La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

164 españoles se encuentran en paradero desconocido tras el terremoto de Colombia, y no constan fallecidos ni heridos de origen español, según ha informado este mates el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En declaraciones a los medios en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el ministro ha señalado que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.

En un primer censo, las autoridades españolas han contactado con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares ha pedido que se comuniquen con los servicios consulares.

En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, ha explicado el ministro.

La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia.

Todo ello en la línea de colaboración que ya se siguió en el terremoto de Venezuela, donde el ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que la cifra de españoles fallecidos asciende a 56 y la de desaparecidos a 136.

El Gobierno registrará esta mañana en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores y Defensa ante las respectivas comisiones para informar de la gestión de la crisis migratoria sucedida en Ceuta la semana pasada.

El Ejecutivo propondrá a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, el 28.

Las comparecencias, según informan fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se celebrarán a petición propia ante las comisiones de Defensa, Seguridad Nacional, Interior y Exteriores. El PP registró el jueves las mismas solicitudes de comparecencia, por duplicado, en el Congreso y en el Senado.

Para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión -subrayan las fuentes- el Gobierno ha decidido comparecer este mismo mes de agosto en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados.

Este mismo viernes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene una reunión telemática de coordinación desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, con los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y Sira Rego (Juventud e Infancia).

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado la colaboración que ha prestado Rabat desde el primer momento para “minimizar” la crisis de Ceuta y con su ayuda —ha asegurado— va a regresar a Marruecos “hasta la última persona” que entró ilegalmente.

Sobre si Marruecos es un socio fiable después de la entrada masiva de personas de la semana pasada a la ciudad autónoma, el ministro ha respondido en una entrevista en TVE que se remite “a los hechos” porque desde el primer momento ofreció su colaboración “para tratar de impedir el flujo de personas” y sigue ofreciéndola para que retornen todos los que han entrado de manera irregular.

Ha asegurado también que todos los ministerios y la diplomacia española han hecho “todo lo que estaba en su mano” al ser preguntado si no ha habido un fallo en los servicios de inteligencia españoles puesto que, como ha señalado el ministro, había “una actividad inusual” en las redes sociales que “amplificaba y modificaba” la sentencia del Tribunal Supremo que impide las ‘devoluciones en caliente’ a quien llegue a nado a Ceuta.

Precisamente, monitorizar y seguir las redes sociales es una de las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno para evitar que se repita una situación así. Se está reforzando además el espigón “para adaptarlo a la sentencia”, ha explicado Albares, y se mantienen abiertos los canales con Marruecos, que han permitido “con muchísima rapidez” la devolución de estas personas.

De acuerdo con los últimos cálculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya han retornado 69.500 personas, la inmensa mayoría de los que entraron.

Sobre la reunión de ministros del Interior que se celebrará mañana en Bruselas para analizar la crisis migratoria en Ceuta, el titular de Exteriores ha señalado que la UE tiene que asumir los desafíos que plantean Ceuta y Melilla, única frontera terrestre que tienen nuestro país y Europa con África, y van a exigir “solidaridad”.

Cree que ha habido gobiernos europeos que no han estado “a la altura”, y ha citado a Italia, que fue la primera en pedir la expulsión de España del espacio Schengen, recordando que es el país con mayor afluencia de inmigrantes irregulares, mientras que España es el que menos recibe: “¡Ahí tiene cuál es la política exitosa en inmigración!”, ha exclamado.

“Italia queda año tras año sumergida en Lampedusa y no es capaz de resolver esta situación”, ha argumentado el ministro.

Ceuta y Melilla, ha asegurado Albares, “nunca han sido una amenaza” para la integridad del espacio Schengen, mientras que sí ha visto “esa amenaza y esa porosidad” en otros territorios europeos.

Igualmente, ha recalcado que las dos ciudades autónomas forman parte de la integridad territorial española “y eso es incuestionable para el mundo entero” y, por eso, ha afirmado que no va a hablar con nadie “de la españolidad de Ceuta y Melilla, que es incuestionable”, refiriéndose a Rabat.

De hecho, ha afirmado que el objetivo de todo lo que le han trasladado las autoridades marroquíes desde el principio, así como de sus acciones, ha sido “minimizar” lo ocurrido con la mayor agilidad posible y que retornaran todos los que habían entrado en Ceuta. “No ha habido ninguna conversación distinta de todo ello”, ha zanjado.

Mariano Rajoy ha respondido a la polémica provocada por su comentario sobre la selección francesa cargando contra el Gobierno. Tras la victoria de España por 0-2 en las semifinales del Mundial ante los galos, el expresidente ha publicado la noche de este martes una nueva columna en El Debate con la que acusa al Ejecutivo de "provocar ruido" y "distraer la atención", pero evita disculparse o matizar su afirmación de que la selección gala no tenía jugadores franceses.

Bajo el titular Hay que tener buen humor, Rajoy reprocha al Gobierno la respuesta diplomática que dio a sus palabras y agradece de forma irónica a las autoridades la atención que le han prestado durante el campeonato. "La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones", incide.

El expresidente va más allá y acusa al Ejecutivo de estar más interesado en "chivarse a un ministro extranjero" y "hacer una reverencia a un primer ministro" para "provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo".

Las alusiones apuntan al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que trasladó las disculpas del Gobierno a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, y a Pedro Sánchez, que durante su visita a París por el 14 de julio manifestó ante el primer ministro Sébastien Lecornu sentirse "muy avergonzado" por las palabras del expresidente.

Además, Rajoy concluye su columna devolviendo al Gobierno la exigencia de disculparse. "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros”, asegura. Todo ello sin explicar qué quiso decir con su comentario y sin dirigirse a los futbolistas afectados. "Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España!", concluye.

El conflicto por la sede de la Casa Árabe ha estallado entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El alcalde José Luis Martínez-Almeida anunció el pasado 29 de junio la recuperación del emblemático edificio neomudéjar de las Escuelas Aguirre, sede de la institución desde 2006, y dio de plazo para el desalojo hasta el 1 de septiembre. La decisión ha abierto un conflicto institucional: mientras el Ayuntamiento defiende que la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio que gestiona Casa Árabe le permite recuperar el inmueble, Exteriores considera que incumple el compromiso de ceder las Escuelas Aguirre durante 30 años, al que todavía le restaría una década de vigencia. 

El enfrentamiento ha desatado una guerra de acusaciones cruzadas sobre la viabilidad económica de la entidad, el estado del inmueble y una presunta instrumentalización política de la diplomacia.

El Consistorio justifica la recuperación del edificio del convenio en el estado de ruina del inmueble y en lo que considera la “bancarrota” de la institución. Situado frente al parque del Retiro, el inmueble presenta, según el Ayuntamiento, un “deterioro inasumible” que pone en riesgo a sus usuarios.

Martínez-Almeida ha endurecido el tono contra la entidad y ha llegado a advertir de las consecuencias de no abandonar el inmueble a tiempo. “Espero que no ejerzan de okupas, sinceramente lo digo. Espero que no nos aboquen a ir a un procedimiento judicial para tener que desalojarles”, ha asegurado el regidor.

