A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el encaje de la ley de amnistía en los tratados antes de dirimir los amparos de Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas a los que el Supremo se negó a aplicar esa norma, el próximo choque entre el Constitucional y el Alto Tribunal ya está servido. Tanto la Fiscalía como su anterior máximo responsable, Álvaro García Ortiz, han presentado sus recursos contra la polémica sentencia de la Sala Penal que lo inhabilitó como fiscal general. Antes de que el tribunal de garantías se pronuncie sobre su admisión, las quinielas sobre abstenciones y recusaciones ya se han disparado. Y el presidente, Cándido Conde-Pumpido, la ponente, la progresista María Luisa Segoviano, y el conservador José María Macías están en algunas de ellas.

El primero de los recursos en llegar al Constitucional fue el presentado por la Fiscalía, elaborado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde –la número dos del cuerpo solo por detrás de la fiscala general, Teresa Peramato–. La magistrada a la que correspondió la ponencia del caso fue la progresista María Luisa Segoviano. El pasado lunes se presentó también el escrito del propio García Ortiz, elaborado por la Abogacía del Estado, que se ha encargado de su defensa durante todo el caso. Fuentes de la máxima instancia española en protección de los derechos fundamentales aseguran que, antes de que comiencen las deliberaciones, ambos recursos de amparo se acumularán y que será Segoviano la ponente de ambos.

Antes de que se decida sobre la admisión a trámite de ambos recursos ya hay apuestas sobre las abstenciones y recusaciones que se puedan producir. Algunas fuentes en el Constitucional dan por hecha la de su presidente, Conde-Pumpido. Esa hipotética decisión de apartarse se basaría, como en el caso de recursos anteriores planteados por los fiscales Eduardo Esteban y Dolores Delgado, por la relación jerárquica que tuvo con ellos mientras el presidente del TC fue fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, parte del sector progresista considera que no existe causa de abstención y recusación porque, mientras Conde-Pumpido dirigió la Fiscalía (entre el 23 de abril de 2004 y el 19 de diciembre de 2011), García Ortiz fue fiscal delegado de Medio Ambiente en A Coruña y Galicia, sin contar con ningún cargo en la Fiscalía General del Estado.

Esas mismas fuentes recuerdan que durante el proceso seguido en el Supremo contra el exjefe de la Fiscalía, otro ex fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, no tuvo el menor reparo en participar en el caso como magistrado de la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal, pese a que García Ortiz había formado parte como miembro electivo del Consejo Fiscal durante su mandato. También participó en en la causa el expresidente de la Sala, Manuel Marchena, fiscal de carrera que formó parte y llegó a dirigir la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado –el principal órgano asesor del fiscal general– con Conde-Pumpido y previamente con Jesús Cardenal, Juan Ortiz Úrculo y Eligio Hernández.

Otra de las señaladas tras la llegada de los recursos de amparo es la propia ponente. Segoviano acudió a la toma de posesión de la sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, y allí saludó al fiscal general saliente dándole dos besos y deseándole mucho ánimo. En medios de derechas, ese episodio ha sido presentado como una supuesta muestra de falta de apariencia de imparcialidad. Segoviano, por el momento, no se ha apartado del caso. Sus compañeros, sin embargo, dan por hecho que alguna de las acusaciones contra García Ortiz –el novio de Ayuso, Alberto González Amador; el colegio de abogados de Madrid; la asociación de fiscales conservadora APIF y Manos Limpias– la recusarán. Fuentes del tribunal vaticinan que la petición no tendría ningún recorrido.

Otro de los magistrados del Constitucional que ha tenido que pronunciarse previamente sobre García Ortiz es el halcón conservador José María Macías. En su anterior cargo, el de vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, Macías se pronunció en dos ocasiones sobre la idoneidad de García Ortiz para ocupar la plaza de fiscal general. En la primera, el órgano de gobierno de los jueces se pronunció a favor, mientras que en la segunda, los conservadores (entre ellos Macías) provocaron un voto en contra que no impidió que el ex fiscal general accediera de nuevo al cargo.

