Diciembre de 2025. El ambiente en la sala de prensa es tenso. La invitada de hoy es la periodista Shiori Itō, que viene a presentar su película Black Box Diaries. Tras publicar un libro, la joven narra en la gran pantalla el calvario que supuso reconocer que había sido violada en el marco del juicio contra su agresor, el periodista Noriyuki Yamaguchi, cercano al ex primer ministro Shinzō Abe (asesinado en 2022).

La trayectoria de Shiori Itō es única en la historia del archipiélago, donde presentar este tipo de acusaciones a cara descubierta es algo muy poco habitual. Se necesita un valor extraordinario para plantar cara y hacer valer sus derechos en un contexto social y político así: “Solo quería decir la verdad”, afirma Shiori Itō en su película.

Su historia, su valentía y su tenacidad —ampliamente respaldadas por las feministas que llevan décadas luchando por una mejor protección de las víctimas de violencia sexual— darán lugar a una modificación de la ley en 2017 (ver último apartado). Shiori Itō consigue que Noriyuki Yamaguchi sea condenado en un juicio civil que tuvo gran repercusión mediática.

En 2018, las mujeres salieron a la calle para denunciar la violencia sexual que habían sufrido, con una flor en la mano: las Flower Demo (manifestaciones de las flores) fueron un momento de intensa catarsis y sumamente conmovedor, tanto en Tokio como en el resto de Japón. Muchas mujeres se atrevieron entonces a hablar de su violación por primera vez. El movimiento #MeToo en Japón parecía haberse puesto en marcha. “En Japón, #MeToo se convirtió en WithYou para hacer hincapié en el colectivo”, destaca la historiadora Chelsea Szendi Schieder.

Pero nueve años después, ¿en qué punto nos encontramos realmente? En la época de Shiori Itō, la justicia exigía a la víctima que demostrara que había sido agredida, que demostrara que no había dado su consentimiento y que justificara por qué no había podido resistirse. En 2017, la ley se modificó por primera vez desde 1907, redefiniendo los conceptos de violación y agresión sexual, y ofreciendo una mayor protección a las menores. Pero, según una encuesta gubernamental de 2020, una de cada catorce japonesas sigue declarando haber sufrido alguna vez una relación sexual forzada.

Abrumadas por la vergüenza y desanimadas por el proceso judicial, muchas mujeres no presentan denuncia. Los casos judiciales difundidos por los medios de comunicación también les dan la impresión de que la denuncia puede no servir de nada.

En diciembre de 2024, un juez del tribunal de Osaka absolvió a dos estudiantes de medicina que habían violado a una compañera de clase: el juez consideró que las imágenes de la violación, que había sido grabada y en las que se veía a la joven decir “No”, “Parad, por favor” y “No puedo respirar”, no constituían pruebas suficientes de la expresión de su falta de consentimiento. “¿Qué más hace falta?”, gritaron al unísono las activistas feministas, que se movilizaron de inmediato bajo la pancarta “No Means No” (no significa no).

Las activistas insisten en otro problema importante relacionado con este caso: la cultura de la violación está tan arraigada que llega incluso a los tribunales. En este caso, el dolor de las mujeres, el grito de una mujer que dice “no”, es considerado por algunos hombres como un factor de excitación. De hecho, el término yamete (basta) se utiliza mucho en la pornografía japonesa, especialmente propensa a difundir la cultura de la violación. En el vídeo del delito, los agresores de la joven, de 27 y 28 años, llegan incluso a afirmar: “Se supone que a las mujeres les gusta el dolor” y “A los hombres les gusta más cuando les dicen que no lo hagan”.

El 29 de mayo, una mujer presentó una denuncia contra un fiscal del tribunal de Tokio, alegando que su estado psíquico se había deteriorado después de que se le acusara de haber realizado declaraciones falsas durante una vista celebrada en 2023, según una solicitud facilitada a la AFP. En su declaración, la denunciante, cuya identidad no se ha revelado, afirmó que el fiscal le había dicho que el acto se había cometido “simplemente con el dedo y en la boca” y que ella “no había mantenido relaciones sexuales”. Eso hizo caer a la víctima en un estado de enorme desesperación.

Tanto los tribunales como los servicios policiales siguen fallando a la hora de ayudar a las mujeres víctimas de violencia. En diciembre de 2024, una joven murió en Kawasaki a manos de su expareja, tras haber denunciado a la policía nueve episodios de acoso en quince días. “Su familia tenía registro de las llamadas”, explica Elif Erdogan, feminista turca que dirige la web Japan Femicide Tracker junto a Kazuna Yamamoto y otras activistas japonesas. “La policía no podía decir que no lo sabía.”

Al día siguiente de este feminicidio, la policía puso en marcha un sistema de vigilancia para las mujeres que quisieran denunciar acoso, “pero aún no es eficaz”, lamenta Elif Erdogan, quien añade: “Desde entonces se ha producido el feminicidio del Pokémon Center, y la policía, aunque acudió en ayuda de la víctima, no pudo impedir el asesinato”. En marzo, una joven empleada del Pokémon Center de Tokio fue apuñalada hasta la muerte por su exnovio, quien se suicidó tras el asesinato. Tenía unos veinte años y se encontraba bajo protección policial.

“Hoy en día, Japón debe afrontar seriamente el tema de los feminicidios, por eso pedimos que se proteja más a las mujeres de la violencia en la Constitución”, explica Elif Erdogan. Sus datos recogen 122 feminicidios en 2024, 141 en 2023, 122 en 2022 y 151 en 2021. En el 55,6% de los casos se trata de un feminicidio cometido por una expareja. “Se ha producido un claro aumento desde la época del covid-19”, observa. Una violencia rampante contra las mujeres ante la cual a Japón le cuesta abrir los ojos.

Hoy en día no existen datos ni estadísticas oficiales sobre los feminicidios. Los medios de comunicación califican algunos casos de asesinatos misóginos, es cierto, pero sin establecer realmente un vínculo con la violencia sistémica. En 2021, el atentado en la línea Odakyū sumió a Japón en el pánico: un hombre de 36 años, Yusuke Tsushima, apuñaló a varias mujeres en el metro porque “parecían felices”. Unas jóvenes feministas querían denunciar la violencia sistémica de género, pero ninguna mujer murió a causa de sus heridas en el metro ese día, a pesar de que utilizaron el término “feminicidio”. Por este motivo, "se ignoraron sus voces. Sin embargo, habían puesto el dedo en la llaga de algo fundamental", observa Elif Erdogan.

“Japón no cambia. Siguen produciéndose las mismas discriminaciones”. A finales de la década de 1990, fue un feminicidio lo que inspiró Monstruoso, el thriller de la famosa escritora Natsuo Kirino. Estamos en 1997 y la novelista quedó marcada por el asesinato de Yasuko Watanabe, de 39 años, directiva de Tepco. El caso conmociona a todo el archipiélago: licenciada por una prestigiosa universidad, Yasuko Watanabe consigue un puesto directivo en una gran empresa. “Era una ‘mujer de carrera’, un perfil poco habitual en aquella época. Se implicaba mucho en su empresa, hasta el punto de ponerse enferma. Pero, por ser mujer, a menudo se le asignaban tareas que no le correspondían, como encargarse de los bentos”.

Una noche, la encontraron muerta en una calle. “Nunca se supo quién la había asesinado. Pero se supo que por las noches, tras su jornada laboral, se dedicaba a la prostitución.” La percepción que se tiene de ella cambia por completo y borra sus dificultades profesionales. Natsuo Kirino continúa: “La cuestión del acoso se ha tomado en serio, pero las leyes contra el acoso no protegen lo suficiente a las mujeres en el ejercicio de sus funciones”, una vez más, “no se tiene suficientemente en cuenta la cuestión de género, cuando son las mujeres las que más lo sufren”.

Aunque el acoso sexual está prohibido en la empresa, se sancionan los comportamientos de los hombres que utilizan un lenguaje o adoptan conductas de carácter sexual no deseadas. Pero no se sanciona la presión para aumentar el rendimiento, por ejemplo, subraya la investigadora Swee-Lin Ho en un artículo titulado “La nueva ley japonesa contra el acoso y la paradójica legitimación del acoso laboral hacia las mujeres ejecutivas”, publicado en 2024.

“Las activistas japonesas se han movilizado mucho en torno al #MeToo y también han hecho todo lo posible en estas cuestiones”, añade Natsuo Kirino. “La joven periodista Shiori Itō también ha luchado mucho. [Pero] en Japón, los grupos de activistas se fragmentan cuando están divididos y no se ponen de acuerdo en un tema: esto ya se observó en la década de 1970, y no solo en los círculos feministas, sino en todos los grupos activistas”.

Volvemos a la sala de prensa de Shiori Itō. Black Box Diaries, nominado a los Óscar en 2025, un reconocimiento sin precedentes para un documental japonés, causa sensación. La sala está llena, pero no por las razones que uno imagina. La polémica está en pleno apogeo y la película de Shiori Itō divide a la opinión pública. El uso de imágenes sin autorización previa ha alcanzado tales proporciones que ha ahuyentado a los distribuidores, ha retrasado el estreno en Japón más de un año y ha llevado a antiguas aliadas a volverse contra la joven periodista, acusándola de falta de ética. “Antes de juzgar, me gustaría que vieran esta película”, implora la directora, mientras le llueven críticas.

“Siento un profundo respeto por la lucha que ha librado Shiori Itō, siempre la he apoyado, pero no hay que olvidar que muchas activistas han luchado a su lado”, explica Akiko Matsuo, activista y editora feminista. Durante su juicio tuvo lugar la revisión del Código Penal, pero también fue, sobre todo, fruto de la lucha de numerosas activistas que se han movilizado durante años, incluso décadas. “No se las ha tenido en cuenta. Esta película también habría sido una bonita forma de poner un poco más de relieve la perspectiva interseccional de la lucha feminista japonesa. Es triste que hayamos llegado a esto.”

Hay mucha división en torno a esta película. Otros temas han sido especialmente polémicos en los últimos años, como el trabajo sexual y el tema de la inclusión de las personas transgénero. Se ha extendido el discurso de odio hacia las mujeres transgénero. Los círculos feministas también se enfrentan al regreso al poder de la política impulsada por Shinzō Abe, de la que Sanae Takaichi se erige en heredera. La primera ministra no hará de los derechos de las mujeres su prioridad.

Y a pesar de su política abiertamente belicosa, muchas jóvenes japonesas ven en su elección y su acceso al cargo de primera ministra una victoria sobre el sistema patriarcal. Según una encuesta de la Nippon Foundation realizada a finales de 2025, el 44,4% de las adolescentes japonesas encuestadas expresaron sus nuevas esperanzas respecto a la elección de Sanae Takaichi. Esta les promete seguridad, manejando los hilos del femonacionalismo con su política excluyente, especialmente en lo que respecta a la inmigración y a las comunidades LGTBIQA+.

En 2025, Japón ocupaba el puesto 118 de 148 países en materia de igualdad de género, según el informe anual del Foro Económico Mundial. El último puesto entre los países del G7.

El Código Penal fue revisado parcialmente mediante la Ley 72/2017. Se trataba de la primera revisión en este ámbito en 110 años: las feministas habían luchado durante décadas para conseguirla, una movilización que se aceleró al salir a la luz las deficiencias del Código Penal en el marco del mediático juicio a Itō. La modificación permitió redefinir la violación como una relación sexual forzada, ampliar su definición e incluir la penetración anal y oral (hasta entonces solo se reconocía la violación por penetración vaginal).

La revisión también elevó la pena mínima prevista por la ley e introdujo nuevos delitos de atentado contra el pudor y de relaciones sexuales cometidas por una persona que tiene la custodia de una víctima menor de 18 años. Las relaciones sexuales forzadas y el atentado contra el pudor por coacción pasaron a ser delitos perseguibles de oficio.

En 2023, el delito de “relaciones sexuales forzadas” se modificó por el de “relaciones sexuales no consentidas”. La edad legal de consentimiento, es decir, la edad por debajo de la cual cualquier relación sexual constituye un delito, se elevó de 13 a 16 años. También en 2023 se modificaron los requisitos para que se consideren agresión la intimidación y la incapacidad para resistirse: ahora se considera que la falta de consentimiento puede expresarse de otras formas.

Traducción de Miguel López

A Anna Currilla no la creyeron. Los abusos contra ella comenzaron cuando ni siquiera era capaz de comprender el significado de la violencia, mucho menos aquella que procedía de quien debería velar por su seguridad. Las agresiones ejercidas por su padre comenzaron a los tres años y se prolongaron hasta poco antes de cumplir la mayoría de edad. Se reconoció como víctima siendo adolescente, pero los suyos apartaron la mirada. Solo cuando alguien le tendió la mano comenzó a cicatrizar la herida. 

Es ahí precisamente hacia donde apunta Alexandra Membrive: a la escucha, la comprensión del entorno y el abrazo de quienes están al lado. Lo sabe porque ella misma lo experimentó también. Sufrió abusos sexuales entre los siete y los nueve años por parte de un conocido de la familia, pero aquella violencia quedó enterrada en su memoria hasta que de adulta supo ponerle nombre a su malestar. Hoy es psicóloga especializada y coincide en que un "te creo" es el punto de partida para sanar. "No sabes cómo se aligera la mochila cuando escuchas esa frase", asiente al otro lado del teléfono. "Ahí empieza el camino de la reparación".

Muchas víctimas se dan de bruces directamente con la incredulidad, la minimización o la falta de apoyo por parte de su entorno una vez revelan las agresiones, especialmente si el autor pertenece al ámbito familiar. "Si estoy pidiendo ayuda y no me creen, ¿cómo voy a tirar para adelante con ese dolor?", se pregunta Membrive.

En el camino hacia la recuperación entra en juego lo que la psicóloga denomina factores de riesgo, elementos clave como la convivencia con el agresor, la edad a la que comienza el abuso o la duración de la violencia. "Muchas víctimas no tienen las herramientas para decir que no, se genera entonces una indefensión y una inmovilidad crónica" que además aumenta la posibilidad de que haya "múltiples victimarios" a lo largo del tiempo, expresa. 

Los estudios internacionales estiman que cerca de la mitad de las personas que sufrieron abusos sexuales en la infancia experimentan posteriormente otra forma de violencia sexual. Así lo indica el análisis La prevalencia de la revictimización sexual, cuyos autores concluyen que el 47,9% de las víctimas de abuso sexual infantil soportaron después otra forma de agresión contra su libertad sexual. 

"Cuando hay una respuesta negativa ante la revelación, se te queda grabado en el cuerpo", lamenta Membrive. No resulta extraño que la familia entre en una suerte de "distorsión cognitiva que la lleve a ponerse al lado del victimario", un fenómeno que se une al "adultocentrismo" que sitúa a los niños como sujetos que tienden a "inventar o imaginar" este tipo de situaciones. "Si algo de eso pasa, la violencia se cronifica", añade. 

"Revelar algo que nos genera tanto dolor, vergüenza, culpa, frustración y miedo no es nada fácil. Muchas víctimas se mueren con el secreto", completa Currilla. Así que es fundamental "arropar, no preguntar, dar espacio a que la víctima se desahogue sin sentirse juzgada", plantea la superviviente. Insiste en este extremo porque así fue como se sintió ella cuando supo ponerle palabras a sus vivencias. En aquel momento emergió no solo la incredulidad, sino también la negación. Incluso los elogios hacia el agresor, una persona "respetable para la sociedad", rememora la superviviente. "Así lo dijo mi hermano al saber que mi violador era nuestro padre". 

Membrive convivió con la herida durante años. No supo identificar su origen hasta bien entrada la adultez, porque "muchas veces no te acuerdas, lo borras", especialmente cuando los abusos suceden a edades muy tempranas: "Tu cuerpo recuerda, pero tú no". Cuando llega el momento de la "aceptación, es como reconciliarse con una misma", asiente. La reconciliación es fundamental para todas aquellas personas que sienten culpa, un elemento común entre quienes sufren abuso sexual infantil. "La culpa es muy automática, la sientes desde pequeñita". Según la Fundación ANAR, el 20,8% de las víctimas presentan problemas psicológicos como ansiedad, miedo, vergüenza o culpa.