El alcalde madrileño ha personalizado sus ataques en Irene Lozano, anterior directora de Casa Árabe. Según Almeida, la gestión de Lozano permitió que el edificio “se deteriorara y tuviera un problema grave de conservación”. El alcalde ha ido un paso más allá en sus críticas al Gobierno central por “perjudicar y menoscabar Casa Árabe” y ha acusado a la exdirectora de utilizar la institución “como un chiringuito”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, una de las administraciones que integran el consorcio público encargado de gestionar Casa Árabe, ha trasladado su rechazo frontal a las formas del Ayuntamiento y ha calificado su actuación de “absoluta deslealtad institucional”.

Fuentes de Exteriores denuncian que la recuperación del inmueble se comunicó “sin ningún tipo de comunicación ni indicación previa” a los miembros del consorcio. . Pero el reproche más directo responde a las acusaciones económicas de Almeida. Exteriores recuerda que el Ayuntamiento de Madrid forma parte del Consejo Rector y “ha participado a lo largo de todos estos años en su fiscalización y seguimiento, firmando sus actas y sin manifestar disconformidad de ningún tipo” con respecto a la gestión que ahora denuncian.

La Comunidad de Madrid, que abandonó recientemente el consorcio, recibe una crítica similar. Para Exteriores, ambas decisiones “tienen un marcado carácter partidista”, ponen en cuestión el compromiso de las administraciones con el diálogo entre España y el mundo árabe y suponen “un ataque a los esfuerzos” del ministerio por construir “una política exterior de Estado”.

Frente a la afirmación del alcalde de que “el ministro Albares ni está ni se le espera”, Exteriores asegura que en los últimos meses ha enviado “sendas cartas al alcalde solicitando una actuación imprescindible para el adecuado mantenimiento del edificio” y que siguen sin respuesta. Además, reprochan al Ayuntamiento no haber facilitado “colaboración técnica, administrativa o financiera que permitiera la adecuación de los espacios”.

El malestar por la decisión se cristalizó hace una semana con una concentración a las puertas de la institución. Varias decenas de personas se manifestaron el pasado sábado coreando “Casa Árabe no se toca” y “No al desalojo”.

Entre las voces críticas de la protesta se encontraba Bajira Abdulatif Yasin, presidenta del Foro Mundial de la Lengua Árabe (FOMLAR), quien calificó en declaraciones a EFE de “banal” el argumento del mantenimiento del edificio. Abdulatif defendió la “magnífica labor” de las últimas dos décadas e instó al alcalde a reconsiderar su postura, recordando que una mala gestión puntual no justifica acabar "con un proyecto tan próspero y necesario". Por su parte, la arabista Carmen Ruiz Bravo desmintió el supuesto estado de ruina, defendiendo que el edificio “ha sido remodelado y está en unas condiciones óptimas”.

A la movilización en la calle se suma una recogida de firmas virtual en una petición en la plataforma change.org para exigir al Ayuntamiento de Madrid que revoque su decisión de desalojo. Más de 12.000 personas ya han firmado la petición y más de 800 han firmado un manifiesto en el que solicitan la preservación de las relaciones hispano-árabes y en el que califican la decisión del Ayuntamiento de “contraria a los intereses de nuestro país, sociedad y sectores económicos”. Además, los firmantes piden al Consistorio que “mida bien el error”, ya que consideran que la medida “descabeza la política de diplomacia pública articulada a través de la Red de Casas”, y esconde “una motivación discriminatoria que pretende castigar el posicionamiento humanitario de la institución en su programación en estos últimos años”.

Entre los firmantes destacan nombres de primera línea de la diplomacia, la cultura y el periodismo, como el ex alto representante de la UE Josep Borrell; el exdirector del CNI Jorge Dezcallar; las escritoras Rosa Montero y Clara Janés; los embajadores y exdirectores de la propia Casa Árabe Pedro Martínez-Avial, Pedro Villena y Eduardo López Busquet; la exdirectora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Ana Martínez de Aguilar; y reconocidos investigadores y catedráticos como Bernabé López, Maribel Fierro (CSIC), Eduardo Manzano (CSIC) o Luz Gómez.

La presión continuará en las calles con una nueva protesta el próximo 21 de julio, a las 9:00 horas, en la calle Montalbán, coincidiendo con la celebración del pleno municipal del mes de julio. Los convocantes pretenden trasladar el conflicto directamente a las puertas del Palacio de Cibeles y exigir al Gobierno municipal la revocación de la orden de desalojo.

Con poco más de un mes y medio por delante hasta el 1 de septiembre, el Ayuntamiento asegura estar dispuesto a colaborar en la búsqueda de una nueva sede, pero descarta ceder otro inmueble municipal. Exteriores, por su parte, advierte de que la aportación de las Escuelas Aguirre es un “elemento clave” de la contribución financiera del Ayuntamiento al consorcio, lo que abre un escenario de incertidumbre legal y diplomática.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho este jueves que los 44 activistas españoles de la flotilla están siendo trasladados ya a un aeropuerto para ser deportados vía Turquía.

Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, al ser preguntado por la situación de los ciudadanos españoles de la flotilla detenidos por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

"El cónsul de España en Israel nos acaba de informar que se les estaría trasladando ya a un aeropuerto (...) con el resto de activistas, para, como todo apunta, ser deportados vía Turquía a las 15 horas, que serían nuestras 14 horas", ha comentado.

Ha precisado que, aunque no está confirmado todavía oficialmente, eso es lo que ya se está comentando entre los cónsules y lo que se está observando sobre la situación de los activistas que están en un centro de detención.

Dicho esto, ha trasladado a estos españoles, a sus familias y amigos que tienen todo el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y toda la protección diplomática y consular.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para protestar por lo que considera un trato "monstruoso, indigno e inhumano" de las autoridades israelíes a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en el puerto de Ashdod (sur), y difundió un vídeo en el que aparecían maniatados y hacinados en el suelo mientras se burla de ellos. "¡Bienvenidos a Israel!", aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera nacional y, a sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo.

Las imágenes también muestran a los cientos de detenidos en esa posición hacinados bajo el sol mientras un altavoz emite el himno de Israel. "Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo", recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes. Con él reitera la postura del Gobierno israelí, según la cual la misión para entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza y romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 es una posición de apoyo al grupo islamista Hamás.

El centro legal en Israel a cargo de la defensa de los activistas, Adalah, denunció en un comunicado la que califica como una "política criminal de abuso y humillación contra los activistas". "Estos eventos se han producido después de que Adalah documentara patrones similares de maltrato contra activistas de las anteriores misiones de la flotilla, por las que Israel no rindió cuentas", continúa el texto, con el que Adalah llamó a la comunidad internacional a tomar medidas.

Agarrados por el cuello y maniatados a la espalda, los activistas caminan en las imágenes guiados por policías israelíes que se cubren la cara. También al comenzar las imágenes, uno de estos agentes reduce, agarra de la cabeza a una mujer que grita "¡Libre Palestina!" al pasar ante ella el titular de Seguridad Nacional y la empuja hacia el suelo.