Fuentes del tribunal de garantías vaticinan que, en caso de que sea recusado, la moción tampoco prosperará, ya que el Consejo solo analiza si el candidato cumple los requisitos legales para acceder al cargo. Otras fuentes consultadas consideran que el hecho de que, pese a que los méritos de García Ortiz permanecieron inalterados, el Consejo aprobara sobre ellos dos informes contrarios, podría demostrar cierta animadversión de Macías hacia él.

Otro de los magistrados cuestionados para formar parte del tribunal en este caso es Juan Carlos Campo, por su pasado como ministro de Justicia. Sin embargo, durante su paso por el Ministerio, la fiscala general del Estado propuesta por el Gobierno fue Dolores Delgado. Fue Delgado, ya como fiscal general, la que ascendió a García Ortiz en 2021 al cargo de fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Así pues, en caso de que fuera recusado, las fuentes consultadas consideran que la petición tendría pocas posibilidades de prosperar.

El calendario que se maneja en el Constitucional para el caso prevé que la decisión sobre la admisión a trámite de los recursos de amparo –algo que se da por hecho– se producirá en mayo. Será en ese momento cuando se presenten las eventuales abstenciones y recusaciones, que tendrán que ser instruidas y votadas después del verano. La deliberación de la sentencia y el fallo tendría lugar, previsiblemente, al final de este año o principios del siguiente. La mayoría progresista en el Pleno está garantizada, porque incluso en el caso de que el presidente y la ponente –ambos progresistas– no formaran parte de él, la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, tendría voto de calidad para resolver un hipotético empate entre sensibilidades.

La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, según informa EFE.

Como ya avanzó la actual fiscala general, Teresa Peramato, finalmente el Ministerio Público ha acudido al TC y ha pedido anular la sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

En una nota de prensa, la Fiscalía ha informado de la presentación de su recurso de amparo ante el TC, en el que considera que la sentencia del Supremo vulneró una serie de derechos de García Ortiz, como el de la presunción de inocencia, o el de un proceso con todas las garantías.

Reprocha la Fiscalía al Supremo que haya escogido la interpretación "más desfavorable" para condenar a García Ortiz y vuelve a cargar contra el registro que ordenó el juez Ángel Hurtado a su despacho, una "indiscriminada medida de injerencia" que "no estaba justificada" y en la que se basa "uno de los indicios que sustentan la condena", en referencia al borrado de las conversaciones del exfiscal general.

Álvaro García Ortiz, que estuvo al frente de la Fiscalía General entre 2022 y 2025, fue condenado por la filtración a la prensa de un correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre la investigación a González Amador. En ambas acciones vio el Supremo revelación de secretos.

La Fiscalía, que también recurre el auto del Supremo que rechazó la nulidad de su sentencia, argumenta que el alto tribunal no tuvo en cuenta el "valor exculpatorio" de "contundentes testimonios" de periodistas en favor de García Ortiz, que actualmente ejerce de fiscal en la Sala de lo Social del alto tribunal.

Se refiere el recurso a los periodistas que negaron haber conocido el citado correo de mano del fiscal general, y critica también el "giro argumental sorpresivo" del Tribunal Supremo al condenarle, ya que en un principio "descartó expresamente" la publicación de la mencionada nota de prensa, y después la incluyó en el castigo. Eso, dice, fue "una imputación novedosa de la que el acusado no ha podido ni tenía por qué defenderse".

Por último, cuestiona asimismo la interpretación del delito de revelación de secretos reservados, "que se comete incluso si los datos afectados son de conocimiento público". Esto, subraya, es contrario a la jurisprudencia del Supremo, "que es rectificada de forma sorpresiva e imprevisible". Dicha interpretación, según la Fiscalía, conduce "a resultados axiológicamente incompatibles con el papel preponderante que tiene en nuestro Estado democrático el derecho de los ciudadanos a dar y recibir información veraz".

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado que el Ministerio Público presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a su antecesor, Álvaro García Ortiz, según informa EFE.

Peramato se ha referido así en una entrevista este lunes en La noche en 24 horas de TVE, por lo que el recurso de la Fiscalía se sumará al que también presentará la Abogacía del Estado contra la resolución que condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y multa de 7.200 euros.