En ese marco, "aceptar que has vivido una situación vulnerable" forma parte de la ruptura con el "ciclo de la violencia", una suerte de "punto de inflexión que ayuda a comprender" y a situar la responsabilidad en la persona agresora. Membrive cree fundamental, en este punto, el apoyo psicológico. Pero suceden dos fenómenos: muchas víctimas no acuden a terapia hasta la edad adulta y además la especialización es escasa. ANAR advierte de que el 70,3% de las víctimas atendidas en su fundación no había recibido tratamiento psicológico, un porcentaje que se dispara hasta el 79,5% en el caso de las personas menores de nueve años.

"Una vez que es revelado algo tan duro, se debe trabajar en terapia lo antes posible", coincide Currilla. "Cuanto antes se trate, menos secuelas deja, aunque la huella sea de por vida". Con el tiempo y el trabajo en consulta, la superviviente fue capaz de identificar esas secuelas que ella misma experimentó, sin saber muy bien que procedían del mismo episodio traumático. "Identificaba el rechazo a los hombres sobre todo con características parecidas a las de mi padre, vómitos, pesadillas, ataques de pánico o miedo a la oscuridad, pero desconocía que podía derivar en problemas intestinales o migrañas crónicas", describe. Hoy es capaz también de reconocer las consecuencias en el plano sexual, social y laboral. "Lo que para otra persona es una tontería, para nosotras puede reavivar un fuego que creíamos apagado". 

El proceso de recuperación implica no solo el reconocimiento de una situación dolorosa y estigmatizante, sino la asunción de que la herida puede volver a supurar en momentos críticos, explica Membrive. La psicóloga reconoce la complejidad en la recuperación, pero recuerda que si las víctimas "han podido sobrevivir en silencio, ahora tienen ante sí mismas el camino del conocimiento y la sanación para entender que han sido fuertes". 

Violeta Assiego, abogada y exdirectora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, añade un ingrediente clave: la responsabilidad institucional. Cuando los abusos proceden del entorno, el principal paso tiene que ver con "evitar la revictimización y la violencia institucional en caso de que la víctima cuente lo que le ha sucedido". En ese sentido, coincide la abogada, "la reparación consiste en creer" y en ofrecer las garantías necesarias para que el menor "no salga más dañado del proceso", como ocurre con las madres protectoras, cita la jurista. 

Se trata, por tanto, de que las instituciones garanticen una "actuación diligente desde que se verbaliza" el episodio violento, pero también "velar porque se aplique la norma y porque no se produzca esa revictimización". En este punto resulta clave "el apoyo psicológico y el acompañamiento en todos los planos", más allá de "citas y trámites puntuales, tan vinculados al proceso penal". 

El sistema de Barnahus, introduce como ejemplo, resulta modélico, pero se inscribe estrictamente en el ámbito penal y las secuelas trascienden de lo judicial, "permanecen en la edad adulta, así que las ayudas también deben ir más allá". Assiego habla de apoyo material, ayudas, supervisión médica y acceso al empleo, teniendo en cuenta que "esas secuelas están dificultando la normalidad" en lo que respecta a un desarrollo vital pleno. 

En cuanto a los delincuentes sexuales, cabe preguntarse si hay alternativas de reinserción más allá del reproche penal. "Ahora mismo el enfoque con los agresores se aborda dentro de las instituciones penitenciarias y es muy deficitario", abunda la abogada, quien plantea la justicia restaurativa como una vía a explorar, "huyendo de la lógica punitiva para problemas extraordinariamente complejos". 

En algunos territorios existen, desde hace un lustro, los conocidos como Círculos de apoyo y responsabilidad, una iniciativa importada de Canadá y que consiste en la articulación de grupos que supervisan y acompañan a condenados por delitos sexuales cuando quedan en libertad, para evitar la reincidencia y garantizar su reinserción. Además de los programas dirigidos a personas ya condenadas, algunos países han desarrollado iniciativas para prevenir el abuso sexual infantil antes de que se cometa. En Alemania, Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos, existen recursos que ofrecen atención confidencial y gratuita a personas que buscan ayuda para no delinquir.

Assiego recuerda que la garantía de no repetición, en todo caso, tiene que ver con evitar el daño "para el conjunto de la sociedad", lo que implica necesariamente "inversión en prevención y sensibilización", siempre desde la escucha activa a las víctimas. Una atención que debe llegar desde todos los ámbitos: "Si la sociedad realmente nos apoyara, las cosas cambiarían", sentencia Currilla.

Diana Quer fue agredida sexualmente y asesinada la madrugada de un 22 de agosto en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Ocurrió exactamente hace diez años. Aquel caso abriría una reflexión sostenida en torno a la violencia que recae sobre las mujeres, su tratamiento mediático, su impacto judicial y las necesidades específicas de las víctimas que hasta aquel momento eran objeto de atención solo para llenar minutos de tertulia. Una década después los avances son palpables, pero muchos de los debates que entonces se abrieron quedaron inconclusos.

Un año antes del crimen contra la joven, entraba en vigor la reforma que introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal, una figura que tendrá un peso fundamental en el caso. Aquella modificación salió adelante con los votos exclusivos del Partido Popular. Los partidos progresistas consideraban que se trataba de una suerte de cadena perpetua encubierta y la oposición se organizó para plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional. Su derogación se entretejió entonces como uno de los principales compromisos de la izquierda. 

Diana Quer desaparece aquella madrugada de finales de agosto, pero su cadáver no fue encontrado hasta 497 días después. El ciclo político continúa durante la búsqueda y, dos meses antes de su hallazgo, la Cámara Baja tramita una proposición de ley encaminada a derogar la prisión permanente revisable. Estamos en el año 2017 y el grueso de la oposición expresa un consenso total en la materia.

Pero en diciembre de aquel año, José Enrique Abuín confiesa el asesinato y revela dónde se encuentra el cuerpo. El caso toma entonces una deriva abanderada por el padre de la víctima: la defensa de la permanente revisable. En enero de 2018, Juan Carlos Quer lanza una exitosa recogida de firmas contraria a la derogación, abriendo un debate que trasciende del plano político y que plantea la pena como avanzada, justa y equitativa. El PP de Mariano Rajoy se alinea con esta tesis y encuentra la oportunidad perfecta para no ceder un milímetro en sus planteamientos, llegando a proponer una extensión de la pena para otros delitos específicos. 

Pero en junio de aquel año Pedro Sánchez llega a La Moncloa. El debate se diluye y tanto la derogación como la ampliación quedan en un limbo. Dolores Delgado, entonces ministra de Justicia, se compromete con la familia de la víctima a paralizar cualquier acción política hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso.

En diciembre de 2019, la Audiencia Provincial de A Coruña condena a Abuín por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. La pena: prisión permanente revisable, confirmada definitivamente por el Tribunal Supremo un año después. Para entonces, la coalición en el Gobierno central entre el Partido Socialista y Podemos ya había renunciado a derogar la prisión permanente revisable, aunque años antes la habían calificado de "populismo punitivo". 

En el año 2021 el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el recurso y avala la constitucionalidad de la pena, en una decisión no exenta de polémica que generó discrepancias entre los magistrados. Lo que se conjugó como un debate intenso en términos sociales, políticos y jurídicos, quedó finalmente desactivado. 

Pero no se esfumó del todo. En octubre del año pasado, el Partido Popular volvió a registrar una iniciativa legislativa para ampliar los supuestos de prisión permanente revisable. El Congreso lo rechazó en una votación extremadamente ajustada el pasado mes de marzo: 172 votos a favor y 174 en contra. 

Diana Quer fue perseguida, agredida y asesinada por ser mujer. Sin embargo, su asesinato no figuró en las estadísticas oficiales. Su nombre pasaría a la historia, pero su caso quedaría desdibujado en los registros, exactamente igual que había sucedido hasta entonces con otras víctimas que no mantenían ningún vínculo afectivo con sus agresores.

Lo que era una demanda clásica del movimiento feminista, se transformó entonces en deuda histórica. Hasta que a finales de 2021 el Gobierno anunció una medida pionera: la puesta en marcha de un registro de feminicidios más allá del ámbito de la pareja o expareja. España se convertiría en el primer país europeo en contabilizar esta forma de violencia.

"Lo que no se nombra no existe", asentía la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, quien presentó la iniciativa como una forma de "reconocer y visibilizar todas las formas de violencia". Entre 2022 y 2025, han sido contabilizados oficialmente 101 feminicidios más allá del ámbito de pareja. 

Julio de 2016. Cinco hombres violan a una joven en un portal de Iruña, Navarra. Es la primera noche de los Sanfermines. Menos de dos meses después, José Enrique Abuín acaba con la vida de Diana Quer. Ambos casos, apenas separados en el tiempo, sucedían en un momento histórico en el que no existía legislación específica contra los delitos sexuales.

El caso de La Manada y las movilizaciones posteriores harían evidente la necesidad de revisar la normativa contra la libertad sexual y abrirían un debate fundacional en torno al consentimiento, su encaje jurídico y su impacto social. Así nacería la ley del solo sí es sí.

La coexistencia de ambos crímenes serviría, además, para reforzar las tesis feministas en torno a la sobreexigencia que recae tradicionalmente sobre las víctimas. La trampa es perversa: resistirse y pagar con la vida o someterse y asumir el juicio público posterior. Aquellas que se revuelven ante una agresión sexual, argumentan las teóricas y militantes feministas, no dejan lugar a dudas sobre la ausencia de consentimiento, pero pueden toparse con una violencia extrema. Mientras, las víctimas que se someten para intentar salvar la vida serán sistemáticamente puestas en duda. 

El relato construido por algunos medios de comunicación durante los meses de búsqueda de la joven sirvió para exponer la vida privada de la víctima, culpabilizándola y obviando la violencia contra las mujeres como fenómeno estructural. La desaparición de Diana Quer sirvió para que algunos medios se apropiaran de su historia, tejiendo un relato en base a hipótesis que ponían el foco en la vida privada de la víctima y su entorno. 

Sobre ella se llegó a decir que tenía un "alma atormentada", que los "traumas adolescentes" que padecía tenían un papel protagonista en su vida y que "el cariño que no encontraba en un domicilio familiar resquebrajado por la ruptura de sus padres siempre lo había buscado en los brazos de los hombres". Ciertos medios se apresuraron a dibujar un perfil de la joven basado en la exposición de sus hábitos y su entorno, calificado de "problemático" y señalado en más de una ocasión como posible causa de su desaparición. La vida privada de la víctima pasó a tener apariencia de asunto público. 

El impacto mediático vino acompañado de la mirada crítica del feminismo, preparado para hablar de revictimización, terror sexual y cuestionamiento de las víctimas. Pero el cambio de narrativa no es una realidad diez años después: la herencia de lo sucedido con Diana Quer ha vuelto a resonar, a lo largo de la última década, con los nombres de Jennifer Hermoso, Elisa Mouliaá y tantas otras.

Las denuncias por agresiones sexuales registradas en Ceuta durante las últimas semanas son una realidad y han llevado incluso al Consejo General del Poder Judicial a hablar de una situación judicial extraordinaria. Pero Helena Reinés advierte de que reconocer la existencia de estos delitos no implica atribuirlos al conjunto de la población migrante ni convertir el origen de los presuntos agresores en una explicación general de la violencia.

En su videocolumna, Reinés analiza cómo determinados discursos políticos pasan de hechos concretos a vincular migración, delincuencia e inseguridad mediante la repetición. Es el denominado "efecto de verdad ilusoria": cuanto más se repite una afirmación, más familiar y creíble puede resultar, aunque no existan datos que permitan sostenerla. Frente a esa dinámica, reivindica el papel del periodismo a la hora de contextualizar, contrastar y evitar que casos individuales se transformen en acusaciones contra todo un colectivo.

Hace diez años, un grupo de madres desesperadas y extenuadas tras lo que parecía una batalla judicial perpetua se organizaba en torno a Infancia Libre. La asociación, pensada inicialmente para visibilizar y luchar contra la violencia sexual que recae sobre los más pequeños, fue tildada enseguida de organización criminal. La justicia, en alianza con los medios de comunicación, prendió la mecha de lo que sería una persecución sin tregua contra las madres. Y al hacerlo lanzaba un mensaje aleccionador, una advertencia generalizada que ponía de relieve el alto precio a pagar por ponerle nombre a una violencia acostumbrada a permanecer oculta. 

Pasaría un largo año hasta que la policía finalizara su investigación y la Fiscalía Provincial de Madrid decidiera archivar la causa, ante la ausencia de datos precisos que apuntalaran la existencia de una trama criminal pensada para separar a las criaturas de sus padres valiéndose de denuncias falsas. La justicia les daba la razón, pero el relato en su contra había permeado en el conjunto de la sociedad.

El ensañamiento sistemático contra las madres no fue puntual ni aislado, sino que es la máxima expresión de un problema estructural presente en otras partes del mundo, como Argentina. Denunciar "un caso de agresión sexual a un niño o niña en la familia –aunque la denuncia sea de oficio por parte de un servicio médico– tiene muchas probabilidades de terminar con la condena de la madre, pérdida de la custodia y entrega del menor al agresor", tal y como escribe Beatriz Gimeno en su libro Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo (Catarata, 2022). 

Las causas por las que se produce esta violencia institucional son diversas, prosigue la escritora y exdirectora del Instituto de las Mujeres, "pero se unen cuestiones con capacidad para roer el hueso del patriarcado". Por una parte, lo que la autora denomina "el tabú del incesto", unido al "deseo social de negarlo e invisibilizarlo, así como la incapacidad social e institucional para admitir que se trata de un crimen mucho más frecuente de lo que se cree". Por otro lado, entra en juego "el antifeminismo militante" que se expresa en "la desconfianza y el miedo que el patriarcado siente hacia el vínculo que las madres pueden establecer" con sus descendientes. Con este telón de fondo, "cuando una madre denuncia a un padre por abuso sexual a un hijo o hija, es muy posible que se esté introduciendo, sin saberlo, en una pesadilla sin solución".

Y son las madres quienes en mayor medida deciden denunciar formalmente los abusos revelados por sus hijas e hijos. Según Save the Children, ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas. 

Así lo atestiguan también las periodistas Patricia Reguero y Sara Plaza, autoras de Hija, yo sí te creo. Madres protectoras y su papel en la denuncia de la violencia sexual hacia la infancia (Libros del K.O., 2026). "A las niñas y niños no se les cree cuando dicen estar sufriendo violencia sexual, pero cuando es la madre quien denuncia, ni siquiera se les escucha porque todo el foco se desplaza", asiente Reguero a preguntas de este diario. Ahí comienza el despliegue de todo un "abanico de prejuicios" asentado sobre un sesgo machista muy evidente y otro sesgo "adultocéntrico que hemos empezado a ver y analizar más recientemente".

La abogada María Naredo coincide en que el castigo ejemplarizante contra las madres protectoras se cimenta sobre una "estructura de poder pétrea y asentada en la historia". En ese sentido, expresa la letrada feminista, donde el patriarcado ha demostrado ser "más rígido es precisamente en lo que respecta a la familia". Naredo concluye que "cuanto más cercano es el agresor y por tanto cuanto más se aleja de los mitos de la violencia sexual construidos por el propio patriarcado –el estereotipo de un violador desconocido que ejerce violencia en un callejón–, más reproche institucional existe contra quienes denuncian".

"Las prácticas protectoras de las madres se castigan desde varias instancias y de muchas formas", reflexiona Reguero. Cita herramientas como los puntos de encuentro, "lugares muy hostiles para ellas, donde se las observa al milímetro", pero también los "organismos encargados de hacer pruebas periciales que muchas veces son determinantes en los procesos". "Y, por supuesto, la justicia", añade, donde se genera una actitud "reactiva".

