El último día de 2024, al límite de un plazo prorrogado, la Xunta puso en servicio cinco centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual. El proyecto, impulsado por el Gobierno de España mediante fondos europeos transferidos a las autonomías, requería la apertura de, como mínimo, uno de estos centros por provincia. El Ejecutivo gallego optó por instalar cinco en otras tantas ciudades: Vigo, Ourense, Lugo, Santiago y Ferrol.

Más allá de la demora —que afectó a múltiples comunidades autónomas—, estos centros echaron a andar en nuestro país acompañados por varias controversias. Por la decisión de la Consellería de Política Social de encomendar su gestión a empresas privadas —los contratos los ganaron los gigantes multiservicios OHL y Eulen—, por el silencio impuesto sobre su funcionamiento en los primeros meses de andadura. Y por la exclusión de las ciudades de A Coruña y Pontevedra del servicio una vez decidido ir más allá del modelo estrictamente provincial.

Tras el primer año completo de funcionamiento de los centros, el PSdeG volvió a cuestionar al Gobierno gallego sobre la posibilidad de extender los centros de crisis a las dos ciudades que no disponen de ellos. Y Política Social, como ya hiciera meses atrás, vuelve a esquivar esta posibilidad.

En una pregunta parlamentaria registrada el pasado abril por las diputadas Paloma Castro y Silvia Longueira y el diputado Julio Torrado, los socialistas resaltan que fue la propia Xunta la que, en su balance de los primeros doce meses de los centros, concluyó “que se trata de un recurso público imprescindible para dar una respuesta eficaz, integral y basada en los derechos de las víctimas de violencia sexual”. “Sin embargo, a pesar de la relevancia y de los resultados positivos, dos de las principales áreas urbanas de Galicia carecen de estos centros, lo que supone una desigualdad territorial en el acceso a un servicio fundamental”.

Por eso cuestionaron al Ejecutivo si, dado que “los califica como un recurso público imprescindible”, “tiene previsto proceder a la creación y puesta en funcionamiento de centros de crisis 24 horas en A Coruña y Pontevedra”. En su respuesta, registrada el pasado mayo, Política Social e Igualdad evita el compromiso.

Concretamente, el departamento que dirige Fabiola García centra la contestación en describir los centros que sí existen: “Tiene en funcionamiento cinco centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, uno más de los que exige la normativa: uno por provincia”, constata. “Están integrados en las respectivas áreas hospitalarias y prestan atención presencial y telefónica las 24 horas del día, basta”.

“Como no podía ser de otra manera”, agrega, “el Gobierno gallego analiza los datos con detalle de sus centros de crisis y, en función de las necesidades, no descarta la apertura de nuevos puntos de atención”, dicen sin ofrecer más detalles. Las primeras cifras de uso de los centros aportadas al Parlamento indican que durante 2025 los cinco centros atendieron a 381 víctimas, algo más de una al día, y que el 57% llegó derivada de otros recursos como centros de información a la mujer o servicios sociales, mientras que el 40% fue por iniciativa propia o de familiares o personas cercanas.

En cuanto a la distribución territorial, la información facilitada al legislativo indica que el 31% de las mujeres atendidas lo fueron en el centro de Vigo. A continuación estuvieron los de Ferrol y Santiago, en el entorno del 20%, y los de Lugo y Ourense, alrededor del 15%.

Por razones obvias, no existen datos de A Coruña y Pontevedra —cuando menos, no en la información divulgada por Política Social—, ciudades en las que durante ese mismo año 2025 los delitos de agresión sexual con penetración fueron 24 y 5, respectivamente —en ambas urbes, con tendencia al alza—; y el resto de delitos contra la libertad sexual, 78 y 22 —incremento interanual en A Coruña, ligero descenso en Pontevedra—, según la información disponible en el Ministerio del Interior.

Casi tres años antes del asesinato de Lyhanna, el problema estructural de la violencia sexual contra menores había sido evaluada y analizada minuciosamente, y se habían presentado al Ejecutivo, a petición propia, soluciones para combatirla y prevenirla. ¿Qué han hecho al respecto Emmanuel Macron y los sucesivos gobiernos? No mucho, a pesar de los repetidos llamamientos de expertos y activistas, según revela la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise) en un informe entregado el lunes 15 de junio a los ministros de Justicia y Sanidad, al que Mediapart ha tenido acceso.

La creación de esta institución en enero de 2021, anunciada con gran pompa por el jefe del Estado tras la conmoción provocada por la publicación del libro La familia grande (editorial Seuil), de Camille Kouchner, y por el movimiento #MeTooInceste que surgió a raíz de aquello, había despertado una enorme esperanza. Una esperanza que se desvaneció con la destitución del magistrado Édouard Durand, que copresidía la comisión, seguida de las dimisiones en cadena de los expertos que la integraban.

Esperanza que se desvaneció, también, debido a la escasa atención que se prestó después de su extenso informe, entregado antes de su salida. Aquel texto de 756 páginas, presentado en noviembre de 2023, permitió estimar el número de víctimas —160.000 menores al año, es decir, 5,4 millones de adultos que sufrieron abusos durante la infancia— y el coste de esta violencia para la sociedad —9.700 millones de euros de gasto público anual—. Sobre todo, proponía 82 medidas para combatir y prevenir esta violencia masiva y sistémica que exigía un fuerte compromiso político.

Dos años y medio después, la "Ciivise 2" vuelve a reclamar, en este nuevo balance provisional, "pasar a la velocidad superior".

El documento, que analiza el avance de las 82 recomendaciones del informe inicial, revela en primer lugar que, a día de hoy, solo están "totalmente operativas" tres de las 17 medidas identificadas como prioritarias en febrero de 2025, es decir, menos del 18%.

La tasa global de medidas plenamente efectivas "sigue siendo insatisfactoria: un 28%, es decir, solo 23 recomendaciones realmente aplicadas en más de dos años", señala también el informe. "De las 82 recomendaciones formuladas por la comisión, 62 medidas —es decir, el 75%— son actualmente objeto de una aplicación efectiva o de una puesta en marcha", aunque en grados muy diversos, añade la Ciivise.

La comisión aboga por "un cambio sistémico profundo" y "pide al Gobierno que acelere el proceso mediante medidas de alcance nacional y medios adecuados, antes de que finalice el mandato presidencial". También reclama "una decisión rápida sobre las medidas legislativas aún en debate para convertir los proyectos y las promesas en realidades duraderas y beneficiosas para las víctimas".

En concreto, es sobre todo el ámbito judicial el que falla, una institución en el centro del fiasco que condujo al asesinato de la pequeña Lyhanna, de 11 años, en el departamento de Gers.

La comisión señala "una brecha persistente entre los retos de la protección de la infancia y la respuesta judicial" y afirma que sigue "indignada por la respuesta penal en los casos de violencia sexual contra menores que llegan a los tribunales: solo el 3% de los agresores son condenados —el 1% en los casos de incesto— y más de seis de cada diez denuncias se archivan sin más trámite".

"Esta enorme distancia entre la magnitud de la violencia y la debilidad de la respuesta penal, e incluso civil, es intolerable y pone de manifiesto un mal funcionamiento sistémico de nuestro aparato judicial", escriben los miembros de la comisión en su informe.

En conjunto, el eje dedicado al tratamiento judicial presenta un "retraso notable": el 34% de las recomendaciones, es decir, 14 de 41, siguen pendientes de decisión política o no se han aplicado.

La Ciivise lamenta, por otra parte, que el número de investigadores especializados siga siendo "claramente insuficiente", aunque "aumente" el uso de un nuevo protocolo para interrogar a los menores víctimas.

La comisión identifica "puntos de bloqueo" en medidas cruciales. En particular, denuncia "la protección insuficiente de los menores víctimas, que siguen expuestos a su agresor". A su vez, los progenitores —en su mayoría madres— que intentan protegerlos pueden verse perseguidos por no entregar o presentar al menor, a pesar de que se ha reforzado el marco jurídico.

La comisión subraya que el incesto sigue sin reconocerse como un delito específico y pide, una vez más, que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles, una medida a la que el ministro Gérald Darmanin se ha mostrado favorable.

"Ocho recomendaciones clave, entre ellas la inmunidad disciplinaria para los profesionales que denuncien, siguen a la espera de una decisión clara del Gobierno", añade.

"Es urgente que el Gobierno aplique las 41 medidas relativas al tratamiento judicial, así como las nueve relativas a la reparación, incluida la atención a las víctimas, e incorpore de manera más global la prevención y la lucha contra la violencia sexual contra menores y el incesto en una verdadera política pública al servicio del interés superior del niño, que debe volver a ser el principio rector de la acción gubernamental", insiste la comisión.

Los expertos lamentan así que "aún no esté garantizada" la atención integral de las víctimas "mediante itinerarios especializados cubiertos por la solidaridad nacional".

La Ciivise celebra, no obstante, algunos avances "significativos" en la detección y la prevención, como el refuerzo de los recursos de salud escolar o el aumento de los controles en los centros que acogen a menores. En materia de sensibilización, la comisión destaca la "difusión" de herramientas como el kit de formación Lilia en el ámbito deportivo y la comunicación en torno al número 119, que, sin embargo, también acusa la falta de recursos.

Traducción de Miguel López

Su nombre aparece en letras rojas en la camiseta del París Saint-Germain y en letras blancas en la de Marruecos. Está por todas partes, en la espalda de nuestros niños junto al campo o en la de los aficionados en las zonas de aficionados del Mundial. Achraf Hakimi goza de una enorme popularidad en el ámbito deportivo y popular.

Sin embargo, lleva tres años siendo investigado por la justicia francesa por violación. El futbolista parisino, elegido mejor jugador africano en 2025 y sexto en la clasificación del Balón de Oro ese mismo año, parece gozar de una especie de escudo de inmunidad ante la opinión pública. También en su deporte.

Su club siempre lo ha apoyado, sin reserva alguna: “Cuento con el apoyo total de mi club porque saben cómo soy”, había declarado Hakimi ya durante su detención policial el 2 de marzo de 2023. El lateral desfiló triunfalmente por París con motivo del segundo título europeo del PSG el 30 de mayo. Tampoco se le ha cuestionado en la selección nacional. Y pudo entrar en Estados Unidos para participar en el Mundial, porque un jugador de Ghana, acusado de violaciones en el Reino Unido, no tuvo la misma suerte y se le impidió viajar a Canadá.

En Francia, la justicia sigue su curso. Hakimi se enfrenta a un posible juicio: con la presunción de inocencia, ha recurrido el auto de imputación ante un tribunal penal de Hauts-de-Seine, dictada en febrero por un juez de instrucción de Nanterre. Este 19 de junio el Tribunal de Apelación ha rechazado su recurso y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

Mediapart se ha sumergido en este caso a la vez común y extraordinario. Común a la vista de los hechos relatados: una violación con los dedos durante una cita en el domicilio del jugador en pleno invierno de 2023. Extraordinario por la (relativa) rapidez de la justicia, la delirante cobertura mediática sin consentimiento de la denunciante y por el espejo que le pone al fútbol profesional.

Jeanne* es una “joven alta y pulcra”, según las palabras de una de las psicólogas que la evaluó, y que muestra un “cierto control emocional”. A sus 27 años, se muestra muy serena, sentada en el despacho parisino de su abogada, Rachel-Flore Pardo. Se retuerce ligeramente las manos, su rostro está un poco tenso por el estrés, pero se mantiene erguida y habla con claridad.

Unos días antes, París se desbordó de alegría colectiva gracias a la victoria del PSG en la Liga de Campeones. La joven nunca se había sentido tan “desesperada”, según su abogada. Antes, habría animado a “su” ciudad. Esta vez, no vio el partido, trabajó y se tomó una copa en casa de una amiga. En el metro de vuelta, vio “a mujeres con la camiseta de Hakimi” y a una multitud feliz. “Había tantísimos aficionados. Me dije: ‘Imagina por un segundo que supieran que eres tú...”

Algunos días, cuenta a Mediapart, Jeanne tiene miedo de salir a pasear a su perro, sale menos que antes, se ha “encerrado en sí misma”.

Se siente “muy sola”. Lo repite y lo subraya durante nuestra entrevista. “Me siento sola, sin apoyo, incomprendida.” También dice: “Me ven con muy malos ojos. Me ha mancillado tanto...”. La causa: los mensajes en las redes sociales y la defensa del futbolista, que niega los hechos que se le imputan y se considera víctima de un “montaje” y de “manipulaciones”.

En la noche del 24 al 25 de febrero de 2023, Hakimi y Jeanne se reunieron en el domicilio del jugador, situado al oeste de París. Él se había mudado allí una semana antes tras separarse de su esposa (con la que tiene dos hijos pequeños). Hacía ya unas semanas que los dos jóvenes se comunicaban a través de Instagram, después de que él la hubiera descubierto en esa plataforma. Los mensajes, incorporados al expediente judicial, son ligeros y corteses: no se puede hablar de seducción, apenas de coqueteo.

Es sobre todo él quien vuelve a la carga e insiste en quedar con ella. Esa misma tarde, Hakimi ya había recibido a otra mujer en su casa; ella no quiso mantener relaciones sexuales y se despidieron sin problemas. Intenta una segunda cita con Jeanne. Le sigue el juego: ella misma había roto recientemente con su primer amor y sus amigas la animaban a distraerse. Los dos, solteros de 24 años, acaban acordando una cita, a última hora de la noche.

Sus relatos coinciden al principio: charlan un rato, se besan varias veces. Pero luego las versiones difieren. Jeanne afirma haberle explicado que no deseaba mantener relaciones sexuales —ya se lo había dejado claro por mensaje antes de llegar—, pero que Hakimi no habría respetado su consentimiento al acariciarla y, finalmente, sentarla a horcajadas sobre él e introducirle los dedos en la vagina, de forma furtiva, “unos segundos […] quizá treinta segundos”, dijo Jeanne al juez de instrucción. “Para, para, quítalos, quítalos”, habría repetido.

El jugador lo niega. “Lo único que le toqué fue la espalda”, explicó en la declaración, respondiendo a cada pregunta sobre el relato de Jeanne: “Eso es falso, es mentira”.

Poco después, Jeanne se va del piso: había llamado a una amiga para que fuera a recogerla. Las imágenes de las cámaras de seguridad la muestran sola en la calle, esperando el coche; aunque Hakimi había indicado inicialmente a los investigadores que la había acompañado hasta fuera.

Esta amiga, Claire*, desempeña un papel fundamental en el caso. Durante toda la noche, las dos jóvenes se intercambiaron mensajes. Tanto antes de que Jeanne llegara a casa de Hakimi como mientras estaba allí. Su lectura ofrece una versión de los hechos casi en tiempo real.

Diez minutos después de su llegada, Jeanne le escribe a Claire: “Me ha agarrado… La boca… Me voy”. Son las 1:27. 1:31: “Es un violador”, "Le he dicho que yo no soy así”. 1:50: “Es muy grave”. Claire intenta entenderlo, sin obtener respuesta. 2:18: “Vuelvo a casa", “Es muy grave”. Luego, Jeanne a Claire, que sale a buscarla: “Te lo ruego… Date prisa… Por favor”. 2:19: "Es muy grave”, “Me está violando”, "Por mi madre que me ha violado”, “Me ha metido los dedos”, “A la fuerza”. 2:20: “Por favor, ven, me va a dar algo.”

A juicio de los jueces que han examinado el caso, estos mensajes son abrumadores para el futbolista parisino.

Otros mensajes que se intercambiaron antes son, por el contrario, una de las principales armas de la defensa para desacreditar a Jeanne y respaldar la tesis de la conspiración. La mayoría los escribió Claire: aconseja a su amiga que escuche “À l’abri” de Fresh la Peufra —la canción empieza con “no tuve más remedio / que correr este riesgo / para poner a la miff [la familia —ndr] a salvo”. Luego, a las 0:49: “Llegas en plan mujer fatal”. Y, sobre todo, a las 0:58: “Intenta conseguir los códigos y todo eso… Vamos a desplumarlo… Somos chicas de la calle”.

Jeanne apenas responde: ”Jajaja, dios mío, estoy nerviosa”. A la 1:15, al llegar, escribe: “Me lo voy a follar” [je vais le baiser – ndr]”.

Para la parte civil, el tono del intercambio de mensajes es el de una broma entre dos amigas antes de una cita. “Es solo una broma, de verdad”, dirá Jeanne al juez que la interroga sobre los códigos de acceso. “Era para decir, tipo ‘lo voy a matar’, porque tardaba demasiado en llegar”, en referencia al “me lo voy a follar”.

Esos mensajes se filtraron en L’Équipe, en 2025. “¿Ha caído el futbolista, tal y como él está convencido, en una trampa?”, se preguntaba entonces el diario deportivo. Al leer el artículo, no cabe duda. “Un intento de extorsión”, había explicado su abogada, Fanny Colin, ya en marzo de 2023.

“Es un montaje”, explicó su cliente ante el juez. “Para mí, es una manipulación que ellas han preparado”. ¿Con qué fin? “Sé muy bien que quieren destrozar mi vida.” ¿Por qué? “Porque estoy en un momento álgido de mi carrera, porque gano mucho dinero y porque varios compañeros futbolistas ya han pasado por la misma situación.” Pero, ¿qué quieren Jeanne y Claire? “No sé si quieren destrozar mi vida, hacerse famosas o conseguir dinero. O todo a la vez.”

A Achraf Hakimi, esta hipótesis del “chantaje” le resulta más plausible, ya que le parece algo habitual en su entorno. “Sé muy bien que este tipo de hechos ya han ocurrido con futbolistas”, declaró durante su detención preventiva. “De hecho, todo el mundo conoce casos confirmados de futbolistas que han aceptado —o no— pagar importantes sumas de dinero a mujeres bajo la amenaza de presentar una denuncia por supuestos hechos de violencia sexual”, explica a Mediapart su abogada, Fanny Colin (ver caja negra).

En nuestros archivos encontramos constancia del caso de Cristiano Ronaldo, quien firmó un acuerdo económico tras una acusación de violación en Estados Unidos. Pero eso no implica que haya mentido sobre los hechos: una investigación de la revista alemana Der Spiegel reveló que la estrella portuguesa reconoció en su momento, ante sus propios abogados, que la víctima le había pedido que detuviera el acto sexual.

También está el caso del delantero brasileño Neymar: en Brasil fue archivada una denuncia por violación —él denunció una "trampa"— y en Estados Unidos una acusación de agresión sexual —la marca deportiva Nike consideró entonces que eso justificaba la rescisión de su contrato—. Por su parte, otro brasileño, Dani Alves, fue condenado en primera instancia y encarcelado tras proponer un acuerdo económico, antes de ser absuelto en apelación. Ambos también jugaron en el PSG.

En Francia, los antecedentes públicos no saltan a la vista: sí, parece frecuente la práctica de la extorsión y el chantaje, pero por motivos distintos a la violencia sexual. Así ocurre con el caso de Paul Pogba, con una investigación de L’Équipe sobre el entorno de N’Golo Kanté, con el caso del vídeo sexual de Mathieu Valbuena o incluso con la amenazante petición de una “ayuda económica” para la ETA dirigida a Bixente Lizarazu en el año 2000.

