El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

En un auto fechado este lunes al que ha tenido acceso EFE, el magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria que supera los 247 millones.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda el procesamiento por delitos masa de estafa y organización criminal, al tiempo que abre una pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En el auto, el juez Calama indica que Romillo, conocido como CryptoSpain, ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito".

Dicha organización estaba integrada por el propio y por Borja Lara Varas; Alejandro Pérez Frías; Pedro Estanislao Bris García; Domingo Romillo Iriarte; Juan Carlos Romillo Iriarte; Mihaela Munteanu Manole; David Alcázar Jiménez; Rosa María de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera, y Juan José Moreno Ruiz.

Todos ellos, bajo las instrucciones de Romillo, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos.

El objeto de la organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable.

A través de dicha web, prosigue el auto, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, prosigue el magistrado, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

En su auto, Calama impone a los diez procesados el pago de una fianza solidaria de 247.349.230 euros con el fin de hacer frente a las posibles responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente en caso de ser condenados.

De forma paralela, el juzgado abre una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo, ya que esa parte del procedimiento se encuentra en un estado incipiente dadas su mayor complejidad.

El entramado societario consta de 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones.

En su auto de procesamiento, el magistrado acuerda mantener en prisión provisional a Romillo por los riesgos de fuga y de reiteración delictiva.

Los secuestros han existido públicamente desde al menos el siglo XIX. El hecho de raptar a una persona y pedir un rescate económico ha sido una forma muy extendida de ganarse la vida para bandidos de toda índole. Y actualmente, como todo, este fenómeno criminal ha evolucionado. Ese cambio ha provocado que la sofisticación de quienes cometen este tipo de delitos haya llegado a su culmen.

Por ello, la principal preocupación de quien comete un secuestro es cobrar el rescate que solicita y, si es posible, que el pago sea imposible de rastrear por las autoridades policiales. El dinero efectivo es un buen método que lo permite, y ahora, también las criptomonedas. Por eso, organizaciones criminales se están centrando en estos últimos años en los secuestros de empresarios con algún tipo de relación con este último método de pago.

Lo hacen, en primer lugar, porque, según qué cartera de Crypto tenga la víctima, la disponibilidad del dinero en líquido puede ser instantánea, aunque hablemos de millones de euros. Si fueran transferencias bancarias ordinarias, cuando se ordenan ciertas cantidades deben pasarse unos controles extra que pueden bloquear la transacción.

Además, identificar una cuenta bancaria internacional es una tarea más sencilla, aunque se usen testaferros. En cambio, si se cobra un rescate con moneda virtual, el abanico de posibilidades para camuflar el origen del dinero es más amplio. Por eso se pagan ya en Cryptos importantes alijos de cocaína, así como de otras drogas sintéticas.

Desde principios de 2025 han aumentado exponencialmente en todo el mundo los secuestros o los robos a empresarios relacionados con criptomonedas, en los últimos años se han producido 231 hechos registrados: se han dado casos en España, en la mayoría de países Unión Europea, en Estados Unidos y en varios países asiáticos.

El último caso conocido, especialmente grave, ocurrió en la madrugada del 26 de noviembre. Las alarmas saltaron cuando se descubrió el cadáver de un chico ucraniano de 21 años dentro de un Mercedes calcinado en la calle Marlen-Haushofer-Weg en Viena (Austria). La policía austríaca resolvió este crimen indicando que el móvil del asesinato era el robo de criptoactivos.

La víctima era el hijo de un político ucraniano de Jerson y sus supuestos asesinos son también compatriotas. Conforme cometieron el crimen huyeron a su país, donde días después fueron detenidos. La víctima es el hijo del vicealcalde de Járkov. Se sabe por la autopsia que recibió bastantes agresiones antes de morir, por las heridas que le infligieron. Los ejecutores querían saber las contraseñas de las billeteras de criptomonedas. Se detectaron movimientos importantes, de miles de euros, el día del asesinato, y también le incautaron en Ucrania a los dos detenidos otros tantos miles de euros en efectivo.

Este es el último caso relevante europeo, pero ha habido otros llamativos en España. En uno de ellos se activó al GOES de la Policía Nacional. Fue el pasado 1 de febrero, con el objetivo de liberar a un británico que estaba siendo retenido en una vivienda de Estepona, y de detener al que un grupo de criminales que le exigía 30.000 euros para que fuera liberado. Después han llegado otros casos.

El pasado agosto, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Álvaro Romillo, más conocido como Cryptospain, denunció que su casa fue asaltada con él y su familia dentro. Según indicó en la denuncia, un comando armado penetró en su hogar y le robó 1,2 millones de euros en criptomonedas. Le obligaron a transferirlas, junto a relojes de lujo. Aquello parecía un aviso de algunas de las víctimas que habían perdido su dinero, ya que buscaban 40 millones de euros.

Toda la información habría que ponerla en cuarentena, porque ese empresario duerme en prisión por la estafa millonaria piramidal del caso Madeira Invest en la que se esfumaron más de 200 millones de euros, precisamente en todo tipo de criptomonedas. Y precisamente ahora está en prisión provisional porque la Guardia Civil descubrió que sólo por una de las cuentas en Singapur de Álvaro Romillo habían pasado 29 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable.

Donde este tipo de secuestros ha pasado a ser un problema más que serio ha sido en Francia. En los últimos meses, la Gendarmería y la Policía francesa han tenido un duro trabajo para detener a varios comandos que han raptado o que han intentado secuestrar a personas que han logrado ser millonarias gracias a esta tecnología aplicada a los criptos.

Lo más reciente ocurrió el lunes de esta semana, cuando, en un pueblo del Valle del Oise, un comando abordó a un ejecutivo del sector sanitario francés y lo secuestró en plena calle. A las pocas horas lo liberaron. Resulta que su hijo vive en Dubái y es un reconocido inversor de criptomonedas.

A principios de año y en el mismo país sucedió algo similar con otro familiar de un inversor cripto. Por lo visto, son un objetivo más sencillo para las organizaciones criminales. Al último comando se le une el que el pasado 22 de noviembre fue detenido en Chalon-sur-Saône. Eran miembros de una banda que había intentado hasta cuatro veces secuestrar al mismo inversor de criptomonedas.

Hay que remontarse al verano, concretamente al 29 de agosto, para conocer la historia un chico suizo de 22 años que había sido secuestrado en Valence (Francia), lo que motivó la activación del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional). El equipo de operaciones especiales de la Gendarmería tuvo que intervenir porque se sabía que el comando podría estar fuertemente armado.

El resultado de la intervención fue la detención de siete personas que pretendían con hacerse con cientos de miles de euros que este chico poseía en cryptos. Le tendieron una trampa para que acudiera a un lugar con el pretexto de un negocio, pero el resultado fue fatal. Acabó retenido cuatro días y le realizaron 30 heridas con cúter para que les facilitase las contraseñas de sus monederos virtuales.

Pero aquella no era la primera intervención del GIGN francés en un caso de secuestro por un móvil económico de cryptos. La más importante ocurrió en enero, y se desarrolló para liberar a David Balland, cofundador del desarrollador de billeteras frías de criptomonedas Ledger y a su mujer, de la que no se detalló su identidad.

El objetivo principal de aquel secuestro era Balland, y las mejores unidades del GIGN se desplegaron para que la operación acabara bien. Las víctimas estuvieron retenidas más de 24 horas en dos lugares diferentes. A Balland le cortaron un dedo, y la prueba visual de ello la enviaron a los socios de su empresa para que viesen que iban en serio. Querían millones de euros, aunque acabaron detenidos. No se supo si realmente los secuestradores consiguieron algún botín, aunque la mayoría acabaron en prisión.

Desde agosto han ocurrido secuestros relacionados con el mundo de las criptomonedas en España, Filipinas, Francia, Noruega, Sri Lanka, Tailandia, Canadá, Israel, Estados Unidos, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Austria y Rusia. Y la tendencia no va a cesar, porque muchas organizaciones criminales han puesto su ojo a este mundo crypto que ha generado nuevos millonarios, y sobre todo porque saben que pueden realizarse transferencias millonarias en segundos. Todo esto ya genera un aumento de la seguridad privada de muchos de estos millonarios que actualmente son anónimos.

Éric Ciotti no podía imaginar una mejor propaganda. Sin pronunciarse sobre el tema de las criptomonedas hasta hace unas semanas, el líder del pequeño partido Unión de las Derechas (UDR) se convirtió, el 9 de noviembre, en el primer político invitado por Hasheur, el influencer de criptomonedas más seguido de Francia. En concreto, es Éric Ciotti quien le recibe, en la sede de su partido, con estanterías al fondo repletas de ejemplares de su libro Je ne regrette rien (No me arrepiento de nada, edit. Fayard).

El aliado de la Agrupación Nacional (RN) consiguió su invitación gracias a una propuesta de ley presentada doce días antes en la Asamblea Nacional. Un texto “destinado a adaptar Francia al nuevo orden monetario adoptando el bitcoin y las criptomonedas”, con el que ni siquiera los actores del sector habrían soñado.

La UDR quiere embarcar al país nada menos que en una “revolución monetaria”: creación de una reserva estratégica de bitcoins, en particular mediante el uso de una parte importante de los ahorros de los franceses para adquirirlos, autorización para pagar las compras o los impuestos en stablecoins, una moneda digital respaldada por el valor de una divisa, en este caso el euro.

No importa que esta propuesta no tenga ninguna posibilidad de prosperar en este momento. “Este texto es simplemente un comunicado de prensa para decir somos pro-bitcoin”, analiza Grégory Raymond, cofundador de la publicación especializada The Big Whale. “Proponen todo lo que el sector lleva años reclamando.” Antes de presentarla, la UDR se aseguró de enviar su propuesta de ley al lobby francés de las criptomonedas, la Asociación para el Desarrollo de los Activos Digitales (Adan), para que emitiera su opinión.

El repentino interés de Éric Ciotti por el tema ha sorprendido a los actores de este ecosistema. Aunque se alegran de que una figura política se haga eco de sus reivindicaciones, muchos de ellos lo ven ante todo como oportunismo. “Éric Ciotti se ha dado cuenta sin duda de que hay una comunidad muy ruidosa en redes sociales en torno a las criptomonedas”, señala Grégory Raymond.

Sarah Knafo lo entendió mucho antes. La eurodiputada de Reconquista y compañera de Éric Zemmour lleva dos pasos de ventaja en la operación de seducción iniciada por la extrema derecha francesa hacia el sector. Desde las elecciones presidenciales de 2022, el polemista Zemmour incluye en su programa una serie de medidas a favor de las criptomonedas. En plena campaña, fue recibido en las oficinas de la firma líder Ledger.

En diciembre de 2024, Sarah Knafo pronunció un destacado discurso en el Parlamento Europeo en el que pedía la creación de una reserva nacional de bitcoins en los Estados miembros de la UE. Unas semanas más tarde, era invitada a la toma de posesión de Donald Trump en Washington, donde conoció al estadounidense Michael Saylor, el mayor poseedor institucional de bitcoins del mundo. “Algunos piensan que soy una futurista. Yo creo que vamos con retraso”, declara ufana Sarah Knafo a Mediapart.

Desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Javier Milei en Argentina, pasando por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Sarah Knafo y ahora Éric Ciotti intentan sumarse a esta internacional de extrema derecha convertida a la religión del bitcoin. Aunque tengan que hacer la vista gorda ante los numerosos fallos de las plataformas de intercambio de criptomonedas, que abren la puerta al lavado de dinero, como reveló recientemente una investigación realizada por un consorcio internacional de periodistas.

Sarah Knafo también mantiene sus redes en París, donde intercambia ideas con el cofundador de Ledger, Éric Larchevêque, y los criptoempresarios Sébastien Gouspillou y Alexandre Stachtchenko. El director general de la plataforma Paymium y pionero de las criptomonedas en Francia, Pierre Noizat, es sin duda uno de los empresarios del sector con quien mantiene una relación más estrecha.

La RN acabó por entrar en escena, aunque ello supusiera dar un giro de 180 grados. En 2016, un año antes de las elecciones presidenciales, Marine Le Pen anunciaba en un comunicado de prensa su intención de prohibir simplemente el uso de las criptomonedas en Francia, en nombre del patriotismo económico. Según ella, la desmaterialización de la moneda sería “un secuestro de los ciudadanos por parte de los bancos privados y un control de todas las transacciones”.

A partir de 2022, la línea del partido fue cambiando y, durante las elecciones presidenciales, la RN propuso simplemente regular las criptomonedas. En 2025, un nuevo giro: con ocasión de una visita a la central nuclear de Flamanville (Manche) en marzo, la líder de extrema derecha se mostró a favor de utilizar el excedente de electricidad producido por las nucleares para ir metiendo bitcoins. Es decir, hacer participar en el ecosistema de las criptomonedas a potentes ordenadores que consumen mucha energía, a cambio de una retribución en bitcoins.

Pero este ecosistema, nacido de una ideología libertaria marcada por la desconfianza hacia la política, se mantiene por ahora a buena distancia. “No busco el contacto con los políticos. Intento transmitir mi mensaje al mayor número de personas posible, pero no estoy vinculado a ningún grupo”, afirma Pierre Noizat a Mediapart. Sin embargo, participó en las universidades de verano de Reconquista a finales de agosto de 2025, así como en la Cumbre de las Libertades, coorganizada en junio por los ecosistemas de los multimillonarios Pierre-Édouard Stérin y Vincent Bolloré, que reunió a la extrema derecha ultraliberal.

Para el mundo del fundador de Paymium, la RN es un “partido socialista”, Los Republicanos (LR) son “socialistas de derechas”, y los franceses viven en “un régimen tan democrático como el de Alemania del Este”, “una economía dirigida con un gasto público superior al de la URSS”. “Reconquista es el único partido que cumple estos dos requisitos: libertad económica y seguridad”, opina no obstante Noizat. Como actor importante del sector, no oculta que votó por Éric Zemmour en las elecciones presidenciales de 2022, pero “considera que las reglas del juego político no le convienen”. El empresario no ve “democracia” sin la competencia entre monedas que preconiza el economista neoliberal Friedrich Hayek.

Éric Larchevêque se muestra aún más prudente. “No soy un activista político”, aclara desde el principio el mediático cofundador de Ledger. “El bitcoin es una tecnología que no debería ser política. Es cierto que los valores que defiende, la libertad, la independencia y la autonomía, son hoy en día valores de la derecha, pero hace cuarenta años eran los de la izquierda”, considera. Soy “más bien liberal”, matiza Éric Larchevêque, y se define como un “libertario minarquista”, que aboga por “menos Estado y mejor Estado más que por ningún Estado”.

En los últimos meses, ha intervenido mucho en los medios de comunicación y ha saturado sus redes sociales con declaraciones en contra de la fiscalidad de los más ricos y del “software socialista”. En Francia, Larchevêque se trata con Romain Dominati, cofundador del Partido Mileista francés, también presente en la Cumbre de las Libertades en junio de 2025.

La periodista Nastasia Hadjadji, autora de No crypto. Cómo Bitcoin ha cautivado al planeta (edit. Divergences, 2023), ha investigado recientemente para el Observatorio de las Multinacionales a Pierre Noizat y Éric Larchevêque, que, en su opinión, sirven de “correa de transmisión” entre el mundo de las criptomonedas y los políticos de extrema derecha. “También se trata de metapolítica, de la difusión de ideas libertarias radicales, que hasta ahora eran bastante marginales”, explica a Mediapart.

“Esta gente se encuentran en un cóctel de afiliaciones partidistas y se decantará por el mejor postor político, por quien más defienda las criptomonedas”, añade. “Es el supermercado del pensamiento. Su relación con la política es una metabolización perfecta de su creencia ciega en las leyes del mercado.”

Alexandre Bensimon, de 27 años, simboliza lo que Nastasia Hadjadji describe como “desafección radical de la política”. En el canal de YouTube HowToBitcoin, del que es cofundador, se presenta al Estado como “una mafia legal” y al socialismo como “una enfermedad mental”. Reivindicando una libertad de expresión absoluta, se pregunta con total naturalidad si “hay que legalizar el racismo”. También el negacionismo, con un invitado que lamenta que se “criminalice” el hecho de “decir que las cámaras de gas no existieron”.

“No espero gran cosa de los políticos. He perdido la fe en la democracia francesa”, confiesa Alexandre Bensimon a Mediapart. Desde que votó a Jean Lassalle en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, el empresario no ha vuelto a acercarse a las urnas.

Los treintañeros del equipo de Éric Ciotti intentaron hace seis meses que los invitaran a su canal, confiesa, pero sus dos fundadores se negaron; la UDR no confirma esa petición. Sin tener que desembolsar un solo euro, HowToBitcoin formó parte de los “socios” de la Cumbre de las Libertades de Bolloré y Stérin en junio. “Si tuviera que elegir entre RN y Reconquista”, Alexandre Bensimon se decantaría hoy por este último.

En el Parlamento, el mayor lobby del sector prefiere no apostar demasiado por la extrema derecha. El entusiasmo de estos partidos por las criptomonedas “tiene el mérito de poner el tema sobre la mesa, pero corre el riesgo de acapararlo un poco”, señala Lucas Cherfils, responsable de asuntos públicos de Adan. “El tema en sí mismo ya es tan controvertido que, si además lo defiende un partido que también lo es, resulta difícil hablar del fondo del asunto”, explica.

Cherfils, que pasó por el gabinete del exministro de Digitalización Jean-Noël Barrot, se apoya en otros intermediarios. En el marco del examen del presupuesto en la Asamblea, una enmienda presentada por la Adan fue reproducida palabra por palabra por el diputado macronista Paul Midy y su colega LR Virginie Duby-Muller.

Algunos interlocutores pidieron releer sus citas antes de la publicación de este artículo, aunque no aportaron ninguna modificación.

