El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contará en 2026 con un respaldo económico de 11,9 millones de euros adicionales, que serán destinados a medidas específicas de atención y prevención, además de otras 13 iniciativas, que se sumarán a las 461 que contempla el acuerdo.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno contra Violencia de Género (DGVG), Carmen Martínez Perza, en el Congreso en la comisión de seguimiento y evaluación del pacto de Estado en esta materia, para informar de la ejecución del mismo, que fue renovado el pasado 26 de febrero de 2025. Dicho pacto contempla 461 medidas en total, de las que son responsables, además de Igualdad, otros ministerios, administraciones e instituciones, y contó en 2025 con 82 millones destinados a medidas directas, además de 160 millones transferidos a comunidades autónomas y 40 millones más para entidades locales.

Estos recursos han garantizado la continuidad de servicios esenciales como los centros de crisis 24 horas, el servicio telefónico 016, Atenpro o Cometa, según ha precisado la delegada. De las 461 iniciativas que contempla el pacto, ya se han aplicado 251, lo que representa el 51% de su ejecución global por parte del Gobierno, según ha detallado Martínez Perza.

En el caso de las iniciativas que son competencia del Ministerio de Igualdad, se han puesto en marcha 113 medidas de las 211, lo que supone el 54% de ejecución de las iniciativas, con avances en violencia vicaria, trata, violencia sexual, servicios esenciales, y acreditaciones administrativas. En concreto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene encomendadas 159 medidas propias y más de 21 compartidas con el Instituto de las Mujeres (IM). De ellas, en 2025 se activaron 90 de las propias y 8 de las compartidas. Por su parte, el Instituto de las Mujeres ha avanzado en 3 de sus 9 medidas exclusivas y 2 compartidas, mientras que en el ámbito general del ministerio, se han ejecutado 12 de las 22 medidas que están bajo su paraguas.

En cuanto al resto de ministerios, ha destacado algunas medidas como la mejora en la protección de menores en entornos digitales y la adecuación de sedes judiciales impulsadas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; o actuaciones centradas en el asilo, la actualización de VioGén y la protección internacional de las víctimas del Ministerio del Interior.

La delegada ha precisado que la activación de las medidas varía según su complejidad, ya que algunas "son inmediatas", como campañas, formaciones o ajustes de protocolos, mientras que otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación. Además, ha subrayado "el impulso normativo realizado", como en la lucha contra la violencia vicaria o la ley integral de trata, que está prevista elevar al Congreso en los próximos meses.

En su intervención, la delegada ha enumerado otros avances que ya se han producido, como el sistema de acreditación de las víctimas, las mejoras en los sistemas de protección, o los ajustes en los criterios para garantizar coherencia legal y seguridad jurídica en las subvenciones estatales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata, entre otros.

María Paloma desapareció el 17 de enero de 2026. Fue en Colungo, un pequeño pueblo de Huesca de menos de 150 habitantes. Su cuerpo apareció al día siguiente en el barranco de Las Palomeras en lo que fue interpretado por las autoridades como un posible suicidio. Sin embargo, tras más valoraciones, descartaron la teoría y tres hombres fueron detenidos. Entre ellos Juan Julián, su pareja. Este pasado 16 de marzo de 2026, se decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género. No había denuncias previas. Tampoco las había en el caso de las 16 mujeres que fueron asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Ya sea por miedo, falta de recursos o de dependencia económica, por vergüenza o porque los hombres “son así”, las 16 mujeres asesinadas no habían hablado. O al menos, no a las instituciones. Ya en 2020, FADEMUR realizó junto con el Ministerio de Igualdad un estudio que revelaba que las mujeres que viven en entornos rurales suelen permanecer en relaciones de maltrato durante veinte años antes de poner fin a la situación. 

Este silencio se debe, en su mayor parte, a la propia configuración del medio. Ese “en los pueblos nos conocemos todos” se alza como la mayor barrera entre la víctima y la ayuda. “Las relaciones laborales, familiares y sociales están mucho más entremezcladas y eso hace que haya mucha más vergüenza y miedo a denunciar”, asegura Fátima Cruz, profesora de Psicología de la Universidad de Valladolid y directora del Máster de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad de la UMA. El estigma y la vergüenza están ahí, pero no son lo único. 

La propia protección por parte de las instituciones tampoco está garantizada ni mucho menos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reveló el pasado 23 de febrero que, en muchas ocasiones, los sistemas de protección no llegan y que, en lugares donde hay una cobertura deficiente, no pueden garantizar un control efectivo del agresor o de la víctima a través de las pulseras telemáticas antimaltratadores. 

El Ministerio cambió en enero las pulseras por tobilleras electrónicas. Con los nuevos dispositivos, aunque no siempre se garantiza, parecen estar teniendo menos problemas, al ser menos manipulables. Aun así, todavía queda mucho para conseguir proteger completamente a las mujeres en estos espacios. 

Desde FADEMUR denuncian que, al ser espacios pequeños, la distancia entre víctima y agresor también lo es. Por eso, los dispositivos, si funcionan, no paran de saltar. “El primer día que salta, la Guardia Civil actúa, pero cuando ya identifican que el agresor pasa todos los días por ahí por el trabajo, por ejemplo, se relajan”, apunta Marta Torres, responsable del programa de Violencia de Género de FADEMUR. 

A esto se le suman otros factores en los que la Administración también falla. La falta de servicios provoca que en muchas ocasiones no haya una comisaría de Policía cerca o que, por el miedo, necesiten ir a una alejada pero no encuentren un servicio de transporte con el que ir, según recoge FADEMUR. 

“En el medio rural hay un movimiento feminista con mujeres y hombres luchando, construyendo la igualdad, pero todavía estamos muy lejos de lo ideal. Necesitamos más servicios, más apoyo y, sobre todo, más formación y sensibilización”, reitera Cruz. 

Cuando la administración no llega, las mujeres corren el riesgo de quedarse solas y dependientes de sus maridos. Uno de los motivos principales que impiden a las mujeres alzar la voz es precisamente esta falta de independencia. “En las zonas rurales, se conjugan una serie de elementos estructurales que hacen que la mujer se encuentre en una posición de mayor dependencia económica y precariedad, como una menor tasa de actividad laboral, más empleo a jornada parcial y salarios más precarios”, expone María Jesús Rivera, socióloga en la Universidad Pública de Navarra. 

Datos del Ministerio de Agricultura lo acreditan. En el año 2021, los hombres en el campo tenían una tasa de actividad laboral del 86,5% mientras que la de las mujeres era de tan solo un 69%. También, aunque tengan un trabajo, persisten las desigualdades. Según un estudio más reciente del ministerio, las mujeres cobran un 3,2% menos que los hombres en contratos de jornada completa y en los temporales un 7,6%. Además, el trabajo parcial alcanza el 19% en los casos en los que ellas asumen (como casi siempre) los cuidados. Solo un 3% de los hombres en el campo siguen esa opción.

Incluso, a veces, el propio empleo puede suponer un problema. En el campo, el trabajo cobra un perfil más familiar y cercano. “La dependencia económica del núcleo familiar no se da solo con las amas de casa, sino incluso con las mujeres profesionales, ya que muchas trabajan en una empresa que tiene vínculos con la familia”, apunta Cruz. La traducción es clara: las mujeres se ven obligadas a trabajar –y depender– de sus agresores.

“Muchas mujeres trabajan en explotaciones agrarias con sus parejas o con sus maridos”, acredita también Torres. Aun así, no siempre consiguen tener los mismos derechos que sus parejas. “La mayor parte de ellas ni siquiera son titulares de las mismas. Si tú eres titular también de tu explotación, tienes un derecho sobre esa explotación. Muchas mujeres trabajan y no tienen ningún reconocimiento de derechos y ni siquiera un reconocimiento de propiedad”, añade. 