Da igual: los futbolistas y sus amigos se mantienen alerta. En la investigación sobre Hakimi, el “mejor amigo” del lateral explica: “En el pasado ha habido varios casos de acusaciones de violación contra futbolistas, así que era un tema muy presente entre nosotros, el temor a que algún día nos pudiera pasar a nosotros; nos tomábamos muy en serio la prevención. […] Sabemos que este tipo de historias pueden destruir una carrera.”

Otra persona cercana, al ser preguntada, afirma: “Le había dicho que tuviera cuidado con las mujeres en Francia, porque conozco el comportamiento de las mujeres en las discotecas con los futbolistas.” Cita el caso de Dani Alves, “que acababa de ser encarcelado por violación”: “Hay tantas historias también de falsas acusaciones de violación contra futbolistas que todos tienen miedo”.

“Es un tema que sacamos a colación con frecuencia y con el que estamos muy atentos”, confirmó la estrella francesa Kylian Mbappé, muy cercano a Hakimi. “En primer lugar, no somos unos salvajes. Y, además, estamos preparados para esto desde el inicio de nuestra carrera.”

Jeanne lleva tres años soportando esa sospecha. “Puedo entender a los futbolistas”, dice a Mediapart. “Sé que no todo el mundo es bueno en este mundo. Pero yo no soy para nada ese tipo de chica. Nunca le he pedido dinero a nadie. Nunca me he aprovechado del dinero de nadie.”

Ella, afirma, “nunca habría hecho eso por dinero”. “Ni siquiera por miles de millones de euros. No se lo deseo a nadie”.

Cuando denunció los hechos ese mismo día, presentó una denuncia preliminar, pero se negó a presentar una denuncia formal. Sin embargo, según Fanny Colin, la abogada de Hakimi, “el medio de presión del intento de chantaje, cuando existe en este tipo de casos, suele ser la amenaza de presentar una denuncia (o la de convertir en denuncia formal un aviso de infracción que, hasta entonces, se suponía debía permanecer confidencial y no dar lugar a la intervención de la autoridad judicial)”.

Jeanne lo explica ya en su primera declaración, el 25 de febrero de 2023 a las 17:00 horas: “Solo quería que esto no les pasara a otras chicas”. Además, ella no lo vivió como “una pesadilla”. Pero “esto no es normal”. En declaraciones a Mediapart, añade: “En realidad, estamos en 2026. Basta ya, ¿no?”. Jeanne es feminista por naturaleza, pero sin hacer alarde de ello. “No es el tema”.

Además de la ausencia inicial de denuncia, la defensa de Hakimi alega, en particular, “la falta de cooperación de su acusadora para esclarecer la verdad”. Jeanne “se negó a someterse a los exámenes médicos y psicológicos” en dos ocasiones. Nunca había acudido al ginecólogo, explica la joven, que, en cambio, acabó siendo tratada dos veces por una psicóloga. Se negó a que su teléfono quedara precintado. Toda su vida y su intimidad están ahí, argumenta.

Hasta la fecha, ninguno de los magistrados a cargo del caso ha dado crédito a la hipótesis del chantaje.

Pero Jeanne “a veces se arrepiente” de su denuncia. “Me han traicionado mucho”, afirma. Que la justicia la haya creído hasta ahora no basta para contener su amargura, su “trauma”. El de, según ella, haberse visto envuelta en cuestión de horas, bajo la presión de la prensa, en un procedimiento que en un principio no había deseado.

Porque su declaración se filtró el lunes en Le Parisien sin su consentimiento. Sin que ni siquiera la hubieran avisado. Hakimi no tiene nada que ver con ello; unas horas más tarde debía asistir a una gala. Pero a él el PSG le avisa antes de la publicación. Jeanne lo descubre en Internet. “Es el mayor trauma de mi vida”, afirma. A la agente de policía que la interroga el 1 de marzo, Jeanne le dice: “Cuando los hechos se hicieron públicos en los medios, tuve que tomar un ansiolítico, me entró pánico, lloré”. “Lo que más me duele es el tratamiento mediático, más que el acto en sí mismo”, añade.

La prensa se ha convertido en su pesadilla. Su número de móvil figura en el atestado policial y circula por varias redacciones. “Me han contactado un montón de veces. Han contactado a mi familia. Han contactado a mis amigos”. Ya el martes, un periodista llamó al timbre de su casa. Fue un familiar quien abrió la puerta. “No entendía por qué un periodista me buscaba. Le explicó: Veo que usted no está al corriente, pero [Jeanne] ha presentado una denuncia por violación contra Achraf Hakimi”.

Entonces, ¿de verdad quiere que ese juicio pueda llegar a celebrarse? Jeanne duda, le cuesta decirlo. Finalmente, tras más de una hora de entrevista, ya no se detiene: quiere “un juicio para defenderme, para que me escuchen”, tiene “ganas de hablar con los magistrados, de responder a sus preguntas”, sueña “con que la gente lo entienda”. “Quiero dar explicaciones. Quiero que me crean”.

Mientras tanto, el sábado no verá la tele: en la noche del viernes al sábado, Marruecos se enfrenta a Escocia en su segundo partido de un Mundial en el que el equipo liderado por Achraf Hakimi tiene grandes ambiciones.

Los hechos que se le imputan a Achraf Hakimi se remontan a la noche del 24 al 25 de febrero de 2023. Ese mismo día, Jeanne* acude a la comisaría para presentar una denuncia previa, aunque se niega a presentar una denuncia formal. Su denuncia previa se filtra en Le Parisien el lunes 27 de febrero. Se abre una investigación preliminar. El 1 de marzo, Jeanne es interrogada de nuevo y presenta una denuncia formal, acompañada esta vez por su abogada, Rachel-Flore Pardo. Al día siguiente, el lateral parisino fue detenido y lo negó todo. Se abrió una investigación judicial y fue imputado por violación el 2 de marzo de 2023.

Desde entonces, varios jueces sucesivos han llevado a cabo la investigación, tomando declaración a testigos y realizando peritajes psicológicos a ambas partes. Al término de esta instrucción, el 26 de febrero de 2026 se dictó un auto de procesamiento ante el Tribunal Penal de Hauts-de-Seine.

A pesar de la ausencia de un informe médico y del apoyo de los allegados del jugador, la jueza tuvo en cuenta varios elementos “en contra”: la acusación reiterada “de forma constante y detallada” por parte de Jeanne; los mensajes intercambiados con una amiga la noche de autos; una frase de la declaración de Kylian Mbappé que, al apoyar a su amigo Achraf Hakimi, parece contradecirlo en lo relativo a las “caricias en las partes íntimas” que él niega; “el contexto en el que se revelaron los hechos”, que tiende a descartar cualquier tipo de extorsión; la moderación en la expresión de Jeanne y un discurso “que parece sincero y auténtico”; los testimonios de sus allegados.

Achraf Hakimi, asistido por su abogada Fanny Colin, ha recurrido el auto de procesamiento. A finales de mayo de 2026 se celebró una vista, en la que el fiscal general también defendió llevar al deportista ante un tribunal. Este viernes 19 de junio, el Tribunal de Apelación ha rechazado su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

En cualquier caso, Achraf Hakimi goza, como cualquier persona implicada en un proceso penal, de la presunción de inocencia.

Traducción de Miguel López

Gustavo Fuentes, director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), ha sido imputado como presunto autor de delitos de agresión y acoso sexual, según ha adelantado esta semana elDiario.es. La víctima relata episodios de violencia sostenida en el tiempo –con tres agresiones específicas en 2013, 2021 y 2023– y humillaciones a los ojos de todos, según acreditan sus propios compañeros. Y las empresas responsables de velar por la seguridad de su trabajadora se excusan aludiendo a la existencia de protocolos de prevención a los que jamás llegó ninguna denuncia. 

Así lo señaló el martes Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) mediante un comunicado: su protocolo de actuación contempla "mecanismos de actuación aplicables" a supuestos que afecten a personas vinculadas a empresas externas, como es el caso de la productora. ADM es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía y que está, además, asociada a la RTVA. El ente público, su principal comprador institucional de contenidos, subraya que no le "consta" la presentación de ninguna "denuncia interna" en relación con los hechos publicados. 

Por su parte, la productora ha decidido suspender al presunto responsable, basándose en "los protocolos internos previstos para este tipo de situaciones" y solo una vez los hechos quedaron en manos de la justicia. Es decir, cuando el daño llevaba más de una década instalado en el entorno laboral. 

Ambas entidades presumen de sus protocolos, pero ¿han sido útiles para la víctima? Esa es, precisamente, una de las cuestiones que con más insistencia plantean desde los sindicatos. Todas las empresas, con independencia del tamaño de su plantilla, tienen la obligación legal de establecer medidas de actuación, protección y prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo. La no adopción de estas medidas supone una infracción del ordenamiento jurídico. 

La ley de igualdad de 2007 obliga a las empresas a "promover condiciones de trabajo que eviten" el acoso sexual y por razón de sexo, un imperativo que años después quedó ampliado a la necesidad de impedir todo tipo de "delitos y otras conductas contra la libertad sexual", gracias a la conocida como ley del solo sí es sí. Además, España ratificó en el año 2022 el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El principio obliga a todos aquellos que lo suscriban a adoptar medidas de prevención, protección, control y reparación frente a estas conductas. 

Samuel Ortega, secretario de Organización en la sección sindical de UGT en RTVA y miembro de la Comisión de Igualdad de Canal Sur, recuerda la responsabilidad del ente público en lo que respecta a aquello que sucede en el seno de las empresas que prestan servicios para la televisión autonómica. En ese contexto, destaca que los miembros de la Comisión de Igualdad "siempre" han pedido, sin éxito, acceder y examinar los protocolos vigentes en las compañías que están en su órbita. 

"Es importante poder ver qué formación existe, cuáles son las medidas contempladas, quiénes son los miembros de los comités de denuncia y saber si la gente está informada", incide. Sin todos esos elementos, la mera existencia de los protocolos se revela insuficiente. 

"Si el protocolo no funciona, lo que hay que hacer es ponerlo a funcionar". Habla Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres de Comisiones Obreras (CCOO). Pero, sobre todo, asiente en conversación con este diario, la responsabilidad de las empresas debería ser "preguntarse por qué no ha funcionado el protocolo" y no excusar su inacción en la falta de denuncias, especialmente cuando la obligación de toda compañía pasa, en primer lugar, por la prevención y la detección. "Las mujeres no denunciamos cuando queremos, sino cuando podemos y como podemos", recuerda la responsable sindical. Señalar directamente a la ausencia de denuncias no solo parece ser una "excusa de alguien que no quiere involucrarse", sino que además "sitúa la responsabilidad en la víctima". 

Coincide Glòria Poyatos, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "Volvemos a cargar todo el peso en la víctima", lamenta, una dinámica que pese a ser señalada constantemente por las expertas feministas sigue siendo dolorosamente frecuente. En oposición, la jueza cree importante "integrar en las empresas la obligación de que la denuncia no recaiga solamente en la víctima", en parte porque las mujeres no siempre encuentran una respuesta ágil, garantista y respetuosa en los mecanismos trazados por la propia compañía. 

Poyatos cree que, en términos generales, asistimos a un "cumplimiento más formal que real respecto a la legislación" en materia de prevención del acoso y la violencia sexual, lo que "dificulta mucho la detección y la toma de decisiones para impedir que la salud de las trabajadoras se vea afectada". Las empresas, completa, deben desarrollar una "diligencia activa en materia de prevención, no actuar como meras espectadoras", más aún en casos como el presente, cuando se trata ya no solo de salud laboral, sino de un posible delito.

"Cualquier espacio en el que una mujer interactúe con un hombre tiene que ser valorado desde un punto de vista de prevención de la violencia sexual a la que se expone", añade la jurista, por lo que el deber de las empresas pasa por saber "valorar ese riesgo que existe en los puestos de trabajo" con el fin de poder evitarlo. 

Las conductas denunciadas por la reportera de la productora sucedían a ojos de la mayoría. Los comentarios sexistas, misóginos y discriminatorios los pronunciaba el presunto agresor en público, sin pudor alguno y ante el silencio cómplice de quienes escuchaban, según se ha publicado este miércoles. Pese a que la violencia trascendía del ámbito privado, nadie activó los protocolos.

Uno de los testimonios recogidos por elDiario.es señala directamente al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, como conocedor directo de las conductas denunciadas. El relato recogido parece evidenciar que la violencia era conocida no solo por compañeros y superiores de la productora, sino por cargos de responsabilidad dentro de la propia televisión autonómica. 

El protocolo de RTVA, consultado por este diario, indica que "en caso de hallarse implicado personal laboral de una empresa externa que esté prestando un servicio" para la cadena, se aplicarán "los medios de coordinación necesarios para llevar a cabo la investigación y adoptar las medidas más idóneas y urgentes que den solución al problema planteado y eviten su repetición". 

"La sociedad no puede mirar para otro lado, tiene que hacer red, formar, concienciar y hacer llegar a todas las personas trabajadoras el mensaje de que es necesario tener los ojos puestos en todas las compañeras", exclama Carolina Vidal. Si hay una herramienta para terminar con la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, más allá de la existencia necesaria de los protocolos, esa no es otra que "la presión de la plantilla", concluye la sindicalista.

"Violencia física y sexual generalizada y sistemática". Es la denuncia de la Global Sumud Flotilla, después de que sus activistas fueran detenidos por las fuerzas israelíes. Los abogados de la flotilla han documentado "niveles de violencia extrema", entre los que se encuentran "acoso y abusos sexuales" sistematizados contra las personas detenidas, una realidad que viene a constatar el ejercicio de la violencia sexual como política de guerra contra la población palestina.

"Los miembros de la flotilla detenidos han denunciado abusos sexuales y eso se corresponde con denuncias de otros detenidos y detenidas palestinas. Nosotros confirmamos que Israel utiliza la violencia sexual como arma de represión", explican desde Amnistía Internacional. Una tendencia, añade la organización a preguntas de este diario, que lleva décadas produciéndose y que se corresponde también "con el sistema de apartheid que lleva a cabo el Estado de Israel contra la población palestina". 

A la violencia sexual ejercida por parte de las fuerzas israelíes se suma la impunidad de la que gozan los agresores, producto de la permisividad y connivencia de un régimen político que avala la violencia como eje central de su estrategia colonial y consecuencia también del miedo paralizante que atraviesa a las víctimas. El pasado mes de marzo, la Procuraduría General Militar de Israel decidió retirar los cargos a cinco soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino en la prisión militar israelí de Sde Teiman, después de que se filtrara un vídeo constatando la violación.

La activista palestina Jaldia Abubakra sostiene que el ejercicio de la violencia sexual no solo no es motivo de condena, sino que se trata de una medalla más entre las fuerzas israelíes. "Venimos denunciándolo desde hace mucho tiempo: la violencia sexual se ha utilizado siempre para intimidar y abusar de la población palestina", señala en conversación con infoLibre. 

"Lo hemos visto en las cárceles sionistas, durante las detenciones e interrogatorios", expone la activista, quien insiste en que la mayoría de las víctimas "no quiere dar testimonio, ni nombres concretos, porque estigmatiza a las personas que son violentadas". Abubakra recuerda el caso de Rasmea Odeh, quien denunció torturas y violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes ya en los años 70.  

En febrero de 2024, Naciones Unidas ponía la lupa sobre la violencia que las fuerzas israelíes ejercían sobre mujeres y niñas palestinas. Sus expertos hablaban de informes en los que se acreditaba la existencia de violencia sexual durante las detenciones, testimonios directos sobre humillaciones y situaciones degradantes, pero también dinámicas como el traslado a la fuerza de menores separados de sus familias.

Meses después, un análisis elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de la ONU concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los civiles recurren a violencia sexual y de género en todos los territorios palestinos ocupados. "La frecuencia, prevalencia y gravedad de los delitos sexuales y de género perpetrados contra los palestinos desde el 7 de octubre en los territorios palestinos ocupados indican que formas específicas de violencia sexual y de género son parte de los procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad de Israel".

El uso de la violencia sexual como arma de guerra ha quedado ampliamente respaldado con el paso del tiempo. Otro informe, elaborado por la misma comisión en marzo del año pasado, pone negro sobre blanco el uso de la violencia "sexual y reproductiva" contra la población palestina "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación", incluyendo la "destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva".

Según el análisis internacional, la "amplia gama de violaciones" documentadas son en realidad "un elemento clave en el maltrato de los palestinos y son parte de la ocupación ilegal y la opresión de los palestinos como grupo". Las pruebas reunidas por la comisión dan cuenta además del aumento exponencial de esta forma específica de violencia en los últimos años. 

Otro informe reciente, publicado el pasado mes de abril por la organización West Bank Protection Consortium, alerta sobre el uso de la violencia sexual por parte de los colonos como mecanismo articulado para propiciar los desplazamientos. Según el análisis, más del 70% de los hogares de personas palestinas desplazadas por la violencia de colonos israelíes en Cisjordania señalan al terror sexual como factor clave en su decisión de abandonar su tierra.

"Israel es un ente violador". Habla Irene Zugasti, coautora del libro Esto no es una guerra. Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio (Akal, 2026). Israel incorpora "consciente y deliberadamente la violencia sexual como parte de su política de guerra y genocidio", lo que supone una escalada respecto al ampliamente estudiado ejercicio de la violencia sexual como herramienta de guerra en los conflictos armados.

Israel, sostiene la periodista e investigadora, ha ido más lejos. "Con los sucesos de Sde Teiman se comprobó cómo mandos militares sionistas y todo un sistema judicial y político protegieron a los perpetradores, perfectamente identificados, e incluso turbas de gente fueron a pedir su liberación", apunta. El mensaje, por tanto, es claro: "No es que se hiciera la vista gorda ante el delito de forma tácita, es que se explicitó claramente que era un ejercicio de violencia tolerable e incluso encomiable". Se pasa así de "práctica tolerada a doctrina". 

Y por eso la violencia sexual también recae sobre hombres palestinos. "Tiene que ver con los objetivos políticos de esta violencia, pues se considera una humillación y una deshumanización contra quien la sufre", personas que después cargan con "el estigma y el trauma, buscando también quebrar su comunidad". 

Pero Israel "no solo viola y tortura en prisiones", abunda Zugasti, también lo hace "en los domicilios que arrasa cuando hace redadas aleatorias en los campos de refugiados, cuando obliga a desnudarse y humilla a quienes tienen que atravesar los checkpoints y cuando las fuerzas israelíes se graban en TikTok humillando y riéndose de la ropa interior de las mujeres palestinas".

La violencia sexual, machista y reproductiva contra las palestinas debe enmarcarse además en un contexto muy concreto: el del genocidio y la limpieza étnica. El citado informe de Naciones Unidas concluye que esta forma específica de violencia no solo ha aumentado en los últimos años, sino que se está perpetrando en todo el territorio palestino ocupado "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino".

La politóloga Carolina Bracco, doctora en Culturas Árabe y Hebrea, profundiza en ese extremo en su artículo Violencia sexual y reproductiva en Palestina: las mujeres como blanco estratégico del genocidio. "El genocidio en Gaza debe ser comprendido como la fase más reciente de un proyecto colonial de asentamiento que, desde sus orígenes, tuvo como objetivo la eliminación de la población originaria palestina con el fin de garantizar la supremacía judía sobre el territorio", escribe la investigadora. 