Traducción de Miguel López

Entre los patrocinadores de criptomonedas y trading presentes en el fútbol europeo se encuentran empresas y operadores no regulados, señalados por las autoridades por suponer un riesgo para los consumidores, según revela Investigate Europe, la red internacional de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre. Según los datos recopilados, más de un tercio de los equipos de las cinco grandes ligas europeas están asociados con empresas de criptomonedas o trading esta temporada. La Premier League es la más saturada, con un 70% de sus clubes con al menos una de estas alianzas. Alrededor de tres de cada diez clubes de La Liga, la Bundesliga y la Serie A tienen acuerdos similares. Pero algunas de estas empresas identificadas carecen de licencia para operar en Europa.

Las plataformas que venden una abrumadora variedad de productos de inversión, incluidas las criptomonedas altamente especulativas, se han convertido en los patrocinadores preferidos de los clubes en los últimos años. Los acuerdos se producen en medio del auge de la popularidad de la inversión en línea y las crecientes restricciones a los patrocinios de apuestas.

Entre los 14 clubes de la Premier League que tienen al menos un acuerdo se encuentra el Manchester City. Su socio oficial de criptomonedas es OKX, una de las mayores plataformas de intercambio del mundo. A principios de este año, la empresa registrada en Seychelles fue declarada culpable de violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y multada con más de 500 millones de dólares.

OKX no está registrada como empresa de criptoactivos en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, pero muchos de sus productos siguen estando disponibles allí. Su sitio web informa a los posibles clientes del Reino Unido de que no estarán cubiertos por las protecciones al consumidor de la FCA ni por el Plan de Compensación de Servicios Financieros. El Manchester City y OKX no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“Los clubes de fútbol se consideran marcas con prestigio y estas empresas quieren aprovecharse de ello. Pueden llegar a un sector demográfico que a menudo tiene cierto poder adquisitivo y conexiones con la industria tradicional del juego”, afirma Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol de la Universidad de Liverpool. “La inversión en criptomonedas, en particular, es un mercado muy especulativo y, en realidad, no es más que un juego de azar en mayúsculas”.

Por otra parte, el Newcastle ha iniciado su segunda temporada con VT Markets como “socio financiero”. Esta empresa con sede en Australia ofrece operaciones con divisas, metales preciosos y otras materias primas e instrumentos. Su sitio web presume de las “posibilidades ilimitadas” que ofrece a los clientes en su plataforma.

Sin embargo, Investigate Europe ha descubierto que VT Markets figura en la lista oficial de advertencias de la FCA desde 2023 y no cuenta con ninguna autorización nacional. En Europa, la marca también aparece en las listas de advertencia de Italia , Bélgica y Dinamarca. El sitio web de la FCA afirma que la empresa “puede estar proporcionando o promocionando servicios o productos financieros sin nuestro permiso. Debe evitar tratar con esta empresa y tener cuidado con las estafas”.

Al intentar registrarse desde el Reino Unido, se informa a los visitantes de que VT Markets solo está regulada por las autoridades sudafricanas y que los usuarios que abran una cuenta lo hacen “bajo su propia responsabilidad e iniciativa”. Varias otras empresas identificadas en el análisis utilizan una redacción similar. VT Markets también ha pagado anuncios en Facebook en los que se menciona la asociación con Newcastle y se dirige al público del Reino Unido.

“Una simple advertencia sobre la falta de protección al consumidor no exime a la empresa de todas sus responsabilidades. Si promocionan u ofrecen productos o servicios regulados sin los permisos necesarios, podrían estar infringiendo la ley y podríamos tomar medidas contra ellos”, afirmó un portavoz de la FCA.

Newcastle no respondió a las preguntas remitidas por Investigate Europe, mientras que la Premier League se negó a hacer declaraciones.

En octubre, VT Markets se convirtió en el socio comercial oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol en Oriente Medio y el norte de África, bajo el lema “Invest in Greatness” (invierte en la grandeza). La empresa no tiene licencia en Portugal, aunque la plataforma es accesible para los usuarios de ese país. VT Markets no respondió a las solicitudes de comentarios.

La investigación ha revelado problemas similares con empresas que patrocinan a otros equipos de la Premier League, así como en España e Italia. La ausencia de autorización nacional o de la UE significa que los consumidores tienen menos recursos para denunciar presuntas irregularidades y están menos protegidos si un operador quiebra, mientras que las empresas pueden ofrecer productos de inversión aún más arriesgados. 

Con la prohibición de los patrocinios de apuestas en la parte delantera de las camisetas que entrará en vigor en la Premier League la próxima temporada, y con leyes similares ya en vigor en varias ligas europeas, muchos clubes están recurriendo a acuerdos con industrias relacionadas con el juego.

La mayoría de los acuerdos identificados involucran a empresas que están totalmente reguladas y que bloquean activamente el acceso a sus sitios web desde países en los que no tienen autorización. Investigate Europe encontró 53 acuerdos que involucran a 36 empresas con clubes europeos para esta temporada. Los logotipos y las marcas aparecen de diversas formas en las mangas de las camisetas, en las vallas publicitarias de los estadios, en los sitios web de los clubes y en las promociones en las redes sociales.

Aunque no hay indicios de irregularidades, los resultados plantean dudas sobre el grado de escrutinio que los clubes realizan a los posibles patrocinadores. “Si asocias tu club con una marca, estás sugiriendo a los aficionados que confías en ella”, afirmó a principios de este año el experto en marketing deportivo Tim Crow al comentar este fenómeno en auge. “Tienes que estar completamente seguro de que has hecho las comprobaciones necesarias, para que tus aficionados no se arrepientan más adelante”. 

En los últimos años, numerosos clubes se han visto en apuros tras firmar acuerdos con empresas de criptomonedas y de trading. El Sporting de Lisboa rescindió su acuerdo con Bitci en 2022 por un supuesto impago, el Atlético de Madrid ha demandado a la plataforma de intercambio de criptomonedas WhaleFin tras incumplir, según recogieron los medios, un contrato de 20 millones de euros por temporada, mientras que el Leeds United prescindió de FXVC en 2023 después de que la FCA le revocara la licencia por “promociones financieras engañosas”.

En Italia, siete equipos de la Serie A tienen 11 patrocinadores contratados para la temporada 2025/26. El Inter firmó un contrato por valor de 6 millones de euros en 2024 con Gate.io, una plataforma de intercambio de criptomonedas. La empresa está ahora registrada ante las autoridades italianas, pero en 2021 fue señalada por la Consob, el regulador nacional de valores, por realizar actividades no autorizadas .

El Inter ha añadido a Ultima Markets, una plataforma de CFD (un tipo de inversión de venta al descubierto) y otros productos, como su socio comercial en Asia para esta temporada. La empresa no está regulada en la UE. A pesar de ello, su sitio web está abierto a los visitantes de Italia. La empresa incluso ofrece “ventajas especiales” a los clientes en función de los resultados del Inter, como bonificaciones por beneficios y garantías de devolución del dinero.

Un portavoz del Inter declaró: “El acuerdo de patrocinio con Ultima Markets solo se aplica a Asia y, dentro de Asia, solo a aquellos territorios en los que el patrocinador cuenta con las autorizaciones necesarias para vender o publicitar sus servicios”. Ultima Markets no ha respondido a las preguntas que se les han remitido.

Algo similar ocurre con Hantec Markets, una empresa con sede en Hong Kong que se ha convertido en el socio comercial del Atlético de Madrid en Latinoamérica para esta temporada. No tiene licencia para operar en la UE, pero sus servicios siguen estando disponibles para los usuarios de España y de toda Europa. Esta plataforma informa a los visitantes españoles de que no está sujeta a la normativa nacional y de la UE ni a la protección de los consumidores, y que los clientes que se registran para abrir una cuenta lo hacen bajo su propia responsabilidad. Ni el Atlético de Madrid ni Hantec Markets han querido hacer comentarios.

A pesar de los evidentes riesgos para los aficionados, las relaciones de los clubes de fútbol con las empresas de inversión continúan. Las plataformas de intercambio de criptomonedas invirtieron 565 millones de dólares en patrocinios deportivos a nivel mundial la temporada pasada, y solo el fútbol representó el 59 % del total gastado, según la empresa de marketing SportQuake. Por su parte, las marcas de comercio en línea han triplicado su gasto en patrocinios deportivos desde 2019, alcanzando los 183 millones de dólares, según las estimaciones del estudio.

“A menudo hay una falta de educación financiera entre las personas que compran estos productos de inversión en lo que es una industria de alto riesgo”, afirma el experto en finanzas futbolísticas Kieran Maguire. “Mi consejo para cualquiera sería, en general, evitarlos”.

Cuando la vivienda se convierte en un activo financiero, el siguiente paso es evidente: cualquier persona puede especular con ella. Esta es la promesa de una nueva tendencia, el crowdfunding inmobiliario, un negocio que en España representan plataformas como Urbanitae, Wecity o Reental. Todas comparten una idea simple y seductora: abrir al ciudadano de a pie un mercado que hasta ahora era terreno exclusivo de promotoras y fondos de inversión.

La fórmula varía: acciones, préstamos o incluso tokens en blockchain —una certificación digital que acredita la inversión, similar a la del mercado de las criptomonedas—, pero el discurso es el mismo: “democratizar el mercado” y que el pequeño inversor acceda a las altas rentabilidades del sector inmobiliario. Lo que no se menciona con tanta frecuencia es el posible efecto de esa “democratización”: una multiplicación de los pequeños especuladores, dispuestos a sacar beneficio de un bien escaso y de primera necesidad: la vivienda. 

En España, el auge es innegable. Urbanitae — que asegura canalizar más del 60% del crowdfunding inmobiliario del país —permite inversiones a partir de 500 euros. Wecity presume de un 12% de rentabilidad media y de haber financiado más de 190 millones de euros en proyectos. Y Reental, más disruptiva, tokeniza inmuebles para que cualquier persona —en teoría desde cualquier país— pueda comprar una fracción de un piso y recibir beneficios mensuales, bien mediante la plusvalía de su posterior venta o mediante su alquiler. 

Detrás de la narrativa tecnológica, la lógica sigue siendo la misma de siempre: extraer rentabilidad del suelo y la vivienda. La vivienda se presenta como oportunidad de inversión, no como bien social. Ninguna de las plataformas detalla qué porcentaje de sus proyectos se destina a vivienda asequible o habitual —frente a promociones de lujo o alquiler turístico— ni ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre el impacto de su actividad en el precio de la vivienda.

Los directivos detrás de estos proyectos son en muchos casos viejos conocidos del negocio inmobiliario. Urbanitae ha incorporado a Javier Clemente, exdirectivo de Altamira, una empresa que gestionaba viviendas embargadas por los bancos, y a Sergio Arana, que pasó por Haya Real Estate y el fondo internacional Bain Capital. Wecity fue fundada por Rafael Merry del Val y José Navarro, antiguos responsables de la consultora inmobiliaria Savills, y este último acabó fichado como directivo por Merlin Properties, una de las mayores inmobiliarias del país. Aunque la tendencia parezca novedosa, quienes la impulsan llevan décadas sacando rentabilidad del ladrillo.

En la página de “oportunidades” de Wecity, cada proyecto se presenta con un plazo, una rentabilidad anual —que ronda el 11%— y un indicador de riesgo. Las ubicaciones se reparten por toda la geografía española e incluyen algunas promociones en Portugal. La lista está presidida por una cita de Andrew Carnegie, magnate metalúrgico estadounidense del siglo XIV: “El 90 % de los millonarios se vuelven dueños de bienes raíces”. El mensaje es claro: por solo 500  euros, cualquiera puede empezar a jugar en la gran liga del capital inmobiliario.

Según explican a infoLibre desde el Observatorio de derechos sociales económicos y culturales (DESCA), estas plataformas no amplían el acceso a la vivienda, sino el acceso a la especulación: “El crowdfunding no es más que otra vuelta a lo de siempre: la vivienda como activo económico o de inversión en lugar de un bien social”. 

Igual que el coliving o el flexliving, otras tendencias recientes de nombre exótico que aparecen en el mercado inmobiliario, responde a la búsqueda del máximo beneficio por parte de los inversores, y no contribuye a mitigar el problema de los precios, sino más bien a agravarlo, señalan desde el Observatorio. 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que estas plataformas “han convertido la vivienda en un producto financiero de fácil acceso, usando un marketing muy agresivo que ofrece rentabilidad rápida y aprovechando un vacío regulatorio que no exige medir ningún tipo de impacto social”.

En un contexto de salarios estancados e inflación, en el que la gente busca un refugio económico para sus ahorros, estas empresas venden la democratización de la inversión, pero “lo que hacen es agregar capital que compite con quienes necesitamos las casas para vivir”. Es, añaden, “la misma financiarización de la vivienda de siempre, ahora con una interfaz bonita y pagos con tarjeta”.

Según el sindicato, “cuando miles de pequeños ahorradores se coordinan para comprar, reformar y exprimir rentas, suben las expectativas del precio del suelo y del alquiler. El incentivo no es dar viviendas asequibles, sino maximizar el retorno y tener una salida rápida”. Esa lógica, dicen, empuja “compras al por mayor de edificios, reformas orientadas a alquileres de alta rotación —habitaciones o turísticos— y el desplazamiento de vecinas de toda la vida”.

El fenómeno no es marginal. Según la propia Urbanitae, más de 2.000 viviendas han sido financiadas ya mediante este sistema. Reental, por otro lado, asegura “beneficios casi inmediatos en un mercado regulado y seguro”, aunque la regulación, en su caso, no está muy clara. 

Las plataformas de crowdfunding Urbanitae y Wecity están inscritas en la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) como “proveedores de servicios de financiación participativa”, lo que significa —como advierten en sus webs— que no tienen la condición de empresa de servicios de inversión, ni están adheridas a ningún fondo de garantía. Ni la CNMV ni el Banco de España supervisan las inversiones, que no están aseguradas: en caso de quiebra de un promotor la plataforma no se hace responsable de los fondos invertidos en sus proyectos. 

Más opaca aún es la situación de Reental, que opera mediante tokens inmobiliarios y paga los beneficios a través de una cartera de criptomonedas. Su marco legal depende de cómo se considere el token (valor financiero o no), lo que abre una zona gris regulatoria donde la vivienda se negocia como si fuera una criptomoneda.

Las plataformas defienden su papel como facilitadoras de la inversión inmobiliaria. Urbanitae afirma en sus materiales publicitarios que su objetivo es “permitir a cualquier persona participar en proyectos antes reservados a grandes inversores”, mientras Wecity asegura estar “comprometida con la transparencia, la seguridad y la rentabilidad” y se presenta como una forma de acceder “a las altas rentabilidades del mercado inmobiliario”.

Sin embargo, sus promesas de rentabilidad se alejan del debate sobre el derecho a la vivienda. Ninguna se plantea como herramienta para mitigar el problema habitacional, sino como vehículo para rentabilizarlo. La ausencia de enfoque social plantea interrogantes sobre el papel de las instituciones, pero ninguna Administración parece haber tomado cartas en el asunto. El Ministerio de Vivienda no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre el impacto de estas plataformas en el acceso a la vivienda y la posible necesidad de regular su actividad.

La ciudadanía argentina renovará el domingo la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en unas elecciones legislativas de medio término que han adoptado una trascendencia inusitada para convertirse en una suerte de referéndum sobre la gestión de Javier Milei, exponer la intervención de Estados Unidos y medir la fuerza del peronismo a 80 años de su nacimiento, informa EFE.

Estas son las claves para entender la importancia de los comicios de medio término que celebra Argentina el 26 de octubre:

Cuando Milei está apunto de cumplir dos años en el Gobierno, las urnas medirán si los argentinos siguen apoyando a un presidente que como mayor logro tiene haber reducido la inflación mediante un severo plan de ajuste que, sin embargo, ha acabado con 18.000 empresas y 253.000 puestos de trabajo solo en el sector privado, ha elevado la deuda externa al récord de 305.043 millones de dólares y ha desatado un terremoto en los mercados financieros y cambiarios.

El líder ultraderechista, que llegó al poder con el objetivo de "acabar con la casta", se ha visto envuelto junto a sus más cercanos colaboradores, entre ellos su hermana Karina, en escándalos y denuncias de corrupción.

Primero fue el caso de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente poco antes de derrumbarse y dejar miles de damnificados; luego las denuncias de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y, recientemente, la revelación de vínculos entre uno de sus principales candidatos y un empresario acusado de narcotráfico. Al candidato, Milei lo sacó de las listas pero no tuvo tiempo a retirar su fotografía de las papeletas.

La campaña electoral se ha visto envuelta en una intervención inédita de los Estados Unidos. Al apoyo explícito de Donald Trump a Milei y las ayudas comprometidas por el Tesoro estadounidense, se sumó el chantaje de que dicho auxilio financiero se haría efectivo solo si el partido de Milei, La Libertad Avanza, gana las elecciones del domingo.

Trump llegó a decir que Argentina "se está muriendo” y que apoyaba a Milei porque le gusta como presidente, mientras que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue más allá, al indicar que EEUU no quiere más "naciones fallidas" ni el regreso del peronismo.

Desde que Milei llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, Argentina ha firmado un crédito de 20.000 millones de dólares con el FMI y un ‘swap’ -intercambio de divisas que cuando se ejecuta se convierte en deuda- por otros 20.000 millones con EEUU. Además, el Tesoro estadounidense ha realizado compras millonarias de pesos argentinos para evitar su desplome y Bessent ha gestionado personalmente más auxilios financieros con instituciones privadas.

En consecuencia, Argentina es una de las naciones más endeudadas del mundo y la que más debe al FMI, más de 56.820 millones de dólares a día de hoy. Los intereses estadounidenses en Argentina responden, según expertos consultados por EFE, a evitar la expansión de China en Latinoamérica, con la vista puesta en los recursos de este gran país sudamericano.