Los en torno a 430 activistas detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran en el puerto de Ashdod, desde donde podrán ser o directamente deportados del país o trasladados a prisiones israelíes como la de Ketziot, en el desierto del Néguev.

Lejos de rectificar, Ben Gvir defendió después la difusión del vídeo y volvió a presentar a los miembros de la flotilla como “partidarios del terrorismo”. Su respuesta llegó tras las críticas del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que calificó las imágenes de “vergonzosa exhibición”, y después de que Italia convocara al embajador israelí en Roma para protestar por el trato recibido por los activistas, entre los que hay ciudadanos de unos 40 países.

En un mensaje publicado en X, el ministro ultraderechista sostuvo que dentro del propio Gobierno israelí hay quienes, a su juicio, “todavía no han entendido” cómo se debe actuar ante quienes apoyan a Hamás. “Israel ha dejado de ser un niño al que se le pueden dar bofetadas”, afirmó Ben Gvir, antes de advertir de que quienes lleguen a territorio israelí para “apoyar el terrorismo” recibirán “un golpe” y no “la otra mejilla”.

No es la primera vez que Ben Gvir se dirige de esta forma a activistas de flotillas rumbo a Gaza. En octubre, ya acudió a una prisión del desierto del Néguev a la que habían sido trasladados cerca de 400 detenidos, después de que varios de ellos denunciaran haber permanecido con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas tras ser deportados a Turquía.

Desde su entrada en el Gobierno, el ministro, responsable de la Policía israelí, ha impulsado una línea especialmente dura en los centros de detención y prisiones israelíes, con medidas que organizaciones de derechos humanos han vinculado a la reducción de alimentos, higiene y condiciones básicas para los presos palestinos. También ha defendido la pena de muerte para condenados por asesinatos cometidos como actos de terrorismo, una medida que llegó a ser aprobada por el Parlamento israelí.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este miércoles la actuación del ministro de Seguridad Nacional, hacia los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud. En un comunicado enviado por su oficina, afirmó que la forma en que fueron tratados “no se ajusta a los valores y normas de Israel”.

La crítica, sin embargo, no supone un cambio en la posición del Ejecutivo israelí sobre la flotilla. Netanyahu defendió que Israel tiene “todo el derecho a impedir” que estas embarcaciones intenten romper el bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza y calificó la iniciativa como una acción “provocadora” de simpatizantes de Hamás.

El primer ministro trató así de marcar distancia con las formas empleadas por Ben Gvir, pero no con el fondo de la actuación israelí. En el mismo comunicado, aseguró que ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que los activistas sean deportados “lo antes posible”.

La censura de Netanyahu se suma a la expresada por el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, que también criticó la difusión del vídeo y lo calificó como una “vergonzosa actuación”. De este modo, el episodio ha abierto una fractura dentro del propio Gobierno israelí, aunque limitada al tratamiento público de los detenidos y no a la interceptación de la flotilla ni al bloqueo sobre Gaza.

La condena del ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, añadió además una dimensión interna a la polémica. Saar acusó a Ben Gvir de dañar deliberadamente la imagen del Estado de Israel y trató de separar la actuación del ministro ultraderechista del trabajo de otros responsables israelíes implicados en la operación. Su mensaje, al afirmar que Ben Gvir “no representa a Israel”, evidenció el malestar dentro del propio Gobierno por el uso político y propagandístico de unas imágenes que han provocado críticas diplomáticas internacionales.

El Gobierno español elevó este miércoles el tono contra Israel tras la difusión de las imágenes de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a convocar a la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, para trasladarle su protesta por el trato “monstruoso, indigno e inhumano” que, a juicio del Ejecutivo, están recibiendo los integrantes de la expedición.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció la decisión desde la Embajada de España en Berlín, tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul. Además de la convocatoria diplomática, el Ministerio remitió una nota verbal a las autoridades israelíes en la que rechaza el “trato humillante” a los activistas y exige “disculpas públicas”.

Albares recordó que entre los detenidos hay 44 españoles, aunque el Gobierno aún está pendiente de confirmar la cifra exacta y sus identidades. Según explicó, el cónsul de España en Israel se desplazó al lugar donde se encuentran los activistas para prestarles asistencia, pero las autoridades israelíes no le permitieron entrar. Sí pudo, en cambio, mantener contacto con los abogados encargados de su defensa.

El jefe de la diplomacia española insistió en que Israel será responsable de lo que pueda ocurrirles a los ciudadanos españoles detenidos. También subrayó que, para el Gobierno, se trata de una detención ilegal, al haberse producido en aguas internacionales, “donde Israel no tiene ningún derecho a tocar a ningún español”. Exteriores ya había remitido días antes una protesta formal por el asalto a la embarcación, que participaba en una misión humanitaria hacia Gaza.

Albares también recordó que Itamar Ben Gvir tiene prohibida la entrada en España y aseguró que pronto podría tenerla en el conjunto de la Unión Europea. Sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a cuatro integrantes de la flotilla, entre ellos el hispanopalestino Saif Abukeshek, el ministro rechazó cualquier vínculo con Hamás y sostuvo que este pasó en tres ocasiones por una autoridad judicial israelí sin que se planteara acusación alguna en ese sentido.

La reacción española se suma a la de Italia, país en el que la protesta tuvo también un componente especialmente directo por la presencia de ciudadanos italianos entre los detenidos. El Ejecutivo de Giorgia Meloni y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, reclamaron explicaciones formales a Israel y exigieron disculpas por el trato recibido. Roma subrayó que las imágenes difundidas por Ben Gvir no solo vulneran la dignidad de los detenidos, sino que también ignoran las peticiones trasladadas previamente por el Gobierno italiano para garantizar su protección y su liberación.

Francia también se sumó a la protesta diplomática. El ministro de Exteriores, Noël Barrot, convocó al embajador israelí para trasladarle su “indignación” y pedir explicaciones por un trato que calificó de “inadmisible”. Aunque París reiteró su desaprobación hacia la iniciativa de la flotilla, Barrot subrayó que los ciudadanos franceses detenidos deben ser tratados “con respeto” y liberados cuanto antes.

La reacción francesa refuerza así la presión europea sobre Israel, después de las protestas de España, Italia y Portugal. Barrot recordó además que las imágenes difundidas por Ben Gvir han sido censuradas incluso por miembros del propio Gobierno israelí, en referencia a las críticas de Netanyahu y del ministro de Exteriores, Gideon Saar.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud y deportado por Israel tras diez días detenido, también cuestionó que la actuación de Ben Gvir pueda presentarse como un episodio aislado. Desde el Parlamento Europeo, afirmó que el vídeo refleja “la naturaleza criminal de Israel” y sostuvo que el ministro ultraderechista “representa al Gobierno”, pese a las críticas internas de Netanyahu y Saar.

Abukeshek también señaló que el Ejército israelí “no sale a interceptar barcos en mitad del mar sin ninguna orden” y acusó a la Unión Europea de permitir este tipo de actuaciones con una respuesta insuficiente. Sus declaraciones llegan después de que varios países condenaran las imágenes y de que Exteriores convocara de nuevo a la representante diplomática israelí en Madrid.