Bracco enmarca el ejercicio de la violencia sexual como una práctica sistémica que hunde sus raíces en "una Nakba continua, iniciada en 1948 y jamás interrumpida". El objetivo, insiste la autora, "era reemplazar a la población existente, sentando las bases de un orden colonial cuya lógica eliminatoria continúa operando hasta el presente".

Coincide Abubakra. La palestina recuerda que en el marco del genocidio en Gaza y Cisjordania se han venido implantando "controles militares donde se dejan tiradas a embarazadas en los checkpoints, desangrándose y perdiendo muchas de ellas a sus bebés". La activista insiste también en el carácter histórico y estructural de esta forma específica de violencia. Recuerda las palabras de la exministra de Justicia Ayelet Shaked, quien hace más de diez años llamó abiertamente a disparar a mujeres palestinas embarazadas porque "dan a luz a pequeñas serpientes". En 2009, soldados israelíes encargaron camisetas con el dibujo de una mujer palestina embarazada bajo el lema "un disparo, dos muertes".

"En tanto reproductoras de la vida y de la continuidad nacional, las mujeres palestinas han sido históricamente construidas por el régimen colonial como amenazas demográficas. En este marco, la violencia sexual, obstétrica, física y simbólica ejercida contra ellas ha sido una práctica persistente y estructural", escribe Bracco. "Su finalidad es intervenir sobre la reproducción de la vida palestina y quebrar su continuidad en el tiempo".

La académica gazatí Hala Shoman habla de reprocidio para referirse al modo en que Israel es responsable de "perpetrar la violencia eliminatoria colonial mucho antes del 7 de octubre de 2023". Se trata, en sus propias palabras, del "ataque sistemático contra las capacidades reproductivas de un grupo, tanto biológicas como sociales, como estrategia deliberada de aniquilación". "No es simplemente un elemento del genocidio, sino una táctica central de género que instrumentaliza la violencia, tanto rápida como lenta, para atacar a la población actual y al futuro".

Abubakra lo resume así: "Perseguir a las mujeres palestinas es una política de la entidad sionista, porque son ellas las que dan vida a la resistencia". 

En el caso de Patrick Bruel, la avalancha de denuncias y señalamientos por presuntos agresiones sexuales tiene ahora un único punto de referencia: la fiscalía de Nanterre (Hauts-de-Seine).

Desde el 18 de mayo, esta jurisdicción —competente por el lugar de residencia del cantante (Neuilly-sur-Seine)— centraliza los procedimientos en curso o archivados en diferentes fiscalías de Francia: las tres investigaciones preliminares abiertas en París; el procedimiento por violación de Ophélie Fajfer, archivado en Nanterre en 2022; las denuncias con constitución de parte civil presentadas a mediados de mayo; y, próximamente, la abierta en Saint-Malo por violación (ver último apartado).

En cuanto al procedimiento archivado en 2020, en el que habían testificado varias masajistas empleadas en establecimientos de lujo, se ha incorporado a la nueva investigación en Nanterre, según nuestra información.

Las cuatro abogadas de las demandantes han acogido con satisfacción esta acumulación de procedimientos. Corinne Herrmann, abogada, junto con Sonia Kanoun, de varias demandantes, entre ellas Flavie Flament, considera que esto pone de relieve “la serie de expedientes” contra Patrick Bruel y permite a los magistrados “buscar un posible modus operandi”, “sacar a la luz las pequeñas sutilezas que pueden convertirse en pruebas”.

Iris Biehler, abogada de Julia* y de Anne, que se constituyeron en parte civil tras testificar en el proceso archivado en 2020, espera también que esta investigación permita esta vez “tener en cuenta las similitudes” de los testimonios “como un elemento de cargo determinante”.

Jade Dousselin, la abogada de Daniela Elstner, cuya denuncia por intento de violación presentada en París el 12 de marzo será trasladada a Nanterre, “espera, evidentemente, que la fiscalía revise su informe de 2019, pero sobre todo que retome con la misma celeridad que la fiscalía de París las investigaciones en curso”.

Myriam Guedj Benayoun, la abogada de Ophélie Fajfer, relata el “alivio” de su clienta y su “determinación para que se haga justicia”. “Para ella es una señal importante, significa que la justicia ha considerado necesario reexaminar su denuncia a la luz de los nuevos elementos de este caso.”

Por su parte, Patrick Bruel niega todas las acusaciones y goza de la presunción de inocencia. Sus abogados, Christophe Ingrain y Céline Lasek, indicaron a Mediapart que el cantante niega cualquier “coacción” y “violencia” y que, aunque “a veces intentaba seducir”, “cuando le decían que no, nunca iba más allá”.

En 2019, la misma fiscalía de Nanterre ya había investigado las acusaciones de agresiones sexuales contra el cantante, que hoy tiene 67 años. En total, nueve mujeres habían presentado su testimonio ante la justicia, de las cuales ocho denunciaron hechos de los que habrían sido víctimas entre 2000 y 2019. Una lo había hecho en una carta anónima, que por lo tanto no pudo ser utilizada; después testificaría en Mediapart. Una novena mujer había relatado las confidencias de una compañera masajista. Cuatro de los hechos denunciados no habían prescrito, a priori.

La investigación se inició tras la denuncia de una masajista del hotel Radisson Blu de Porticcio (Córcega del Sur). Durante su declaración, la joven de 25 años contó que el cantante se habría negado a ponerse la ropa interior desechable que se utiliza habitualmente durante los masajes, y luego la toalla que la cubría, con el pretexto de que hacía demasiado calor. Mientras le masajeaba las piernas y las nalgas, él le habría pedido “que bajara hasta la raja del culo”, y luego, durante el masaje del vientre, que bajara las manos hacia su pubis. La joven se habría negado y le habría explicado que tenía pareja, a lo que Patrick Bruel habría respondido, según su relato: “Ah, además eres seria, mejor así, porque el sexo antes del concierto no es recomendable, habría cantado mal”. La fiscalía de Ajaccio abrió una investigación preliminar por exhibicionismo y acoso sexual.

Patrick Bruel fue interrogado durante una hora en septiembre de 2019 sobre esa declaración en Châlons-en-Champagne (Marne), donde actuaba en aquel momento en un concierto. Negó cualquier gesto o comentario inapropiado, añadiendo: “Solo me atraen las mujeres que me desean.” Además, había solicitado que se tomara declaración a dos personas en el marco del procedimiento: la productora ejecutiva de su gira y su vestuarista, que fue interrogada en 2020, mostrándose sorprendida por las acusaciones y asegurando no haber “visto nunca ninguna actitud ni oído comentarios negativos tras un masaje” durante la gira de 2019.

La revelación de este procedimiento en Le Parisien había llevado a varias mujeres a denunciar hechos similares.

Es el caso de Julia*, masajista en el Villa Duflot, en Perpiñán (Pirineos Orientales). Esta mujer de 29 años presentó una denuncia en septiembre de 2019 para denunciar una agresión sexual que habría tenido lugar dos meses antes durante un masaje en ese hotel spa de cuatro estrellas. La fiscalía de Perpiñán abrió una investigación preliminar y tomó declaración al personal del hotel y a los allegados de la denunciante.

Su testimonio presenta numerosas similitudes con el de la masajista de Córcega: la negativa a cubrirse con una toalla con el pretexto del calor, comentarios inapropiados y una petición de masaje en “el interglúteo”, cuando este detalle aún no había aparecido en la prensa. El artista también le habría tocado las nalgas durante el masaje. Al finalizar la sesión, le habría pedido que guardara silencio y habría guardado su número de teléfono como “Julia IGPB”, por “Julia interglúteo de Patrick Bruel”, afirma ella.

Interrogado por la policía en noviembre de 2020, Patrick Bruel negó haberse quitado la toalla y haber hecho comentarios inapropiados. Indicó que simplemente le había pedido a Julia que presionara “fuerte entre las nalgas”, y refutó cualquier gesto inapropiado. También indicó que había memorizado el número con la mención “Masaje HP”, por Hand Powerful.

Luego, Julia, que testificó por videoconferencia en Mediapart, presentó una nueva denuncia con constitución de parte civil.

No es la única masajista que ha acudido a la justicia: en pocas semanas  lo han hecho otras cinco. Una de ellas relata hechos que habrían tenido lugar en 2008, cuando tenía 26 años y ejercía en un hotel de lujo en Cannes (Alpes Marítimos). Al parecer, Patrick Bruel le pidió que le masajeara los genitales y “entre las nalgas”. Ella no presentó denuncia.

Otra más denuncia hechos similares que habrían ocurrido en Saint-Barthélémy, en las Antillas, en 2011. Además, según ella, el artista se habría pegado contra ella, con una erección, agarrándole las muñecas. Presentó una denuncia a pesar de que los hechos ya habían prescrito. También una mujer había testificado sobre hechos que le habría contado una compañera en un centro de talasoterapia en La Baule (Loira Atlántico), en 2000.

Al ser preguntado sobre la declaración de la masajista de Cannes, Patrick Bruel respondió que no recordaba ese masaje, pero negó haber solicitado un masaje genital, indicando: “No tengo esa costumbre”. En cuanto a las acusaciones de la masajista de Saint-Barthélémy, el artista volvió a declarar que no recordaba el suceso, pero negó cualquier gesto o comentario inapropiado, indicando en varias ocasiones: “No hago ese tipo de cosas.”

Séverine, que declaró en Mediapart, conoció a Patrick Bruel en el año 2000, a la salida de su concierto en Grenoble (Isère). A los investigadores les contó que el cantante, al enterarse de que era fisioterapeuta, le pidió un masaje en su habitación.

Según su relato, cuando ella le pidió que se quedara en ropa interior, Patrick Bruel se tumbó desnudo y, al terminar el masaje, “empezó a acariciarle el muslo, subiendo la mano hacia el pecho”. A continuación, le habría pedido que le hiciera una felación. “Yo era joven, vulnerable, impresionable; cedí”, explica a los investigadores, afirmando que a continuación él le “quitó los vaqueros” y “la penetró, sin protección”. En 2019, al término de su declaración, no presentó denuncia. Sin embargo, en declaraciones a Mediapart, cuenta que durante ese proceso, “comprendió que lo que había vivido era una violación”: “Lo rechacé dos veces, no hubo consentimiento.”

Al ser interrogado por la policía, Patrick Bruel respondió que no tenía “ningún recuerdo” y afirmó que “no pedía ese tipo de cosas”, añadiendo: “Y si la relación es consentida, es posible que la profesión [de fisioterapeuta] [sea] un pretexto.”

Los testimonios ya no se limitaban a Francia. También en Suiza, una masajista voluntaria había presentado una denuncia. Los hechos que denuncia habrían tenido lugar en el festival Paléo, en Nyon, en julio de 2019. Una vez más, el artista se habría tumbado desnudo en la camilla de masaje, se habría quitado la toalla que le cubría las nalgas y habría pedido un masaje en las nalgas, en la parte interna de los muslos y, una vez boca arriba, desde la parte baja del abdomen hasta el pubis.

Al ser interrogado por los investigadores sobre este testimonio, Patrick Bruel negó haber retirado la toalla colocada por la masajista y haber pedido un masaje hasta el pubis.

En otoño de 2019, otra mujer, excantante, también envió su testimonio al fiscal tras leer los artículos de Le Parisien: Anne denuncia un intento de violación en 2010, cuando tenía una cita en el domicilio de Patrick Bruel para hacerle escuchar sus maquetas (leer su relato aquí).

Aunque procede de una familia conocida, no presentó denuncia de inmediato: dudaba y temía las consecuencias para ella y su entorno. Informó a dos amigos comunes, suyos y del cantante, de los hechos que denunciaba y de su intención de presentar denuncia. Al parecer, estos intentaron “disuadirla”.

Uno de ellos, Philippe B., la habría “animado a llegar a un acuerdo amistoso, dando a entender que era posible un acuerdo económico” y la habría “incitado a hacer una propuesta por escrito”, afirma ella a Mediapart —lo que el interesado niega. Anne le responde que podría estar abierta a la idea de una mediación económica, dadas las consecuencias para ella. “Estaba perdida: nos encontrábamos en el angustioso contexto del confinamiento, eran las dos de la madrugada, había bebido. Tenían el escenario ideal de la mujer sobornable”, justifica hoy.

Philippe B. transmitió en su momento esos mensajes a Patrick Bruel y a su abogado. Fueron el núcleo del procedimiento. Interrogada por los investigadores, Anne explicará que “caí lamentablemente en la trampa” de ese amigo común.

Philippe B., por su parte, nunca fue interrogado. Este hombre entregó a los investigadores una simple declaración, en la que indica que Anne le había “relatado un comportamiento de carácter sexual supuestamente inapropiado” por parte de Patrick Bruel y que ella reclamaba “una compensación económica para que este asunto no se divulgara”, pidiéndole que “desempeñara el papel de mediador”.

En una declaración ante la policía, el cantante negó haber agredido a Anne y denunció un “chantaje” económico, asegurando que ella le había pedido que financiara un piso para su hija.

La abogada de Anne, Iris Biehler, indica que en 2020 su clienta se encontraba “aislada, en pleno confinamiento, muy vulnerable” y que, “unas semanas después de ponerse en contacto con la policía por teléfono”, ella había “admitido considerar, bajo la influencia de un amigo común, una mediación económica si el Sr. Bruel reconocía los hechos y se disculpaba, con el único fin de proteger su nombre”. “Tuvo que dar explicaciones sobre estos hechos en su momento, y podrá volver a explicarse ante un juez”, añade su letrada. Para la penalista, este argumento de la sobornabilidad “tiende a desacreditar a las mujeres que deciden presentar una denuncia y, en el fondo, a hacerlas pasar por mentirosas, cuando en este caso eso no cambia nada respecto a la veracidad de su relato”.

En la fiscalía de Nanterre, cuando se trata de cerrar un caso en el que se imputan múltiples hechos a un mismo presunto autor, la práctica habitual es proceder a un archivo global, y no por denunciante. En este procedimiento, se optó por un archivo general por delito insuficientemente tipificado, es decir, por falta de pruebas.

La abogada Iris Biehler considera que esta valoración “quizá careció de individualización para cada una de las denuncias, algunas de las cuales se referían a hechos prescritos”. Lamenta que el archivo no haya sido “explicado ni motivado” y que “siga siendo incomprensible para las víctimas”.

La penalista lamenta también que “la pluralidad de testimonios, con relatos que presentan similitudes preocupantes en lo que respecta a las masajistas” “aparentemente no haya sido un elemento tenido en cuenta para ser procesado”.

Los propios investigadores subrayaban la importancia de estas coincidencias entre los testimonios. Su informe precisa que Patrick Bruel “no podía explicar” que algunas de las masajistas “mencionaran peticiones de masajes entre los glúteos, cuando este detalle, ni el término, aparecían en el artículo citado por el imputado”. Durante su declaración, el cantante había estimado, en efecto, que el artículo de Le Parisien podría haber influido en los testimonios.

Al ser consultada, la fiscalía de Nanterre no quiso hacer comentarios.

Varios alcaldes, de diferentes tendencias políticas, consideraron el miércoles 20 de mayo que el cantante debería “retirarse” hasta que la justicia se pronuncie, y renunciar a los conciertos previstos en sus ciudades en el marco de su gira. Es el caso del alcalde de París, Emmanuel Grégoire, pero también de los alcaldes de Marsella, Salon-de-Provence, Reims, Nancy o Brest.

Al otro lado del Atlántico, se han cancelado tres conciertos de Patrick Bruel previstos para diciembre de 2026 en Quebec, según anunció el 19 de mayo la agencia de eventos Gestev, encargada de la organización. La empresa explica que ha tomado esta decisión “teniendo en cuenta el contexto actual y la imposibilidad de garantizar la promoción”.

El artista tiene previsto iniciar, el 16 de junio, una gira de aniversario de cincuenta y cinco fechas en cuarenta y siete ciudades y cuatro países con motivo de los 35 años de su álbum Alors regarde. Una petición lanzada por el colectivo Salon féministe y respaldada por un centenar de artistas y asociaciones pide la cancelación de los conciertos. Ha recogido ya más de 27.000 firmas.

En la fiscalía de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), hay abierto un procedimiento por violación desde septiembre de 2024, tal y como reveló Mediapart aquí. La denunciante acusa al cantante de haberla violado con ocasión del Festival de Cine Británico de Dinard, en 2012. “A día de hoy, mi fiscalía sigue ocupándose de este caso, lo que no excluye cualquier intercambio con la fiscalía de Nanterre”, nos indica el fiscal de Saint-Malo. Según nuestra información, debería ser transferido próximamente a Nanterre.

En la fiscalía de París se han abierto tres investigaciones judiciales desde el mes de marzo, a raíz de denuncias o acusaciones presentadas por mujeres que ya habían testificado anteriormente en Mediapart: la denuncia de la directora general de Unifrance, Daniela Elstner, en la que denuncia un intento de violación en 1997 en el festival de Acapulco, así como dos denuncias de violación que habrían tenido lugar en 2000 y 2008.

El 12 de mayo, la fiscalía de Nanterre recibió dos denuncias con constitución de parte civil, reveladas por Mediapart: una masajista de Perpiñán denuncia una agresión sexual en 2019 y una excantante acusa a Patrick Bruel de haber intentado violarla en 2010. Ambas ya habían testificado en el procedimiento archivado en 2020.

La fiscalía de Nanterre también ha decidido reabrir un procedimiento que había archivado en 2022, el de Ophélie Fajfer, quien acusa a Patrick Bruel de haberla violado en 2015 en L’Isle-sur-la-Sorgue, cuando ella solo tenía 19 años (testificó en la revista Elle).

Por su parte, la presentadora Flavie Flament presentó una denuncia por violación ante la decana de los jueces de instrucción de París. Su abogada solicita “que este expediente se incorpore al procedimiento de Nanterre”, lo que aún no se ha hecho de manera formal. A esto se suma una denuncia presentada en Bélgica el 24 de marzo por la responsable de prensa Karine Viseur, que denuncia una agresión sexual en 2010.

Acusaciones que Patrick Bruel niega rotundamente. Se le aplica la presunción de inocencia en estos procedimientos.

Este artículo se actualizó el 20 de mayo a las 22:24 con los llamamientos de varios alcaldes para que Patrick Bruel cancelara su concierto en sus ciudades.

*Nombre ficticio.

El 4 de mayo, Mediapart se puso en contacto con los dos amigos comunes de Anne, la denunciante, y de Patrick Bruel. El primero no respondió. El segundo, Philippe B., nos indicó: “Niego rotundamente las palabras que se me atribuyen, que no se corresponden con la realidad. No deseo comentar conversaciones privadas, ni pronunciarme sobre acusaciones que implican a terceros. Les agradezco que respeten mi vida privada y que no mencionen mi apellido ni me citen en su posible publicación”.