La Presidencia de Milei siguió a un gobierno peronista considerado desastroso por propios y extraños, el de Alberto Fernández. Tuvo que llegar al poder un ultraliberal en lo económico y un ultraderechista en lo político para que el peronismo, con 80 años de historia, se revitalizara, pese a tener a su principal líder, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), en prisión domiciliaria tras ser condenada por irregularidades en la adjudicación de obras.

La precariedad, con salarios que no alcanzan, y el recorte en políticas sociales han resucitado un peronismo que ha sacado la bandera de la independencia, la soberanía y la justicia social.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante por tener el mayor número de votantes del país, se ha erigido como un exponente relevante del peronismo tras haber arrasado en las elecciones legislativas de septiembre pasado en ese distrito electoral frente al partido de Milei.

Pase lo que pase el domingo, Argentina caminará hacia un nuevo rumbo político, pues, una vez atravesado el ecuador de su mandato, Milei podrá culminarlo con tranquilidad solo si tiene un Congreso a su favor. Si no lo consigue, le va a ser difícil sacar adelante su agresivo plan de ajuste, mundialmente conocido como la 'motosierra'.

Y el movimiento peronista ha puesto toda la fuerza para ganar con un único objetivo: "frenar a Milei". Si gana el domingo, se consolidará como la mayor fuerza de la oposición y se tendrá que poner de acuerdo sobre quien será la figura que les guíe hacia las presidenciales de 2027.

Los mercados financieros están impacientes por conocer los resultados, pues de ello dependerá si los inversores depositan su confianza en Argentina. Está descontado que si gana el peronismo el peso argentino se depreciará frente al dólar. Algunos analistas hablan incluso de una severa devaluación.

Pero si gana Milei, los inversores tampoco las tienen todas consigo pues ven fisuras en el plan económico del Gobierno. Algunos expertos afirman que habrá devaluación de todas las maneras, puesto que no se darían las condiciones para seguir sosteniendo un peso sobrevalorado a costa de compras masivas de la divisa local en detrimento de las reservas de la nación, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas.

La Policía considera "a todas luces evidente" que el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, buscó financiar su campaña electoral para los comicios europeos de 2024 con "fondos opacos en el sentido de no declarados" y de "origen difuso", tratando que no fuesen fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

Una tesis que plasma la Dirección General de la Policía en un informe, al que ha tenido acceso EFE este jueves, remitido al Tribunal Supremo, que investiga al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) y al empresario Álvaro Romillo en una causa abierta por presuntos delitos como financiación ilegal de partidos, entre otros.

En el foco se sitúa la entrega de 100.000 euros en efectivo que dicho empresario -investigado a su vez en la Audiencia Nacional por una presunta criptoestafa- efectuó a Alvise el 27 de mayo de 2024, una cantidad que estaba "fuera de los circuitos económicos legales" y que "obedecería a capital recabado" por el eurodiputado para "financiar su campaña electoral".

Tras analizar los mensajes que ambos se cruzaron por aquellas fechas, los investigadores concluyen que no fue un pago como tal, sino que lo encuadran en "un simple proceso de ocultación, transformación e integración entre activos, que es propio del blanqueo de capitales o en este caso de la financiación ilícita de partidos".

"Los 100.000 euros en realidad no fueron un pago realizado por Álvaro Romillo, sino que se gestaron en el entorno de Luis Pérez, canalizándolos a través de la estructura del empresario con la única pretensión de difuminarlos", precisan.

El informe destaca también que Alvise en un primer momento ofreció a Romillo que hiciese el pago de 100.000 euros a través de una transferencia a la empresa Somos Libres SL, incursa en una operativa reportada como "sospechosa" al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales).

Los investigadores sospechan que varias sociedades podrían haber sido "instrumentalizadas para financiar a la agrupación electoral soportando gastos íntimamente vinculados con la misma, cuestión que se prohíbe específicamente por la ley de financiación de partidos políticos". 

Consideran acreditada la entrega de esos 100.000 euros en metálico en las instalaciones de la plataforma bancaria Sentinel, en Madrid, y creen que hay "datos que sugieren que las cantidades inyectadas para la financiación pudieran haber sido más elevadas".

En sus conversaciones, Romillo explica a Alvise que compensará las criptomonedas que este le entregue con dinero en efectivo "con la pretensión" de "elusión fiscal", evitando que se conecte el dinero físico con los activos virtuales, y le ofrece además "otras tipologías de blanqueo/financiación ciertamente sofisticadas", aunque no hay indicios de que el eurodiputado las usase.

El informe menciona, por ejemplo, una entrega de Alvise a Romillo de 10.000 euros en criptomonedas, una cantidad que, a juicio de los agentes, "se correspondería con una de las entregas que luego se compensan con los 100.000 euros" que el empresario le dio en metálico.

Según la investigación, aunque la "voluntad" de ambos era financiar la campaña, en realidad lo que buscaba Álvaro Romillo era "involucrar a los seguidores" de Alvise como clientes de su plataforma, el supuesto chiringuito financiero denominado Madeira Invest, "con la pretensión de lucrarse". 

Los agentes apuntan a que el asalto ocurrido el 11 de agosto en la casa de Álvaro Romillo en Madrid podría tener "íntima relación" con los hechos, pues este denunció que le robaron 1,3 millones de euros en criptomonedas, que estarían albergados en lo que se conoce como "monederos fríos". 

Destacan este episodio porque casi todo el capital recaudado por Alvise para su agrupación a través de monederos virtuales publicitados en Instagram habría acabado en "monederos fríos vinculados a Madeira Invest Club".

Y mencionan que los monederos publicitados por el eurodiputado en Telegram para financiar su formación fueron creados por Romillo, quien habría sido el autor directamente de los principales ingresos. Es así como vinculan dichos monederos relacionados con Alvise con el supuesto chiringuito financiero del empresario.

El empresario Álvaro Romillo, investigado por una supuesta criptoestafa y quien reveló haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, ha denunciado haber sufrido un asalto en su casa, en el que le robaron joyas, 210.000 euros en efectivo y 1,3 millones en criptomonedas, según informa EFE.

Romillo, al frente de un presunto chiringuito financiero -Madeira Invest- que la Guardia Civil considera que constituiría una estafa piramidal con miles de afectados, denunció el pasado lunes en la Policía Nacional que cinco encapuchados entraron en su casa, en Madrid, durante la madrugada y le robaron a punta de pistola.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso EFE, este empresario denunció que le sustrajeron hasta siete diamantes, varias joyas de más de 20.000 euros, más de una treintena de relojes de lujo, pulseras, un anillo de compromiso y dos sortijas. Efectos que se unen a los 210.000 euros en efectivo y 1,3 millones en criptomonedas que, según dijo, se llevaron los asaltantes.

Este empresario presentó hace meses una denuncia contra Luis Pérez, Alvise, en la que dijo haberle entregado 100.000 euros en efectivo el 27 de mayo de 2024 para su campaña electoral para los comicios europeos, una acción que motivó la apertura de una investigación por presunta financiación ilegal al eurodiputado en el Tribunal Supremo.

Romillo, que denunció amenazas cuando fue a declarar al Supremo hace semanas, no pudo identificar ante la Policía a los cinco presuntos autores de su robo, ya que ocultaban su rostro, y señaló que algunos de ellos tenían acento latino.

Según el relato que aportó a la Policía, se despertó la madrugada del lunes y observó a cinco hombres encapuchados que le encañonaban a él y a su mujer y que les maniataron con bridas. "Sabemos que has robado mucho dinero, nos han contratado para recuperarlo. A mi me van a pagar igual, tanto si te mato a ti o a tu mujer, así que colabora", le dijo uno de ellos, de acuerdo al acta.

El empresario señaló que los ladrones le preguntaron por los relojes, por las claves de la caja fuerte -que Romillo aseguró que no era suya, sino de la casa que tenía alquilada- y también por "los 40 millones en criptomonedas", si bien éste dijo esa información no era "real". Contó que los autores del robo accedieron a varias billeteras virtuales que tenía en diferentes dispositivos móviles y que hablaron por videollamada con otra persona que, según dice, conocía "el funcionamiento" de las operativas de criptomonedas.

Uno de esos móviles fue volcado por la Guardia Civil y tenía bloqueadas criptomonedas por orden de la Audiencia Nacional, donde este empresario está investigado. Según refiere Romillo, "el terminal no ha sido localizado tras los hechos" y desconoce dónde puede estar, "si bien cree que los autores se lo han llevado debido a que tenía bloqueada la cantidad de 1.800.000 dólares americanos".

El presidente de Argentina, Javier Milei, visitará por tercera vez España este fin de semana como invitado estrella del Madrid Economic Forum, un evento patrocinado por la plataforma cripto española Bit2Me. La cita, que se celebrará los días 7 y 8 de junio, reúne a diversas figuras del ámbito político, mediático y empresarial, muchas de ellas vinculadas a la derecha y extrema derecha española.

Milei, que atraviesa una gira por Europa e Israel, cerrará el foro el domingo 8, y pasará por España, según adelantó El País, sin agenda oficial con el Gobierno, con el que hace unos meses sufrió una importante crisis diplomática por las duras palabras del mandatario contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Su participación se produce meses después de la controversia en torno a su respaldo a la criptomoneda $Libra, actualmente bajo investigación por presunta estafa en Argentina y EEUU.

Entre los ponentes se encuentran el presentador Iker Jiménez o los economistas Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle, este último, ex número 4 del PP por Madrid a las elecciones generales de 2019. Pero también hay otros exlíderes políticos entre los participantes: la expresidenta del PP en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera y el que fuera su compañero de formación Marcos de Quinto; o el ex de Vox Iván Espinosa de los Monteros. También aparece en el elenco de participantes Ramón Tamames, que fue candidato a propuesta de Vox en la moción de censura presentada por la formación en 2023.

El evento está coorganizado por la consultora Racks Labs, de la que Víctor Domínguez, más conocido como Wall Street Wolverine, es uno de sus máximos exponentes. El denominado creador de contenido, muy popular entre el público más extremista de derechas, también tendrá su propia charla en el evento.

La caída del régimen de Assad ha abierto en Siria el debate sobre la regulación del uso de criptodivisas. Estos activos digitales presentan un abanico de oportunidades, como una mayor inclusión financiera y una reducción del coste de las transferencias, pero también de riesgos, por su elevada volatilidad, porque ponen en peligro la soberanía monetaria y porque facilitan los flujos financieros ilícitos.

Las divisas digitales permiten efectuar pagos directamente a través de un sistema online, y las transacciones se realizan mediante una tecnología encriptada conocida como blockchain, en la que no interviene ningún banco central ni autoridad. Existen miles de criptodivisas, pero las más conocidas son Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Tethers (USDT).

Desde el lanzamiento de las criptodivisas en 2009, su valor ha fluctuado ampliamente. En 2021, el valor de mercado de los criptoactivos se situó en 2,6 billones de dólares, pero en 2022 su valor cayó por debajo del billón, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). El marco regulatorio para las criptodivisas aún está en sus primeras fases, especialmente en los países en desarrollo, donde no obstante la adopción de criptodivisas ha sido muy vigorosa.

Es lo que ha ocurrido en Siria, un nuevo mundo financiero que analiza The Syria Report, el más antiguo medio online del país, que cubre la actualidad política y económica del país desde 2001. En los últimos años, los sirios han empezado a utilizar criptomonedas. “Una minoría hace sus pinitos con criptomonedas como Bitcoins y Ethereum, pero la mayoría trabaja con stablecoins, que utilizan porque son más fáciles de transferir”, explica Sinan Hatahet, vicepresidente del Programa de Inversión e Impacto Social de la ONG Foro Sirio. Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado al de otra divisa; por ejemplo, Tether está vinculado al dólar estadounidense.

Muchos en Siria utilizan criptomonedas para transferir remesas. “Alguien de Alemania puede enviarle USDT [Tehther] a través del sistema hawala y transferirlos a una de las pocas oficinas hawala de Damasco, y de otras ciudades, que tienen capacidad para retirar efectivo”, indica Hatahet. El hawala es una red informal de transferencia de fondos basada en la confianza, que se utiliza en Oriente Próximo y el norte de África y que suelen operar trabajadores inmigrantes. La “capacidad de retirar efectivo” se refiere a que tengan una “oficina que acepte transferencias de Tether y stablecoins, y las retitre en dólares o en la moneda local”, añade.

Más allá de las transferencias entre particulares, “recientemente múltiples organizaciones han adoptado USDC [USD Coin] y USDT [Tether] para transferir salarios a sus empleados”, continúa Hatahet.

Finalmente, los grupos terroristas de Siria también se han beneficiado de la naturaleza descentralizada de las criptomonedas para recaudar fondos.

Los asistentes a la Conferencia del Diálogo Nacional, celebrada en marzo en Damasco, emitieron una recomendación para regular las criptomonedas. Los participantes debatieron si una rápida adopción de las criptomonedas podría enviar la señal de que se trata de una forma de eludir las sanciones internacionales. Se discutió la posibilidad de utilizar criptodivisas para construir la cartera del banco central, pero se fijó como una posibilidad a largo plazo, no a corto.

Anteriormente, el 31 de diciembre, un grupo llamado Centro Sirio de Investigación Económica (SCER) publicó una propuesta de Ley de Política Bitcoin en Siria en Telegram. Esa cuenta ya no existe, no tienen página web ni presencia en las redes sociales. Esto sugiere que, más que un grupo de reflexión, se trata probablemente de un grupo de sirios interesados en presionar a favor de las criptomonedas. En cualquier caso, su propuesta de regular las criptomonedas tuvo un amplio eco en publicaciones centradas en las divisas digitales.

Proponían construir “una economía digital y una infraestructura bancaria centralizada y descentralizada”, facilitar el comercio electrónico y las remesas, y emitir un “marco regulador integral para legalizar el intercambio, el comercio y la minería de bitcoin y activos digitales en línea con las leyes internacionales y locales”. También abogaron por permitir que instituciones, bancos, plataformas de cambio de divisas y empresas de nueva creación presten servicios financieros que simplifiquen el manejo de activos digitales.

Hay distintas formas de adoptar las criptomonedas, desde permitir determinadas transacciones hasta adoptarlas ampliamente, incluso como activo de reserva en la cartera del banco central. Hatahet aboga por un enfoque gradual. “Podemos empezar regulando los monederos electrónicos, el uso de stablecoins, y de fondos permitidos para comprar y vender criptodivisas”.

Una “adopción total” de las criptodivisas no es el “camino más seguro”, porque Siria necesita reintegrarse en el sistema financiero mundial y debe cumplir plenamente las normas, advierte. “No se puede cumplir totalmente con la normativa y al mismo tiempo estar muy implicado en las criptomonedas, hay que encontrar un término medio”, añade.

En un escenario ideal, la regulación de las criptomonedas sería “conforme a las normas internacionales y a los protocolos KYC [Conozca a Su Cliente], y el banco central debería ser abierto, transparente, práctico y controlar todas las transacciones que se realicen. De lo contrario, acabaremos en una economía muy poco fiable”, sostiene Hatahet.

Aunque la espina dorsal de las criptomonedas es su naturaleza descentralizada, Hatahet apunta que, en algunos casos, las criptomonedas y la tecnología blockchain “se han adoptado en un muchos ámbitos distintos sin dejar de estar centralizadas; esto elimina algunas de sus características originales y la facilidad de uso, pero es un compromiso para seguir cumpliendo las normas. No se puede cumplir la normativa estando descentralizado”.

Hay un “espectro de personas que ven la criptomoneda como una forma de escapar a la regulación y el cumplimiento de la normativa, y hay personas que ven que hay un gran valor en la tecnología blockchain, siempre y cuando cumpla con las normas internacionales”, subraya Hatahet.

Binance, la mayor plataforma de criptodivisas del mundo, en un post publicado en su página web el 14 de enero pasado, afirmaba que “la naturaleza descentralizada del Bitcoin lo hace resistente a las presiones geopolíticas y ofrece a Siria una vía para eludir los sistemas financieros tradicionales dominados por las potencias occidentales y las sanciones”.

Dentro del Gobierno sirio de transición, hay dos enfoques sobre la adopción de las criptomonedas. Los que creen que “como no tienen acceso a las instituciones financieras tradicionales”, el cripto les hará “más fácil contrarrestar las sanciones”, describe Hatahet. Por otro lado, están quienes esperan que “se levanten las sanciones en Siria para que no haya necesidad de estas vías alternativas” y, como parte del proceso de construcción del Estado, quieren que el sector financiero permanezca “bajo supervisión estatal”, añade.

“Si existe un marco y un calendario claros para su reintegración en el sistema financiero y monetario internacional, sólo adoptarán criptomonedas a un nivel mínimo”, adelanta Hatahet.

Por el contrario, si persisten las sanciones, se podría adoptar la criptomoneda a gran escala. “Cualquier adopción generalizada de la criptomoneda a nivel de banco central disuadirá a los actores internacionales de comprometerse a levantar las sanciones en Siria, ya que temerán que se utilice para el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo”, avisa Hatahet. El Gobierno “no dará grandes pasos antes de ver cuál es la política de Estados Unidos respecto al levantamiento de las sanciones a Siria”.

El SCER también propuso que los empresarios pudieran “utilizar los recursos energéticos del país para minar Bitcoin y activos digitales”. La minería se refiere al proceso de creación de los bitcoins, que necesita hardware especializado diseñado para resolver problemas matemáticos complejos y, por tanto, requiere mucha electricidad. Dada la grave crisis eléctrica de Siria, “no hay forma viable de minar criptomonedas”, afirma Hatahet.

La Agencia Internacional de la Energía calcula que la minería de criptomonedas y los centros de datos “representaban el 2% de la demanda mundial de electricidad –y casi el 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero– en 2022, y que esta cifra aumentará hasta el 3,5% en 2025”, según un estudio de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD) de Naciones Unidas.