"Recientemente me planteó la teniente fiscal (María Ángeles Sánchez Conde) su intención de interponer un recurso de amparo y, por lo tanto, yo lo que he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Tribunal Supremo para la interposición de ese recurso de amparo", adelantó la fiscala general en la entrevista.

Peramato quiso dejar claro que "no es la primera vez" que la Fiscalía se va a "enfrentar a resoluciones del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal o de cualquier otra jurisdicción en las que el voto no sea mayoritario y haya votos particulares, y eso no pone en entredicho tampoco el ejercicio de las funciones judiciales". Además, la fiscala general explicó que "la Fiscalía siempre mantuvo una posición absolutoria" durante todo el procedimiento porque entienden que "los hechos no eran constitutivos de delito".

"Todos conocemos la sentencia, respetamos completamente la sentencia, pero la Fiscalía sigue trabajando en la misma línea porque consideramos que la posición que ha mantenido la Fiscalía es la correcta", añadió la máxima representante del Ministerio Público. La Fiscalía y la Abogacía recurrirán al Constitucional después de que el Supremo rechazara los incidentes de nulidad de sendas instituciones contra la sentencia que condenó al ex fiscal general.

El auto de la Sala que componen siete magistrados contó con el voto particular de las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, que ya se opusieron a la condena por un delito de revelación de datos reservados de la causa de fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La decisión adoptada por el Alto Tribunal era de prever porque los incidentes no suelen prosperar, si bien el paso era preceptivo y necesario para que, agotada la vía de la jurisdicción ordinaria, ahora puedan recurrir en amparo ante la corte de garantías.

La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ha aupado a los dos fiscales más cercanos al exfiscal general Álvaro García Ortiz en la Secretaría Técnica para puestos claves en el Supremo: Ana García León será una de las jefas de la sección Penal, adonde también llega como fiscal Diego Villafañe.

Este viernes se ha celebrado un Pleno del Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General, centrado en 19 nombramientos discrecionales de la cúpula fiscal, para los que han concurrido 86 candidatos, si bien las jefaturas de las fiscalías de Cuenca y Lugo no han recibido candidaturas, por lo que serán convocadas de nuevo.

El interés estaba, por encima de todo, en las tres plazas vacantes para ostentar la jefatura en las secciones penales del Supremo que se disputaban algunos fiscales del equipo de García Ortiz con dos fiscales del procés, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que no han sido designados siendo dos de los tres más altos en el escalafón.

Además de García León, que fue la mano derecha de García Ortiz cuando ostentó la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Peramato ha nombrado a José Javier Huete, uno de los actuales jefes de la Sección Penal y a María Farnés Martínez, hasta la fecha fiscal superior de Canarias.

Para las tres plazas para la sección penal del Supremo, ha designado a Diego Villafañe, el número 2 de García Ortiz en la Secretaría Técnica que llegó a estar imputado en la causa por la que más tarde fue condenado el ex fiscal general; a Antonio Colmenarejo, otro fiscal del antiguo equipo de García Ortiz destinado desde 2022 en la Secretaría Técnica; y a María Isabel Gómez, que trabajaba en la Fiscalía de Cuenca.

En cuanto al resto de jefaturas, la fiscala general ha designado a Javier Rufino como fiscal de sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, de medio ambiente e incendios; y ha renovado en su puesto a la exfiscala general María Jose Segarra como fiscala de sala de personas con discapacidad y mayores.

Para la Fiscalía del Tribunal Constitucional, los designados son Raquel Muñoz, que desde 2021 estaba en la Secretaría Técnica e Ignacio Rodríguez, que era letrado de este tribunal.

En la Audiencia Nacional, Peramato ha elegido como fiscala a Beatriz López, que también procede de la Secretaría Técnica y en Antidroga a Marcelo Juan de Azcárraga, que ya trabajaba en esta área desde 2024.

Además la vacante en Anticorrupción ha sido para Virna Alonso, decana de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que fue una de las dos fiscales que dio el visto bueno al comunicado que posteriormente difundió la Fiscalía por orden de García Ortiz el 14 de marzo de 2024 sobre la causa de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso.

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha solicitado la expulsión del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de la carrera judicial tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos.