Traducción de Miguel López

El género biográfico plantea un problema al espectador exigente. Este tipo de producción, que garantiza la asistencia a las salas en función del grado de popularidad del personaje en cuestión y de la impaciencia del público, suele tropezar con dos escollos: la hagiografía o el hiperrealismo. La hagiografía, porque la trama narrativa suele consistir en describir a una celebridad bajo una luz positiva, sin asperezas. Y el hiperrealismo, cuando se trata de filmar acontecimientos icónicos y entonces el juicio sobre la obra se centrará en la calidad de la recreación.

Así ocurrió con Bohemian Rhapsody, que narra la vida de Freddie Mercury, líder del grupo Queen. Se ha elogiado la interpretación del actor Rami Malek y del director Bryan Singer, que supieron reproducir al milímetro, hasta los pelos del bigote y la gota de sudor, el concierto de Wembley. En cuanto a Freddie Mercury, sus excesos se suavizaron para ofrecer una imagen pulida, adaptada al público de Disney Plus.

Esa misma dinámica es la que se aplica en “Michael”, la película biográfica dedicada a Michael Jackson, estrenada el miércoles 22 de abril. Pero el objetivo aquí es más pernicioso, ya que en este caso, el ”Rey del pop” es acusado de ser un depredador sexual cuyas víctimas habrían sido algunos de sus fans más jóvenes. El objetivo es, por tanto, volver a levantar una estatua que lleva varios años en el suelo para reactivar la máquina de hacer dinero.

La película recorre los inicios de la carrera de Michael Jackson, un niño prodigioso procedente de una familia muy numerosa. Estamos a finales de los años 60 y la Motown está en pleno auge. Con la aparición de la música soul, la población negra encuentra un medio de expresión y, en ocasiones, una forma de salir de su entorno.

Joe Jackson, el padre, entrena a cinco de sus hijos y forma los Jackson Five, que alcanzarán rápidamente el éxito, impulsados por el carisma y el genio escénico y vocal de un niño de 8 años, Michael. La película cuenta cómo este hará todo lo posible por escapar del yugo de su padre y convertirse en una superestrella mundial.

Para ello, hacía falta un malo de película, un antagonista al estilo Disney: será el padre, Joe. Él es el origen de todos los conflictos, utilizando a sus hijos para su éxito personal como un Pigmalión perverso. Todos los demás personajes, incluso los productores, quedan retratados de forma positiva.

Y quizá ahí radique uno de los pocos aciertos de la película. Vemos cómo Michael Jackson es arrancado de la vida real, sin amigos de su edad, atrapado en un mundo de adultos. En la película, solo se le ve interactuar con personas de su familia o con los hombres vinculados a la producción musical (a excepción de su encuentro con miembros de las bandas de Los Ángeles). Se le ve hablar con niños en hospitales y nunca con mujeres. Existe una barrera entre él y el mundo real, representada por una multitud de fans.

Si hay violencia en esta película, es por parte de un padre monstruoso. Por el contrario, Michael Jackson se muestra como una víctima valiente cuando se opone a su progenitor y quiere salir de la familia para hacer una carrera en solitario lejos de los Jackson Five.

Pero el poder descabellado de esta maquinaria ha perdurado. Aunque a lo largo de toda la película vemos a Michael queriendo liberarse de su familia, esta, incluso tras su muerte, sigue controlando su historia. En particular, su hermano mayor Jermaine y su madre Katherine, que han tenido derecho de veto y validado cada imagen de la película. El productor, John Branca, era el abogado de Michael Jackson y su albacea testamentario. Aparece en la película, interpretado por Miles Teller, en el papel de un agente benevolente.

¿Y qué pensar de la posición del actor principal, Jaafar Jackson, hijo de Jermaine y sobrino de Michael, obligado a imitar a su tío, a llevar su ropa, a revivir momentos traumáticos? Todo está recreado hasta el último detalle. Y uno se imagina los esfuerzos y las limitaciones a las que ha debido someterse para lograr este resultado. Otra forma de decir que nunca se sale de la familia.

Lo más preocupante es que la película estrenada en cines no es la que deberíamos ver. Existe una versión rodada que recuerda, desde la primera escena, las acusaciones de agresiones sexuales que resquebrajaron la imagen de Michael Jackson en los años noventa. La revista Variety describe esas imágenes que nunca veremos. En ella aparece el rostro triste de la estrella mientras unos policías registran el rancho de Neverland, el parque de atracciones privado del cantante inspirado en Peter Pan.

Esta escena, que debía abrir la película, evocaba el registro que tuvo lugar en 1993 tras la denuncia del padre de Jordan Chandler, un joven que acusó al cantante de agresión sexual. Este primer caso, que se resolvió con el pago de cerca de 23 millones de dólares a su familia, fue el primero en empañar la imagen de la estrella del pop.

Pero si la escena desapareció del montaje final, no fue por deseo de los productores. Según Variety, la familia Jackson habría pasado por alto una sutileza jurídica al firmar dicho acuerdo, que prohibía cualquier mención del caso en una película. Hoy en día, Jordan Chandler ha desaparecido por completo y su padre, enfermo, acabó suicidándose.

El montaje se reanudó pues con urgencia y se volvieron a rodar algunas escenas, lo que ha permitido que la película termine con un concierto y un Michael Jackson triunfante.

La película parece, por tanto, mutilada. Sin embargo, aunque los productores estén preparando ya una segunda parte, como sugiere el final del primer largometraje al evocar las acusaciones de pederastia, la forma en que la familia Jackson siempre ha defendido a Michael contra cualquier acusación da que pensar que esto podría acabar en una vasta campaña para desacreditar a las víctimas.

Esas imágenes y esos relatos de violencia existen de verdad: aparecen en el documental Leaving Neverland estrenado en 2019 y producido por HBO. En esta película, Wade Robson y James Safechuck, que fueron niños bailarines fans de Michael Jackson, relatan los verdaderos métodos de grooming que permitieron al cantante ganarse la confianza de los niños y agredirlos sexualmente.

Cuentan cómo la estrella mundial lograba ganarse la confianza de las familias e invocar auténticas “historias de amor” para conseguir sus fines. Ese es el documental que hay que ver como contrapunto a “Michael”, al igual que el que se estrena en France 2, titulado Michael Jackson, l’envers d’une légende (Michael Jackson, la otra cara de una leyenda).

El primer terremoto se produjo en 1993, cuando un padre de familia, dentista en Los Ángeles, acusó a Michael Jackson de haber agredido sexualmente a su hijo en el rancho Neverland. El caso provocó un registro policial muy mediático, pero concluyó con un acuerdo civil de unos 23 millones de dólares, sin juicio penal.

Una segunda acusación desemboca esta vez en un juicio penal. A principios de la década de 2000, Gavin Arvizo, un niño enfermo de cáncer que había visitado Neverland en varias ocasiones, acusa a Michael Jackson de agresión sexual. El juicio, celebrado en 2005, terminó con la absolución del cantante.

Durante este juicio, Wade Robson testificó a favor de Michael Jackson. James Safechuck y él, que tenían mucho contacto con la estrella cuando eran niños, aparecerán más tarde en el documental Leaving Neverland, donde describen lo que presentan como un sistema de control que condujo a violaciones. Se describe al cantante como manipulador, adicto al alcohol y a la pornografía.

En la actualidad, Wade Robson y James Safechuck han emprendido acciones civiles contra empresas vinculadas a Michael Jackson.

Traducción de Miguel López

El pasado mes de febrero, una exedil del Partido Popular interpuso una querella por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Casi dos meses después, la Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado correspondiente instándole a poner en marcha el procedimiento. El Ministerio Fiscal llama la atención a los tribunales respecto al tiempo transcurrido y exige un impulso procesal. En prácticamente dos meses, el juzgado no ha ordenado diligencias de ningún tipo, ni ha citado a las partes. La víctima sigue esperando.

No es, en realidad, una anomalía. La dilación de los tiempos se ha erigido en no pocas ocasiones como una de las muchas barreras que disuaden a las mujeres a la hora de denunciar y como uno de los elementos que las revictimizan cuando se deciden a hacerlo. La magistrada Paz Filgueira encaja las demoras en los tiempos de la justicia como una brecha a corregir en términos generales, pero matiza que cuando se trata de violencia sobre las mujeres, esos retrasos "tendrán un impacto gravísimo en la víctima y en su entorno, especialmente cuando hay menores de por medio".

Si el punto de partida para el grueso de las víctimas implica ya un daño emocional y psicológico, hilvana la jueza, todas "las dilaciones en juicios o trámites administrativos coetáneos van a profundizar siempre el trauma e impedir su cierre". El retraso en "la respuesta, las investigaciones y la resolución va a aumentar elevadamente el fin de las secuelas y va a hacer que las mujeres revivan el trauma de forma continua", agrega. 

Y no es algo que suceda de forma aislada. En los casos de violencia contra las mujeres "nos encontramos con que muchísimas veces los procedimientos judiciales se dilatan de una forma incomprensible para las víctimas", asiente la abogada especializada Amparo Díaz Ramos. Todo ello, continúa, les genera "un gran daño psicológico", pero además deriva en que "con bastante frecuencia se apliquen, para el condenado, atenuantes de dilaciones indebidas". El resultado es que "la víctima, además de soportar la incertidumbre y la ansiedad durante más tiempo del oportuno, tampoco percibe haber conseguido justicia o una pena acorde con lo que ha sufrido".

Ocurrió recientemente en Murcia. Un grupo de empresarios que reconoció estar implicado en una red de prostitución con menores de edad consiguió eludir la cárcel después de que el proceso judicial tardase diez años en celebrarse. Entre los argumentos para reducir la condena inicialmente demandada, estaba el de dilaciones indebidas. 

En noviembre de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (Grevio) publicó su primer informe de evaluación de las políticas y la estrategia españolas en materia de violencia machista. En su análisis, las especialistas destacaban la necesidad de realizar investigaciones y procesos judiciales "rápidos y eficaces que se basen en una comprensión de este tipo de delitos desde una perspectiva de género y que tengan en cuenta los derechos de la víctima durante todas las fases". 

"A menudo, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el poder judicial no dan prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres", reprochaban las expertas, una dinámica que contribuye a "la impunidad de los agresores". Consecuencia de esa escasa prioridad "son los retrasos en el inicio de las investigaciones y los procesos judiciales, que a su vez pueden conducir a la pérdida de pruebas vitales y a un mayor riesgo para la víctima de sufrir violencia repetida".

Fue lo que les sucedió a dos mujeres víctimas de violencia sexual en Pamplona. En octubre del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no haber llevado a cabo una investigación eficaz en este caso, tras constatar una excesiva duración del procedimiento, junto con la pérdida y manipulación de pruebas y la falta de independencia suficiente en la investigación.

El artículo 49 del Convenio de Estambul –el marco jurídico europeo para una estrategia común contra la violencia machista– obliga a adoptar todas las medidas necesarias para que los procedimientos judiciales relativos a la violencia contra las mujeres se lleven a cabo "sin demoras injustificadas". En el mismo sentido, el artículo 50 obliga a que las fuerzas y cuerpos de seguridad "respondan de forma rápida y eficaz a todas las formas de violencia".

Actualmente, completa Filgueira, "lo estamos describiendo como un tipo de violencia institucional, porque a través del sistema lo que se está haciendo es impedir el cierre de la situación". No hay que perder de vista que para una víctima "el primer elemento y uno de los más importantes en términos de reparación es la sentencia". Pero además, agrega la jueza, el daño de las demoras es global: si los tiempos de la justicia se dilatan, necesariamente se alargará el proceso de recuperación de la víctima. "Es un daño también para el sistema de salud, por lo que se trata de un coste multilateral poco eficaz para el sistema". 

A juicio de Díaz Ramos, es fundamental que el Ministerio de Justicia comience a contemplar "indemnizaciones por las segundas victimizaciones en los procedimientos judiciales, entre ellas la causada por las dilaciones indebidas". La letrada sabe bien de lo que habla. Ella misma llevó un caso que terminó con una "indemnización cuantiosa" para la víctima, después de que su agresor viera acortada su condena por dilaciones indebidas. 

"Acreditamos que hubo un funcionamiento anormal de la administración de justicia porque dejó, en varias ocasiones, el procedimiento paralizado, causando una dilación indebida que sirvió para una rebaja significativa de la pena", comparte con este diario. El impacto en la víctima fue incuestionable: se produjo "un padecimiento psicológico, también en su imagen e identidad", lo que además derivó en un deterioro de su “derecho a obtener justicia”, tal como quedó acreditado por distintos informes psicológicos.

Las juristas consultadas aciertan a señalar un foco claro en la base del problema: la falta de recursos. "Los juzgados estamos absolutamente colapsados", sostiene Filgueira. La magistrada se refiere al aumento de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, desde que en octubre del año pasado pasaron a asumir además los delitos sexuales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló entonces que la incorporación de los nuevos asuntos implicaría una sobrecarga de trabajo del 12,9%, una cifra que algunas voces elevaron al 20%. "Se ha evidenciado que el sistema requiere de más recursos humanos, materiales y de atención a las víctimas", zanja la jueza.  

Pero, ¿es todo cuestión de tiempos? Las expertas no se quedan ahí. "En violencia de género en pareja se da la paradoja de que la primera parte del procedimiento suele ser extraordinariamente rápida, porque suele haber una petición de orden de protección que se tramita de manera exprés", observa Díaz Ramos. Pero no por ello es más eficaz: "Es muy superficial, se hace normalmente sin pruebas y en muchos juzgados incluso sin escuchar a las víctimas". En algunas ocasiones, el juzgado puede incluso decidir tramitar el procedimiento como juicio rápido "porque solo evalúa un episodio específico, sin tener en cuenta otros anteriores y sin darle a la víctima la oportunidad de que desarrolle o complete lo que denunció en un primer momento". 

En ese mismo punto se detiene la jurista Altamira Gonzalo. "Las dilaciones prolongan la incertidumbre y revictimizan a las mujeres, pero también nos encontramos con juicios rápidos que no son satisfactorios, porque la celeridad impide hacer pruebas que requieren más tiempo", sostiene en conversación con este diario.

A la necesidad de reforzar y ampliar los recursos, se añade otro imperativo: la formación. "La confianza de las mujeres en la justicia se recuperará cuando sean atendidas con empatía, cuando desde la abogacía hasta la judicatura sean capaces de ponerse en su lugar y entender la situación en la que se encuentra una mujer que denuncia", zanja Gonzalo.

Ariadna (nombre ficticio) ni siquiera se había planteado, durante buena parte de su vida, nombrarse a sí misma como víctima de violencia sexual. Sí le atravesaba la lúcida noción de que alguien con poder le había hecho un daño irreparable, condicionando hasta el extremo todos los aspectos de su día a día. Pero fue otra persona, una psicóloga especializada, quien le sostuvo la mano para decirle por primera vez que aquello que todavía le provocaba un nudo en el pecho tenía nombre: violencia sexual. Ariadna aprendió entonces a reconocer como agresor al hombre que le había abierto la puerta de su despacho siendo ella menor, sin miedo a las consecuencias que entrañaba y aun sabiendo que su relato ponía en evidencia al político posiblemente más reconocible y reconocido de la Transición: el expresidente Adolfo Suárez.

El pasado mes de diciembre dio el paso de hacer pública su historia y denunciar a su presunto agresor en los tribunales. La denuncia formal era en realidad una manera de hacerse un hueco en la conversación pública. No buscaba una condena, no le interesaba que un juez dictara sentencia, pero sí ansiaba reconocimiento y reparación. El juzgado acaba de confirmar el archivo de la causa debido a la prescripción de los delitos y el fallecimiento del denunciado, pero la víctima se siente satisfecha por el camino recorrido. Habla ahora con infoLibre, convencida de que todavía le quedan muchas puertas por abrir y segura de no volver a enterrar su relato en el silencio.

Desde el primer momento usted aseguró que decidía denunciar aun sabiendo que el recorrido penal era escaso, ¿por qué decidió dar el paso?

Porque era la única forma legal de hacer públicas mis agresiones.

¿Y por qué era importante para usted hacerlo público?

Creo que, por el perfil del agresor, esto también forma parte de la historia de este país, o debe formar parte de la historia de este país. Lo que sucedió cambia totalmente la visión y el concepto que tenemos de esa persona como personaje.

¿Se había planteado denunciar alguna vez antes?

No. Además, tardé muchísimos años en reconocerme como víctima y en reconocer los delitos. Tenía demasiado miedo para poder denunciar. Ha sido un proceso muy largo, primero he tenido que sanarme, sentirme segura y encontrar un entorno seguro que me ha dado credibilidad desde el primer momento.

¿Cuándo fue consciente de que había sido víctima de una agresión sexual?

Me di cuenta con 37 años [dos décadas después de que se produjeran las agresiones que denuncia], cuando fui a una psicóloga por primera vez a causa de una depresión. Al tratarme, salieron todos esos abusos y fue cuando ella puso nombre a mi sufrimiento. Me dijo: "Tú has sufrido violaciones". Ella fue quien me sugirió que, para cerrar esa herida, le escribiese la carta que le mandé a Adolfo Suárez en 2003, reclamándole una explicación. 

¿Le sirvió escribir esa carta?

Sí, me sirvió. Supe que por lo menos se habían enterado. Esa carta llegó, porque poco después me llamaron desde un número oculto y en aquella época era algo muy raro. Llamaron y me colgaron el teléfono. Yo supe que eran ellos.

Escribir esa carta fue un acto de reparación, pero asegura que la posterior denuncia también lo fue. ¿Por qué?

Porque al poner la denuncia he recuperado mi dignidad como persona y como mujer. Me he completado. Yo estaba muy achicada, muy encogida, y el hecho de poner la denuncia me ha dignificado. 

En su relato de lo sucedido, menciona también al entorno del expresidente, encargado de organizar las citas. ¿Cree que podrían haber hecho algo para frenar lo sucedido?

Creo que sí lo sabían, pero quizá les ha salido mejor guardar silencio que ponerse de parte de una víctima.

¿Cree que hay más víctimas?

Estoy convencida de que hay más víctimas. Él tenía mucha soltura, yo no soy la única. Estoy totalmente convencida.

Hay quien le cuestiona por el tiempo que tardó en denunciar. ¿Por qué ha necesitado 40 años?

Creo que si no eres víctima quizás sea difícil de entender. Una de las secuelas que a mí me han dejado estas agresiones ha sido la disociación. Yo he estado prácticamente 40 años disociada. Ni siquiera me parece que haya pasado tanto tiempo, sigo viendo a esa niña de 17 años. Además, tardas mucho en reconocerte como víctima, te tienen que ayudar a ponerle nombre a todo, a sanar, y el tiempo va pasando. Que yo haya denunciado ahora no significa que lo haya hecho en el mejor momento, pero lo he hecho cuando he estado preparada. Yo no me levanto un día y digo: vamos a hablar de este tema. No, ha sido porque se han dado las circunstancias personales y de mi entorno para poder hacerlo. Incluso pienso que si lo hubiera hecho hace cuatro o cinco años, con otro Ministerio de Igualdad, quizá me habrían ayudado más. 

¿No han estado el actual Gobierno y el actual Ministerio a la altura?

Yo voy a seguir insistiendo. Quiero insistir con el Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de la Presidencia para seguir reivindicando una reparación simbólica, igual que se ha hecho con otras víctimas, como sucede con la Iglesia y respecto a agresores ya fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre esas víctimas y yo?

¿Cómo ha pesado sobre usted lo sucedido a lo largo de estos 40 años?

Ha interferido en todo. A partir de la primera agresión sexual, yo empecé a tener trastornos psicológicos de todo tipo, tuve un trastorno de tricotilomanía, empecé a disociarme continuamente, a perder la memoria, a tener problemas de concentración, a padecer estrés postraumático, muchísimos miedos, inseguridad, baja autoestima y muchos problemas para relacionarme. Cuando comencé a trabajar, tuve intensos problemas de bajo rendimiento, sin entender por qué. En mis relaciones personales he seguido sufriendo mucha violencia. Porque si no sanas, sigues sufriendo violencia. Hace diez años empecé con una terapia muy buena, en un servicio de la Comunidad de Madrid, y fue a partir de ahí cuando empecé a sanar de verdad, a procesarlo todo y a poder hablar de ello sin dolor. Porque yo antes ni siquiera podía hablar, no podía pronunciar el nombre de este señor. 

¿Ha sentido apoyo social, mediático e institucional?

Yo tengo un círculo que me apoya, me da credibilidad y nunca me ha juzgado. La verdad es que solo hablo de este tema en sitios en los que me siento segura. A nivel social, hay una parte muy importante que está conmigo y que no pone en duda lo que yo he denunciado, eso es muy importante. Sé que otra parte de la sociedad dice lo contrario, pero no les he hecho mucho caso. Me aconsejaron que no mirase las redes sociales y eso es lo que he hecho. Institucionalmente, creo que se podría haber hecho más, pero todavía no tengo las puertas cerradas, así que voy a seguir insistiendo.

¿Qué siente cuando tiene que coger un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?

No lo cojo. Desde 2014 solo he cogido dos aviones, lo evito totalmente, y si viene gente tampoco voy a buscarles al aeropuerto. No puedo, me revictimiza mucho escuchar su nombre. 

Además del aeropuerto, señala la serie Anatomía de un instante como un elemento de revictimización.

Sí, la serie me parece un paripé y una mentira, en línea de lo que siempre nos han contado. No la he visto, ni la quiero ver.

La jueza ha decidido archivar la causa. ¿Le gustaría haber podido declarar?

Declarar en sede judicial habría sido bastante sanador para mí. El procedimiento judicial ha sido breve, como se preveía, pero me alegro muchísimo de haber puesto la denuncia. Ha sido muy reparador y muy sanador para mí. El primer auto de archivo me produjo muchas satisfacciones al ver tipificadas como delictivas las conductas que yo había denunciado. Se citaban como delitos de agresión y abuso. Y el segundo auto de archivo era lo esperado, aunque nunca he perdido la esperanza de que se me recibiese en sede judicial. En mi opinión, tiene poco fundamento lógico material decir que, por diligencia debida y el deber de practicar solo actos eficaces, se deniega la única diligencia de investigación solicitada por quien precisa esa reparación. Creo que se ha hecho una interpretación muy estrecha del Código Penal, las leyes y la jurisprudencia, porque aunque los actos están prescritos, yo tengo derecho a ser escuchada. 

El auto de hecho sugiere otras vías de reparación, fuera de la jurisdicción penal. ¿Ha pensado en otras formas de reclamar su derecho a ser escuchada?

Dentro de la vía judicial, no. No voy a apelar más. Pero voy a tocar las puertas de las instituciones y del Gobierno. El 7 de enero, cuando me reuní con Igualdad, la ministra me recibió en su despacho y me dijo que había que separar al personaje de la obra. Me puso el ejemplo de Picasso y el Guernica. Pero ni el aeropuerto ni la serie son obra de Adolfo Suárez, son actos políticos póstumos. Y precisamente por eso tendrían que poder retirar esos reconocimientos.

A día de hoy, ha vuelto a tratar el asunto en recursos especializados y participa en redes de mujeres. ¿Siente que su dolor se ha aliviado en parte?

Por supuesto. Todos estos pasos que estoy dando y todos los avances que estoy consiguiendo, si no tuviese la red de apoyo que tengo, no habrían sido posibles, ni estaría ahora donde estoy. He vuelto al espacio de Igualdad de María Telo y mi intención es moverme en espacios pequeños y seguros, donde yo sienta que no corro peligro, para ir contando mi historia y ayudar a otras personas. Porque el silencio mata y yo necesito contarlo.

La primera dama de EEUU, Melania Trump, negó este jueves en una inusual comparecencia pública haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell, en lo que ha supuesto su primera declaración pública desde que retornara el foco sobre el caso del fallecido pederasta el año pasado, informa EFE.

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy", aseguró la exmodelo en una declaración a los medios realizada en la Casa Blanca en la que también aseguró que no conoció a su marido, el presidente Donald Trump, a través del financiero.

"Para ser clara: nunca mantuve relación alguna con Epstein ni con su cómplice, Maxwell", aseguró la primera dama, que añadió que "de vez en cuando" ella y su marido resultaron invitados a las mismas fiestas "dado que la coincidencia en los círculos sociales es habitual tanto en la ciudad de Nueva York como en Palm Beach".

También dijo que los intercambios por correo electrónico que mantuvo con Ghislaine Maxwell, la expareja y principal conseguidora de Epstein, "no puede calificarse como nada más que correspondencia casual".

"No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo por casualidad en una fiesta en la ciudad de Nueva York en 1998", afirmó la primera dama.

Melania Trump dijo que la primera vez que se cruzó con Epstein, que se suicidó en su celda en una prisión federal en 2019, fue en el año 2000, en un evento al que asistió con el ahora presidente estadounidense.

"En aquel entonces, nunca había conocido a Epstein y no tenía conocimiento alguno de sus actividades delictivas", apostilló.

La primera dama estadounidense denunció que han estado circulando en las redes sociales "numerosas imágenes y declaraciones" que calificó de "completamente falsas".

"Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones juradas, testimonios de víctimas ni en entrevistas del FBI relacionadas con el caso Epstein. Nunca tuve conocimiento alguno de los abusos cometidos por Epstein contra sus víctimas. Nunca estuve involucrada en ninguna capacidad. No fui partícipe. Nunca estuve en el avión de Epstein ni visité su isla privada", afirmó con contundencia.

Melania Trump cerró su mensaje instado al Congreso a que conceda una audiencia pública a las mujeres que han sido víctimas de Epstein para tratar de arrojar más luz sobre el caso.

El asunto de los documentos de la investigación sobre el fallecido pederasta ha pesado enormemente sobre el Gobierno Trump desde el verano pasado ante las reclamaciones de que se publiquen íntegramente los archivos del caso, que parece involucrar a muchas hombres poderosos.

Desde el otoño pasado, el Departamento de Justicia se vio obligado a hacer públicos cientos de miles de documentos —censurados para proteger a víctimas y para no malograr investigaciones en curso— pero esto no logró apaciguar los ánimos y se cree que el persistente descontento en torno al asunto fue un elemento que pesó en la reciente destitución de la fiscal general, Pam Bondi.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro ha ordenado la reapertura de la causa en la que 87 mujeres denunciaron haber sido grabadas con cámaras ocultas mientras orinaban en la vía pública. Los hechos, ocurridos durante la fiesta de A Maruxaina, en agosto de 2019 en San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), incluyen la posterior subida de estas imágenes a páginas webs pornográficas, informa EFE.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado en un comunicado de que la jueza instructora ha aplicado, de esta forma, "la reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual permite la práctica de diligencias en los 12 meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado”. Precisa, asimismo, que la sentencia del Tribunal Supremo fue dictada en el tiempo transcurrido entre el auto de sobreseimiento provisional del caso, de fecha 14 de enero de 2026, y el momento en el que se ordena la reapertura.

El Tribunal de Instancia de Viveiro, tras analizar la ausencia de indicios de criminalidad contra el único investigado hasta el momento, acuerda la firmeza del sobreseimiento respecto a él, pero ordena la reapertura de la causa con el objetivo de investigar a otra persona identificada a partir de un informe técnico.

En consecuencia, decreta la práctica de diversas diligencias para esclarecer la participación de este nuevo investigado en los hechos y requiere a las partes que propongan las diligencias adicionales que consideren necesarias. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación.

Soy gorda. Estoy casada con una mujer y queremos ser madres. Quiero ser madre, quiero gestar y parir a una criatura. Acudimos a la Sanidad Pública para ello. Tengo sobrepeso y un trastorno de conducta alimentaria por el que estuve ingresada durante un tiempo largo después de ser Secretaria de Estado de Igualdad, después de haber recibido una violencia política muy concreta y muy sostenida que tenía como objetivo principal mi cuerpo, y casi no lo cuento. El primer médico que nos atendió en el centro de salud dijo que era mejor que él no fuera mi médico, que era demasiado todo (¿demasiado yo? ¿Demasiado grande, demasiado lesbiana? ¿Demasiada Pam?)  Y qué hago, pensé, ¿me mato? Ya estuve ahí. Y soy lesbiana y quiero ser madre pero soy gorda y cuando llegué a la consulta del hospital en la que sí me quisieron atender para iniciar el proceso de fertilidad lo primero que me plantearon fue que sin bajar de peso no podría acceder a ese derecho. Me propusieron que adelgazara, que corrigiera el cuerpo antes de que el cuerpo pudiera hacer lo que había ido a pedir que le ayudaran a hacer. Dije que era mi derecho, blabla, bulimia, blaba, ansiedad. Me plantearon que ahora había unas inyecciones muy buenas con las que no me costaría tanto hacerlo, corregir mi cuerpo, y así poder ser madre, con ese mismo cuerpo gordo-delgado-gordo-bulímico-insultado-gordo y, quizás sí, delgado, parturiento y amamantador. Todo un cuerpo para ser madre, fantaseo con humor sobre la idea de decirle a une future hije: cariño, no te comas la galleta, anda. Y aun así quería ser madre. Sentí con tanta intensidad la rabia, el deseo y la ajeneidad por mi propio cuerpo que me pregunté –y es la pregunta que articula todo lo que viene después– qué ha cambiado en los últimos años para llegar a esta situación, qué lógica hace que una institución pública le diga a una mujer con un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado y sin ningún problema de fertilidad que la solución a su deseo de ser madre pasa por un fármaco para adelgazar, qué clase de sistema produce esa respuesta y la normaliza hasta el punto de que nadie en esa consulta pareció encontrarla problemática, casi ni yo misma. 

No es que ahora haya más gordofobia que antes, de hecho ésta lleva décadas operando sobre los cuerpos de las mujeres con una precisión que el lenguaje de la violencia estética no termina de capturar. Llamar violencia estética a lo que le ocurre a los cuerpos gordos es describir el síntoma y perder la causa, es quedarse en la superficie de un sistema que no opera principalmente sobre el deseo o sobre la belleza sino sobre la producción, sobre qué cuerpos pueden entrar en el circuito económico y social y reproductivo y cuáles quedan fuera, no por razones de gusto sino por razones de estructura.  El giro al que estamos asistiendo pasa por comprender que la gordofobia no consiste en que los cuerpos gordos gusten menos, sino que es un dispositivo cultural y social pero también tecnológico y económico que ordena el mundo, de tal modo que lo gordo vale menos, los cuerpos gordos valen menos ya que producen menos, acceden a menos, y el sistema ha encontrado formas cada vez más sofisticadas de administrar esa devaluación sin tener que declararla, en el mejor de los casos, como la opción saludable y, desde luego, nunca como política. 

Durante mucho tiempo se prometió que en el capitalismo todo se volvería inestable, que las formas sólidas se disolverían en el aire, que ninguna jerarquía sería permanente, y era una promesa que funcionaba también como advertencia: nada dura, nada resiste, todo puede cambiar. Hay algo, sin embargo, que no se ha vuelto líquido por más que los cantos de sirena del body positive nos pudieran haber confundido, y que, al contrario, se ha estrechado, que se ha vuelto más rígido y más exigente a medida que todo lo demás prometía flexibilizarse. El cuerpo. Y no todos los cuerpos, solo aquellos que pueden permitirse existir, al menos aparentemente, sin ser corregidos, es decir, empequeñecidos. Todo está empequeñeciendo a nuestro alrededor. La delgadez ya no organiza únicamente el deseo, sino que condiciona la existencia misma, y en ese desplazamiento —de ideal a condición de posibilidad— está todo el problema, porque lo que antes era una aspiración ahora se ha convertido en un umbral, en una línea que determina qué cuerpos pueden circular sin fricción en los mundos digitales que hoy habitamos y nos enriquecen y empobrecen; y a consecuencia de ello, cuáles son creíbles,  empleables, visibles y, por tanto, cuáles pueden producir valor. El giro de la delgadez ha hecho que hoy lo humano ya casi equivalga a lo delgado. 

El neoliberalismo produjo un desplazamiento que todavía estamos procesando, que tiene que ver con la fusión entre la persona trabajadora y su fuerza de trabajo, es decir, entre la persona y el producto que ofrece, de manera que el sujeto ya no tiene capital humano sino que es el sujeto mismo el capital humano, y su cuerpo, su imagen, su presencia, su manera de ocupar el espacio, muy particularmente el espacio digital, son parte del activo que pone en circulación cada vez que entra en el mercado, lo cual convierte todo lo que le ocurra al cuerpo en algo constitutivo del valor que produce, no en algo accesorio o privado o separable de su rendimiento económico.

La delgadez es, entonces, capital, pero no en el sentido en que solemos pensarlo, no como un atributo que suma puntos dentro de un sistema que ya te ha aceptado, sino como una condición que habilita la entrada al circuito, un umbral que hay que cruzar antes de que cualquier otra cualidad cuente o no. Durante décadas funcionó como capital erótico —ser deseable— y como capital social —ser aceptable—, pero hoy ha mutado y se ha vuelto económico, algorítmico y técnico, de manera que el cuerpo delgado no solo gusta más sino que rinde más, que se integra mejor en los flujos de producción contemporáneos, que ya no pasan por la fábrica sino por la visibilidad y la atención, y en los que lo que se extrae ya no es fuerza de trabajo sino forma, presencia y legibilidad. Como el Face ID de tu teléfono, si no eres delgada, el nuevo mercado de valores ni te reconoce la cara. 

Ya no solo vivimos en una economía de cuerpos alienados sino en una economía de cuerpos producidos. La fábrica disciplinaba el cuerpo para hacerlo útil, hoy el mercado lo interviene para hacerlo legible, para que pueda literalmente entrar en el circuito no como trabajador sino como producto, como unidad que se ajusta, que se optimiza, que se corrige cuando se desvía del estándar. En este contexto, la aparición de fármacos como el Ozempic no ha liberado a nadie del ideal de la delgadez sino que lo ha convertido en una tecnología de producción corporal, en una técnica que administra lo que antes se exigía, y conviene detenerse aquí porque lo que ha ocurrido es estructuralmente distinto a lo que ocurrió con la cultura de la dieta o el ejercicio, que, por más violentos que fueran, seguían operando sobre la voluntad, sobre la disciplina, la constancia, la renuncia, y eran en ese sentido tecnologías morales disfrazadas de tecnologías corporales, mientras que el fármaco liquida esa ficción porque no pide voluntad sino prescripción y capacidad de pago, y el cuerpo correcto ya no se construye sino que se compra. El privilegio de la delgadez es el nuevo privilegio de clase. 

Esto tiene una consecuencia que apenas estamos empezando a ver, que tiene relación con un desplazamiento del estigma de lo gordo. Si antes la gordura podía leerse como fracaso moral, como falta de disciplina o de voluntad o de cuidado, ahora se lee cada vez más como fracaso económico, como no haber podido, no haber tenido acceso, no haber llegado a tiempo, de manera que la estigmatización no desaparece sino que muta y ya no te señala como débil sino como pobre, y en una sociedad que lleva décadas confundiendo ambas cosas, el efecto práctico es exactamente el mismo. A esto se añade que la delgadez farmacológica produce una nueva opacidad, porque el cuerpo intervenido borra sus huellas —no hay cicatriz, no hay operación visible, no hay dieta reconocible—, la transformación es química y silenciosa y atribuible a cualquier causa, y lo que permanece es solo el resultado: el cuerpo correcto, presentado como siempre como algo natural, como algo que simplemente se tiene o no se tiene, nunca como algo que se ha comprado.

Y ahí aparece una forma de desigualdad que el sistema se niega a reconocer como tal, porque no todos los cuerpos tienen el mismo acceso a esa intervención, no todos pueden producirse de la manera adecuada en el tiempo correcto y sin dejar rastro, y el capital corporal funciona en este sentido como cualquier otro capital, es decir, cuanto más se aproxima un cuerpo al estándar más valor genera, cuanto más se aleja más se devalúa, no simbólicamente sino materialmente, en oportunidades, en salario, en credibilidad, en acceso a derechos, de manera que más gordo no es una descripción física sino una posición en una jerarquía económica, y esa posición no refleja lo que el cuerpo produce sino lo que el sistema está dispuesto a reconocer como producción válida.

En esto consiste exactamente el privilegio de la delgadez, en no tener que demostrar que tu cuerpo es funcional, no tener que cruzar ese umbral antes de que cualquier otra cosa que hagas o digas o produzcas pueda ser tomada en serio. Y en una realidad mediada por algoritmos esta lógica se intensifica de forma dramática y exponencial, porque los cuerpos no solo son vistos sino que para producir ese valor son también filtrados, clasificados, ordenados, y los que encajan, circulan, mientras los que no, quedan fuera del campo de visión, de manera que, y por decirlo de forma explícita e instagrameable,  el alcance orgánico de una publicación con un cuerpo no normativo es sistemáticamente menor. Y no es que las plataformas censuren sino que simplemente no amplifican ni muestran, lo que equivale a no existir en una economía de la atención a la imagen. Es decir, que si eres gorda, ganar dinero en una economía que algoritmiza la delgadez y cancela su contrario va a resultar inevitablemente más difícil. Lo que, por cierto, te hará más pobre y por tanto aún más gorda. La delgadez es la nueva bitcoin. 

Si el algoritmo es indispensable para comprender este giro, la lectura de género es el otro núcleo fundamental de este análisis, ya que es sobre los cuerpos feminizados donde esta lógica se vuelve más exigente y más precisa y más violenta. El cuerpo feminizado no enfrenta el mismo umbral de capital corporal que el cuerpo masculino sino uno más estrecho y vigilado, con menos margen de error. Un hombre con un cuerpo no normativo puede compensarlo con autoridad o con dinero o con posición, pensemos en Trump como paradigma de todo ello y cómo irónicamente ha sido el primer gobernante que, siendo gordo, ha pretendido prohibir la entrada a un país a las personas gordas. Sin embargo, los estudios sobre percepción de liderazgo documentan que el exceso de peso es penalizado de forma significativamente más severa en mujeres que en hombres en contextos de evaluación profesional, y la gordura masculina puede leerse como descuido o incluso como poder según el contexto, pero la gordura femenina casi nunca se lee como poder, sino más bien como una señal de que algo en ese cuerpo no funciona como debería. A esto se añade la temporalidad específica del cuerpo feminizado, que no solo tiene que ser correcto sino que tiene que serlo en el momento adecuado, porque la maternidad, la menopausia, el envejecimiento son procesos que el mercado lee como deterioro del capital corporal, y en ese contexto el Ozempic llega no como herramienta de salud pública sino como solución de mantenimiento para cuerpos que el tiempo va apartando del estándar, de manera que la intervención farmacológica se convierte en una forma de pagar la deuda de envejecer en un cuerpo que se sigue leyendo como femenino. Y hay una capa más, que tiene que ver con que las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans enfrentan umbrales adicionales que se superponen y se multiplican, porque el capital corporal no opera en una sola dimensión sino que es interseccional en su estructura aunque el mercado lo presente como universal, y el estándar que habilita no tiene el mismo coste para todos los cuerpos que se alejan de él.

Quizás el engaño más cutre en todo esto es que el privilegio de la delgadez aparecerá en tu pantalla en cualquier declinación posible del podemos ser quienes queramos ser. Lo que esconde toda esa semántica de la autoliberación es que solo es válida a veces, que solo algunos cuerpos pueden permitirse no optimizarse, y la pregunta entonces no es qué cuerpos son más bellos, ni siquiera qué cuerpos son más sanos, sino qué cuerpos pueden existir sin ser producidos, qué significaría un cuerpo que no funcione como capital, un cuerpo que come sin calcular y ocupa espacio sin pedir permiso y envejece sin corregirse y existe sin justificarse, un cuerpo que no tenga que ajustarse para circular ni reducirse para ser leído ni intervenirse para ser aceptado, un cuerpo que hemos aprendido a llamar inútil para el mercado y que por eso mismo, quizá, es el único desde el que puede empezar algo distinto, no producir mejores cuerpos sino hacerlos ingobernables. Las preguntas endemoniadas que nos quedan son: ¿Cuánto pesaría ese cuerpo que al neoliberalismo ya no le resulta rentable? ¿Se puede ser libre hoy teniendo un cuerpo? 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

La inspectora que denunció por presunta agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha vuelto a solicitar que se prohíba al ex mando policial comunicarse con ella, al entender que el auto en que denegó esta petición no está motivado e incurre en errores de interpretación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Pidrafita recurre al auto del titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid en el que rechazó imponer a González, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el letrado de ésta.

Lo hizo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, al término de la declaración de ambos el pasado 17 de marzo, en un auto en el que argumentó que no aprecia "riesgo" suficiente para concederla. "El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial", concluía el auto.

Ahora el letrado de la denunciante pide que se revoque ese auto y se otorgue la protección, o de forma alternativa que se acuerde la realización de una valoración policial de riesgo actualizada y luego se vuelva a valorar la adopción de la medida. Para esta parte, el auto del juez omite valorar de forma completa uno de los dos requisitos legales que permiten otorgar la protección; "contrae indebidamente el concepto de riesgo", y "deniega una medida cautelar limitada sin una motivación suficiente de necesidad y proporcionalidad".

El extenso recurso incide en que la resolución impugnada "no exterioriza una valoración completa de las circunstancias del caso, sino una apreciación parcial que conduce indebidamente a negar la protección interesada". Y pone de relieve que "el riesgo relevante no se agota en evitar presiones sobre la prueba, sino que comprende también la prevención de contactos no deseados, intimidaciones, perturbaciones y revictimización durante la instrucción".

En las declaraciones del pasado día 17 la inspectora ratificó ante el juez su querella por agresión sexual contra el que era número dos del Cuerpo y que dimitió tras la denuncia, mientras que él negó los hechos y atribuyó esta acusación a "maldad, ruindad y odio" de su subordinada.

La defensa del exDAO, ejercida por los letrados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, presentó luego un escrito en el que se sostiene que la agente solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una pensión. Lo hizo en un escrito en el que solicita que se aperciba al letrado de la acusación particular por revelar públicamente el contenido de las actuaciones.

“Hoy estoy dispuesta a hablar y voy a presentar una denuncia que debería haber presentado hace treinta años”. Daniela Elstner ha tardado tres décadas en acudir a la justicia y siete años en responder a la solicitud de Mediapart. El 12 de marzo, Elstner, directora general de Unifrance, que promueve el cine francés en el extranjero, presentó una denuncia por intento de violación y agresión sexual contra Patrick Bruel.

Un largo recorrido que ella cuenta en Mediapart, junto con otros siete testimonios, recopilados durante una investigación iniciada a finales de 2018 a raíz del movimiento #MeToo, y retomada a principios de 2025.

En estos relatos, recopilados en los sectores de la música, el teatro, el cine y el tenis, las mujeres afirman haber sufrido abusos sexuales por parte del famoso cantante entre 1992 y 2019. Una de ellas era menor de edad en el momento de la agresión sexual que denuncia.

En el caso de una de ellas, actualmente hay una investigación preliminar en curso por violación en la Fiscalía de Saint-Malo, tras la presentación de su denuncia el 30 de septiembre de 2024, según las informaciones de Mediapart. Los hechos denunciados habrían tenido lugar en octubre de 2012, durante el Festival de Cine Británico de Dinard, cuyo jurado presidía Patrick Bruel. Contactada por Mediapart, la denunciante no ha querido pronunciarse públicamente en este momento.

Patrick Bruel, que goza de la presunción de inocencia, no ha sido interrogado hasta ahora en este procedimiento. Contactado por Mediapart, asegura, a través de su abogado Christophe Ingrain, que durante ese festival “estuvo con su pareja de entonces”, incluyendo “todas las noches”. Rechaza “cualquier acusación de violación” y, en general, todas “las acusaciones de violencia, brutalidad o coacción”, y afirma “no haber pasado nunca por alto una negativa, ni haber forzado nunca un gesto o una relación sexual”.

No obstante, “no pone en duda los sentimientos de las mujeres” y “lamenta profundamente el sufrimiento que se percibe al leer” sus testimonios en Mediapart. “Nunca ha intentado ejercer poder ni utilizar su notoriedad para coaccionar a nadie a realizar un acto sexual”, añade su abogado.

No es la primera vez que se cuestiona el comportamiento del cantante y actor, de 66 años. En 2019, cinco mujeres que trabajaban como masajistas en saunas de lujo, en cinco ciudades diferentes, lo acusaron de agresiones sexuales, relatando hechos similares. Cuatro de ellas habían acudido a la justicia, que también había recibido una denuncia de las autoridades suizas.

Interrogado en el marco de una investigación preliminar por agresión sexual, acoso sexual y exhibicionismo, el cantante lo negó todo. “Solo me atraen las mujeres que me desean”, había asegurado. En diciembre de 2020, el procedimiento fue archivado, “a falta de elementos que permitieran caracterizar un delito penal”.

Tras este caso (difundido por Le Parisien), muchos pensaron que “se daría rienda suelta a la palabra”. Que sería “el fin de la omertà”. “Pero no pasó nada”, observan con amargura varias mujeres entrevistadas por Mediapart. Patrick Bruel siguió siendo homenajeado en grandes eventos: el espectáculo de Les Enfoirés cada año, la Fiesta de la Música en France 2, los Juegos Olímpicos de París (en los que fue uno de los portadores de la antorcha), e incluso homenajes nacionales, en el Panteón con motivo de la entrada de Missak Manouchian y en Los Inválidos para la ceremonia de homenaje a las víctimas francesas del 7 de octubre.

Su carrera ha prosperado sin obstáculos: una película en 2021, un álbum en 2022, una serie en TF1 en 2025 y la inauguración de su hotel-spa de lujo en Vaucluse. A excepción de la petición, por parte de las feministas de # NousToutes, de retirarlo del cartel de Les Francofolies de La Rochelle en 2024, todo ha seguido como antes. En este comienzo de año, Patrick Bruel vuelve a encabezar el cartel, con una gran gira por el 35º aniversario de su álbum de culto Alors regarde y su regreso al teatro.

“Mientras él seguía con su vida tranquilamente, por mi parte, las consecuencias han sido graves”, cuenta a Mediapart Julia*, una de las denunciantes de entonces, que trabajaba en un hotel-spa de Perpiñán (ver su relato en el recuadro más abajo).

Julia afirma haber “gastado importantes sumas en honorarios de abogados” y dice que ha “cerrado sus perfiles en redes sociales ante los repetidos ataques de sus fans”, “sufrido un agotamiento poco después”, y luego “dejado finalmente su empleo” y tenido que “iniciar una terapia, porque se sentía profundamente humillada y herida por la forma en que había sido tratada”. En aquel momento, explica que sintió “un profundo sentimiento de injusticia”: “Me sentía sola en el mundo frente a esa personalidad que tiene poder. Durante varios años, sentí mucha ira”.

Fue esa ausencia de consecuencias tras los primeros testimonios lo que convenció a otras mujeres a hablar. Según la información de Mediapart, en 2019, una de ellas envió su relato al fiscal de Ajaccio —entonces encargado de la investigación— en una carta manuscrita anónima, y luego testificó en 2020 bajo el seudónimo de “Coccinelle” en la plataforma de #MusicToo, el colectivo que lucha contra la violencia sexual y sexista en la industria musical.

“Si lo hago hoy es porque, en un momento en el que las jóvenes se atreven por fin a hablar de lo que el señor Bruel les hizo, me resulta insoportable que se dude de sus palabras. Porque lo que ellas describen me pasó a mí también hace ya años”, escribe esta mujer en una segunda carta que envió en marzo de 2022 al abogado de las masajistas.

Mediapart pudo localizarla: nos ha contado su caso, el de “una agresión sexual” que habría tenido lugar en un camerino a principios de la década de 2000, cuando era periodista. Pero no desea que los detalles aparezcan en este artículo.

Cuando presentó su denuncia, sabía que un testimonio anónimo no podía ser utilizado por la justicia. “Yo estaba al límite, no tenía las fuerzas necesarias para dar la cara. Lo escribí sobre todo por las víctimas, para decirles ‘yo lo viví, os creo’, para echarles una mano. Quería ayudar”, explica a Mediapart.

Aún hoy, no tiene “ganas de ser la abanderada del caso Bruel” ni de “acabar como una mártir”, o como un “animal de circo”. Pero quiere transmitir un mensaje: “Patrick Bruel se mete con mujeres que a menudo son subordinadas. Se metió conmigo porque era una principiante, una desconocida”.

Al ser preguntado, Patrick Bruel “niega toda agresión sexual” y afirma no tener “conocimiento de ningún hecho que se parezca ni de lejos a este relato anónimo”.

Mediapart ha recopilado otros relatos de hechos que tuvieron lugar durante un mismo evento: el Festival de Cine Francés de Acapulco (México), en noviembre de 1997.

En la denuncia que Daniela Elstner presentó ante la fiscalía de París —consultada por Mediapart—, la directora general de Unifrance afirma haber sido agredida sexualmente de forma repentina por Patrick Bruel durante dicho festival, mientras trabajaba. En aquel momento tenía 26 años y era asistente en Unifrance. “¿Pero tú quién crees que eres? Nadie te creerá. No eres nada”, le habría espetado el cantante —a quien ella no conocía personalmente—, mientras “lloraba” y “intentaba defenderse” en su coche. A continuación, afirma haber sufrido “un intento de violación” en el bungalow del músico e indica que pudo “escapar” porque empezó a “gritar” y lo “empujó” con fuerza, en un “instinto de supervivencia” (leer su relato completo en esta entrevista).

Unos minutos más tarde, fue recogida por una compañera de Unifrance, que “la creyó de inmediato y se indignó”. Esa compañera, Isabelle, no ha olvidado nada de este episodio que la “marcó”. “La encontré detrás de un árbol, llorando”, cuenta a Mediapart. “Incluso recuerdo su ropa, unos pantalones ajustados blancos y negros y un top corto. Me habló de una agresión, claramente”.

Una vez en el aeropuerto para volver a París, Isabelle afirma que, “muy enfadada”, le hizo saber al equipo de Unifrance que iba a “decirle cuatro cosas a Patrick Bruel”. “Pero me respondieron: ‘Así es la vida, es lo que hay’, ‘y además, ¿has visto cómo va vestida?’. Me dijeron que, de todos modos, Bruel ya estaba embarcando hacia Atlanta. Yo les dije que por qué le habían dejado irse.”

En la cola de embarque, “se soltaron las lenguas” sobre el comportamiento de Patrick Bruel, asegura, refiriéndose al relato de dos mujeres. La compositora y productora Maïdi Roth, invitada al festival, indica también que recogió el relato de una de esas mujeres.

En aquel entonces, una actriz de 27 años, cuenta que, al llegar a Acapulco, el cantante también se habría “abalanzado” sobre ella en el taxi compartido que el festival había puesto a disposición en el aeropuerto. “No lo conocía personalmente, me puso la mano en el muslo, intentó besarme a la fuerza. Insistía, yo lo rechazaba, él insistía. Al final le dije que mi novio me esperaba a la salida del taxi. Me respondió que no era celoso. Eso me dejó de piedra”, afirma la artista. “Con la perspectiva del tiempo, comprendí que aquello no tenía nada que ver con la seducción o los sentimientos, yo solo era un objeto que se podía poseer.”

Maïdi Roth explica que, junto con otras mujeres presentes en el festival, decidió actuar. “Una de nosotras se lo contó a un responsable de Unifrance, quien respondió, en esencia: ‘¡A ese hay que pararle los pies!’. Entre mujeres, reunimos nuestras experiencias en el sector y elaboramos una lista de los depredadores para evitar encontrarnos a solas con ellos. Intentamos hacer #MeToo antes de que existiera #MeToo.”

Al ser preguntado sobre esos relatos, Patrick Bruel “niega los gestos y comentarios descritos” y “refuta la mera posibilidad de cualquier acto de violencia, coacción o amenaza ejercida contra una mujer”. Menciona intentos de seducción o propuestas “directas” de “relación íntima”, pero afirma que “nunca se ha abalanzado sobre nadie, ni en un coche, ni en un aparcamiento, ni en ningún otro sitio”.

Según los testimonios recopilados por Mediapart, el relato de Daniela Elstner también habría llegado hasta Toscan du Plantier, presidente de Unifrance en aquella época, fallecido en 2003, quien habría pedido a Patrick Bruel “que se disculpara”, durante un cóctel en el Ayuntamiento de París, en enero de 1998. “Me dijo: ‘No sé por qué, pero te pido disculpas’. Para mí, fue una segunda humillación”, recuerda.

Su compañera Isabelle lo confirma: “Le vi, duró dos minutos, unas disculpas de mierda…” Aunque Patrick Bruel reconoce ante Mediapart haberse “disculpado”, afirma que Daniel Toscan du Plantier “en absoluto” habría mencionado la “brutalidad”, la “violencia” o una “agresión”, sino “un comportamiento considerado insistente que a ella le había sentado mal”.

A finales de 2019, el cantante se habría mostrado de nuevo dispuesto a “disculparse”, según su agente, alertada por Daniela Elstner de un comportamiento problemático en Acapulco (ver último apartado).

Mediapart ha recabado otros dos testimonios de mujeres que conocieron al cantante cuando eran menores de edad, en plena ”bruelmanía”.

Maja* se cruzó en el camino de Patrick Bruel en septiembre de 1992, en el US Open, en Nueva York, cuando tenía 15 años y era voluntaria en el torneo de tenis. En aquella época la joven dejaba la escuela secundaria para entrar en el instituto y era fan de Bruel, a quien había visto en concierto. “Para mí, era el hombre ideal, casi una autoridad moral. Parecía incapaz de matar una mosca”, recuerda.

En dos ocasiones, cuenta que se cruzó con el cantante en compañía de un entrenador que conocía. Él la había saludado y se sintió “halagada”. Al final de un partido (en el que los gritos del cantante entre el público habían sido mencionados en L’Équipe), Patrick Bruel se habría acercado para entablar conversación y le habría preguntado su edad. “Me respondió: Ah, tienes 15 años, nunca lo he hecho con una chica de 15 años”, afirma. “En ese momento, aluciné. Todavía no había besado a ningún chico. Pero me sentí intimidada, no dije nada”.

Afirma que el cantante le propuso dar un paseo por los pasillos y la “apretó contra él”, lo que la hizo sentir “muy incómoda”, y que, en dos ocasiones ese mismo día, él “se me abalanzó” . En un ascensor, él la “puso contra la pared” y la “tocó el pecho, por encima del sujetador” intentando “besarla a la fuerza” mientras ella estaba inmovilizada. Luego, por la noche, en las gradas de la pista número 1, le había hecho señas para que se reuniera con él fuera y había intentado de nuevo “besarla”. Ante su negativa, él “no lo había entendido”.

Unos días más tarde, él acudió al stand de la cadena CBS, donde ella trabajaba, y ella le propuso “quedar, como amigos, en el Museo de Arte Moderno” . Ella afirma que él dijo “que le llamara al día siguiente al hotel, el Pennsylvanian”, dejándole su “número de habitación en un papel”.

Al día siguiente, la adolescente afirma que le llamó por teléfono desde la recepción tal y como habían acordado, y que el cantante le habría “ordenado de forma tajante que subiera a su habitación”. Pero la recogepelotas neoyorquina que alojaba a Maja durante el torneo se opuso. Esta mujer, de más edad, había decidido acompañar a la joven y se negaba rotundamente a dejarla subir sola a la habitación.

“Insisto, hablo largo y tendido con ella y me dice que pida permiso a mis padres. Al teléfono con mi padre, alego que tengo una oportunidad única de conseguir un autógrafo de Patrick Bruel, y consigo su visto bueno”, nos cuenta Maja. Su anfitriona americana y su padre confirmaron a Mediapart esa llamada. “Protesté, su padre le dio permiso, sí, pero solo le concedí unos minutos, porque soy mujer y sé que las cosas pueden pasar rápidamente”, cuenta la mujer. “Bruel era su ídolo, confiábamos en Maja, en aquella época no veíamos ningún peligro”, justifica el padre.

Maja afirma que, una vez delante de la habitación, fue Yannick Noah quien le abrió la puerta, sorprendida: “¡Vaya, Bru’, ¡ahora las traes de preescolar!” Recuerda que Patrick Bruel habría salido detrás del tenista “en albornoz, muy irritado”, explicando que “ya era demasiado tarde, que Noah había venido a buscarlo para irse a Canal+”.

En el ascensor, mientras bajaban, la adolescente les explicó que su padre era periodista en L’Équipe. “Noah se echó a reír mirando a Bruel, que quería saber por qué no se lo había dicho antes. Al salir, Bruel me dice en privado que esta historia entre nosotros es demasiado complicada. Intenta besarme de nuevo en la boca, como un beso de despedida, y yo le ofrezco la mejilla para evitarlo”.

Contactado por Mediapart, Yannick Noah confirma que estaba presente en ese torneo como “consultor para Canal+”, que le había “dado sus entradas” a Patrick Bruel y que pudo “pasar a recogerlo a su hotel”, pero dice que no recuerda ese episodio concreto. “Si hubiera pasado algo grave en mi presencia, me habría acordado”, asegura.

Dos viejas amigas de Maja nos han confirmado sus confidencias. Una de ellas, Camille, quedó “muy marcada”, con tan solo 17 años, por esta “historia fundacional”: “Mi nueva mejor amiga sufrió una agresión sexual. Ella lo cuenta como si fuera una broma, lo minimiza, pero fue algo bastante fuerte, era una adolescente.”

En aquella época, Maja dice que para ella era la historia “de un tipo que se enamoró tan perdidamente que se volvía loco e incontrolable en cuanto la veía”. “Pero cuando tenía veintipocos años, soñaba con volver a encontrarme con él para decirle que había actuado como un cerdo”. Aunque esta historia “no la traumatizó”, sí “tuvo un impacto” en la adolescente que era: “La lengua de un hombre de 33 años en la boca de una chica de 15 años, era desagradable. Me daba asco, no sentía ningún deseo por él, no conseguía conciliar la imagen de la estrella de rock amable con la bestialidad que había visto, el ídolo y el hombre. Tenía un lado Dr. Jekyll y otro Mr. Hyde”.

Al ser preguntado, Patrick Bruel niega esas escenas “en un ascensor y luego en las gradas” y cualquier “intención sexual”. Afirma “no haber hecho nunca insinuación sexual alguna a esa joven” y dice que hubo simples “intercambios” durante ese torneo, “de forma amistosa”. Asegura no haber “tenido jamás una relación íntima con una persona menor de 15 años” ni “haber deseado tenerla”, y haberle “preguntado su edad” por ese motivo, en un “rechazo por principio”.

“Soy una víctima muy mala, porque estaba enamorada de él”, explica de entrada Jeanne* cuando nos reunimos con ella. Ella también tenía 15 años cuando conoció a Patrick Bruel, en 1991, durante una excursión escolar a Victoires de la musique: “Era fan suya, coleccionaba todos los artículos de prensa. Al salir, dejé a mi grupo del instituto para ir a esperarle al aparcamiento y que me firmara un autógrafo. Hablé con su guardaespaldas, que me dijo que le esperara en su coche, un Renault 5, que estaba abierto.” Jeanne consiguió el autógrafo del cantante, “muy encantador”, y se marchó “completamente enamorada”. Su mejor amiga de entonces confirma a Mediapart que “había vuelto con un autógrafo y el bolígrafo de Bruel”.

Después de eso, “toda mi vida de adolescente giraba en torno a él y a la idea de volver a verle, diciéndome: ‘Es el hombre de mi vida’…”, cuenta. Se vuelve a encontrar con él, sobre todo, en 1995 en Roland-Garros, donde trabaja como azafata, y luego en el rodaje de la película Le Jaguar, en la que hace de figurante. Con el paso de los años y los encuentros, “se va tejiendo un vínculo”.

Jeanne relata una primera relación sexual en el verano de 1999 en su casa, “consentida pero no deseada” porque “era demasiado pronto”. “Habría necesitado sentir algo, una historia posible… “ Afirma que Patrick Bruel “se negó a ponerse un preservativo”, lo que la sumió en un “pánico total”. “Desanimada”, siguió a pesar de todo “respondiendo a sus insinuaciones” siempre “con esa esperanza de una relación normal y esa idea del amor”.

Explica que lo volvió a ver varias veces “en su casa” y que “se iba directamente, porque él la hacía subir a su habitación de inmediato”. Hasta aquella tarde del año 2000, en la que afirma haber sufrido “una violación” en el domicilio del cantante. Según su relato, ella le dijo que “no tenía ganas en absoluto”, pero él le respondió “que él sí” y la “obligó a practicarle una felación en el recibidor”. “Fue horrible, estaba en un estado terrible, atónita, avergonzada. Me pareció que era un enfermo sexual”. Llamó inmediatamente a un familiar para que fuera a recogerla, y luego cortó toda relación con Bruel.

Cuenta que se volvió a cruzar con el cantante por casualidad en el Festival de Cannes en 2006 y rechazó sus insinuaciones, y luego en su camerino en el teatro en 2010, cuando una amiga común —a quien no le había contado la violación que denuncia— la llevó a ver su obra Le Prénom.

Años más tarde, en febrero de 2019, al enterarse de que Patrick Bruel daba un concierto en su ciudad, Lille, salió de su reserva para pedirle entradas para asistir con su marido. En un SMS, le escribió que le “encantaría verle, escucharle” en ese espectáculo y le envía “besos cariñosos”. El cantante le consigue dos entradas y ella le da las gracias: “Eres un encanto.”

“Fue un intento desesperado por enfrentarme a la violencia que había sufrido”, explica hoy. “Quería ver cómo reaccionaría ante mí, protegiéndome con la presencia de mi marido. Nos hicimos fotos, no dije nada…” Al volver a casa, “estuvo bebiendo sola parte de la noche” y luego estuvo “mala durante dos días”.

El 9 de septiembre de 2019, cuando la prensa reveló las denuncias de las masajistas, ella compartió el artículo en Facebook con este mensaje: “Siempre me pregunté si alguien se atrevería, algún día, a denunciar sus actos. Ya está hecho.”

Jeanne nunca volvió a ver a Patrick Bruel. Pero le escribió varias veces hasta 2020, por su cumpleaños, por un favor, o cuando se enteró de que había pillado el covid. “Les había pedido a mis hijos que grabaran un vídeo para animarle… Cuando has sufrido violencia —y yo la he sufrido en varias ocasiones a lo largo de mi vida—, a veces tienes un comportamiento irracional. Siempre me dije: sí, pero es un tipo generoso, simpático. Eso forma parte de mi gran mansedumbre”.

Ella explica que fue el encuentro, en 2021, con sus “compañeras de lucha” —otras mujeres que se declaran víctimas de violencia sexual— lo que le “permitió avanzar”. Una de ellas, Cécile, recuerda su relato de una “violación”. “Me describió a un pervertido que le daba asco, y al que, sin embargo, volvía a ver. Pero estaba muy claro que aquella vez ella no quería, y que fue horrible”.

Preguntado Patrick Bruel, dice que era una relación “esporádica y plenamente consentida” y “niega rotundamente la existencia de la escena” en 2000 en su domicilio. Considera que los SMS que Jeanne le envió “demuestran que la relación era perfectamente normal”.

Afirma que su amiga común, Aurélie Bonlieu, “que ha hablado varias veces sobre esta relación con Jeanne”, también guarda “un recuerdo preciso” de “una relación consentida”. Esta mujer, que se presenta como una “excompañera” del cantante, relató sin embargo a Mediapart unos recuerdos más vagos: “Ella le conocía, sí, creo que hubo algo. Pero no sé qué relación tenía ella con él”, nos dijo.

Otras mujeres dicen haber sentido miedo en el camerino de Patrick Bruel. Pauline*, estilista de 26 años en aquel momento, afirma que en 2003, con ocasión de una sesión fotográfica con el cantante para la portada de la revista Elle, él la invitó a su obra de teatro Le Limier, en París, explicando que había invitado a todo el equipo.

Tras la representación, el actor la invitó a su camerino. Ella fue “para darle las gracias” y pensando que “habría mucha gente”. “Pero cuando llego, estoy sola, él está en albornoz y cierra la puerta con llave”, asegura.

Desconcertada, dice que puso como excusa el cumpleaños de su hermana para escabullirse, pero él la “besó” de repente y le metió  “la mano dentro del albornoz, sobre sus genitales”.

Pauline cuenta que “abrió la puerta” y “salió corriendo”, y recuerda haberse cruzado con “las groupies que esperaban a Bruel fuera”. “Pensé que cuando tenía 14 años y era fan suya, solo tenía que ser una estrella en un póster, y ha sido asqueroso”.

Al día siguiente, su jefa le habría pedido que le llevara a Patrick Bruel el abrigo de Gucci de la sesión fotográfica, a petición del cantante. Entonces pidió ayuda a una amiga. “Me dijo: ‘Si voy a su casa, me va a hacer pasar por el aro’, así que envié el abrigo por mi servicio de mensajería”, confirma a Mediapart esta amiga cercana que trabajaba en una casa de alta costura. Pauline afirma que, durante la semana siguiente, Patrick Bruel la llamó “varias veces”. “Era muy insistente, decía que quería pasar a verme a casa, que le había caído bien. Me negué.”

Isabelle también tenía 26 años, y a ella también la invitaron a su obra Le Prénom, en 2011, tras conocerse en el rodaje de la película Paris-Manhattan. La joven figurante desistió de acudir en el último momento, porque su directora de casting le habría “advertido” sobre el comportamiento del actor, según asegura a Mediapart.

Cuando comenzaba la representación, Isabelle afirma que el actor la llamó molesto por no haber ido, “cuando ni siquiera nos conocíamos”; y que, poco después, volvió a insistirle para que fuera a ver la obra. Finalmente acudió una tarde “manteniendo la guardia”. Al recoger su entrada en recepción, un hombre le habría indicado “que Patrick Bruel la esperaba al final del pasillo a la derecha”.

En su camerino, dice que se sintió “muy incómoda”: “Había una ducha, un sofá, tenía la impresión de estar en su casa, yo me preguntaba qué hacía allí. Me dijo que volviera después de la obra.” Ella asegura que “no tenía ganas de volver” y que, tras la representación, se quedó en el umbral de la puerta: “Él no lo entendía. Le dije: ‘Te tengo miedo, tengo la impresión de que vas a abalanzarte sobre mí.’ Se burló de mí”, recuerda. Al acompañarla por el pasillo, mientras unas fans se acercaban a pedirle un autógrafo, le habría espetado: “¡Mira lo que te estás perdiendo!” Nunca volvió a verlo.

Patrick Bruel desmiente estas versiones y afirma que nunca se ha encontrado “a solas en su camerino con una invitada”, ya que su equipo “estaba presente todas las noches en los camerinos antes y después de la obra” y que “un responsable de seguridad permanecía constantemente frente al camerino”.

En cuanto al testimonio de Pauline, afirma que, en los registros de 2003, “no hay ninguna noche […] en la que se invitara a menos de cinco personas” y asegura que “todo el equipo de la sesión fotográfica fue invitado a ver la obra y figura en dichos registros”. En cuanto al testimonio de Isabelle, indica que esto “no constituye en absoluto una infracción”, “ni siquiera un comportamiento problemático”. Mediapart solicitó al abogado Ingrain poder acceder a dichos registros y testimonios, pero se topó con una negativa.

Por su parte, las dos mujeres son categóricas: aunque el personal del teatro las acompañó a los camerinos, afirman que estaban solas en la sala con el actor.

Durante la investigación, varias personas nos han comentado su reputación de hombre “pesado” o “insistente” en el mundo del espectáculo. En los rodajes, “nos dábamos cuenta de que si le gustaba mucho alguien, lo decía, pero era realmente pesado, por mucho que le dijéramos que no…”, cuenta una técnica de plató. Recuerda que durante el rodaje de un programa, hace unos veinte años, el cantante le pidió que “le llevara a su camerino a la becaria”, “una chica de 18 ó 20 años, muy guapa”. “Corrí a decirle a la chica que se largara. Me dijo que él la había mirado fijamente y la había acosado todo el día. Se marchó dándome las gracias.”

Una exlocutora de radio asegura que, en diciembre de 2012, tras una cena de trabajo en Lyon en la que se sentó junto a Patrick Bruel, se sorprendió al recibir un SMS con su número de habitación de hotel, lo que confirma a Mediapart un humorista que la acompañaba y vio el mensaje.

“Al día siguiente, la responsable de prensa me dijo: Ah, sí, le he dado tu número a Patrick”, cuenta. Ella, que ha tenido eco de otros testimonios a lo largo de su carrera, añade: “Siempre se le presenta como un ‘seductor’, mientras que yo no he recibido más que historias de angustia.”

Por su parte, la agente Élisabeth Tanner, que conoce a Patrick Bruel desde 1980, lo describe como “un chico amable”, “bastante respetuoso con las mujeres” y asediado por “mujeres de todas las edades que lo adoran, gritan en sus conciertos y hacen concentraciones para conocerlo”.

La agente reconoce “una reputación de seductor”, amplificada por “una especie de histeria durante la bruelmanía”, pero asegura que “es un tipo dispuesto a cuestionarse comportamientos que quizá haya tenido en cierta medida”, refiriéndose a “una generación que se movía un poco en la línea de ‘rindo homenaje a una mujer cuando le digo que…’”. “Pero nunca ha sido alguien que no acepte un no”, asegura, al tiempo que precisa que no ha estado “en su dormitorio” ni “en los camerinos al final de los espectáculos”.

Patrick Bruel indica a Mediapart que, aunque “pudo intentar seducir, proponer relaciones íntimas, a veces de manera directa, o quizá torpe, nunca le impuso nada a nadie, y nunca pasó por alto las reticencias, y mucho menos el rechazo, de una mujer”.

En 2019, Julia contó a la policía que Patrick Bruel, que actuaba en el festival Les Déferlantes ese verano, había venido a reservar un masaje “exigiendo que fuera ella quien le diera el tratamiento”, y que luego habría contactado a un miembro de su equipo diciendo: “Quiero que ella venga a verme al espectáculo esta noche”. Al parecer, el cantante la consiguió un acceso VIP y la invitó a pasar a su camerino “para tomar una copa de champán” después del concierto. Pero estaba “cansada” y la masajista de 29 años se marchó antes de que terminara el espectáculo.

A la mañana siguiente, afirma que él la agredió sexualmente durante el masaje. Declaró a la policía que el cantante se habría puesto “desnudo”, quitándose la toalla en varias ocasiones, que la pidió que le metiera las “manos” y los “codos” “entre las nalgas”, mientras “se excitaba sobre la camilla de masaje” con “movimientos de vaivén con la pelvis”, y que luego habría hecho todo lo posible para que ella le tocara “sus partes” íntimas. También le puso “la mano en las nalgas”.

Ella explicó a la policía que no “sabía cómo salir de todo aquello” y que, en varias ocasiones, le pidió “que se calmara”, indicándole que ese spa no ofrecía “ese tipo de servicios”. “Me gusta salirme del guion, si no es aburrido. En Francia hay demasiadas leyes, en el extranjero hacemos lo que queremos”, le respondió Bruel, reprochándole que fuera “demasiado rígida”. Ella dice que se enfadó: “Le dije: “¿Qué es lo que quiere, en definitiva? ¿Que le toque y le haga una felación?” Me respondió que no le importaría, porque era una chica guapa que no le dejaba indiferente”, cuenta a Mediapart. Dice que entonces puso fin al masaje.

Al marcharse, él le habría dicho que iba a meter en memoria su número de móvil (que ella había tenido que facilitar para recibir la invitación al concierto) con las iniciales “Julia IFPB”, por “Julia Interfessier [interglúteos] de Patrick Bruel”. “Se rió, me abrazó y me pidió que todo lo que había pasado en la cabina fuera nuestro secreto”, nos cuenta.

No fue el caso: dos meses después, al descubrir los testimonios de otras masajistas en la prensa, Julia entra en la comisaría de Perpiñán: “No quisiera que esos actos se repitieran contra otras jóvenes”. El caso fue archivado sin más trámite.

Al ser preguntado por Mediapart, Patrick Bruel indica que, aunque “a menudo ha solicitado masajes terapéuticos antes o después de sus conciertos, nunca ha habido ningún gesto ni palabras con connotaciones sexuales, lo que la justicia ha confirmado”. Afirma que el número de Julia lo guardó en la agenda con la anotación “HP por ‘hand power’, ya que el masaje era tonificante”, y asegura que “bromeaban juntos” con ello.

A lo largo de los años, Daniela Elstner nunca ha dejado de denunciar. Tras la onda expansiva del #MeToo, en 2017, cuenta su historia en la revista profesional británica Screen Daily, sin nombrar a Patrick Bruel. Afirma haber sido “agredida sexualmente por una figura muy conocida del sector cinematográfico francés” y “haber escapado por los pelos de una violación”.

Tras la denuncia de la actriz Adèle Haenel en noviembre de 2019, y tras convertirse en directora general de Unifrance, Daniela Elstner confía a algunos miembros de los órganos de la entidad su “problema” con Patrick Bruel, en el marco de un debate sobre la redacción de una carta de prevención de la violencia sexual. También aborda el tema con una representante de Pathé, que por entonces distribuía una película con el actor.

Se planteó la cuestión de una posible participación de Patrick Bruel en un viaje o un evento de Unifrance para la promoción de una película, tal y como atestiguan los documentos a los que ha tenido acceso Mediapart. Daniela Elstner propone entonces —sin que esta solución se formalice— que, si el actor tuviera que viajar con Unifrance, ella solicitaría un careo, en presencia de su abogada, Jade Dousselin. La penalista confirma a Mediapart que su clienta la había consultado y da testimonio del “difícil camino” que recorrió para llegar a “la dolorosa y comprometida decisión de alzar la voz” (leer su respuesta íntegra en la caja negra). Al ser contactados, el entonces presidente de Unifrance, Serge Toubiana, y la representante de Pathé, no respondieron.

La directora de Unifrance también informa a Élisabeth Tanner, agente y amiga del actor desde hace treinta años. Contactada por Mediapart, ésta confirma que “Daniela Elstner le había dicho que se había sentido escandalizada por un comportamiento que Patrick había tenido durante un viaje a Acapulco, en la época de Daniel Toscan du Plantier, que le había parecido insistente, que había tenido miedo, que él estaba en una posición de poder y ella era becaria”, y que le había pedido poder “hablar con él”, en su presencia, “para una posible reparación”.

La agente dice que se lo comentó a Patrick Bruel, quien habría respondido: “No lo recuerdo, no lo sé, me parece extraño por mi parte, pero si eso es lo que ella sintió, me disculparé. Quedemos”. Explica que el encuentro nunca tuvo lugar porque Daniela Elstner la habría “llamado de nuevo diciendo: ‘Déjalo, la verdad es que lo he pensado, era la bruelmanía, él era joven, un poco loco’. Lo cual la interesada desmiente rotundamente: “No hubo ningún viaje de Unifrance, por lo que ese encuentro nunca se produjo”.

Patrick Bruel indica a Mediapart que en aquel momento “aceptó sin la menor vacilación volver a ver a Daniela Elstner” y “lamenta que ese encuentro no se haya producido”.

En 2023, Daniela Elstner también se sinceró sobre su historia con el nuevo presidente de Unifrance, Gilles Pélisson. “Efectivamente, me lo contó”, confirma a Mediapart, expresando “su compasión” y compartiendo “su dolor por haber cargado con todo eso durante todos estos años, sin poder hablar de ello”. Dentro de la organización, el director de cine y la directora de comunicación y de lo digital dan testimonio a Mediapart de la intensa “emoción” de su colega cuando les confió su relato, respectivamente en 2017 y 2021. “Me parece una iniciativa valiente”, comenta el primero, Gilles Renouard. “Es bueno que la directora de Unifrance cuente lo que ha vivido, porque eso situará a Unifrance en el lugar que le corresponde y demostrará que no se tolera este tipo de abusos”, declara la segunda, Stéphanie Gavardin.

Traducción de Miguel López

La defensa del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha enviado un escrito al juez que le investiga por presunta agresión sexual en el que sostiene que las conversaciones que se escuchan en un audio aportado por la agente denunciante "no encajan" con ese delito, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos".