Varios medios especializados en divisas digitales han publicado recientemente artículos en los que abogan por respaldar parcialmente la libra siria con criptodivisas como forma de lograr la estabilidad monetaria, y se refieren al ejemplo de El Salvador.

En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, a principios de este año, el Gobierno salvadoreño dio marcha atrás, como parte de las condiciones impuestas por el FMI en un nuevo programa de asistencia financiera al país centroamericano, según Americas Quarterly.

Tradicionalmente, los bancos centrales respaldan la moneda local con oro, activos físicos, bienes inmuebles y maquinaria pesada. Los defensores de las criptomonedas sostienen que éstas podrían formar parte de las carteras de reserva. “La razón por la que esto se plantea como solución es que existen dudas sobre el valor actual de la libra siria en el mercado nacional e internacional”, explica Hatahet. “La propuesta consiste en deshacerse de todos los billetes para crear una reserva de valor que refleje el dinero real, pero este dinero, en lugar de emitirse en papel, se emite electrónicamente”, detalla.

El Banco Mundial (BM) sostiene que los criptoactivos “no cumplen hoy los requisitos básicos de los activos de reserva”, según un informe de 2024 titulado ¿Pueden los criptoactivos desempeñar un papel en las carteras de las reservas exteriores? Hoy no, y probablemente tampoco en un futuro próximo.

Los autores de ese informe, en un blog en el sitio web del Banco Mundial, aseguraron en septiembre de 2024 que “los principales criterios para los activos de reserva son la liquidez y la seguridad”. Las principales criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum, tienen volúmenes de negociación considerables, pero siguen siendo muy inferiores a los de los activos de reserva tradicionales. Además, la profundidad general del mercado y el potencial de manipulación de los precios siguen planteando problemas.

Los criptoactivos “han mostrado un potencial de rentabilidad elevado, a menudo superior al de los activos tradicionales, pero esta rentabilidad implica una volatilidad y un riesgo elevados que los bancos centrales suelen evitar en sus estrategias de gestión de reservas”, señalan los autores.

Además, el marco regulador de las criptomonedas aún está evolucionando, y “la aplicación de las orientaciones internacionales y las nuevas normas vinculantes se encuentra en sus primeras etapas y sigue siendo desigual en los distintos países”.

Es poco probable que los bancos centrales incluyan los criptoactivos, incluidas las stablecoins, “en su combinación de activos hasta que dichos activos desempeñen un papel más sustancial en el sistema monetario mundial y se conviertan en medios de intercambio y almacenes de valor ampliamente aceptados, nada de lo cual parece probable en breve”, sostienen los autores del informe del Banco Mundial.

En 2021, 15 países en desarrollo se encontraban entre las 20 primeras economías en cuanto a porcentaje de población que posee criptomonedas, según un informe de 2022 de la Unctad. En un informe de 2023, este organismo de Naciones Unidas argumentó que las criptomonedas han sido más aceptadas en los países en desarrollo debido a una regulación más débil de sus mercados financieros, una menor estabilidad macroeconómica y la reducción de los costes de las remesas.

“La eliminación de los bancos como intermediarios promete transferencias más rápidas y baratas y la inclusión financiera de los no bancarizados. Dado que el porcentaje de la población no bancarizada tiende a ser mayor en los países en desarrollo que en los desarrollados, la inclusión financiera se cita a menudo como una ventaja clave de los activos digitales para los países en desarrollo”, destaca la Unctad.

Sin embargo, la agencia ha pedido que se limite el uso de criptomonedas en las economías en desarrollo debido a varios riesgos. La Unctad argumenta que pueden poner en peligro la “soberanía monetaria” y la “estabilidad financiera” de los países, además de permitir la “evasión o elusión fiscal” a través de flujos extraterritoriales cuya propiedad no es fácilmente identificable.

Mientras que 67 países desarrollados han adoptado leyes fiscales sobre criptomonedas hasta noviembre de 2021, “la mayoría de los países en desarrollo carecen de regulación fiscal” sobre ellas, señala la Unctad. Incluso cuando existen normativas fiscales, su eficacia no está asegurada, ya que “la falta de un enfoque universalmente acordado sobre el tratamiento fiscal de las criptomonedas crea un sistema desigual propenso a la arbitrariedad regulatoria”.

Hatahet está de acuerdo en que los riesgos de las criptomonedas son “mucho mayores” en las economías en desarrollo. Las criptomonedas “socavan la soberanía del Estado sobre el sector financiero, y normalmente en los países en desarrollo se necesita un enfoque más centralizado para coordinar la inversión internacional”, advierte. Los inversores internacionales “prosperan en mercados muy regulados”, por lo que para “remediarlo se necesita un enfoque más centralizado, incluso cuando se adoptan criptomonedas”, reclama.

Según un informe del FMI de 2023 titulado Políticas para los criptoactivos, hacer frente a “los riesgos de los criptoactivos para la estabilidad macroeconómica y financiera”, requiere que los gobiernos “salvaguarden la soberanía monetaria y refuercen los marcos de política monetaria, se protejan contra la excesiva volatilidad de los flujos de capital y adopten un tratamiento fiscal inequívoco de los criptoactivos”.

El GAFI, el organismo mundial de vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, admite en su sitio web que las criptomonedas pueden hacer “los pagos más fáciles, rápidos y baratos, y proporcionar métodos alternativos para aquellos que no tienen acceso a los productos financieros habituales”, pero advierte de que, al no estar reguladas en su mayor parte, pueden “perder su valor y ser vulnerables a ciberataques y estafas”, además de convertirse en un “refugio seguro para las transacciones financieras de delincuentes y terroristas”.

El GAFI ha emitido normas globales y vinculantes para prevenir la financiación del terrorismo, como la diligencia debida con el cliente (DDC), el mantenimiento de registros y la notificación de transacciones sospechosas (ROS).

El vínculo entre las criptomonedas y el terrorismo en Siria ha sido evidente en los últimos años. El Counter ISIS Finance Group (CIFG), subgrupo de la Coalición Global contra el ISIS, ha documentado cómo el Estado Islámico (ISIS) se ha apoyado en las criptomonedas para pedir donaciones, incluso lanzando crowdfundings, abusando del sector de la caridad. Muchas de estas iniciativas de crowdfunding están dirigidas a las mujeres retenidas en los campos de Al-Hol y Al-Roj, en el noreste de Siria.

En agosto de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había desbaratado tres campañas de ciberfinanciación del terrorismo incautándose de más de 300 cuentas de criptomonedas: una de las campañas implicaba a Al-Qaeda y a grupos terroristas afiliados en Siria.

En julio de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos incluyó en su lista negra a un miembro tayiko del grupo islamista HTS, Farruj Fayzimatov, afincado en Idlib, que utilizaba las redes sociales para pedir donaciones. Según Chain Analysis, el 12 de diciembre de 2024 aún seguía solicitando fondos para el HTS a través de las redes sociales.

En octubre de 2022, la empresa estadounidense Bittrex pagó una multa de 24 millones de dólares por no mantener un programa contra el blanqueo de capitales y por ayudar a sus clientes a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios países, incluidas 7.999 violaciones de las sanciones en Siria.

En noviembre de 2023, Binance Holding Limited fue multada con 4.300 millones de dólares por incumplir las sanciones estadounidenses en varias jurisdicciones, incluida Siria. La empresa había supervisado 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones terroristas, entre ellas el ISIS, pero no presentó ningún Informe de Actividades Sospechosas (SAR), como estipula la normativa estadounidense.

A los pocos días de la ofensiva militar que derrocó al régimen de Assad, el 30 de noviembre de 2024, la agencia de noticias vinculada con el HTS News Agency of Sham publicó un llamamiento de la Sala de Operaciones Militares pidiendo donaciones de moneda digital para “contribuir a la liberación del país y al retorno de los desplazados” y publicó la dirección de un monedero de USDT.

Este mismo lunes, Malhama Tactical, una empresa yihadista de seguridad privada en Siria, anunció en un post en la red X que había recaudado 457 USD de los 2.000 USD necesarios para comprar una impresora 3D para necesidades militares. El grupo dijo que aceptaba donaciones a través de “MONERO, USDT, BTC y otras criptodivisas; PayPal y ShamCash Transfer dentro de Siria”. Malhama Tactical se estableció en el noroeste de Siria en 2015 y se compone principalmente de combatientes de Uzbekistán y el Cáucaso ruso. Sham Cash es un sistema de pago digital que permite a los usuarios enviar y recibir fondos a través de códigos personales, así como retirar efectivo sin restricciones a través de agentes de venta libre (OTC), según Crystal Intelligence. La plataforma admitía pagos tanto en liras turcas como en dólares estadounidenses.

Facua ha presentado una nueva denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra la red social X por permitir la publicación de anuncios que suplantan al exfutbolista y entrenador Xavi Hernández y al presentador David Broncano para vender criptomonedas.

La asociación ha detectado numerosos tuits promocionados en X desde cuentas que simulan pertenecer a particulares y recogen una falsa información publicada supuestamente en la web del periódico El País, ha informado este jueves en un comunicado.

En marzo de 2024 ya denunció ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la existencia de fraudes para vender criptomonedas que usaban las imágenes de Broncano, Carlos Sobera y Andreu Buenafuente.

En los últimos meses también ha denunciado otras estafas similares que utilizan como reclamo a Daniel Sancho, la cantante Ana Belén o el chef Dabiz Muñoz.

La red social de Elon Musk ya había sido expedientada por el organismo supervisor por no tomar las medidas adecuadas para impedir a chiringuitos financieros anunciarse libremente utilizando la imagen de personas relevantes sin su consentimiento, ha informado Facua en un comunicado.

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la comisión de una estafa piramidal con el empleo de falsas inversiones en criptomonedas de la que han sido víctimas más de 3.600 personas, la mayoría en España, donde se han detenido a los ocho miembros de la red que pudo defraudar más de 30 millones de euros, según informa EFE.

Desconfiar de rentabilidades imposibles, de exigencias de captar a nuevos clientes para obtener más ganancias o la importancia de verificar que detrás de una inversión se encuentra una entidad autorizada son algunos de los consejos que lanza la Policía tras destapar esta macroestafa.

Casi tres años de investigación policial por parte de la sección de Fraude de la Unidad central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEV) de la Policía Nacional han permitido desarticular esta red liderada por un programador informático arrestado en Málaga.

Él y los otros siete detenidos en Málaga, Murcia y Madrid de distintas nacionalidades y perfiles, entre ellos expertos en marketing o en diseño de páginas web, pusieron en marcha una plataforma aparentemente legal que ofrecía a sus clientes a través de internet y redes sociales un plan de inversión en bitcoins.

No hacía falta que supieran de criptoactivos, pues la trama facilitaba a los usuarios cómo cambiar sus cientos o miles de euros en bitcoin e, incluso, llegó a tener el permiso de algunas víctimas para controlar sus dispositivos y hacerles ellos mismos la conversión, más allá de apoderarse de todos sus datos personales y bancarios. 

La denuncia de una víctima inversora en Murcia en 2022 dio inicio a unas complejas pesquisas que afloraron una macroestafa piramidal, un tipo de inversión fraudulenta y que sustenta las ganancias de un inversor en lo que depositan futuros clientes hasta que, pasado un tiempo, los dueños del supuesto "negocio" eliminan o ponen obstáculos a quienes quieren recuperar su capital.

En este caso, el gancho no es invertir en activos en bolsa con moneda de curso legal y fiduciaria sino en criptomonedas, explica e EFE Enrique, uno de los investigadores en fraude financiero que escudriñó algunos de los contratos firmados por las víctimas en los que se prometían ganar tras tu inversión en bitcoin el 40 por ciento en un mes y hasta del 300 % en un año.

La Policía constató que el denunciante de Murcia "no era un inversor estafado aislado", el rastro sumaba miles de víctimas hasta en 36 países. En total calculan que cayeron en la estafa al menos 3.646 víctimas, de la que 2.718 eran residentes en España.

Se estima que el fraude alcanzó los 400 bitcoin (BTC) que, teniendo en cuenta su cotización actual -un BTC ronda los 93.000 euros- sumaría un total de 37,2 millones defraudados. 

"Al principio los inversores recibieron algo de retorno", explica a EFE el investigador para dar cuenta de que esto forma parte también de la estafa piramidal, pues esas primeras víctimas logran ganancias gracias a los nuevos usuarios que pican en la falsa inversión, en tanto que logran que los primeros clientes depositen más fondos.

Pero la pirámide colapsa definitivamente cuando los inversores quieren recuperar sus fondos. Entonces la trama pone pautas, como obligar a pagar unas tasas para supuestamente recuperar tu patrimonio o invertir en nuevos productos para que te devuelvan lo invertido. 

"No pueden hacer frente a ningún pago y ningún inversor puede recuperar nada de su capital", resume el agente, porque, en realidad, todo lo invertido por esos miles de ciudadanos ya ha sido desviado por los estafadores. De hecho, se han intervenido, entre otros bienes, 73 cuentas bancarias, doce coches y cinco motos.

Los detenidos llegaron a crear una nueva moneda virtual sin ningún valor para también ofrecían a los inversores, que según explica el agente tienen perfiles diversos, incluso empresas, y la mayoría, dice, no habían invertido nunca en criptomonedas.

"Te prometen un 40 % y ves fácil invertir. Al principio, de hecho, ves que es real porque logras una ganancia pero luego...", advierte Enrique que lanza algunas recomendaciones para evitar picar en este tipo de estafas cada vez más extendida en el mundo virtual y que han encontrado en las criptomonedas un buen anzuelo. 

Lo primero y fundamental, insta el investigador, es "invertir con conocimiento". Hay que informarse a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores si la entidad está autorizada para ofrecer estos servicios, más allá de desconfiar de altas rentabilidades de un producto.

Tampoco hay que fiarse de la urgencia de la inversión o de esquemas piramidales donde solicitan que captes gente para lograr bonificaciones y mucho menos de la solicitud de instalación de aplicaciones de control remoto en tus dispositivos para supervisar esas inversiones.

Si no logras la devolución de tu inversión cuando lo solicitas no hagas más aportaciones y rechaza la "ayuda" que te pueda brindar un supuesto bufete de abogados o entidades de recuperación de activos.

1. ¿Qué es la investigación Scam Empire y qué revela?

Scam Empire, el Imperio del Fraude, es una investigación realizada por el consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, la televisión pública sueca SVT y otros 30 medios de comunicación de varios países. Basándose en 1,9 terabytes de datos filtrados, los periodistas han destapado dos grupos de call-centers, con sede en Israel y Europa del Este, el primero, y Georgia, el segundo, cuyos empleados han convencido al menos a 32.000 personas de todo el mundo para hacer “inversiones” por un total de 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Estas operaciones tienen todas las características de una estafa masiva: los teleoperadores utilizan identidades falsas, documentación falsificada y publicidad engañosa; impiden sistemáticamente a los inversores retirar su dinero y casi todos los productos de inversión que ofrecen carecen de licencia y han sido objeto de advertencias oficiales por parte de las autoridades financieras.

Los datos de la filtración ofrecen una visión inédita del funcionamiento interno de una perversa industria del ciberfraude que, según la Policía, cuesta a los ciudadanos cientos de miles de millones de dólares al año.

Los documentos obtenidos, que incluyen más de 20.000 horas de llamadas telefónicas y decenas de miles de capturas de pantalla, muestran cómo los empleados de los centros de llamadas emplean sofisticadas tecnologías comerciales para convencer a sus víctimas de que están a punto de hacer realidad sus sueños financieros. Pero cuando los inversores intentan retirar sus beneficios, los estafadores suelen inventar pretextos para explicar por qué no pueden enviar el dinero, y luego intentan engañarlos para que envíen más.

Aunque los métodos de los estafadores son rudimentarios, su trabajo está muy organizado y funciona a escala comercial desde sus propias oficinas. Utilizan programas informáticos de gestión de clientes, colaboran con profesionales de marketing externos e imparten cursos de formación de varios días de duración al personal de atención al cliente, que además cuenta con el apoyo de departamentos de recursos humanos, control de calidad e informática.

Estas estafas son muy lucrativas. Los estafadores –cuyos esfuerzos se registran en rankings y celebran sus éxitos con gifs animados- son recompensados con lujosas fiestas, salarios generosos y primas por rendimiento.

Mientras, al otro lado del teléfono, hay vidas arruinadas. Algunas víctimas llegan a pensar en el suicidio; muchas acaban con una deuda asfixiante, traumatizadas e incapaces de confiar en extraños. Y la inmensa mayoría no obtiene justicia, ya que es muy difícil encontrar, desenmascarar y procesar a los estafadores.

2. ¿Cuántas estafas ha destapado Scam Empire? ¿Están conectadas entre sí?

Scam Empire pone al descubierto dos call-centers distintos:

● AK Group tenía al menos tres oficinas en Tiflis, la capital de Georgia, y empleaba a unas 85 personas, incluido el personal administrativo, en abril de 2024.

● La segunda organización es mucho mayor y más difusa. Se divide en tres amplias unidades de negocio con sus propias estructuras de gestión, y ha tenido al menos siete oficinas en Israel, Bulgaria, Ucrania, España y Chipre, que empleaban al menos a 480 personas en agosto de 2023. Estas divisiones mantenían una base de datos financiera conjunta y registraban los pagos de los inversores de manera centralizada. Estos call-centers parecen trabajar bajo la dirección de un equipo de gestión ubicado en el área metropolitana de Tel Aviv. Los documentos de la filtración no revelan si detrás de esta organización hay una o varias personas.

Aunque completamente independientes, estas dos organizaciones parecen estar llevando a cabo esencialmente la misma estafa, utilizando materiales de formación, guiones y contratos con proveedores similares. Incluso emplean los mismos proveedores de servicios, incluidos servicios de voz sobre IP (VoIP), soluciones de alojamiento en la nube, empresas de marketing de afiliación y procesadores de pagos.

3. ¿Qué hay en la filtración y cómo surgió la investigación?