Desde hace quince años ningún papa ha visitado España. En poco más de un mes aterrizará León XIV en Madrid, primera parada a la que seguirán Barcelona y Canarias. Las administraciones trabajan de manera discreta aunque sin descansar para que todo esté listo. Pero, más allá de las grandes imágenes y ceremonias religiosas, su estancia dejará también varios mensajes de enorme calado tanto en la geopolítica internacional como en el tablero nacional.

El papa ha elegido Canarias como el colofón del viaje y estará en el archipiélago los días 11 y 12 de junio. Esto ilustra de forma clara su preocupación por el fenómeno migratorio y la integración de las personas que cruzan a Europa. Toda una declaración de principios que coincide en el tiempo con el proceso de regularización de migrantes emprendido por el Gobierno, cuya tramitación finaliza el día 30 de ese mes.

Este proceso de regularización en España ha sido defendido por la Iglesia, mientras que, a la vez, los partidos PP y Vox, los más afines al clero, están en pie de guerra contra el Ejecutivo por la reforma del reglamento que podrá afectar a más de 500.000 personas. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la regularización es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Desde la ultraderecha, Santiago Abascal habla de “invasión” y de “islamización”, al tiempo que promete dar la batalla jurídica contra la medida y obliga a incluir la “prioridad nacional” a Génova 13 en sus acuerdos en comunidades como Aragón y Extremadura.

Sus palabras chocan con el espíritu de la decisión del papa de visitar Canarias. En la web oficial del viaje, el obispo de Gran Canaria, José Mazuelos, explica: “Nuestras islas viven de cerca una realidad que marca profundamente nuestro presente: la llegada de tantos hombres y mujeres que, empujados por la necesidad, el sufrimiento o la falta de oportunidades, alcanzan nuestras costas buscando un futuro mejor. Esta situación interpela nuestra fe y nos invita a vivir con mayor autenticidad el Evangelio de la acogida, la fraternidad y la dignidad de toda persona”.

“Por eso deseamos que la presencia del santo padre entre nosotros sea también un signo de cercanía y esperanza para quienes atraviesan situaciones de fragilidad y para todos aquellos que trabajan cada día en la acogida, el acompañamiento y la defensa de la vida”, argumenta.

En una línea similar se expresa el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago, que en su mensaje avanza que la diócesis, con motivo de esa visita, tiene la intención de poner en marcha junto a Cáritas un proyecto de centro de día para personas sin hogar, “entre las que, cada vez más, encontramos a inmigrantes”. Una iniciativa con una entidad que está en el punto de mira ahora mismo de la ultraderecha, que quiere quitarle las ayudas porque dice que vive del “negocio millonario de la migración”.

En este mundo cambiante y agitado, se da la paradoja de que esa visión integradora y humanista de la migración acerca a la Iglesia y al Gobierno de coalición frente a las derechas. Diferentes dirigentes socialistas reconocen en privado que tiene mucha importancia la elección del papa de Canarias como uno de los lugares de su viaje, por encima de las visitas a Madrid y Barcelona. 

Este lunes, por sorpresa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se vio en la Santa Sede con León XIV, un encuentro que no estaba recogido en las agendas oficiales. La audiencia duró 20 minutos y sirvió, según el jefe de la diplomacia española, para constatar la “enorme sintonía” entre el Vaticano y La Moncloa en temas de política internacional.

Además de la visita, los dos hablaron, según Albares, sobre preocupaciones comunes como "la defensa de la dignidad de todos los seres humanos, también de los derechos humanos de los migrantes, y a favor del derecho internacional". Compartieron su “rechazo a la guerra para resolver conflictos” y “la defensa del multilateralismo”.

Albares también mantuvo un encuentro con monseñor Paul Richard Gallagher, responsable del Vaticano para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Él sí le preguntó directamente por el proceso de regularización y trasladó al español que “lo veía como un gesto positivo”, según el propio ministro.

El Gobierno está cuidando hasta el último detalle esta visita. Este lunes también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió la reunión para coordinar el plan especial de seguridad. Un dispositivo de gran complejidad en el que están implicadas muchas instituciones, desde el Ejecutivo hasta la Casa Real y la Conferencia Episcopal pasando por las Comunidades de Madrid, Cataluña y Canarias, además de organismos como Renfe y Aena. Fuentes gubernamentales destacan el buen clima que se ha creado entre todos los actores implicados.

El viaje del papa coincide con el proceso de regularización y el debate abierto en el país. Este mismo lunes se publicó una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena Ser que refleja la división de los españoles: el 37,6% de los ciudadanos la ve con buenos ojos, mientras que el 33% cree que es mala y el 21,5% la califica de regular. Los votantes de izquierdas son los que se muestran a favor de la iniciativa: Podemos (70%), Sumar (63%) y PSOE (59%). En cambio, el nivel de apoyo se desploma entre los electores de la derecha.

Pero, además, esta visita a España se produce en un momento en el que el pontífice ha alzado la voz claramente contra las políticas de su compatriota y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto por su política migratoria como por su ataque unilateral a Irán, solo de la mano de Benjamin Netanyahu (Israel). En privado, fuentes cercanas a Pedro Sánchez dan una gran importancia a la actitud de León XIV y la contraponen a otros momentos de la historia en los que la Iglesia calló, como durante el ascenso del nazismo.

León XIV, que llegó al poder en el Vaticano en mayo del año pasado tras la muerte de Francisco, tuvo una primera etapa en la que rehuyó enfrentarse a Trump. Pero, desde hace unos meses, se ha convertido en uno de sus grandes antagonistas. Lo que supone un duro golpe para el presidente de EEUU, porque el papa es el otro estadounidense más poderoso del planeta y el máximo responsable de la Iglesia católica, la fe que practica el morador del Despacho Oval. 

El Gobierno ha exigido la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la Flotilla a Gaza, y ha condenado su retención y posible traslado a Israel, han informado a EFE fuentes de Exteriores.

Este viernes, Israel informó que la mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales se encontraban ya en territorio griego, salvo dos que serían llevados a Israel para ser "interrogados". Saif Abukeshek, de origen palestino, ha sido señalado como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista", mientras que brasileño Thiago Ávila es "sospechoso de actividades ilegales". Israel no ha concretado los cargos.

"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abukeshek y Thiago Ávila", añadieron posteriormente fuentes de Exteriores sobre las alrededor de 175 personas detenidas el jueves por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria.

En ese contexto, la cónsul de España en Atenas se ha desplazado a Creta para esperar la llegada de la treintena de integrantes españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores, han señalado las fuentes, está en contacto con las autoridades griegas "a todos los niveles" en relación con este episodio.

El mismo jueves, el Ministerio convocó "urgentemente" a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, máxima responsable de la misión, para trasladarle su "más enérgica condena por el arresto de los miembros de la Flotilla.

España es uno de los países que ha expresado su condena explícita al ataque. Un total de once países lo han hecho en un comunicado conjunto, difundido por el ministro José Manuel Albares y sus homólogos de Turquía, Brasil, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Colombia, Maldivas, Sudáfrica y Libia.

Los ataques israelíes contra los buques y la detención ilegal de los activistas "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", zanjan.

