Igualdad podía haber sancionado a Vodafone por incumplimiento de contrato ante los fallos en las pulseras

Las pulseras de control telemático a maltratadores han encendido el debate político y han abierto una crisis en el seno del Ministerio de Igualdad. Son dos los frentes que están ahora bajo la lupa. Por un lado, las dificultades en el proceso de migración de datos, después de que la gestión del servicio pasara a manos de Vodafone y Securitas –a través de una unión temporal de empresas, UTE–. Por otro lado, las incidencias que tanto usuarias, como trabajadoras, técnicas y profesionales han constatado en el funcionamiento de los dispositivos. Y es precisamente en este último punto donde el Ministerio de Igualdad podía haber sido más severo sancionando a la empresa por incumplimiento contractual.

El diario El País publicó este martes que tanto Igualdad como Vodafone admitieron en una reunión que las pulseras antimaltrato incumplían algunas condiciones expuestas en el contrato. Según la información publicada por el diario, en diciembre del año pasado tanto representantes de la empresa, como de los trabajadores y del ministerio celebraron una reunión en la que abordaban diversas incidencias reportadas. Entre ellas, la imposibilidad de sumergirlas en agua o la constatación de que algunos maltratadores estaban siendo capaces de manipularlas para deshacerse de ellas.

En el pliego de prescripciones técnicas relativas a la contratación del servicio consta, como una de las condiciones, que cada dispositivo debe ser "hipoalergénico y resistente al agua" con un grado de protección mínimo IP67 —un código que hace referencia a una normativa europea y que lo cataloga como resistente a una inmersión temporal en el agua—, además de contar con "mecanismos de seguridad para evitar su simulación o manipulación".

Cabe preguntarse, entonces, si existían motivos y margen suficiente para sancionar a la empresa responsable del servicio, una vez constatados los fallos. "Hay material de sobra para haber abierto un expediente de penalidades", sostiene una fuente consultada por infoLibre, conocedora de este tipo de procedimientos. "Todos los contratos públicos tienen cláusulas obligatorias para el contratista. Podría haberse abierto un expediente, escuchar a la empresa y valorar si imponer sanciones", añade.

El artículo 192 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que los pliegos podrán "prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato". En el segundo apartado del mismo precepto, la norma indica que "cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen".

¿Qué dice el pliego al respecto? En el apartado Penalidades administrativas por incumplimiento, el documento indica que el órgano de contratación "procederá a imponer las penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso" e indica que estas serán "proporcionales a la gravedad del incumplimiento". Las cuantías de cada una de ellas, perfila, "no serán superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio de contrato".

Fuentes del ministerio consultadas por este diario indican que no se ha sancionado a la compañía porque "la prioridad ha sido en todo momento que el servicio funcionara con normalidad, como, de hecho, sucede en la actualidad". Las mismas voces puntualizan también que "la posibilidad de recurrir a las penalidades aún es posible y al finalizar el contrato se verá si es necesario o no". El contrato se extinguirá en mayo de 2026, pero la ley permite interponer las sanciones pertinentes una vez detectado el incumplimiento, no necesariamente al finalizar la relación contractual, sin que ello interfiera en la calidad del servicio ni en la seguridad de las víctimas. La cartera de Ana Redondo dice estar trabajando ya en una nueva licitación con mejoras.

Nuevos dispositivos, mismos fallos

Los actuales dispositivos son, desde febrero del año pasado, propiedad del ministerio. Hasta entonces, los aparatos eran arrendados y era una misma empresa la que los gestionaba, desde su nacimiento en 2009: Telefónica. A pesar de ser una herramienta útil para las víctimas, lo cierto es que desde hace años se han venido reseñando numerosos fallos tecnológicos, especialmente aquellos que tienen que ver con el salto constante de las alarmas en diversas situaciones: no sólo cuando existe un peligro inminente, sino también cuando se agota la batería, cuando el maltratador deja olvidado uno de sus dos dispositivos o cuando la cobertura falla. Ocurre, entonces, que las víctimas tienen que convivir con un estado de calma tensa constante, una situación que puede ser incluso utilizada por los agresores para incrementar el grado de violencia sobre sus víctimas. 

La Fiscalía ha venido indicándolo así en sus memorias anuales. En la referente a 2023, hablaba de la "deficiente cobertura de zonas rurales aisladas". Se refería también al tiempo que "emplean en trasladarse los técnicos del Centro Cometa a esas áreas" y destacaba el "trabajo que les supone el análisis y cribado de los informes que remite el centro (alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil), para decidir sobre la formulación de denuncia". También recogía entonces "lo gravoso que suponen para las víctimas las comunicaciones de incidencias reiteradas, que les provoca ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos".

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Precisamente por toda esta acumulación de disfunciones, el anterior ministerio se inclinó por un cambio en los dispositivos. El objetivo era su mejora radical e inmediata. "Telefónica tenía una posición dominante y llevaba mucho tiempo con el servicio. Había facturas muy grandes y poca mejora tecnológica", aseguraba entonces el equipo de Irene Montero. La idea era avanzar en mejoras y extender el uso de las pulseras a violencia sexual, para lo que se llevó a cabo un estudio de mercado analizando el funcionamiento de este tipo de dispositivos en todo el mundo. Telefónica da un paso atrás y es entonces cuando entra en juego la nueva adjudicataria. 

Entre otras cuestiones, el nuevo contrato incluye que las mujeres porten un solo dispositivo para distintos agresores –por ejemplo, en el caso de una agresión sexual múltiple–, por primera vez el dispositivo de geolocalización es un móvil, con un cargador de teléfono universal y se pasa a una tecnología 5G. La licitación y el cambio de empresa se hicieron entonces con los fondos Next Generation: "Apostamos por mejorar los dispositivos e invertimos 53 millones de euros, hubo una inversión seria para mejorarlos", precisan fuentes del anterior ministerio.

Pero los fallos siguieron produciéndose, tal y como han denunciado las profesionales del servicio. El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió esta semana una nota en la que dice haber advertido al propio ministerio de la existencia de problemas puntuales con las pulseras, a partir de informes remitidos por al menos dos órganos judiciales. Se trataba de incidencias y fallos en los dispositivos, como la manipulación de las pulseras sin que se detectase, fallos en la geolocalización de las mujeres y de sus agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería.