald Ortmann, investigador alemán en seguridad que asesora a empresas en materia de ciberseguridad e imparte formación sobre riesgos a profesionales de las tecnologías de la información.

Ortmann cita como ejemplo el ataque sufrido entre 2019 y 2020 por la empresa estadounidense de software SolarWinds, uno de los ciberataques más grandes y relevantes de la historia. Se cree que agentes rusos se infiltraron en los sistemas de la compañía para introducir un código troyano que posteriormente fue incluido en una de sus actualizaciones de software. Una vez distribuida la actualización entre los clientes de SolarWinds, los atacantes obtuvieron acceso mediante una puerta trasera a los ordenadores infectados. El ataque comprometió, entre otros sistemas, el correo electrónico del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Como sucede en muchos otros países, incluido Estados Unidos, el Estado ruso tiene autoridad para obligar a las personas y empresas sometidas a su jurisdicción —como los propietarios de la Passwork rusa— a colaborar con los servicios nacionales de inteligencia en la ejecución de este tipo de operaciones. "Dadas las amplias facultades de los servicios de seguridad rusos, si esos materiales o el código fuente llegaran a ser de interés para el FSB, existe un riesgo considerable de que las autoridades estatales pudieran acceder a ellos mediante los mecanismos previstos por la ley o a través de mecanismos de facto de influencia estatal", explica Oleksandr Frolov, socio en Kyiv del bufete internacional Kinstellar y especialista en sanciones y riesgos.

En su sitio web, la Passwork rusa confirma que "la arquitectura del producto, los algoritmos criptográficos, el control de acceso y los mecanismos de registro han superado todas las fases de una verificación detallada para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la Orden n.º 76 del FSTEC, de 2 de junio de 2020".

Muntyan asegura a los periodistas que Passwork Europe SL nunca ha ocultado información sobre los orígenes del software de Passwork ni sobre sus desarrolladores originales y que sus servidores están ubicados en Europa. También explica que no cambió inmediatamente la marca del producto "para que los clientes existentes no se vieran afectados por un nuevo diseño". Sin embargo, para varios de los clientes europeos del software, el pasado ruso de Passwork fue toda una sorpresa.

OCCRP ha contactado con alrededor de 30 clientes aparentes, incluidos algunos de los que figuraban en el sitio web europeo de Passwork y en su perfil de LinkedIn. Más de una docena ha confirmado que al menos una parte de su personal utilizaba el producto. Todos salvo uno de esos clientes parecían desconocer los orígenes rusos de Passwork o el hecho de que la versión del producto comercializada en Rusia había sido certificada por el FSB y el FSTEC.

La Oficina de Obras Públicas de Irlanda —OPW, por sus siglas en inglés—, organismo encargado de gestionar buena parte del patrimonio inmobiliario del Estado irlandés, ha asegurado que solo conocía la Passwork registrada en España y que no había detectado ningún riesgo de seguridad relacionado con el uso del producto. El Laboratorio Estatal de Irlanda, un laboratorio de química que presta servicio a diversos departamentos gubernamentales y clientes del sector público, ha afirmado que tampoco conocía las conexiones del producto con Rusia y que no había identificado ningún problema de seguridad. "Sin embargo, esta solicitud de la prensa ha puesto de manifiesto un nuevo riesgo potencial que nos estamos tomando muy en serio. Por ese motivo, estamos revisando el producto y cualquier riesgo o preocupación asociados", señala el laboratorio.

Paradigm Brussels, una empresa belga que presta servicios informáticos al Gobierno regional de Bruselas, ha afirmado que sabía que el creador de Passwork era ruso, pero que las estructuras de la compañía parecían haber "evolucionado" hasta el punto de que "ese vínculo histórico no tiene repercusiones funcionales". Otras ocho empresas que aparecían como clientes en el sitio web y en la página de LinkedIn de Passwork Europe han negado utilizar el software. Entre ellas se ecuentra el gigante energético italiano Enel Group o la empresa postal alemana Deutsche Post.

Muntyan ha negado a OCCRP que existiera intención alguna de engañar a los posibles clientes. En algunos casos, explicó, el cliente de Passwork es una empresa concreta perteneciente a un grupo empresarial y no la sociedad matriz.

Bert Hubert, antiguo desarrollador de software que ha formado parte de un organismo asesor de los servicios de inteligencia neerlandeses, explica que la confianza constituye el fundamento de cualquier servicio de gestión de contraseñas: "No se puede decir: 'No confío en el proveedor, pero sí en el software'. Esa opción no existe".

infoLibre ha desvelado esta semana las inversiones en Luxemburgo del capitán de la selección española de fútbol, Rodri, y del piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. Se trata solo de dos de los nombres revelados en el marco de OpenLux, una investigación periodística —liderada por Le Monde y OCCRP— realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva para el caso de España, y que muestra cómo empresas internacionales y grandes fortunas eligen Luxemburgo para mover su dinero.

La investigación muestra la predilección que tienen algunos célebres multimillonarios por la opacidad y las ventajas fiscales del Gran Ducado de Luxemburgo. Entre otras esferas, la del deporte de élite español parece mantener esa predilección. No solo Alonso o Rodri tienen inversiones allí. También multitud de directivos del fútbol patrio y de otros deportes, como expresidentes del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid o importantes agentes futbolísticos. 

El deporte se ha adaptado totalmente al mundo financiero de Luxemburgo. En el Gran Ducado se puede, por ejemplo, invertir en derechos de imagen de futbolistas como quien compra acciones de una empresa o pone su dinero en un fondo. Otro ejemplo: más del 98% de las acciones del Real Zaragoza han pertenecido a una empresa radicada en Luxemburgo, al menos hasta hace tan solo unos meses.

Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón, explica a infoLibre que perfiles como los de los deportistas de élite o los directivos del mundo del fútbol "se comportan ya como inversores institucionales". "Luxemburgo sigue siendo un territorio que permite una combinación de ventajas fiscales, financieras y regulatorias. La industria financiera de Luxemburgo les ofrece muchos productos más sofisticados que en otros territorios y los intereses que reciben de esas inversiones tienen también un tratamiento fiscal muy ventajoso. Su razón para operar en Luxemburgo suele ser invertir a través de figuras fiscalmente mucho más ventajosas", detalla.

Uno de esos nombres vinculados al deporte español es Vicente Boluda, que fue presidente del Real Madrid entre enero y mayo de 2009. El expresidente del club blanco es el accionista mayoritario de Boluda Corporación Marítima, una importante empresa naviera y de transporte marítimo. En la actualidad, según el registro de Luxemburgo, hay dos sociedades en el país de las que Vicente Boluda tiene de forma indirecta el 50% de las acciones: Boluda Towage Luxembourg Sàrl y Boluda Towage Holding SA.

Boluda Towage Holding fue constituida en 2022 y Boluda Towage Luxembourg, en 2023. La creación de ambas sociedades ha supuesto un cambio de rumbo después de que la empresa naviera cerrara sus filiales previas en el Gran Ducado en 2020 a raíz de la pandemia. Eso sí, antes de la disolución de las mismas las empresas luxemburguesas transfirieron 100 millones de euros en dividendos a otra compañía del grupo en Canarias, tal y como explicó elDiario.es en su momento.

Volviendo a las actuales, Boluda Towage Luxembourg tiene unos activos superiores a los 1.500 millones de euros, principalmente porque es la propietaria de la empresa española Boluda Towage SL. La firma luxemburguesa, además, sirve para prestar dinero a otras compañías del grupo. Una práctica habitual para rebajar la carga fiscal de grandes empresas internacionales. 

El esquema suele funcionar como sigue: primero la empresa de Luxemburgo presta dinero a las filiales en otros países y después estas tienen que devolverlo con intereses, consiguiendo así traspasar parte de los beneficios de las filiales a Luxemburgo.

La otra sociedad luxemburguesa del grupo, Boluda Towage Holding, replica la misma estrategia: da préstamos a compañías del grupo y también tiene unos activos algo por encima de los 1.500 millones de euros. En su caso, porque es propietaria de acciones de otras seis sociedades españolas de la corporación y porque posee el 100% de la otra sociedad en el Gran Ducado.

Otro exdirectivo del fútbol español con negocios en Luxemburgo es Carlos Tusquets Trias de Bes, que fue presidente del Barça desde la marcha de Josep Maria Bartomeu en 2020 hasta la vuelta de Joan Laporta en 2021. Es un reconocido economista y ya fue tesorero del club en la época en la presidencia de Josep Lluís Núñez.

Tusquets es propietario de forma indirecta del 99% de BTC Doce Sàrl, según la información del registro de Luxemburgo. La sociedad está vinculada a otras firmas y fondos relacionados con el grupo de inversión Black Toro Capital, que se ha ido desmantelando, pero estaba especializado en el rescate de empresas. Tusquets fue uno de los fundadores de Black Toro.

Según la última información disponible, BTC Doce se encuentra en pérdidas después de declarar el impago de un préstamo que había otorgado a otra empresa. Esa información y las relaciones con otras sociedades de Black Toro parecen mostrar que se puede tratar de una empresa del grupo, pero Trias de Bes no ha respondido a las preguntas de infoLibre para conocer a qué se dedica exactamente la sociedad que controla en Luxemburgo.

El caso de la sociedad que controla Juan Forcen está algo más claro. El empresario de la construcción aragonés es propietario de forma indirecta del 100% de la sociedad Real Z Luxco Sàrl. Forcen, directivo del Real Zaragoza y amigo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, utiliza esta compañía como vehículo para el control de las acciones del propio club de fútbol Real Zaragoza.

La empresa fue constituida en 2022 con un capital que correspondía a 100.000 acciones del Real Zaragoza propiedad de Sport Around the World SL, empresa española que actuaba como socia única de la compañía luxemburguesa en su creación. Pero desde entonces, la sociedad en el Gran Ducado ha ido adquiriendo más participaciones del club de fútbol. En junio de 2025 tenía ya 44,4 millones de acciones del Real Zaragoza, convirtiéndose en propietaria del club en un 98,71%, según las últimas cuentas presentadas ante el registro de Luxemburgo.

La mayoría de esas participaciones provenían de Real Z LLC, otra empresa del entramado de Forcen relacionada con las acciones del Real Zaragoza, tal y como ya explicó en su momento el diario aragonés AraInfo. En este caso la empresa está radicada en Delaware, considerado por muchos expertos como un paraíso fiscal interno dentro de los propios Estados Unidos. 

La red societaria que se creó para la gestión y traspaso de esas acciones remite a Forcen una y otra vez. Sport Around The World SL, la empresa española a la que pertenece la luxemburguesa, es propiedad, a su vez, de Business Plaza 14 SL. El Grupo Plaza 14 es el holding empresarial de Juan Forcen, con sede en Zaragoza y dedicado principalmente al sector inmobiliario y de la construcción. 

De todos modos, la estructura del Real Zaragoza previsiblemente cambiará en los próximos meses. Este mismo 14 de julio el club ha anunciado que A.GAIN, una firma perteneciente a la plataforma de inversión y gestión de capital internacional IDC Network, se ha convertido en su socio mayoritario. Aun así, la nota de prensa del club también recoge que Juan Forcen y Jorge Mas, actual presidente del Real Zaragoza, siguen como accionistas. 

Hasta que no se hagan públicos nuevos detalles o la sociedad luxemburguesa tenga que presentar nuevas cuentas, no se podrá conocer cómo han sido los movimientos de las acciones, que hasta ahora han estado valoradas como activos millonarios en las cuentas de la empresa luxemburguesa. Aun así, El Periódico de Aragón recoge que la idea es que A.GAIN se haga con el 60% de las acciones del Real Zaragoza mientras Juan Forcen y Jorge Mas mantendrían un 40%.

Mas, nacido en Miami (Estados Unidos) y de origen cubanoamericano, es un empresario multimillonario que preside el club desde 2022. También es propietario del Inter de Miami junto a su hermano, José Mas, y al exfutbolista David Beckham. 

Según explica el club, Mas y Forcen continuarán en la propiedad del club aragonés pero sale el resto del accionariado. El Periódico de Aragón explica que Global Tavira SL era la sociedad mayoritaria de Real Z LLC, la empresa estadounidense que tenía las acciones antes de que pasaran a Luxemburgo, y que a su vez, esta empresa española pertenece a Pablo Jiménez de Parga y Joseph Oughourlian, con el primero como socio mayoritario y el segundo como minoritario. En cualquier caso, esas acciones convertían a Global Tavira en el accionista principal del Real Zaragoza.

Pablo Jiménez de Parga es abogado y forma parte también del consejo de administración del Atlético de Madrid. Oughourlian, por su parte, es un empresario francés, conocido por ser el fundador, CEO y dueño del célebre fondo de inversión Amber Capital. A través del mismo, se ha convertido también en el accionista mayoritario del Grupo Prisa, del cual ejerce como presidente no ejecutivo. También ha sido nombrado, recientemente, presidente de El País. Ahora, con la nueva operación, tanto Jiménez de Parga como Oughourlian salen de la propiedad del club maño.

La inversión en el Gran Ducado no toca solo a directivos del fútbol. Otro ejemplo es el de Ignacio Triana, presidente del Club Estudiantes de Baloncesto —conocido ahora también como Movistar Estudiantes—. Triana es gerente de la sociedad luxemburguesa Lionrock Fitness (Lux) Sàrl.

La sociedad pertenece al Grupo Forus, que tiene gimnasios y centros deportivos en España, Portugal e Italia. A pesar de ello, no consta en el listado de empresas del grupo publicado propiamente por Forus.

Triana es presidente y fundador del grupo, aunque desde 2024 este pertenece a un único accionista: el banco estadounidense JP Morgan. Aun así, Triana ha seguido al frente del negocio, al igual que sigue como gerente de la compañía en Luxemburgo. Empresa, que, por otra parte, no ha declarado quiénes son sus beneficiarios últimos o titulares reales ante el registro del país centroeuropeo, a pesar de las obligaciones legales para hacerlo.

La sociedad fue constituida en 2022, antes de la compra del grupo por parte de JP Morgan, y se creó como una sociedad holding, con la intención de que sea propietaria de otras empresas del conglomerado. A cierre del ejercicio 2024, último año para el que ha presentado cuentas, la sociedad contaba con unos activos de más de 26 millones de euros, principalmente debido a que es propietaria de Lionrock Fitness SL, otra empresa del grupo. La filial está radicada en España y sí aparece en el listado oficial de empresas del grupo.

Grupo Forus no solo utiliza la sociedad luxemburguesa como propietaria de filiales. De nuevo, se repite la estrategia de constituirse en prestamista para otras compañías del grupo; en este caso radicadas en España. De hecho, Grupo Forus también realiza la operación a la inversa y Lionrock Fitness (Lux) Sàrl ha dado, pero también recibido, préstamos de otras empresas del conglomerado.

infoLibre ha preguntado a Triana si el objetivo de la compañía en Luxemburgo es ser propietaria de filiales del grupo y operar préstamos financieros con otras compañías de Forus para beneficiarse de una política fiscal más ventajosa, pero no ha habido respuesta ni a esa consulta ni al resto que le ha hecho llegar este medio.

Quien también ha invertido en Luxemburgo es Josep Maria Minguella hijo, conocido también como Junior Minguella. Su padre, con quien comparte nombre, es un célebre agente de jugadores español y exentrenador de fútbol. El hijo también ha ejercido como agente de futbolistas. Este mismo mes de mayo fue imputado por un caso de comisiones ilegales en un fichaje del Barça.

Minguella hijo es propietario del 30% de la sociedad Tokenchampions SCSp, que se constituyó en Luxemburgo en 2021 e indicaba entre sus objetivos "la adquisición, directa o indirecta, de una cartera de activos compuesta por derechos de propiedad intelectual de futbolistas".

El otro 70% pertenece a Carlos Salas, CEO de la empresa. La compañía se presenta a sí misma como el "primer fondo de inversión creado para la adquisición y gestión de los derechos de imagen de jugadores de fútbol". Así, los inversores que optan por operar a través de la misma adquieren parte de los derechos de imagen de futbolistas en lugar de acciones de empresas, participaciones en fondos u otros valores financieros más habituales.

La inversión en ese tipo de activos, y que la empresa esté radicada en Luxemburgo, muestra cómo el deporte de élite y las figuras de esa esfera están ya totalmente acostumbrados a operar a nivel financiero desde el Gran Ducado. Además, la empresa está constituida como una SCSp (société en commandite speciale), el instrumento estrella de la opacidad financiera luxemburguesa. Estas sociedades no tienen ni siquiera que presentar cuentas anuales; lo que complica sobremanera poder fiscalizar sus actuaciones.

Luxemburgo, el segundo Estado menos poblado de la Unión Europea (UE), es famoso por sus ventajas fiscales. Multitud de grandes fortunas y empresas de todo el mundo escogen el país para crear sociedades y mover su dinero. En la mayoría de casos, establecerse en el Gran Ducado les sirve para pagar menos impuestos que en sus lugares de origen. Las tretas y la operativa fiscal del país son conocidas en las altas esferas y el deporte español no es una excepción.

De Fernando Alonso a Rodri Hernández. O de Enrique Riquelme a Víctor Font, quienes en los últimos meses han intentado desbancar a Florentino Pérez y Joan Laporta como presidentes del Madrid y del Barça, respectivamente. Son solo cuatro de la multitud de nombres vinculados al deporte español que han creado sociedades en Luxemburgo para operar con su dinero desde allí y que ahora revela OpenLux, una investigación periodística —liderada por Le Monde y OCCRP— realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva para el caso de España.

Uno de los nombres más famosos entre los españoles con sociedades en Luxemburgo es el de Rodrigo Hernández. Más conocido como Rodri, el futbolista del Manchester City y capitán de la selección española posee el 37,5% de la sociedad luxemburguesa Bestinver Alternative Investments SCA SICAV-RAIF, según ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil del Gran Ducado. El otro 62,5% pertenece a Paul Buscail —que aparece en el registro como Pol Francesc Buscail Pavía—, quien fue director general de la Federación Catalana de Fútbol y en la actualidad es CEO de Promoesport, una empresa dedicada a la representación y gestión de carreras de futbolistas de primer nivel.

Un fondo de inversión alternativa reservado (RAIF, por sus siglas en francés) es un vehículo financiero que inversores profesionales y grandes patrimonios utilizan en Luxemburgo para invertir en una amplia gama de activos. Una de sus ventajas es que no necesita una autorización previa del registrador luxemburgués y, por tanto, puede constituirse y comenzar a operar muy rápidamente.

En el caso del fondo de Rodri Hernández y Paul Buscail, se constituyó en septiembre de 2024 y tomó la forma de una SCA (société en commandite par actions). Además, opera como una SICAV (sociedad de inversión de capital variable), ya que el fondo puede modificar su patrimonio libremente, tanto al alza como a la baja, sin necesidad de modificaciones o aprobaciones formales. Las SICAV, de hecho, sirven, entre otras cosas, para que puedan entrar y salir inversores de forma ágil y sencilla sin que los cambios en el patrimonio supongan un problema para la sociedad.