En la nota, los once países remarcan que la Flotilla Global Sumud es una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió de nuevo el jueves a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel de manera inmediata.

"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una Flotilla civil en aguas que no le pertenecen", escribió Sánchez en su cuenta de la red X. El líder del Ejecutivo remarcó que "no basta" con las acciones del Gobierno de España e insistió en que la UE "tiene que suspender YA" el acuerdo de asociación con Israel y exigir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "cumpla la ley de nuestros mares".

Centenares de personas, 400 según el Ayuntamiento de Barcelona, se concentraron el jueves en la plaza de Sants para protestar por la interceptación. El portavoz de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, calificó los hechos como "un nuevo acto de piratería" y denunció que se trata de "un ataque contra embarcaciones civiles en aguas internacionales en una misión humanitaria".

En paralelo, decenas de ciudadanos se concentraron la tarde del jueves ante las puertas del Ministerio de Exteriores para protestar por el arresto. Convocados por Global Sumud, los manifestantes portaron banderas palestinas y corearon consignas pidiendo el "boicot a Israel" y reivindicando "la lucha el pueblo palestino".

Entre los asistentes se encontraban Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, y el que fuera jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez.

"Todo lo que yo he hecho en estos largos años ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela. Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa. En determinados momentos convienen y en otros no convienen ciertas reuniones para tal objetivo. Por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista".

Con esas palabras ha rechazado María Corina Machado, durante su visita a España, reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En cambio, sí se ha visto con dirigentes del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. También se entrevistó con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, en la sede de la Fundación Disenso.

 En su agenda también estuvo un acto en el Senado, dominado con mayoría absoluta por el Partido Popular. Asimismo, protagonizó un desayuno informativo presentado por el expresidente del Gobierno Felipe González. Tuvo tiempo para entrevistas con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Federico Jiménez Losantos. Y llegó incluso a fotografiarse con Mariano Rajoy. En cambio, no visitó el Palacio de la Moncloa, a pesar de que Sánchez le ofreció una reunión.

Este rechazo ha abierto un nuevo frente entre la galardonada con el premio Nobel de la Paz y el Ejecutivo. Y supone un agravio por parte de la política a un Gobierno que ha dado pasos a favor de la libertad en Venezuela mayores que otros países de la UE. Incluso, Machado ha dicho en las últimas horas que espera que España pueda tener pronto “unas elecciones impecables”, un mensaje que hace alusión al manido bulo del fraude electoral que utiliza la extrema derecha en España sin ningún dato que lo respalde.

Precisamente España se ha convertido en el principal país receptor de venezolanos en Europa. Desde 2018, año en el que llegó Pedro Sánchez al poder, se ha aplicado una vía exprés para que los ciudadanos de este país pudieran obtener permiso de residencia por razones humanitarias. Un instrumento que ahora se extingue coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros. Bajo esta fórmula, se han concedido permisos durante estos ocho años a más de 240.000 venezolanos.

La comunidad venezolana en España ha crecido durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. Ha pasado de 255.000 en 2018 a casi 700.000 ahora, según el INE. De todos ellos, más de 250.000 tienen nacionalidad española.

La visita de Machado se ha producido apenas unas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a Leopoldo López, uno de los rostros más reconocidos de la oposición venezolana durante años. El Gobierno justificó así su decisión: “Fue alcalde del municipio Chacao entre 2000 y 2008 y coordinador nacional del partido Voluntad Popular desde 2009. En 2014 fue encarcelado por promover protestas antigubernamentales y permaneció más de tres años privado de libertad antes de pasar a arresto domiciliario. Posteriormente, se refugió en la embajada de España en Caracas y a finales de 2020 se trasladó a Madrid donde reside actualmente”.

"La concesión de la nacionalidad se fundamenta en su relevancia política, defensa de los valores democráticos y situación excepcional, en la que no es reconocido como nacional por su propio país. Por eso, el Gobierno quiere subrayar que esta decisión refleja su compromiso con el pueblo venezolano y su transición democrática”, argumentó el Ministerio de Justicia, pilotado por Félix Bolaños, respecto al acuerdo gubernamental. López precisamente estuvo resguardado en la residencia en Caracas del embajador de España en Venezuela desde abril de 2019 hasta octubre de 2020, cuando Sánchez ya llevaba un año en la Moncloa.

El Gobierno español no reconoció el resultado oficial de las últimas elecciones en 2024 en Venezuela, donde Nicolás Maduro se autoproclamó ganador. Desde el Ministerio de Exteriores siempre se exigió la publicación de las actas electorales. Ante esta situación, España acogió en septiembre de ese año al candidato opositor, Edmundo González, que fue trasladado hasta Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas.

El Ejecutivo resaltó entonces: “El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya”. Y reiteró “su compromiso con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, muy especialmente de los líderes políticos”. 

El propio Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa a González y escribió un mensaje en X en el que daba una “cálida bienvenida” al candidato opositor y defendía su acogida “mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos”. En las redes, el candidato agradeció al presidente su “disposición” por recibirlo a él y a su esposa: “Al mismo tiempo, expresé nuestro reconocimiento por su interés en trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. De igual forma le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de siete millones de electores”.

En febrero de 2019, Sánchez también fue uno de los primeros mandatarios en reconocer a Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela” y exigió la convocatoria de unas elecciones presidenciales “libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones”. “No daré ni un paso atrás. Por la libertad, la democracia y la concordia”, indicó durante aquellos días el socialista.

Al calor del choque con Machado, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha relatado que también a ella el Gobierno le ofreció ayuda. En una entrevista en RNE, señaló que ella misma “en un momento” solicitó refugio en la embajada española. “Yo personalmente le dije que no había ningún problema”, reveló el responsable de la diplomacia, que consideró “injustas” esas críticas porque precisamente es el Ejecutivo “que más ha hecho por el pueblo venezolano en todo el mundo”.

Por eso, el Gobierno español considera una “falta de respeto” la actitud de Machado. El propio Albares verbalizó: "No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas". A pesar de todos estos episodios y acciones de los gobiernos de Pedro Sánchez, Machado ha decidido sembrar dudas sobre las elecciones en España y ha evitado reunirse con el presidente de un país que ha acogido a cientos de miles de venezolanos por razones humanitarias durante años.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, solicitará este martes a sus homólogos de la Unión Europea (UE) una "señal fuerte" contra Israel, si es posible la suspensión total del acuerdo de asociación con ese país, pero está abierto a otras medidas porque la UE corre el riesgo de "perder su credibilidad" si no actúa.

"Nosotros solicitamos que se suspenda todo el acuerdo de asociación pero hay toda una gama de posibilidades. Si alguien quiere poner encima de la mesa otra, por qué no, pero hoy Europa se juega su credibilidad. Si no somos capaces de enviar una señal clara y fuerte a Israel de que tiene que cambiar su política, perderemos nuestra credibilidad", indicó Albares a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

España, Irlanda y Eslovenia habían solicitado por carta debatir la suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel aduciendo violaciones de los derechos humanos por parte de ese país, y hoy Albares tendrá la ocasión de plantearlo de viva voz a la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y sus socios.