El letrado José Carlos Velasco firma un escrito, fechado este martes y al que ha tenido acceso EFE, en el que pide al juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid que solicite a Recursos Humanos de la Policía Nacional información sobre si la denunciante fue destinada al edificio policial sito en la calle Miguel Ángel número 5, en el que trabajaba el denunciado, de manera voluntaria o no.

Aprovecha esta defensa para advertir sobre "contradicciones entre el relato de la querella y el contenido de la grabación aportada como prueba documental fundamental", poniendo de relieve que "no nos encontramos ante un mero audio aportado como prueba, sino ante la prueba angular" en la que pretende basarse la denunciante.

"Las afirmaciones vertidas por la querellante no encajan con lo descrito en el audio aportado como prueba esencial", concluye la defensa del exDAO, que afirma que en la conversación grabada el 23 de abril de 2025 -día en el que la agente denuncia que se produjo la agresión sexual- lo que denota es "complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal" entre dos personas que habían mantenido una relación.

Todo ello -añade- "en un entorno de confianza, incompatible (...), con el argumento de una 'negativa rotunda, expresa y continuada en todo momento', como se expone en la querella".

Va más allá el letrado al afirmar que "lo que realmente se desprende del audio es una conversación propia de una relación personal en la que existe un ataque de 'celos' y una clara exigencia de atención" por parte de la agente hacia el mando policial. "Estas expresiones describen una escena marcada por los celos y por una demanda de atención y exclusividad" en la que es la agente "quien marca las condiciones", según la defensa del ex jefe policial.

Subraya varias de las frases de que se escuchan y que demostrarían que el ex mando policial no la agredió sexualmente ni la obligó a quedarse en su piso, sino al contrario, la instó a marcharse, mientras la agente le decía: "No te beso como un idiota, yo te quiero muchísimo”.

"Lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte de la querellante, una imposibilidad de abandonar el lugar, o con un contexto de sometimiento constante, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención" por parte de la agente, con "expresiones afectivas y un tono de confianza personal".

En su escrito, la defensa del exjefe policial denuncia también el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" debido a las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación -más de 20, recalca-, "anunciando, comentando y 'engordando' la supuesta trascendencia de la interpretación que hace del contenido del audio" aportado.

Y cuestiona que el abogado de la denunciante haya tratado de "restringir" al ex número dos de la Policía "el acceso a una prueba esencial", al pedir sin éxito que la grabación solo pueda ser escuchada en el juzgado con presencia de la letrada de la administración de justicia, "a la misma vez que se alimenta públicamente -desde la propia parte que realiza la solicitud- un juicio paralelo".

"Esto no solo perjudica a mi mandante, sino que pretende condicionar la percepción del juzgador y de la sociedad", colocando al exDAO "en una situación de desventaja injustificada", concluye. 

El juez ha rechazado dar especial protección a los audios que presentó la inspectora que denunció por agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González, si bien ha garantizado que ha dado traslado a las partes a través de "un canal seguro que garantiza la confidencialidad", informa EFE.

La denunciante solicitó la "plena reserva y salvaguardia" de los audios que aportó su abogado para sustentar la querella contra el ex número dos de la Policía Nacional, de tal forma que la prueba solo pudiese ser consultada en el juzgado y en presencia de la letrada de la administración de justicia.

El magistrado que investiga la querella ha rechazado la fórmula propuesta por el abogado en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, "habida cuenta que el traslado se realiza a las partes personadas (el querellado) y al Ministerio Público a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad".

Entre los documentos que ha presentado el abogado de la inspectora figura "un listado de llamadas recibidas" por la agente por parte del ex número dos de la Policía, pantallazos de los mensajes que recibió por WhatsApp y a los que aludió en la querella, y una "grabación de los audios" que realizó y que sustentan, según manifestó el abogado, los hechos que denuncia.

En la querella, que derivó en la salida del ex número dos de la Policía, se detalla el contenido de una serie de conversaciones, en una de la cuales participa el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del ex-DAO y que también ha sido relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima.

La agente sostiene que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir.

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

El juez, titular de la plaza 8 de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Madrid (antiguo juzgado de violencia sobre la mujer número 8) tiene previsto tomar declaración tanto al ex número 2 de Policía como a la denunciante el próximo 17 de marzo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado este miércoles en el Congreso que su departamento realizará una evaluación o inspección "extraordinaria" de los protocolos de acoso y agresión sexual en el seno de la Policía Nacional para determinar qué falló para que la víctima denunciante del ex número dos del cuerpo renunciara a las vías internas.

"Se trata de una medida extraordinaria. Es evidente que algo falló", ha señalado el ministro después de que los grupos de la comisión de Interior —excepto PNV, Sumar y Junts, que no ha asistido—, le instaran a dar cuenta no solo del asunto objeto de la cita —la implementación de la baliza V-16—, sino también sobre la renuncia del comisario principal José Ángel González tras ser denunciado por una agresión sexual por parte de una subordinada.

PP, Vox y UPN le han pedido la dimisión ante el ataque "más grave" a la Policía, según el portavoz popular Ángel Ibáñez, que le ha reprochado al ministro "estar oculto" en esta grave crisis, en tanto que Ignacio Gil Lázaro, de Vox, le ha invitado a dejar el cargo "de inmediato" en el "Ministerio de los escándalos", en el que "huele a podrido".

Con menor beligerancia pero sí con contundencia desde ERC Francesc-Marc Álvaro le ha pedido "hablar del tema" que afecta a la "credibilidad" de la Policía y pone en cuestión los sistemas de control sobre los comportamientos de sus altos mandos, en tanto que Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha insistido en que, pese a que la V-16 era el motivo de la comparecencia, los portavoces le urgían respuestas sobre la denuncia al exDAO.

El ministro, que estaba preparado para dar explicaciones, ha usado más de cinco minutos para leer buena parte de las "tres reflexiones" que llevaba escritas sobre las consecuencias de la denuncia de agresión sexual de una inspectora contra el exmáximo responsable uniformado de la Policía Nacional.

Ha defendido que existen revisiones de esos protocolos —existen en la Policía desde 2022— pero que ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Estado de Seguridad realizará esta "evaluación extraordinaria" con la intención de determinar "por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió".

"Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera", ha zanjado antes de apostillar: "Queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual o de otro tipo".

"Lo que la víctima ha denunciado es simplemente gravísimo", ha continuado el titular del Interior, que ha reiterado que nada más tener conocimiento de la admisión a trámite de la querella —un juzgado ha citado a denunciado y mujer el próximo 17 de marzo— pidió en menos de dos horas la renuncia del comisario ya jubilado Jota, como así era apodado.

Marlaska ha defendido la actuación de su departamento porque dio un "cortísimo" espacio de tiempo al alto mando para que asumiera su responsabilidad y dimitiera. "Si él no asumía inmediatamente la responsabilidad, sabía que era cesado inmediatamente".

Respecto a la denunciante, el ministro ha subrayado que es consciente del "dolor" que estos graves hechos le han ocasionado y le están ocasionado y que ella sabe que "de primera mano que me tiene a mí, a todo el Ministerio del Interior y a toda la Policía Nacional a su disposición en todo que pueda necesitar".

También ha sido contundente sobre los hechos "gravísimos" que figuran en la querella y ha mostrado su confianza plena en que la justicia depure "con toda firmeza" las responsabilidades que puedan corresponder al culpable de la agresión. "Lo que no puedo tolerar", ha enfatizado, es que se pueda usar este suceso para "denigrar" la reputación de la Policía o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o que se trate de presentarlas como cuerpos "donde los agresores sexuales actúan con impunidad, porque simplemente no es cierto".

Marlaska también ha querido recordar que la razón por la que se prorrogó la jubilación del DAO en diciembre de 2024 tenia como única finalidad equiparar esta situación a la que desde hace años existía con el máximo mando de la Guardia Civil, en ningún caso para "proteger indefinidamente a nadie".

Ha aclarado también que el comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del exDAO y destituido de sus funciones hace una semana por presionar supuestamente a la víctima para que no denunciara, ha sido destinado en la Comisaría General de Policía Científica porque, por el momento, no ha sido expedientado ni, por lo tanto, expulsado del cuerpo.

Dos comisiones del Parlamento Europeo retomaron este miércoles el intento de que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, en base al consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024, informa EFE.

Las comisiones de Igualdad y Libertades Civiles de la Eurocámara aprobaron una resolución sobre el asunto, que había quedado pendiente de revisión antes de 2029.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", inciden.

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, salió adelante por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual". señalan las eurodiputadas.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros -con Francia y Alemania a la cabeza- lo vetaron.

La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años. Si bien no es vinculante, el texto aprobado este miércoles por la comisión de Igualdad es un paso en esa dirección, señalan fuentes parlamentarias.

No obstante, el pleno del Parlamento Europeo que tendrá que dar el visto bueno final a esta resolución está más escorado a la derecha que el que en 2024 (antes de las últimas elecciones) estaba plenamente a favor de la igualar la tipificación penal de la violación.

Fuentes cercanas a la negociación explican a EFE que para llegar al texto final han hecho falta casi una docena de reuniones técnicas, más de lo habitual, y que el grupo socialdemócrata habría cedido en varios puntos clave -como una mención a la cultura de la violación- para asegurarse el voto a favor del Partido Popular Europeo, sin los cuales es inviable alcanzar una mayoría.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo aseguraron que su voto a favor refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcan que respaldar la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023".

"El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

Parecía la persona idónea para convertirse en el máximo responsable de uniforme dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Era un buen perfil para hacerse cargo de una Dirección Adjunta Operativa (DAO) convertida durante el Gobierno de Mariano Rajoy en punta de lanza de la guerra sucia del PP contra los adversarios políticos. Estaba fuera de la órbita de la mal llamada brigada patriótica. También geográficamente –desarrolló su carrera lejos de Madrid–. Con esta carta de presentación, y con la misión de limpiar la podredumbre, Jota, como le conocen en el cuerpo, se convirtió en jefe operativo de la Policía. "Fue muy bien recibido", cuentan los que le conocen. Ahora, casi ocho años después, José Ángel González Jiménez deja el puesto por la puerta de atrás.

La salida del director adjunto operativo se produce tras la apertura de una investigación contra él en un juzgado de violencia sobre la mujer de la capital. La causa tiene origen en una detallada querella en la que una subordinada suya, con quien había mantenido en el pasado una "relación de afectividad", expone una serie de episodios de violencia sexual y coacciones protagonizados por el hasta ahora jefe operativo policial. Hechos que tienen como punto de partida el 23 de abril de 2025. Aquel día, González, usando de forma explícita "su autoridad institucional", hizo que la víctima, que estaba de servicio, fuera a un restaurante donde él se encontraba comiendo con otro mando policial –el comisario Óscar San Juan– y, de ahí, la llevara a su vivienda oficial.

Fue en ese inmueble donde se produjo la agresión. La querella recoge que González, pese a las "negativas inequívocas, claras y persistentes", introdujo hasta en dos ocasiones sus dedos en la vagina de la víctima, hechos que pueden sustentarse con "una grabación de audio". Y que tras esto, comenzó una larga campaña de acoso e intimidación con mensajes y llamadas del comisario –tanto desde su teléfono personal como desde el oficial de la Dirección Adjunta Operativa–. "Vete a la mierda, vete a la mierda, me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar", asegura la víctima que le dijo González en una llamada de finales de mayo. Fruto de todo ello, la mujer se encuentra de baja por problemas de salud mental.

El terremoto en el Cuerpo Nacional de Policía es mayúsculo. Y buena prueba de ello es el cónclave de urgencia organizado por el director general, Francisco Pardo, con todos los mandos. Porque la crisis no se circunscribe al DAO, sino que se extiende más allá. La querella también señala a San Juan, asesor del director adjunto operativo, por encubrir la agresión y presionar a la víctima. Así, por ejemplo, se recoge que el 13 de julio mantuvo una conversación –que fue grabada– con la agente en la que le habría pedido que dijera "a qué destino quería ir", negando saber nada de lo que ella refería respecto a González. San Juan, al que se ha relevado de sus funciones, fue condecorado con la Medalla de Plata tres meses después de aquella conversación, según desveló elDiario.es.

Es la enésima mancha en una Dirección Adjunta Operativa, corazón del Cuerpo –impulsa y coordina las funciones policiales operativas–, acostumbrada a situarse en el centro de la polémica. Y que funcionó, con Mariano Rajoy en la Moncloa, como sala de mando en la guerra sucia contra adversarios políticos del PP. Por aquel entonces, era Eugenio Pino el máximo responsable de uniforme en la Policía. Un ex director adjunto operativo que deberá sentarse en primavera en el banquillo de los acusados por Kitchen, la operación de espionaje parapolicial desplegada sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. Y que ya ha sido condenado por revelar datos reservados de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident catalán, sustraídos "de forma ilícita".

La investigación de Kitchen sitúa a Pino como planificador de la operación para sustraer a Bárcenas documentos comprometedores que pudiera tener de la formación conservadora en pleno estallido de Gürtel. Al frente de la misma, puso al comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los máximos exponentes de las cloacas del Estado. Y al tanto de su existencia estaban, según el auto de procesamiento, también los inspectores José Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz Sevillano. Ambos, según el instructor, eran personas de la "máxima confianza" de Pino. Tanto, que los nombres de los dos también confluyen en la guerra sucia contra Podemos que se investiga en la Audiencia Nacional.

Los documentos aportados en el marco de dicha causa evidencian que todas las maniobras contra la formación morada en pleno auge político de la misma partían del mismo sitio: la Dirección Adjunta Operativa. La llamada Operación Venus, centrada en un entramado empresarial alrededor de la producción del programa Fort Apache –presentado por Pablo Iglesias–, se inició con la remisión desde la DAO del llamado informe Pisa, un documento sin membrete oficial ni firma alguna cuya elaboración se ha terminado atribuyendo a la brigada política. Y lo mismo con la Operación Bolívar sobre la supuesta financiación venezolana de Podemos. Esta se puso en marcha en base a la declaración de un exministro de Venezuela que fue a recoger Fuentes Gago a Nueva York por orden de la DAO.

Tras la jubilación de Pino, fue Florentino Villabona quien cogió las riendas de la Dirección Adjunta Operativa. Con su llegada, que hizo de la mano del ministro Juan Ignacio Zoido, se esperaba una limpia dentro del cuerpo. Pero más allá de algún gesto aislado, lo cierto es que los policías vinculados a la brigada política que estaban como agregados en embajadas continuaron disfrutando de dichos retiros dorados. El comisario, que tras su jubilación fichó por La Liga como director de Integración y Seguridad, apenas estuvo medio año en el puesto. En julio de 2017, Zoido llevó a cabo una reorganización del Ministerio del Interior que eliminó la figura del DAO, puesto que ya en 2018 se encargaría de recuperar el actual ministro, Fernando Grande-Marlaska.

La Dirección Adjunta Operativa se incluyó por primera vez en el organigrama en 2006. Y el primer jefe de la misma fue Miguel Ángel Fernández-Chico. Durante su mandato, Villarejo, cuya empresa Cenyt llegó a tener como empleada a una hija de este alto mando policial ya fallecido, se movió con agilidad en la cúpula policial. Una cúspide a la que llegó, según un documento firmado por él mismo, de la mano de Agustín Linares, quien fuera subdirector general operativo –cargo que existía antes de la DAO y que fue su germen–, investigado en el pasado por uso irregular de fondos reservados. Y en la que se mantuvo con su sucesor en el cargo, Pedro Díaz-Pintado. Tras la detención de Villarejo, Pintado, Linares y Pino emitieron cartas apoyando al comisario y diciendo que su actividad mercantil tenía "plena cobertura policial", si bien luego en el juicio terminaron marcando distancias.

El ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que en su departamento desconocían hasta ayer los "graves" hechos denunciados sobre un presunta agresión sexual cometida por el número dos de la Policía José Ángel González a una compañera subordinada, según informa EFE.

"De haber tenido el mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, le hubiera pedido su renuncia", ha dejado claro el ministro en declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha sostenido que la prueba de que ni en el ministerio ni en la dirección general de la Policía sabían de estos hechos es que nada más conocerlos ayer se actuó "de inmediato".

Marlaska ha avanzado que, tras analizar la querella completa y después de la dimisión de González, también ha sido suspendido el comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del Director Adjunto Operativo (DAO) y que según la denuncia coaccionó a la denunciante.

"Evidentemente", ha añadido el ministro, una vez analizada la querella y dada la gravedad de los hechos y por salvaguardar el propio prestigio de la Policía Nacional no cabía otra decisión que requerir al DAO su renuncia o su cese inmediato en caso de que la dimisión no fuera inmediata.

A preguntas reiteradas de los periodistas acerca si en Interior se conocía esta denuncia, Marlaska ha enfatizado: "Desde luego creo que me conocéis y ha habido alguna otra cuestión en la que se ha actuado, no nos duele ninguna decisión inmediata ante hechos de gravedad y esto evidentemente es de una gravedad manifiesta que en modo algo alguno relativizar".

"Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", ha defendido antes de instar a no instrumentalizar políticamente los hechos.

El juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid ha citado a declarar el próximo 17 de marzo al ya exnúmero dos de la Policía después de incoar diligencias previas y admitir a trámite una querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Según informó ayer el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, también citada el 17 de marzo, la resolución del magistrado pide investigar también presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". 

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska tras la salida del número dos de la Policía Nacional, idea que ha rechazado el propio ministro asegurando que solo renunciará si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

"Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha apuntado Tellado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

En una pregunta a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, Tellado ha acusado al Gobierno de ser unos "encubridores" de "presuntos delincuentes" y de pudrir "todo lo que tocan".

"Feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial", ha afirmado el número dos de Alberto Núñez Feijóo.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido la primera en intervenir y ha centrado también su pregunta en la dimisión de González. "Sabemos que lo conocían y que ha cesado y ha sido dimitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz y no por lo que ha hecho", ha apuntado.

El Gobierno ha defendido la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Fuentes del Ejecutivo han asegurado a EFE que se enteraron de estos hechos ayer, cuando fue publicado en los medios de comunicación, y han aseverado que si lo hubieran sabido antes habrían actuado contra el dimitido número dos de la Policía, que, han subrayado, no es un cargo del PSOE ni del Gobierno.

Han defendido además que el ministerio del Interior tardó una hora y media en pedir el cese a González y han criticado la "hipocresía" del PP por pedir la dimisión de Marlaska, mientras no toma medidas contra los populares que también están denunciados por presunto acoso.

Las mismas fuentes han negado también que este caso pueda generar una crisis de Gobierno con Sumar ya que la formación de Yolanda Díaz es un partido de Estado, según han añadido, y frente a estos hechos el Ejecutivo seguirá luchando para acabar con la violencia de género.

Por su parte, el ex director adjunto operativo ha afirmado este miércoles que renunció al cargo "automáticamente" cuando conoció la querella para proteger el "buen nombre" del cuerpo.

En unas breves declaraciones a Antena 3, el hasta ayer 'número dos' de la Policía ha recalcado que fue él quien renunció antes de que el Ministerio del Interior ordenase su cese.

"En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones", ha afirmado el comisario.