El fondo está gestionado por Bestinver, una firma que se dedica a la gestión de activos e inversiones y que opera fondos de inversión, de capital riesgo o figuras de inversión colectiva como las SICAV para multitud de clientes. Bestinver es una marca española y pertenece a la multinacional Acciona.

El objetivo de la sociedad de Hernández y Buscail es, según sus propias cuentas, invertir en otro fondo de Bestinver: el Bestinver Infra II. De acuerdo con Acciona, se trata de un fondo de capital riesgo dirigido principalmente a inversores profesionales. Los activos del mismo son "infraestructuras de alta calidad en Europa, América del Norte y otras posibles geografías". La empresa requiere una inversión mínima de al menos 100.000 euros que se debe mantener durante diez años. Y el fondo cuenta ya con activos en Suecia, donde tiene un parque eólico, o en Estados Unidos, donde ha comprado una residencia de estudiantes de la Universidad de Texas.

Este fondo maestro —la sociedad/fondo luxemburgués únicamente es el vehículo financiero que el futbolista, residente en Reino Unido, y el CEO, residente en Andorra, utilizan para invertir en el maestro, que se encuentra en España— tiene ya comprometidos más de 119 millones de euros por parte de los distintos inversores a 31 de diciembre de 2025, según las cuentas hechas públicas por Acciona. Además, al estar gestionado desde España se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La sociedad del capitán de la selección española, que jugará este domingo la final del Mundial, cataloga la inversión en el fondo maestro como sostenible ante las autoridades de Luxemburgo. Según el fondo maestro, fueron sostenibles a nivel medioambiental el 58,6% de sus inversiones en el último ejercicio con cuentas públicas. Los fondos de inversión en Luxemburgo tienen que abonar un impuesto anual llamado taxe d’abonnement (impuesto de suscripción). No se cobra a los inversores individuales, sino directamente al propio fondo, pero este paga tipos más reducidos respecto a la parte de patrimonio que se haya invertido en actividades sostenibles o verdes.

A 31 de diciembre de 2024, la compañía de Rodri tenía un compromiso de inversión de 500.000 euros con el fondo maestro de Acciona —de los cuales 375.000 ya habían sido transferidos—. Aun así, la cifra tendrá que ir aumentando en los próximos años, ya que la ley en Luxemburgo requiere a los vehículos de inversión como las SICAV un capital mínimo de 1,25 millones de euros; y la sociedad de Hernández y Buscail tiene el compromiso con Bestinver de invertir al menos el 85% de su capital en el fondo maestro. En principio, Acciona mantiene abierto el periodo durante el cual se puede invertir en el fondo hasta 2028.

Pero Rodri no es el único deportista de élite español que invierte desde Luxemburgo valiéndose de las ventajas de las sociedades que operan desde allí. Fernando Alonso, la estrella española de la Fórmula 1, también cuenta con una sociedad en el pequeño pero lucrativo país. 

Alonso, que reside en Mónaco —el micro-Estado también es conocido por sus ventajas fiscales—, posee en Luxemburgo el 45,73% de Tokyo Invest SCSp, una sociedad creada en febrero de 2024 para la gestión de inversiones y participaciones financieras a nivel internacional. 

Las SCSp (société en commandite speciale) son el instrumento estrella de la opacidad financiera de Luxemburgo. Se trata de un tipo de sociedad que no tiene que presentar cuentas anuales y que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución de la misma. Así, resulta imposible fiscalizar al detalle el valor o actividad de las mismas o establecer un histórico del accionariado. Los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. infoLibre ha podido comprobar en ese registro que Alonso es propietario de casi la mitad de Tokyo Invest SCSp, pero no se puede saber desde cuándo ni cuál es el volumen de negocio de la empresa o qué inversiones concretas tiene.

Aun así, los datos mercantiles públicos de Tokyo Invest parecen remitir a las inversiones en el sector alimentario de la estrella del automovilismo. En 2025 se hizo público que Fernando Alonso había invertido en una cadena de sushi danesa, Sticks'n'Sushi, junto al fondo especializado en el sector de la alimentación McWin Capital Partners. En el registro de Luxemburgo, Alonso consta como propietario parcial de Tokyo Invest, pero también aparecen otros dos nombres: Paloma Gamo Giménez y Malgorzata Ewa McGovern. 

Ambas controlan parte del capital de la sociedad por otros medios; es decir, no son necesariamente las propietarias, pero sí tienen control sobre la sociedad, por ejemplo, a través de otra compañía que sea en parte la dueña de la sociedad principal o porque otros accionistas les hayan cedido su derecho a voto.

En el caso de Malgorzata Ewa McGovern, controla de esa forma más del 50% de Tokyo Invest SCSp. De origen polaco, es la mujer de Henry McGovern, fundador del fondo McWin, y tanto ella como Gamo Giménez constan como propietarias de Sticks'n'Sushi, según páginas danesas. El fondo McWin es también propietario de restaurantes en Madrid, como Bel Mondo o Villa Capri.

La estructura y personas de referencia de Tokyo Invest hace pensar que la empresa podría servir para controlar la marca Stick'n'Sushi o tener algún tipo de relación con la misma. En muchas ocasiones, por ejemplo, empresas extranjeras crean filiales en Luxemburgo para repartir los dividendos en este país y beneficiarse de su baja carga fiscal. Pero, una vez más, la opacidad mercantil del Gran Ducado no permite comprobar si este es el caso de la empresa de Alonso.

No solo los deportistas de élite están utilizando las tretas fiscales y mercantiles de Luxemburgo. Otras personalidades del deporte español también han apostado por el Gran Ducado. Es el caso de Víctor Font y Ferran Soriano. Font es un empresario que ha sido candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona en 2021 y 2026. En ambas ocasiones perdió ante Joan Laporta. La última vez hace solo unos meses. Font es, además, uno de los fundadores del diario catalán Ara.

Soriano, socio y amigo de Font, es director ejecutivo del Manchester City, equipo inglés, desde 2012. Además, entre 2003 y 2008 fue vicepresidente económico y director general del Barça, durante el mandato de Laporta. También fue presidente de Spanair desde 2009 hasta la desaparición de la aerolínea en 2012.

Ambos comparten dos sociedades en Luxemburgo. Se trata de Melta SCSp y Melta GP Sàrl. Cada uno tiene un tercio de ambas sociedades. El restante 33,33% corresponde a Valérie Marie Marcelle Holvoet, según la información del registro luxemburgués consultada por infoLibre.

Las dos fueron constituidas en 2021 y tienen como objetivo la inversión y participación en otras sociedades, aunque a día de hoy, al menos Melta GP Sàrl no mueve apenas dinero y no parece estar muy activa. De nuevo, sobre la otra compañía, como en el caso de Alonso, no se puede saber mucho, ya que se trata de una SCSp. infoLibre ha preguntado tanto a Font como a Soriano por los negocios de las dos sociedades en el Gran Ducado. Ninguno ha respondido a las consultas de este medio.

En el caso de Font, además, consta en el registro de Luxemburgo que también controla el 50% de Delta Partners Luxembourg SV Coop. SA. Esta sociedad pertenece a Delta Partners, una firma de inversión y consultoría global que fundó él mismo. En 2020 Font vendió Delta Partners a la consultora FTI. Ahora Font trabaja para FTI consulting y tampoco ha respondido por qué Delta Partners tiene una filial en Luxemburgo, controlada en parte por él, cuando la empresa no tiene sede en ese país.

Otro aspirante a mandamás del fútbol con negocios en Luxemburgo es Enrique Riquelme. El empresario valenciano, que perdió las elecciones a la presidencia del Real Madrid contra Florentino Pérez hace tan solo un mes, tiene de forma indirecta el 56,44% de dos sociedades: NewCo Holding EUR 30 Sàrl y NewCo Holding EUR 31 Sàrl.

Estas sociedades luxemburguesa fueron creadas en febrero de este mismo 2026, así que todavía no han tenido que presentar cuentas ante el registro de Luxemburgo. Aun así, de nuevo, se trata de sociedades que tiene ncomo pretensión invertir y adquirir participaciones en otras empresas. Esa finalidad es habitual en las empresas luxemburguesas, ya que es la forma de que sean propietarias de filiales u otras compañías en otros países y poder beneficiarse así de las ventajas fiscales que ofrece el país a través de este tipo de esquemas societarios.

Además, en la constitución ante el registro luxemburgués, la inscripción de las dos sociedades identificadas como NewCo Holding EUR corrió a cargo de Centralis Group, un grupo empresarial con sede en el Gran Ducado que se dedica precisamente a administrar fondos y otros servicios corporativos para empresas y firmas de multitud de países. Las dos sociedades parecen ser nuevas filiales de Grupo Cox, el grupo empresarial a nivel internacional que preside Enrique Riquelme.

La aristocracia y la nobleza históricas españolas no solo custodian palacios, títulos nobiliarios, colecciones de arte o grandes fincas. Los datos del Registro Mercantil de Luxemburgo, analizados por infoLibre en el marco de la investigación internacional OpenLux, liderada por el consorcio periodístico OCCRP y el periódico francés Le Monde, revelan que algunos de los apellidos más tradicionales de la heráldica y el dinero patrios comparten también una marcada —y muy contemporánea— predilección por los discretos vehículos financieros del Gran Ducado.

Lejos de los focos del mercado nacional, solo cuatro de estos nombres —los hermanos Cotoner Martos, Pelayo Cortina Koplowitz, la marquesa de Arriluce de Ybarra y los hermanos Fontecilla Lira— acumulan un patrimonio corporativo que supera los 480 millones de euros en activos bajo la legislación luxemburguesa, que les brinda un búnker financiero construido a base de ventajas fiscales y fórmulas de anonimato mercantil muy convenientes para el abolengo de sus títulos.

El primer bloque de la nobleza española en el registro luxemburgués apunta directamente al núcleo duro que acompañó el diseño de la España democrática y el entorno más íntimo de la jefatura del Estado. Se trata de los hermanos Nicolás, José Luis e Íñigo Cotoner Martos. Para entender el peso de este apellido hay que remontarse a su progenitor: Nicolás Cotoner y Cotoner, Marqués de Mondéjar y jefe de la Casa del Rey entre 1975 y 1990. Cotoner fue el hombre de máxima confianza de Juan Carlos I, su mentor, y en palabras del propio monarca emérito, "el padre adoptivo" que guió sus primeros y convulsos años en el trono.

Décadas después de que su padre manejara los hilos de la Zarzuela, los tres hermanos Cotoner Martos, poseedores hoy de sus propios títulos de nobleza, prefieren manejar sus fortunas desde el anonimato que ofrece el extranjero. Juntos suman 126,4 millones de euros en activos en Luxemburgo mediante una estructura transfronteriza: el dinero duerme en el Gran Ducado, pero las sociedades se controlan desde un céntrico piso de la madrileña calle de José Abascal.

Nicolás Cotoner Martos, marqués de Ariany y de Adeje, es quien maneja la mayor porción del pastel familiar. Aparece vinculado a la sociedad Convenitrade Comércio Internacional e Serviços S.à r.l., con 71,8 millones de euros en activos. Esta firma se inserta dentro de una muñeca rusa de sociedades luxemburguesas que a su vez cuelgan de una española: Convenitrade pertenece a la luxemburguesa Ketten Sarl, que a su vez depende de Keldeo Holdings Limited S.à r.l. —con otros 14,3 millones en activos y también en el Gran Ducado—. El rastro de esta última termina en la mercantil española Belgravia Holdco SL, domiciliada en el citado piso de José Abascal. 

El menor de los hermanos, José Luis Cotoner Martos, marqués de Bélgida, administra Tanebo Holdings Limited S.à r.l., un vehículo patrimonial con 27 millones de euros en su balance que a su vez controla la filial European Projects Holding. Al igual que sus hermanos, el rastro mercantil termina en el mismo bloque de José Abascal, en la firma Acolux 2017 SL, de la que es administrador único. En 2021, Cotoner fue condenado por fraude fiscal en España y aceptó una pena de prisión de año y medio, precisamente por haber simulado que residía en Luxemburgo para evitar el pago del IRPF. El benjamín de los Cotoner, que la semana pasada cumplió 73 años, era también titular de una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Seychelles llamada, irónicamente, Falsea Inc, como desveló El Confidencial en su investigación Papeles de Panamá. 

El círculo familiar lo cierra el mayor de los tres, Íñigo Cotoner Martos, que heredó el título histórico de su padre como marqués de Mondéjar. Íñigo figura como titular de Chelsindo Holdings Limited S.à r.l., una mercantil que declara activos por valor de 13,1 millones de euros y que, repitiendo el esquema de sus hermanos, está controlada desde Madrid por la sociedad Greenford Holdco SL en la misma dirección postal. 

El primogénito de los Cotoner, de 82 años de edad, saltó al foco mediático en 2016 durante el caso Nóos, que terminó con la imputación —más tarde suspendida— de la infanta Cristina por presunta apropiación indebida de fondos públicos. El líder del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, declaró en una conversación filtrada por El Mundo que el rey Juan Carlos le ofreció, a través de Íñigo Cotoner, dos millones de euros para retirar la acusación contra su hija. Cotoner negó los hechos y declaró estar fuera del país en la fecha de la reunión referida por Bernad. Más allá de este episodio, el marqués de Mondéjar tiene una actividad profesional y personal difícil de seguir, exceptuando su participación en algún torneo de caza.  

El segundo gran polo financiero de la aristocracia en el Gran Ducado nos traslada a la aristocracia de los negocios del Ibex 35. El protagonista es Pelayo Luis Cortina Koplowitz, conde de San Fernando de Peñalver e hijo menor de dos de los nombres propios más poderosos de las finanzas y la construcción españolas de las últimas décadas: Alicia Koplowitz y Alberto Cortina. Pelayo es uno de los tres hijos del matrimonio, pero el que ha heredado la vocación empresarial de sus padres. Gestiona varias empresas de turismo de lujo, y según su LinkedIn, es fundador y socio gestor de la firma de inversión Ilanga Capital, cuyo consejo asesor preside su padre, Alberto Cortina. Según revela OpenLux, es Pelayo el que consta como titular real de varias de las filiales de Ilanga en Luxemburgo. Además, padre e hijo figuran juntos como titulares de la firma Cinainvest Holding Lux, que cuenta con 20,8 millones de euros en su activo.  

Cortina Koplowitz ha desplegado en Luxemburgo un imponente holding blindado bajo la marca Illanga. Lo llamativo de su caso es cómo aprovecha todo el catálogo de figuras jurídicas que el Gran Ducado pone a disposición de las grandes fortunas mundiales, combinando las tradicionales Sociétés Anonymes (S.A.) con las Sociétés en Commandite par Actions (S.C.A.) y, especialmente, la codiciada figura de las sociedades comanditarias especiales (SCSp). Esta última modalidad permite no declarar la identidad de los socios en el registro público ni presentar cuentas anuales detalladas, lo que dificulta cualquier posibilidad de fiscalizar en qué invierten o de dónde viene el dinero.

A través de esta red (que incluye Ilanga Investments Longevity S.C.A., Ilanga Investments III, Ilanga Carry SCSp o Cinainvest Holding Lux), el aristócrata e inversor mueve decenas de millones. Solo las firmas de la red Ilanga que están obligadas a presentar balances públicos declaran un activo conjunto que asciende a 159,8 millones de euros. 

El registro de Luxemburgo guarda también un hueco de honor para el dinero histórico del industrialismo vasco. Hablar de Carmen Ybarra Careaga, marquesa de Arriluce de Ybarra, es hablar de una de las grandes dinastías del País Vasco. Ybarra, de 62 años, tiene una fortuna estimada en 700 millones de euros, según Forbes, y controla un patrimonio con inversiones diversificadas que van desde el sector inmobiliario y el metalúrgico hasta los medios de comunicación, manteniendo un peso del 10% en el grupo Vocento, editor del diario ABC. Ybarra mantiene un perfil público muy bajo, sin apariciones ni entrevistas. 

Para gestionar su cartera de inversión internacional, la marquesa de Arriluce de Ybarra ha dejado a un lado las estructuras tradicionales y se ha decantado por el uso de las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) luxemburguesas, unos vehículos de inversión colectiva que disfrutan de una tributación prácticamente nula, dado que están exentos del impuesto de sociedades, el impuesto municipal y el impuesto sobre el patrimonio. Ybarra Careaga figura como titular de dos firmas en el país: Bisonte SICAV y Albatros Patrimonio SICAV, que declaran de forma conjunta un activo de 158,6 millones de euros invertidos en bolsas, bonos y fondos internacionales.

Los documentos oficiales de Albatros Patrimonio SICAV esconden un cruce de caminos empresariales: la aristócrata vizcaína comparte la gestión de sus 69,9 millones de euros con Julio Baviera. Baviera es el médico oftalmólogo que cofundó la célebre red de clínicas oftalmológicas Clínica Baviera, hoy propiedad del gigante hospitalario chino Aier Eye Hospital Group. 

El último vértice de esta investigación sobre la nobleza española en Luxemburgo lo protagonizan dos hermanos: Enrique Fontecilla Lira, marqués de Rocafuerte, y Mariano Fontecilla Lira, marqués de Montepío. Ambos comparten la propiedad de la sociedad 4F SPF Sàrl junto con otros dos hermanos, Francisco y Rodrigo Fontecilla (en total, cuatro Fontecilla: 4F); su activo declarado asciende a 36,1 millones de euros. El padre de los Fontecilla Lira es el abogado y diplomático chileno Mariano Fontecilla de Santiago Concha, marqués de Casa Concha y embajador de Chile en España de 1983 a 1985, durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

Mariano, de 75 años y el mayor de los hermanos, solicitó el pasado 1 de julio el título de marqués de Casa Concha, a raíz de una cesión de su padre —de 101 años de edad—, que aún conserva el marquesado mientras se hace efectivo el traspaso. Según su perfil de LinkedIn, la actividad laboral de Mariano Fontecilla durante los últimos 21 años ha sido la de "asesor y colaborador internacional" en la bodega familiar, Viña Concha y Toro, S.A., con sede en Chile. La huella digital de su hermano Enrique —el segundo de los cuatro— se centra más en su faceta como jugador de golf en diversos torneos amateur.

El caso de los hermanos Fontecilla es idóneo para ilustrar cómo Luxemburgo crea figuras empresariales específicas pensadas como un traje a medida para que las grandes fortunas familiares eviten pasar por la caja de Hacienda en sus países de origen. Las siglas SPF corresponden a la Société de Gestion de Patrimoine Familial (Sociedad de Gestión de Patrimonio Familiar). Estas sociedades están completamente exentas de pagar el impuesto de sociedades, el impuesto municipal o el impuesto sobre el patrimonio. Están diseñadas con el único propósito de funcionar como un holding familiar para acumular de forma pasiva acciones, participaciones, bonos o cuentas bancarias, y no pueden tener fines comerciales. Al operar bajo este régimen legal, los 36 millones de euros de los marqueses de Rocafuerte y Montepío quedan guarecidos de la presión fiscal ordinaria en España, soportando a cambio de su estancia en el Gran Ducado una tasa anual, el 0,25%, que roza lo testimonial.

infoLibre ha contactado con todos los individuos mencionados en el artículo para recabar sus comentarios, pero no ha recibido ninguna respuesta. 