En todo caso, la suspensión del acuerdo de asociación requiere la unanimidad de los Estados miembros, mientras que otras posibilidades planteadas por la Comisión Europea y Kallas, como suspender las concesiones comerciales a Israel contempladas en el acuerdo, solo necesitan de una mayoría cualificada -la cual tampoco se ha logrado por el momento-.

"Desde septiembre trabajamos nosotros, somos tres países los que hemos hecho esa solicitud, no ha sido solamente, exclusivamente España. Estuvimos muy cerca en la ocasión anterior y, en esta ocasión, la situación es todavía más grave", enfatizó Albares.

Recordó que inicialmente pidieron suspender el acuerdo sobre la base de su artículo dos sobre la violación de los derechos humanos "exclusivamente por Gaza", pero reconoció que la situación "se extiende" a Cisjordania y el Líbano.

Albares aludió a que España ya aplica medidas como la restricción al comercio de productos de los territorios ocupados por Israel y animó al resto de países de la UE a hacerlo de acuerdo a una decisión de la justicia internacional, sin que fuera necesaria para ello una decisión de la UE.

"La pregunta que yo voy a formular a todos los demás países de la Unión Europea es: ¿qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva en la forma en que Israel conduce sus relaciones con el resto de estados de Oriente Medio? ¿Qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva de las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos que lleva Israel?", dijo.

A su juicio, "es el momento de enviar una señal fuerte de que no podemos mantener una relación como hemos tenido hasta ahora con un consejo de asociación si Israel no cambia su política".

"Tenemos hoy que ser capaces de hablar con la misma fuerza, por los mismos principios, buscando los mismos objetivos cuando hablemos de Ucrania, cuando hablemos de Sudán y cuando hablemos también de Israel", agregó.

Los cambios de paradigma a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán son cada día más tangibles. Muchos Estados europeos, entre ellos España, se han lanzado a los despachos para crear y modificar nuevas relaciones comerciales internacionales que les permitan asegurarse su ración de hidrocarburos y minerales críticos.

África es el lugar elegido para desarrollar estos ejercicios extractivistas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmaba recientemente que el Gobierno ha multiplicado sus contactos bilaterales y consultas políticas con el continente vecino para así "consolidar una asociación duradera". 

A raíz de estos movimientos, el escritor y experto en relaciones internacionales Sani Ladan comenta con infoLibre que "el paradigma está cambiando, pero no necesariamente hacia algo más justo para África, si no hacia algo mucho más competitivo y mucho más violento".

Estos movimientos se enmarcan dentro de la Estrategia España-África 2025-2028, un plan de negocios bajo el que se han creado numerosos organismos, como la Comisión Interministerial para África (CIMA) o el Consejo Asesor España-África, entre otros. 

La Unión Europea tampoco se ha quedado atrás. Su programa Global Gateway , al cual se destinan más de 300.000 millones de euros, está desarrollando, entre sus proyectos, corredores estratégicos, una red de transporte de materias primas que conecta entre sí a diferentes países a lo largo del continente africano y, por supuesto, con Europa.

"Lo que estamos viendo no es el fin del extractivismo, sino una forma actualizada de esos nuevos imperialismos", afirma Ladan. "Muchas veces se habla de una cooperación, de que vamos a ayudar, pero es importante que la sociedad entienda que los Estados no tienen amigos, tienen intereses".

Tras la colonización de muchos países africanos por Estados europeos, sus economías y estructuras de poder quedaron profundamente desestabilizadas. Las independencias, ocurridas en su mayoría a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, fueron duramente castigadas por los países colonizadores, que compraron a sus élites para así perpetuar estos roles de poder.

El doctor en Ciencias Históricas, Dagauh Komenan, también ha hablado con infoLibre sobre este asunto: "Existen mecanismos internacionales que obligan a estos países a seguir manteniendo una relación con la metrópolis", asegura el experto. "En muchos casos, cada vez que un país africano ha intentado diversificar de verdad sus socios comerciales se han producido conflictos, golpes de Estado y disturbios a nivel interno".

Un ejemplo explícito de este intervencionismo militar es el de Francia. El país europeo ha realizado más de 50 intervenciones directas dentro del continente africano para apoyar rebeliones armadas y fomentar cambios de gobierno en distintos países, como en Senegal, Chad o Gabón. "Los medios occidentales intentan mostrar a los dirigentes que miran por el beneficio de la población como los peores que existen. Es una lucha para ver quién controla la narrativa en ese sentido", añade Ladan.

Los intereses de España se concentran en la búsqueda de energía y en el control de la "inseguridad", es decir, del flujo migratorio.

Atendiendo esta primera parte, y en la carrera por conseguir suministros tras el cierre del Estrecho de Ormuz, Albares retomaba la relación diplomática con Argelia, el mayor proveedor de gas del país, en una visita oficial a finales de marzo. 

La compraventa energética entre ambos Estados se había suspendido en 2022 tras el apoyo de España al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que impedía una libre autodeterminación del territorio. El ministro asegura que el asunto ha sido mencionado un par de veces en las conversaciones, pero "sin profundizar", lo que reafirma su posición junto a su también socio estratégico: Marruecos.

Rabat es, junto a otros países africanos, colaborador en materia de este "control migratorio", y a tal efecto se le entregan materiales antidisturbios. Algo que también sucede con Mauritania, un país donde el Gobierno abrió dos cárceles para migrantes que incluyen la detención de bebés en edad lactante, algo que la legislación española imposibilita. Según la Fundación porCausa, en una investigación que publicó en 2025, estas instalaciones fueron desarrolladas por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una organización autodenominada como "de cooperación" y dependiente del Gobierno.

Ladan contrapone estas medidas con el reciente anuncio de una regularización de más de medio millón de personas migrantes, y asegura que ese proceso "no es mérito del Gobierno, sino de la sociedad civil y de los colectivos de migrantes que han estado durante mucho tiempo luchando". El experto en geopolítica asegura que el del PSOE "es el mismo Gobierno de la masacre de Melilla y es el mismo que mantiene a un ministro como Marlaska en el Ministerio del Interior".

Las políticas imperialistas y los negocios energéticos en África han convertido al continente en una de las regiones del mundo más castigadas por el cambio climático. Mientras en Europa y España se promueve la transición ecológica, los materiales necesarios para sostenerla se extraen sin respetar el medio ni los derechos de quienes los obtienen. 

"Europa reduce su huella de carbono interna mientras externaliza parte del impacto ambiental a otros territorios", reflexiona Ladan. "Aquí te dicen que necesitan un coche eléctrico para proteger el medio ambiente, pero al mismo tiempo un niño de nueve años tiene que trabajar en una mina de litio en el Congo para que tú puedas tener el coche eléctrico con baterías de litio".

La extracción de estos minerales críticos implica un impacto directo en el continente a través de la contaminación del agua y, por consiguiente, de la degradación de sus suelos, lo que genera que las poblaciones locales se vean forzadas a desplazarse. Esta problemática alrededor de la minería también puede alimentar conflictos preexistentes, como ocurre en la República Democrática del Congo y en Ruanda.