La representación legal de este empresario ha pedido anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscala general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, González Amador pide en primer término que se anule dicho decreto y se le dé oportunidad de formular alegaciones, al considerarse "víctima de los hechos protagonizados" por García Ortiz y, por tanto, tener "interés legítimo" en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. 

El pasado mes de noviembre, el Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados al difundir información reservada de la investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda.

Aquella sentencia veía "excesiva" que esa pena afectase a su continuidad en la carrera fiscal, pero determinó que no correspondía al Supremo decidir sobre su expulsión o suspensión como fiscal.

Días después, la Inspección Fiscal estudió el asunto y dio su visto bueno para que Álvaro García Ortiz -que estaba en régimen de servicios especiales como fiscal general- se incorporase a la carrera, y la nueva fiscala general del Estado acordó su reingreso. 

Fuentes fiscales explicaron a EFE que el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado porque se impuso a García Ortiz una pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por tiempo de dos años, "sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales".

Sin embargo, en su recurso, de manera subsidiaria a que se le permita hacer alegaciones, la pareja de Díaz Ayuso argumenta que procede la "incapacidad" de García Ortiz para las funciones fiscales "por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses".

Esa causa de "incapacidad" y la pena principal de inhabilitación conduce a "la pérdida de la condición de fiscal", según González Amador, que se apoya en su escrito en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento del Ministerio Fiscal. 

Según el empresario, esta última norma determina que para la rehabilitación en la carrera, es necesario justificar que el afectado tiene "extinguida la responsabilidad penal y civil" y que le han sido cancelados los antecedentes penales, lo que en el caso de García Ortiz, dice González Amador, se produciría en 2029.

Cita, por ejemplo, el artículo 35 del reglamento, que establece que la "pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca".

El fallo contra el anterior fiscal general del Estado por desmentir oficialmente un bulo de Isabel Díaz Ayuso lo condenó a una multa de 12 meses (7.200 euros en total) y una inhabilitación de dos años para ejercer el cargo concreto y específico de fiscal general del Estado. La Sala de lo Penal del Supremo desatendió la petición del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y del resto de acusaciones populares de que se le impusieran penas de prisión de hasta seis años. La negativa del Supremo a imponerlas es lo que, con toda probabilidad, permitirá a García Ortiz esquivar la expulsión de la carrera que prevé el Estatuto Orgánico de Ministerio Fiscal (EOMF) para los fiscales condenados por delitos dolosos (intencionados). Y la revelación de datos reservados a la que fue sentenciado lo es.

La literalidad del estatuto con rango de ley que regula el Ministerio Público es tajante. El artículo 44.2 de esa norma establece entre las causas de incapacidad para el ejercicio de las funciones fiscales haber sido "condenado por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación". Ese mismo precepto establece una excepción para "los casos en que la pena no fuera superior a seis meses", sin determinar si se habla de penas de prisión o de cualquier otro tipo. En esos casos, el fiscal general, en este caso la fiscala Teresa Peramato, "de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, podrá sustituir la pérdida de la condición de fiscal por la sanción de suspensión de hasta tres años". Es decir, que como la pena de multa de García Ortiz es de 12 meses y la de inhabilitación de dos años, Peramato no tendría margen para salvarlo de la separación del servicio.

Esa textualidad de la ley es el argumento que manejan los sectores más conservadores de la Fiscalía y de la judicatura, que se han levantado en armas contra Peramato tras comprobar que no solo no ha expulsado a su antecesor en el cargo, sino que ha avalado su reincorporación dándole como destino la sección de lo Social (asuntos laborales y relativos a la Seguridad Social) de la Fiscalía del Tribunal Supremo, como fiscal de Sala que es (la máxima categoría de la carrera). En caso de que se presente un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra la rehabilitación del anterior fiscal general decretada por su sucesora ese será, con toda probabilidad, el principal argumento.

El problema es que, en Fiscalía, esa previsión expresa y tajante del estatuto de expulsar automáticamente a los fiscales condenados a penas de cualquier tipo siempre que sean superiores a seis meses, se considera un error cometido por el Parlamento al redactar la ley que la introdujo. Y no es algo que se haya sacado Peramato de la manga en este momento para beneficiar a uno de sus principales valedores, como sugieren los más conservadores. Lo estableció la Inspección Fiscal, el órgano que se encarga de la responsabilidad disciplinaria de los fiscales, tras una consulta planteada al respecto en 2017, año en el que todavía era fiscal general del Estado el conservador Julián Sánchez Melgar, el último nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP.