La familia Bongo gobernó durante más de medio siglo Gabón, un país rico en petróleo, y dejó tras de sí un legado de pobreza generalizada y de acusaciones de corrupción que han puesto a la dinastía en el punto de mira de organismos de control internacionales y de autoridades que van de París a Libreville, la capital gabonesa. Ahora, siguiendo un nuevo rastro de registros mercantiles e inmobiliarios, OCCRP ha identificado bienes hasta ahora desconocidos pertenecientes a otro miembro del clan Bongo.

Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo —hijo del fallecido presidente Omar Bongo y de la juez Marie-Madeleine Mborantsuo— adquirió inmuebles en Dubái por valor de varios millones de dólares mientras ejercía como director general del Presupuesto y las Finanzas Públicas de Gabón, según ha podido documentar esta investigación.

Tras el derrocamiento de su hermanastro Ali Bongo en el golpe militar de 2023, Andjoua pasó a dirigir, bajo el gobierno de transición, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude. Sin embargo, según informó la prensa gabonesa, fue destituido en septiembre de 2025 tras las críticas públicas por estar tratando de gestionar el organismo a distancia, desde Dubái.

Cuánto dinero llegó a ganar exactamente Andjoua durante su paso por la administración sigue sin estar claro. Las autoridades gabonesas no respondieron a una solicitud de información sobre los detalles de su sueldo oficial. No obstante, un decreto de 2015 de la dirección del Presupuesto gabonés al que ha tenido acceso esta investigación indica que el funcionario mejor pagado, con 30 años de servicio, percibiría el equivalente a unos 1.900 dólares al mes, una cifra que contrasta con los millones volcados en una extensa cartera inmobiliaria.

Las revelaciones coinciden en el tiempo con una investigación judicial recién abierta en Luxemburgo en relación con Andjoua y un socio. Según el departamento de Justicia luxemburgués, la instrucción se abrió en mayo, después de una investigación preliminar iniciada a partir de los informes remitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Administración del Registro y de los Dominios.

El departamento de Justicia no detalló qué acusaciones concretas pesan sobre Andjoua o su socio y precisó que "a día de hoy, el señor Andjoua no figura específicamente como objeto de la investigación". Sí indicó, no obstante, a los reporteros de Le Monde —socio de OCCRP e infoLibre en esta investigación— que la causa examina indicios de falsificación y uso de documentos falsos, falta de publicación de las cuentas anuales, blanqueo de bienes y patrimonio, fraude fiscal agravado e introducción de información inexacta, incorrecta o desactualizada en el Registro de Titulares Reales.

Un amplio volumen de datos de sociedades luxemburguesas, analizados por OCCRP y Le Monde, constataron que Andjoua había estado vinculado en los últimos años a dos empresas registradas en el Gran Ducado. Los datos identificaban a Andjoua como titular real último de una sociedad luxemburguesa llamada Epila SCI, que cofundó en 2022 y que sigue figurando como activa en la actualidad. Según sus estatutos, la actividad de Epila incluye "la tenencia de todo tipo de bienes inmuebles y vehículos a motor", además de "la adquisición de participaciones en toda clase de bienes muebles".

Los registros luxemburgueses mostraban también que Andjoua y un socio adquirieron en 2021 una empresa denominada Miura Racing SC y la rebautizaron como Autoword SC. Entre las actividades declaradas de la firma figuraba la tenencia de "bienes muebles e inmuebles, valores, la propiedad privada y el uso de toda clase de vehículos motorizados y no motorizados, así como su puesta a disposición en el Gran Ducado de Luxemburgo o en el extranjero".

Ambas firmas estaban registradas como société civile (sociedad civil). Los reporteros no pudieron determinar si las empresas poseían algún activo, ya que este tipo de sociedades no están obligadas por ley a presentar cuentas públicas. Las autoridades luxemburguesas no quisieron aclarar si estas dos compañías son objeto de la investigación judicial.

Aunque los defensores de la transparencia en Luxemburgo subrayan que estas estructuras son legales, también insisten en la necesidad de reforzar su supervisión: Bastian Schwind-Wagner, de la organización sin ánimo de lucro Luxembourg for Transparency, declina pronunciarse sobre el caso concreto de Andjoua, pero señala que, con carácter general, las empresas en manos de personas con cargos públicos o conexiones con el poder deberían ser objeto de "un escrutinio reforzado" por parte tanto de los proveedores de servicios profesionales como del registro público luxemburgués, "por el mayor riesgo asociado a la corrupción, la contratación pública, las sanciones, la fiscalidad y la recuperación de activos".Los titulares de este tipo de sociedades, añade Schwind-Wagner, "deberían poder explicar por qué eligieron Luxemburgo [como sede], quién controla en última instancia la estructura, el origen de los fondos y cómo se gestionan los activos".

Andjoua no respondió a las consultas remitidas a sus direcciones de correo electrónico, por mensaje de texto y a través de un abogado que representa a un miembro de su familia.

En mayo, dos días después de que los reporteros le trasladaran preguntas sobre la finalidad de las sociedades luxemburguesas, Andjoua y su socio gestionaron la disolución de Autoword, según las inscripciones que presentaron ante el registro mercantil. Pero el rastro documental de Andjoua va mucho más allá de las firmas luxemburguesas. Los reporteros descubrieron una extensa cartera inmobiliaria, hasta ahora no revelada, adquirida mientras trabajaba para el Gobierno de Gabón.

Cuando murió, en 2009, el padre de Andjoua, Omar Bongo, había amasado una fortuna que según las informaciones de la época incluía al menos 183 coches, 39 propiedades de lujo en Francia y 66 cuentas bancarias.

El enriquecimiento de la familia Bongo y de su círculo más cercano mientras ocupaban cargos públicos se produjo sobre un telón de fondo de profunda desigualdad en Gabón, donde más de un tercio de la población sigue viviendo en la pobreza, según el Banco Mundial.

Ocho de los hermanastros de Andjoua han sido imputados en Francia, según informa a OCCRP la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF, por sus siglas en francés). Aunque la PNF no ha especificado los cargos que pesan sobre cada uno, sí precisa que la causa se refiere a la presunta recepción de fondos públicos malversados y a corrupción. La PNF señaló que Andjoua no está investigado en el marco de ese caso.

A lo largo de los años, los abogados de varios de los hijos de Bongo han defendido a sus clientes y han cuestionado la investigación en sus declaraciones a los medios.

En el conocido como el caso de los 'bienes mal adquiridos', la investigación penal se prolonga desde hace más de 15 años, desencadenada por una denuncia civil presentada en 2008 contra las familias gobernantes de Gabón, la República del Congo y Guinea Ecuatorial por la ONG francesa Sherpa, junto a Transparencia Internacional y Survie.

Sherpa explicó que el objetivo de la campaña era "lograr la devolución de activos" presuntamente sustraídos a los ciudadanos de esos países, y subrayó que el valor de los inmuebles supera con creces los salarios de los jefes de Estado y de sus allegados. La PNF añadió que la fiscalía aún no ha emitido su acusación definitiva en esta dilatada causa, y que después será un juez de instrucción quien decida si el caso debe ir a juicio.

Sobre este trasfondo de interrogantes en torno al patrimonio de los Bongo, los reporteros sacaron a la luz las inversiones inmobiliarias de Andjoua en Dubái. Andjoua figuraba como propietario de 43 inmuebles en Dubái, según datos inmobiliarios filtrados. Todos esos apartamentos se habían comprado entre 2020 y 2023 —el periodo en el que dirigió el Presupuesto del Estado— por un total aproximado de 15 millones de dólares.

De los 43 inmuebles que adquirió, 28 eran apartamentos de uno y dos dormitorios situados en un mismo edificio: la torre A de Sobha Creek Vistas, en la exclusiva zona de Meydan, en Dubái. Aunque Andjoua ya ha vendido esos apartamentos, junto a otros varios, los reporteros confirmaron que, a fecha de mayo, seguía siendo propietario de 10 apartamentos en otro edificio de la urbanización de lujo Golf Town.

Los reporteros constataron además que una sociedad patrimonial inmobiliaria francesa llamada Nouo, constituida por Andjoua y su madre, Marie-Madeleine Mborantsuo, posee una vivienda de notable tamaño en Bougival, un elegante municipio a las afueras de París. Adquirida en 2000, la propiedad se asienta sobre una parcela de 754 metros cuadrados dentro de una urbanización cerrada de alto nivel. Bougival, a orillas del Sena, es célebre por haber inspirado a algunos de los pintores impresionistas más importantes de la Belle Époque —entre ellos Monet y Renoir, que titularon sendos cuadros con el nombre de la localidad—.

Los documentos de constitución muestran que Mborantsuo aportó al capital de la sociedad, cuando esta se creó en 2000, el equivalente en francos franceses a casi 590.000 euros. Andjoua —entonces un estudiante de 24 años— aportó el equivalente a 15 euros. En los registros figura como administrador de la sociedad.

No está claro cuánto vale hoy la propiedad, pero una vivienda vecina similar se vendió por más de un millón de euros en diciembre de 2021, según los registros de la web oficial de la Hacienda francesa. Ni Mborantsuo ni Andjoua respondieron a las peticiones de comentario.

Mborantsuo está bajo investigación judicial en Francia desde 2014, por sospechas de "blanqueo agravado de malversación de fondos públicos". La PNF indicó que esa instrucción sigue abierta, pero que no se han formulado cargos. Andjoua tampoco está investigado en ese caso, precisó la fiscalía.

Apodada "3M", Mborantsuo fue la presidenta fundadora del Tribunal Constitucional de Gabón, cargo que ocupó durante más de 30 años. Fue una pieza clave para la perpetuación del régimen de los Bongo: su tribunal supervisó los disputados resultados electorales de 2009 y 2016, y en ambas ocasiones falló a favor de Ali Bongo. Tuvo dos hijos con el difunto presidente Omar Bongo: Andjoua y una hija, Esther. OCCRP y su socio Le Monde ya informaron en 2024 de que Mborantsuo poseía más de 3 millones de dólares en propiedades en Dubái.

Mborantsuo tuvo una pareja sentimental en Gabón, Lin Mombo, que durante más de una década estuvo al frente de la autoridad reguladora de las comunicaciones. Los datos inmobiliarios filtrados muestran que, en 2023, Mombo figuraba como propietario de un apartamento y copropietario de una villa en Dubái; los reporteros confirmaron que sigue siendo dueño de la villa.

Mombo compró también cinco propiedades por más de un millón de euros en Francia, en 2014 y 2015, a través de una sociedad domiciliada en la misma mansión de Bougival que posee la SCI de Mborantsuo y Andjoua, según los registros mercantiles. La sociedad de Mombo fue dada de baja en marzo de 2026. No está claro si por entonces ambos mantenían una relación sentimental.

La investigación ha descubierto una disputa mercantil de 2023, hasta ahora no revelada, en torno a las propiedades francesas de Mombo. Según la sentencia, Mombo y su hijo habían vendido las participaciones de su SCI a un asesor en Francia por apenas 2.000 euros. La venta se hizo porque Mombo estaba siendo investigado en Francia en aquel momento y quería proteger sus activos, según señaló un tribunal mercantil francés en su resolución sobre el caso. La investigación no ha podido establecer si Mombo fue investigado en el marco de la causa contra Mborantsuo.

La resolución del tribunal mercantil francés recogía: "El señor Mombo, ciudadano gabonés y alto funcionario reconoce que le convenía no figurar en los estatutos de la SCI", y añadía que su asesor en Francia había "ideado y propuesto el subterfugio de transmitir las participaciones por 2.000 euros y cambiar la denominación de la sociedad. El señor Mombo precisa, no obstante, que no tenía intención de renunciar a sus inmuebles".

El asesor traspasó los activos a sus propios hijos antes de fallecer, según consta en la documentación judicial. Mombo presentó la demanda mercantil para intentar recuperar las propiedades, alegando que el precio de la venta no reflejaba su valor real, pero el tribunal desestimó el caso, dado que el propio Mombo había aceptado vender a ese precio.

Ni Mombo ni Mborantsuo respondieron a las peticiones de comentario.

Más allá de su patrimonio inmobiliario en los Emiratos Árabes Unidos y en Europa, la investigación ha hallado otros rastros de la trayectoria empresarial de Andjoua, y de su debilidad por los coches de lujo.

Los registros mercantiles muestran que Andjoua, su madre y otros familiares fueron administradores de una empresa en Sudáfrica entre 2006 y 2012. La compañía fue dada de baja temporalmente en 2011 por incumplir la presentación de cuentas anuales y, por el mismo motivo, fue dada de baja de forma definitiva en 2024.

En Europa se repitió un patrón parecido. Andjoua constituyó en 2023 una empresa belga que, según se anunciaba, ofrecía una amplia gama de servicios, entre ellos la importación y exportación de coches y la venta de inmuebles. De nuevo, la sociedad no presentó cuentas. Vendió sus participaciones en la empresa en mayo de 2024.

Menos de un año después abrió una firma de alquiler de coches de lujo con sede en Las Vegas, More4LessExotics, que alquila Ferrari, Bentley, Mercedes, BMW y Lamborghini por entre 1.000 y 2.000 dólares al día en Miami, Nueva York, Boston o Los Ángeles. Ni Andjoua ni More4LessExotics respondieron a las peticiones de comentario.

El vídeo promocional de More4LessExotics en su web muestra coches de gama alta circulando a toda velocidad por carreteras de costa. Los registros mercantiles de Nevada siguen identificando a Andjoua como socio gestor de la compañía.

Los registros de transporte marítimo obtenidos por OCCRP apuntan a que el propio Andjoua tiene gusto por los vehículos de lujo: en octubre de 2023 hizo entregar un superdeportivo Brabus GLE900 Rocket desde Amberes a Libreville.

Los reporteros rastrearon los registros de envío, que muestran que el GLE900 Rocket salió del puerto belga dos semanas antes del golpe de Estado en Gabón, en agosto de 2023, cuando Andjoua todavía dirigía el Presupuesto del Estado. Brabus, una firma de personalización de coches de lujo, fijó el precio de la serie Rocket en más de 400.000 dólares.

Según la propia promoción del vehículo, solo se fabricaron 25 unidades, y se describe como el SUV más rápido del mundo.

Un país de 660.000 habitantes y menos extenso que la provincia de Cuenca custodia 8,3 billones de euros, según la acepción española —es decir, 8,3 millones de millones—, en fondos de inversión. Es, de hecho, el mayor domicilio de fondos de Europa en cuanto a volumen de dinero, y el segundo país de la Unión Europea con más compañías de gestión de fondos, solo por detrás de Francia. La gran mayoría de empresas allí registradas está controlada por ciudadanos extranjeros. Sin embargo, ni la Agencia Tributaria española ni la Unión Europea (UE) lo consideran un paraíso fiscal. 

Este país es Luxemburgo, el Gran Ducado, cuyo entramado societario reveló en 2021 la investigación 'OpenLux' —liderada por Le Monde y OCCRP—. Entender qué revelaron los 3,3 millones de documentos de aquella investigación, realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre, exige responder antes a una pregunta: ¿cómo funcionan las empresas que se montan allí, y por qué tantas grandes fortunas y entramados internacionales eligen este rincón en el corazón de Europa para sus gestiones financieras?

La respuesta reside fundamentalmente en sus ventajas fiscales. Según explican los expertos consultados por infoLibre, el pequeño Estado europeo es especialmente beneficioso para grandes multinacionales y holdings de sociedades que operan a nivel internacional. Es decir, las empresas más grandes y más ricas. Tanto estas como las grandes fortunas gozan en Luxemburgo de diversos beneficios fiscales, especialmente para mover dinero entre sociedades de diferentes países.

En la elección del Gran Ducado también influye la opacidad que, para algunos aspectos, aún existe en su registro mercantil. Aunque Luxemburgo comparte información tribiutaria con el resto de Estados miembros de la UE y persigue activamente delitos económicos como la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, el país sigue ofreciendo cierto nivel de confidencialidad a las empresas que operan desde allí, apuntan los expertos.

En un documento técnico de la Comisión Europea de este mismo mes de junio se asegura que la planificación fiscal agresiva "sigue siendo un desafío" en Luxemburgo, ya que "distorsiona la competencia leal y pone en peligro un entorno fiscal equitativo en la UE". El análisis de la Comisión concluye que el Gran Ducado "ha adoptado medidas limitadas para abordar esta cuestión" y habla de "la necesidad de una acción más integral para garantizar un entorno fiscal justo y transparente". Es casi con las mismas palabras lo que denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermón: "Hemos avanzado en el primer peldaño, que es la transparencia fiscal, pero no se ha hecho nada por combatir la agresividad fiscal".

El documento de la Comisión pone el foco especialmente en los pagos al exterior. Se trata del proceso que utiliza una empresa o filial en Luxemburgo para pagar intereses o royalties a otra compañía del grupo situada en otro país, habitualmente con una fiscalidad aún más ventajosa. Esos desembolsos se convierten en gastos deducibles, a pesar de que suelen ser gastos artificiales empleados para reducir el beneficio final de la empresa en Luxemburgo y trasladar parte de las ganancias a esa otra jurisdicción donde van a tributar menos por ellas.

Luxemburgo solo ha limitado que ese tipo de gastos no sean deducibles cuando se realizan a empresas en países de la lista negra fiscal de la Unión Europea —lo que la UE considera como 'países que no cooperan con la UE o no han cumplido plenamente sus compromisos'—, que a día de hoy solo está formada por diez Estados. Debido a ello, esta estrategia mercantil —uno de los principales beneficios fiscales que opera en Luxemburgo— puede seguir siendo utilizada con muchas otras jurisdicciones de baja tributación. Según explica Giulia Aliprandi, investigadora del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, "en términos mercantiles, Luxemburgo es muy bueno adoptando las normas europeas, pero es aún mejor encontrando huecos que les permiten sortearlas legalmente". 

La Comisión resume esa estrategia con los gastos deducibles en el informe de la siguiente forma: "El país se utiliza como canal para los flujos de capital y la optimización financiera por parte de los grupos multinacionales". Es decir, las grandes empresas multinacionales utilizan Luxemburgo para trasladar beneficios de forma artificial de unos países a otros y conseguir, así, pagar menos impuestos.

Esa forma de operar con los gastos artificiales para enviar beneficios a otro país es uno de los mecanismos tradicionales utilizados por las multinacionales para evitar pagar más impuestos. Este tipo de tretas se engloban dentro de la estrategia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), contra la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleva luchando desde 2013 y a la que define como una forma de "aprovecharse de las lagunas y discrepancias en la normativa fiscal" internacional.