Scam Empire se basa en dos series de documentos internos obtenidos de los centros de llamadas: unos 1,14 terabytes del centro de llamadas de Georgia y 765 gigabytes de la organización israelí-europea.

Los documentos consisten principalmente en archivos informáticos internos –y en el caso de la organización georgiana, unas 20.000 capturas de pantalla y más de 20.000 horas de llamadas de audio– y fueron compartidos con periodistas de la televisión pública sueca (SVT) por una fuente anónima.

El tamaño y la extensión geográfica de la filtración pusieron en evidencia que, para llevar a cabo una investigación periodística adecuada sería necesario que unieran sus fuerzas medios de comunicación de múltiples países. Por eso SVT se asoció con OCCRP para organizar Scam Empire, un esfuerzo de colaboración que incluye a otros 30 medios de comunicación de todo el mundo.

Los periodistas han pasado más de seis meses estudiando minuciosamente los documentos filtrados para reconstruir cómo funcionan estas organizaciones, contactando y entrevistando a las víctimas, identificando a los estafadores, investigando casos judiciales, hablando con expertos y funcionarios policiales y rastreando, en la medida de lo posible, los enormes flujos de dinero empleados.

4. ¿Quién filtró la información y por qué?

Los documentos fueron filtrados por una fuente anónima cuya motivación, explicó a los periodistas, fue el deseo de acabar con la impunidad de los estafadores.

“Los estafadores pueden operar casi abiertamente, sin que nadie les detenga”, escribe la fuente. “Casi ninguno de estos delitos llega a resolverse debido a las dificultades que entraña la investigación de delitos transfronterizos... Sin un verdadero cambio internacional, esto nunca desaparecerá”, explica.

“Al entregar el material a los medios de comunicación”, añade, “espero/esperamos que este asunto reciba suficiente atención para que las autoridades tomen medidas contra estos delincuentes. Este problema no es imposible de resolver. Sólo hace falta que a todos nos importe lo suficiente como para hacer algo al respecto”.

5. ¿Cuál es la magnitud de estas operaciones? ¿Cuánto dinero ganan los estafadores?

El alcance de la filtración es limitado, por lo que resulta imposible calcular la magnitud total de estas operaciones. Aun así, las sumas son impresionantes.

Entre mayo de 2022 y febrero de 2025, la organización georgiana recibió 35,3 millones de dólares –33,7 millones de euros– de más de 6.000 personas a través de cuatro secciones lingüísticas: alemán, inglés, español y ruso.

En la organización israelí-europea, los periodistas contabilizaron más de 240 millones de dólares –231,2 millones de euros– enviados por casi 27.000 personas de más de 30 países entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

Los expertos advierten de que es difícil calcular el tamaño global de la industria de la estafa online debido a la infranotificación y a la disparidad a la hora de definir el delito. Pero se dice que rivaliza en magnitud con el tráfico ilegal de drogas. Según Jürgen Stock, ex secretario general de Interpol, las estafas online generan unos 500.000 millones de dólares al año.

6. ¿Qué venden exactamente estos centros de llamadas? ¿Podrían ser verdaderas plataformas de inversión? ¿Qué pruebas hay de que son estafas?

Los call-centers ofrecían a sus víctimas la oportunidad de operar en decenas de plataformas de inversión. Estas plataformas –cada una con su propio logotipo, sitio web y material publicitario– pretendían ser brókers expertos que permitían incluso a principiantes invertir en criptomonedas, acciones de empresas como Tesla u otros productos financieros de moda. Los periodistas identificaron 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea y siete por el grupo georgiano.

Es imposible afirmar con rotundidad qué ocurrió con cada uno de las decenas de miles de clientes que aparecen en los documentos de los centros de llamadas como adheridos a estas plataformas. Pero todo indica que ambas organizaciones fueron diseñadas para estafar a un gran número de personas.

Las estadísticas hablan por sí solas: los periodistas contactaron con más de 200 personas que figuran en los documentos como inversores. Casi todos –166 clientes de la red israelí-europea y 40 de la georgiana– afirmaron que han sido estafados. Sus pérdidas totales confirmadas superaron los 18 millones de dólares –17,3 millones de euros–, y 65 víctimas informaron a los periodistas de que habían acudido a la policía.

Pero quizá la prueba más contundente del fraude proceda de un conjunto de más de 20.000 horas de llamadas telefónicas grabadas por agentes del AK Group georgiano. En ellas queda al descubierto el engaño y la crueldad que ejercían sobre sus víctimas, en algunos casos burlándose abiertamente de ellas por haber sido estafadas.

Las capturas de pantalla y los archivos informáticos completan el cuadro, mostrando a los teleoperadores del centro de llamadas georgiano mientras usan direcciones de correo electrónico falsas para hacerse pasar por instituciones financieras legítimas y crear documentos fraudulentos. También muestran los chats de los agentes telefónicos, en los que se refieren abiertamente a sí mismos como estafadores y se burlan de sus víctimas.

Una colección más pequeña de cientos de llamadas telefónicas grabadas de la red israelí-europea ofrece una imagen más limitada, pero aún vívida, de las manifestaciones, a menudo fantásticas, de los teleoperadores. En una conversación, uno de ellos le dice a un inversor potencial reticente que su plataforma le haría ganar dinero automáticamente mediante un “sistema basado en Inteligencia Artificial”.  “Opera por ti de forma automática. En realidad, no necesitas entender cómo funciona todo, porque ése es el trabajo del sistema”, explica el agente. “Una vez que el tren esté en la estación”, continúa, “simplemente súbete a él y luego, básicamente, disfruta del viaje. Créeme, vas a ganar mucho dinero”.

Los periodistas también detectaron otras señales de alarma. La gran mayoría de las plataformas no exhibían ninguna licencia que les permitiera ofrecer productos financieros, y muchas decían tener su sede en Suiza, país en el que, según los datos internos disponibles, los call-centers no tienen empleados.

De las 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea, 62 recibieron al menos una advertencia oficial de un regulador, y muchas han sido señaladas más de una vez.

Por último, ambas redes parecen haber echado el cierre cuando los periodistas se han puesto en contacto con ellas. Sus empleados no querían hablar y estaban protegidos por guardias de seguridad. En Georgia y Bulgaria, oficinas enteras parecieron vaciarse después de que los reporteros establecieran contacto con ellas.

7. ¿Alguna de las plataformas puede ser legal?

Hay una categoría de marcas que merece una mención especial. Cuatro de ellas –VPTrade, Finxocap, Finbok y SkyMT– eran explotadas por empresas que sí tenían licencias oficiales en Sudáfrica. Los documentos internos a los que ha tenido acceso Scam Empire muestran que, de los 240 millones de dólares ingresados por la red israelí-europea, 18,5 millones, es decir, algo más del 7%, procedían de estas marcas con licencia.

Los documentos también muestran que, en el caso de estas marcas, los clientes pudieron retirar un mayor porcentaje del dinero recibido: alrededor del 10%, frente al 2% de las marcas no reguladas.

Los periodistas hablaron con varios clientes de Finbok que no se consideraban estafados, aunque pensaban que habían sido mal asesorados e inducidos a invertir cantidades que no podían permitirse. Algunos recibieron reembolsos sustanciales, aunque inferiores al valor de su inversión total. A menudo el reembolso fue fruto de un acuerdo alcanzado tras quejarse directamente a la marca o denunciar a la policía. Y estas transacciones iban acompañadas internamente de una factura a los clientes por “trabajos de marketing” que se correspondía con la suma exacta que habían retirado, aunque ninguno de los clientes había visto semejante trabajo.

Otros clientes de las plataformas sudafricanas autorizadas aseguraron a los periodistas que creían haber sido estafados, y cuatro afirmaron que recordaban haber visto avales falsos de famosos antes de que se pusieran en contacto con ellos. Tres denunciaron sus pérdidas a la policía.

Un documento hallado en la filtración muestra que Finbok está siendo investigada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica por prometer “elevados rendimientos poco realistas”, anunciar prestaciones inexistentes y “acosar” y “manipular” a los inversores.

FINBOK/VECTOR FINANCIAL SERVICES ROR.

Otra de las marcas sudafricanas, SkyMT, ha sido despojada de su licencia La investigación sobre su empresa matriz, Lehumo Securities, había comenzado antes de que fuera adquirida por la red israelí-europea. Fue rebautizada como SkyMT, que también fue objeto de una advertencia reglamentaria oficial].

LEHUMO ROR

Las tres empresas que están detrás de las cuatro marcas sudafricanas con licencia son propiedad de quienes parecen testaferros: una modelo rumana y un ciudadano búlgaro que dijo a los periodistas que no tenía constancia de que su nombre figurara en ningún documento sudafricano.

8. ¿Quién está detrás de estos centros de llamadas?

Los empleados de los call-centers toman amplias medidas para ocultar sus identidades, utilizando seudónimos incluso en sus comunicaciones internas.

En el caso de la red georgiana, los reporteros pudieron identificar a muchos de los estafadores a partir de las pistas que facilitaban en sus conversaciones de chat, cotejándolas con publicaciones en redes sociales y otra información disponible públicamente.

Sobre el papel, la empresa propietaria de esta red, AK Group, pertenece una mujer de 36 años llamada Meri Shotadze. En la práctica, según las comunicaciones internas, parece ser la segunda al mando. El hombre al que se refiere como su jefe tiene 33 años y se llama Akaki Kevkhishvili. Aunque parece disfrutar de un estilo de vida relativamente lujoso, con la reciente adquisición de un Range Rover de 100.000 dólares, no está claro si hay alguien más detrás de la organización. Ni Shotadze ni Kevkhishvili respondieron a las peticiones de comentarios que les ha enviado OCCRP.

AK Group alquila sus oficinas a través de otras dos empresas propiedad de personas que parecen ser testaferros: una es un desplazado interno de la República de Abjasia, la otra es la suegra de Kevkhishvili.

También se desconoce quién está detrás de la organización israelí-europea, que abarca tres unidades de negocio, docenas de entidades corporativas y un número cambiante de oficinas. Hasta abril de 2024, alquiló espacio en la Torre Sapir, un reluciente rascacielos de oficinas en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, que parece ser la sede israelí de la red. Aunque la filtración revela los nombres de muchos de los directivos de la organización, los fundadores o sus principales beneficiarios siguen siendo desconocidos.

9. ¿Cómo efectúan las víctimas los pagos a estos estafadores? ¿Por qué sus bancos no se lo impiden?

Los bancos comerciales no se lo ponen fácil a sus clientes cuando quieren transferir grandes sumas de dinero a países extranjeros porque les han prometido obtener unos rendimientos demasiado buenos para ser ciertos. Pero los estafadores han desarrollado métodos muy creativos para sortear estos obstáculos.

Muchas víctimas hacen sus pagos utilizando criptomonedas. A otras las convencen para que abran nuevas cuentas en instituciones financieras sujetas a regulaciones menos estrictas, como los neobancos digitales. Para asegurarse de que las transferencias de las víctimas no se bloquean, los estafadores les enseñan cómo justificarlas ante el personal bancario. Por ejemplo, pueden indicarles que lo que pagan son entradas para el teatro.

Los estafadores inducen a las víctimas a enviar su dinero a una empresa que forma parte de una red de compañías que se extiende por varios países, lo que hace casi imposible su rastreo. A veces contratan a proveedores de servicios especializados que les proporcionan sociedades pantalla y facilitan las transacciones para eludir los controles bancarios. También utilizan facturas falsas para justificar las transacciones.

Las rutas que sigue el dinero son tan complicadas que suele ser imposible determinar cuál ha sido su destino final. En una de las tramas rastreadas por los periodistas, los fondos de las víctimas se enviaban a un grupo de empresas registradas en España y el Reino Unido, que se los repartían antes de dirigirlos a un segundo nivel de empresas, la mayoría en el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Hungría.

El dinero fluyó después a otras empresas, disfrazadas de consultorías, en Chipre y Macedonia del Norte, antes de que se perdiera su rastro.

10. ¿Cuál es la historia de este tipo de estafa?

La industria moderna de las estafas de inversión en internet tiene sus raíces a mediados y finales de la década de 2000, cuando figuras del crimen organizado –principalmente israelíes, rusas y georgianas– se dieron cuenta de que podían aprovecharse del mercado Forex, una forma de intercambio de divisas legal, pero de alto riesgo, normalmente reservado a inversores expertos. Con el auge de la internet de alta velocidad, algunos operadores empezaron a ofrecer al público el mercado minorista de Forex, vendiéndolo como una oportunidad para que la gente corriente obtuviera beneficios.

Los medios de comunicación israelíes, especialmente Times of Israel, han informado ampliamente sobre esta industria, ya que Israel se convirtió en el epicentro de estas estafas, sobre todo en la década de 2010, gracias al auge en el país del marketing de afiliación y de las apuestas online.

Algunas empresas operaban legalmente, pero se aprovechaban de inversores inexpertos, mientras que otras manipulaban descaradamente sus plataformas para asegurarse de que las víctimas siempre salieran perdiendo. Con el tiempo, estos operadores empezaron a ofrecer opciones binarias [aquellas cuya rentabilidad es, o bien una cierta cantidad fija de algunos activos, o bien nada en absoluto], CFD –contratos por diferencia, un derivado financiero– y, finalmente, estafas basadas en criptomonedas, todas ellas con el mismo esquema: ofrecer un producto financiero supuestamente complejo que, en realidad, no era más que una simulación diseñada para robar el dinero de las víctimas.

Israel prohibió finalmente el comercio de opciones binarias en 2017. Pero la prohibición no desmanteló el sector, sino que simplemente lo obligó a deslocalizarse. Muchos estafadores trasladaron sus operaciones a Europa del Este, estableciendo nuevos centros de llamadas en países como Ucrania, Bulgaria, Georgia y Albania.

A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, estas estafas siguen evolucionando. El sector prospera gracias a su capacidad para cruzar fronteras con poco esfuerzo: los estafadores pueden abrir empresas en cuestión de minutos, mover dinero utilizando una maraña de transacciones internacionales y captar víctimas en países lejanos. Plataformas como Google y Facebook también han desempeñado un papel involuntario en el éxito del sector, beneficiándose de los anuncios que canalizan a las víctimas hacia estas estafas. Con las investigaciones policiales fragmentadas por países, la lucha contra el fraude en las inversiones online sigue siendo ardua: por cada red que se desmantela, parece surgir otra.

11. ¿Qué puede hacer para evitar ser estafado?

Los estafadores utilizan técnicas sofisticadas, perfeccionadas a lo largo de años de trabajo. Reconocerlas es clave para mantenerse a salvo.

La mayoría de las víctimas son atraídas por anuncios en internet que aparecen en los lugares habituales, como Google, Facebook o YouTube. Estos anuncios promocionan productos de inversión complejos y utilizan muchos términos high-tech de moda. Cualquier referencia a la “computación cuántica”, la “inteligencia artificial”, el bitcoin o las criptomonedas –o cualquier insinuación de que estas tecnologías le harán rico– debe ponerle en guardia. Sospeche de inmediato.

Algunas víctimas también son captadas por bulos que promocionan estos mismos productos, a menudo citando el respaldo de un famoso. Compruebe siempre si el famoso ha hablado realmente del producto en sus redes sociales reales. Y si la noticia enlaza con una página para suscribirse al producto anunciado, es una señal de alarma. Compruebe siempre la fuente antes de involucrarse.

Una vez que se haya inscrito, recibirá una llamada de un agente instándole a realizar una “inversión” inicial de unos pocos cientos de euros. Los teleoperadores suelen hacer hincapié en la facilidad de uso de la plataforma de inversión, explicando que su producto –que, de nuevo, probablemente utiliza alguna tecnología avanzada de trading– está pensado para principiantes. Prometen enormes beneficios y pueden intentar aprovecharse de sus preocupaciones o sueños financieros. Tenga cuidado con las ofertas “exclusivas” con límite de tiempo, ya que las empresas de inversión legales no le meten prisa a la hora de tomar decisiones. Si alguien le pregunta por su situación financiera o le presiona para que actúe con rapidez, es una señal de alarma. ¿La mejor respuesta? Ponga fin a todo contacto y denuncie la estafa.

Otra señal de alarma es si su “agente” empieza a ser demasiado creativo sobre cómo enviarle dinero. En concreto, puede desviarle de su banco habitual, enseñarle cómo convencer a su entidad para que aprueben las transacciones, empujarle a abrir nuevas cuentas bancarias online o transferir sus fondos a criptomonedas. Una vez que haya invertido, los estafadores no se detendrán ahí. Inventarán razones para justificar que usted no puede retirar sus fondos, le presionarán para que invierta más o le dirán que se necesitan depósitos adicionales para recuperar lo que ya ha ingresado.

Una vez que se haya dado cuenta del fraude, algunos estafadores se pondrán en contacto con usted haciéndose pasar por funcionarios del gobierno, ofreciéndole ayuda para localizar su dinero, pero utilizando tácticas de intimidación para mantenerle en el engaño. Los verdaderos representantes de los organismos públicos no exigen dinero por teléfono.

Tenga en cuenta que éste es sólo un patrón. Aunque las técnicas aquí descritas han atrapado a decenas de miles de personas, hay muchas otras estafas en el mundo.

“Me dijeron que, o invertía más, o perdía todo lo que tenía. No lo hice y vi que mi cuenta desaparecía [en la pantalla del ordenador]. Entonces invertí de nuevo. Siempre digo que en ese momento debería haber parado”. Pero el doctor M., cirujano vascular de Barcelona, propietario de una clínica, no paró y perdió casi un millón de euros tras ser estafado durante un año por los agentes telefónicos de una difusa, pero muy profesional, red internacional de ciberestafas dirigida desde Israel y Chipre. El médico catalán es sólo uno más de los 4.564 españoles que quedaron atrapados en los engaños de esta auténtica corporación criminal, que les robó 26,4 millones de euros en dos años.