La dependencia económica vértebra es uno de los factores que condiciona poder escapar de una situación de maltrato. El Proyecto Europeo ECOVIO Economic violence: opening pathways to guarantee women and children’s fundamental rights (2020-2021) coordinado por la Universidad de Extremadura identifica el abuso económico de género como un “control sobre el acceso de la mujer a los recursos económicos, limitando su capacidad de mantenerse a ella misma y a sus hijos e hijas, condicionando su estilo de vida generando una dependencia financiera hacia el agresor, y reduciendo sus posibilidades de escapar del ciclo de abuso”. Es un callejón sin salida y todavía no es delito. 

“La frase de ‘¿a dónde voy a ir yo?’ la escuchamos permanentemente. Estas mujeres se dedican a sus labores, al cuidado de la vida, al cuidado de personas dependientes, pero sus oportunidades laborales escasean. Si a una mujer le das una alternativa económica real, quizá se plantee otras cosas. Pero si el sistema es incapaz de poner una aunque denuncies, esa denuncia no tiene dónde ir”, zanja Torres.

El Ministerio de Igualdad ha impuesto a la empresa responsable del servicio de las pulseras antimaltrato, una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Vodafone y Securitas, una multa de 25.285 euros por las incidencias detectadas en el sistema del pasado 11 de noviembre de 2025 por una caída del servidor.

La decisión se ha tomado, según han informado fuentes de Igualdad, tras la investigación derivada de la apertura de un expediente por las incidencias detectadas en el sistema, denominado Cometa, entre las cuatro de la mañana y las cinco de la tarde del 11 de noviembre. En ese momento, la empresa adjudicataria del servicio era una UTE formada por Vodafone y Securitas y se registró una incidencia técnica por la caída del servidor durante 12 horas.

Eso produjo retrasos en la recepción de la información de las geolocalizaciones de víctimas y agresores en los otros tres servidores, por lo que se activó el plan de contingencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que las víctimas no estuvieran en riesgo, según informó Igualdad pocos días después.

Esta incidencia se conocía tras la agitada polémica por anteriores fallos de las pulseras antimaltrato, que habían afectado —entre otras cuestiones— a la geolocalización de las víctimas o sus agresores. "Ninguna tecnología es infalible. Pero desde el Ministerio de Igualdad insistimos en que el sistema funciona con normalidad, gracias también a la implicación de la empresa en la prestación del mejor servicio posible", ha aseverado el departamento dirigido por Ana Redondo, según el cual, la sanción se hará efectiva mediante la deducción de cantidades.

El Ministerio de Igualdad envía este lunes al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una serie de recomendaciones para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género, como aumentar la distancia de alejamiento de los agresores con pulseras, después de los diez asesinatos de este año, en los que en seis casos había denuncias previas, según recoge EFE.

Fuentes de Igualdad han explicado a EFE, que las recomendaciones se centran en mejorar algunas cuestiones que dificultan la efectividad de los dispositivos Cometa. En concreto, ante el mal uso de los dispositivos por parte de los inculpados así como los incumplimientos de las obligaciones que conlleva esta medida judicial, Igualdad plantea "una respuesta firme", como la de incoar procedimiento por quebrantamiento de condena, lo que no siempre se hace, y exigir responsabilidad por los daños causados.

Otra de las cuestiones que propone el ministerio de Ana Redondo, es cambiar la distancia de prohibición de aproximación a la víctima cuando es inferior a 350 metros, la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema. El Gobierno considera que a menos distancia la capacidad de reacción es muy complicada porque las Fuerzas de Seguridad no pueden llegar a tiempo de evitar agresiones.

Además, en las misivas que remite este lunes a jueces y fiscales, alerta de que el sistema se tensiona con continuas alarmas que llegan a la víctima y a la policía en los casos en los que el domicilio del inculpado se encuentra dentro del área fija de exclusión establecida judicialmente, es decir, cuando se encuentra dentro del área prohibida de la distancia acordada alrededor del domicilio de la víctima o de su lugar de trabajo. 

Otros de los puntos que Igualdad considera que debe ser modificado se refiere a las situaciones en las que el nivel de cobertura es deficiente en las zonas donde residen o se encuentran habitualmente agresor o víctima. Si no hay cobertura no se puede garantizar la monitorización en todo momento de las posiciones de agresor o víctima, lo que es esencial para el funcionamiento del sistema, recuerda el departamento de Redondo.

Los asesinatos de Ana María, María José y Petronila en una semana negra para la violencia de género -en la que también han asesinado a dos menores- elevan a diez los crímenes machistas en lo que va de año. En seis de los casos constaban denuncias previas.

El último de ellos, pendiente de confirmación oficial, se produjo el pasado viernes en Sarriguren, en la localidad navarra del Valle Egüés, donde la policía detuvo a un hombre acusado de asesinar a su mujer de 29 años con un arma blanca y de herir de gravedad a su madre, suegra de la víctima. 

En caso de confirmarse como violencia machista este último caso, ya serían 1.353 las mujeres asesinadas a manos de sus pareja o exparejas desde 2003, año en el que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales. De las 48 víctimas mortales de la violencia machista en 2025, la cifra más baja de la serie histórica, España ha registrado uno de los peores inicios de año en 2026. En apenas un mes y medio, 6 menores han quedado huérfanos en 2026 tras los feminicidios de sus madres, cifra que se eleva a 510 desde 2013 (los mayores de edad no se incluyen en las estadísticas). 

A los nueve feminicidios, hay que añadir los dos primeros crímenes vicarios del año: el de Noemí, hija de María José, de 12 años, degollada por su padre junto a su madre el martes 17 de febrero en Xilxes (Castellón), y el de un niño de 10 años asesinado este viernes en Arona (Tenerife) por su padre, que también hirió de gravedad a la madre. La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido esta semana que a veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad y ha apostado por una mayor contundencia, una vez acordadas las medidas de alejamiento.

La brecha salarial entre hombres y mujeres es del 15,7%, el dato más bajo desde que hay registros, en 2013, pero la brecha de género es aún mucho más aguda en las pensiones ya que alcanza hasta el 30% por la desigualdad acumulada a lo largo de la vida.

"Años de precariedad, parcialidad y trabajo doméstico no reconocido", tal y como ha señalado Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, en la presentación de los datos del estudio 'La brecha retributiva entre mujeres y hombres: causas, evolución y consecuencias', elaborado por la Fundación Mujeres con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2023.

Una presentación, a la que ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha advertido de que, a pesar de estos datos, se ha producido un avance pues si echamos la vista atrás diez años, es decir en 2013, la brecha era del 23,99%.

Esta reducción invitaría a pensar que en veinte años habrá paridad salarial, pero Redondo piensa que ese decalaje de veinte años se puede reducir con políticas públicas, que "no dejen a nadie detrás" frente al "modelo hipercalista" como el de Estados Unidos, donde a "la diversidad y la agenda feminista no está encima de la mesa". Una conquista, que se tendrá que hacer, a su juicio, "a pesar de la ola reaccionaria que está invadiendo nuestro día".

La brecha ha disminuido, según señalan las gráficas del estudio. Es el valor más bajo de la serie, pero aún así las mujeres siguen cobrando 4.781 euros menos al año porque, según los datos del INE, la ganancia media anual de los hombres fue de 30.372 euros y la de las mujeres 25.591.

La reducción de la desigualdad retributiva es en todos los rangos de edad, pero con algunas particularidades: la más elevada, en el tramo de 55 a 59 años, con un 19,39%, y la más baja en el de 25 a 29 años, con un 6,91%. En ese último tramo, la desigualdad se acusa porque las mujeres escogen estudios de sectores menos valorados y remunerados, según ha precisado Julia Nogueira, técnica de la Fundación Mujeres. Entre los 25 y los 49 años, la brecha está vinculada con el ciclo vital de las mujeres en sí, es decir con las jornadas parciales y las excedencias, entre otras.

