Cincuenta años después del Acuerdo de Madrid, el Sáhara Occidental continúa sin referéndum ni soberanía
El Sáhara Occidental continúa sin ser descolonizado 50 años después de que España abandonase el territorio y lo dejara ilegalmente en manos de Marruecos y Mauritania. El 14 de noviembre de 1975, los últimos vestigios del régimen franquista firmaron junto a estos dos países la Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, más conocido como el Acuerdo Tripartito de Madrid, incumpliendo la promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación y completar el proceso de descolonización.
Un acuerdo precipitado por la Marcha Verde, que tuvo lugar unos días antes, el 5 de noviembre. De madrugada, unas 350.000 personas marroquíes, en su mayoría campesinos, iniciaron la marcha hacia la colonia española tras ser movilizadas por orden del rey Hasán II. El monarca quiso aprovechar la agonía de Franco para ocupar ilegalmente el territorio.
La entrega de la soberanía del Sáhara contrasta con las palabras del entonces príncipe Juan Carlos durante su visita a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, dos días antes de la Marcha Verde, cuando acudió a mostrar su apoyo a las tropas españolas. En su discurso aseguró que España "cumpliría sus compromisos" con el territorio, donde se esperaba un referéndum de autodeterminación.
Los compromisos se quedaron en palabras. Tras la ocupación marroquí, el Frente Polisario declaró la guerra al régimen de Hasán II y a Mauritania, lo que obligó a gran parte del pueblo saharaui a exiliarse en campamentos situados en el sur de Argelia. Aunque Mauritania se retiró del conflicto en 1979, la guerra con Marruecos continuó hasta comienzos de la década de 1990. Con la caída de la Unión Soviética, que respaldaba al Polisario, la ONU promovió un alto el fuego en 1991 bajo la promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación. Para ello creó la MINURSO, una misión de paz encargada de supervisar el proceso. Sin embargo, la descolonización sigue sin llegar y parece cada vez más lejana debido al creciente poder diplomático de Marruecos.
La ONU no reconoce la declaración de principios
Cincuenta años después de la firma de aquella declaración, las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental reflejan un cambio respecto a los principios que la organización defendía en los años setenta. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas establecía que todo proceso de descolonización debía culminar con un referéndum de autodeterminación o, en su defecto, con la asunción directa de la administración por parte de la ONU. España, sin embargo, optó por transferir su responsabilidad de manera unilateral a Marruecos y Mauritania. Por ello, ni la ONU ni la Unión Africana reconocieron nunca aquel acuerdo, firmado en secreto y sin la participación del pueblo saharaui.
Para Itziar Ruiz-Giménez, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, el Sáhara Occidental sufre "una ocupación ilegal". "Marruecos ocupa un territorio que no le pertenece y lo hace incumpliendo de forma flagrante el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos", explica. La experta subraya que España "lleva 50 años incurriendo en dejación de sus responsabilidades legales y morales, permitiendo el expolio de los recursos saharauis, la represión y las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados".
No obstante, la postura internacional ha evolucionado hacia un mayor respaldo implícito al control marroquí del territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU, mediante una resolución impulsada por Estados Unidos y apoyada por la mayoría de países de la Unión Europea, renovó a finales de octubre el mandato de la MINURSO hasta 2026 y situó el plan de autonomía marroquí como base para alcanzar una "solución política realista y duradera".
Aunque el texto mantiene la referencia formal al "derecho a la autodeterminación" del pueblo saharaui, el énfasis se desplaza hacia una autonomía bajo soberanía marroquí. El nuevo enfoque supone el mayor respaldo de la ONU hasta la fecha a la propuesta presentada por Rabat en 2007. Ese plan prevé una autonomía limitada del Sáhara Occidental, con competencias administrativas, judiciales y económicas, pero sin renunciar al control político y militar de Marruecos.
No obstante, Ruiz-Giménez recuerda que el Consejo de Seguridad no es competente para decidir sobre la autodeterminación del territorio. "Dicho organismo no puede tomar ninguna decisión en ese ámbito, y así lo establece claramente la Carta de Naciones Unidas. Su competencia se limita al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales", incide.
La "neutralidad activa" de España
Desde mediados de los años ochenta, la posición del Gobierno español frente al Sáhara Occidental comenzó a virar progresivamente hacia una mayor sintonía con Marruecos. Los ejecutivos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy fueron dejando cada vez más atrás la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, priorizando la cooperación con Rabat en asuntos estratégicos como la gestión de la migración irregular, la lucha antiterrorista y el control fronterizo.
Isaías Barreñada, doctor en Relaciones Internacionales y miembro del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC), señala que la histórica posición de "neutralidad activa" de los gobiernos españoles respondía también a intereses económicos derivados del acuerdo. "En los anexos secretos de la declaración conjunta, conocidos años más tarde, España cedió la explotación de los fosfatos del Sáhara a cambio de que Marruecos y Mauritania establecieran relaciones comerciales y pesqueras preferentes con nuestro país", explica.
El giro definitivo llegó en marzo de 2022, cuando el presidente Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI en la que calificaba la propuesta marroquí de autonomía como la base "más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto. Con ese gesto, el Gobierno español oficializó su apoyo al régimen marroquí tras la crisis diplomática de 2021.
Tras la acogida médica en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Rabat relajó el control fronterizo y permitió la entrada de miles de personas en Ceuta, generando el colapso de la frontera. "Marruecos sabe dónde golpear, y Ceuta y Melilla son una palanca de presión muy efectiva", advierte Barreñada. El académico recuerda que incluso durante esos meses, Marruecos llevó el asunto a la Liga Árabe y logró una declaración que respaldaba sus reclamaciones sobre las dos ciudades autónomas como territorios pendientes de descolonización.
"Marruecos busca la legalización de los hechos consumados"
Cinco décadas después de la Marcha Verde, Marruecos no solo ha consolidado su control sobre el 80% del Sáhara Occidental, sino que ha desplegado una ofensiva diplomática que le ha permitido ganar influencia en los principales foros internacionales. De los 84 países que reconocían a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), apenas 47 mantienen hoy ese reconocimiento, mientras Rabat acumula apoyos en la Unión Africana y entre los miembros del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental en la ONU, donde solo Rusia resiste a una tendencia marcadamente promarroquí.
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Barreñada destaca que Marruecos ha desplegado "una diplomacia muy activa" para que se perciba su presencia en el Sáhara como "algo irreversible". "Marruecos busca la legalización de los hechos consumados y necesita que el mundo crea que el conflicto ya está cerrado", añade.
El papel de Estados Unidos también ha sido decisivo en ese proceso. La Administración de Donald Trump reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de que Rabat normalizara relaciones con Israel. Desde entonces, Washington ha mantenido su respaldo político y militar.
Ruiz-Giménez coincide en que el poder de Marruecos se ha consolidado gracias al apoyo estadounidense y europeo, pero no sobre la base de la legalidad internacional. "Ha tejido una red de apoyos formales sin sustancia, porque por muy poderosos que sean Estados Unidos o Francia, no pueden legalizar lo que es ilegal ni ocupar un territorio sin consultar a su pueblo", concluye.