Otro de esos mecanismos BEPS que se llevan a cabo en Luxemburgo es el régimen de exención de dividendos y plusvalías que opera en el país. La fiscalidad del Gran Ducado permite a las empresas crear una sociedad para que ejerza como matriz y reciba los dividendos de las compañías del grupo en otros países sin volver a tributar en Luxemburgo.

Esta medida no es exclusiva de este pequeño Estado centroeuropeo, está implantada en la mayoría de países occidentales, incluso en España. "Se hace para evitar la doble imposición. Los dividendos quedan exentos porque ya han tributado los beneficios originales en el otro país. Pero en España se exige que el tipo nominal del impuesto de sociedades del país donde se generaron esos beneficios sea de, al menos, el 10%. Luxemburgo no exige ese mínimo", resume José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Si el factor de los gastos deducibles hace que el dinero fluya de Luxemburgo hacia fuera, la exención de dividendos opera de forma inversa, es decir, el dinero llega desde otros países a Luxemburgo. En cualquier caso, ambos mecanismos operan como beneficios fiscales y convierten al país en un "canal para los flujos de capital y la optimización financiera", como asegura la Comisión Europea en su reciente análisis del país. 

Esta estrategia es la que utiliza, por ejemplo, Amancio Ortega con su holding inmobiliario internacional. Tal y como ha revelado infoLibre en la primera entrega de esta investigación, muchas de las sociedades del mismo pertenecen a sus empresas luxemburguesas, lo que le permite beneficiarse de esa exención en el reparto de dividendos. 

Estos entramados de sociedades a nivel internacional utilizan Luxemburgo como un "país conducto" o intermediario que neutraliza la carga fiscal, "logrando disminuir los impuestos globales en toda la estructura del grupo empresarial", explica Giulia Aliprandi.

Todos estos factores, junto con las cifras de inversión extranjera "desproporcionadas respecto a su PIB" que atrae Luxemburgo, provocan que, en opinión de Susana Ruiz, el Gran Ducado "siga siendo un paraíso fiscal". De forma oficial, sin embargo, ya no lo es. Para España dejó de figurar en la lista de paraísos —técnicamente,"jurisdicciones no cooperativas"— en 2010, cuando entró en vigor el convenio de doble imposición y se instauró el intercambio de información. Un año antes la OCDE ya lo había sacado de su "lista gris", y en la de la UE nunca ha estado incluido porque solo evalúa a países externos a la Unión. 

Aun así, el Parlamento Europeo lo señaló en 2019 —junto a Irlanda, Países Bajos, Malta y Chipre— como un país con características propias de un paraíso fiscal. Los expertos consultados por infoLibre coinciden en denominar, a día de hoy, a los mismos países como los más atractivos de la UE a nivel fiscal para grandes fortunas tanto empresariales como familiares. 

La primera entrega de 'OpenLux' fue posible gracias a que en 2021, los titulares reales de las empresas —conocidos también como beneficiarios finales— eran públicos. Le Monde pudo extraer esos datos de las sociedades luxemburguesas de un registro abierto, sin necesidad de que se produjera una filtración. Pero esto ya no es así. 

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cerró en noviembre de 2022 el acceso público, y hoy quien quiere consultar quién está detrás de una sociedad debe acreditar un "interés legítimo" para utilizar el registro. Pero la opacidad de Luxemburgo nunca dependió exclusivamente de la facilidad de acceso a su registro: ya cuando el acceso era libre la mitad de sus empresas no declaraba su titularidad real, como reveló 'OpenLux'.

Susana Ruiz lo resume en dos realidades que se dan a la vez: "Hay más transparencia formal porque el marco regulatorio de la UE y de la OCDE así lo exige", pero al mismo tiempo hay "una gran impunidad para seguir operando con opacidad". El problema, sostiene, "no es la falta de información teórica, porque los datos están ahí, sino que el tratamiento fiscal que reciben sigue siendo desproporcionadamente ventajoso".

Esa opacidad real tiene un instrumento estrella: la SCSp (société en commandite speciale), una figura que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución. Así, los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. Sin embargo, con esta forma de proceder es imposible establecer un histórico de los accionistas. Además, estas compañías tampoco registran sus cuentas anuales, por lo que no se puede fiscalizar su valor o su actividad.

Esta figura societaria es la elegida, por ejemplo, por Jordi Pujol Gironès, nieto del expresident de Cataluña Jordi Pujol, uno de los primeros nombres revelados por la investigación de infoLibre. Es titular al 50% de una SCSp denominada Casa de Datos, que comparte con Niccolò Belingardi Clusoni. La naturaleza de la mercantil impide rastrear su actividad e inversiones, pero Belingardi es fundador de Belfin Capital, una compañía suiza dedicada a la inversión inmobiliaria en activos de lujo, que posee varios edificios en Suiza y el norte de Italia.

Esta línea de negocio no es ajena a Pujol Gironés, que ha desarrollado parte de su carrera laboral en Blackstone, precisamente uno de los mayores fondos de inversión inmobiliaria del mundo, como informó El Confidencial. Pujol y Belingardi también tienen en común ser 'hijos de'. El primero, de Jordi Pujol Ferrusola, que no ha ocupado ningún cargo público, pero sí ha acumulado relevancia mediática a cuenta de su imputación en la Audiencia Nacional —junto a su exesposa y madre de Pujol Gironès, Mercè Gironés— por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal; y el segundo de Vittorio Belingardi, que ha ostentado importantes cargos en sociedades públicas italianas como las que gestionan el metro o el aeropuerto de Milán, los ferrocarriles estatales o el Comité de Inversiones Públicas de Lombardía.

Las leyes europeas obligan a Luxemburgo a colaborar con otros países en materia de lucha contra los delitos económicos, y la "transparencia formal" ha aumentado mucho en los últimos años, apunta Susana Ruiz. Sin embargo, en la práctica, la opacidad persiste, asegura la experta. El hecho de que el registro de titulares no permita identificar con precisión a todos los beneficiarios finales de las empresas o figuras como las SCSp dificultan enormemente la labor de las autoridades fiscales. 

Sobre el papel, la Hacienda española y el resto de agencias europeas deberían recibir de forma automática la información de todos los titulares de cuentas y fondos en Luxemburgo. Pero, "si cruzamos el volumen descomunal de sociedades y activos registrados allí con lo que realmente se declara en los países de origen, las cifras son totalmente incompatibles", señala Ruiz. 

Aunque Luxemburgo no ofrece acceso público al registro de titularidades reales de sus empresas, sino que exige cumplir determinados requisitos, no sale perdiendo respecto a España en términos de transparencia. En nuestro país el acceso a este registro tampoco es libre y también exige justificar un interés legítimo, que da acceso a datos limitados y previo registro. Además, otros datos se publican únicamente en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), que tampoco tiene un buscador con toda la información en abierto.

Luxemburgo, en el caso de las sociedades que no son SCSp, permite consultar las cuentas anuales sin declarar la causa del interés ni abonar ningún coste, mientras que en España es necesario pagar una tasa para acceder a los mismos documentos, lo que en el caso de grandes entramados empresariales con muchas matrices y sociedades relacionadas, encarece y dificulta la investigación periodística, especialmente para medios independientes como infoLibre. 

Susana Ruiz coincide en el diagnóstico y en la necesidad de mejorar la transparencia del registro mercantil en España, pero matiza que, dado el volumen de transacciones e inversión que acumula Luxemburgo, supone un mayor "foco de problemas" que el resto de países. Mollinedo coincide en que, en algunos aspectos, el registro de Luxemburgo funciona en términos de transparencia mejor que el español: "En Luxemburgo el acceso para conocer quiénes son los beneficiarios últimos de manera pública es gratuito. En España, por mantener el status quo de los registradores, es necesario solicitarlo y pagar por ello".

El martes 9 de diciembre de 2025, el doctor Carlos Mur de Viu no se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla. El que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la crisis del covid estaba citado a declarar como investigado por la gestión de los conocidos como Protocolos de la Vergüenza, desvelados en exclusiva por infoLibre. El plantón judicial provocó un terremoto inmediato: las acusaciones particulares de las víctimas solicitaron orden de busca y captura al alegar que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid se encontraba en paradero desconocido.

Tampoco se presentó el ex director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a su siguiente cita relevante, fechada justo una semana después, el martes 16 de diciembre, en una notaría de Luxemburgo. Pero allí, al menos, se había molestado en delegar. Mediante un poder firmado por Mur, una empleada de la notaría comparecía en su nombre para un fin muy distinto al de dar explicaciones a la Justicia. En el Gran Ducado buscaba formalizar la disolución de Rentados SA, una sociedad anónima familiar registrada en Luxemburgo de la que el médico, en ese momento, controlaba el 100% de las acciones.

La extinción de esta firma mercantil, ejecutada mediante una transmisión universal de patrimonio a favor de Mur —es decir, los fondos que quedaban en la empresa pasaron a pertenecerle a él, como único accionista— puso fin a un vehículo societario abierto a finales de 2011. La empresa llegó a manejar en su pasivo un préstamo de 1,5 millones de euros que durante años se distribuyó en forma de créditos a "empresas vinculadas". 

La identidad de las empresas receptoras no aparece desglosada en las cuentas públicas debido a que la legislación de Luxemburgo exime de ese nivel de detalle a las sociedades que presentan balances en formato abreviado. El desmantelamiento definitivo de la estructura se ha completado después de la mudanza del ex director general a Andorra la Vella (un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España), localidad que ya declaró como su domicilio oficial ante el notario y desde la que actualmente comparece ante el juez por videoconferencia tras haberse ampliado recientemente la investigación penal al delito de prevaricación.

Como director general de Coordinación Sociosanitaria del SERMAS, Carlos Mur de Viu firmó en marzo de 2020 los protocolos que restringieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales. Destituido por Isabel Díaz Ayuso en mayo de ese año, es el principal cargo político del Gobierno madrileño que ha sido imputado por la gestión de la pandemia. En su caso, por homicidio imprudente y denegación de auxilio, en distintas causas repartidas por diversos juzgados de la región.

El procedimiento se ha convertido en un cruce de acusaciones donde, por un lado, directores de centros y mandos intermedios han testificado que Mur redactó y ordenó por correo aplicar los criterios de exclusión. Por otro, en sus declaraciones por videoconferencia desde Andorra, Mur deriva la responsabilidad hacia arriba y sostiene que las directrices formaban parte de un plan diseñado por la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.

La semilla de Rentados SA se plantó formalmente el 14 de diciembre de 2011. Su único accionista y fundador original fue el padre de Carlos Mur, José María Mur Bernad, líder histórico del Partido Aragonés (PAR) —por el que fue presidente de las Cortes de Aragón, diputado nacional y senador— y que eligió el Gran Ducado para registrar la mercantil el mismo año en que dejó su escaño como senador en las Cortes Generales, su último cargo público.  

La vinculación de Mur padre con los negocios inmobiliarios, sin embargo, venía de lejos y ya le había causado problemas fiscales. En los años noventa, el entonces diputado nacional tuvo que comparecer ante la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Congreso para defender la compatibilidad de su escaño con su actividad privada como agente de la propiedad inmobiliaria y socio mayoritario en una veintena de empresas de su comunidad. En esa misma época, el Ejecutivo aragonés llegó a cifrar en unos 80 millones de pesetas un presunto fraude fiscal cometido por el político en la venta de unos terrenos en Zaragoza. El caso se originó tras una denuncia del PSOE, que criticaba el desfase entre las cantidades que Mur había escriturado y la valoración real del suelo.

Décadas después de aquella batalla política y fiscal, las cuentas anuales de su firma luxemburguesa reflejan que funcionaba sin estructura operativa alguna: nunca llegó a tener a un solo trabajador en nómina y carecía de actividad comercial directa. Pese a ello, la sociedad dispuso desde su primer ejercicio fiscal de un notable músculo financiero, registrando en su pasivo deudas con entidades de crédito a largo plazo por valor de 1,5 millones de euros.

El relevo definitivo en la propiedad de la estructura internacional luxemburguesa se produjo en el momento más delicado para el ex alto cargo del Gobierno de Ayuso. Según los datos del registro de Luxemburgo, fue el 18 de enero de 2023 cuando se formalizó el cambio de titularidad familiar en el que José María Mur cedió el total de las acciones a su hijo Carlos. Por aquellas fechas, la gestión sanitaria del facultativo ya acumulaba un goteo constante de querellas y denuncias en los juzgados por parte de los colectivos de familiares de las víctimas del covid.

A partir de ese traspaso entre padre e hijo, la contabilidad de la firma luxemburguesa pisó el acelerador para su desmantelamiento. En un movimiento paralelo al avance de las pesquisas judiciales en España, las "empresas vinculadas" devolvieron de golpe los saldos pendientes a la matriz. Con esa liquidez, la sociedad amortizó y saldó por completo la deuda histórica de 1,5 millones de euros que arrastraba en su pasivo desde su fundación, dejando el valor de la mercantil en 111.000 euros invertidos en valores bursátiles.

Para asegurar el control de la última fase de la empresa, Carlos Mur se inscribió formalmente como administrador en el consejo de administración a finales de 2024. 

Aunque las cuentas en Luxemburgo mantuvieron bajo llave la identidad de las firmas receptoras de los fondos, el rastro de las inversiones familiares en España apunta hacia el sector del ladrillo. En octubre de 2019, al ser nombrado director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur cumplimentó su correspondiente declaración de bienes ante la Comunidad de Madrid.

En aquel documento público, el facultativo no incluyó rastro de la firma de Luxemburgo —cuyas participaciones seguían en ese momento a nombre de su padre—, pero sí declaró poseer acciones por un valor de 32.000 euros en la mercantil española Valiner SL, a la que describió de su puño y letra como una "empresa inmobiliaria y promotora familiar". Esta sociedad promotora, que maneja un capital social superior al millón de euros, cuenta con María Pilar de Viu Oliván, la madre de Carlos Mur, como administradora única y controla a su vez una red de empresas dedicadas a la construcción en territorio nacional.

Los balances oficiales de Valiner SL depositados en el Registro Mercantil demuestran que, detrás de la modesta etiqueta de "empresa familiar", se esconde un mastodóntico holding patrimonial. La sociedad maneja un activo total de 16,4 millones de euros y unos fondos propios que rozan los 15,7 millones. Con apenas dos empleados en plantilla —uno de ellos la propia María Pilar de Viu—, opera como el centro financiero de un entramado que controla al 100% diversas filiales de construcción y que riega con créditos internos a más de una docena de empresas del grupo.

En el corazón de este entramado también aparece el hermano del ex alto cargo, José Ángel Mur Viu, que consta en el accionariado y ejerce actualmente como apoderado de la matriz. Su nombre arrastra un complejo historial en las crónicas de tribunales. El hermano del firmante de los Protocolos de la Vergüenza madrileños fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, tras probarse que participó en el desvío ilícito de casi 10 millones de euros pertenecientes a un gigante fotovoltaico chino mediante facturas falsas emitidas a sociedades pantalla en Países Bajos y Chequia.

La magnitud de los negocios energéticos de los Mur y sus socios llegó a salpicar a las cloacas del Estado. La multinacional asiática estafada contrató en secreto al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su grupo empresarial Cenyt, según declaró uno de sus socios, para que recuperara el dinero robado por la trama española. Una carambola de reuniones grabadas y amenazas que terminó en la Audiencia Nacional bajo el mando del juez Manuel García-Castellón, dentro del conocido como caso Villarejo. 

infoLibre ha contactado con Carlos y José María Mur para recabar su versión sobre los hechos que se detallan en este artículo. El histórico líder del PAR y exparlamentario en ambas cámaras no ha atendido a las preguntas de este periódico. Su hijo Carlos sí ha respondido para defender la legalidad de los movimientos y desvincularse de la matriz española: "En el caso de Valiner, he sido y soy completamente ajeno a su desarrollo de negocio y al detalle de su ejecución". 

Respecto a la sociedad luxemburguesa, Mur declara que asumió el control de Rentados SA tras una "sobrevenida situación personal" de su padre y que la firma estaba al corriente de sus obligaciones pero sin actividad. "Si decidí su extinción fue por la única razón de que ni tenía operativa ni la iba a tener. Dicha decisión no tuvo relación con el avance de ninguna causa", afirma.

En febrero de 2021 se publicó OpenLux, una investigación internacional que analizaba cómo las empresas de Luxemburgo facilitan el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y destapaba cómo multitud de fortunas y poderosos se benefician de esa forma de operar. La investigación estuvo liderada por OCCRP —un consorcio de investigación periodística del que es socio infoLibre— y por el periódico francés Le Monde. En España, infoLibre se encargó del caso y reveló la identidad de multitud de ciudadanos que tenían sociedades en el Gran Ducado de Luxemburgo, caracterizado por su opacidad mercantil y sus ventajas fiscales.

Cinco años después, la historia continúa. OpenLux es una investigación a largo plazo y ahora decenas de medios a nivel internacional —coordinados otra vez por OCCRP y Le Monde— vuelven a unir sus fuerzas para revelar nuevas historias relacionadas con la opacidad financiera y las empresas y negocios radicados en Luxemburgo. infoLibre, de nuevo, es el medio encargado, en exclusiva, de la parte española.

Solo en este periódico se podrán leer en los próximos días y semanas multitud de informaciones sobre ciudadanos españoles —y de otros países— que han decidido operar desde Luxemburgo. De aristócratas o deportistas a importantes directivos y empresarios patrios. Incluso personas que han ocupado altos cargos políticos en administraciones españolas.

Uno de los nombres propios que revela esta investigación es el de Jordi Pujol Gironès, hijo de Jordi Pujol Ferrusola (Jordi Pujol junior) y de Mercè Gironès —ambos procesados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delito fiscal— y nieto del expresident de Cataluña. 

Pujol Gironès aprovecha la opacidad que ofrece la figura de la sociedad comanditaria especial (SCSp, por sus siglas en francés), un tipo de mercantil luxemburguesa que no obliga a presentar cuentas anuales, lo que impide fiscalizar su actividad o inversiones. El nieto del expresident —cuyos siete hijos están acusados en el juicio aún pendiente de sentencia, pero del que él ha sido eximido por su delicada salud— ostenta el 50% de la sociedad Casa de Datos SCSp —cuya actividad se desconoce— junto a un socio italiano.

Otro caso es el de Amancio Ortega. La persona más rica de España, según la lista Forbes —y la décima del mundo en ese ránking—, tenía en 2021 dos empresas en Luxemburgo a través de las que gestionaba diversas inversiones inmobiliarias y que contaban con más de 1.000 millones de euros en activos, tal y como explicó infoLibre durante las primeras publicaciones de OpenLux.