La Inspección Fiscal recordó entonces que la reforma del Estatuto por la que se introdujo esa previsión buscaba adaptar para los fiscales "la posibilidad ya existente para los jueces de que la sanción de separación de la carrera por haber perpetrado un delito doloso pueda ser flexibilizada por el fiscal general del Estado en determinados casos menos graves", según se establecía en la exposición de motivos de la ley. Sin embargo, recordaba el fiscal jefe inspector, el artículo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados (artículo 379.1.d) establece como causa de expulsión la condena por razón de delito doloso, como en el caso de los fiscales, pero "a pena privativa de libertad", algo que, sin embargo, pese a pretenderlo, no introdujo la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Ese error y omisión provoca, si se toma al pie de la letra el texto de ambas normas, una enorme incoherencia. Mientras un juez condenado por un delito doloso con una pena de prisión inferior a seis meses puede ver sustituida su expulsión disciplinaria de la carrera por una mera suspensión temporal, en el caso de los fiscales bastaría cualquier pena –incluso las de menor entidad, como una multa o una inhabilitación que supere esos seis meses–, para perder la condición de miembro del Ministerio Público sin que el fiscal o fiscala general pudiera hacer nada por evitarlo.

La Inspección Fiscal resolvió esa contradicción entre el texto del Estatuto y la intención que buscaba su reforma recordando que, en todo lo relativo a "la pérdida de la condición de miembro de la carrera fiscal", la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, la que regula el estatuto de jueces y magistrados –y prevé que solo puedan ser expulsados automáticamente por "penas privativas de libertad" superiores a seis meses–, es "de aplicación supletoria" al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En conclusión: que al igual que en el caso de los jueces, en el de los miembros del Ministerio Público, la fiscala general del Estado puede rechazar la expulsión de un compañero condenado si, como en el caso de García Ortiz, no lo ha sido a penas de prisión.

Este criterio, además, fue compartido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo –a la que previsiblemente recurrirán los que quieren a García Ortiz fuera de la Fiscalía– en una sentencia de 2017. La resolución establecía, al igual que la Inspección, que en el caso tanto de jueces como de fiscales y no solo en el de los primeros, la pertenencia a la carrera se perdía automáticamente por penas de cárcel de más de seis meses. "Si la condena es a menos de seis meses de privación de libertad ,el Consejo General del Poder Judicial o el fiscal general del Estado, de forma motivada y atendiendo a la entidad del delito cometido, pueden sustituir la pérdida de la condición de juez o magistrado o de fiscal por la de suspensión hasta tres años", decía la sentencia, que concluía: "Si la condena por delito doloso no conlleva privación de libertad, entonces no habrá pérdida de la condición judicial o fiscal".

El silogismo es claro. Álvaro García Ortiz no ha sido condenado a ninguna pena privativa de libertad, luego no debe ser expulsado. Su sucesora, Teresa Peramato, está habilitada legalmente para impedir que pierda la condición de fiscal aunque su sentencia le achaque un delito doloso como el de revelación de datos reservados. Su inhabilitación, según dice la propia condena del Supremo, es únicamente para el cargo de fiscal general del Estado y ninguno más, según estableció la sentencia.

En esas condiciones, es perfectamente lícito que el perjudicado de una instrucción, un proceso y una condena tan polémicas, desproporcionadas y ampliamente cuestionadas, pueda retomar su labor como fiscal de la más alta categoría apenas un mes después de que se conociera su sentencia.