Así sucede con frecuencia respecto a aquellos casos en los que los abusos sexuales contra la infancia coexisten con violencia hacia las madres. Ahí, completa Naredo, se hace fuerte "el prejuicio de no creer a la madre ni al niño, el sistema se pone a la defensiva para que la impunidad siga existiendo". 

En el año 2009, la Fiscalía General del Estado emitió una circular donde afirmaba que en "los casos de separaciones matrimoniales conflictivas y en que existe litigio sobre la custodia", la experiencia judicial "lamentablemente acredita que no son excepcionales las denuncias por supuestos malos tratos o abusos que no responden a la realidad y tienen como finalidad influir sobre la decisión de custodia". Han pasado 17 años desde entonces y los pasos hacia adelante son incuestionables, pero la duda sembrada por la justicia sobre las madres todavía no se ha terminado de disipar. 

El análisis Violencia institucional contra las madres y la infancia, publicado por el Ministerio de Igualdad hace tres años, resume con precisión la respuesta del poder judicial y sus consecuencias. "Cuando la violencia institucional emerge dentro del sistema judicial es tal la profundidad con la que golpea y tan doloroso el daño que produce que es en virtud de esto que consideramos que debe ser reconocida y atajada con la mayor urgencia posible", advertía el estudio.

Naciones Unidas ha puesto de relieve, en reiteradas ocasiones, el patrón que existe en los procedimientos de familia en los que una mujer denuncia abusos contra sus hijos y los estereotipos que entonces orbitan en torno a ella, siempre valiéndose del falso síndrome de alienación parental como pretexto. El uso del falso síndrome está prohibido por la legislación, un veto que ha sido recientemente reforzado gracias a la reforma de la ley de protección a la infancia. No obstante, las expertas advierten que sus promotores en los tribunales han demostrado una más que sobrada capacidad a la hora de articular herramientas similares que, bajo eufemismos formales, persiguen exactamente los mismos fines. 

Naredo asiente convencida que el falso síndrome es, en realidad, el reverso del derecho de los menores a ser escuchados, así que "la mejor manera de desarticularlo es escuchar a los niños y niñas con todas las garantías". Pero la escucha activa está todavía lejos de ser una realidad.

En este contexto, emerge una situación contradictoria: "Si tú le preguntas a una persona cuál es el delito más abyecto, seguramente dirá que la violencia sexual contra la infancia, pero cuando observa que es la madre quien denuncia para proteger al menor y con eso está poniendo en cuestión la familia tradicional y mencionando algo tan prohibido como el incesto, entonces toda esa carga de prejuicios aparece". Habla Victoria Rosell, jueza y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Entonces, hasta la voz más comprometida comenzará a titubear y terminará "poniendo en duda a esa madre", sin pensar que en realidad es a ella a quien "más le cuesta dar el paso" por numerosos motivos, entre ellos la sensación de fracaso por la quiebra de su proyecto familiar o la culpa por la elección de una pareja sentimental que ha ejercido violencia contra sus criaturas. "Todas las madres protectoras me han dicho que primero no se lo podían creer, luego no se lo querían creer y ellas mismas exigieron un nivel de pruebas tremendo antes de ir a los tribunales", completa la jueza. 

En el origen del desprecio y el descrédito generalizado hacia las madres se sitúa no solo el sistema judicial, sino todo un entramado social, cultural y mediático que pone por delante las necesidades de los padres y devalúa el relato tanto de los menores como de las mujeres. El simple hecho de ponerle nombre a un tipo de violencia invisible genera una respuesta hostil automática. Así lo defiende Reguero: "Para muchos persiste esta idea de madre secuestradora y por tanto madre vengativa, dispuesta a aprovechar las supuestas ventajas del sistema y la normativa de protección de las mujeres frente a la violencia de género para negar a un hombre un derecho que se entiende como natural". 

Esta visión, concluye la periodista, continúa muy presente en el imaginario colectivo porque "hay muchísima gente a la que le resulta muy fácil concebir que una mujer es mala, pero muy difícil pensar en que un padre pueda agredir sexualmente a su hijo o hija".

La expansión de la competencia de las secciones de Violencia sobre la Mujer de los tribunales de instancia, no solo a la violencia doméstica, sino a cualquier tipo de agresión o delito por razones de género es uno de los principales retos de estos órganos. Así lo afirma la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) a la que preocupa especialmente los casos de trata de mujeres, por la gran complejidad que suponen. La asociación progresista y feminista insiste en la paradoja del sistema judicial español en el que seis de cada diez miembros de la magistratura son juezas que, sin embargo, están infrarrepresentadas en la cúpula –Tribunal Supremo, presidencias de Audiencias Provinciales y presidencias de sala de tribunales superiores– donde apenas superan el 30%. En las cinco salas del Alto Tribunal, las mujeres ni siquiera alcanzan el 20% de los puestos. La ley de paridad, vigente desde agosto de 2024, impone que el reparto de cargos se sitúe en la horquilla del 40-60% para cada sexo.

Todas estas apreciaciones se encuentran recogidas en el informe enviado por el colectivo a la Comisión Europea para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho, publicado por el Ejecutivo comunitario el pasado julio. La AMJE destaca la "drástica expansión del catálogo de crímenes" que los órganos judiciales especializados en violencia machista tienen que afrontar desde la entrada en vigor de la ley de eficiencia, el 1 de enero de 2025. Esa expansión se debió a la necesidad de adaptar la legislación española sobre la materia al Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) del Consejo de Europa, firmado por España en 2011.

Uno de los nuevos delitos que recaen con la nueva ley en las secciones de Violencia sobre la Mujer de los nuevos tribunales de instancia es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual cuando la víctima es una mujer. "Existe un problema en estos casos de prostitución y trata porque, en la mayoría de las ocasiones se trata de casos complejos", explica el informe de AMJE enviado al Ejecutivo comunitario. Esas causas, además del tráfico de personas y la prostitución forzada, suelen incluir delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, infracciones penales que van mucho más allá de la tradicional especialización en violencias ejercidas por la pareja o expareja de la víctima.

En estos tribunales, la competencia, además, viene determinada por el domicilio de la víctima, pero, tal y como advierte la asociación de juezas, "en los casos de trata y explotación sexual, es especialmente difícil porque implica organizaciones criminales que operan desde distintos lugares", sostiene el informe a Bruselas de AMJE. "Las víctimas, en muchos casos, ni siquiera tienen un domicilio", añade.

La asociación calcula que las nuevas competencias de estos órganos especializados supondrán un incremento de casos de entre el 12,9% y el 20%, al tener que hacerse cargo, no solo de la trata, sino también de todos los casos de violencia sexual y acoso, los delitos contra la intimidad y el honor, como el sexting (revelación de secretos) o las injurias relacionadas con el género o la violencia vicaria. "Cambiar la ley no es suficiente", advierte AMJE. "Es necesario formar a los jueces y el resto de personal de los juzgados en la ley del solo sí es sí y las nuevas dinámicas de agresión sexual, que requieren conocimientos tecnológicos complejos para los que no siempre hay personal especializado".

El colectivo feminista también se refiere a la situación general de la mujer en el cuerpo judicial. Y no habla únicamente de la segregación vertical, que perjudica a las mujeres, mayoritarias en la judicatura, y les dificulta acceder a los tribunales y puestos de la cúpula. También existe una "segregación horizontal", que coloca a las juezas y magistradas en determinados ámbitos: secciones de Violencia sobre la Mujer (donde ocupan el 76,9% de las plazas), secciones de primera instancia e instrucción (70,5%), secciones de menores (67,4%) y secciones de lo Penal (67,4%).

"Su presencia decae sistemáticamente en las audiencias provinciales, tribunales superiores y órganos centrales [es decir, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional]", recuerda AMJE, que asegura que la regulación del Consejo para la provisión de los puestos discrecionales en los principales tribunales "no garantiza una igualdad de género real y efectiva". Desde el órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, aseguran que uno de los problemas con el que se encuentran los vocales –más allá de las distintas posiciones que los dos sectores sostienen sobre la paridad de las designaciones que los progresistas siempre tratan de cumplir– es la ausencia de candidatas a algunas de esas posiciones clave.

Si los procesos migratorios sitúan a quienes los transitan en contextos de extrema vulnerabilidad, los riesgos se multiplican cuando se trata de mujeres e infancias. Más aún en situaciones excepcionales como la que desde hace semanas tiene lugar en Ceuta. Las autoridades de la ciudad autónoma han recibido varias denuncias de violencia sexual, los juzgados especializados han tramitado al menos tres y las instituciones han comenzado a activar todas las alertas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señaló en un comunicado emitido el miércoles que los juzgados ceutíes han tramitado tres denuncias por delitos contra la libertad sexual de mujeres marroquíes, dos de ellas menores de edad, en los últimos días. En dos de los casos, los jueces decretaron el ingreso en prisión de los inculpados y en el tercero se acordó la expulsión del detenido. 

El Ministerio de Igualdad envió este jueves un oficio al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para reiterar la "plena colaboración" ante la "necesidad de protección de las mujeres y niñas que han llegado". En la misiva, dirigida también a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, la ministra Ana Redondo se ofrece a conceder "los recursos económicos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como los medios técnicos y humanos necesarios para activar dichos recursos lo más ágilmente posible". 

El departamento también solicita que se utilice al completo el centro de crisis para víctimas de violencia sexual, ocupado actualmente de forma parcial. "Se considera que hay que aprovechar toda su capacidad para acoger a mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad", sostienen fuentes de la cartera. Amnistía Internacional denunció en un informe publicado a finales del año pasado que el centro de la ciudad autónoma era el único inactivo de todo el país.

La realidad es que numerosos testimonios atestiguan episodios de violencia sexual en la ciudad y no son pocas las mujeres llegadas al territorio que expresan el temor que las asola ante la escalada de violencia. A la situación de vulnerabilidad propia del proceso migratorio, se suman en su caso los riesgos ligados a su género. El Defensor del Pueblo inició este jueves una actuación de oficio en la que advierte de menores todavía sin identificar, con especial preocupación por las niñas fuera del sistema de protección. Las alianzas entre organizaciones del tercer sector y vecinos han llevado a la apertura improvisada de espacios específicos para dar cobijo a mujeres y niñas, centros que se encuentran ya al límite de su capacidad. 

A las complejidades de una situación extraordinaria se suma la falta de recursos y la desinformación en torno a los derechos que asisten a las víctimas. Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular que hayan sufrido violencia machista tienen derecho a recibir protección, asistencia sanitaria, psicológica, social y jurídica, con independencia de su situación administrativa y al margen de que exista una denuncia formal. 

Lo recuerda la jueza Victoria Rosell. Las mujeres que han sufrido violencia machista a su llegada a la ciudad autónoma tienen "exactamente los mismos derechos" que las españolas, asiente la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La conocida como ley del solo sí es sí determina en su artículo 3.2 que la protección integral fijada por la norma es de aplicación "a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales" en territorio español, con independencia de "su nacionalidad y de su situación administrativa". 

La misma ley, expone la exdelegada, modificó la legislación de extranjería para "evitar la incoación de expediente administrativo sancionador en el caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien su situación, como ya ocurre en el caso de víctimas de violencia de género".

Las mismas pueden solicitar además un permiso de residencia y trabajo por situaciones extraordinarias, como las descritas, pero en este caso sí "sería necesaria una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal acreditando que existen indicios de violencia", puntualiza Rosell. Por esta vía, las mujeres podrían obtener una autorización provisional mientras se resuelve el caso. En el supuesto de que termine en archivo o sobreseimiento debido a la expulsión del agresor o a que se encuentra en paradero desconocido, la ausencia de condena no impide obtener la autorización definitiva, siempre que de la resolución judicial se deduzca que la mujer fue víctima de violencia sexual.

Aquellas que huyan de sus países debido a episodios de violencia machista, tienen además derecho a protección internacional siempre que exista riesgo de persecución por razones de género. Pero la información no siempre llega, los recursos escasean y la ayuda se revela insuficiente. Y es preciso tener en cuenta que "la necesidad de las víctimas crece cuando no tienen red o cuando dependen del agresor", situaciones que hacen necesario "mucho más apoyo y atención", con una mediación cultural especializada, abunda la magistrada. 

En el año 2010, Médicos Sin Fronteras documentó cómo "el uso de la violencia sexual se convierte en una de las prácticas violentas más habituales contra la mujer en el marco del fenómeno migratorio", basándose en las mujeres subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a Europa. Dos años después, otro análisis de la situación concluía que si bien el peso exacto de la violencia sexual es imposible de medir, los datos sugieren que se trata de "un problema de alarmantes proporciones". La organización dibuja a mujeres y niñas como sujetos especialmente expuestos durante el viaje y en las zonas fronterizas, tanto a violencia sexual como a captación por redes de trata y explotación.

También Caminando Fronteras, en un análisis sobre las personas migrantes en la frontera occidental euroafricana, advierte que mientras están en situación de tránsito, las mujeres "sufren violencia, discriminación, racismo, deportaciones y violencia sexual, viéndose obligadas a sobrevivir en condiciones extremas que las empujan a la mendicidad, la prostitución y los trabajos precarios, además de correr el peligro de ser captadas por redes de trata".

En términos generales, Red Acoge reseña que "muchas mujeres sufren discriminaciones y violencias que son acumulativas a lo largo del proceso migratorio". La violencia, sentencia la organización en una guía publicada hace tres años, "puede ser una de las motivaciones para querer migrar, puede darse también en los territorios de tránsito, en especial si se han visto forzadas a utilizar canales irregulares y, también, pueden sufrirla en los países de acogida".

A las mismas conclusiones llega Alejandra Alemán, abogada en la organización Women’s Link Worldwide. "La migración no afecta igual a las mujeres que a los hombres, por las motivaciones, los riesgos, las formas de migrar y la inserción social posterior", afirma la experta, todos ellos procesos caracterizados por una "mayor exposición a la violencia basada en el género". 

A todo ello, lamenta la jurista, se suman los muchos obstáculos en los países de destino: desde las barreras para denunciar hasta el trato de las autoridades, lo que deriva en ocasiones en una suerte de violencia institucional que se cronifica. "El estatus migratorio irregular no reduce las obligaciones de los Estados", recuerda Alemán. Al contrario, las instituciones tienen la obligación de garantizar la integridad de las mujeres, no solo mediante la identificación de situaciones de violencia, "sino también activando sistemas de protección independientemente de la condición migratoria de la víctima".

Lucila Rodríguez-Alarcón, cofundadora y directora de la Fundación porCausa, pone de relieve las características diferenciales que obligan a extremar la precaución en el análisis sobre la situación en Ceuta. El volumen de personas que han llegado a la ciudad autónoma "es enorme", por tanto la situación es de "una excepcionalidad máxima" en comparación con los procesos migratorios "irregulares en todo el camino", en los que "las mujeres representan una minoría, precisamente porque tienen un nivel de vulnerabilidad elevado".

La emergencia actual, afina la experta al otro lado del teléfono, no equivale a "un proceso migratorio, sino a una marcha organizada que ha utilizado a un pueblo muy vulnerable como herramienta para desestabilizar el gobierno de una nación". En consecuencia, "no hay recursos para atender a nadie, porque es una marcha diseñada para desbordar el sistema de la ciudad". 

Sara se quedó embarazada con solo 14 años. El proceso de gestación pasó desapercibido entre quienes debían cuidar de ella hasta el mismo día del parto, nueve meses después. Cuando comenzaron las preguntas, la adolescente señaló a su padrastro. El caso llegó a los tribunales, pero los jueces no fueron capaces de apreciar ningún delito de violencia sexual, a pesar de considerar probado que existieron relaciones entre ambos y que el acusado era efectivamente el padre del bebé.

El denunciado no negó los hechos, pero alegó encontrarse en un estado de inconsciencia durante el acto sexual, fruto de las altísimas dosis de alcohol ingerido. La menor, quien ocultó el embarazo a su familia, también exculpó al adulto y cargó con la responsabilidad afirmando que había sido ella quien había iniciado las relaciones sin que el adulto fuera consciente. La culpa es una de las consecuencias citadas con mayor frecuencia por las víctimas de violencia sexual en la infancia y la adolescencia, pero los jueces no supieron verlo. El padrastro de la joven fue absuelto.