El estudio revela diferencias importantes en las retribuciones percibidas por mujeres y hombres en todas las variables analizadas, como estudios, nacionalidad, tipos de jornada, sector de actividad, ocupación, comunidad autónoma.

El motivo de las diferencias salariales entre mujeres y hombres hoy se encuentra en la segregación formativa y la posterior segregación horizontal y vertical, que las sitúan en profesiones que se encuentran en la parte más baja de las escalas retributivas y en muchos casos se vinculan con roles tradicionales.

Existe también una brecha de un 29,89% entre las personas con estudios primarios y Formación Profesional de Grado Superior. La que se da en la FP es por la infravaloración económica en el mercado de las profesiones más feminizadas, según las expertas. La brecha más reducida se da en los estudios universitarios, especialmente en las diplomaturas, con un 16,69%.

Por sectores, los administrativos y relacionados con servicios auxiliares, sanitarios y sociales tienen una brecha a destacar ya que alcanzan el 25% al menos, y es que todas la actividades más feminizadas son las que registran una mayor diferencia, excepto la educación y la administración pública.

La ley contra la violencia vicaria no se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, como preveía el Ministerio de Igualdad: el Gobierno ha decidido aplazar su aprobación para dar margen a la negociación entre los distintos ministerios, tras las reticencias mostradas por Juventud e Infancia.

Pese a la intención de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de elevar la ley al Consejo de Ministros la próxima semana, las diferencias entre los distintos departamentos gubernamentales y la decisión del Ministerio de Juventud e Infancia de descolgarse del proyecto han llevado al Ejecutivo a dar más tiempo para consensuar el texto con todas las partes, según fuentes conocedoras de la negociación.

Este jueves, el departamento de Sira Rego anunciaba que se desmarcaba del proyecto como ministerio coproponente ante la negativa de Justicia a modificar cuestiones que podrían implicar riesgos para la protección de las víctimas, como advirtieron asociaciones feministas.

Juventud e Infancia planteaba modificaciones relativas a la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes. Y lo hacía después de que la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional enviara una carta a ese ministerio, Justicia e Igualdad, en la que advertía que el texto legal, tal y como estaba planteado, podría dejar a las madres víctimas en una situación de inseguridad jurídica.

Esta coordinadora defendía en su escrito que la tipificación de la violencia vicaria no se puede hacer de "cualquier forma", expresaba su "gran preocupación ante las propuestas planteadas" y pedía que la ley no se limite a retoques superficiales o a crear figuras nuevas que entren en contradicción con el concepto de violencia vicaria, como un delito neutro de violencia vicaria sin relacionarlo con la violencia machista.

En respuesta, la posición de Juventud e Infancia fue defender que es inaceptable que el texto actual siga permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género y señalar que no queda garantizado el derecho de escucha de los menores. Ante la negativa de Justicia de modificar los aspectos citados, Juventud e Infancia decidió retirarse del proyecto como coproponente. Sin embargo, el Gobierno quiere intentar sacar adelante el texto con consenso y por eso se ha ampliado el plazo de la negociación.

Fuentes de Igualdad aseguran que "se negociará todo lo que sea necesario para sacar un buen texto". El pasado miércoles, Redondo reconocía que se trata de un "texto delicado" y precisaba que se intentaría conciliar las demandas de las víctimas con una "técnica legislativa correcta".

El Ministerio de Igualdad contará con más de 71 millones de euros hasta 2029 para un nuevo contrato de gestión del sistema telemático de seguimiento de maltratadores, conocido como Cometa, tras la finalización del contrato actual en mayo de 2026, que fue objeto de una gran polémica por los fallos que se produjeron con las pulseras de control de agresores machistas, informa EFE.

El pasado mes de septiembre, Igualdad anunció que trabajaba en la licitación del nuevo contrato para la gestión del servicio de dispositivos telemáticos de control de agresores machistas a partir de mayo de 2026, tras conocerse los problemas que hubo con las pulseras de control a principios de año y que afectaron -entre otras cuestiones- a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

Según Igualdad, el nuevo contrato iba a incluir mejoras en el ámbito rural, la actualización tecnológica y el refuerzo del personal del centro de gestión de las pulseras antimaltrato (Cometa), entre otras cuestiones.

La ministra, Ana Redondo, prometió que el nuevo contrato contaría con "dispositivos de mejor calidad" y los avances y las mejoras que estén disponibles en el mercado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para posibilitar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad este gasto, correspondiente al programa 'Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género'.

Se trata de la contratación de "un servicio para el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual. Su periodo de ejecución abarcará los ejercicios 2026 a 2029, con un precio total (IVA incluido) de 71.369.269,41 euros", según explica la referencia del Consejo de Ministros.

De esta cantidad total, "59.280.321,89 euros se destinarán al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos y los restantes 12.088.947,52 euros a la adquisición de nuevos dispositivos", prosigue.

Asimismo, 2.847.485,28 euros irán destinados a "prórrogas de contratos de prestación de servicios, actualmente en vigor, relativos, entre otros, al portal estadístico, al mantenimiento de aplicaciones y a servicios de creatividad, para los ejercicios 2026 y 2027".

El Consejo de Ministros ha autorizado este gasto ya que se superan los límites de la ley presupuestaria.

En mayo de 2026 concluye el contrato vigente, que ahora gestionan las empresas Vodafone y Securitas, las únicas que se presentaron a un concurso que tuvo una dotación de 42,6 millones de euros y una vigencia de 30 meses.

La última vez que se registró una incidencia en el sistema Cometa fue el pasado mes de noviembre, por un problema con un enrutador. En ese momento, Redondo aseguró que ninguna mujer había quedado desprotegida por el fallo técnico.

Sin embargo, la polémica se originó meses antes, cuando en septiembre la Fiscalía alertó sobre una serie de problemas en el acceso a la información necesaria para formular acusaciones por incumplimiento de las medidas de alejamiento. Además, varios trabajadores de Cometa denunciaron fallos en el GPS de los dispositivos.

Según explicó el Ministerio de Igualdad, el motivo de estas incidencias se debió a una pérdida de información en el proceso de migración de datos tras el cambio de proveedor de las pulseras.

Las dos manifestaciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres han recorrido las calles de Madrid, entre consignas, pancartas y prendas moradas, y aunque divididas, reivindican los mismos objetivos: el fin de todas las violencias machistas y combatir el negacionismo. Las marchas han ido sumando participantes —sobre todo mujeres mayores— a medida que han ido avanzandoen su recorrido por las calles de la capital, en una tarde fría.

Aunque con la denuncia común ante las violencias contra las mujeres —que en este 2025 se han cobrado 38 vidas—, los grupos convocantes se dividieron hace unos años por las discrepancias en torno a la ley Trans, la abolición de la prostitución, los efectos de la ley del 'solo sí es sí', entre otras cuestiones.

La primera de las manifestaciones, organizada por el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid, ha partido de la confluencia de las calles de Alcalá y Gran Vía con el lema 'Contra la Violencia Machista y el Negacionismo ¡Basta de Abandono Institucional!'.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acompañada de las titulares de Vivienda y Inclusión, Isabel Rodríguez y Elma Saiz, respectivamente, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y dirigentes del PSOE madrileño y de la Ejecutiva Federal del partido, han encabezado esta marcha que ha terminado en la Plaza de España. Redondo ha interpelado al PP para seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista. "Desde el Gobierno queremos grandes consensos para avanzar. Lamentablemente esos consensos se han roto estos días, como ha ocurrido en la Federación Española de Municipios y Provincias (donde no se ha llegado a una declaración conjunta) por culpa del PP. Pedimos al PP que no intente nadar y guardar la ropa. O está con el pacto de Estado o está con el negacionismo de Vox", ha declarado la ministra.