Una de las dos empresas era Adelphi Property Sàrl, la sociedad propietaria del edificio Adelphi, un emblemático complejo de oficinas en el centro de Londres, donde tienen sede compañías como Spotify, The Economist, Condé Nast o PetroChina. Ortega compró esa sociedad y, por tanto, el edificio, al fondo buitre Blackstone en 2018. Pero Adelphi Property Sàrl ya no existe. En 2022 arrancó el proceso para disolver la empresa, que terminó finalmente en diciembre de 2024, tal y como ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil de Luxemburgo.

infoLibre contó ya en 2021 que las empresas de Ortega explicaban entonces que era "probable que el edificio Adelphi se traslade a una compañía del Reino Unido y se disuelva la sociedad luxemburguesa", ya que su política habitual era que los edificios pertenecieran a sociedades del país en el que se encuentran. Y así terminó sucediendo. En la liquidación de la sociedad luxemburguesa consta, precisamente, la transmisión de los activos a otra compañía, Almack Ltd, una de las sociedades en Reino Unido que forman parte del holding inmobiliario internacional del dueño de Inditex.

La otra sociedad en Luxemburgo era Hills Place Sàrl, que a finales de 2019 gestionaba algo más de 750 millones de libras esterlinas en activos, tal y como explicó este medio. Esta sociedad sigue activa en el Gran Ducado y, de hecho, ha ido aumentando su valor. Según sus cuentas de 2024 —las últimas presentadas ante el registro de Luxemburgo—, sus activos ascienden ya a más de 2.400 millones de libras (más de 2.800 millones de euros al cambio de diciembre de ese año).

Esa cifra se debe esencialmente a que la sociedad luxemburguesa ahora controla completamente a Pontegadea UK Ltd, otra de las compañías en Reino Unido del holding inmobiliario que Amancio Ortega ha ido construyendo a lo largo de los años y de forma paralela a su imperio textil.

No es la única empresa en Luxemburgo controlada por el dueño de Zara e Inditex. A día de hoy, Ortega es también el beneficiario final de otras nueve sociedades con sede allí, como Pontegadea RE Luxembourg Sàrl, Pontegadea Luxembourg Sàrl, Pontegadea Netherlands Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl.

La mayoría forman parte del citado grupo inmobiliario a nivel internacional. Muchas de ellas, como Pontegadea Luxembourg Sàrl o Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, fueron creadas tras las primeras publicaciones de OpenLux hace ahora cinco años. La última en constituirse ha sido, precisamente, Pontegadea Logistics Holdings Sàrl, que se inscribió en el registro de Luxemburgo el 3 de abril de 2026.

El volumen de las inversiones inmobiliarias de Amancio Ortega ha ido creciendo en los últimos años, al igual que los activos que gestiona desde Luxemburgo. Por ejemplo, Pontegadea Luxembourg Sàrl declaró en sus cuentas de 2024 unos activos por valor de más de 7.000 millones de euros. Esto se debe a que es propietaria, a su vez, de diez sociedades del holding, repartidas entre el Gran Ducado y otros países como Estados Unidos, Italia o Irlanda. 

Entre esas compañías que dependen de Pontegadea Luxembourg Sàrl están, por ejemplo, Ponte Gadea USA Inc, Pontegadea Canada Inc o Pontegadea RE Luxembourg Sàrl. Muchas de las sociedades de Amancio Ortega comparten esa mención a Pontegadea en su denominación. Ese término es el que da nombre al grupo o holding inmobiliario que el empresario maneja a nivel internacional, con sociedades en multitud de países, como Luxemburgo, Reino Unido o España.

En total, las sociedades de las que Ortega es titular final en Luxemburgo tienen un valor, según los activos que ellas mismas declaran ante el registro del país, de más de 10.000 millones de euros —incluyendo las filiales en otros Estados que pertenecen a una empresa matriz en el Gran Ducado—. Esa cifra no incluye a ITX Luxembourg SA, la sociedad que gestiona el negocio de Inditex en el país y que no forma parte del holding inmobiliario y los otros negocios de Ortega.

10.000 millones de euros es una cifra superior al Producto Interior Bruto (PIB) de países como Mónaco o Sudán del Sur. El monto también es mayor que lo que destinan los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en España, por ejemplo, a agricultura, pesca y alimentación —8.868 millones de euros— o a fomento del empleo —8.029 millones de euros—. Si se pone en relación con el sistema de pensiones de España, 10.000 millones de euros darían para abonarlas durante unos 20 días, según la nómina de la Seguridad Social correspondiente a este mes de mayo.

Además de Amancio, su hija Sandra Ortega también posee acciones de compañías en Luxemburgo utilizadas para inversiones inmobiliarias a nivel internacional, tal y como ya explicó infoLibre en 2021. Se trata de 30 AGVH 1 Sàrl y 30 AGVH 2 SA, valoradas en 208 y 189 millones de euros, respectivamente, según los activos que declararon en 2024 ambas compañías. La hija mayor de Amancio, que al contrario que su hermana Marta, no ocupa cargo en Inditex, posee el 40,16% de ambas sociedades, y su socio principal es el ciudadano saudí Osama Hussein Al Sayed.

La investigación de infoLibre afecta, entre otros, a nombres ilustres que forman parte de la nobleza española y eligen el Gran Ducado como refugio de sus fortunas. Entre ellos, el marqués de Bélgida, José Luis Cotoner Martos, grande de España e hijo del mentor de Juan Carlos I. Cotoner fue condenado en España por fraude fiscal y posee el 100% de un holding en las afueras de Luxemburgo con más de 27 millones de euros en su activo.

Cotoner no es el único hijo de una persona cercana a Juan Carlos I, y con problemas judiciales en España, cuyo nombre consta en el registro mercantil del pequeño Estado europeo. infoLibre irá desgranando en próximas fechas las identidades de empresarios, ex altos cargos, aristócratas, deportistas y otras conocidas personalidades españolas o vinculadas a España que han escogido la opacidad de Luxemburgo o las ventajas de su régimen tributario para sus operaciones financieras. 

La investigación internacional destapa que el uso de estas redes mercantiles cruza fronteras y afecta a clanes políticos de todo el planeta. Un ejemplo revelado por OCCRP y Le Monde es el de Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo, hijo del fallecido presidente de Gabón, Omar Bongo. Mientras ejercía como director general de Presupuesto y Finanzas Públicas de su país, Andjoua inyectó millones de dólares en un imperio inmobiliario con 43 propiedades en Dubái, y operaba en paralelo dos sociedades luxemburguesas. Las autoridades del Gran Ducado han abierto una investigación judicial contra él por presunto fraude fiscal agravado, blanqueo y falsedad documental. 

En 2020 y 2021, Le Monde obtuvo información sobre los titulares reales de todas las empresas registradas en Luxemburgo y la compartió con el resto de medios que participaron en OpenLux. Cinco años después de las primeras publicaciones, varios de ellos han vuelto a unir sus fuerzas para investigar qué fue de quienes ya operaban en Luxemburgo por aquel entonces y para dar a conocer nuevos nombres e historias relacionados con los entramados societarios en el Gran Ducado.

Ya en aquel momento la investigación tuvo un gran impacto. OpenLux demostró, por ejemplo, cómo fondos sospechosos de provenir de actividades delictivas o vinculados a organizaciones criminales como la mafia italiana, la 'Ndrangheta o el crimen organizado ruso se escondían en sociedades en el Gran Ducado. La investigación también destapó que famosos y grandes fortunas utilizaban Luxemburgo para pagar menos impuestos que en sus propios países. Fue el caso de Cristiano Ronaldo, Tiger Woods o Shakira. En los próximos días y semanas, nuevos nombres.

Ya pasó una semana y Dritan Gjika, un presunto capo de la cocaína conocido como Tony, sigue esperando que le paguen. “Señor mira, ayer su socio me dijo que ayer pasaba dinero, después me dijo hoy”, le dice Gjika a un socio comercial. Están discutiendo sobre la venta de "material" que se envió por contenedor de Ecuador a España.

Cuando el hombre le dice que esté "tranquilo" y que no sea tan "desconfiado", Gjika estalla, exasperado. "¡Señor, no es desconfianza, es respeto!... Salió todo bien, fijaron un precio juntos que les interesaba a ustedes. ¡No tengo que esperar hasta que lo venda despacio para que me paguen!”. Más tarde, aclara: "Es solo un negocio y necesitamos rapidez".

Este tenso intercambio no se dio en un restaurante italiano o en elegantes oficinas en la bulliciosa ciudad portuaria de Guayaquil, en Ecuador, sitios donde Gjika se solía reunir con sus asociados. Se comunicaron como la mayoría de personas lo hace hoy en día: por chat. La única diferencia es que los dos hombres intercambiaban mensajes en la plataforma de mensajería cifrada SkyECC, la herramienta favorita de los criminales y otras figuras del bajo mundo hasta que fue descifrada por la policía europea en 2021.

Tras decodificar la plataforma, se compartieron los chats de Sky con autoridades de todo el planeta, incluyendo las de Ecuador. Ahí, Gjika, que nació en Albania, es requerido por cargos de lavado de activos y delincuencia organizada.

OCCRP obtuvo cientos de páginas de registros de chat de Sky de Gjika, que la Fiscalía ecuatoriana presentó como prueba en un caso penal contra él y miembros de su presunta red.

Los mensajes de texto, que cubren un periodo entre mayo de 2020 y marzo de 2021, ofrecen una visión sin precedentes del interior del día a día de las operaciones de una poderosa organización de narcotráfico, cuya estructura de tipo corporativo se extendía más allá de las fronteras en una búsqueda incesante de ganancias. 

Los mensajes también revelan la profunda infiltración que logró este grupo en la policía y los puertos de Ecuador, país que en los últimos años se convirtió  en una superautopista para la cocaína.

Al menos 17 personas acusadas de pertenecer o ayudar a la organización criminal ya fueron condenadas. Quince apelaron y están a la espera de un fallo. Otras cuatro resultaron sentenciadas por lavar las ganancias de este comercio ilícito, realizando transferencias de más de 43 millones de dólares entre 2015 y 2023.

Sin embargo, Gjika, el hombre que según los fiscales es el líder de esta red — y que ahora es uno de los hombres más buscados de Ecuador — logró salir de Ecuador sin ser detectado. Fue finalmente arrestado en Abu Dabi en mayo de 2025 y ahora espera, bajo las órdenes de un juez, su extradición para comparecer ante un tribunal. (Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero en una audiencia celebrada en Ecuador, previa al juicio, alegaron que no había pruebas suficientes para demostrar que su cliente hubiera cometido un delito y cuestionaron la legalidad de la forma en que se obtuvieron inicialmente los mensajes de Sky). 

Gjika no solía dejar las cosas al azar. Según los chats interceptados, mantenía una participación directa en casi todas las ramas de su presunta operación, desde la contratación de conductores hasta la gestión de los horarios de envío y el cálculo exacto de las deudas pendientes. Valoraba la confiabilidad y la diplomacia, y parece haber infundido una feroz lealtad en sus colegas.

"Contigo voy hasta donde me digas hermano... y con los ojos cerrados", escribió uno de sus interlocutores frecuentes, quien según los chats parecía manejar conexiones con proveedores colombianos, luego de que Gjika le dijera que tenía "muchos trabajos" para ofrecerle en diciembre de 2020.

A pesar de venir de un país situado a miles de kilómetros de Ecuador, Gjika parece haber logrado un sorprendente dominio de un español cargado de jerga, salpicando sus mensajes de texto con saludos y frases coloquiales. Por momentos, también usaba un lenguaje críptico cuando se trataba de discutir los detalles de su trabajo.

Para ayudar a decodificar estas conversaciones, los reporteros contrastaron el contenido de los chats con miles de páginas de registros judiciales que incluyen informes policiales y testimonios, así como otros archivos de la investigación de la Fiscalía. Los reporteros también consultaron a expertos para verificar el significado de la jerga del grupo.

En su mundo, según se establece, una "caja" puede significar un contenedor de envío que puede ser "preñado" con "cosas" o “cosos” (es decir, colmado de paquetes de cocaína). "Los feos", por su parte, se refiere a la policía.

En una conversación inusualmente sincera, sin embargo, el supuesto socio comercial de Gjika reflexiona sobre su línea de trabajo y la describe abiertamente como "traqueteando", un término de jerga común en América Latina para referirse al narcotráfico: "La verdad, estamos traqueteando, no vendiendo huevos al por mayor para buscar descuentos… ese es mi pensar en las cosas hermano”.

El albanés, de 49 años, aterrizó por primera vez en Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal y se sumó a la ola de ciudadanos de los Balcanes que en las últimas décadas se han movido a zonas más próximas al origen del tráfico de cocaína.

Si bien Ecuador no produce este narcótico, se convirtió en el principal centro de exportación de América Latina y alberga un comercio que controlan principalmente grupos criminales albaneses, mexicanos y colombianos, en asociación con pandillas locales en el terreno.

Según Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), los traficantes albaneses aportaron una cultura corporativa distintiva al negocio de la cocaína en Ecuador, en la que se centran más directamente en ganar dinero que en participar en "pugnas" para obtener control territorial. Con este fin, la red presuntamente dirigida por Gjika era fluida y no parecía mantener una alianza fija con ninguna de las principales pandillas criminales de Ecuador, dijo. “Este tipo de personas no se ‘casan’, podríamos decir. No tienen alianzas estratégicas con ninguno de los grupos criminales. Sino que es un giro de negocios en función de oportunidades de mercado”.

Según las autoridades ecuatorianas, la organización criminal presuntamente liderada por Gjika tenía una estructura corporativa piramidal. En la cabeza estaba el albanés, seguido por un "grupo directivo de apoyo" que incluía a su presunto lugarteniente, el ciudadano argentino-italiano Mario Sánchez Rinaldi. En febrero de 2024 Sánchez Rinaldi fue arrestado en España, donde también se investiga a cerca de 70 personas y entidades legales en relación con el caso. Los abogados ecuatorianos de Sánchez Rinaldi, quien permanece detenido, le dijeron a OCCRP que no estaban autorizados a comentar sobre el caso.

Para facilitar sus envíos transatlánticos, los fiscales ecuatorianos sostienen que el grupo presuntamente usaba empresas de exportación legítimas, que comerciaban con bananos y otros bienes, como tapadera para el tráfico de drogas. Las ganancias luego se lavaban a través de estos negocios legales, así como en compras de bienes raíces.

Los chats de Sky revelan los detalles granulares de cómo operaba esta 'multinacional' de la cocaína, desde los contratos mensuales con proveedores hasta los puntos de recolección de efectivo específicos utilizados para recaudar sus ganancias. Los mensajes muestran cómo el grupo sorteaba contratiempos logísticos e innovaba para responder a las intervenciones de las autoridades.

Y, de manera crucial, evidencian una de las claves de esta operación: un nivel de acceso notable a los puertos marítimos de Ecuador y el enorme volumen de contenedores que se despachan cada día al resto del mundo. 

La policía, la aduana y la autoridad portuaria de Ecuador no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Según los fiscales, la red de contrabando obtenía su cocaína principalmente de laboratorios en la vecina Colombia, el principal cultivador mundial de la planta de coca, cuyas hojas son trituradas y purificadas a través de varios procesos químicos para obtener la droga.  

Los chats de Sky muestran que Gjika tomó la iniciativa en la negociación de acuerdos para asegurar un flujo constante del narcótico, al negociar contratos de múltiples toneladas mensuales, una cantidad notable pues en ese momento las incautaciones de cocaína en Ecuador rara vez superaban una tonelada.

"Amigo mi primo me dijo que tienes cosos buenos", escribió Gjika a un aparente proveedor en enero de 2021.

“A mi me interesa pero lo que me da un poco miedo es que no conozco la gente, lo conozco a usted y lo veo muy serio y un chico con pies por tierra”, agregó. 

El proveedor le dijo a Gjika que estaba manejando dos "cocinas" –un término de jerga para los laboratorios donde se extrae la cocaína de las hojas de coca– y le pidió al albanés confianza para aceptar su negocio.

En otra conversación, Gjika describió un contrato por un "mínimo" de "6 T" con otro aparente proveedor de Colombia, quien dijo que tenía cinco “cocinas” a su disposición.

Sin embargo, a veces, el plan sale mal.

Un día después de esta conversación, el 1 de febrero de 2021, cinco hombres fueron arrestados en la provincia ecuatoriana de Los Ríos con media tonelada de cocaína camuflada en un camión, dividida en paquetes de 1 kilo marcados con el logo UNICO.

Tras escuchar la noticia, Gjika le escribió al hombre que le ofreció suministrar “6 T” para informarle del incidente.

Gjika comienza a expresar sospechas sobre cómo pudo haber ocurrido este fallo operativo, señalando que los conductores del cargamento no habían seguido su cronograma.

Más tarde, ambos confirman lo peor: la "mercancía" también fue incautada.

La discusión que sigue muestra a Gjika tratando de analizar qué salió mal y cuáles deberían ser las consecuencias. Él quiere saber qué le pasó a un individuo al que se refieren como “el taxista”, quien no fue arrestado. Aunque nunca se dice claramente, los chats sugieren que así podría describir a uno de los “patrulleros” que acompaña los cargamentos en un auto separado.

Lo que ocurre después se desconoce, ya que el registro del chat termina con el interlocutor de Gjika pidiendo su BC1. Se refiere a otro sistema de comunicación encriptada que opera la compañía Number 1BC y que se convirtió en una alternativa después de que se supiera que Sky y otras empresas similares habían sido vulneradas. 

Para transportar este flujo constante de cocaína al exterior, principalmente a Europa, la red presuntamente liderada por Gjika acumuló el control sobre "gran parte de la cadena logística de comercio exterior", según los fiscales ecuatorianos. Para el juicio, los investigadores recolectaron pruebas de la participación del grupo en al menos 11 envíos de drogas desde el puerto de Guayaquil a terminales europeas en 2020 y 2021.

Los chats de Sky revelan la amplitud de estas operaciones de exportación, con numerosas discusiones sobre cronogramas de envío y entregas de "cajas" a puertos en lugares como:

Los Países Bajos y Bélgica,

Turquía e Italia,

España y Alemania,

y Marruecos y Portugal.

También hay discusiones sobre la búsqueda de nuevos mercados y rutas, incluyendo en países tan lejanos como la India,

y Rusia.

[De los puertos mencionados en estas conversaciones, solo Amberes, Algeciras y Hamburgo respondieron a las preguntas de OCCRP. Remitieron a las autoridades policiales y aduaneras para obtener más detalles sobre las medidas adoptadas para combatir el tráfico de drogas].  

Para lograrlo, el grupo cultivó una red de informantes dentro de los puertos de Ecuador, según los fiscales. Citan varios chats como evidencia del acceso de los traficantes a "información privilegiada" de los sistemas informáticos de las terminales en Guayaquil.

La naturaleza casual de sus conversaciones en Sky refleja su infiltración sin fisuras en estas instalaciones, los traficantes discuten sobre su trabajo en los puertos de manera rutinaria y ordinaria.

"No hay ningún problema de cuál puerto que sea, lo sacamos, no se preocupe”, escribió Gjika sobre cuatro de las terminales portuarias de Guayaquil en una conversación sobre qué ruta de envío planeaba usar un importador.

"¡¡Señor, yo me responsabilizo en puertos!!", enfatiza más tarde aunque añadió que no podía “garantizar” si había “fuga de información el día de trabajo” o si me “caen los tombos (jerga para policía)”. 