Para hacerse una idea de la magnitud del ciberfraude, basta con recordar que el caso Gescartera, en 2001, afectó a unas 2.000 personas, la mitad de las perjudicadas ahora por el conglomerado israelí-chipriota. Si se añaden las 115 víctimas del AK Group, otro call-center georgiano con el que comparte modus operandi, proveedores de servicios e incluso víctimas, la cifra de españoles expoliados asciende a 4.679. El dinero robado por este centro de llamadas de Tiflis es mucho menor: entre octubre de 2023 y abril de 2024, despojaron de 425.000 euros a sus víctimas españolas.

Otra comparación: el Fondo de Víctimas de Madoff, creado para restituir a los estafados por el famoso financiero estadounidense con un esquema Ponzi que se extendió por 127 países, ha devuelto su dinero a 40.800 inversores a fecha de 31 de diciembre de 2024, 15 años después de que estallara el escándalo. Los embaucados por estas dos corporaciones criminales, la israelí-chipriota y la georgiana, suman no muchas menos: casi 33.000 personas, repartidas en 34 países.

Ambas redes quedan al descubierto en Scam Empire, la investigación en la que han colaborado 31 medios de todo el mundo, que se basa en documentos filtrados a la televisión pública sueca (SVT) y ha sido coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Como ocurría con esas dos famosas estafas españolas, las víctimas de la red israelí-chipriota se alejan del estereotipo de la viuda o el jubilado solitarios, tampoco son necesariamente personas sin cultura financiera. Aunque las haya con ese perfil. Arquitectos, médicos, empresarios, una famosa deportista, abogados y hasta asesores fiscales se cuentan entre los españoles que creyeron operar como exitosos inversores en Bolsa, materias primas, divisas y criptomonedas, pero acabaron perdiéndolo todo sin saber que también estaban engordando las cuentas de dos corporaciones criminales, una con oficinas centrales en Israel y Chipre, y enormes call-centers repartidos entre Bulgaria, Ucrania, Macedonia del Norte e incluso la misma España, y otra con call-centers en Georgia.

De hecho, España es el segundo país donde más víctimas ha conseguido la red dirigida desde Israel y Chipre, también donde más dinero ha robado, sólo después de Canadá. Pero, si se elimina el número de quienes sólo hicieron el primer pago de 250 euros –el anzuelo con el que los estafadores pretenden hacer creer a sus objetivos que los beneficios se han multiplicado milagrosamente–, España resulta ser el país que más dinero ha hecho ganar a esta corporación criminal, más de 18 millones de euros, el doble que el Reino Unido. Es más, 135 españoles han sido víctimas de los dos entramados, lo que sitúa a España, de nuevo, como el segundo país con más estafados compartidos tras Canadá, y muy por encima del Reino Unido.

Aunque para apreciar con exactitud la gravedad del expolio conviene acercarse a las cifras individuales. Según los análisis llevados a cabo por los periodistas que han participado en Scam Empire, la corporación dirigida desde Israel y Chipre, a la que los periodistas han bautizado como Red Sapir por el edificio de Tel Aviv donde situó sus oficinas centrales, estafó entre 100.000 y 400.000 euros a 48 ciudadanos españoles. Otros 80 perdieron entre 50.000 y 100.000 euros. Pero a quienes sacaron entre 10.000 y 50.000 suman más de 300.

Aunque el mayor golpe se lo llevaron las cuatro víctimas que entregaron más de 400.000 euros a los criminales. Uno de ellos, el cirujano catalán, es además el cuarto que más dinero perdió de todos los estafados en los 34 países donde actúa la red, sólo superado por ciudadanos británicos. “Tenía unos ahorros que no estaban haciendo nada, así que quise ponerlos a trabajar para ver si podía sacarles algún beneficio. Perdí los ahorros de toda mi vida”, resume el doctor M., a quien los criminales hicieron creer que había ganado 2,6 millones de euros. “Me han dejado en blanco”, se lamenta, “estoy tocado, muy tocado”. Aun así, sólo eleva el tono de voz cuando cuenta que denunció la estafa a los Mossos d’Esquadra y en el juzgado. “No sirve de nada: ni el juez te escucha ni la policía se mueve”, protesta: “Sólo me llamaron un día, a las 11 de la noche, y me dijeron que investigarían, pero con una desgana total y absoluta”.

Además de haber resultado una auténtica mina de oro para las dos corporaciones criminales, España es el primer país donde los tribunales han admitido a trámite una demanda colectiva contra estos entramados dedicados a la ciberestafa internacional. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir la que ha presentado el abogado Mauro Jordán de la Peña, experto en este tipo de fraudes, en nombre de 72 víctimas. El dinero que les estafaron alcanza los nueve millones de euros. Treinta y una de ellas aparecen en los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire.

Pero hay otra circunstancia que singulariza a España en la red criminal. También es el único país de la Europa occidental donde la corporación ha instalado un call-center. Situado en la calle Venezuela de Barcelona, permaneció abierto sólo unos meses el año pasado, tal y como confirmó el conserje del edificio a OCCRP. En ese tiempo, el centro de llamadas dio empleo a una veintena de personas. En marzo de 2024, una de las empresas de la red Sapir, Telecom Wide SL, pidió a un despacho de abogados de Barcelona, Gutierrez Pujadas & Partners, una opinión legal –asesoramiento– antes de abrirlo. Según los documentos de Scam Empire, la empresa pretendía prestar servicios a una compañía extranjera “para captar clientes de Latinoamérica”. Y preguntó a los abogados si las leyes laborales españolas permiten someter a la prueba del polígrafo a los candidatos a teleoperadores, entre otras cuestiones sobre tipos de contrato, periodos de prueba, causas e indemnizaciones de despido.

Gutiérrez Pujadas le contestó que las leyes españolas no prohíben usar el polígrafo en los procesos de selección de personal, pero se trata de una “práctica controvertida” que no está regulada de forma específica. Por tanto, aconseja que la prueba se haga “respetando los derechos fundamentales” y la privacidad de los candidatos. También debe ser “voluntaria” y sujeta siempre al consentimiento previo y expreso del trabajador. En todo caso, el abogado recomienda a su cliente que consulte con empresas especializadas antes de llevar a cabo ese tipo de exámenes. En el Registro Mercantil aparece como administrador y propietario de Telecom Wide SL un ciudadano húngaro, Imre Szalka, que constituyó la sociedad en marzo de 2024, el mismo mes en que solicitó la opinión legal a Gutiérrez Pujadas & Partners.

OCCRP ha preguntado al despacho barcelonés por esta empresa y el centro de llamadas, pero no ha obtenido respuesta alguna.

“Si una empresa se establece en España, seguro que no estafa aquí, sino a ciudadanos de otros países”, expone a OCCRP un investigador de los Mossos d’Esquadra especializado en ciberfraude. Lo que no impide que en Cataluña las estafas por internet sean el segundo delito más denunciado, añade. Es más, en toda España, los delitos cibernéticos crecen un 20% al año, destaca por su parte Alberto Redondo, jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil. Una de cada cinco denuncias son por crímenes cometidos gracias a internet y de éstos, el 90% son estafas, detalla. Sobre todo en los últimos cinco años, el aumento ha sido “exponencial”, tanto en número de víctimas como en las cuantías estafadas. Y no hay un perfil de víctima, resalta Alberto Redondo: “Ricos y pobres, vulnerables o no… Se ha puesto de moda entre los jóvenes invertir en criptomonedas, por ejemplo, y también ha coincidido con una época en que los bancos retribuyen poco los depósitos”. Mientras la remuneración media de estos productos financieros era del 2,31% en 2023, según datos del BCE, los estafadores prometen beneficios del 200% al mes, recuerda el investigador de los Mossos.

La historia de persuasión, ingenuidad y desengaño final que relata el cirujano catalán la repiten, con escasas variaciones, todas las víctimas contactadas por infoLibre. El doctor M., que como el resto de los estafados no ha querido revelar su verdadera identidad, pinchó en un anuncio falso de internet donde el presidente de Mercadona, Juan Roig –en otros casos eran Pablo Motos, Gerard Piqué o Fernando Alonso– aparecía prometiendo grandes beneficios a partir de inversiones modestas. Dejó su nombre y número de teléfono móvil para recibir información. No mucho tiempo después –a veces sólo unos minutos o unas horas más tarde, apuntan otros afectados–, un supuesto asesor financiero le llamó por teléfono para explicarle cómo funcionaba, usando la inteligencia artificial, una supuesta plataforma online de inversiones. El agente telefónico que contactó con el doctor M. decía llamarse Alejandro Sarmiento y hablaba con acento latinoamericano. No es su nombre verdadero, por supuesto. Ninguno de los más de 60 teleoperadores del departamento español de la red Sapir contabilizados por Scam Empire facilita su verdadera identidad. Y no sólo a las víctimas de la estafa. Ni siquiera figuran sus auténticos nombres en las nóminas que cobran o en cualquiera de los documentos internos de la red criminal a los que ha tenido acceso OCCRP.

Pero todos los miembros del departamento español son latinoamericanos o rumanos con un excelente castellano, de acuerdo con los testimonios recogidos de los estafados. Y aunque llamaban desde números de teléfono supuestamente españoles, su lugar de trabajo es Sofía, la capital de Bulgaria, según la investigación que ha llevado a cabo Scam Empire. Los call-center dedicados a engañar en español son denominados Zebra-IB y Sales-IB por la propia red criminal. En el primero trabajan 39 personas; en el segundo, 23.

Alejandro Sarmiento fue el analista de cabecera del doctor M., pero no el único agente que se ocupó de asegurarle como fuente de ingresos para la red. “Luego apareció otro, que parecía su superior”, recuerda el cirujano. Alguien que decía llamarse Emiliano Mendieta. “Eran muy persuasivos”, reflexiona ahora el doctor M. Muy hábiles en la manipulación psicológica. “Uno iba de poli bueno y otro de poli malo”. La amenaza del poli malo era directa: “Si no haces una transferencia hoy, lo pierdes todo”. El poli bueno le dejaba respirar sólo un poco: “Bueno, vamos a darte unos días”.

Desde febrero de 2023, cuando hizo su primer ingreso de 250 euros, hasta noviembre de ese año, el doctor M. firmó más de 60 transferencias bancarias, de acuerdo con los registros de los propios estafadores. A veces hasta cuatro en una misma fecha. La de mayor cuantía, una de 37.500 euros. Hubo un día en que les ingresó 86.000 euros en varias transacciones. Algunas fueron para comprar criptomonedas. A cambio, en 10 meses sólo pudo retirar 1.000 euros, uno de los trucos empleados por los estafadores para hacer creer a las víctimas que podían recoger el beneficio de sus “inversiones” en cualquier momento. De esa forma, el cirujano fue despojado de unos 990.000 euros, como se puede ver en los propios registros de los criminales y él mismo confirma.

El doctor M. hizo transferencias a las cuentas que Sarmiento y Mendieta le iban indicando. Así, pagó supuestas facturas a la cuenta en un banco lituano de una empresa estonia llamada Linerum OU, una gestoría. También a una empresa polaca de la construcción, Hilone SP ZOO, y a otra italiana de restauración, All Inclusive20 SRLS. Además de a una sociedad española, Selterico SL, que tenía abierta una cuenta en el Banco Santander. Creada en junio de 2023 por una ciudadana extranjera de nombre Sofija Ivanova, que figura también como su adiministradora y socia única, es una supuesta agencia de publicidad. En el Registro Mercantil figura como domicilio social un coworking en el barrio de Salamanca de Madrid. Su gerente aseguró a infoLibre que esa empresa jamás ha sido su cliente. Pese a esos extraños pagos, el cirujano creía estar invirtiendo en Rivobanc, una firma de inversión sobre la que han emitido advertencias la CNMV y sus equivalentes en Reino Unido, Irlanda, Suiza y Canadá porque carece de autorización para operar.

El doctor M. no sospechó hasta que pidió retirar sus supuestas ganancias y le hicieron una transferencia que debía ascender a 500.000 euros. “A través del BBVA, pero era completamente falsa. Fui al banco y me dijeron que esa cuenta no existía”, recuerda. Los estafadores le aseguraron entonces que tardaría tres semanas en cobrar. Después le llamó alguien que aseguraba ser el director del SabadellUrquijo: “[Los estafadores] Decían que era su banco”. “Me dijo que yo tenía unos beneficios y que me los enviarían en 24 horas. Pero nunca llegaron”, concluye.

La historia de I.G.P., una arquitecta de Sevilla en la cuarentena, revela además la absoluta falta de empatía de los ciberestafadores telefónicos. “En ese momento me encontraba en unas circunstancias que me hacían especialmente vulnerable ”, comienza, “porque yo ahora en algo así no entro…”. Tras haberle diagnosticado un cáncer de mama a finales de 2021, se estaba sometiendo a quimioterapia y sufrió un derrame cerebral que la llevó al quirófano. Al mismo tiempo, se estaba divorciando. “Había heredado unas tierras de mi madre, así que pensé en venderlas e invertir de otra manera”, explica. Pinchó en un anuncio donde Pablo Motos prometía ganancias. Al rato le llamó un tal Álvaro Enrique Álvarez. “Parecía español, pero me dijo que vivía en Ginebra”.

Se supone que I.G.P. estaba comprando acciones de Repsol, también materias primas, oro, plata. En su caso, invertía a través de Tigcap.com, otra entidad con advertencias de la CNMV y las autoridades financieras de Canadá y Australia. Nada más comenzar, Álvaro le hizo instalarse una aplicación llamada Anydesk, que permitía al estafador controlar en remoto el ordenador de la arquitecta sevillana. Al principio, todo iba bien, el asesor financiero le decía que sus valores no hacían más que subir. Hasta que las tornas cambiaron. “Presionada por ellos, pedí un préstamo de 50.000 euros, porque si no, me dijeron que perdería todo el dinero”. ING, el banco de I.G.P., se lo concedió. “Fue todo muy rápido, bastó con un click”, lamenta ahora. También abrió una cuenta en Binance, el más famoso exchange de criptomonedas, donde llegó a hacer compras por más de 300.000 euros.

Cuando se dio cuenta de que la habían estafado, había perdido un total de 436.000 euros, según consta en los registros de sus estafadores: no sólo la herencia de su madre, sino también el préstamo, que no podía devolver porque ING le había bloqueado la cuenta: “Tuve que poner una reclamación”. Pero no fue el último susto. “La Policía me dijo que me estaban usando como mula con mi cuenta de Binance. Estaba recibiendo en ella dinero de otras personas que también estaban siendo estafadas”, recuerda horrorizada. Esa es una más de las estratagemas de los ciberestafadores: utilizar cuentas de unas víctimas para recibir pagos de otras.

I.G.P. es un buen ejemplo de los efectos devastadores del abuso infligido por estos nuevos criminales de guante blanco. “Fui muy ingenua”, confiesa. “Tonto” es el adjetivo que más se repite entre las víctimas con las que ha hablado infoLibre. La vergüenza les impide dar su nombre o mostrar su rostro. “Intento no hablar mucho sobre esto, no recordarlo mucho, porque no me sienta bien”, zanja la arquitecta sevillana, a la que se ha concedido la incapacidad absoluta y da el dinero por perdido, pese a que, además de a la policía, también ha presentado un escrito en la CNMV.

Carlos no quiere dar sus apellidos. Es asesor fiscal y también picó. Un anuncio de Gerard Piqué tuvo la culpa. Pero no llegó más que a hacer el primer ingreso, 250 euros. “Me pidieron que los enviara a una empresa de formación de Kenia, Edupac, eso fue lo que me hizo sospechar”, resalta. En su caso, varios supuestos empleados de Virgobanc, otra entidad con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera suiza, se pusieron en contacto con él por correo electrónico para convencerlo de las ventajas de invertir con ellos. Carlos rechazó su oferta y pidió que le devolvieran el dinero. Lo consiguió. Una de las empresas españolas de la trama, llamada Martello Circle SL, creada y administrada por un ciudadano búlgaro, Boris Borisov Kodjov, le reembolsó 42 euros más de los que había pagado, ríe ahora el asesor fiscal.

Tampoco revela su nombre una profesora de Tecnología de una universidad catalana a la que la red dirigida desde Israel robó 63.600 euros, según los registros a los que ha tenido acceso Scam Empire. Su estafador dijo llamarse Martin Coppola. La profesora no ha puesto una denuncia porque, dice, apenas tiene datos sobre “ellos”. Le hicieron creer que invertía en criptomonedas. Cuando empezó a sospechar y pidió que le reembolsaran sus supuestos beneficios, le advirtieron de que tendría que pagar impuestos a la Hacienda española si retiraba su dinero.

Teresa Rodríguez de la Borbolla, además de hermana del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, es arquitecta-decoradora. A ella sólo le birlaron los 250 euros de iniciación, que consiguió recuperar “inmediatamente”: “Reaccioné muy rápido”. Aunque eso no le evitó ni el acoso ni los insultos cuando se negó a seguir “invirtiendo”. “Me llamó ordinaria, histérica, me preguntó si tenía nervios por la regla… ‘¿Qué quieres, vieja?”, llegó a increparla quien se hacía llamar Sergio Berg.

A Blanca de Borbón le atrajo un anuncio donde aparecía Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Cuenta que está intentando renegociar con el banco la hipoteca que pidió con su marido para comprar la casa donde vive, por lo que necesitaba aumentar “un poco” sus ingresos. Blanca es la hija de Leandro de Borbón, el hijo ilegítimo de Alfonso XIII que hace unos años acaparó titulares tras publicar sus memorias y reclamar, en vano, el título de infante de España. Blanca impulsa una ONG, Proyectos de Vida, e intenta sacar adelante otra, Isla Mujer, un refugio para mujeres maltratadas. Suele aparecer en la televisión para hablar de los Borbón. “Recuerda que por primera vez tendrás la oportunidad de probar la bolsa real, las ganancias y el éxito. Te prometo que te ayudaremos a pagar mucho más rápido la hipoteca para que no sea una carga para tu hijo”, le escribió uno de los ciberestafadores por Whatsapp.