La manifestación convocada por la Comisión 8M de Madrid ha partido después desde Atocha rumbo a la plaza de Jacinto Benavente, bajo el lema 'Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal', y a ella ha acudido la líder de Podemos, Ione Belarra.

En declaraciones a la prensa, Belarra ha criticado al líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, como un "peligro para las mujeres" y ha animado a "todas a movilizarse contra la ultraderecha", pues a su juicio, el movimiento feminista es "el movimiento social más transformador de nuestro tiempo".

Representantes de Sumar han destacado también el nombramiento de la nueva fiscal general experta en violencia machista y han recordado cómo la crisis de la vivienda y de los cribados en Andalucía afectan a las mujeres. "Necesitamos medidas ya".

A primera hora de la mañana, en el Congreso de los Diputados, la presencia telemática de Nevenka Fernández ha sido protagonista en el acto el organizado y en el que ha contado el acoso sexual por parte de Ismael Fernández, alcalde de Ponferrada, que la llevó a exiliarse de España. "Nunca pensé que estaría aquí hoy. Tengo suerte de estar aquí, por todas las que no pueden hablar, por las que ya no pueden hablar", contaba la primera mujer que denunció acoso en el entorno político. En el acto institucional ha participado la presidenta de la Cámara, Francina Armengol y la magistrada experta en violencia machista Cira García.

Desde Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado los avances en la lucha contra la violencia machista en la conmemoración del 25N, aunque recuerda que sigue "entre nosotros" y en redes sociales. "España ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Pero la violencia machista sigue entre nosotros, también aquí, en las redes sociales", explica el presidente del Gobierno que acompaña su mensaje en X, junto al vídeo de la campaña La búsqueda del tesoro del Ministerio de Igualdad por este día conmemorativo, que protagoniza la actriz Ester Expósito.

El Senado ha organizado un minuto de silencio por las mujeres asesinadas, en la plaza de la Marina Española, antes del acto institucional que ha inaugurado y moderado el presidente de la Cámara Baja, Pedro Rollán.

En Barcelona, también se han convocado dos marchas. Una, organizada por la plataforma 'Novembre Feminista' (transinclusiva, 'queer' y que incluye a las feministas que defienden la regulación de la prostitución) y por otro, una concentración de Feministes de Catalunya, plataforma abolicionista y transexcluyente que defiende que el 25N nadie debería quitar el foco de las mujeres y las niñas.

En las ciudades andaluzas las convocatorias son unitarias, salvo en Sevilla, con una marcha convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla y otra por la Asamblea Feminista Unitaria.

El movimiento feminista también se ha manifestado dividido en Santiago, Pamplona, Valladolid, Logroño y Palma de Mallorca, aunque con el mismo objetivo: exigir el fin de las violencias contra las mujeres.

Se da la circunstancia de que en Valladolid, las dos marchas han partido del mismo lugar, la Plaza de Fuente Dorada, con una hora de diferencia. En Palma de Mallorca, el 25N se reivindica en dos marchas que parten de forma simultánea con origen en dos extremos de la misma plaza.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Rojo, ha lanzado en este día un mensaje de esperanza a todas las víctimas de que se puede salir "de la espiral de violencia" pidiendo ayuda al entorno cercano o denunciando ante el juzgado o las fuerzas de seguridad.

En una declaración institucional, Rojo ha apostado por aunar esfuerzos en la protección y atención a las víctimas, pero también en la prevención de la violencia machista poniendo el énfasis en la educación de los jóvenes.

La presidenta del observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial incide en que es una obligación de las instituciones restaurar la confianza de las mujeres en el sistema y devolverles la tranquilidad: "No están solas y deben denunciar. Nos compete a todos estar vigilantes ante los posibles fallos, detectarlos y resolverlos de manera eficaz y aprender de los errores para avanzar en la lucha contra esta lacra". "Educando en el respeto al otro y en valores como la igualdad, caminaremos hacia una sociedad más justa y sin violencia y, por lo tanto, hacia una sociedad más libre", concluye. 

Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia de pareja o sexual. En España, se estima que un 18,3% de las mujeres han sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual dentro de la pareja, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo hace un llamamiento a que los gobiernos tomen acciones más decididas contra la violencia que sufren las mujeres, reforzando los programas de prevención o con la creación de una red de apoyo sanitario, legal y social a las víctimas y supervivientes.

Otro año más, las feministas que quieran salir en Madrid a reivindicar sus derechos este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tendrán que elegir entre dos manifestaciones. La de la Comisión 8M partirá desde la madrileña Estación de Atocha hasta la plaza de Jacinto Benavente en una marcha que dará comienzo a las 19:00. Media hora antes, a las 18:30, partirá la convocada por el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres (Foro 25N) y el Movimiento Feminista de Madrid, desde la calle de Alcalá y Gran Vía hasta la Plaza de España. 

La división no es nueva, de hecho se lleva ya repitiendo tres años tanto en esta fecha como en el Día Internacional de las Mujeres. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Desde la Comisión 8M buscan poner el foco en la violencias que, según ellas, se “acallan” en la otra manifestación. “Queremos que nuestro espacio sea el más seguro posible, en nuestra manifestación tiene cabida cualquier persona (...) Queremos poner el foco en la violencia racista que sufren las compañeras y darles la voz a ellas”, explican desde Comisión 8M en declaraciones a infoLibre.

Para el Foro 25N y el Movimiento Feminista de Madrid el foco tiene que estar en cómo el abandono institucional y el discurso de la ultraderecha están haciendo mella en la protección de las mujeres. Precisamente su lema es Contra la violencia machista y el negacionismo: basta de abandono institucional. Aunque la Comisión 8M también recalca estas problemáticas. Preguntado por este medio, el Ministerio de Igualdad confirma que la ministra Ana Redondo acudirá a ambas marchas, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Desde la Comisión 8M insisten en que esto no es algo tan problemático. “Nuestro espacio está abierto, ellas saben que pueden venir, siempre construyendo desde lo colectivo y desde lo que nos une y no desde lo que nos separa”, razona una de las voceras de la organización. 

Desde Movimiento Feminista afirman que ellas no han cambiado y que si hay convocatorias paralelas “poco pueden hacer”. “La lucha que nosotras tenemos contra la violencia contra las mujeres es clara. Nosotras siempre hemos estado en el mismo sitio, defendiendo lo mismo, que es la agenda feminista”, confirma Lourdes Borrás, miembro del Movimiento Feminista de Madrid. 

La división puede ser motivo de desafección, tanto es así que la participación en las manifestaciones del 8M ha bajado en los últimos años. En la convocatoria de Comisión 8M, Delegación de Gobierno estimó que habían asistido unas 25.000 personas, 5.000 menos que el año anterior.

Más allá de las diferencias, también hay puntos en común. Ambas convocatorias denuncian que el abandono institucional está haciendo que se perpetúen las violencias machistas. “La violencia es algo estructural, que está intrínseco con el sistema capitalista ya que actúa a través de las instituciones”, señala una de las voceras de la Comisión 8M. Este año hemos podido ver varios ejemplos. En Andalucía, los fallos en los cribados de cáncer de mama dejaban a casi 2.000 mujeres sin un diagnóstico después de someterse a las pruebas. La asociación AMAMA ha advertido que sospechan que las víctimas podrían superar las 20.000 y ya han vinculado la muerte de tres mujeres con estos fallos. 