Al ser contactada, Contecon, una de las tres terminales portuarias de Guayaquil mencionadas en los chats, indicó que el puerto "colabora estrechamente con el Estado ecuatoriano para garantizar un comercio seguro a través de nuestras instalaciones". Los otros dos puertos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Este nivel de acceso dependía de "amigos" que parecían tener acceso directo a los puertos, sugieren los chats.

"Los amigos de adentro ya mismo me dan la caja para trabajar en una hora máximo", se lee en un mensaje que Gjika recibió en agosto de 2020.

Entre las personas que fueron condenadas en Ecuador hay un oficial de policía que se encargaba de examinar contenedores en un puerto. Otro policía fue declarado inocente y un tercero está prófugo desde 2024.

La infiltración que logró el grupo entre las autoridades fue aún más lejos. Un policía retirado llamado Héctor Pesántez, conocido con el alias de Glock, fue condenado por haber sido una de las figuras de mayor rango del grupo. En los chats, comparte con Gjika información interna de la policía antinarcóticos de Ecuador.

Según los fiscales, él era responsable de reclutar a otros en roles de supervisión para facilitar el tráfico en los puertos. En el juicio, se declaró inocente y apeló su condena. No respondió a las solicitudes de OCCRP de comentarios.

"Me contacté con los amigos", le escribió a Gjika en julio de 2020. "Me informan que ya hubo cambios de personal, hasta el director nacional antinarcóticos es nuevo, han cambiado la modalidad de francos (días libres)".

Glock luego le aconseja a Gjika ajustar su agenda para que coincida con el momento en que sus "amigos" estarán de turno:

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, señala que el Gobierno ha tenido dificultades para garantizar la seguridad adecuada de los puertos, que son gestionados por empresas privadas a través de concesiones que el Gobierno les otorga. "El problema es que el Ecuador no tiene un control adecuado de los puertos. Ni una estrategia unificada, ni coherente, ni inteligente. Es un boquete; es como tener a una persona desangrándose, y si no le pones un torniquete, se va a morir", dijo.

Las conversaciones de Sky se refieren a varios métodos que el grupo usaba para introducir droga en los contenedores. Uno de ellos, que las autoridades describen como el "método del gancho ciego", consiste sencillamente en colocar droga junto a carga legal, en lugar de mezclarla con bienes lícitos u ocultarlas de manera más elaborada.

Pero hay pistas de que el grupo empleó métodos más sofisticados. En otro chat, Gjika y un interlocutor discuten sobre los esfuerzos para preparar un contenedor con un soldador y algo de pintura. El resultado, dice Gjika, es que "el escáner no lo coge, absolutamente confirmado".

A partir del intercambio, parecería que ambos discuten sobre almacenar cocaína en la propia estructura del contenedor. El Ministerio del Interior de España señaló que el grupo comenzó a usar esta táctica para ocultar lotes más pequeños de cocaína después de que autoridades holandesas interceptaron un cargamento de 1,1 toneladas en 2020.

Algunos chats también se refieren a la táctica que ellos –y la policía ecuatoriana– denominan de "empresa a empresa".  Así, los traficantes minimizan sus riesgos al controlar directamente compañías de exportación que llevan la cocaína y al asociarse con importadoras que administran sus socios. 

Según documentos judiciales y de registro mercantil ecuatoriano, Gijka así como las personas condenadas o acusadas de participar en la red de tráfico, o sus familiares cercanos, eran dueños o administraban más de 30 empresas en el país.

Entre estas, los fiscales alegaron que tres empresas, propiedad de o administradas por Gjika y su presunta mano derecha Mario Sánchez Rinaldi, habrían facilitado el tráfico de drogas. Dos de las empresas se enfocaban principalmente en el comercio de banano.

España también era un nodo logístico importante para los envíos de cocaína del grupo. En una carta enviada a las autoridades de Ecuador para pedir asistencia, la Audiencia Nacional de España describe a Sánchez Rinaldi como un “importante empresario” radicado en la Costa del Sol. Y alega que manejaba una “organización legal potente”, un grupo de negocios de importación y exportación de alimentos que le permitía “facilitar su logística” del tráfico de cocaína para terceros.

En otra carta enviada a las autoridades francesas, la Audiencia Nacional española indica que el empresario habría sido responsable de garantizar la entrada de la droga en el puerto español de Algeciras y de “facilitar empresas importadoras en Europa”.

(Un portavoz de la Autoridad Portuaria de Algeciras no respondió a las preguntas enviadas por la OCCRP y remitió a los periodistas a la policía). 

Cuando el producto llega con éxito a las costas europeas, los chats parecen mostrar a Gjika negociando su venta a distribuidores. Frecuentemente participa en conversaciones —algunas de ellas tensas— sobre precios, pruebas de calidad del producto y planes de distribución.

"¿Tú tienes mercancía por arriba???", le preguntó en julio de 2020 a otro usuario de Sky, a quien las autoridades ecuatorianas describieron como posible coordinador de envíos de cocaína del grupo al puerto español de Algeciras. "Yo necesito en España no hay nada". "Si tienes en Holanda puedo buscar un camión para bajarlo a España", ofrece el interlocutor. "Me das precio ahí arriba y yo lo bajo".

Unos meses más tarde, Gjika se comunicó con un colaborador –quien fue condenado por participar en la organización criminal y quien, según los fiscales, se había trasladado en su momento a España– sobre los precios del mercado en Europa: "Señor, ¿cómo está el precio por allá?", preguntó Gijka, antes de planear su próximo movimiento.

Tras acordar un precio, a menudo después de una negociación intensa, los chats incluyen conversaciones sobre la manera de cobrar las ganancias. Usaban puntos de recolección de efectivo clandestinos que parecen operar desde ciudades de todo el mundo, desde Cali hasta Madrid, Bruselas y Birmingham.

La cantidad de efectivo que cambia de manos es a menudo asombrosa. En Barcelona, las autoridades españolas detectaron múltiples entregas de efectivo vinculadas al grupo, incluyendo una que llevó a la incautación de un millón de euros escondidos en un vehículo.

Por separado, en una conversación de diciembre de 2020 a través de Sky, Gjika discute una serie de transferencias de pesos colombianos por un valor equivalente a 2,3 millones de dólares para ser cobrados en Cali.

Las referencias a dichos "tokens" son frecuentes, ya que aluden a una cadena de números —por lo general el número de serie de un billete de dólar o euro— que se utilizan como una especie de contraseña compartida con el cajero para asegurar que el dinero se entregue en las manos correctas.

Citando los chats de Sky, la policía vinculó el establecimiento a un ciudadano chino quien finalmente fue condenado por colaborar en el tráfico de drogas y lavar el dinero del grupo (se declaró inocente y apeló el fallo. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios).

Si bien este tipo de sistema de transferencia clandestino permite a sus usuarios eludir las restricciones de los bancos, conlleva sus propios riesgos. En un chat de agosto de 2020, Gjika y un hombre conocido como el "Ingeniero" parecen discutir los detalles de una operación de recolección de efectivo que no salió como estaba planeado.

Poco más de una hora después, el "Ingeniero" —quien más tarde sería condenado por colaborar con la organización de tráfico— informa que "el chino" no tenía suficiente efectivo y que no se pudo cobrar el monto total.

Entonces, el "Ingeniero" pregunta si puede tomar algo del dinero para pagar a los miembros de su equipo, y Gjika aparentemente acepta que puede quedarse con "100" —lo cual un informe policial sugiere que es una abreviatura para 100.000 dólares— para él y su equipo. Parecen acordar reunirse al día siguiente para una charla de negocios para que Gjika pueda mostrarle "dónde y cómo se invierte [el dinero]". Pero cuando la parte del efectivo de Gjika llega al día siguiente, son "10" menos de lo que esperaba.

Al ser presionado, el colaborador de Gjika señaló que los 10.000 dólares faltantes se debieron perder cuando otro asociado "se puso nervioso" en la calle donde fue el intercambio, cerca de un "chifa" —en referencia a un restaurante que sirve una fusión de cocina china y ecuatoriana—.

Tras enviar algunos mensajes de audio, cuyos contenidos no están detallados en los registros del chat, los dos hombres parecen haber resuelto el asunto.

Al ser contactado, el abogado de Julio César Lalangui Medina, conocido como El Ingeniero, señaló que aún está pendiente la apelación de su cliente, con una audiencia programada para el 25 de junio de 2026. Y añadió que existe un “amplio y profundo debate jurídico a nivel internacional sobre la validez, autenticidad, integridad, trazabilidad y legalidad” del uso de los mensajes de Sky como prueba.

Para septiembre de 2020, Gjika aparentemente se había enterado de que los dispositivos Sky que estaban usando ya no eran seguros.

"Estamos cambiando todo, por el mucho hablar de que Sky no es confiable más", le envió por mensaje de texto a un colega, animándolo a comprar uno de los teléfonos BC1.

Pero los hombres siguieron usando Sky durante casi seis meses más. En marzo de 2021 se registró el último mensaje en los archivos de la Fiscalía.

El uso de Sky eventualmente significaría el desmoronamiento de la red ecuatoriana. Sin embargo, no es seguro que Gijka –el hombre que encabezaba el grupo según la Fiscalía– enfrente la justicia. A pesar de haber sido arrestado hace casi un año, los Emiratos Árabes Unidos aún tienen que extraditarlo (el Ministerio de Asuntos Exteriores y Justicia del país no respondió a las solicitudes de comentarios).

Mientras tanto, la cocaína —y el derramamiento de sangre que la sigue a su paso— continúa aumentando en Ecuador a niveles récord.

Rivera señala que a medida que los traficantes internacionales impulsan el comercio de droga en Ecuador, las bandas locales siguen peleando por una porción del pastel.

"El financiamiento que tienen y el interés por mover más cocaína a través del Ecuador, genera pugna entre los grupos locales y esas pugnas generalmente se manifiestan en control territorial”, dijo. "Entonces, no es su presencia como tal, sino el financiamiento que han traído para el movimiento de cocaína lo que indirectamente genera mayor violencia”.

*Las iniciales en los chats no sirven para identificar participantes entre diferentes conversaciones, solo para señalar a los participantes del chat en concreto

Scam Empire, una investigación coordinada por el consorcio periodístico OCCRP y la televisión pública sueca, SVT, ha sido nominada como finalista de los premios internacionales European Press Prize. En ella participaron más de 30 medios de comunicación, entre los que se encuentra infoLibre, único medio español.

La investigación sacó a la luz, tras una filtración sin precedentes, el funcionamiento interno de una industria mundial dedicada a las estafas. Scam Empire desveló cómo dos grupos de call-centers estafaron al menos a 32.000 personas de todo el mundo, a los que robaron en total más de 265 millones de euros haciéndoles creer que estaban invirtiendo en todo tipo de activos financieros.

infoLibre reveló, entre otros asuntos, cómo España era el segundo país en el que esta red de ciberfraude robó más dinero, con más de 5.000 personas estafadas, o que a través de cuentas en BBVA, Santander y Sabadell se movieron al menos dos millones de euros de la trama criminal, que estaba dirigida desde Israel y Chipre, sin ninguna traba y en apenas unos meses.

El proyecto es uno de los cinco finalistas en la categoría de investigación del European Press Prize. En total, 25 trabajos periodísticos distintos, de medios de 34 países, han sido escogidos. Los otros medios españoles que han sido nominados en alguna de las cinco categorías de los prestigiosos galardones son El País, la Fundación Civio y Datadista.

Una hora después de que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, regresara a Budapest desde San Petersburgo el 30 de agosto de 2024, recibió una llamada telefónica de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov le dijo a Szijjártó que había sido citado en todos los medios rusos tras su visita.

"¿Dije algo mal?", preguntó Szijjártó.

"No, no, no". Lavrov le tranquilizó. "Simplemente decían que estás defendiendo de manera pragmática los intereses de tu país".

En realidad, Lavrov llamaba para hacer una petición: el oligarca ruso Alisher Usmanov quería que su hermana, Gulbahor Ismailova, fuera eliminada de las listas de sanciones de la UE, y Szijjártó había prometido ayudar.

"Te llamo a petición de Alisher, y me ha pedido que te recuerde que estabas haciendo algo respecto a su hermana", dijo Lavrov.

"Sí, absolutamente", respondió Szijjártó. "La cuestión es la siguiente: junto con los eslovacos estamos presentando una propuesta a la Unión Europea para retirarla de la lista. La presentaremos la semana que viene y, como va a comenzar el nuevo periodo de revisión, se incluirá en el orden del día y haremos todo lo posible para sacarla".

Lavrov expresó su agradecimiento por el "apoyo y… la lucha por la igualdad en todos los ámbitos" de Szijjártó.

A partir de ahí, la conversación derivó hacia el desprecio compartido por ambos hacia la Unión Europea y sus funcionarios. Antes de colgar, el húngaro elogió la nueva sede de Gazprom que había visitado en Rusia. "Siempre estoy a tu disposición", añadió.

Siete meses después, Ismailova fue retirada de la lista de sanciones de la UE.

Esta llamada entre los dos ministros de Asuntos Exteriores fue una de varias que tuvieron lugar entre 2023 y 2025. Grabaciones de audio de las conversaciones de Szijjártó con Lavrov, así como con otros funcionarios rusos, fueron obtenidas por periodistas de VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigación Ján Kuciak (ICJK). Los periodistas confirmaron el contenido de forma independiente con fuentes de inteligencia en varios países y consultaron con expertos externos sobre la autenticidad del audio.

Las llamadas ponen de manifiesto la extraordinaria sintonía entre Szijjártó, que representa a un Estado miembro de la UE y la OTAN, y Lavrov, que representa a un país que ha invadido a otro europeo y ha patrocinado incendios provocados y sabotajes contra el flanco oriental de la OTAN.

Las conversaciones entre ambos contienen información sensible sobre las deliberaciones internas tanto de Budapest como de Bruselas, que sin duda resultan de interés para el Kremlin. También aportan pruebas claras del papel de Rusia a la hora de incitar a Hungría y Eslovaquia a suavizar las sanciones de la UE contra individuos y entidades rusas.

En sus intercambios con Lavrov, Szijjártó se muestra deferente, rozando en ocasiones lo servil. "Si quitas los nombres y enseñas estas conversaciones a cualquier agente, jurará que se trata de la transcripción de un oficial de inteligencia trabajando con su activo", afirmó un alto funcionario de inteligencia europeo tras revisar las transcripciones.

Ni Lavrov ni Szijjártó respondieron a las solicitudes de comentarios. El abogado alemán de Usmanov, Joachim Nikolaus Steinhöfel, rechazó responder a preguntas sobre la conversación entre Lavrov y Szijjártó. Describió las sanciones de la UE contra Usmanov y sus familiares como "injustificadas", subrayó su éxito como empresario y filántropo, y destacó que Usmanov había ganado "más de veinte casos judiciales" contra "medios de comunicación, figuras públicas y políticos que difundieron diversas afirmaciones falsas sobre él… muchas de las cuales reproducían los mismos razonamientos utilizados para las sanciones de la UE".

Las comunicaciones de Szijjártó van mucho más allá de Usmanov y sus familiares. En una llamada con otro funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, en el verano de 2025, Szijjártó no solo afirma que ya ha debilitado el 18º paquete de sanciones de la UE, entonces en negociación, sino que además pide argumentos adicionales que hagan que sus esfuerzos parezcan responder al interés de Hungría y no al de Rusia.

"Ya he eliminado 72 [entidades] de la lista, pero había 128. Estoy intentando continuar, pero tengo que decir que esto es en interés de Hungría", afirma Szijjártó.

"Si ellos [el equipo de Sorokin] pueden ayudarme a identificar los efectos directos y negativos sobre Hungría, estaría muy agradecido", añade, "porque si puedo mostrar algo así, me daríais una oportunidad completamente diferente".

La disposición de Szijjártó a actuar en interés de Rusia en el ámbito de la UE ayuda a explicar por qué Moscú está invirtiendo esfuerzos significativos en mantener a Viktor Orbán y a su partido pro-Kremlin Fidesz en el poder en Hungría.

Encuestas independientes sugieren que Orbán va muy por detrás de cara a las elecciones parlamentarias del 12 de abril, con el partido de centroderecha Tisza, liderado por el aspirante Péter Magyar, en clara ventaja.

Mientras la campaña de Orbán tiene dificultades, Rusia estaría interviniendo para ayudar. Como informó VSquare a principios de marzo, el Kremlin ha asignado a Serguéi Kiriyenko —vicejefe de gabinete de Putin y uno de los principales arquitectos de las operaciones de influencia política de Rusia— la tarea de apoyar de forma encubierta la campaña de Orbán. Kiriyenko desempeñó anteriormente un papel clave en la interferencia electoral en Moldavia.

Al mismo tiempo, la campaña de Orbán ha reproducido cada vez más narrativas del Kremlin, organizando provocaciones contra Ucrania y acusando a figuras de la oposición y a críticos de actuar como agentes o espías ucranianos, mientras descarta las acusaciones sobre sus propios vínculos con Rusia.

Las llamadas muestran que Szijjártó informaba de forma habitual a Lavrov sobre discusiones supuestamente confidenciales entre diplomáticos europeos.

Por ejemplo, en la misma llamada del 30 de agosto de 2024 con Lavrov, Szijjártó reveló detalles de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en la que había participado el día anterior.

"Fue una locura, ya sabes, cuando [el ministro de Exteriores lituano Gabrielius] Landsbergis dijo que contribuimos con un 12% de cada cohete y misil", le dijo Szijjártó a Lavrov, refiriéndose al argumento del ministro de que los pagos húngaros y eslovacos por gas y petróleo estaban ayudando a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

"Le dije: amigo, no tienes razón, porque los europeos contribuyen mucho más… no somos solo los eslovacos y nosotros quienes compramos gas y petróleo directamente a Rusia, sino todos vosotros que compráis lo mismo a través de… India, Kazajistán".

Consultado al respecto, Landsbergis confirmó que esa conversación había tenido lugar.

"Parece que todo este tiempo Putin ha tenido, y sigue teniendo, un topo en todas las reuniones oficiales europeas y de la OTAN", afirmó. "Si se quiere mantener la integridad de estas reuniones, sería apropiado excluir a Hungría de todas ellas".

"Cada generación tiene su Kim Philby", añadió Landsbergis, en referencia al famoso espía del KGB en el servicio secreto británico. "Al parecer, Péter Szijjártó está desempeñando ese papel con entusiasmo".

Aunque la UE ha sancionado a unas 2.700 personas y entidades rusas por su papel en la guerra de Rusia contra Ucrania, el bloque debe votar cada seis meses si prolonga esas sanciones.

Estas decisiones se toman por consenso, lo que significa que los 27 Estados miembros deben estar de acuerdo.

RFE/RL informó en marzo de 2025 de que Hungría y Eslovaquia amenazaron con bloquear la prórroga de las sanciones de la UE ese mes a menos que se retiraran ciertos nombres. No se trataba solo de Ismailova: el empresario ruso Viatcheslav Moshe Kantor y el ministro de Deportes del país, Mijaíl Degtyaryov, también fueron retirados de las sanciones en esa ronda.