"La indignación y la repulsa por unos hechos, por más justificada que esté su compartida extensión, nunca pueden actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo", concluyeron los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra. 

Según el informe Por una justicia a la altura de la infancia, elaborado por Save the Children y basado en el análisis jurídico de sentencias, el 83% de los casos de violencia sexual contra niños que llegan a los juzgados terminan en condena. El estudio solo tiene en cuenta aquellos casos en los que existe resolución judicial, por lo que no figuran datos precisos sobre la tasa de sobreseimientos. En cuanto a las absoluciones, más de la mitad (58,9%) lo son por falta de pruebas.

Así le sucedió a Nuria. La Audiencia Provincial de A Coruña absolvió a su padre, denunciado por haber abusado de la joven cuando era menor. La absolución se apoyó en la ausencia de pruebas, pero también en el descrédito hacia el testimonio de la adolescente: "En el presente caso el análisis de todas las pruebas conjuntamente en los términos que quedaron expuestos nos llevan a la absolución del acusado", puesto que únicamente existió la declaración de la menor, cuyo testimonio, plasmaron los jueces en la sentencia, "genera dudas sobre su fiabilidad".

En diciembre de 2025, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidieron absolver a un hombre que había sido previamente condenado por un delito de abusos sexuales a una menor de 14 años. El motivo: apreciaron "serias dudas" sobre la solidez del relato de la joven. La justicia destacó además que la víctima había alterado su testimonio en las distintas fases del proceso judicial.

En este punto entra en juego un elemento clave: la prueba preconstituida. Se trata de una diligencia judicial que permite recoger anticipadamente el testimonio de una víctima con todas las garantías procesales, de modo que dicha declaración pueda ser utilizada posteriormente como prueba en el juicio. Su objetivo principal pasa por evitar que los supervivientes, más aún en el caso de los menores, se vean obligados a revivir lo sucedido una y otra vez en sede judicial. 

Según Save the Children, la prueba preconstituida solo se practicó en el 34,5% de los casos analizados y en un 1% fue solicitada pero no se efectuó. En un 63,8% de las resoluciones examinadas ni siquiera se menciona este elemento, por lo que no consta información sobre si llegó a tenerse en cuenta. En todo caso, advierte la organización, el hecho de que un dictamen judicial refleje la existencia de la prueba preconstituida no significa necesariamente que la denunciante no declare de nuevo en el juicio: "Observamos que incluso en el 60% de los casos en los que se ha grabado el testimonio, la víctima ha tenido que volver a declarar", lamentan.

La Audiencia Provincial de Salamanca reconoció, en una sentencia dictada en abril del año pasado, que el testimonio de la víctima no era suficiente para probar los abusos denunciados, pues no contaba con "la necesaria fuerza" debido a las "evidentes contradicciones existentes en sus variadas declaraciones y la inexistencia de corroboraciones periféricas que le doten de una mayor credibilidad". 

La denunciante había narrado agresiones sexuales por parte de la pareja de su madre, ambos denunciados con anterioridad por malos tratos. En ese extremo se atrincheraban también los jueces, quienes no comprendían que en aquella primera denuncia formulada la joven no hubiera expresado ningún episodio de abuso sexual: "Nada dijo [entonces] sobre esta supuesta agresión sexual que más tarde denunció y que hubiera sido muy fácil relatar", aseguraban los togados, sin ahondar en los motivos por los que una víctima puede tardar en verbalizar la violencia sufrida. 

"No es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener por ciertos los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra", concluían los jueces. 

El estudio La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren los niños y las niñas, elaborado por Themis Mujeres Juristas en 2020, revela que "las sentencias absolutorias se basan fundamentalmente en el testimonio contradictorio de la víctima", poniendo de manifiesto que su relato "no es espontáneo" o que sus declaraciones en el juicio son "contradictorias con lo declarado en instrucción". En pocas sentencias, advertían ya entonces las expertas, "el tribunal aprecia que puede existir retracción en el testimonio de la menor por la convivencia con el agresor o la presión familiar".

En verano del año pasado, la Audiencia Provincial de Jaén condenó a nueve años y un día de prisión a un hombre de treinta años que había agredido sexualmente a una menor de once. En realidad, el acusado ya había pasado por los tribunales dos años antes y había resultado absuelto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir el juicio, porque entendía que los primeros magistrados habían usado argumentos irracionales para justificar su decisión, cuestionando sistemáticamente la veracidad del relato expresado por la menor, una niña tutelada. 

Algo similar ha sucedido recientemente: el alto tribunal andaluz ha exigido celebrar de nuevo un juicio contra un acusado de abuso sexual infantil, al considerar que los jueces "no ofrecieron una justificación racional en torno al pronunciamiento absolutorio". Los hechos juzgados sucedieron hace nueve años, pero la víctima todavía no ha obtenido reparación.

Los menores denunciantes tuvieron en ambos casos que soportar la revictimización propia de dictámenes basados en prejuicios, pero también la dilatación de procedimientos judiciales que parecían interminables, una losa para su recuperación. "Más de un tercio de los procesos se prolonga más allá de los tres años y todavía hay procesos que llegan a durar más de cinco", expone Save the Children. Según sus datos, aproximadamente el 52% de los casos se resuelven en los tres primeros años, pero un significativo 40,9% de los procesos se extienden más allá del tercer año y un 12,1% dura más de un lustro. Las dilaciones indebidas están presentes en el 50,6% de las atenuantes.

Cuando Lidia tenía ocho años, sus padres se divorciaron. En ese momento, el progenitor de la pequeña pasaba tiempo con su hija a través de un régimen de visitas, compartiendo cama los fines de semana alternos en los que convivían. Allí fue donde le realizaría tocamientos e intentaría violarla, cuando solo tenía diez años. Los abusos se repitieron hasta que, dos años después, la pequeña contó lo sucedido en el colegio. El proceso judicial echó a andar un mes después de la denuncia, pero el juicio no tuvo lugar hasta cuatro años más tarde, tras haber sido suspendido y pospuesto. Al acusado, condenado a dos años y seis meses de prisión, se le aplicó una atenuante por dilaciones indebidas. Lidia arrastra secuelas graves desde entonces, fruto de lo sucedido y del proceso que vino después.

Con la justicia especializada, exponen desde las organizaciones, el proceso legal "no se alarga en el tiempo, facilitando la recuperación de los niños, niñas y adolescentes víctimas". 

Y es en el marco de la justicia especializada donde se encuadran las conocidas como Barnahus –casa de los niños, en islandés–, un modelo de atención integral centrado en la atención de los menores para evitar la victimización secundaria. El recurso permite realizar la grabación del testimonio en un entorno seguro, con profesionales especializados.

La primera de estas herramientas echó a andar en Tarragona en el año 2020. Nació como proyecto piloto y desde entonces se ha ido replicando por todo el territorio catalán, si bien son varias las comunidades que ya están implementándolo. La ley de protección a la infancia trató de incorporar el espíritu de este modelo al sistema judicial, apostando por una mejor coordinación entre administraciones, mientras que la conocida como ley del solo sí es sí trasladó estos principios al ámbito específico de la violencia sexual. 

Un estudio que evalúa el impacto del modelo en el caso de Tarragona, publicado en octubre de 2024 por la Universitat Rovira i Virgili (URV), expone las mejoras relevantes en cuestiones fundamentales como la duración de los procesos judiciales, la calidad probatoria, el número de sentencias condenatorias y la experiencia de las víctimas. Según concluyeron los expertos, este modelo conlleva una reducción generalizada de los casos que acaban en sobreseimiento: los archivos representan el 36,4% del total, frente al 57,4% registrado cuando no interviene este recurso.

Además, sólo un 11,6% de aquellos procedimientos en los que existía prueba preconstituida terminaron en sobreseimiento, una tasa que se eleva al 76,8% cuando no se pone en marcha este tipo de prueba. Barnahus también es un elemento clave en la reducción de los tiempos: la media de duración del proceso judicial se desploma hasta poco más de un año, la mitad de la media registrada en términos generales.

Pero para mejorar la atención judicial que reciben los menores en los tribunales, son necesarios recursos. La ley de protección a la infancia exige caminar hacia una justicia especializada, pero no ordena directamente la creación de nuevos juzgados. Fue la ley de eficiencia de la justicia la encargada de desarrollar finalmente la previsión de nuevos tribunales de instancia con secciones propias a finales del año pasado, pero solo se crearon tres secciones independientes: en Madrid, Barcelona y Málaga. A principios de julio, el Gobierno aprobó la creación extraordinaria de medio millar de nuevas plazas judiciales, la mayor ampliación hasta la fecha. Solo una de ellas será específica de violencia contra la infancia y la adolescencia. 

Nota al pie: todos los nombres propios usados en este artículo son ficticios.

He presenciado cómo un hombre, a quien me referiré como el espectador, veía Jarrapellejos, una película en la que, en medio de un relato complejo sobre el poder, varios hombres violan a dos mujeres y las asesinan.

Me sorprendo mirándolo a él. No puedo dejar de preguntarme qué ocurre en su conciencia mientras ve la película ni qué pensará cuando termine. Me pregunto qué siente durante esos minutos en los que dos mujeres forcejean, gritan, intentan escapar, son violadas y asesinadas.

No sé qué piensa el espectador. Tampoco puedo saber con exactitud qué sintieron aquellas mujeres a las que dos actrices dan vida en la pantalla. Pero sí reconozco lo que esa escena despierta en mí y sospecho que muchas mujeres identifican esa sensación: la de contemplar el cuerpo de la mujer convertido en el lugar donde es posible el ejercicio del poder absoluto.

La escena me resulta insoportable y me alejo.

El espectador continúa viendo la película.

Durante horas pienso en lo que acabo de ver y en el espectador. Intento comprender qué ocurre en la conciencia de alguien que permanece ante unas imágenes que para mí resultan insufribles. Más tarde comprendo que me estaba haciendo la pregunta equivocada porque, en realidad, no era aquel espectador quien me interesaba. Era el poder. Porque la violación no es solo una agresión sexual, es la expresión extrema del dominio de un ser humano sobre otro. El sexo no es el fin, sino el lenguaje. Lo que en realidad se afirma es algo mucho más profundo: esa mujer ha dejado de ser tratada como una persona cuya voluntad merece respeto para convertirse en un cuerpo sobre el que todo está permitido. Es decir: puedo hacer contigo lo que quiera.

Y entonces aparece la única pregunta que importa: ¿por qué, cuando una cultura necesita representar el poder en su forma más cruda, tan a menudo lo representa sobre el cuerpo de una mujer?

Vivo en una sociedad que jurídicamente ha reconocido la igualdad entre hombres y mujeres. Las leyes han cambiado de una manera que habría parecido imposible hace apenas unas décadas. Las mujeres somos hoy, al menos en el ordenamiento jurídico, personas con los mismos derechos que los hombres.

Pero una cultura no cambia al mismo ritmo que sus leyes. El derecho puede reconocer a la mujer como persona mucho antes de que la sociedad haya transformado por completo las formas más profundas en las que mira a las mujeres, las interpreta y se relaciona con ellas. El lugar que una cultura reserva a las mujeres no se modifica por decreto. Se transforma lentamente a través de la educación, de las costumbres, de las religiones, de la literatura, del cine y del lenguaje. Durante siglos son hombres quienes escriben, interpretan y dotan de autoridad a los grandes relatos que ordenan la vida social. No solo establecen una relación con lo sagrado o con la ley, también definen qué debe ser una buena mujer, qué comportamientos merecen aprobación y cuáles merecen sospecha, desprecio o castigo.

La historia de las mujeres puede leerse también como la historia de un reconocimiento siempre incompleto de su plena condición de persona. Las leyes han desmontado una parte de ese edificio, pero la transformación cultural es más lenta, porque no afecta únicamente a las normas visibles, sino a las formas aprendidas de mirar y valorar.

Y es que el poder más eficaz no siempre necesita mostrarse como poder. Triunfa cuando consigue fundirse con la costumbre, con la tradición, con aquello que parece natural porque siempre ha estado ahí. Por eso el poder no reside únicamente en los parlamentos o en los tribunales. Habita también en las relaciones personales, en la familia, en la educación sentimental, en las expectativas que hombres y mujeres aprendemos desde la infancia. No se trata solo de quién tiene formalmente derechos. Se trata también de quién es escuchado, quién es creído, quién ve reconocida su voluntad como un límite que los demás deben respetar. Porque una persona no es meramente alguien a quien la ley reconoce derechos. Es también alguien cuya palabra tiene valor, cuyo deseo importa y cuyo cuerpo no está disponible para la voluntad ajena.

Al hilo de esto hay algo que siempre me ha llamado la atención: uno de los mayores temores de muchos hombres al ingresar en prisión es ser violados por otros hombres. Ese miedo revela algo esencial. No se refiere únicamente al dolor físico o a la humillación.

Revela el horror de ser privado de la capacidad de disponer del propio cuerpo, de convertirse en un cuerpo por completo sometido a la voluntad ajena. En ese sometimiento radical, cualquier ser humano comprende qué significa que otro decida, que su propia voluntad no cuente. Todos entendemos, de una manera inmediata, el significado de esa forma de poder.

Y, sin embargo, esa misma forma de poder aparece una y otra vez representada sobre los cuerpos de las mujeres en la ficción. Lo insoportable no es la escena concreta, sino que su repetición haya terminado por convertirla en una representación reconocible y habitual del dominio.

No sé qué pensaba el espectador mientras veía Jarrapellejos. Nunca podré saberlo. Pero sí sé lo que esa secuencia que yo no pude seguir viendo me ha llevado a pensar: la igualdad jurídica ha llegado mucho antes de que la sociedad haya alcanzado el reconocimiento cultural pleno de las mujeres como personas, cuya voluntad, cuya palabra y cuyo cuerpo poseen el mismo valor que los de cualquier otro ser humano.

Las leyes pueden cambiar mucho antes que una cultura. Una cultura se transforma cuando deja de considerar imaginable, representable y aceptable aquello que durante siglos le había parecido natural. Porque las culturas no solo revelan aquello que admiran; también delatan aquello que consideran disponible. Quizá la verdadera igualdad comience el día en que el cuerpo de las mujeres deje de ser el lugar privilegiado sobre el que una sociedad representa el ejercicio del poder más absoluto.

¿Cómo sabremos que ese cambio se ha producido? Tal vez cuando una escena como la de Jarrapellejos deje de parecernos una forma reconocible de representar el poder. Cuando, por primera vez, ya no nos resulte natural. Cuando nos resulte extraña. Porque quizá sea entonces, y solo entonces, cuando haya dejado de ser imaginable la suspensión de la condición de persona de un ser humano, aunque solo sea por el tiempo que dura una escena.

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Isabel Torné es socia de infoLibre.

Una mujer puede haber sido sedada y agredida sexualmente durante meses o incluso años sin ser consciente de ello. Un ejemplo de esto se vio claramente con el caso de Gisèle Pelicot. En algunos casos, la primera noticia de lo ocurrido para la víctima llega cuando la Policía contacta con ella tras localizar vídeos, conversaciones u otros indicios durante una investigación. Las afectadas apenas conservan recuerdos, no perciben los efectos físicos de las agresiones o atribuyen su malestar a una enfermedad. Esto es debido a que el supuesto agresor suele ser una de las personas en las que más confían: su pareja, un familiar, un amigo o alguien con acceso habitual a su vivienda.

Este es el fenómeno que trata de combatir el Proyecto Medusa, una iniciativa internacional puesta en marcha en abril por Alemania y Reino Unido con el apoyo de Europol. Su objetivo es identificar y desarticular comunidades digitales en las que hombres intercambian métodos para sedar o drogar a mujeres, comparten imágenes de las agresiones y, en algunos casos, coordinan la participación de terceros. En el proyecto colaboran España y otros países europeos como Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos o Reino Unido. Desde fuera del continente también participan Brasil, Canadá y Estados Unidos.

El último gran intercambio de información se produjo entre el 22 y el 24 de junio en la sede de la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) en Londres. Allí se reunieron 29 investigadores para cruzar datos sobre víctimas, presuntos agresores y comunidades misóginas. La operación permitió identificar a 156 personas entre afectadas y sospechosos, abrir 274 nuevas líneas de investigación y descubrir cuatro grupos digitales que hasta entonces no estaban localizados.

Esas cifras corresponden únicamente a la operación de junio y no deben confundirse con el balance acumulado del Proyecto Medusa. Desde su creación, los casos vinculados a la iniciativa han dejado 57 personas detenidas, 158 víctimas bajo protección y 113 investigaciones iniciadas. Europol no ha explicado qué parte de las 156 personas identificadas son víctimas y cuál corresponde a presuntos agresores, ni ha distribuido esos resultados por países.

Las agresiones sexuales facilitadas por drogas se producen cuando una persona utiliza alcohol, medicamentos u otras sustancias para incapacitar a otra y anular su capacidad de consentir. Las drogas pueden impedirle resistirse, recordar lo ocurrido o advertir los efectos físicos de la agresión. Además, al ser administradas sin conocimientos médicos o combinadas entre sí, pueden poner en peligro su vida.

El Proyecto Medusa pone el foco en una realidad diferente a la imagen más extendida de la sumisión química, asociada habitualmente a discotecas, festivales o encuentros entre desconocidos. Los casos investigados se producen sobre todo dentro de relaciones sentimentales o círculos de confianza. Unas agresiones que, al tener lugar en el domicilio de la víctima, pueden repetirse durante largos periodos y afectan casi exclusivamente a mujeres, según Europol.

La investigación británica que precedió al lanzamiento del proyecto ayuda a dimensionar el fenómeno. Desde octubre de 2025, la NCA había identificado a más de 270 personas relacionadas con un foro concreto y sus plataformas sucesoras. La agencia elaboró más de 210 informes de inteligencia sobre posibles agresores, sospechosos y víctimas, que dieron lugar al menos a 14 investigaciones en Reino Unido y otros países. La propia NCA reconoce que todavía desconoce la verdadera magnitud de estos delitos porque probablemente están muy infradenunciados.

“Las agresiones sexuales facilitadas por drogas ya no son un comportamiento aislado, sino cada vez más organizado”, advirtió el subdirector de la NCA, Nigel Leary, al presentar los resultados. Las autoridades británicas consideran que las plataformas digitales han permitido conectar a agresores que antes podían actuar individualmente, reforzar sus conductas y facilitar delitos más allá de las fronteras nacionales.

Las investigaciones han encontrado servicios de mensajería cifrada, foros y grupos cerrados en los que sus participantes cosifican y deshumanizan a las mujeres, pero no se limitan a compartir comentarios misóginos. Según Europol, intercambian imágenes y vídeos de víctimas, narran experiencias, explican técnicas de sedación y difunden información sobre medicamentos, drogas y formas de administrarlos.

En estos espacios también se facilita la compraventa ilegal de fármacos y estupefacientes y se preparan logísticamente las agresiones. Europol ha detectado conversaciones en las que algunos miembros permiten que otros hombres abusen de sus parejas o personas cercanas. Después, los participantes comparten el material obtenido, felicitan a los agresores y validan la violencia como una forma legítima de dominación.

El proyecto relaciona estas redes con comunidades digitales que promueven una masculinidad extrema y discursos de odio contra las mujeres. En ellas se presenta a las víctimas como seres inferiores y sin autonomía, se considera el dominio masculino como un derecho y se justifica la violencia o la coacción para obtener acceso sexual. El grupo no solo proporciona conocimientos prácticos: también construye el marco ideológico con el que los participantes legitiman sus actos.

La dificultad para identificar a las víctimas ha obligado a las fuerzas policiales a desarrollar un sistema específico de cooperación. Medusa prevé la creación de un equipo especializado en identificación, encuentros intensivos de analistas de distintos países y el intercambio rápido de información a través de SIENA, la red segura de comunicaciones de Europol.

Los investigadores cruzan bases de datos en tiempo real, analizan información disponible en fuentes abiertas y buscan coincidencias entre direcciones IP. También estudian posibles conexiones con la ‘dark web’, identifican a los usuarios más activos y emplean herramientas de análisis de imágenes para descubrir lugares, objetos u otros elementos que permitan reconocer a una víctima.

Otro de los objetivos es crear una base de huellas digitales o valores ‘hash’ de las imágenes. Estos códigos permiten reconocer copias de un mismo archivo aunque se hayan vuelto a publicar en otras plataformas, lo que facilita retirar contenidos y relacionar investigaciones abiertas en distintos países. Europol proporciona apoyo financiero y analítico, además de coordinar el intercambio de información una vez terminan las reuniones presenciales.

España participa a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuyos investigadores formaron parte del operativo de junio. Sin embargo, el balance difundido por Europol no detalla cuántas víctimas, sospechosos, detenciones o líneas de investigación corresponden al territorio español. Canadá sí ha hecho público posteriormente que había localizado a 41 personas vinculadas al país entre posibles víctimas y agresores, aunque tampoco ofreció más detalles debido al carácter abierto de las investigaciones.

Uno de los principales obstáculos es que las víctimas pueden carecer de un relato completo. No recordar lo sucedido, no presentar lesiones evidentes o haber consumido alcohol voluntariamente puede dificultar tanto la denuncia como la investigación. En los casos perseguidos por Medusa se añade que el agresor suele controlar el espacio doméstico, puede repetir la sedación durante años y dispone de acceso a medicamentos, dispositivos electrónicos y pertenencias de la mujer.

Las autoridades británicas están tratando de cambiar el enfoque. En lugar de depender únicamente del testimonio de la víctima o esperar que sea ella quien reconstruya lo ocurrido, los investigadores analizan el comportamiento del sospechoso, sus comunicaciones, sus conexiones digitales y los patrones que se repiten en diferentes casos. La prioridad es reunir pruebas y ofrecer protección incluso cuando la mujer todavía desconoce que ha sufrido una agresión.

No obstante, las investigaciones de Medusa no se limitan únicamente a presuntas violaciones o agresiones sexuales. Algunos procedimientos incluyen delitos de lesiones graves y tentativa de homicidio por el riesgo que implica administrar sustancias sedantes, especialmente cuando se mezclan sin controlar las dosis. La operación continúa abierta y Europol advierte de que la cooperación internacional seguirá activa a medida que las 274 nuevas pistas conduzcan a otros sospechosos, víctimas y comunidades digitales.

Invisible, relegada al silencio y muchas veces impune. La violencia sexual durante la infancia constituye uno de los mayores fracasos sociales e institucionales de nuestro tiempo, el retrato impoluto de un sistema que enmudece y se demuestra incapaz de proteger a los más vulnerables. Supone, además, una quiebra de las expectativas vitales de la víctima y la desacralización de la familia como institución segura. Uno de cada cinco menores es víctima de violencia sexual, según el Consejo de Europa. En España, el 28,9% de las personas que tienen entre 18 y 30 años se reconoce como tal. Casi tres de cada diez jóvenes.

Esta última cifra proviene del estudio Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, confeccionado hace un año por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se trata de la macroencuesta más completa en la materia hasta la fecha, basada en 9.037 entrevistas a personas jóvenes. Los resultados constatan que la violencia sexual en la infancia es estructural y no únicamente una dolorosa excepcionalidad, resulta más habitual de lo que aparenta y está marcada por un evidente sesgo de género: ellas se nombran como víctimas en mayor medida (33,6%) que los hombres encuestados (24,4%).

La adolescencia es el momento más peligroso para los menores. El 26% de las personas encuestadas se remonta a esta etapa cuando recuerda los abusos sufridos, frente al 6,3% que menciona la infancia y el 3,4% que habla de violencia continuada. Acercando la lupa a aspectos concretos como la etapa evolutiva, se puede constatar un viraje estadístico en términos de género: en la infancia, son los niños varones quienes tienden a sufrir más violencia (6,8%), en comparación con las niñas (5,8%). Ellos también padecen violencia sexual de manera habitual o recurrente en mayor medida (6,4%) que las chicas (4,1%). 

La noción de la familia como espacio seguro se desmorona en contextos de violencia durante la infancia. Es precisamente el entorno familiar el principal escenario de abusos, según el 46,6% de las personas entrevistadas. Le siguen el comunitario o vecinal (37,3%) y el escolar (36,9%).

Sin embargo, el perfil de los agresores varía sustancialmente según las características de la violencia y de las víctimas. En el caso de los abusos durante la infancia, el rostro de los abusos es precisamente el de quien se presupone garante del bienestar familiar: el padre, citado por el 21,6% de quienes expresan haber sufrido violencia durante la niñez. En cambio, durante la adolescencia entran en juego las relaciones afectivas: la pareja de la víctima es mencionada por el 34,1% de los encuestados. 

Los matices en función del género de quien responde a la encuesta son, una vez más, reveladores. Los hombres víctimas de violencia señalan mayoritariamente a sus padres (28,3%). Las mujeres, en cambio, señalan a sus novios (40,4%). 

El informe Agresión sexual en niñas y adolescentes, según su testimonio. Evolución en España (2019-2023), confeccionado por la Fundación ANAR a partir de las vivencias de 4.522 niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual que llegaron a la organización buscando ayuda, constata que los agresores son, sin apenas excepciones, hombres adultos: ellos constituyen el 94,3% y el 78,6% es mayor de edad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar sus datos sobre sentencias condenatorias dictadas a lo largo del año pasado y los resultados muestran que el 23,5% del total de condenas impuestas a personas adultas corresponden a delitos de agresión sexual contra menores de 16 años. En el caso de los menores condenados, este porcentaje se eleva hasta el 58,3%.

Es en la esfera jurídica donde también ha decidido poner el foco la organización Save the Children. En un análisis publicado el año pasado, la entidad concluyó que el 98% de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados son hombres. "Este dato evidencia una marcada tendencia de género en la comisión de abusos sexuales a la infancia", estiman los autores. En ocho de cada diez casos analizados –345 sentencias dictadas en 2023 y 2024–, el agresor es un conocido de la víctima. 

El mismo estudio confirma que los principales victimarios en el ámbito familiar son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Fuera del hogar, el 75,2% de los agresores eran conocidos o amigos de la víctima. El 63% son personas sin antecedentes y quienes sí los tenían eran, en su mayoría, por delitos que nada tenían que ver con la libertad sexual. "Estos datos muestran que por lo general los agresores de este tipo de delitos son difícilmente identificables como potenciales agresores sexuales de niños y niñas en base a sus antecedentes", afirman. 

El 52,5% de las personas que participaron en la encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia reconoce haber convivido con los abusos a lo largo de su vida. Nadie les tendió la mano, ninguna institución supo reconocer la violencia y no encontraron la ayuda necesaria para ponerle remedio. Solo un 9,6% denunció lo sucedido ante las autoridades, siendo los varones quienes en mayor medida dan el paso (14,3%) en comparación con las mujeres (6,1%). 

Pero sí hay algo que hacen tanto los chicos como las chicas: contárselo a alguien. Así lo indica el 27,2% de los supervivientes. La inmensa mayoría (61%) se apoya en sus amigos a la hora de romper el silencio. La amistad se entreteje como el principal colchón para amortiguar el golpe, por delante de las madres (30,3%).

Según Save the Children, son precisamente las madres quienes, una vez conocen los hechos, deciden denunciar formalmente lo sucedido. Ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas, una decisión no exenta de consecuencias. Naciones Unidas ha señalado en diversas ocasiones que el sistema judicial español no protege a los niños de padres abusivos y tiene un sesgo discriminatorio contra las mujeres. Las conocidas como madres protectoras han cargado desde hace años con el peso de una justicia que no da credibilidad a su palabra. 

En cuanto a la respuesta institucional, solo el 3,8% de los profesionales de la salud y la educación, espacios claves para la detección, decide dar la voz de alarma. 

La ausencia de herramientas a disposición de los menores, la falta de un entorno seguro que funcione como tabla de salvación y el silencio impuesto como única vía para seguir adelante dejan secuelas en quienes han sufrido esta forma de violencia. La Fundación ANAR indica que casi siete de cada diez problemas asociados a la violencia sexual (68,6%) tienen que ver con la salud mental. Los supervivientes hablan de miedo (21,7%), ansiedad (19,6%) y tristeza (18,8%). Entre las víctimas adolescentes aparecen además conductas suicidas (7,2%), autolesiones (5,2%), baja autoestima (3,5%), trastornos alimentarios (2,4%), depresión (2%) y adicciones (1,9%). Pese a los datos, un 70,3% de las víctimas no recibe ningún tipo de tratamiento psicológico en el momento de los hechos.

Además de las consecuencias directas sobre su salud, las víctimas también soportan el descrédito que sobrevuela a su alrededor, responsable de sembrar una duda perpetua que dificulta su recuperación. En seis de cada diez casos (63,4%) se han apreciado fallos en el entorno social de la víctima. La mayoría tienen que ver con actitudes negligentes (41,5%): es decir, la falta de atención, consideración o actuación cuando se conoce el problema. 

Pero también existe un miedo genuino a la revictimización que pueda sufrir la víctima durante el proceso (21,8%). Y así la inacción se configura erróneamente como una forma de protección. En el entorno se asienta también la negación (17,9%), la culpabilización de la víctima (9,8%) y la justificación de la violencia (9%), conductas que no solo apuntalan las secuelas psicológicas, sino que disuaden a los menores a la hora de denunciar y los condenan a vivir con el peso de lo sucedido durante largos años. 

Han pasado diez años desde los sucesos de La Manada en Pamplona. Diez años desde unos hechos que marcaron para siempre la vida de casi todos nosotros.

Aquello no fue un abuso, ni un jolgorio festivo y consentido. Fue una violación salvaje. Y la respuesta social que siguió cambió la forma en que muchas personas entendían el consentimiento, la violencia sexual y el papel de la justicia.

Diez años después, queda bastante camino por recorrer (porque tenemos al PP y al alcalde de Móstoles por ahí, a Abascal y sus secuaces y su forma de entender la violencia machista, a Salazar y Ábalos del PSOE...), pero también una lección que no debería olvidarse: hay que escuchar a las víctimas, y seguir construyendo una sociedad en la que ninguna mujer tenga que demostrar que se resistió para que se reconozca que fue víctima de una violación o de una agresión.

Diez años dan para demasiados titulares. Para demasiados escándalos. Para demasiadas decepciones. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, cambian los protagonistas... pero demasiadas veces permanecen las mismas inercias.

Entre otras mucha cosas, hemos conocido al ángel de Jorge Fernández Díaz, hemos condecorado con la medalla al mérito policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Descubrimos a Cristina Cifuentes robando cremas, a María Dolores de Cospedal y Villarejo conspirando entre grabaciones. Albert Rivera e Inés Arrimadas han desaparecido de nuestras vidas, lo mismo que Pablo Casado. Esperanza Aguirre ha pasado a ser activista de primera línea, cortando carreteras. Seguimos sin saber quién era "MpuntoRajoy". Hemos asistido a la exhumación de la tumba del dictador, convertida por unos en reparación democrática y por otros en una afrenta a España.

Hemos visto a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán investigados y algunos condenados por tramas de corrupción. Hemos conocido las investigaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presuntos delitos fiscales. Hemos visto hospitales en Madrid tratando de ahorrar hasta en el material sanitario de un solo uso, mientras las listas de espera crecían. Hemos visto al PP regalar cestas de fruta al PSOE y, según nos ha dicho un pajarito que venía del despacho de Abogados Cristianos, Santi Abascal está muy ofendido porque a él también le gusta mucho, mucho, muuuucho la fruta.

Hemos descubierto "El Ventorro" como símbolo de una comida de trabajo, un reservado y una gestión criminal. Hemos asistido al desastre de los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Ha fallecido el papa Francisco y la pederastia en la Iglesia española ha saltado al primer plano de la actualidad. El exministro Montoro se nos ha destapado, se nos ha salido de madre, parecía tonto el chaval. Hemos visto una España rota, hecha jirones por la amnistía a los líderes del independentismo catalán. Pero todos tranquilos: España para los españoles primero, la prioridad es nacional. Acordémonos de Torre-Pacheco.

Y así, mientras España arde, podríamos seguir hasta aburrirnos.

Pero ¿qué será de nuestra política dentro de diez años? Yo me lo imagino así:

Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, MAR y Tellado ya no estarán entre nosotros (puede que vengan otros que igual les hacen buenos). El PP seguirá sin gobernar, los pensionistas y los trabajadores, por fin han dejado de votarles. Vox desaparecerá para siempre. El novio de Ayuso no se habrá suicidado ni se habrá exiliado, seguirá viviendo en su ático de lujo pero sin relaciones con Quirón. Puigdemont seguirá en Waterloo, "no viene porque no quiere". Los jueces encajarán bien las críticas a su trabajo, la ley será igual para todos. La monarquía estará a punto de desaparecer y Euskadi y Cataluña casi serán independientes (Otxandiano y Rufián serán los lehendakaris). Al "Perro Sánchez" me lo imagino presidiendo la ONU. Y por qué no: una mujer de izquierdas será presidenta del Gobierno. Los partidos a la izquierda del PSOE serán capaces de construir un frente común sin desperdiciar energías en discusiones estériles y batallas de egos. Los derechos conquistados sobrevivirán porque ha habido una ciudadanía dispuesta a defenderlos.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

Desde hace años no ha dejado de apretarse y aflojarse el cerco judicial en torno a Andrew Tate, uno de los influencers masculinistas más tóxicos del planeta, para gran disgusto de las víctimas que lo acusan de violaciones y de trata de personas, en una vertiginosa vorágine jurídico-diplomática.

Esta vez, el sábado 18 de julio, este figura de la “machosfera” de 39 años, con doble nacionalidad estadounidense y británica, seguido por 11 millones de personas en la red social X y que vende a precio de oro sus consejos a seguidores alimentados con el odio hacia las mujeres, fue detenido en Miami, en Estados Unidos, junto a su hermano Tristan.

Esta detención, cuyas imágenes se filtraron de inmediato en la web de cotilleos TMZ, se llevó a cabo a petición del Reino Unido, que ya en 2024 había dictado una orden de detención internacional contra ellos por hechos cometidos en territorio británico.

En la actualidad, la Fiscalía británica solicita su extradición, en particular por “violaciones, complicidad en explotación sexual y delitos relacionados con imágenes indecentes de menores”, basándose en nuevas acusaciones relacionadas con actos presuntamente cometidos entre 2010 y 2017.

En un comunicado publicado el sábado, la Fiscalía británica dice que hay siete posibles víctimas. Aunque se protege su identidad, dos de ellas habrían trabajado para una empresa de cámaras web de Andrew Tate en 2015, mientras que otras dos habrían mantenido relaciones con él en 2013 y 2014.

Andrew Tate se enfrenta a un total de cuarenta y dos cargos, y su hermano a diecisiete, pero ambos se declaran inocentes. Al igual que de todo lo que se les imputa en todo el mundo. Para su abogado, que tiene previsto impugnar esta detención ante los tribunales y asegura que serán puestos en libertad próximamente, se trataría de una simple “maniobra política”.

La justicia británica ha tenido que recurrir a los US Marshals porque los hermanos Tate, que residieron durante años en Rumanía, donde habían establecido sus negocios, se fueron en 2025 de Bucarest escapando de las graves acusaciones presentadas contra ellos por la fiscalía rumana, para refugiarse en la tierra de Donald Trump.

Aunque los dos habían pasado tres meses detenidos en Rumanía en 2022, acusados, entre otras cosas, de haber obligado a mujeres a participar en su negocio pornográfico (entre ellas una menor), posteriormente fueron puestos en libertad bajo control judicial, con la prohibición de abandonar el territorio. Andrew Tate también está acusado allí de violación.

Pero un mes después de que Donald Trump se instalara en la Casa Blanca, se beneficiaron de una decisión inesperada de las autoridades rumanas, en febrero de 2025, que les permitió recuperar sus pasaportes.

Esta decisión se habría tomado bajo la presión del enviado especial del presidente estadounidense en Europa, Richard Grenell, según revelaciones detalladas de varios medios de comunicación estadounidenses, que han destacado las afinidades entre Andrew Tate y varias figuras del movimiento MAGA (Make America Great Again), como Tucker Carlson, llegando incluso a desvelar una videollamada entre Barron Trump, el hijo menor del presidente, y el influencer masculinista.

Aunque Bucarest ha negado públicamente esta presión por parte de las autoridades estadounidenses, un medio de comunicación rumano ha informado de que el ministro de Asuntos Exteriores del país sí había confirmado haber mantenido una conversación sobre el caso de Tate con Richard Grenell, con motivo de una conferencia sobre seguridad celebrada en Alemania.

“Estados Unidos no debería intervenir en función de los caprichos y las preferencias políticas de Elon Musk y del dinero que Tate le reporta en X”, había declarado, como reacción, el abogado inglés de varias víctimas, sabiendo que el multimillonario seguía siendo asesor de Donald Trump en aquel momento.

Expulsado de Instagram y TikTok por sus comentarios misóginos, el influencer había sido readmitido en X tras la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk. Ahora promueve ahí más que nunca sus teorías masculinistas, popularizando un lenguaje en clave (“la matriz” en la que, según él, los hombres se habrían dejado encerrar por las feministas), haciendo alarde de puros y coches de lujo, además de mensajes homófobos y racistas.

Desde su llegada a Florida, los dos influencers vivían tranquilamente en Miami, donde Andrew Tate, exprofesional del kickboxing, tenía previsto presentar, la misma noche de su detención, un evento de boxeo. Además de un viaje a Dubái, los hermanos también estuvieron en Rusia a principios de junio, donde las autoridades les tendieron la alfombra roja con motivo del “Davos ruso”. Se grabaron frente al Kremlin para sus millones de seguidores, pero también con uniformes militares rusos, sobre tanques o en una trinchera, lanzando granadas —para gran satisfacción de los propagandistas de Vladímir Putin, sin duda alguna.

En el Reino Unido, entre los procesos que amenazan a los hermanos Tate, se encuentra un caso reabierto en marzo de 2026, por presuntos delitos de violación y agresión sexual cometidos contra tres mujeres entre 2014 y 2015. Archivado inicialmente en 2019, el caso se ha reabierto desde cero después de que el organismo británico encargado de la ética policial indicara que un antiguo investigador podría ser objeto de un procedimiento por falta grave debido a posibles “incumplimientos”.

“Nos comprometemos a […] velar por que las denuncias de tal gravedad sean objeto de una investigación rigurosa, exhaustiva y minuciosa, independientemente de la fecha a la que se remonten”, ha señalado la policía de Hertfordshire en un comunicado.

Además, los dos hermanos están acusados de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el Reino Unido, donde la policía ya ha recibido autorización para embargarles más de 2,5 millones de euros, tras una resolución judicial de diciembre de 2024. Las fuerzas del orden han señalado que no pagaron ningún impuesto sobre los 25 millones de euros de ingresos que obtuvieron entre 2014 y 2022 por sus actividades en Internet. Según Andrew Tate, si se había instalado en Rumanía era porque le gustaba “el hecho de que allí la corrupción sea accesible para todos”.

Traducción de Miguel López

Más de un mes después de que estallara el “caso Lyhanna”, sigue en pleno apogeo la batalla de la comunicación. Gérald Darmanin, al dar a conocer el miércoles 15 de julio el balance de la “revisión” de los procedimientos relativos a los delitos de abuso sexual contra menores —iniciada con carácter de urgencia el 8 de junio—, se otorgó a sí mismo un satisfecit muy oportuno. “Esta iniciativa permite, por primera vez, disponer de una visión consolidada de la situación”, con “resultados que demuestran la utilidad de una gestión nacional rigurosa”, se lee en un comunicado del Ministerio de Justicia. Aunque algunos magistrados habían puesto en duda la utilidad o la viabilidad de realizar dicho inventario en cinco semanas, el ministro de Justicia se alegra al “demostrar que se equivocaban”.

De entre todas las estadísticas facilitadas por las diferentes jurisdicciones, el ministro querría que el público en general recordara sobre todo esta cifra: desde el 8 de junio, se han abierto 1.350 investigaciones judiciales (es decir, se ha recurrido a un juez de instrucción) por delitos sexuales contra menores, “lo que supone un aumento del +309 %” con respecto al mismo periodo de 2025. Esto ha conllevado un aumento vertiginoso de las prisiones preventivas: han sido encarceladas 675 personas, “lo que supone un aumento del 173 %”, afirma el ministro de Justicia. En otras palabras: la lucha contra los delitos sexuales contra menores estaría experimentando una aceleración excepcional que habría que atribuirle a él.

En realidad, aunque esta “revisión de los procedimientos” es sin duda algo sin precedentes y devuelve la esperanza a miles de víctimas que ven cómo se desbloquean investigaciones preliminares que llevaban años estancadas, confirma sobre todo el carácter sistémico de las deficiencias de la justicia, así como la magnitud del trabajo que queda por realizar, sin los medios adecuados. Lejos de exculpar a Gérald Darmanin, más bien pone de relieve su responsabilidad política, así como la del ministro del Interior, Laurent Nuñez, de quien dependen los servicios de policía y gendarmería encargados de las investigaciones.

“No sé cómo vamos a poder salir de esto, es un pozo sin fondo”, confiesa una fiscal. “Este ‘minucioso’ reexamen de los procedimientos es una broma”, dice un agente de una brigada especializada, que habla de una “falta de respeto organizada”. Lo que sigue es un análisis de una “operación verdad” cuyas conclusiones son, en realidad, alarmantes y cuyos efectos secundarios resultan preocupantes.

A principios de junio, cuando Gérald Darmanin convocó a los 36 fiscales generales de Francia (superiores de los fiscales de los tribunales de apelación), cuatro días después del hallazgo del cadáver de Lyhanna, les advirtió: ni se les ocurra irse de vacaciones antes de haber revisado las “70.000” investigaciones preliminares abiertas a raíz de denuncias por abusos sexuales a menores. Esta cifra es, pues, una estimación, ya que el Ministerio de Justicia no dispone de datos concretos.

En sí misma, esta falta de estadísticas —herramienta indispensable para una política pública transparente— constituye un primer escándalo. Pero ahora surge un segundo: en realidad hay 85.047 procedimientos en curso en todo el territorio, es decir, un 21 % más de lo anunciado. “Se han descubierto 15.000 denuncias, si se me permite decirlo”, reconoció Gérald Darmanin el miércoles ante la Asamblea Nacional.

La explicación resulta impactante: muchos de los procedimientos se abrieron en comisarías y gendarmerías sin haber sido registrados nunca en fiscalía. Aunque se supone que los funcionarios que recogen las denuncias deben informar a los servicios de la fiscalía y recabar instrucciones sobre las investigaciones que deben llevarse a cabo, algunos expedientes acaban acumulando polvo sin que ningún magistrado intervenga. “Entre las cifras iniciales y las reales, tengo un aumento del 70 %”, declara, por ejemplo, un fiscal general a Mediapart.

“Una investigación puede quedarse estancada en una comisaría sin registrarse en Cassiopée [el programa informático de los magistrados —ndr], ya sea porque es compleja, porque el investigador está ausente o porque es un holgazán”, comenta. En cualquier caso, se ha constatado una dificultad de trazabilidad que ahora hay que resolver.”

Además del “impacto digital” prometido por Darmanin, este alto magistrado señala que “el primer ministro anunció [tras el caso Lyhanna] que la ley establecería un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo ‘las diligencias de investigación esenciales’ en estos casos. Pero, a día de hoy, las fiscalías ni siquiera disponen de un programa informático de seguimiento de expedientes que les avise cuando se supere un plazo determinado”.

De los 85.000 casos registrados, han sido “revisados” 69.626, según el Ministerio, es decir, que los equipos de los fiscales han evaluado el tratamiento dado al expediente y lo han ajustado si era necesario (solicitando declaraciones o peritajes, recurriendo a un juez de instrucción, etc.). En otras palabras: en cinco semanas, no se ha podido examinar en profundidad el 12 % de los expedientes.

Al principio, “además, había cierta ambigüedad en la solicitud del ministro: ¿había que censar o tramitar los expedientes?”, se pregunta aún una fiscal. En cualquier caso, en su ámbito de competencia, no lo oculta: “Por falta de tiempo solo hemos conseguido tramitar 400 expedientes de los aproximadamente mil censados”.

Entre las sorpresas desagradables destaca estas: “La comisaría encontró veinte procedimientos urgentes que no avanzaban”. Y en el Palacio de Justicia, “un caso bastante grave para el que se había solicitado el traslado a otro tribunal llevaba varios meses bloqueado en la oficina de registro penal”, un servicio administrativo encargado del registro de los procedimientos.

A nivel nacional, se definieron así 970 expedientes como “prioritarios”, cuando los autores estaban identificados, tenían antecedentes penales y las víctimas eran siempre menores de edad.

Aunque algunos tribunales de apelación registran tasas de “revisión” del 100 % de los procedimientos censados, como los de Colmar, Douai, Nîmes o incluso Rennes, otras tienen dificultades, como es el caso de Cayenne (12,3 %), Orléans (51 %), Dijon (57,8 %) o incluso París (63,3 %).

Delitos sexuales contra menores: de los 85.047 casos pendientes a nivel nacional, se han revisado 69.616 procedimientos, lo que supone un 82 %

Datos por tribunal de apelación. Pasa el cursor por los puntos para obtener más información.

Porcentaje de procedimientos revisados

Número de casos pendientes

Mapa: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creado con Datawrapper

Infografía de Mediapart

Pero este inventario parcial ya pone de manifiesto un dato no muy loable: solo el 50 % de las investigaciones preliminares tienen una antigüedad inferior a doce meses, mientras que el 20 % alcanza al menos los dos años de antigüedad, sin que se haya tomado ninguna decisión sobre su tramitación (archivo, juicio, remisión a un juez de instrucción…).

Por el momento, en cualquier caso, resulta imposible predecir si la presión ejercida por el ministro dará lugar a una disminución de la tasa de archivos, o todo lo contrario.

Mientras tanto, las brigadas de menores y otros servicios especializados, que ya suelen estar desbordados, han recibido refuerzos a partir del 8 de junio para hacer frente a la situación, pero estos no siempre son los adecuados. “Cundió el pánico”, señala un fiscal general. “Han puesto a trabajar a gente de la brigada financiera. Bueno, imagino que no les han asignado los casos más complicados…”

“Para aliviar la carga de la brigada de menores, los casos de poca importancia se han encomendado a las comisarías [que cuentan con pocos funcionarios y que, por lo general, se limitan a tomar denuncias —ndr], señala una fiscal, “como los de agresiones sexuales entre menores. Pero ya están desbordados… “

En declaraciones a Mediapart, un oficial de policía judicial (OPJ), con veinte años de experiencia en investigaciones a sus espaldas, lamenta el caos que viene observando desde hace varias semanas. En la ciudad de tamaño medio que conoce bien, “se han repartido un centenar de expedientes” entre compañeros de servicios tan variados como “la brigada financiera, la brigada antidroga, la brigada de delitos contra la propiedad, el grupo de delitos graves y la brigada de policía administrativa”.

“A todos se les han asignado expedientes ‘delicados’ que deben tratar con prioridad”, subraya. “Pero es que no tienen ningún conocimiento de las particularidades de la materia. ¿Cómo va a abordar un especialista en montajes financieros o un experto en la normativa de los establecimientos de bebidas a una niña de 8 años durante un interrogatorio o cómo va a interpretar las investigaciones forenses?”

“El objetivo es dar salida a los casos acumulados. Poder decir a los magistrados que todo está bajo control. Tranquilizar a la opinión pública. Los sindicatos policiales hacen la vista gorda. Pero ¿qué hay del interés por las víctimas? ¿De la calidad del procedimiento iniciado? ¿Cuántos autores se escabullirán por las rendijas debido a que un investigador no haya sabido detectar al depredador que tenía delante?”, dice indignado el policía.

De aquí a finales de julio, Gérald Darmanin ha previsto mantener encuentros individuales con los 36 jefes de las fiscalías generales, con el fin de “identificar las dificultades locales, definir las prioridades operativas y poner en marcha los medios necesarios para acelerar de forma sostenible la tramitación de esos procedimientos”.

“Habrá que tramitar todos esos procedimientos al tiempo que se gestionan los casos que vayan llegando”, dice uno de ellos. “Pero tenemos un gran problema con el volumen de casos acumulados por parte de la policía. Habría que crear brigadas de menores con una dotación de personal adecuada. Tal y como están las cosas, ¿se están cumpliendo nuestras instrucciones? ¿Se pueden absorber los casos que llegan? Tengo mis dudas.”

Delitos sexuales contra menores: la justicia tiene 124 casos pendientes por cada 100.000 habitantes, con grandes disparidades territoriales

Tabla: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creada con Datawrapper

Infografía de Mediapart

“Una vez reanudados los procedimientos en las comisarías, hay que escuchar a las víctimas y a los testigos, y realizar los peritajes”, añade la fiscal ya citada. “¡Eso lleva meses, no se traduce en una detención preventiva al día siguiente! Desbloquear un smartphone de alta gama puede llevar un año. Y no podemos recurrir a un laboratorio privado porque se nos pide que no gastemos dinero”.

“No podremos hacerlo todo”, explica un fiscal general. “Lo siento, pero creo que los litigios económicos y financieros tendrán que esperar; los casos de estafa se juzgarán más lentamente. También habrá que reflexionar sobre los litigios de tráfico. Pero si mañana un conductor ebrio mata a tres jóvenes, habrá una circular y eso también se convertirá en prioritario…”

Uno de sus colegas ya se muestra irritado por la reunión que le espera con el ministro. “Sobre todo porque inicialmente estaba prevista para durar una hora y media, y ahora nos hablan de treinta minutos”, señala este alto magistrado. “¡Esto es como un haiku!”. Además de la falta de personal (tanto en la justicia como en la policía y la gendarmería), además de la necesidad de expertos (sobre todo psiquiatras), además de la falta de formación de los investigadores, él podría, por su parte, plantear un “tema propio de la policía”: “una falta de supervisión por parte de la jerarquía intermedia”. “Pero me imagino que los dos ministros volverán a hablar del tema mientras se toman un pastis…”, comenta con ironía.

Traducción de Miguel López

Las condenas por delitos sexuales crecieron en 2025 tanto en las impuestas a adultos, que subieron un 15,1% con respecto al año anterior, como las aplicadas a menores, que aumentaron un 6,2%.

Son los datos que ha dado a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población condenada adulta y menor de edad de 2025, que reflejan que los adultos con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en ese año o en ejercicios anteriores, disminuyó un 0,2%, mientras que en caso de los menores, descendió un 1,8%.

Los delitos más frecuentes en la población adulta fueron los relacionados con la seguridad vial (22,4% del total), lesiones (17,3%) y hurtos (16,4%). 

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 4.531 adultos condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, cometidos ese año o en anteriores. Es un 15,1% más que el año anterior y la mayoría de los condenados —el 97,6%— son hombres.

En el caso de los menores de edad, hubo 584 condenados —el 97,1% varones—, un 6,2% más que en 2024.

Los adultos cometieron 6.210 delitos, un 18,7% más que en 2024. De este total, 1.461 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 63 fueron consideradas violación; y 3.146 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 131 fueron consideradas violación.

Por su parte, los menores de edad cometieron 841 delitos, un 1,9% más que en 2024. De este total, 491 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 70 fueron consideradas violación; y 250 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 31 fueron consideradas violación.

Los delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años.

Durante 2025 fueron inscritas en el Registro Central de Penados 306.237 personas adultas condenadas —de 18 y más años— con sentencia firme por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un 0,2% menos que el año anterior. El 80% eran varones y el 20%, mujeres.

La tasa de condenados por cada 1.000 habitantes fue de 7,4 —en los hombres, 12,2, y en las mujeres, 2,9—. Por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de 21 a 30 años.

La mayor parte de la población condenada tenía nacionalidad española —70,2%—. No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes, la de nacionalidad extranjera —15,3— fue 2,5 veces superior a la de nacionalidad española —6,1—.

El 73,9% de los condenados lo fue por un solo delito y el 26,1%, por más de uno.

En 2025 se inscribieron 461.224 delitos cometidos, un 1,2% más que en el año anterior. Los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial —22,4%—, los de lesiones —17,3%— y los hurtos —16,4%—.

Las mayores tasas de delitos cometidos por la población condenada se dieron en Ceuta —21,3—, Melilla —15,1— y Baleares —14,3—. Por el contrario, Castilla-La Mancha —8,9—, la Comunidad de Madrid —9,1— y Galicia —9,7— presentaron los valores más bajos.

En 2025 fueron inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.245 condenados de entre 14 y 17 años con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un descenso del 1,8% respecto al año anterior.

El 80,5% de la población condenada menor de edad fueron varones y el 19,5%, mujeres. La tasa de población condenada menor de edad fue de 6,2 —9,6 en hombres y 2,5 en mujeres— y el grupo de 17 años fue el que tuvo la mayor tasa.

La mayoría de la población condenada menor de edad tenía nacionalidad española —78,5%—. Sin embargo, la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años entre la población extranjera —10,2— fue casi el doble que entre la española —5,6—.

Tres de cada cinco condenados cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco, más de una.

Se inscribieron 24.279 infracciones penales cometidas por menores, un 1,1% menos que en el año anterior. Los delitos de mayor incidencia fueron las lesiones —33,4%—, los robos —15%— y las amenazas —9,4%—.

Las mayores tasas de infracciones penales se dieron en Ceuta y Melilla —con 114,8 y 54,6, respectivamente— y en Asturias —23,4—. Por el contrario, la Comunidad de Madrid —6,9—, Castilla-La Mancha —7,3— y Murcia —7,8— presentaron los valores más bajos.

La siguiente tabla muestra, por comunidades, la tasa de delitos cometidos por menores y mayores de edad condenados en 2025:

Un juez de Madrid ha abierto sumario para juzgar, en su caso, al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González como presunto autor de un delito de agresión sexual por el que fue denunciado por una inspectora de este Cuerpo.

Así lo acuerda el juez de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, David Maman, en un auto -fechado el 11 de junio y conocido este jueves- en el que da traslado a la Fiscalía y a las demás partes para que en el plazo de cinco días soliciten aquellas diligencias adicionales que estimen oportuno practicar.

El magistrado fundamenta que los hechos denunciados "revisten los caracteres de una presunta agresión sexual" y añade que "es procedente acordar la incoación de sumario para averiguar y hacer constar la perpetración del delito y las circunstancias que puedan influir en su calificación", asegurando la disponibilidad del presunto autor y "las responsabilidades pecuniarias que se deriven".

Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la querella presentada por la inspectora de Policía por supuestos delitos de coacciones y agresión sexual.

Ahora el juez comunica la incoación del sumario a la Audiencia Provincial de Madrid, competente para celebrar el juicio, si así se determinase finalmente.

El instructor ha adoptado esta decisión tras la práctica de diligencias de investigación solicitadas por Jorge Piedrafita, abogado de la acusación particular ejercida por la inspectora de Policía, según ha informado esta parte.

Las mismas consistieron en la incorporación de una prueba médica y psicológica de los daños sufridos por la inspectora así como de audios para tratar de demostrar que el exDAO ejerció su derecho a mentir como investigado y reforzar la verosimilitud de la denunciante.

El letrado ha anunciado que dentro del plazo otorgado se solicitarán y aportarán más pruebas en poder de la acusación "para reforzar el cuadro probatorio y cumplir con el deber de sustentar el relato de la víctima".

Por su parte la defensa del exDAO ha solicitado, en un escrito presentado dentro del plazo dado por el magistrado al incoar procedimiento de sumario, que se concluya el mismo sin procesamiento, al no desprenderse de la investigación "la existencia de indicios racionales de criminalidad que permitan sostener mínimamente la imputación dirigida frente a don José Ángel González".

Incide en que no se precisan diligencias complementarias para llegar a esta conclusión, en un escrito -al que ha tenido acceso EFE- en el que primero expone el "daño irreparable" causado al investigado tras una querella "sin fundamento jurídico ni base probatoria que sustenten los hechos relatados".

La defensa, ejercida por el despacho Fúster-Fabra, concluye que la prueba principal contra el exDAO, que es una grabación de la presunta agresión sexual del 23 de abril de 2025, no corrobora el delito, sino al contrario, y que el testimonio de la denunciante no es constante, ni verosímil, e incurre en contradicciones, de modo que no reúne los requisitos exigidos "para entender que la sola declaración de la presunta víctima basta por sí sola".

"La principal prueba objetiva aportada por la querellante no refuerza su versión, sino que la rechaza de plano", añade la defensa, que incide en que la conversación grabada durante la presunta agresión sexual lo que se aprecia son celos y "un interés de carácter profesional" de la denunciante hacia el entonces DAO.

Y descartan que otras pruebas aportadas, como otras conversaciones e informes médicos, apuntalen el presunto delito.

Se cumplen diez años de la brutal agresión sexual cometida por cinco hombres en las fiestas de San Fermín de Pamplona. Diez años de un caso que sacudió la conciencia democrática de nuestro país y que marcó un antes y un después en la forma en que en España miramos, nombramos y combatimos la violencia sexual.

Aquel crimen mostró que esta violencia estructural se imbrica en un elemento de profundas raíces en nuestra sociedad como es el machismo, pero también la fuerza de una sociedad que dijo basta. Basta de cuestionar a las víctimas. Basta de minimizar la violencia sexual. Basta de aceptar que la libertad de las mujeres pueda depender del lugar, la hora, la ropa o la compañía.

Gracias al empuje del feminismo —fundamental hace diez años y ahora más necesario que nunca—, España ha cambiado mucho desde entonces. La Ley del “solo sí es sí” situó el consentimiento en el centro de la respuesta penal frente a la violencia sexual. Ese principio fue una conquista feminista y democrática que debemos defender frente a quienes pretenden convertirlo en munición partidista.

Pero los datos actuales recuerdan que, pese a todo lo avanzado, todavía queda mucho por hacer. En la Comunidad de Madrid, en 2017, primer año con datos comparables, se registraron 368 denuncias por agresiones sexuales con penetración. A cierre de 2025, fueron 685. En ocho años, las denuncias por violación han aumentado un 86%.

Ese incremento de denuncias refleja, sin duda, una mayor conciencia social y más confianza en las instituciones. Pero también expresa que la violencia sexual sigue condicionando la vida y la libertad de las mujeres en Madrid. Y esta es una realidad que a todas y todos nos debe resultar intolerable.

Por ello, desde la Delegación del Gobierno de España en Madrid hemos impulsado el Plan de Acción contra la Violencia Sexual en la Comunidad de Madrid 2026-2027. Un Plan que nace con la vocación de que en esta región vayamos más allá, reforzando nuestro compromiso e impulsando medidas adicionales de prevención, protección y atención a las víctimas. Un Plan transversal y ambicioso que impulse y coordine una respuesta urgente frente a una realidad de la violencia sexual que en Madrid crece por encima de lo que lo hace en el resto de España.

El Plan ha sido elaborado mediante un amplio proceso de escucha con 53 entidades, mujeres expertas, colegios profesionales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, operadores jurídicos, sindicatos, empresarios y representantes políticos. Porque frente a la violencia sexual no sirven respuestas aisladas ni protagonismos particulares.

Por eso resulta tan grave la actitud del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que fueron invitados a participar en la elaboración del Plan y decidieron no hacerlo. No hablamos de una cuestión menor ni de una discrepancia administrativa. Hablamos de violencia sexual. Hablamos de violaciones. Hablamos de víctimas, que cada vez son más jóvenes. Hablamos de la obligación de todas las instituciones de estar a la altura.

Y esa obligación exige coherencia. En estos meses hemos conocido que el alcalde de Móstoles está siendo investigado por un presunto caso de acoso sexual y laboral. Ante una situación de esta gravedad, lo mínimo exigible era una respuesta política clara. Sin embargo, la dirección del PP de Madrid ha optado por cerrar filas, evitar cualquier rendición de cuentas y desplazar el foco hacia quien denuncia. Esa forma de actuar desampara a las víctimas.

Esta negativa a participar y la actitud mostrada con la víctima de Móstoles son decisiones políticas que sitúan el interés partidista por encima del interés general. Es coherente con una forma de gobernar que demasiadas veces ha preferido levantar muros frente al Gobierno de España antes que sumar esfuerzos por la ciudadanía madrileña.

Pero la violencia sexual gana con los desacuerdos y no entiende de competencias. Una víctima no puede esperar a que las administraciones resuelvan sus diferencias. Una mujer que sufre una agresión sexual necesita primero protección, después acompañamiento y siempre una respuesta institucional coordinada. Cada víctima necesita que el Gobierno de su región, su ayuntamiento, el poder judicial, las entidades sociales y el Gobierno de España estemos trabajando en la misma dirección.

Por estos motivos, y a pesar de todo, me he dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid para pedirle que rectifique, que dé un paso adelante frente al machismo y se incorpore al desarrollo y ejecución del Plan de Acción contra la Violencia Sexual. No participaron en su elaboración. Ya está. Todavía están a tiempo de sumar propuestas y compromiso institucional.

Este Plan no pertenece a una administración ni a unas siglas. Pertenece a las víctimas, a las mujeres y a una sociedad madrileña que no puede resignarse a cifras insoportables. Diez años después de La Manada, a las instituciones se nos exige coherencia, eficacia y ejemplo.

Frente al machismo, Madrid necesita menos ruido y mucha más responsabilidad. Porque ninguna mujer debería vivir con miedo ni sentirse sola. Ante la violencia sexual, quien se aparta, bloquea o mira hacia otro lado también está tomando partido.

Por todo ello, insisto en el llamamiento a la unidad y la acción frente a las violencias machistas. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, y mucho más. Vaya si merece la pena.

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Francisco Martín es Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

El aumento de las denuncias por violencia sexual en la Comunidad de Madrid ha llevado al Gobierno a impulsar un plan específico para la región. La Delegación del Gobierno ha presentado el Plan de Acción contra la Violencia Sexual 2026-2027 en la región, una estrategia con 20 medidas para reforzar la prevención, mejorar la atención a las víctimas y ordenar la respuesta institucional.

La iniciativa nace tras 53 reuniones con entidades sociales, fuerzas de seguridad, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales, expertas e instituciones. Pero en ese amplio listado hay una ausencia política relevante: la Comunidad de Madrid no participó en la fase previa. 

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha enviado una carta a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en la que solicita una reunión para poder presentarle el plan este mes de julio, “trasladarle sus objetivos y medidas, escuchar sus propuestas y, en definitiva, explorar posibles vías de colaboración entre la Delegación del Gobierno y el Gobierno de la Comunidad de Madrid específicamente en este ámbito”.

Este será, precisamente, uno de los puntos clave, ya que varias de las medidas previstas necesitan coordinación con administraciones autonómicas y municipales para no quedarse en una declaración de intenciones. 

“No puedo dejar de lamentar y denunciar que ni el Gobierno de Comunidad de Madrid que usted preside, ni el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, formación que también usted preside, hayan querido participar en este proceso preparatorio”, comenta Martín en la misiva.

Añade que este Plan busca “reforzar la prevención, facilitar la detección temprana, proteger mejor a las víctimas y garantizar una respuesta más eficaz, especializada y cercana”, subrayando que “no pretende sustituir competencias ni invadir ámbitos de actuación de otras administraciones, sino compartir objetivos, sumar esfuerzos, ordenar recursos, mejorar circuitos de actuación y contribuir a que ninguna mujer quede desprotegida ante una situación de violencia sexual”.