En Madrid, los presupuestos autonómicos dirigidos a luchar contra la violencia de género y a promover la igualdad han sufrido recortes. “Esto también es violencia. El desmantelamiento de los espacios de igualdad, que tienen una labor imprescindible en prevención y detección de casos de violencia de género en los barrios, está haciendo que se desproteja a las trabajadoras del ámbito de los cuidados”, afirman desde Comisión 8M. “No se está invirtiendo el dinero del Pacto de Estado en las políticas que nosotras consideramos que deberían ser prioritarias. Otro problema son los recortes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se está invirtiendo el presupuesto necesario y eso a las mujeres nos cuesta la vida”, añade Lourdes Borrás. 

A finales del pasado verano se conoció que las pulseras de control a maltratadores estaban teniendo fallos. Los fiscales informaron entonces de que tenían problemas a la hora de acceder a información previa a marzo de 2024, lo que podía “provocar una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”, indicaban en su memoria anual. Desde el Movimiento Feminista de Madrid señalan directamente al Ministerio de Igualdad por esto, en algo que consideran “fallos graves del Estado”. Por ello, “exigen responsabilidades y la máxima diligencia”. “Se necesitan políticas que vayan a la raíz de la violencia, que es la desigualdad entre mujeres y hombres”, resume Borrás. 

En Andalucía, también habrá manifestaciones separadas en Sevilla, una partirá desde la plaza María Auxiliadora a las 19:00 y la otra, media hora más tarde, a las 19:30 desde Plaza Nueva. En Barcelona habrá una única manifestación, que partirá a las 18.30 de la Plaza Universidad. Misma situación en Málaga, con una única marcha a las 19:30, que partirá desde la Plaza de la Merced. En Galicia están convocadas manifestaciones a las 20:00 en A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense y Vigo. En Euskadi, todas las manifestaciones de las grandes ciudades comenzarán a las 19:00. A esa misma hora están convocadas las manifestaciones en Avilés, València, Castelló, Segovia o Valladolid.

Mientras tanto, las cifras siguen en aumento. En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja y ya suman 1.333 desde que comenzó el registro en 2003. A su vez, en 2024 se registraron 1.457 delitos de violencia sexual, cifra que, antes de acabar el año, ya estamos superando. En lo que va de 2025 se han registrado 1.582 delitos de violencia sexual, según un informe de Comisiones Obreras. En feminicidios la cifra ha subido hasta las 87 víctimas desde 2022, cuando comenzó el registro. 

Desde la derecha, se usa esta violencia como una forma de legitimar sus políticas. Así lo denuncian desde Comisión 8M. Lo fácil es vincular las violencias con las personas migrantes, explican, para así evitar asumir que el problema es estructural. “El sistema es violento hacia cualquier persona que se salga de la norma, lo que perpetúa esas diferencias también de clase y de raza. Se están utilizando los incrementos en denuncias, o que haya más foco público sobre las agresiones, para sostener un discurso de odio”, razonan. 

“El negacionismo de la ultraderecha que se ha colado en las instituciones para negar la propia existencia de la violencia machista y para minimizar los datos, cosa que nos parece que pone en riesgo la vida de las mujeres”, zanja Lourdes Borrás. 

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, es consciente de que existen discrepancias en el feminismo y en la política, pero considera que hay que reforzar la unidad porque la "ola reaccionaria" pone en juego la igualdad y la democracia y es urgente ganar esa batalla, para la que dice estar preparada.

"Me siento envalentonada, me siento poderosa, me siento reforzada porque creo que la lucha es muy potente, pero vamos a ganarla. (...) La cuestión superior es poner freno al reaccionarismo, la democracia está en juego, la igualdad está en juego, los derechos de las mujeres están en juego", asevera en un encuentro con medios de comunicación.

Ante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Redondo reconoce que existen dificultades y discrepancias en el seno del movimiento feminista, también en la política, y está de acuerdo en que hay que revisar y hacer autocrítica ante el avance del machismo y del reaccionarismo, pero cree que lo prioritario es unirse ante ideologías que quieren "transformar la democracia en autoritarismos".

"Tenemos una responsabilidad histórica", insiste, "es el momento de la unidad y de ampliar los consensos".

Consensos por los que tendrá que trabajar para sacar adelante la cartera de leyes que prepara su ministerio, que van desde el proyecto contra la violencia vicaria a la ley integral contra la trata.

Las negociaciones más complicadas se prevén, sin embargo, en la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto y en su nuevo intento de abolicionismo de la prostitución, para lo que necesitará al Partido Popular.

Redondo sabe que sus socios de coalición no ven con buenos ojos la ley contra el proxenetismo, que ya se ha caído dos veces en el Congreso. Este será el tercer intento.

"Es una dificultad que no podemos obviar, (...) pero espero remover esos obstáculos que impiden una amplia mayoría", insiste.

"Estoy dispuesta a hacer mucha pedadogía y a negociar incansablemente" con todas las fuerzas políticas, avanza. Preguntada por la posibilidad de sacarla adelante junto al PP, contesta que "los grandes consensos son los que permiten que las leyes que transforman la sociedad sean eficaces en el tiempo".

El texto que elabora Igualdad propondrá un "tratamiento penal más duro" del proxenetismo, castigará la tercería locativa (el lucro por el alquiler de espacios para prostitución), pondrá el foco en los consumidores de prostitución porque deben "asumir su responsabilidad en la explotación y en la esclavitud de las mujeres" e incluirá herramientas para que los varones sean conscientes de la "desigualdad radical" que se da en la prostitución.

Además, se intentará atajar la prostitución en redes sociales y plataformas como Onlyfans, que generan "miles de millones a nivel global con el sufrimiento y la esclavitud de mujeres que muchas veces se inician a través de las redes de una forma inconsciente". La ministra defiende que no cree que una mujer que tenga alternativas de vida elija la prostitución como opción.

Asegura Redondo que el primer paso hacia la abolición de la prostitución llegará con la "muy compleja" ley integral contra la trata, que promete que dará alternativas laborales y económicas a las víctimas.

Aún se está ultimando en el seno del Gobierno, siendo las cuestiones derivadas de la vertiente internacional de la trata las que "están llevando más tiempo". Preguntada si se refiere a que habría que modificar la ley de extranjería, contesta con un "por ejemplo".

Con respecto a la ley contra la violencia vicaria, Redondo pronostica que llegará en segunda vuelta al Consejo de Ministros a comienzos de 2026, en enero o febrero, y se muestra optimista con que a lo largo del próximo año podría ser definitivamente aprobada por las Cortes.

Más complicado será sacar adelante una ley contra la violencia económica, la última que tiene en cartera el Ministerio.

Redondo explica que la violencia de género está intrínsecamente relacionada con la autonomía económica de las mujeres y resalta que casi el 70 % de las víctimas de feminicidio presentaba dependencia económica de su agresor.

Por tanto, hay que ofrecer alternativas económicas a las mujeres, laborales y de vivienda, pero es consciente de que este proyecto "encontrará dificultades con otros ministerios": "Nos va a costar", admite.

Sobre la crisis del sistema Cometa de control de agresores machistas, la ministra denuncia los bulos que se han repetido y ha advertido de que el ministerio llevará a los tribunales a quienes insistan en realizar afirmaciones como que las pulseras fueron compradas en AliExpress.

Al hilo de esta cuestión, ha criticado la actitud del vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien le ha demostrado que "no es de fiar" ni leal y que "lo único que pretende es hacer de la violencia contra la violencia machista un elemento partidista".

Relata que De los Santos quería que Redondo culpara al anterior equipo de Igualdad, liderado por Irene Montero, de los fallos del contrato de Cometa: "Yo jamás haré eso porque mi responsabilidad es asumir la cartera que me corresponde", apunta.