Como respuesta a las consecuencias del cambio climático, Occidente ofrece a África una serie de préstamos para mitigar estos efectos: "Se debería plantear como una reparación a estos países, pero en lugar de eso es un préstamo que tienen que devolver con intereses", asegura Komenan.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, que empezaron el 28 de febrero, según informa EFE.

Albares, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.

"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha dicho el ministro.

La Embajada de España en Irán fue evacuada el 7 de marzo ante los bombardeos y después de facilitar la salida de todos los españoles residentes en ese país que así lo desearon. En estos momentos, hay unos 130 nacionales que han decidido permanecer en el país.

Además, Albares habló el miércoles con su homólogo iraní para trasladarle el apoyo de España a la mediación de Pakistán en la guerra y pedirle que se involucre "decididamente" en consolidar el alto el fuego y cesen los ataques a los países del Golfo.

Albares, que ha dado cuenta de esta conversación en declaraciones a la prensa, ha señalado también que al titular de Exteriores iraní le solicitó además que "ejerza toda la influencia sobre los distintos grupos chiitas de la región para que también detengan los ataques". E igualmente, que se garantice "lo antes posible" el paso libre y seguro de cualquier barco de cualquier nacionalidad por el Estrecho de Ormuz.

Sobre el frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado el miércoles entre Estados Unidos e Irán, el ministro ha señalado que es "impensable" que un alto el fuego que se consolide no incluya el cese de los ataques a Líbano, ha subrayado después de los intensos bombardeos israelíes que según Irán violan el acuerdo alcanzado.

Según ha dicho, solo estos dos países conocen exactamente los términos del alto el fuego, pero, a su juicio, Líbano tiene que estar: "Lo que está ocurriendo en Líbano es una auténtica vergüenza para la conciencia de toda la humanidad".

Precisamente, el día en que se abría "un rayo de esperanza" con este alto el fuego de dos semanas, Israel desencadenaba "el ataque más brutal" desde que empezó la ofensiva en Líbano", recordando que su gobierno estaba comprometido con el desarrollo del país y el desarme de Hezbolá.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la "protesta" del Gobierno español por impedir celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, en Jerusalén, según informa EFE.

En declaraciones a RAC1, Albares ha deplorado que la Policía de Israel impidiera este domingo al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa en el Santo Sepulcro, una medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por motivos de seguridad.

"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel, esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volverse a repetir, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", ha explicado Albares. Para el ministro, se trata de una "medida muy preocupante" que no se justifica "en absoluto" por supuestos motivos de seguridad y que resulta "inaceptable".

"Esto ya viene de antes. Tampoco se ha permitido a otros cultos, al culto musulmán, por ejemplo, acceder a los Santos Lugares. Viene habiendo una serie de obstáculos para distinto credos, incluido el cristiano y el católico", ha denunciado.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó el domingo este "ataque injustificado a la libertad religiosa", a lo que respondió el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que le afeó sus críticas y afirmó que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel". 

Por otra parte, se ha mostrado preocupado por la "extensión de la guerra por todo Oriente Medio", una región que avanza hacia un "escenario de guerra perpetua", lo que podría motivar movimientos migratorios de refugiados que "no tardarán en llegar a Europa".

Asimismo, Albares ha confirmado que el Consejo de Ministros tiene previsto otorgar este martes la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López por la vía exprés.

"Se ha utilizado esa vía porque hay algunos documentos que, por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, le era imposible producirlos y, por lo tanto, hemos decidido utilizar esa norma, que está en el Código Civil español", ha argumentado.

Albares ha destacado la "protección" que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prestado a López y otros opositores venezolanos, "a pesar de las calumnias que se vertieron".

"Este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por los venezolanos y el único Gobierno de España que ha hecho por ellos todo lo que ha podido, porque el del PP no movió un dedo por ellos, por mucho que se den golpes en el pecho", ha remarcado.

Continúa la guerra. Continúa Israel la guerra contra Irán y contra Líbano, que son la misma guerra que comenzó hace dieciocho días Donald Trump. Todo nos invita a pensar que ha estallado otra nueva crisis del petróleo como la que hizo temblar el mundo en 1973. Me lo dice el surtidor de la gasolinera, cuando llenar el depósito del coche supera los setenta euros. Mi cabeza piensa y repite “Ormuz, Ormuz”. También me lo dicen Enric Juliana y Esteban Hernández, los dos maestros del oficio que han publicado una intensa y prolija conversación, un viaje a un mundo nuevo, tan fascinante como sobrecogedor, un mundo extraño que ha roto los lazos políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales del viejo orden mundial y está en ciernes de construir otro que ha destruido cualquier vínculo con la confianza.

En ese contexto, la Nueva Diplomacia Española desplegada por Albares ha logrado arrastrar a algunos países de la UE hacia la defensa del orden internacional. Albares, no nos cansaremos de decirlo, inauguró con su llegada al ministerio un nuevo modo de entender la acción política exterior del país. Claridad, beligerancia, apertura, confianza y contundencia en la defensa del derecho internacional. En un mundo que parece haber dinamitado la confianza en sus instituciones, surge un sentido de la diplomacia que goza de la suficiente experiencia para que se mantenga intacta, ya sea denunciando el genocidio en Gaza, ya sea obstaculizando una guerra sin ningún tipo de legitimidad legal y moral en el seno de las instituciones políticas atlánticas o comunitarias.  

Hace seis meses decíamos aquí que Sánchez se había convertido en el adalid de la socialdemocracia europea. En este extraño mundo, los titulares envejecen demasiado rápido. Tras ese tiempo, la reflexión se nos ha quedado muy corta. Hoy Sánchez es el baluarte de la paz internacional resumiendo su posición en cuatro palabras: “No a la guerra”.

La península ibérica es un portaviones incómodo al oeste del continente. El planeta es menos americano que nunca. El ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, ha rechazado enviar fragatas al Estrecho de Ormuz. “¿Qué espera el mundo, qué espera Donald Trump de un puñado o dos de fragatas europeas allí, en el Estrecho de Ormuz, que puedan lograr lo que la poderosa Marina estadounidense por sí sola no puede conseguir?”, se preguntaba Pistorius. El canciller Merz ha quedado muy debilitado desde su última reunión con Trump. Aunque tarde, se ha dado cuenta de que Alemania no debe arrastrar a Europa hacia una guerra con Irán.  Francia, Italia y la Alta Representante de la Política Exterior, Kalla Kallas, también han seguido la estela de Pistorius, impelidos por Sánchez.

La legislatura de este Gobierno, sostenida por los acontecimientos internacionales, será larga. El presidente español se reunirá con Lula en Barcelona antes de viajar otra vez a Pekín en abril. No está de más recordar que en julio recibirá la visita de León XIV. He aquí cuatro nombres que han servido de avanzadilla a la resistencia frente a Donald Trump: Lula, Sánchez, Xi Jinping y León XIV.

El principal adversario de Trump sigue siendo Xi Jinping, pero el único líder que ha confrontado directamente con el inquilino de la Casa Blanca se llama Pedro Sánchez. A la ecuación de la resistencia se ha sumado la influencia decisiva que León XIV mantiene sobre la comunidad católica de los EEUU. Basta con ver las fotos publicadas el pasado fin de semana en L’Osservatore Romano para darse cuenta del abismo que separa el Vaticano de la Casa Blanca. 

Prevost está siendo algo así como un papa de paisano que bendice mucho todo lo que pilla, pero no se le cae del rostro una sonrisa irónica y bondadosa, ni se le cae de los ojos una mirada sabia de hombre que ha visto pasar por delante de su convento todo el Evangelio en vivo, de vuelta del Sábado de Gloria y de enterrar a Jesucristo. Queremos decir, en una palabra, que la Santa Iglesia, con sus exhortaciones apostólicas y todo el simbolismo acumulado de la historia, ha decidido plantar cara a Donald Trump y J.D. Vance.

Un mundo religioso. Los adventistas rezan junto a Trump en el Despacho Oval para que Estados Unidos pueda destruir las infraestructuras petroleras de Irán y obligar a Arabia Saudí a dejar de suministrar petróleo a China. Reza León XIV para que el liderazgo moral de Sánchez se convierta en un serio problema para el trumpismo. Trump ha logrado convertir a EEUU en un pelele de Netanyahu.  El presidente estadounidense, no obstante, quiere lentificar el crecimiento chino y conseguir más tiempo para adaptar y acelerar el desarrollo tecnológico de su país.

Conviene conocer la retaguardia de la guerra. Me lo dice el joven e inteligente Daniel Bashandeh, el príncipe persa que mejor conoce la política de Oriente Medio en nuestro país: “Xi Jinping anda estos días preocupado, hasta el punto de que tras haber aprobado el plan económico quinquenal de su país ha preferido no publicitarlo demasiado; teme ver estrangulado el suministro de petróleo y, sobre todo, el de gas”. 

No sabemos aún si el presidente español volverá a visitar el estanque de los peces rojos. Los peces koi de Jinping son los mejores aliados de Sánchez. Lo que sí podemos afirmar es que España y su Nueva Diplomacia se han acoplado con bastante facilidad al orden internacional defendido desde Pekín. Su nuevo Plan busca fortalecer el consumo, la cohesión social y la soberanía tecnológica. La relación de Sánchez y Xi Jinping ofrece una enorme ventaja comparativa respecto de aquellos países que se precipitaron hace dos años en declarar a China como adversario económico. Sánchez y Albares han sabido conjugar desde el Ministerio de Asuntos Exteriores la relación con Pekín y puede ser la palanca que sirva para reconstruir la confianza en el orden internacional. Atentos: Sánchez 2032. 

Unos 250 españoles han embarcado este lunes en un avión del Ejército para ser evacuados desde Oriente Medio de vuelta a España, tras las incidencias en el espacio aéreo en esa región por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes.

Entre ellos viaja un grupo de 30 turistas de Córdoba, Málaga y Sevilla que permanecía desde el pasado 1 de marzo atrapado en un hotel del centro de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), al cerrarse el espacio aéreo.

El responsable de la agencia organizadora del circuito de esos turistas, ha informado a EFE de que estaban embarcando en esa nave unas 250 personas y que la hora prevista de llegada a Torrejón de Ardoz (Madrid) es sobre las 23:30 horas de este lunes. "Estamos muy emocionados y contentos de regresar a casa, este periplo y experiencia ha llegado a su fin, estamos inmensamente felices de volver a casa", ha destacado. Este grupo demandó hace ya varios días la posibilidad de volver en un vuelo de repatriación organizado por el Gobierno, dada las dificultades para hacerlo en un vuelo comercial.

Unos 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, según informó la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee" ante el conflicto abierto en ese área.

El número de españoles en la zona asciende a más de 30.000 entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, según cálculos oficiales.

El Gobierno de España condena "rotundamente" los ataques "masivos" contra Líbano por parte de Israel y traslada su "pésame y solidaridad" a las familias de las víctimas civiles, que afirma que siguen aumentando, según informa EFE.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores este sábado, el Gobierno señala que España reitera su compromiso con la seguridad y estabilidad del Líbano, que considera "vital para toda la región", e insta a Israel al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional.

"Todas las partes deben cumplir íntegramente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024", indica.

De la misma manera, el Gobierno reitera el apoyo al mandato de la misión de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) y exige su respeto, condenando los ataques israelíes contra sus posiciones.

"España urge al respeto por parte de Israel de las fuerzas de paz, incluido el contingente español, desplegadas en Líbano conforme al mandato de la resolución 1701", dice el comunicado.

Asimismo, España reitera el llamamiento a respetar la soberanía y la integridad territorial del Líbano y el apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Joseph Aoun para asegurar el monopolio de las armas por el Estado en todo el territorio libanés, el refuerzo de las Fuerzas Armadas Libanesas, y su redespliegue efectivo en el sur del país.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho y que los que permanecen en el país es porque así lo desean, según recoge EFE.

En declaraciones a RAC1, Albares ha recordado que el grupo de 22 españoles que deseaba salir de Irán lo consiguió ayer por vía terrestre, y que cruzaron de manera segura la frontera con Azerbaiyán, donde les esperaba personal diplomático de la embajada de España.

Unos 31.000 españoles, entre residentes, turistas y personas que se desplazaron por motivos de trabajo, se encontraban en la región cuando el sábado estalló la guerra entre Estados Unidos e Irán y desde ayer han empezado a regresar a España algunos grupos de ciudadanos, aunque Albares ha dejado claro que "son una minoría" los que solicitan regresar a España.

La gran mayoría de estos 31.000 españoles son residentes y el grueso de ellos no se plantea regresar, aunque el objetivo del Gobierno es el de "repatriar hasta el último español que así lo desee", según el ministro.

Un total de 22 españoles residentes en Irán han salido ya del país y han cruzado la frontera con Azerbaiyán, donde se encuentran a salvo, y este jueves, previsiblemente, llegarán a Madrid, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

A través de unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Albares ha dicho también que un avión del Ejército del Aire vuela este miércoles por la tarde hacia Oriente Medio para continuar con la repatriación de ciudadanos españoles, atrapados en distintos lugares de la región desde que el sábado EEUU e Israel lanzaran una operación militar contra el régimen iraní y la posterior represalia de Teherán.

La organización de las evacuaciones se está realizando también, ha explicado el ministro, mediante los vuelos comerciales disponibles.

Además, ha recordado que la Embajada de España en Teherán sigue "plenamente operativa" aunque reducida a su personal esencial con el embajador, Antonio Sánchez-Benedito, al frente, y este miércoles llega un refuerzo de personal diplomático para varias embajadas con el fin de ayudar en la evacuación.

Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein van a recibir este refuerzo de personal, ha detallado el ministro, para garantizar que todos los españoles que lo deseen puedan abandonar y regresar "sanos y salvos a España. No vamos a dejar a ningún español atrás".

Unos 31.000 españoles entre residentes, turistas y personas que se desplazaron por motivos de trabajo se encontraban en la región cuando el sábado estalló la guerra y desde este martes han empezado a regresar a España algunos grupos de ciudadanos.