Un diplomático europeo estrechamente implicado en las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato para poder revelar detalles internos, afirmó que Hungría y Eslovaquia suelen empezar con una larga lista de nombres rusos que quieren eliminar.

"No utilizan argumentos jurídicos", explicó el diplomático. "Simplemente dicen que no quieren a esas personas en la lista de sanciones por motivos políticos".

A medida que avanzan las negociaciones, Budapest y Bratislava suelen reducir su lista a un puñado de personas, como ocurrió con Ismailova, Kantor y Degtyaryov.

Aunque desde hace tiempo se sospechaba que Hungría y Eslovaquia filtraban los detalles de estas negociaciones a Moscú, el diplomático describió las nuevas pruebas obtenidas como valiosas: "Hungría está claramente cumpliendo órdenes políticas de Rusia", afirmó tras revisar las transcripciones.

El alivio económico para individuos no es el único ámbito en el que Hungría actuó en secreto en nombre del Kremlin en Bruselas.

En conversaciones con otro alto funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, Szijjártó afirmó que estaba haciendo todo lo posible para "derogar" un paquete clave de sanciones de la UE dirigido contra la flota fantasma de petroleros de Rusia, el mecanismo mediante el cual Moscú elude las sanciones energéticas occidentales.

En una conversación con Sorokin, Szijjártó se ofreció a eliminar bancos rusos propuestos para ser sancionados por la UE. Incluso pidió al funcionario ruso que le proporcionara argumentos sobre por qué hacerlo sería de interés para Hungría.

En otra llamada, Szijjártó se quejó de que la UE se negaba a compartir con él documentos relacionados con la propuesta de sancionar a 2Rivers, una empresa con sede en Dubái dedicada al comercio de petróleo ruso.

"Dicen que no hay un interés húngaro claro que puedan identificar y, por lo tanto, Hungría no puede pedir legalmente que se eliminen de la lista", dijo Szijjártó después de que Sorokin preguntara por qué Budapest había quedado fuera del proceso.

Según la UE, 2Rivers, anteriormente conocida como Coral Energy, ha sido un actor clave en la venta de petróleo ruso a través de su propia flota fantasma de petroleros y en ocultar el origen del crudo procedente de la empresa estatal rusa Rosneft, actualmente sancionada por Estados Unidos. 2Rivers vende después el crudo por encima del precio máximo internacional fijado y alimenta la maquinaria bélica rusa con ingresos vitales. En diciembre de 2024, el Reino Unido sancionó a 2Rivers y su red de comercio de petróleo.

No está claro qué interés podría tener Hungría —un país sin salida al mar que recibe petróleo a través de oleoductos— en intentar preservar las operaciones de la flota fantasma de Rusia. Pero el beneficio para Rusia es evidente.

Tras informar de que no había tenido éxito con 2Rivers, Szijjártó compartió con Sorokin detalles sobre las negociaciones en curso del 18º paquete de sanciones de la UE.

Explicó que la votación aún no figuraba en el orden del día gracias a un aplazamiento acordado por Hungría y Eslovaquia hasta que la UE accediera a "hacer una excepción" para esos países y "permitirnos seguir comprando gas y petróleo rusos".

El 18º paquete de sanciones fue propuesto por la Comisión Europea el 10 de junio de 2025. Dos semanas después, Szijjártó anunció públicamente que Hungría y Eslovaquia lo estaban bloqueando "en respuesta a los planes de la Unión Europea de eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa".

Fue en una llamada con Sorokin una semana más tarde cuando Szijjártó pidió argumentos sobre "efectos negativos para Hungría" para ayudarle a diluir el paquete.

Kinga Redłowska, experta en sanciones y responsable de CFS Europe en el think tank londinense RUSI, señaló que el enfoque de Hungría cumple un doble objetivo.

"A nivel interno, permite a Viktor Orbán reforzar una narrativa antiucraniana", afirmó. "A nivel de la UE, proporciona margen de maniobra para extraer concesiones en áreas no relacionadas, como la financiación europea o los conflictos sobre el Estado de derecho".

Pero, aunque esta estrategia pueda beneficiar al Gobierno de Orbán, permitir que un vecino agresivo capture y mantenga más territorio soberano europeo va en contra del interés nacional de Hungría, señaló: "Debilitar las sanciones corre el riesgo de reforzar la economía de guerra de Rusia y socavar los intereses de seguridad más amplios de todos los Estados miembros de la UE, incluida la propia Hungría".

Las conversaciones entre Szijjártó y Sorokin también abordaron los bancos rusos que estaban en el punto de mira de la UE.

"Comparte conmigo los nombres de esos bancos, puedo comprobar si están en la lista o no, revisaré las bases legales y luego haré todo lo posible", dijo Szijjártó a Sorokin. "Sé que querían incluir el banco de San Petersburgo en la lista, lo cual conseguí evitar; también querían incluir otro banco relacionado con el proyecto de Paks [central nuclear], y también conseguí eliminarlo".

Tras semanas de retrasos por parte de Hungría y Eslovaquia, la Unión Europea adoptó finalmente el 18º paquete de sanciones el 18 de julio de 2025. 2Rivers fue incluida en la lista, lo que la llevó a iniciar su disolución. El paquete también supuso un golpe significativo para la flota fantasma de Rusia y sus esfuerzos por eludir las sanciones al petróleo.

Sin embargo, sigue sin estar claro cuánto mayor podría haber sido el impacto sin los esfuerzos de Szijjártó. Para entonces, su estrecha relación con Rusia ya se había hecho pública.

En abril de 2025, el semanario polaco Polityka informó de que se sospechaba que Szijjártó compartía notas escritas de reuniones ministeriales de la UE con Rusia. A principios de este año, The Washington Post informó de que Szijjártó compartía información regularmente por teléfono con Lavrov durante las pausas en las conversaciones de la UE. "Cada reunión de la UE durante años ha tenido básicamente a Moscú sentado a la mesa", declaró al periódico un funcionario europeo de seguridad.

Politico informó a principios de este mes de que "la UE está limitando el flujo de material confidencial a Hungría y los líderes se reúnen en grupos más reducidos".

El Gobierno húngaro desestimó estos informes calificándolos de "propaganda proucraniana", mientras que Szijjártó, aunque reconoció su frecuente comunicación con Lavrov, calificó las informaciones sobre sus acciones de "noticias falsas".

Esta estrategia parece estar volviéndose en su contra. Szijjártó fue recientemente abucheado por manifestantes, que le gritaron "traidor" y "espía ruso" en un acto de campaña.

La interferencia de Hungría en la política de sanciones de la UE comenzó pocos meses después de la invasión a gran escala de Rusia y se ha endurecido en los cuatro años siguientes hasta convertirse en un esfuerzo sistemático de presión en favor de figuras vinculadas al Kremlin, al que se sumó Eslovaquia.

En junio de 2022, Hungría bloqueó todo el sexto paquete de sanciones de la UE —que incluía el histórico embargo parcial al petróleo ruso— hasta que el patriarca Kirill, antiguo agente del KGB y jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, fue retirado de la lista. El primer ministro Viktor Orbán intervino personalmente alegando "libertad religiosa".

En febrero de 2025, Hungría logró otra exención para Kirill durante las negociaciones del 16º paquete, además de salvar al Comité Olímpico Ruso y a dos clubes de fútbol rusos.

En febrero de 2026, Hungría vetó por completo el 20º paquete de sanciones —la primera vez que Budapest llegaba tan lejos— bloqueando nuevas medidas restrictivas que pretendían conmemorar el cuarto aniversario de la invasión, alegando una disputa sobre los flujos de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

En marzo de 2026, Eslovaquia amenazó con vetar la renovación semestral de toda la lista de sanciones individuales existente a menos que Usmanov y otro oligarca ruso, Mijaíl Fridman, fueran eliminados de inmediato, antes de ejecutar lo que los diplomáticos de la UE calificaron como uno de los giros más extraños que habían presenciado, al dar marcha atrás sin conseguir ninguna de las retiradas; Hungría también abandonó su lista de siete objetivos.

* Se puede leer la versión original de esta información en OCCRP y en los medios VSquare (Europa Central, en inglés), FRONTSTORY (Polonia, en polaco), Delfi Estonia (Estonia, en estonio), The Insider (Rusia, en ruso), y en el Centro de Investigación de Ján Kuciak (ICJK) (Eslovaquia, en eslovaco)

Ali Ansari, un banquero sancionado por el Reino Unido y acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria iraní, posee una lujosa villa en Marbella a través de la filial española de una empresa británica, según muestran los registros.

El Reino Unido sancionó el año pasado a Ali Ansari por presuntamente "facilitar financieramente la labor de la Guardia de la Revolución Islámica (IRGC)", que ha cometido abusos generalizados mientras hace cumplir el poder del Gobierno teocrático de Irán.

El abogado de Ansari, Roger Gherson, no respondió a las preguntas sobre la villa de su cliente en Marbella, ciudad situada en la Costa del Sol, en el sur de España, pero rechazó las acusaciones sobre vínculos con la IRGC. "El señor Ansari, en respuesta a acusaciones perjudiciales difundidas en medios internacionales, niega de forma tajante cualquier relación financiera con la Guardia de la Revolución Islámica de Irán", afirmó Gherson en una respuesta por correo electrónico a las preguntas planteadas por OCCRP.

Las autoridades británicas no aportaron detalles en su notificación de sanciones que sustentaran la acusación de que Ansari financiaba a la IRGC.

En una declaración pública del 12 de marzo, Ansari señaló que las autoridades iraníes habían disuelto un banco del que era accionista y aseguró que ahora estaba siendo objeto de una persecución injusta a nivel internacional.

"En el contexto de la intensificación de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, se están llevando a cabo esfuerzos en el Reino Unido y en otros países para imponerme restricciones y sanciones sin presentar pruebas creíbles", afirmó. Ansari añadió que había dado instrucciones a sus abogados para "iniciar procedimientos formales" contra las sanciones impuestas por el Reino Unido.

Las autoridades británicas sostienen que Ansari "financia la labor de la IRGC", a la que describen como "una de las organizaciones militares más poderosas de Irán, que responde directamente ante el Líder Supremo".

Además de su papel militar, la IRGC tiene amplios intereses empresariales que han sido ampliamente documentados y que abarcan las telecomunicaciones, el transporte, el petróleo y la construcción. Un artículo publicado por el Center for Strategic & International Studies, un centro de estudios estadounidense, describía a la IRGC como "el actor más poderoso en el control de todos los sectores económicos importantes de Irán".

Aunque Gherson negó que su cliente tuviera vínculo alguno con la IRGC, Ansari afirmó en su declaración pública que las medidas adoptadas por las autoridades iraníes contra él demuestran que las acusaciones británicas son falsas.

Ansari puso como ejemplo la disolución de Ayandeh Bank, entidad de la que era accionista. El Banco Central de Irán rescató al prestamista de su colapso en octubre de 2025 y ordenó su fusión con el banco estatal Melli Bank.

"Fui sometido a amplias presiones legales y regulatorias, un proceso que finalmente condujo a la disolución del banco", afirmó. "Es evidente que, de haber existido una relación organizada o un respaldo político especial, ese desenlace no se habría producido". En su decisión de disolver Ayandeh, el Banco Central de Irán apuntó a años de mala gestión.

Ayandeh había acumulado una deuda de 5.000 billones de riales iraníes (unos 4.670 millones de dólares en aquel momento), aproximadamente el doble de lo que mantenía en depósitos, según Hamidreza Ghaniabadi, director general de Supervisión Bancaria del Banco Central. Ghaniabadi hizo estas declaraciones en un vídeo difundido el 23 de octubre de 2025 por la agencia de noticias Tasnim, afín al Estado.

Ghaniabadi también declaró a la agencia estatal iraní IRNA que "más del 90% de los fondos de Ayandeh Bank se asignaron o bien a partes vinculadas al banco o bien a proyectos gestionados por el propio banco".

La quiebra del Ayandeh Bank formó parte de una crisis económica que desencadenó la reciente ola de protestas masivas en Irán.

Los iraníes empezaron a salir a las calles a finales de 2025 para protestar contra la inflación disparada y el hundimiento del nivel de vida. Muchos manifestantes pronto empezaron a pedir la caída del Gobierno.

La IRGC y otras fuerzas de seguridad reprimieron las protestas, llevando a cabo detenciones masivas, además de torturar y matar a miles de personas, según organizaciones de derechos humanos. OCCRP informó de que las familias de personas muertas durante las protestas acusaron a las autoridades de exigir pagos para poder recuperar sus cuerpos.

En octubre de 2025 —el mismo mes en que se disolvió Ayandeh Bank y unos dos meses antes de que estallaran las protestas— el Reino Unido impuso sanciones a Ansari. Para entonces, ya había adquirido una amplia cartera de propiedades por toda Europa.

Las autoridades británicas han congelado más de 100 millones de libras esterlinas (134 millones de dólares) en bienes inmuebles de Ansari en ese país, según declaraciones públicas de ministros del Gobierno. Se desconoce si entre las propiedades congeladas figura una mansión londinense de 52,8 millones de dólares que OCCRP reveló anteriormente.

En enero, el Financial Times informó de que Ansari había adquirido inmuebles comerciales por valor de cientos de millones de euros en varios países europeos. El hallazgo de OCCRP sobre la lujosa villa de Marbella añade otra propiedad más al patrimonio conocido de Ansari.

La villa española no figura directamente a nombre de Ansari. Los reporteros tuvieron que rastrear una cadena de vínculos societarios para determinar su titularidad.

Utilizando un pasaporte chipriota, Ansari controla una empresa londinense llamada Veritas Reales Investment Limited, según Companies House, el registro mercantil británico. La empresa fue constituida en 2019 por un promotor inmobiliario del Reino Unido que desde entonces se ha desvinculado. Companies House identifica ahora a Ansari como la única "persona con control significativo".

En sus registros societarios, Veritas Reales Investment aparece descrita como una empresa dedicada a la "compra y venta de bienes inmobiliarios propios" y a la "recepción y concesión de préstamos".

Los registros del Registro Mercantil español muestran que la empresa londinense controla una filial local, Veritas Reales Marbella SL. Esta es la propietaria de la villa y del terreno en la exclusiva urbanización cerrada de Altos Reales, en Marbella, adquiridos por una suma no revelada en 2020.

El abogado de Ansari, Gherson, no respondió a las preguntas sobre las empresas británica y española. Los reporteros no pudieron determinar el precio de compra de la villa ni su valor actual. Pero una página archivada de una agencia inmobiliaria local muestra que la propiedad fue puesta a la venta en 2013 por 15 millones de euros (unos 19,5 millones de dólares en aquel momento) como una "Residencia excepcional con vistas espectaculares".

Las fotos del folleto comercial mostraban una villa de seis dormitorios con una imponente torre central enmarcada por picos montañosos. Una terraza dominaba una piscina exterior y ofrecía vistas al mar Mediterráneo. Esas vistas coinciden con imágenes disponibles en Google Earth 3D.

El anuncio de 2013 también destacaba elementos como una lámpara de araña "comprada a una iglesia del siglo XV", así como "bodegas con temperatura controlada y cómodas dependencias para el personal". Según Companies House, las cuentas anuales de Veritas Reales Investment Limited están pendientes de presentación. La empresa se enfrenta a la posibilidad de ser disuelta de forma forzosa en los próximos dos meses, "salvo que se alegue causa en contrario".

El 27 de diciembre de 2025, el petrolero sancionado Kira K estaba atracado en el puerto ruso de Ust-Luga, en las profundidades del extremo oriental del golfo de Finlandia. Se preparaba para transportar 734.000 barriles de crudo pertenecientes a Lukoil, el gigante energético ruso incluido en listas negras, hacia el mercado mundial.

Según una lista de tripulación obtenida por los periodistas, el barco estaba operado por una mezcla de marineros procedentes de Myanmar, China y Bangladesh. Pero también había otros dos hombres a bordo. El manifiesto del petrolero incluye a los ciudadanos rusos Denis Enin y Aleksandr Kamenev como “supernumerarios”, un término que designa al personal que queda fuera de la tripulación operativa estándar. En los campos de datos que detallan los diplomas marítimos y las cualificaciones de cada tripulante, junto a los nombres rusos solo aparecen dos letras: NA. No disponible, por sus siglas en inglés.

Eso se debe a que estos hombres no son marineros normales.

Kamenev, de 45 años, y Enin, de 48, son ambos veteranos del Grupo Wagner, la notoria organización de mercenarios rusa que combatió en conflictos en todo el mundo en nombre de Moscú durante casi una década, hasta 2023.

Kamenev estuvo en Siria y en Donetsk, ocupada por Rusia, en el momento álgido de las operaciones de Wagner en la zona, según muestran datos filtrados de cruces fronterizos. Enin, por su parte, también ha registrado su dirección en una unidad militar rusa situada en el sur del país.

La presencia de estos dos hombres en el Kira K no es casual. Una investigación conjunta de Delfi, Helsingin Sanomat, iStories y OCCRP ha identificado un patrón sistemático de militarización de la llamada flota fantasma de Rusia, el término utilizado para describir los cientos de buques envejecidos y de propiedad opaca que Moscú utiliza para eludir las sanciones occidentales sobre su petróleo.

Al analizar listas de tripulación de petroleros sancionados en 20 travesías, los periodistas descubrieron que los buques que parten de puertos rusos del mar Báltico llevan ahora regularmente equipos de dos hombres con antecedentes militares.

De los 17 hombres rusos a bordo de estos barcos que carecían de credenciales marítimas, se descubrió que 13 tenían vínculos con el Grupo Wagner o con organizaciones de seguridad del Estado, como el servicio de inteligencia militar ruso, el GRU. Los periodistas establecieron estas conexiones a través de diversas bases de datos rusas filtradas, entre ellas un registro de mercenarios de Wagner de 2021, así como información de agencias de inteligencia europeas y fuentes abiertas.

Estos “extras” o “técnicos”, como a veces se les denomina, comenzaron a aparecer en los buques después de julio de 2025, según las listas de tripulación obtenidas por los periodistas. Resultan notablemente ausentes en una muestra limitada de listas de tripulación de buques que navegaban por rutas del mar Negro o del Pacífico durante el mismo periodo, lo que sugiere una presencia dirigida específicamente al mar Báltico.

Los hallazgos aportan nuevas pruebas a las advertencias de las agencias de inteligencia occidentales, informadas por primera vez por CNN a finales del año pasado, de que rusos con antecedentes en seguridad estaban embarcando en los petroleros “fantasma” de Moscú y participando en actividades de espionaje cerca de las costas europeas. Los manifiestos de tripulación indican la magnitud y el carácter sistemático del fenómeno, y proporcionan nombres y otros identificadores que permitieron a los periodistas confirmar el pasado militar de estos hombres.

Fuentes de inteligencia de varios países europeos dijeron a los periodistas que estos llamados “equipos de protección de buques” han sido desplegados para disuadir a las autoridades de los países del mar Báltico de abordar, inspeccionar o potencialmente incautar las embarcaciones.

