Trata de personas

Trata, explotación sexual y prostitución: algunas respuestas sobre un debate enquistado

Manifestación del 8M en Madrid.

"Año tras año, se muestra la preocupación por las actividades de explotación de la prostitución que se desarrollan especialmente en la zona fronteriza con Francia en locales autorizados en los que aquella se ejerce por centenares de mujeres, supuestamente de forma consentida, libre y voluntaria". Son algunas de las conclusiones de la Fiscalía en su memoria respecto a 2017. "Pese a esa apariencia, se reciben periódicamente denuncias de mujeres que al menos en un primer momento se declaran víctimas de explotación sexual violenta o no consentida", dice el informe, publicado este mes de septiembre.

Este domingo 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. Según la memoria del Ministerio Público, el número de presuntas víctimas explotadas sexualmente alcanzó en 2017 un total de 373, ocho más que las detectadas el año anterior. La experiencia de Médicos del Mundo sobre la materia dicta que "en España se estima que unas 45.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de prostitución" y explican que "la trata con fines de explotación sexual es una realidad estrechamente ligada a este fenómeno". El debate está abierto.

¿Vínculo entre prostitución y trata?

La entrada en escena de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) en agosto y de la sección de trabajo sexual dentro de la Intersindical Alternativa de Catalunya en julio, ha avivado las llamas de un debate de por sí enquistado.

Las expertas consultadas coinciden en que la trata de personas con fines de explotación sexual es un problema grave que urge atajar y que en gran medida tiene que ver con la situación alegal de la prostitución. Las vías propuestas en este punto, sin embargo, son diametralmente opuestas. ¿La prostitución genera trata o la trata existe porque la prostitución no está regulada?

La Intersindical Alternativa de Catalunya apuesta por reconocer la labor de las trabajadoras sexuales y afirma que la labor de la sección sindical es precisamente luchar contra la "clandestinidad del trabajo sexual, que genera proxenetismo". En el momento en que "reconoces el trabajo sexual, de mujeres independientes y no víctimas de trata, las dotas de derecho y evitas el proxenetismo". 

Por el contrario,Yolanda Rodríguez, miembro de Médicos del Mundo, apunta al abolicionismo como solución. "Trata y prostitución son lo mismo", resuelve, porque "son una forma de violencia contra las mujeres y la base está en la necesidad". Por ello, añade, Médicos del Mundo estima que "si no existiese prostitución no habría trata, porque la demanda de prostitución se nutre de mujeres tratadas".

Para Rosa Cobo, directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidade da Coruña (UDC), "la trata es un mecanismo de abastecimiento de la prostitución" y afirma que "cuando las sociedades regulan la prostitución, crece la demanda y ahí es, precisamente, donde cobra relevancia la trata, cuya utilidad es traer a muchas más mujeres a la industria del sexo".

Surge, entre ambas posturas, una suerte de vía intermedia. Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España, defiende "la despenalización del trabajo sexual ejercido por personas adultas, sin coerción, que no implique abusos". E insiste en que "no es una postura ideológica", sino que guarda "puntos en común con todas las posiciones".

Amnistía defiende, en ese sentido, "eliminar todo tipo de regulación penal y punitiva del trabajo sexual consentido", porque toda medida enfocada en el castigo "refuerza la marginación, el estigma, la discriminación e impide el acceso a la justicia". Por ello, Rebollar reclama una reformulación de "las leyes que existen para orientarlas a la protección jurídica".

La activista matiza que "no sólo por el hecho de haber regulación hay protección", mientras que en "un sistema abolicionista" son necesarias "políticas con alternativas a estas mujeres para que puedan dedicarse a otras cosas". Rebollar reitera que "por penalizar a las mujeres o al cliente no estás protegiendo". La despenalización, por el contrario, resulta "un elemento positivo contra la trata porque aumentaría el número de denuncias y pondría de manifiesto las redes clandestinas", a toda vez que crearía "un mejor entorno para que las víctimas de trata sean capaces de contactar con la policía".

Ley estatal y municipios contra la trata

Las organizaciones que luchan contra la trata de personas creen urgente una ley estatal e integral que ponga en marcha los mecanismos adecuados para terminar con ella. En el año 2015 el Gobierno impulsó un Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, pero la sociedad civil reclama convertir la estrategia en norma.

"Hay cuestiones como la Ley de extranjería que están por encima y pesan sobre las mujeres víctimas", analiza Rodríguez, quien estima que de convertirse en ley, esto no pasaría. "También reclamamos que la ley sea integral contra todos los tipos de trata, porque están muy interrelacionadas", de manera que si existe explotación sexual "normalmente también hay laboral", comenta.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuenta con ocho medidas vinculadas a la trata y otras tres relacionadas con la prostitución. Entre sus promesas, precisamente, se encuentra la aprobación de una ley orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, "que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas".

Rosa Cobo, por su parte, cree que es fundamental "no sólo una ley integral contra la trata, sino una ley integral contra la prostitución y la trata". A su juicio, "necesitamos que se desmantele la industria del sexo, se castigue las diversas formas de proxenetismo, se penalice a los puteros y se diseñen y apliquen políticas públicas de apoyo integral a las mujeres que están en prostitución". El Pacto de Estado no contempla medidas contra la prostitución, más allá de "desincentivar la demanda mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización" y el análisis de las "violencias machistas" que sufren las mujeres que la ejercen.

Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, por otro lado, han desarrollado estrategias para combatir la trata de personas. Ejemplo de ello es el plan municipal aprobado a finales de junio por el Ayuntamiento de Madrid, que creará un centro de emergencia, trabajará sobre el fomento del empleo, el acceso a la vivienda pública y pondrá en marcha campañas de prevención y educación afectivo sexual.

Asimismo, comunidades como Navarra, Castilla-La Mancha o Madrid contemplan la prostitución como forma de violencia de género en sus leyes autonómicas, mientras que otras como Canarias, Castilla y León, Galicia o la Comunitat Valenciana abordan el problema de la trata en las suyas.

Además, existen cien territorios que se han adherido a la Red Estatal de Municipios Libres de Trata, que además de combatir la explotación sexual se pronuncia contra la prostitución por ser "la explotación, esclavitud y violencia más antigua institucionalizada por el patriarcado para controlar y someter la vida y los cuerpos de las mujeres". Hasta hoy, una veintena de municipios andaluces han aprobado mociones para sumarse a la red; dos canarios; ocho castellano-manchegos; nueve de Castilla y León; 23 en Cataluña; cinco en Madrid; seis valencianos; diez extremeños; uno gallego; otro balear; cinco navarros; dos vascos; tres asturianos y cinco pertenecientes a la Región de Murcia.

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