Pese a la conmoción generada por el cuestionado proceso y la sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz por desmentir un bulo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, los cinco magistrados que apoyaron el fallo intentaron, en la redacción de su controvertida resolución, que la inhabilitación no acabara con la carrera del hasta entonces fiscal general del Estado. Esos cinco miembros del tribunal, tras recordar que las responsabilidades disciplinarias derivadas del delito de revelación de datos reservados por el que le condenaron no les correspondía dirimirlas a ellos, quisieron encapsular esa inhabilitación en el cargo concreto de máximo responsable de la Fiscalía. Esa concesión y el hecho de que el jefe del Ministerio Público no forme parte de su estructura orgánica –un magistrado o un jurista prestigioso puede serlo– han permitido a su sucesora, Teresa Peramato, rehabilitarlo en su categoría de fiscal de Sala.

El pasado 17 de diciembre, la Sala de lo Penal del Supremo notificó la apertura de la ejecución de la sentencia a la inspección fiscal. Se trata del organismo que debe analizar si la condena a inhabilitación como fiscal general de García Ortiz debe comportar, además de las penales, alguna consecuencia disciplinaria. Fuentes fiscales explican que el procedimiento es que la inspección elabore un informe sobre el caso concreto para que la nueva fiscala general, Teresa Peramato, decida en última instancia. La decisión de darle como nuevo destino la sección Social (la que lleva los asuntos laborales y relativos a la Seguridad Social) de la Fiscalía del Tribunal Supremo indica que Peramato no ve razones para que su antiguo jefe no siga ejerciendo sus funciones como fiscal.

La sentencia del Supremo que lo expulsó de la cúspide del Ministerio Fiscal es la que, sorprendentemente, "ha echado un capote" para que las consecuencias del fallo no sean más drásticas, según fuentes fiscales. "Estamos juzgando un concreto hecho, no una trayectoria en una carrera estrechamente ligada con la Administración de Justicia, cuya brillantez y dedicación no nos pasa desapercibida y no podemos dejar de tomar en consideración", decía la sentencia tratando de limitar los daños. "Por otra parte, ese concreto hecho se produce [...] con el deseo prevalente, lo que no anula su antijuricidad, de salir en defensa del prestigio de la institución que representaba", prosigue en su fundamento jurídico sexto, el que versaba sobre la pena concreta que debía cumplir.

Ese mismo pasaje añadía después: "La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae". Y acto seguido: "Se concreta [...] exclusivamente en el que ostentaba el acusado en el momento de los hechos: fiscal general del Estado". "Nos parece que, desde una perspectiva estrictamente penal", es decir dejando de lado la responsabilidad disciplinaria, cuya decisión recae sobre Peramato, "es proporcionada esa acotación", proseguía la resolución, que apuntaba: "No es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado". "No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano [el de la inspección fiscal y la nueva fiscala general]; tan solo constatamos que penalmente esa extensión limitada al cargo nos parece proporcionada revelándose como excesiva su proyección a otros".

La reincorporación del ex fiscal general al Tribunal Supremo, el destino que le corresponde como fiscal de Sala, indica, según las fuentes consultadas, que Peramato se habría apoyado en esos argumentos de la Sala de lo Penal para bendecir su vuelta. Su antecesor en el cargo, además, ha reclamado al Alto Tribunal la suspensión de su condena, lo que, en caso de aceptarse, podría retrasar aún más –al menos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre su recurso de amparo– la decisión sobre las consecuencias disciplinarias de su inhabilitación penal. En caso de que la deniegue, la nueva fiscala general tendría que tomar una decisión. Y lo que decida es susceptible se ser recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que tiene la última palabra.

El texto de la sentencia, sin embargo, da margen para orillar las consecuencias más drásticas que podría haber acarreado la condena. El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la condición de fiscal se pierde en caso de "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos". El 44 considera incapacitados para serlo a "los que hayan sido condenados por delito doloso", aunque el mismo precepto permite al jefe del Ministerio Público –a Peramato en este caso– sustituir la expulsión "atendiendo a la entidad del delito", "por la sanción de suspensión de hasta tres años". El Supremo resta entidad al supuesto delito del ex fiscal general al considerar que la inhabilitación es solo para ese alto cargo, ninguno más. También concede que la infracción penal que apreció se cometió para defender al Ministerio Público lo que, en principio, frenaría nuevas sanciones.