Por lo general, las autoridades de la UE no pueden detener estos barcos únicamente por estar sancionados. Pero durante el último año han detenido en varias ocasiones petroleros pertenecientes a la flota fantasma de Rusia, a menudo por navegar bajo bandera falsa o en casos en los que se sospechaba que habían dañado cables submarinos.

Pero con veteranos curtidos en combate a bordo, cualquier intervención de este tipo podría implicar el riesgo de enfrentarse a una resistencia armada.

“El objetivo de esta actividad es proteger la base de ingresos de la Federación Rusa frente a posibles amenazas, ya sea sabotaje [organizado por Ucrania] u otras interferencias procedentes de Occidente”, declaró a Delfi el jefe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia, el coronel Ants Kiviselg.

“Colocar tripulaciones de protección en estos barcos demuestra que las mercancías transportadas por la flota fantasma y los ingresos derivados de ellas son importantes para Rusia”, añadió.

Rusia depende en gran medida de la ruta del Báltico para transportar el petróleo que genera millones de ingresos para el tesoro de guerra del Estado cada día. Según la Kyiv School of Economics, el país exporta aproximadamente el 40% de su petróleo crudo específicamente a través del mar Báltico.

Pero algunos analistas creen que estos miembros especiales de la tripulación han sido desplegados para hacer algo más que proteger los intereses económicos de Rusia.

Glen Grant, asesor de defensa y ex agregado de defensa del Reino Unido en Estonia y Letonia, señaló que al navegar por el Báltico sin impedimentos, estos antiguos militares también pueden recopilar información valiosa, incluida la forma en que las autoridades occidentales interactúan con los petroleros sancionados.

“En conjunto, eso les da una idea completa de nuestra fuerza, determinación, filosofía y capacidad militar”, afirmó. “El hecho de que también transporten petróleo y que además entre dinero [para Rusia] es un extra”.

El Ministerio de Defensa ruso, Lukoil y la empresa que gestiona el Kira K no respondieron a las preguntas enviadas por los periodistas. Cuando fue contactado por Telegram, Enin, uno de los rusos que figura como parte de la tripulación del Kira K, negó haber estado a bordo del barco y no respondió a más preguntas. El otro ruso, Kamenev, no respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

Los protectores rusos de buques identificados por los periodistas no están afiliados únicamente al Grupo Wagner, al que la UE acusa de cometer graves abusos de derechos humanos desde Ucrania hasta Siria y la República Centroafricana. (La organización fue efectivamente disuelta después de que su líder, Yevgeny Prigozhin, protagonizara una rebelión fallida en junio de 2023 y muriera en un accidente aéreo dos meses después). Las tripulaciones de la flota fantasma también incluyen rusos procedentes de otros entornos militares, como Aleksandr Malakhov, un “supernumerario” que viajó en el Kira K en octubre de 2025.

Este hombre de 50 años es veterano de la 22ª Brigada Spetsnaz, una unidad de fuerzas especiales bajo el servicio de inteligencia militar ruso conocido como GRU, confirmó a los periodistas una fuente de inteligencia europea. (Datos filtrados también muestran que la unidad Spetsnaz en el óblast de Rostov, en el sur de Rusia, figuraba como dirección registrada de Malakhov). No respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

En agosto de 2025, el Kira K transportó a otro dúo ruso a través del golfo de Finlandia: Dmitry Frolov, de 50 años, y Juri Tsvetkov, de 38. Los periodistas descubrieron que estos dos hombres ya habían viajado juntos antes. Tanto en 2022 como en 2023, la pareja voló junta en aeronaves de la Fuerza Aérea rusa, según datos filtrados de cruces fronterizos rusos.

Cuando fue contactado por Telegram, Frolov negó haber estado en el mar. Después de que los periodistas le dijeran que tenían pruebas de que había estado presente en el Kira K, escribió: “Olvídalo, no escribas. Si no, os denunciaré al FSB”. Su compañero de barco, Tsvetkov, no respondió a las preguntas enviadas a su dirección de correo electrónico.

El petrolero sancionado conocido como Lebre, por su parte, ha transportado “técnicos” que trabajaban para el Ministerio de Defensa ruso y para el Ministerio de Defensa del territorio separatista de Transnistria, respaldado por Rusia, según información proporcionada por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, que afirmó estar en posesión de los registros laborales de estos hombres.

Cuando fue contactado para comentar, el tripulante vinculado al Ministerio de Defensa ruso negó haber trabajado allí y afirmó que había trabajado en el petrolero como cocinero. Sin embargo, confirmó que el otro ruso a bordo que también figuraba como técnico había servido como guardia. Ese tripulante no respondió a las solicitudes de comentario.

El gestor del barco, Anchor Elite Shipmanagement, afirmó que “no estaba en condiciones de confirmar las acusaciones presentadas” sobre los hombres, pero que su presencia en el barco “no estaba en modo alguno relacionada con actividades militares o de empresas militares privadas”, y que se dedicaban únicamente a “tareas de cocina” y “trabajos relacionados con la cubierta”.

Otro buque de la flota fantasma que acaparó titulares cuando fue incautado por las autoridades francesas en septiembre de 2025 también transportaba a un paracaidista en servicio en el Ejército ruso, según un oficial de inteligencia en la región del mar Báltico que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información proporcionada.

Los periodistas descubrieron que un ruso con el mismo nombre y fecha de nacimiento, Stanislav Babichev, tiene un perfil en una red social que menciona como formación la Escuela de Suboficiales de las Fuerzas Aerotransportadas 332, una institución de entrenamiento militar. No respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico.

Un analista del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia (SUPO) afirmó que es probable que estos equipos de seguridad rusos tengan la tarea de impedir que el resto de la tripulación del barco coopere con autoridades extranjeras.

“Es probable que los guardias estén a bordo para garantizar que otros países del mar Báltico no tomen el control de estos barcos con demasiada facilidad”, dijo el analista a Helsingin Sanomat bajo condición de anonimato.

También pueden actuar como “enlaces” para quienes los contrataron, añadió el analista. “Puede suponerse que, si por ejemplo fuerzas militares rusas y buques de la marina operan en la misma zona y escoltan a estos barcos, la tarea de estos hombres puede ser facilitar la comunicación”.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania dijo a los periodistas que estos hombres suelen ser contratados por las empresas de seguridad privadas rusas RSB Group y Moran Security Group.

RSB Group, cuyo sitio web afirma haber “protegido decenas de buques mercantes y científicos rusos y extranjeros”, emplea a antiguos oficiales de inteligencia rusos y a otros combatientes, y ha entrenado unidades para la guerra en Ucrania, según avisos de sanciones de la UE y Estados Unidos. Moran Security, que también ofrece diversos servicios de protección marítima en su página web, ha sido sancionada por Estados Unidos por prestar servicios a empresas estatales rusas.

Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentario.

El despliegue de estos agentes de seguridad encubiertos en buques comerciales se produce en medio de un notable aumento de la presencia militar directa de Rusia en el Báltico.

El pasado mayo, la Marina estonia escoltó al petrolero sancionado Jaguar fuera de las aguas económicas de Estonia después de que se descubriera que navegaba sin una bandera válida.

Rusia respondió enviando un avión de combate que violó el espacio aéreo estonio.

“Rusia considera la flota fantasma como una palanca económica muy importante”, dijo el comandante de la Marina estonia, Ivo Värk, quien añadió que la presencia naval rusa en el Báltico se ha cuadruplicado desde 2022.

“Para ellos es una cuestión de alto interés nacional. Rusia está dispuesta a protegerla por todos los medios”.

Un alto oficial de inteligencia europeo que habló bajo condición de anonimato dijo que la presencia de funcionarios de seguridad en estos barcos aumenta los riesgos de cualquier intento de intervenir más en el comercio petrolero ruso.

“Dos individuos potencialmente armados cambian sin duda nuestro cálculo de riesgos cuando debemos decidir si detener o incautar el petrolero. Rusia cree que esto hace que los Estados miembros de la OTAN a lo largo del mar Báltico sean más cautelosos”, afirmó el funcionario.

Para Sean Wiswesser, ex alto oficial de operaciones de la CIA especializado en los servicios de inteligencia y el ejército rusos, esta tendencia sugiere que Rusia también está utilizando los buques de su flota fantasma como plataformas para “sabotaje” y “otras operaciones de inteligencia, como potencialmente desplegar drones”. “Definitivamente no se trata solo de proteger el petróleo ruso”, dijo. “En ninguna otra parte del mundo ha habido tantos cortes de cables, y en tan poco tiempo, como los que se han producido en los últimos dos años en el mar Báltico”.

Información adicional de Kaur Maran, Greete Palgi, Marta Vunš (Delfi).

Tetiana Kavinova vive en la orilla este de Kiev. Su calefacción dejó de funcionar tras los ataques rusos a las centrales eléctricas de la capital a principios de enero. El agua de su casa, que durante el día está a 8 grados, sale helada y no tiene electricidad para el calefactor ni la vitrocerámica. "Cuando me despierto, deseo que sea de noche para poder dormirme y olvidar", se lamenta. "Pensaba que el inicio de la guerra fue terrible. Ahora creo que aquello era más fácil que esto". 

Su situación no es excepcional. Este invierno, el más duro desde el inicio de la invasión a gran escala, más de un millón de ucranianos han soportado semanas sin electricidad, calefacción ni agua caliente. En enero, el alcalde de Kiev pidió a los residentes que abandonasen la ciudad para aliviar la presión sobre una red eléctrica al borde del colapso. Según la misión de vigilancia de derechos humanos de la ONU, en 2025 murieron 2.514 civiles ucranianos, un 31% más que el año anterior. 

El principal responsable de esa destrucción tiene nombre: Geran-2, la versión rusa del dron iraní Shahed-136. Un aparato triangular de 3,5 metros, capaz de recorrer hasta 2.000 kilómetros con una cabeza explosiva de unos 50 kilos. Los datos de la fuerza aérea ucraniana indican que en 2025 Rusia lanzó unos 54.000 drones de largo alcance, de los que unos 32.000 eran Geran-2. Casi 3.000 al mes, a menudo centenares en una sola noche, para saturar las defensas antiaéreas y abrir paso a los misiles de crucero. "No vuelan muy rápido y por eso son detectables a larga distancia. Pero Rusia los lanza en tal volumen que algunos siempre pasan", explica un agente de un servicio de inteligencia de un país europeo consultado por esta investigación. 

Sin embargo, la responsabilidad de esta crisis no recae solo en Moscú. Una investigación internacional llevada a cabo por infoLibre junto con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el diario belga De Tijd, el ucraniano The Kyiv Independent, el colectivo alemán Paper Trail Media, el británico The Times y el irlandés Irish Times, revela que estos drones están repletos de tecnología europea. Y que esa tecnología sigue llegando a Rusia pese a cuatro años de sanciones. 

Entre las empresas europeas cuyos componentes han sido identificados dentro del Geran-2 hay una con sede en España: Pierburg S.A., filial del grupo alemán de defensa y automoción Rheinmetall, que fabrica componentes para automóviles en su planta de Abadiño (Vizcaya). La bomba de combustible eléctrica que alimenta el motor del dron lleva la marca Pierburg.

La pieza ya aparecía desde 2024 en la web War & Sanctions —de la inteligencia militar ucraniana— catalogada como alemana. Es un nuevo informe del servicio ucranniano el que la atribuye a la subsidiaria española, sin que se conozcan los motivos del cambio. Un portavoz de Rheinmetall confirma que las autoridades aduaneras alemanas informaron a la empresa en enero de 2024 de que "bombas de combustible eléctricas civiles fabricadas en julio de 2020 para el mercado de recambios de automoción habían sido enviadas a Rusia", pero asegura que la compañía no realizó esa entrega y que desconoce quién la exportó. 

Preguntada expresamente por en qué planta se fabricó la pieza —Pierburg también fabrica en Alemania y en la República Checa—, la empresa declinó dar más detalles. La subsidiaria española, Pierburg S.A. no respondió a las preguntas de infoLibre. 

Los datos de importación de la plataforma comercial Import Genius muestran además seis envíos a Rusia en 2024 de productos Pierburg con España como país de origen: válvulas de presión y sensores de oxígeno para automóviles, piezas que no figuran en la lista europea de productos sancionados y de las que no existe indicio de que guarden relación con drones. Tampoco se puede concluir que fueran enviadas directamente por Pierburg. Las piezas llegaron a distribuidores de recambios rusos a través de intermediarios en Kazajistán, Moldavia y Países Bajos. 

En el centro de la investigación hay seis documentos de la inteligencia ucraniana, obtenidos por The Kyiv Independent, que recogen los componentes hallados en los restos de varios Geran-2 derribados, ensamblados tanto en la gran fábrica de Alabuga como en la planta de Izhevsk. Del análisis se desprende que un solo Geran-2 fabricado en Alabuga contiene hasta 294 componentes extranjeros. En total, el consorcio ha identificado más de cien piezas de 19 empresas europeas con sede en ocho países: Reino Unido, Suiza, Alemania, Países Bajos, Austria, Irlanda, España y Polonia.

De los componentes cuyo año de fabricación pudo determinarse, la mayoría databan de 2023 y 2024, lo que descarta que se trate de piezas antiguas anteriores a la invasión. Los componentes europeos están presentes en prácticamente todas las partes tecnológicas del dron: el mecanismo de dirección, el motor, la antena GPS, los dispositivos de navegación por satélite, el sistema de piloto automático y la placa base principal. 

El consorcio ha rastreado, a través de la base de datos Import Genius, los productos de las marcas europeas implicadas que fueron importados por empresas rusas. En 2024 se contabilizaron 1.207 envíos, de los que más de la mitad —672— contenían productos de la lista europea de bienes de doble uso cuya exportación a Rusia está expresamente prohibida. En ningún caso los bienes llegaron directamente desde un país europeo: las rutas pasan principalmente por China y Hong Kong, y en menor medida por Turquía, Emiratos Árabes, Kirguistán o India. 

Las empresas europeas implicadas comparten un discurso común: condenan la invasión, aseguran cumplir las sanciones y no vender a Rusia, pero admiten que no pueden garantizar que sus productos no acaben allí. Algunas ni siquiera descartan que sus componentes lleguen ya montados dentro de electrodomésticos que después se desmontan para darles uso militar. Alex Prezanti, abogado internacional especializado en sanciones, describe el esfuerzo por sancionar a intermediarios como "un juego de golpear topos: puedes perseguir empresas, pero siempre vas un paso por detrás, porque pueden abrir diez nuevas cada día". 

Vladyslav Vlasiuk, comisario para la política de sanciones del Gobierno de Ucrania, describe el mecanismo: "Una empresa alemana envía algo a Turquía, de Turquía va a Hong Kong, de Hong Kong a China y de China a Rusia. Estas cadenas son extremadamente difíciles de identificar y desarticular". Para Vlasiuk, el punto débil son los propios fabricantes: "La respuesta de 'vendemos muchas piezas diminutas y no podemos controlar miles de componentes baratos' ya no sirve. Llevamos casi cuatro años", denuncia el ucraniano. 

¿Funcionan entonces las sanciones? Vlasiuk pone un ejemplo: Rusia no ha logrado aumentar la producción de misiles de crucero, estancada en unas 1.700 unidades anuales, porque no puede conseguir los componentes occidentales necesarios. Pero con los drones la historia es la opuesta: en 2025 se lanzaron más de 32.000 Geran-2, diez veces más que dos años antes.  "Usan menos tecnologías punteras y más componentes chinos, y eso es algo que han podido escalar", reconoce. La fuente del servicio de inteligencia europeo coincide: "China juega un papel importante pero discreto. Es el elefante en la habitación". 

El origen europeo no se limita a los componentes. Ivan Kirichevsky, experto en armamento del think tank Defense Express y miembro de las fuerzas armadas ucranianas, señala que el propio diseño del Shahed es "una copia directa" de Die Drohne Antiradar, un proyecto de la Alemania occidental de los años ochenta. Cuando cayó el muro de Berlín, los planos se dispersaron e Irán los aprovechó. "Incluso el motor es un clon del alemán y la electrónica prevista en el proyecto original es la misma que usa el Shahed moderno", resume. En resumen: un dron de fabricación rusa, con componentes chinos y europeos, basado en un diseño iraní creado a partir de un proyecto alemán.

A casi cuatro años de la invasión, el vigésimo paquete de sanciones de la UE se negocia en Bruselas. Preguntado por esta investigación, ​​David O’Sullivan, enviado europeo para sanciones, asegura que "no ignoraremos los casos en que nuestras sanciones sean eludidas sistemáticamente" y que la Comisión "está lista para reforzar las medidas cuando se identifiquen posibles lagunas". Pero mientras la Unión Europea promete actuar, los drones siguen cayendo. Y en el este de Kiev, Kavinova sigue pasando frío. "Cuando los técnicos reparan el daño, Rusia lanza un nuevo ataque, o se producen averías porque la red eléctrica está sobrecargada".

La búsqueda culmina en una prisión federal de la Florida, pero la justicia estadounidense toma un camino inesperado: Carmelo ha recuperado su libertad antes de tiempo.

Este capítulo forma parte del pódcast 'Cuello Blanco, Manos Sucias', que narra cómo el petróleo —fuente histórica de riqueza y también de desigualdad en Venezuela— alimentó durante años una trama de corrupción a gran escala en torno a la estatal PDVSA. A través de una investigación impulsada por OCCRP y la productora colombiana La No Ficción, la serie sigue a la periodista venezolana exiliada Laura Weffer en su rastreo de una red de saqueo y lavado de dinero protagonizada por antiguos altos cargos del sector petrolero. Con audios inéditos y testimonios directos, el pódcast reconstruye cómo entre 2014 y 2018 se desviaron miles de millones de dólares mientras el país se hundía en una crisis social profunda, y conecta ese pasado con un presente marcado por la disputa geopolítica sobre el crudo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro y el interés explícito de Donald Trump en reescribir las reglas del negocio petrolero.

Mientras el dinero corrupto se mueve por los hubs financieros globales, en 2017 Venezuela está en llamas. Decenas de miles de manifestantes toman las calles para oponerse a la corrupción, el autoritarismo y la crisis humanitaria. Con brutalidad, las marchas son reprimidas. Este episodio recoge los testimonios de algunas víctimas de las protestas que marcaron un pico muy alto de la deriva autoritaria de Venezuela.

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Carmelo Urdaneta y un grupo de asesores financieros se reúnen en Madrid. Entre todos, diseñan una fina ingeniería para lavar el dinero saqueado sin ser detectados. La conversación está siendo grabada por un informante. Ese audio ofrecerá el raro privilegio de conocer cómo lavan la plata los lavadores.

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Un equipo de reporteros viaja por Miami y Madrid para desandar los pasos del lavado de dinero. Mientras recorre propiedades de lujo, Laura explica la filigrana del caso Money Flight, una operación en la que se drenaron más de mil millones de dólares en Venezuela. 

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