"Conozco a muchas más diputadas y senadoras del Partido Popular que creo que están mucho más capacitadas que el señor De los Santos para iniciar cualquier negociación sobre los múltiples temas que tenemos en cartera", resalta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este lunes a través de la red social X las declaraciones del alcalde de Alpedrete, Juan Fernández (PP), tras el asesinato machista de una mujer en esta localidad madrileña, pues "quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía".

El alcalde afirmó que el marido de la víctima "era un buen padre y la quería mucho. Estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó y que al final la presión no ha podido con él". Unas declaraciones que, según un vídeo remitido a los medios esta tarde por el propio alcalde, han podido "ser malinterpretadas", porque en ningún caso quiso restar gravedad a lo sucedido el sábado en su municipio.

En su mensaje en la red social, Sánchez también afirma: "Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores".

Poco antes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había pedido una rectificación o la dimisión a Fernández. "Las declaraciones del alcalde de Alpedrete son intolerables. Los negacionistas maquillan la realidad para negar la evidencia del maltrato y la violencia machista. El negacionismo mata. Exijo una rectificación inmediata o su dimisión. Nos queremos vivas", ha escrito la ministra en la red social.

Fernández ha explicado que sus manifestaciones pudieron “ser malinterpretadas”, y que lo único que pretendía era expresar su apoyo a los allegados de la víctima, por lo que ha querido dejar claro que su rechazo a la violencia machista es “total y sin paliativos” y ha insistido en que se trata de “una lacra que se debe eliminar cuanto antes de la sociedad en la que vivimos”.

Los cuerpos de la pareja, ambos de 60 años, fueron hallados por su hijo y, según los primeros resultados de la autopsia, la mujer, María Pilar, presentaba 50 heridas de arma blanca. Fuentes próximas a la investigación precisaron a EFE que el marido, y presunto autor del apuñalamiento, que había consumido alcohol y medicamentos, murió después del asesinato.

A mediados del pasado mes de septiembre, decenas de miles de mujeres observaron atónitas lo que se convertiría en uno de los más importantes quebraderos de cabeza para el Ministerio de Igualdad: los fallos en las pulseras de control a maltratadores. Lo que para las autoridades se conjugó como una crisis política, para las víctimas supuso mucho más. El escándalo se fue disipando con el paso del tiempo y bajo la promesa de que la seguridad de las mujeres estaba garantizada, pero un mes después la alarma volvió a saltar. Este martes, el departamento liderado por Ana Redondo informó de una incidencia que atravesó durante horas al sistema. Aunque aseguran que la herramienta funciona ya con normalidad, la continuidad de los fallos ha erosionado en el ánimo de las víctimas. Así lo perciben las profesionales que tratan directamente con ellas: "Es violencia institucional".

La incidencia tecnológica, un fallo en los servidores, se detectó en la madrugada del martes, a las 4:30 horas, según ha informado el Ministerio de Igualdad. En ese momento se activó el "protocolo de refuerzo de protección a las víctimas", dando aviso tanto a la policía como a las usuarias, a través de mensajes de texto. "Ha existido una comunicación constante entre todas las partes implicadas", reseña la cartera. El propio martes, los servidores mostraron "una estabilidad sólida a las 17:25 horas", cuando se recuperó la "operatividad del sistema". 

El servicio está siendo gestionado actualmente por Vodafone y Securitas, ambas fusionadas en una unión temporal de empresas (UTE). Fuentes del servicio señalan a infoLibre que "hay un protocolo para todo", con el objetivo de evitar cualquier situación de riesgo. "En ningún momento las mujeres estuvieron desprotegidas", inciden las mismas fuentes. 

El Ministerio de Ana Redondo decidió no abrir un expediente sancionador contra la compañía responsable de los primeros errores, pero en su día la ministra aseguró que no descartaba la posibilidad. Fuentes del departamento indican, a preguntas de este diario, lo siguiente: "Estamos recabando datos y veremos posibilidades".

Pero la alarma ha saltado y las víctimas no son ajenas. Así lo percibe la abogada especializada Consuelo Abril: "Hay una inseguridad extraordinaria". Una vez deciden confiar en el entramado institucional, la única certeza a la que se aferran las víctimas es la de saber que los mecanismos de protección se han puesto en marcha. Si eso falla, entonces "la vulnerabilidad es tremenda", abunda la letrada, quien denuncia además el agravio que supone la repetición de los errores de forma sostenida en el último mes. "Hemos tenido problemas anteriormente, han tenido mucha repercusión y la ministra no ha dimitido", lamenta. "Es una negligencia y es violencia institucional".

Las víctimas, cuando se reconocen como tal, reciben un mandato claro de las autoridades: denuncia. Si incluso cumpliendo con el imperativo el sistema falla, la inseguridad es manifiesta. "Son mujeres que denuncian, pasan por un proceso, por un trauma emocional y se vulnera su confianza", detalla la abogada. "Si no se sienten acogidas por el sistema, acabarán sintiéndose vulnerables e impotentes".

Ana Bella Estévez, al frente de la fundación de supervivientes de violencia que lleva su nombre, coincide en el diagnóstico: "Todo lo que falla, genera inseguridad en las mujeres". Y por eso, continúa en conversación con este diario, las denuncias siguen siendo residuales. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, sólo el 21,7% de las mujeres que han sufrido violencia de alguna pareja actual o pasada ha denunciado. "Muchas querrían denunciar, pero se sienten indefensas", asiente la activista.

Estévez sí añade un matiz a su análisis: el malestar de las mujeres será mayor en función de la respuesta institucional ante eventuales situaciones de riesgo. Y ahí entran en juego los recursos. "Hay situaciones en las que la policía está en contacto directo con las mujeres y les crea seguridad. En otros casos, la policía está a cargo de muchas más mujeres", lo que impide una atención individualizada y garantista. "En esos casos, hay mujeres que incluso han devuelto las pulseras", clama. Muchas "porque pitaban, no funcionaban y les generaba ansiedad, mucho nerviosismo". 

Y por eso "hay que invertir", insiste. "Tenemos las mejores medidas del mundo, pero faltan fondos para ponerlas en práctica de forma efectiva". Una inversión que a su juicio debería ir a parar de forma prioritaria a la mejora tecnológica de los dispositivos. El Gobierno "tendría que pedir perdón y arreglarlo inmediatamente con una tecnología puntera. Es obvio que se pueden cometer errores, pero hay que arreglarlos inmediatamente". 

Según la estadística oficial, a día de hoy hay activos 4.511 dispositivos de seguimiento, una cifra que a la experta se le queda corta, teniendo en cuenta que en el sistema VioGén constan 104.981 mujeres víctimas de violencia. "Hay mujeres en riesgo bajo que han sido asesinadas. La pulsera es la medida más disuasoria contra los asesinatos", por lo que debería existir un esfuerzo sustancial por invertir en mejoras y en más instalaciones.

Para Consuelo Abril, la reparación del daño debe ir mucho más allá de un mensaje institucional llamando a la calma. "Estamos jugando con la integridad física de las víctimas", reitera. En el ejercicio de su profesión, la abogada constata la repercusión que esto tiene en las mujeres. "Las propias víctimas nos piden cuentas, porque les decimos que denuncien y no sirve". En consecuencia, no sólo "se sienten desamparadas", sino que afrontan un "daño emocional" difícil de sanar. 

La quiebra de la confianza en las instituciones no emerge entre las víctimas sin motivo, sino que se dispara cuando el sistema demuestra ser incapaz de protegerlas. Los efectos, son palpables. Un ejemplo: según la citada Macroencuesta, entre la minoría de mujeres que sí dan el paso de denunciar, un porcentaje nada desdeñable termina retirando la denuncia. Son un 38,3% en el caso de violencia por parte de la actual pareja y un 21,3% en cuanto a parejas pasadas. 