Blanca explica que han intentado estafarla varias veces. Es más, asegura que alguien que dice llamarse Emma, vivir en Londres y trabajar para un despacho de abogados, ha prometido llamarla el próximo lunes –la entrevista para este reportaje se celebró a finales del pasado enero– para ofrecerle nuevas oportunidades de inversión.

“Quería invertir para ayudar a mi hijo a emanciparse”, se justifica por su parte un abogado madrileño jubilado al que los ciberestafadores prometieron 200.000 euros de beneficios invirtiendo en café y otras materias primas, pero que perdió 11.000. “Me han dejado en blanco”, se queja. Ha presentado dos denuncias ante la policía, que instruye el Juzgado número 43 de Madrid.

Los operadores son mucho más que charlatanes telefónicos. Hacen un completo seguimiento de sus objetivos, como puede verse en los documentos que ha analizado Scam Empire. Sus anotaciones, en inglés, son otra prueba más del carácter despiadado de estos estafadores en remoto. “Jubilada, no tiene ni inversiones ni ahorros, pero sí una casa a su nombre que en su momento puede usarse para obtener algo de liquidez”, apunta uno de ellos sobre una mujer a la que asignan un “potencial” de 4.000 euros. “Cobra el subsidio, 480 euros, cuida a un anciano que le paga algo de vez en cuando, pero no tiene ahorros”, escribe otro sobre una mujer de 64 años de Palma de Mallorca a la que no ven ningún “potencial”. Aun así, no dejaron de llamarla una y otra vez, cuenta ella a infoLibre, tras haber abonado los 250 euros iniciales y 1.500 más en criptomonedas.

Lo mismo le ocurrió a otra mujer del Bierzo que no quiere dar su nombre. Sólo dejaron de llamarla hace un mes, asegura, casi un año después de que empezaran a engañarla. Hasta entonces, la molestaban “tres o cuatro veces al día”, rezonga. Tiene 60 años y cobra la pensión de viudedad. Según las anotaciones de los estafadores, el plan era despojarla incluso de los 5.000 euros que guardaba en su cuenta bancaria. Ella dice que le robaron más de 3.000.

Pero pueden ir mucho más lejos. Llamarlos vampiros no es en absoluto una exageración. Bien lo sabe Alberto, nombre figurado de un albañil de Huelva de 48 años que fue abordado por un agente telefónico del call-center de Georgia llamado Bruno Carvajal. Scam Empire ha podido escuchar muchas de las conversaciones que los estafadores mantienen con sus víctimas. Todas son grabadas, como en cualquier centro de llamadas legal, para evaluar el rendimiento de los teleoperadores.

En la grabación [que se puede escuchar en los clips que aparecen en esta información], Bruno Carvajal le dice a Alberto que necesita aportar 1.163 euros más de los que ya ha ingresado, a fin de completar los 3.000 “necesarios” para continuar invirtiendo y sumando beneficios. El albañil le contesta que no tiene ese dinero. Se acaba de quedar sin trabajo y su madre está enferma. “Ese dinero”, le asegura, “me hace falta para comer”. No importa. El estafador le pregunta si no puede pedirlo prestado. “A tu mamá”, le dirige. Alberto le contesta que no. “No me digas que eres la persona más pobre de España”, ataca Carvajal. “Pues al ritmo que llevo, lo seré”, replica el albañil, “me veo en la calle pidiendo”.

El teleoperador sube aún más la presión y le pregunta si no puede “empeñar o vender algo”. “Llevo cinco meses intentando vender un terreno [de su familia], pero ha sido imposible”, se defiende Alberto. Bruno sigue presionando inmune a la desesperación de su víctima: “¿No puedes vender otra cosa que te dé ese dinero?”. El coche, le sugiere. “El coche me hace falta. ¿Qué hago? ¿Vendo sangre?”, responde, cada vez más enojado, el albañil. Sorprendentemente, el estafador se echa a reír. “Pues mira, si te dan una buena pasta por eso…”. Y no afloja: “¿No tienes algo de oro, una cadena o un anillo? Cualquier joya sirve”, vuelve a insistir. El siguiente paso es una manipulación de libro: “Te digo todo esto para que puedas salir de esta situación, porque me preocupo”, remata. Bruno no suelta el hueso y quiere quedar con Alberto otro día: “A ver qué vendiste, la sangre o qué”.

infoLibre ha hablado con Alberto, que perdió más de 10.000 euros en dos años y medio. “Mis ahorros”, confiesa. Ha denunciado la estafa a la policía. Pero a él también lo denunciaron por una transferencia de 100 euros que otra víctima hizo a su cuenta. “Me usaron de mula”, protesta. “Pensaba que ganaría dinero para ayudar a mi madre enferma, porque no podía pagar a una mujer que la atendiera”. En cambio, lo desplumaron.

Puede que el éxito profesional de Bruno Carvajal se deba a un evidente talento natural, pero también al entrenamiento. Entre los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire, se encuentran los materiales didácticos con los que estos teleoperadores aprenden los trucos de su oficio. Por ejemplo, un powerpoint en castellano con los emblemas de Financika y Clicktrades, otros dos chiringuitos financieros señalados por la CNMV. El folleto llama “clientes” a las víctimas, cuya atención deben captar en sólo 10 segundos. Anima a crear “un vínculo” con ellas. A hablarles de “beneficios, beneficios”, “convertir sus deseos en necesidad”. Incluso apela a los “sueños”: “Que el cliente se vea ganando dinero para pagar el coche, la hipoteca, los estudios de su hijo”. También ofrece respuestas a las objeciones más habituales de las potenciales víctimas. A la de “no tengo dinero”, la réplica es el colmo del cinismo para un profesional del engaño: “Tenemos que saber cuándo el cliente miente, partiendo de la premisa de que todos los clientes mienten”. “Si dice eso, es porque no hemos trabajado bien el sueño y no le dimos emoción a la venta”, analiza el coach estafador. Y si dice que tiene que consultarlo con su mujer… “Cuando ella se va a comprar un traje, ¿te llama antes para preguntártelo?”, es el contraargumento que ofrece el entrenador. Finalmente, recurre a una técnica básica de la atención al cliente: “La sonrisa telefónica es imprescindible”.

El adiestramento no parece muy sofisticado y, a tenor de las conversaciones grabadas que infoLibre ha escuchado, tampoco se exigen demasiados conocimientos financieros para el puesto. Con sus víctimas, los estafadores emplean una verborrea en la que se confunden conceptos económicos con términos en inglés y alguna referencia a la actualidad –la subida de las materias primas por la guerra de Ucrania, la apuesta de Elon Musk por las criptomonedas, la inflación…–. Pasar la prueba del polígrafo no debe de ser un problema para quien se va a dedicar básicamente a mentir en jornadas de nueve a cinco. Por lo que Scam Empire ha podido constatar en los documentos del departamento de Recursos Humanos de la red, merece la pena el esfuerzo. Alejandro Sarmiento, el estafador que sacó al cirujano barcelonés casi un millón de euros, cobró en un mes, el de noviembre de 2023, un total de 11.064 dólares –10.064 euros–: 2.206 dólares de sueldo base y 8.858 dólares de bonus por su excelente desempeño. Además, él y el resto de sus compañeros reciben una ayuda de 500 euros para vivienda.

“En el mundo físico, cuando aumentan los robos en una zona, se mandan patrullas y los delitos disminuyen, pero en el mundo cibernético, no: el problema es el usuario”, advierte el guardia civil Alberto Redondo, “mientras no haya alarma social, no bajarán y no se legislará para atajar estos crímenes. La clave es denunciar”.

Nayib Bukele está decidido a sacar provecho de la era Trump. El presidente de El Salvador, un pequeño país de América Central con 6,3 millones de habitantes, se ha hecho mundialmente conocido por destruir violentamente el control de las bandas y por hacer de su país el primero en adoptar el bitcoin como moneda legal. Reelegido triunfalmente hace un año con el 84,7 % de los votos, ahora busca reactivar una economía debilitada ganándose el favor del nuevo presidente de Estados Unidos.

A principios de febrero, Nayib Bukele, a quien le gusta presentarse a sí mismo como “el dictador más cool de la historia”, hizo una oferta sorprendente al secretario de Estado americano, Marco Rubio, que estaba de paso por San Salvador, la capital del país. El presidente salvadoreño propuso recibir en su territorio y en sus prisiones a criminales condenados en Estados Unidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Marco Rubio elogió el “ofrecimiento muy generoso” y prometió estudiarlo.

Aunque parece que hoy en día estas deportaciones no son legalmente posibles, hay que tomarse en serio la propuesta de Bukele. En primer lugar, porque ahora sabemos que la administración Trump podría modificar las normas para hacer posibles esos traslados. En segundo lugar, porque esta propuesta corresponde a un intento del presidente salvadoreño de redefinir el modelo económico de su país.

El Salvador depende en gran medida de las remesas de dinero de los emigrantes que, en muchos casos, viven en Estados Unidos. Según estimaciones del FMI, en el gran vecino del norte residen 1,4 millones de salvadoreños, lo que equivale al 22 % de la población del país. En 2021, sus remesas representaron alrededor del 26 % del PIB salvadoreño.

Sin ellos, el país no podría mantener el dólar estadounidense como única moneda de curso legal y, a decir verdad, estaría en bancarrota total. Pero la lógica de este modelo económico es particular: la mayor parte de su crecimiento y su salud financiera se basa en la exportación de población a los Estados Unidos.

Con una lógica así, las relaciones con Trump prometían ser delicadas. Es cierto que Bukele, al hacer que El Salvador pasara de ser el país con la tasa de criminalidad más alta del mundo al país con la mayor tasa de encarcelamiento (casi el 1,7 % de la población del país está en prisión), se ha convertido en una estrella de la extrema derecha mundial. También tiene fuertes relaciones con los círculos favorables a las criptomonedas, especialmente en Florida, cercanos a la nueva administración.

Pero la política migratoria de Trump amenaza a los salvadoreños que residen en Estados Unidos y, por ende, a la economía salvadoreña. Durante su campaña, en julio de 2024, el nuevo presidente incluso atacó frontalmente a Bukele acusándolo de enviar a “sus delincuentes” a Estados Unidos. “Intenta convencer a todo el mundo de que está haciendo un trabajo formidable al dirigir su país. Pues no está haciendo un trabajo formidable”, había dicho Trump.

La llegada del multimillonario a la Casa Blanca se anunciaba pues peligrosa para Bukele, quien, al mismo tiempo, atraviesa un período económico delicado. El país ha pagado caro el antojo de su presidente por las criptomonedas. En 2021 anunció con gran pompa que el bitcoin se convertía en la moneda legal del país junto con el dólar. Sus planes eran ambiciosos: convertir a El Salvador en un centro de desarrollo de criptomonedas con la creación de una “Ciudad Bitcoin” alimentada con energía volcánica. Bukele soñaba entonces con ser el “nuevo Alejandro Magno” creando ciudades para difundir la cultura cripto.

Pero esas divagaciones tuvieron consecuencias. A pesar de la creación de una “cartera cripto” bonificada con 30 dólares, el uso de bitcoin entre la población siguió siendo marginal y los inversores internacionales rechazaban abiertamente esa política susceptible de debilitar las finanzas públicas y el sector bancario del país. El Salvador perdió entonces el acceso a los mercados financieros y tuvo que recurrir al FMI, que lógicamente les exigió el abandono de la política de criptomonedas.

Mientras el milagro de las inversiones relacionadas con las criptomonedas no se hacía realidad y Bitcoin City seguía en el tintero, Bukele se encontraba en una situación delicada. Al no tener acceso al mercado, tuvo que echar mano de sus reservas de divisas para pagar las deudas en dólares que llegaban a vencimiento. El problema era que cuanto más se reducían las reservas, más perdía El Salvador su capacidad para pagar los siguientes vencimientos. Según el FMI, el país gasta alrededor de 2.000 millones de dólares en deuda cada año. Pero a principios de 2024, las reservas habían caído a 2.500 millones de dólares. El país se enfrentaba a la quiebra.

En abril de 2024, el presidente Bukele decide entonces “hacer una jugada”, como de costumbre, construyendo el relato de un regreso al mercado financiero del país. Pero la obligación de 1.000 millones de dólares emitida entonces a seis años tiene un coste gigantesco. Su tipo de interés es del 12 %, y la amortización debe realizarse parcialmente a partir de 2028. Para atraer a los inversores, El Salvador también promete pagar un recargo de intereses del 4 % si su valor no es mejorado por las agencias de calificación o si no llega a un acuerdo con el FMI. Según Financial Times, el coste de este préstamo entre 2028 y 2030 es de 333,3 millones de dólares al año, un tercio más que los fondos recaudados en tres años.

Esta deuda “absurda”, por usar el término del periódico, anunciaba sin duda una capitulación ante el FMI: El Salvador reforzaba sus reservas a corto plazo, pero no podía hacer frente a tales vencimientos a largo plazo. A principios de octubre, el país evitó por poco el impago gracias a un “intercambio de deuda contra natura”, un mecanismo financiero que permite obtener una devolución de la deuda pública a un precio reducido a cambio del compromiso de llevar a cabo una política de protección del medio ambiente.

En el caso de El Salvador, el banco americano JPMorgan Chase concedió al país 1.350 millones de dólares para que reembolsara 1.000 millones de dólares de deuda y dedicara 350 millones de dólares a la restauración de un río vital para el acceso al agua de su población. Ese acuerdo fue apoyado y financiado por el gobierno de Washington. Pero, aún así, su conclusión parecía anunciar la necesidad de un acuerdo con el FMI.

Sostenido a duras penas por soluciones de último recurso, Bukele finalmente tuvo que ceder. El 18 de diciembre de 2024, el FMI anunció que se había llegado a un acuerdo con el gobierno salvadoreño. Un acuerdo drástico. El Salvador debe comprometerse con una política de austeridad severa para reducir su déficit primario en 3,5 puntos del PIB en tres años.

El programa incluye la reducción de la masa salarial de los funcionarios, las compras públicas y las transferencias a los municipios, así como la reforma de las pensiones. En septiembre de ese mismo año, Bukele ya había marcado la pauta al anunciar un presupuesto global equilibrado para 2025.

Pero sobre todo, el presidente tuvo que renunciar a sus proyectos de bitcoin. El FMI logró que se modificara la ley de 2021 para que la aceptación de la criptomoneda fuera voluntaria por parte del sector privado, se pusiera fin a las carteras subvencionadas, se redujeran las compras de bitcoins por parte del gobierno y se pagaran los impuestos exclusivamente en dólares. En otras palabras: el bitcoin ya no es, de hecho, una moneda de curso legal en El Salvador. La ley fue aprobada por el Parlamento en enero.

A cambio de estas concesiones, el FMI concede al país un préstamo de 1.400 millones de dólares que lo protege, provisionalmente, de la bancarrota. Bukele espera que este acuerdo devuelva al país un acceso normal a los mercados. La prima de riesgo se ha reducido, pero sin duda la plena reintegración del país en el circuito financiero internacional llevará algún tiempo.

El acuerdo con el FMI sin duda salva a Bukele, pero a costa de una doble derrota: económica e ideológica. Su sueño de convertirse en el hub de criptoactivos de la hemisferio occidental acaba de estrellarse justo cuando Trump amenaza con debilitar los ingresos procedentes de sus emigrantes.

Para el gobierno salvadoreño, era urgente salvaguardar la relación con Washington, al tiempo que construía un nuevo modelo económico. Para ello, Bukele, que en octubre se jactaba de haber llevado a cabo, con el préstamo concedido por JPMorgan Chase, “la acción medioambiental más ambiciosa e impactante de la historia” del país, busca ahora reactivar la actividad extractiva, especialmente la de oro, en el país.

A finales de diciembre, el Parlamento, en el que Bukele cuenta con amplia mayoría, puso fin a la prohibición de toda extracción minera decidida en 2017, antes de la llegada al poder del actual presidente. Esta prohibición se refería en particular a la explotación de las minas de oro del norte del país que habían contaminado con cianuro el río Lempa, el mismo que debe ser renaturalizado con el apoyo de JPMorgan Chase.

A pesar de la oposición de gran parte de la población y de la Iglesia católica, Bukele decidió reanudar la extracción con, como de costumbre, promesas grandiosas: habría 3 billones de dólares en oro en el subsuelo salvadoreño, a pesar de que la mina principal tenía, en 2017, reservas estimadas en 3.600 millones de oro al precio actual. “El oro transformará El Salvador”, prometió el presidente, quien asegura que las minas serán, esta vez, “modernas y sostenibles”.

Puede que Bukele quiera creer que ha encontrado la solución a todos sus problemas, pero mientras tendrá que encontrar la manera de acelerar un crecimiento económico que aún es insuficiente para hacer frente de forma sostenible a sus compromisos financieros, justo cuando la austeridad va a golpear al país.

Aquí es donde el ofrecimiento hecho a Trump cobra todo su sentido. Bukele se ha hecho un nombre en la represión de las maras por la fuerza. Desde 2021, el país está en un régimen de excepción continua que se ha renovado ya treinta y cuatro veces. Han sido detenidas y siguen detenidas más de 100.000 personas, a menudo sin juicio. Solo 8.000 de ellos han sido liberadas, y la prensa internacional está llena de testimonios de familias que no tienen noticias de sus seres queridos desaparecidos tras una detención.

Anteriormente, las maras salvadoreñas utilizaban las cárceles como bases de operaciones para sus actividades. Para poner fin a estas prácticas, Bukele ha optado por la militarización de las cárceles y el aislamiento de los presos. El escaparate de esta política es la prisión de máxima seguridad de Tecoluca. Este “centro de confinamiento para terroristas” (Cecot) puede albergar a 40.000 personas y actualmente hay unas 18.000.