“Presidenta, las mujeres de la Comunidad de Madrid, su libertad y su seguridad están por encima de cualquier discrepancia política, partidista o personal. La lucha contra la violencia sexual nos exige altura institucional, con responsabilidad compartida y una voluntad de acuerdo firme. Desde la Delegación del Gobierno mantengo intacta mi disposición al diálogo, a la colaboración y al trabajo conjunto, porque ninguna administración debería situarse al margen de una causa que nos interpela al conjunto de la sociedad”, recuerda el delegado a Ayuso. 

La Delegación impulsará una mesa técnica de seguimiento y evaluaciones semestrales hasta 2028. Madrid tiene ya el diagnóstico, las cifras y la propuesta sobre la mesa; solo falta comprobar si todas las instituciones deciden sentarse.

En 2025, la capital registró 3.149 delitos contra la libertad sexual, un 5,6% más que el año anterior, en un contexto en el que el conjunto de infracciones penales descendió un 1,7%. Las agresiones sexuales con penetración también crecieron, pasando de 368 denuncias en 2017 a 685 en 2025, un incremento del 86% en tan solo ocho años. El dato puede reflejar un aumento de las denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia sexual, pero también evidencia que la respuesta institucional aún necesita más recursos, más prevención y mejor coordinación.

El plan se articula en tres ejes —prevención, protección y atención— e incluye campañas sobre consentimiento, medidas contra la misoginia digital, formación afectivo-sexual en centros educativos y puntos violeta en espacios de ocio. También pone el foco en los entornos digitales, donde la ciberdelincuencia sexual creció un 12,3% en 2024 y afectó especialmente a mujeres jóvenes de entre 16 y 20 años.

Se hicieron llamar La Manada. Fueron ellos mismos, cinco agresores sexuales, quienes escogieron con escrupuloso cuidado y de forma perversamente premonitoria el sobrenombre. Trascendió a los medios de comunicación al instante, pero el movimiento feminista tuvo la habilidad de darle la vuelta. Las mujeres clamaron al unísono que de haber alguna manada, era la formada por las cientos de miles de compañeras que se organizaban en las calles para arropar a la víctima.

Han pasado diez años desde la agresión grupal en los Sanfermines de 2016, el señalamiento masivo de una hasta entonces sacralizada justicia que fue tildada de patriarcal y uno de los mayores revulsivos sociales de las últimas décadas. Echar la vista atrás se convierte en un imperativo para quienes no desisten en la tarea de construir memoria feminista, especialmente en tiempos inciertos.

En la madrugada del 7 de julio de 2016, cinco hombres –sus nombres: José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido– arrinconaron a una joven de 18 años en un portal de Iruña (Navarra). Fuera todavía bullía la fiesta, pero dentro el grupo se sirvió de su superioridad para someter a la víctima, utilizarla como un mero objeto, humillarla y vejarla hasta la extenuación. 

Ella denunció lo sucedido a la mañana siguiente. El caso inició su recorrido judicial en noviembre de 2017 y la Audiencia Provincial de Navarra emitió sus primeras conclusiones cinco meses después: los acusados crearon un escenario opresivo, pero los magistrados dictaminaron que no existió intimidación. En aquel momento, el Código Penal castigaba los delitos sexuales en dos categorías: abuso sexual –siempre que no existiera violencia e intimidación– y agresión sexual –es decir, una violación–. Los jueces determinaron que los hechos eran constitutivos de abuso sexual, pero se toparon con el descrédito de sus compañeros, la rabia de las calles y la desafección de todas las víctimas que llevaban demasiado tiempo expresando su falta de confianza en unas instituciones que no las creían.

Patricia Aranguren recuerda que crecer siendo partícipe de cada 7 de julio, la gran fiesta de su ciudad, significa para las chicas de su generación adquirir, casi sin pretenderlo, la noción feminista de que los espacios de ocio no siempre son seguros para las mujeres. "Recuerdo la agresión de La Manada como otras muchas que se dan en contextos de fiestas populares", asiente hoy. 

El movimiento feminista navarro convocó una concentración de repulsa tan solo un día después de que trascendiera la violación, pero lo sucedido enseguida cobró dimensiones extraordinarias: "Empieza a llegar a los medios nacionales, a moverse por prensa generalista, también se le da un tratamiento más amarillista y pasa a ser un tema del que todo el mundo está hablando", analiza la activista de la Comisión 8M de Madrid.

Cuando el caso entró en los pasillos de los tribunales, Aranguren se dirigió con sus compañeras al centro de Madrid para participar en una concentración de apoyo a la víctima. "Queríamos llegar unos minutos antes para desplegar la pancarta, pero casi no pudimos ni salir del metro por la cantidad de gente que había. Eso que iba a ser una concentración acabó convirtiéndose en una manifestación espontánea". La activista, recién aterrizada en la capital y arañando la veintena, llevaba tan solo unos meses militando en el movimiento feminista, pero en ese instante cobró conciencia de su potencial. Fue la primera vez que llamaron a la huelga feminista. 

Teresa Sáez, cofundadora de la organización Lunes Lilas, conserva el recuerdo nítido de las plazas abarrotadas. "Era muy impresionante ver a tanta gente, chicas jóvenes y también muchos chicos", presume. Aquella respuesta fue masiva también en parte porque interpeló al conjunto de la sociedad, incluidos los hombres. Así lo vivió Javier. Él acababa de cumplir la mayoría de edad en aquel momento y no dudó en participar en las movilizaciones. "Recuerdo perfectamente el día en que salió la sentencia, tengo la impresión de que el mayor momento de movilización fue entonces", comparte. 

Ninguno de los jueces apreció intimidación, pero solo uno hizo una demostración cristalina de cómo la cultura de la violación está instalada en el corazón de los tribunales. Ricardo González emitió un voto particular en el que se posicionó a favor de la absolución y describió lo que él entendía como un "ambiente de regocijo y jolgorio" por parte de los agresores y "menor actividad y expresividad en la denunciante". Aquel voto particular prendería la mecha de una rabia global que trascendió fronteras.

Aquello sirvió para "levantar la alfombra y ver toda la basura que llevábamos guardando mucho tiempo, en este caso con la justicia", completa Aranguren. "Se acumulaban casos en los que se juzgaba más a la víctima que a los agresores, en procesos muy revictimizantes", algo que se hizo evidente aquellos años.

Pero lo sucedido también agitó el debate público y las conversaciones privadas. Aunque en un primer momento se conjugó una "sensación unánime de indignación", conforme el caso fue avanzando emergió un sector que decidió "cuestionar la versión de la víctima", lamenta Javier. Recuerda con claridad aquella evolución: una primera fase de consenso social y otra en la que se consumó una suerte de "división marcada por un sesgo machista", especialmente entre aquellos hombres que "se tomaron a la defensiva el debate y parecían no comprender lo esencial".

Coincide Samuel Parra, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y veinte años mayor que su compañero. "Recuerdo las conversaciones en mi entorno de una manera muy dispar", subraya. En la esfera laboral, el sociólogo encontró un discurso que "justificaba a los agresores, precisamente porque veían que entrar en el portal de manera voluntaria significaba" que la víctima, en realidad, sí había consentido. "Los medios tampoco ayudaron", sostiene. En su memoria, la intromisión constante en la vida privada de la joven, las tertulias en torno al contenido que publicaba en redes y la auditoría alrededor de su comportamiento. 

Entre las mujeres feministas emergió una suerte de cuarta ola que problematizó no solo la idea de consentimiento, sino que además puso en el centro el placer y el deseo en las relaciones sexuales. "Todo este caso nos sirvió para pensar en cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos y para pensar también más allá del consentimiento", introduce Aranguren. "Nosotras empezamos a pensar en el deseo, se abrió una reflexión muy interesante". 

En noviembre de 2018, el caso regresó a los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) deliberó en torno a los recursos presentados por ambas partes y un mes después ratificó la condena por abuso sexual. Los jueces, sin embargo, introdujeron algunos matices de peso: señalaron que la víctima había prestado "un testimonio convincente", pero además sostuvieron que no era "verosímil que consintiera el maltrato y la vejación, la atmósfera opresiva y el prevalimiento de grupo". 

A pesar de los pasos adelante, las conclusiones de la justicia no terminaban de ser congruentes: si ella no consintió, si su testimonio era verosímil y si existía un ambiente opresivo, ¿cómo era posible que los jueces no apreciaran agresión sexual?

Con ese interrogante, el caso aterrizó en el Tribunal Supremo. Y en julio de 2019 llegó la sentencia definitiva: los cinco agresores actuaron con "pleno conocimiento" de sus actos, "buscaron expresamente la situación, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno" de lo que iba a suceder y el silencio de la joven solo se podía "interpretar como una negativa". Lo sucedido en aquel portal había sido una violación.

Pero algo fallaba si para obtener justicia una víctima debía dejarse la piel en los tribunales, una certeza que también comenzó a calar en el plano político. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó severamente al juez que emitió el voto particular –lo que desencadenó peticiones de dimisión entre todas las asociaciones de jueces– y puso la primera piedra de cara a una eventual reforma penal de los delitos contra la libertad sexual.

Con el cambio de gobierno, el equipo de Pedro Sánchez toma el testigo y es la vicepresidenta Carmen Calvo quien abandera el compromiso. En marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprueba un primer anteproyecto de ley que elimina la distinción entre abuso y agresión, pero también redefine el concepto legal de consentimiento. Eran las primeras semillas de cara al futuro solo sí es sí.

Pero la disolución de las Cortes impidió su continuidad y tuvo que pasar un año hasta que un nuevo gobierno, esta vez de coalición, diera luz verde a otro anteproyecto, muy similar al anterior en sus aspectos esenciales. La ley se aprobó a finales de 2022, seis años después de la agresión en los Sanfermines y cuatro desde la primera sentencia que lo removió todo. No sería el punto y final: la ley sería reformada después de que una revisión de condenas en cadena –entre otras, las de tres miembros de La Manada– provocara un terremoto político entre los socios de gobierno. 

En abril de 2023, entraría en vigor una nueva reforma que ajustaba las horquillas y que introducía de nuevo una graduación penal más dura en aquellos supuestos en los que existiera violencia e intimidación. Unidas Podemos votó en contra, al entender que la reforma rompía el enfoque original de la ley y recuperaba el espíritu anterior.

La agresión de La Manada se produjo en el octavo aniversario de otro crimen grabado en la retina de las mujeres feministas: el de Nagore Laffage. En los Sanfermines de 2008, Diego Yllanes quedaría con la joven, compañera de facultad, tomaría algo con ella y se irían juntos a casa de él. En el interior de aquel apartamento, él intentó violarla y ella trató de resistirse. Yllanes la emprendió a golpes contra ella, la estranguló y acabó con su vida. 

También entonces hubo un juicio y de nuevo sobrevolaron las valoraciones misóginas de quienes debían hacer justicia. "¿Era su hija ligona?", fue la única pregunta que dirigió el jurado popular a una madre completamente rota que había tenido que enterrar a su hija quince meses antes.

Aquella herida volvió a supurar durante los años en los que se prolongó el caso de La Manada. "Veníamos de ocho años de trabajo muy intenso a raíz de su asesinato, fue un punto de inflexión en Navarra", analiza Sáez. Nagore fue el punto de partida. "Ahí empezamos a hablar de las relaciones, la libertad sexual, el derecho a estar en las calles y rompimos con el mensaje del terror sexual", ampliamente analizado por la socióloga Nerea Barjola. "La explosión que hubo con La Manada no habría sido posible sin Nagore", añade la activista, quien subraya que todo lo conseguido en estos diez años ha sido "gracias al feminismo". 

El empuje feminista hizo despertar a una mayoría social que por fin comprendía las razones de quienes llevaban años señalando las costuras del sistema. Pero nada de aquello fue espontáneo: en los cimientos estaba el trabajo previo de las mujeres, casi siempre invisible, la respuesta colectiva ante cualquier agresión y la habilidad de politizar todo lo que hasta no hace mucho quedaba relegado al ámbito de lo privado. También estaba la memoria feminista. La de Nagore y la de tantas otras, la misma que diez años después sigue intacta. 

El último día de 2024, al límite de un plazo prorrogado, la Xunta puso en servicio cinco centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual. El proyecto, impulsado por el Gobierno de España mediante fondos europeos transferidos a las autonomías, requería la apertura de, como mínimo, uno de estos centros por provincia. El Ejecutivo gallego optó por instalar cinco en otras tantas ciudades: Vigo, Ourense, Lugo, Santiago y Ferrol.

Más allá de la demora —que afectó a múltiples comunidades autónomas—, estos centros echaron a andar en nuestro país acompañados por varias controversias. Por la decisión de la Consellería de Política Social de encomendar su gestión a empresas privadas —los contratos los ganaron los gigantes multiservicios OHL y Eulen—, por el silencio impuesto sobre su funcionamiento en los primeros meses de andadura. Y por la exclusión de las ciudades de A Coruña y Pontevedra del servicio una vez decidido ir más allá del modelo estrictamente provincial.

Tras el primer año completo de funcionamiento de los centros, el PSdeG volvió a cuestionar al Gobierno gallego sobre la posibilidad de extender los centros de crisis a las dos ciudades que no disponen de ellos. Y Política Social, como ya hiciera meses atrás, vuelve a esquivar esta posibilidad.

En una pregunta parlamentaria registrada el pasado abril por las diputadas Paloma Castro y Silvia Longueira y el diputado Julio Torrado, los socialistas resaltan que fue la propia Xunta la que, en su balance de los primeros doce meses de los centros, concluyó “que se trata de un recurso público imprescindible para dar una respuesta eficaz, integral y basada en los derechos de las víctimas de violencia sexual”. “Sin embargo, a pesar de la relevancia y de los resultados positivos, dos de las principales áreas urbanas de Galicia carecen de estos centros, lo que supone una desigualdad territorial en el acceso a un servicio fundamental”.

Por eso cuestionaron al Ejecutivo si, dado que “los califica como un recurso público imprescindible”, “tiene previsto proceder a la creación y puesta en funcionamiento de centros de crisis 24 horas en A Coruña y Pontevedra”. En su respuesta, registrada el pasado mayo, Política Social e Igualdad evita el compromiso.

Concretamente, el departamento que dirige Fabiola García centra la contestación en describir los centros que sí existen: “Tiene en funcionamiento cinco centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, uno más de los que exige la normativa: uno por provincia”, constata. “Están integrados en las respectivas áreas hospitalarias y prestan atención presencial y telefónica las 24 horas del día, basta”.

“Como no podía ser de otra manera”, agrega, “el Gobierno gallego analiza los datos con detalle de sus centros de crisis y, en función de las necesidades, no descarta la apertura de nuevos puntos de atención”, dicen sin ofrecer más detalles. Las primeras cifras de uso de los centros aportadas al Parlamento indican que durante 2025 los cinco centros atendieron a 381 víctimas, algo más de una al día, y que el 57% llegó derivada de otros recursos como centros de información a la mujer o servicios sociales, mientras que el 40% fue por iniciativa propia o de familiares o personas cercanas.

En cuanto a la distribución territorial, la información facilitada al legislativo indica que el 31% de las mujeres atendidas lo fueron en el centro de Vigo. A continuación estuvieron los de Ferrol y Santiago, en el entorno del 20%, y los de Lugo y Ourense, alrededor del 15%.

Por razones obvias, no existen datos de A Coruña y Pontevedra —cuando menos, no en la información divulgada por Política Social—, ciudades en las que durante ese mismo año 2025 los delitos de agresión sexual con penetración fueron 24 y 5, respectivamente —en ambas urbes, con tendencia al alza—; y el resto de delitos contra la libertad sexual, 78 y 22 —incremento interanual en A Coruña, ligero descenso en Pontevedra—, según la información disponible en el Ministerio del Interior.