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 37 años en Alicante cometido presuntamente por su pareja el pasado octubre, lo que eleva a 35 el número de víctimas de violencia de género en 2025, 1.330 desde 2003, según informa EFE.

La víctima, que no tenía hijos menores de edad, no había interpuesto denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El cuerpo de la mujer fue encontrado el pasado 24 de octubre en avanzado estado de descomposición, según informaron a EFE fuentes de la investigación, quienes avanzaron que el asesinato podría haberse cometido en los primeros días del pasado mes.

Tras el hallazgo del cuerpo fueron detenidos la pareja de la víctima, un hombre de 38 años, y otro hombre de 41 años, arrestado por haber actuado supuestamente como cómplice del primero para intentar deshacerse del cadáver.

Tras el éxito de su primera edición en 2024, infoLibre celebra la segunda edición de Visibles, un encuentro que combina reflexión, debate y creación artística en torno al papel de las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad.

La cita tendrá lugar el jueves  23 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, en el espacio cultural La Cristalería (Calle Sandoval, 3, Madrid), y  a partir de las 17:30 horas podrá seguirse también por streaming a través de YouTube y X, con el hashtag #VisiblesinfoLibre. 

Con el apoyo de la Fundación “la Caixa”, Aena, Telefónica, Paradores y Estrella Damm, Visibles 2025 se consolida como una cita de referencia en la agenda cultural de otoño, concebida como una experiencia viva que une palabra, emoción y creación colectiva para reivindicar la igualdad desde la cultura.

El evento comenzará a las 17:00 horas con la apertura de los espacios expositivos de La Cristalería. El público podrá recorrer una muestra de arte y fotografía con obras de Desi Civera, Lucía Astuy, María Gallego, Davi Kabaro, Paula Dornan y Unpatrus (Patricia de Norverto), algunas concebidas expresamente para esta edición. Además, se presentará una selección de portadas de TintaLibre, la revista mensual de infoLibre, y un espacio participativo titulado “Titulares que inspiran cambio: Igualdad 2026”, una pizarra abierta en la que las personas asistentes podrán escribir los titulares que desearían leer el próximo año sobre avances en igualdad.

La bienvenida institucional correrá a cargo de Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, seguida del discurso inaugural de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que abrirá oficialmente la jornada. A partir de entonces, la programación girará en torno a cuatro mesas de diálogo que abordarán distintas formas de visibilizar el liderazgo y la presencia de las mujeres.

La primera mesa, titulada “Mujeres que transforman lo rural”, reunirá a Teresa López, presidenta de FADEMUR; Eva Legaza, directora del Parador de Ávila; y Cristina Moreno, recepcionista del Parador de Gredos. Moderadas por Sabela Rodríguez, debatirán sobre el papel de las mujeres como motor de empleo, sostenibilidad e igualdad en el entorno rural.

A continuación, la conversación “Mujeres visibles en profesiones masculinizadas: abriendo caminos” explorará la presencia femenina en sectores estratégicos tradicionalmente dominados por hombres. Participarán Isabel Mendiguchía, directora del aeropuerto de Son Bonet (Mallorca); Ester Tejedor, directora de Operaciones de Ciberseguridad en Telefónica Tech; y Virginia Barcones Sanz, directora general de Protección Civil y Emergencias. La mesa será moderada por la subdirectora de infoLibre Marta Jaenes, que también conducirá el siguiente encuentro, “Visibles en el arte”, en el que las artistas participantes compartirán con el público el proceso creativo y las ideas que inspiran sus obras.

El bloque de debates concluirá con una de las conversaciones más esperadas: “Romper el relato: mujeres en el periodismo”, protagonizada por la periodista y escritora Cristina Fallarás y la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso. Ambas dialogarán sobre los desafíos y consecuencias de la visibilidad pública de las mujeres en los medios de comunicación, y el encuentro finalizará con un turno de preguntas abierto al público.

Como cierre, la directora general de infoLibre Marta Gesto conducirá la despedida y los agradecimientos antes de dar paso al monólogo final de la actriz y humorista Esther Gimeno, que pondrá el broche de oro a la jornada reivindicando la igualdad desde la risa y la libertad, en un ambiente distendido acompañado de una cerveza cortesía de Estrella Damm.

La cita tendrá lugar el jueves  23 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, en el espacio cultural La Cristalería (Calle Sandoval, 3, Madrid), y  a partir de las 17:30 horas podrá seguirse también por streaming a través de YouTube y X, con el hashtag #VisiblesinfoLibre. 

Con esta segunda edición, infoLibre reafirma su compromiso con la cultura, la igualdad y la visibilidad de las mujeres, impulsando un espacio donde las artes, las ideas y el periodismo se entrelazan para seguir transformando la conversación pública en torno a la igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este miércoles que su departamento ha abierto una investigación interna sobre los fallos de los dispositivos telemáticos de control de agresores machistas para exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria del servicio en caso de ser necesario.

"Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas", ha señalado la ministra en su comparecencia ante el pleno del Senado.

Redondo ha iniciado su declaración disculpándose ante las víctimas: "Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario".

La ministra ha asegurado que a raíz de las incidencias técnicas se ha implementado un "plan de seguimiento exhaustivo" para responder "de manera más ágil" a cualquier eventualidad, identificando áreas de mejora y asegurando la máxima protección de las víctimas.

Este plan ha estado acompañado de reuniones "de alto nivel" entre responsables de Vodafone, Securitas y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha concretado Redondo, quien ha defendido que todo el trabajo se ha realizado con "discreción" para proteger a las víctimas.

"Frente a las acusaciones de opacidad o falta de transparencia quiero aclarar que todo este trabajo se ha realizado con la discreción que merecen las víctimas para preservar su seguridad y tranquilidad", ha concretado.

Entre las actuaciones principales ha destacado la coordinación diaria y directa con la sala Cometa, la recepción de informes semanales y mensuales, la creación de comisiones mensuales de seguimiento entre la empresa adjudicataria y la delegación del Gobierno de Violencia de Género, y las reuniones con el personal de Cometa para atender necesidades técnicas concretas.

Asimismo, ha subrayado la participación de estos trabajadores en jornadas formativas organizadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el compromiso adquirido con el personal para reforzar el servicio durante períodos de especial riesgo, como el verano, la Semana Santa y la Navidad.

Redondo también ha avanzado algunas de las mejoras de los nuevos dispositivos, como la incorporación de configuración individualizada de idioma, la inclusión de un módulo específico de gestión de quejas, y el refuerzo del personal especializado en sala, incluyendo psicólogos, asesores jurídicos, supervisores y otros responsables.

Asimismo, ha aprovechado su intervención para desmentir que ninguna mujer fuera asesinada en 2024 portando uno de estos dispositivos y ha criticado el lanzamiento de "bulos inaceptables" y "falsedades".

"No minimizamos el problema, pero es necesario enmarcarlo correctamente para que deje de trasladarse a las víctimas una situación que no se corresponde con la realidad", ha aseverado Redondo, quien ha defendido que su ministerio "nunca ha mirado para otro lado".

El Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha exigido su cese inmediato por la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas, gracias a los votos del Partido Popular y de Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.

Los populares han conseguido recabar los apoyos necesarios para sacar adelante la moción mediante la cual la Cámara Baja reprueba a Redondo por "su negligente gestión al frente del Ministerio" y exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "cese inmediato" debido a los "graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato".

La iniciativa también solicita que se ofrezca información urgente sobre las circunstancias en las que se han producido esos fallos y sobre las medidas adoptadas para solventar los "graves perjuicios causados a las víctimas afectadas".

En la moción también se pide actualizar los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena de agresores sexuales como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí.

PP, Vox y UPN han votado a favor, mientras que ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria se han abstenido. Los votos favorables han sido 170, frente a 162 en contra. 