Detrás de sus altos muros, la prisión gigante es un infierno para sus reclusos, sometidos a la violencia cotidiana de los guardias. “Todavía tengo pesadillas de mi visita al Cecot”, afirma un funcionario extranjero citado por Financial Times. El país está lleno de prisiones menos impresionantes, pero construidas según el mismo modelo.

Para Bukele, esta política de represión ha dado un dividendo político evidente. En su país es el jefe de Estado más popular del mundo. Los salvadoreños, que vivían con el miedo constante a la violencia de las bandas, han recuperado la calma en las calles y están agradecidos a su presidente.

Pero esta situación no durará siempre. La política ultrarrepresiva tiene algunas desventajas. Detener bajo condiciones severas al 1,7 % de la población es costoso en infraestructura y personal. En un momento en que hay que apretarse el cinturón, el gobierno tendrá que tomar decisiones.

Además, a medida que la población se acostumbre a la vuelta a la calma, exigirá más, especialmente avances económicos, pero también el derecho a poder impugnar ciertas decisiones. Bukele se encuentra, por tanto, en una cuerda floja permanente, y esa es la razón por la que compensa su incapacidad para proporcionar un futuro económico con sueños absurdos, de bitcoins antes, de oro ahora.

Para conseguir dinero, el presidente salvadoreño ha decidido convertir su política ultrarrepresiva en una actividad económica en sí misma, un negocio. Propone subcontratar con los Estados Unidos de Trump parte de su política de seguridad, a cambio de una tasa. Bukele lo ha dejado claro: “No será gran cosa para Estados Unidos, pero será muy importante para El Salvador”. Cada millardo de dólares es vital para el país.

Lo que propone el presidente salvadoreño es pues que su país se especialice en la exportación de servicios de detención para delincuentes peligrosos. La política de represión se convertiría así en un lugar en el reparto internacional del trabajo. Esto le permitiría a Bukele perpetuar su política de seguridad para asegurar su poder en el país. Al mismo tiempo, recuperaría fondos para financiar la política clientelar que ha puesto en marcha: en enero pagó las facturas de agua y electricidad de las familias salvadoreñas para suavizar los anuncios de los próximos recortes presupuestarios.

El presidente puede incluso esperar que, si la experiencia es concluyente, otros países cercanos a la extrema derecha internacional recurran a sus servicios. Pensamos en el argentino Javier Milei o en el ecuatoriano Daniel Noboa, gran admirador de Bukele, y también víctima de la violencia de las bandas mafiosas. Lo que el salvadoreño busca aquí es un lugar en la nueva organización reaccionaria libertaria que se está formando desde Washington.

La propuesta también es una forma de llamar la atención de Trump con una ambición inmediata: que los salvadoreños de Estados Unidos se salven, en un primer momento, de las expulsiones. Por ahora, funciona. A pesar de la vuelta a la calma en el país, los conciudadanos de Bukele han visto cómo su “estatus de protección temporal” se mantiene hasta septiembre de 2026. Se trata de un régimen que impide las expulsiones debido a la situación interna de los países de origen que Trump amenaza con suprimir, por ejemplo, para los venezolanos.

En resumen, Bukele intenta presentarse como un perfecto vasallo de Washington. Pretende beneficiarse de una total sumisión a los Estados Unidos y de un apoyo activo a sus políticas. Para él, es la única manera de mantener un régimen que puede hundirse por sus errores económicos. Pero corre el riesgo de convertir este país en un destino para fanáticos de las criptomonedas, en lugar de en una prisión gigante.

Traducción de Miguel López

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha comenzado la etapa inicial de la investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA, tras la denuncia presentada contra el presidente argentino Javier Milei, quien promocionó la moneda antes del desplome de su valor, y otros posibles involucrados, confirmaron a EFE fuentes con acceso a la causa.

La denuncia, presentada el pasado lunes por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, también apuntó contra el estadounidense Hayden Mark Davis, el empresario singapurense Julian Peh y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La empresa de Davis, Kelsier Ventures, y la de Peh, Kip Protocol, fueron apuntadas como las impulsoras y ejecutoras del lanzamiento de $LIBRA, mientras que Novelli y Terrones Godoy habría sido los intermediarios entre Milei y estos empresarios extranjeros. La recolección y análisis inicial de datos, primera instancia de la investigación, quedó a cargo de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dedicada a la lucha contra delitos económicos y financieros sofisticados.

La firma denunciante también notificó sobre el caso a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), que el pasado viernes anunció la creación de la Unidad de Tecnologías Ciber y Emergentes con el fin específico de perseguir “a aquellos que buscan tergiversar la innovación para perjudicar a los inversores y disminuyen la confianza en las nuevas tecnologías”, en reemplazo de la antigua Unidad Ciber y de Activos Criptos.

La Justicia argentina, por su parte, también dio comienzo a una investigación formal a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano. El pasado viernes, Taiano dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación y busca establecer las circunstancias que rodearon la creación y el lanzamiento de $LIBRA, así como el rol de los supuestos implicados ya mencionados y del argentino Sergio Daniel Morales, quien no figura en la denuncia presentada en Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce qué papel cumplió Morales.

El Gobierno argentino vive desde el pasado viernes una de sus mayores crisis políticas desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, tras una publicación del mandatario en apoyo al lanzamiento de la $LIBRA, que según él financiaría emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina. La divisa se disparó e infló su precio hasta que los inversores mayoritarios retiraron con ganancias millonarias. Esto generó el colapso de su valor y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación. El mandatario dijo haber obrado "de buena fe", enfatizó que difundió la criptomoneda pero no la promocionó y se negó a asumir responsabilidad por los damnificados.

El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA desencadenó una crisis sin precedentes para el Gobierno de Javier Milei en Argentina y, según analistas consultados por EFE, el impacto político podría agravarse a medida que avancen las investigaciones y se sumen nuevas revelaciones sobre la operatoria y sobre el rol de los implicados.

El 14 de febrero el presidente realizó una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina” y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse tres horas después. 

Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje, que fue fijado en el perfil del mandatario antes de ser eliminado horas después y seguido por otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar familiarizado con sus detalles.

El mandatario ya recibió múltiples denuncias por el caso, tanto en Argentina como en Estados Unidos, mientras diputados opositores intentar avanzar con un proceso de juicio político. 

La Justicia ya ha comenzado a investigar la operatoria y, según información recogida por la prensa local, el fiscal designado ha involucrado a una unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia y está investigando a Milei y al resto de los involucrados por hechos que podrían encuadrarse en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

"Un solo tweet publicado a los tres minutos del cierre de los mercados fue suficiente para desatar una crisis política sin precedentes y cuya profundidad aún es difícil de dimensionar", explicó a EFE Paola Zuban, directora de investigación de la consultora Zuban Córdoba y Asociados. 

Si bien, según una encuesta difundida el miércoles por la consultora Giacobbe & Asociados, la imagen positiva del presidente apenas se modificó tras el ‘criptofiasco’ (cayó de un 50,1 % a un 49,6 %), su imagen negativa aumentó considerablemente (de 36,2 % a un 46,6 %).

El sondeo reveló además que un 13,7 % del total de los encuestados dejó de apoyar a Milei tras el escándalo de la última semana y que un 40,3 % cree que el mandatario ultraderechista debe enfrentar un juicio político.

"El impacto político es muy grande", señaló a EFE Esteban Regueira, analista de Clivajes Consultores, que no obstante destacó que aún es demasiado pronto para dimensionar el fenómeno, que “todavía no ha terminado de escalar”. 

El lunes, tres días después del inicio de la crisis, el mandatario brindó una entrevista al canal TN en la que dijo haber obrado "de buena fe" y enfatizó que no promocionó el proyecto sino que lo difundió.

Minutos después de la emisión de la entrevista, se viralizó un fragmento que había sido recortado y en el que un asesor interrumpe la conversación, dice algo a Milei al oído y le pide al periodista que continúe con otra pregunta.

Según un sondeo publicado el miércoles por Zuban Córdoba y Asociados, dos de cada tres encuestados creen que el caso $LIBRA resulta la mayor crisis desde la llegada de Milei al Gobierno en diciembre de 2023, mientras que un 83 % considera que el presidente “debería actuar como presidente del país y no como influencer”.

Pese a estos repercusiones iniciales, el electorado estable de Milei “lo sigue acompañando” de cara a las elecciones legislativas previstas para octubre de este año, afirmó la investigadora y analista de opinión Shila Vilker.

Regueira, por su parte, considera que “la parte más endeble de la base de apoyo” y enfatiza el impacto que podría tener un juicio político en caso de concretarse.

“A medida que pasan los días y se va descubriendo más sobre la operatoria aparecen más situaciones que podrían justificar un juicio político”, agregó Regueira, que destacó especialmente las denuncias publicadas en la prensa nacional e internacional sobre presuntos sobornos pagados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, por parte de uno de los impulsores de $LIBRA. 

“Lo que tiene a favor todavía este Gobierno es que la oposición se encuentra fragmentada, el peronismo no tiene candidato, y con el (partido derechista) PRO tiene una alianza que todavía se muestra en pie”, añadió el analista.

En ese sentido, Vilker aportó que “con repercusiones judiciales y mediáticas en desarrollo, parece ser un tema difícil de encapsular en un año electoral”.

Las pérdidas por el criptofiasco de $LIBRA, cuyo valor se disparó el pasado viernes después de que el presidente argentino, Javier Milei, difundiera su lanzamiento, y después se desplomó, ascienden a 251 millones de dólares —unos 240 millones de euros al cambio—, de acuerdo a datos publicados por la consultora Nansen y recogidos por EFE.

Según la firma, especializada en análisis del sector las criptomonedas, el 86% de los inversores que compraron $LIBRA perdió dinero, mientras el resto logró obtener ganancias por 180 millones de dólares.

El viernes pasado, Milei difundió a través de redes sociales, donde tiene millones de seguidores, el lanzamiento de la criptomomeda, tras lo cual se dispararon las ventas y su valor. Según Nansen, la valoración de $LIBRA llegó a los 4.500 millones de dólares. Pero poco después, un puñado de inversores se desprendió de sus tenencias a alto precio, tras lo cual el valor del activo se desplomó y Milei borró su mensaje inicial.

De acuerdo a Nansen, el precio del activo llegó a un máximo de 4,55 dólares por unidad una hora después de su creación, "para luego caer inmediatamente". "Milei eliminó silenciosamente su tuit de respaldo a medida que aumentaba la reacción (solo mucho después de que el precio ya se había desplomado un 80 % desde su punto máximo), y luego afirmó que no estaba familiarizado con los detalles del proyecto", indicó la firma.

El caso derivó en un escándalo político en Argentina, con derivaciones judiciales porque más de un centenar de damnificados ha presentado denuncias en los tribunales.

Un polémico mensaje publicado en redes sociales por el presidente de Argentina, Javier Milei, dando su apoyo al lanzamiento de una criptomoneda cuyo valor finalmente se desplomó, ha desatado un escándalo en el país suramericano que sacude a la política, incluye un centenar de denuncias judiciales y golpea a los mercados.

Éstas son las claves para comprender el caso:

El 14 de febrero, Milei publicó en su cuenta en la red X -donde tiene 3,8 millones de seguidores- un mensaje en el que dio difusión al proyecto Viva la Libertad Project, con eje en la comercialización de la criptomoneda $LIBRA y orientado, según el jefe de Estado, a financiar inversiones en Argentina.

De inmediato, el valor del criptoactivo se disparó. Pero, más tarde, un puñado de inversores que acaparaba la mayor parte del activo vendió sus tenencias a altos valores y luego se desplomó el precio. Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje inicial de apoyo del presidente de Argentina, uno de los países con mayor adopción de criptomonedas del mundo.

Pocas horas después, Milei borró su mensaje inicial y publicó otro retirando su apoyo al proyecto, con el que aseguró no tener vinculación ni estar informado de sus detalles.

El proyecto tiene como nombre la consigna política más usada por el economista de ultraderecha y el criptoactivo lleva por nombre el signo zodiacal de Milei, quien en 2021 también apoyó en redes sociales una plataforma de inversiones, CoinX, que terminó denunciada.

El caso desató un escándalo en el mundo de las inversiones cripto y en la arena política. Un día después del polémico mensaje, el Gobierno emitió un comunicado en el que afirmó que el proyecto había sido desarrollado por la empresa KIP Protocol, con cuyos representantes, a los que identificó como Mauricio Novellli y el singapurense Julian Peh, Milei se reunió el 19 de octubre de 2024.

Según el comunicado, los representantes de KIP Protocol presentaron como su socio y proveedor de la tecnología en este proyecto al estadounidense Hayden Mark Davis, titular de la firma Kelsier Ventures, con quien Milei se reunió el pasado 30 de enero y con el que el Gobierno argentino asegura no tener vinculación.

Milei dio intervención a la Oficina Anticorrupción para que determine si existió una "conducta impropia" por parte de algún miembro del Ejecutivo y creó una Unidad de Tareas de Investigación para investigar a $LIBRA y KIP Protocol.

Este lunes, KIP Protocol aseveró que esta empresa no inició el proyecto ni lanzó el toquen, sino Kelsier Ventures, aunque reconoció que Julian Peh se reunió con Milei en octubre, pero no para hablar de $LIBRA, y aclaró que Novelli era el organizador del foro de negocios en el marco del cual se produjo el encuentro.

Por su parte, Davis se definió en redes sociales como "asesor" de Milei, dijo mantener comunicación con el mandatario, afirmó que quizás el presidente "entró en pánico por la presión política" y aseguró que está dispuesto a inyectar unos 100 millones de dólares en $LIBRA para devolver liquidez al activo.

La oposición política en Argentina cuestionó severamente la actuación de Milei. Sectores de la izquierda y del frente peronista Unión por la Patria planean impulsar en el Congreso una petición de juicio político al jefe de Estado, mientras que bloques opositores pero con diálogo con el oficialismo apoyan la idea de crear una comisión investigadora en el Parlamento.

A nivel judicial, más de un centenar de damnificados han presentado denuncias ante la Justicia argentina. Además, un estudio de abogados presentó una denuncia en los Estados Unidos que involucra a Milei, Davis, Peh y Novelli.

El escándalo ha tenido un impacto muy negativo en los mercados, donde este lunes se hundieron tanto las acciones de empresas argentinas como de los bonos soberanos del país suramericano, en una adversa reacción inicial de los inversores. También se registró una cierta depreciación del peso argentino respecto al dólar estadounidense en los mercados cambiarios alternativos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que difundió pero no promocionó la criptomoneda $LIBRA y se negó a asumir responsabilidades por los damnificados ante el súbito desplome de ese activo, a los que calificó como "operadores de volatilidad" y comparó con jugadores de un casino. "Yo no tengo nada que ocultar. (...) Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo en una entrevista con el canal TN, recogida por EFE.

Milei insistió en que no cometió un error al publicar el pasado viernes en su cuenta en la red X -donde tiene 3,8 millones de seguidores- un mensaje en el que dio difusión al proyecto Viva la Libertad Project, cuyo eje era la comercialización de la criptomoneda $LIBRA.Pese a que el sábado pasado el Gobierno afirmó en un comunicado que el proyecto fue desarrollado por la empresa KIP Protocol, liderada por el singapurense Julian Peh, el presidente argentino dijo este lunes que la idea le fue presentada por el estadounidense Hayden Mark Davis, titular de la firma Kelsier Ventures.

Según Milei, Davis le propuso armar una estructura que financiara a emprendedores que no tienen acceso a financiación, lo que le pareció una "herramienta interesante" y, por eso, le dio "difusión". Tras el mensaje de Milei en X, el valor del criptoactivo se disparó. Pero luego, un puñado de inversores que acaparaba la mayor parte del activo vendió sus tenencias a altos valores y se desplomó el precio.

Milei explicó, en una esperada entrevista a TN por su coincidencia con el escándalo desatado este fin de semana a raíz del 'criptofiasco', que, al ver los comentarios negativos en las redes, decidió "ante la duda" borrar su mensaje inicial. El mandatario también negó que sean 44.000 las personas que compraron $LIBRA y agregó que "en el mejor de los casos" son "nada más" que 5.000 personas con "chances muy remotas de que sean argentinos".

A estos compradores los calificó de inversores "muy especializados", "operadores de volatilidad", que ingresaron al negocio de manera voluntaria y que "sabían muy bien" el riesgo que estaban asumiendo. "Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol", aseveró para justificar este tipo de operaciones especulativas.

Milei insistió en que obró "de buena fe", insistió en que no cometió "ningún error" y que, en todo caso, aprendió la lección de que debe poner "filtros" y "levantar murallas" para que no pueda acercarse a él cualquier persona. "Me dieron un cachetazo", aseveró, al agregar hablando de sí mismo en tercera persona: "Milei no se llevó un mango (dinero) de todo esto".

También detalló que llegó a Davis a través de Mauricio Novellli, quien en octubre pasado organizó un foro de inversiones tecnológicas y al que conoce "desde hace tiempo".

Consultado sobre si Davis cometió una estafa, Milei se limitó a decir que eso será determinado por la Justicia, donde ya se han presentado más de un centenar de denuncias por este caso. Milei cuestionó a la oposición, dijo que están nerviosos, pero la realidad es que un grupo de legisladores ha impulsado la celebración de un juicio político contra él y otros piden crear una comisión investigadora en el Parlamento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este lunes en su red Truth Social una imagen de Milei, uno de sus principales aliados, quien se en plena polémica por la criptomoneda que se desplomó poco después. El líder republicano publicó una fotografía junto a una frase atribuida al político libertario que afirma: “Si imprimir dinero acabara con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez”.

Milei es uno de los líderes más afines de Trump y ambos participarán en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se celebrará en Washington entre el 19 y el 22 de febrero. Respecto a la fotografía, Trump no agregó ningún comentario a esa publicación.