Junto al bloque de PSOE y Sumar, contrarios a la reprobación, se han mantenido Podemos, EH Bildu y el PNV.

El Ministerio de Igualdad ha actualizado la estadística de feminicidios por violencia de género con dos nuevos casos, uno perpetrado en Sevilla y otro en Barcelona, por lo que son 27 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 y 1.321 desde 2003, según recoge EFE.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes la naturaleza machista de estos crímenes y ha informado de que no constaban denuncias previas contra los presuntos feminicidas.

Este domingo, Mercedes, de 47 años, era asesinada en Sevilla presuntamente por su pareja, un varón de 45 años que ya ha sido detenido. Este es uno de los casos confirmados. 

El segundo feminicidio que entra en la estadística es el de Leonor, de 56 años, cuyo cadáver fue encontrado en un piso en Barcelona el pasado mes de mayo. 

La mujer fue asesinada meses antes. El presunto agresor, de 55 años, está en prisión.

Ninguna de las víctimas tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por maltrato contra los feminicidas. De las 27 víctimas mortales de 2025, cinco habían denunciado a sus parejas o exparejas por violencia machista, un 18,5%.

Tras la confirmación de estos casos, son 8 las mujeres asesinadas por violencia de género en Andalucía este año y 3 en Cataluña.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado los feminicidios y ha enviado su pésame a las familias: "Hemos vuelto a fallar como sociedad. Sólo unidas y unidos podremos arrinconar a los violentos y acabar con la violencia machista", ha escrito en X.

La prostitución podría dejar de estar dentro de la Clasificación Nacional de las Actividades Economicas (CNAE) que maneja el Instituto Nacional de Estadistica (INE) o así lo pretende el Ministerio de Igualdad, liderado por la socialista Ana Redondo. 

Esta clasificación, que acompaña a la NACE (Nomenclatura estadística de Actividades económicas de la Comunidad Europea), se limita a traducir de manera literal la guía interpretativa original publicada por Eurostat que, como parte de la Comisión Europea, estudia las estadísticas de todos los estados miembros.

El ministerio trabaja con el INE para conseguir adecuar dicha clasificación a la realidad social española, ya que la europea no distingue entre estados miembros y, por lo tanto, incluye la “prestación o concertación de servicios sexuales" dentro de la categoría ‘Otros servicios personales’. 

“Este asunto no viene contemplado en el Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2025 (CNAE-2025), por lo que no tiene eficacia jurídica”, ha detallado la ministra, que considera que “su mención es un automatismo que proviene de la práctica europea”. 

Por ello, Redondo también ha anunciado que enviará una carta a la comisaría europea de Igualdad para pedir que el listado de actividades económicas se adapte al ordenamiento jurídico de cada país europeo. 

De esta manera, la ministra celebra la “coherencia” del Gobierno de España, que todavía trabaja en una ley que consiga abolir la prostitución. A mediados de junio, Redondo ya anunció que su ministerio presentará en septiembre un anteproyecto de ley con este objetivo, después de proposiciones de ley que no lograron lo esperado. 

En 2025 se conmemora en España el "Año del Pueblo Gitano", coincidiendo con el 600º aniversario de la llegada de esta comunidad a la península ibérica. La presencia del pueblo gitano en España abarca seis siglos de historia caracterizados por una rica contribución cultural y una resiliencia notable frente a múltiples adversidades. Desde su llegada a la península en el siglo XV, los gitanos han influido profundamente en la cultura española, especialmente en ámbitos culturales como la música, la danza y las artes. Pero, ¿cómo podemos visibilizar estos aportes sin caer en el folklorismo o la simplificación?

infoLibre busca responder a esta y otras preguntas en el foro "600 años del pueblo gitano en España: Historia, cultura y futuro". El acto tendrá lugar el miércoles 16 de julio en el espacio Taller de Ideas de Madrid en colaboración con el Ministerio de Igualdad. El evento se podrá seguir a través de Youtube en este enlace.

El foro comenzará a las 13:00 horas con una breve introducción de Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. A continuación, Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, conversará con Beatriz Micaela Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Gobierno de España y una de las primeras diputadas gitanas de la historia de la democracia. Después, comenzará la mesa redonda que moderará la directora general de infoLibre, Marta Gesto, y que contará con la participación de María Rubia Jiménez, activista y presidenta del Instituto Romanó para Asuntos Sociales, Alejandra Moreno Espinosa, criminóloga y graduada en Derecho, y José Vega de los Reyes, trabajador social y periodista.

Se tratarán cuestiones como el papel que juega la memoria histórica para reparar y transformar la relación entre la sociedad mayoritaria y el pueblo gitano, y temas relativos a la educación y el antigitanismo. También se abordarán las carencias que hay en el sistema educativo respecto al conocimiento y respeto de la historia gitana y cuáles son hoy las principales formas de antigitanismo que enfrentan España o Europa.

Entre abril y junio, 14 mujeres y tres menores de edad fueron asesinados en crímenes machistas y en la mayoría de los casos se ha detectado la conjunción de doble e incluso triple vulnerabilidad: económica, de aislamiento en el ámbito rural, dependencia a sustancias tóxicas, problemas de salud mental y/o estatus migratorio, según recoge EFE.

Esta es una de las principales conclusiones del comité de crisis celebrado este jueves en el Ministerio de Igualdad con el objetivo de analizar los asesinatos de abril (cuatro mujeres y una niña), mayo (una mujer y una menor) y junio (nueve mujeres y un niño).

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado a los medios de comunicación que "en la inmensa mayoría de los casos analizados" había "vulnerabilidades que se superponen".

"Hay que ser conscientes de las situaciones que viven las mujeres que son sometidas a violencia de género, (...) son muchas sus vulnerabilidades", ha destacado.

En este sentido, la titular de Igualdad ha asegurado que se va a reforzar la coordinación de todo el sistema (sanidad, servicios sociales, educación, policías, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno) para que "no se escape ningún dato que pueda ser relevante para evitar un asesinato".

Redondo ha indicado que en cuatro de los 17 casos analizados, el entorno conocía la situación de maltrato y que en otros tres llegó a llamar la atención de distintas instituciones, como un niño en el colegio o una hermana en el centro de salud, pero esto no se elevó a las autoridades y finalmente las mujeres fueron asesinadas.

"Cuando conocemos o tenemos indicios de que se puede estar produciendo una violencia de género, y esos indicios llegan al ámbito sociosanitario o al ámbito educativo, no se pueden dejar esos casos sin respuesta", ha precisado. Actualmente ha reconocido que no hay un protocolo específico para hacer seguimiento de estos casos.

Ante la situación de "alerta máxima" por violencia de género en los meses de verano, Redondo ha exigido la implicación social y, particularmente, de los entornos de las víctimas: "Cuando el entorno conoce o puede tener indicios de la violencia de género que puede estar sufriendo la mujer no puede omitir el deber de socorro", ha enfatizado.

"Podemos estar salvando vidas (...), que no dejen pasar ningún indicio", ha reiterado.

La ministra de Igualdad ha anunciado que la próxima semana se reunirá con las ministras de Migraciones, Elma Saiz, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, para analizar las vulnerabilidades de víctimas migrantes y menores.

También ha señalado que se van a poner en marcha medidas desde el Ministerio del Interior para proteger mejor frente a los agresores persistentes (que violentan a varias mujeres a lo largo de su vida y presentan una mayor peligrosidad) y a las víctimas resistentes y que sufren violencia por varias parejas distintas.

El comité de crisis reúne a Igualdad con los ministerios de Interior y Justicia, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas para analizar cada asesinato machista.

En sólo tres de los 17 casos analizados en el último comité constaban denuncias por violencia de género y el 71 % de los agresores eran españoles.