La candidata a fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ya ha pasado los dos trámites necesarios para alcanzar su nombramiento. Tras la apreciación por unanimidad de su idoneidad por el Consejo General del Poder Judicial, este jueves ha comparecido para presentar su programa de actuación ante la Comisión de Justicia del Congreso, último trámite antes de su designación para el cargo. Peramato ha reconocido a todos los fiscales generales, pero especialmente a su antecesor, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Supremo con una sentencia cuyos argumentos se desconocen, porque, ha dicho, "ha hecho lo indecible por la modernización de la carrera fiscal". También se ha comprometido a contar con toda la plantilla de la Fiscalía "para sanar la profunda herida que la atraviesa", tras esa condena.

Como exige su posición de candidata a fiscala general del Estado, Peramato se ha negado a entrar en los detalles del proceso penal contra su predecesor en el cargo. Desde el principal partido de la oposición, el PP, se le ha exigido que se desvincule expresamente del que, hasta hace solo unos días, era su jefe. También se le ha pedido que defienda al Tribunal Supremo de las críticas que está recibiendo desde la institución y desde su propia asociación, la Unión Progresista de Fiscales, que ha cargado contra el fallo condenatorio anunciado hace ya dos semanas y también contra la tardanza en la redacción y notificación de la resolución con todos sus hechos probados y fundamentos jurídicos. Aunque no ha aterrizado todavía en su nuevo cargo, desde Vox han cargado contra ella como defensora "de la ideología de género".

La compareciente, sin embargo, tanto al inicio como al final de su intervención ante la comisión parlamentaria ha mostrado su reconocimiento "a todos los fiscales generales". "En particular a mi predecesor y todo su equipo por su inmenso esfuerzo y trabajo para mejorar y modernizar el Ministerio Fiscal". Sobre el daño a la institución infligido por el proceso y la condena del Supremo, Peramato ha asegurado que tratará de "sanar esa herida" con los 1.804 fiscales que forman parte de la plantilla. "Lo primero que haré será reunirme con todos y cada uno de los compañeros que trabajan en Fortuny [la sede de la fiscalía general] y después con los diferentes jefes para generar una actuación dinámica que nos haga sentir a todos como debe ser, con el prestigio que tiene el Ministerio Fiscal", ha señalado.

Peramato se ha referido también en su alocución a la ley de amnistía y ha defendido la posición favorable sobre la aplicación de esa norma que mantuvo García Ortiz en contra de los fiscales del procés. "Somos escrupulosos con el principio de separación de poderes", ha dicho la candidata a jefa del Ministerio Público. "Nuestra función es informar en los procedimientos de acuerdo a criterios jurídicos para garantizar la neutralidad política". Después, ha recordado que el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la ley "en términos generales" el pasado junio. También que, en dos de las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles ante el Tribunal de Justicia de la UE, el abogado general ha defendido conclusiones que coinciden con la posición de la Fiscalía General del Estado. "Estamos pendientes de la sentencia", ha concluido.

La futura fiscala general, una de las mayores especialistas en violencia de género en España, se ha referido a la ley del solo sí es sí y a las rebajas de penas a agresores sexuales que se produjeron tras su aprobación. Peramato ha recordado que desde la Fiscalía General se redactó una circular basada en la propia doctrina del Tribunal Supremo para evitar esas rebajas de pena y las excarcelaciones que se produjeron. "Esa posición, muy sustentada, no fue atendida", ha relatado Peramato, una de las creadoras de ese texto. "El Supremo entendió que era aplicable otro criterio y ese es el que ha sido atendido una vez que se ha consolidado".

Al desgranar su programa, la candidata ha defendido el cambio del modelo procesal que supondrá la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en tramitación parlamentaria, y que en lo esencial –que sea el fiscal el que investigue los delitos– ha sido defendida "por Gobiernos de distintos signos" desde 2011. También ha mostrado su apoyo a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que conllevará la nueva ley para dotarlo de mayor autonomía, aunque ha criticado que no recoja la "autonomía presupuestaria" del cuerpo, que depende económicamente del Ministerio de Justicia. Por último ha cargado contra el negacionismo en violencia de género –"que pone en grave riesgo a las víctimas"– y frente al cambio climático, "una prioridad real" sobre la que "la evidencia científica es clara".

Por último, se ha mostrado dispuesta a "copiar" a la portavoz de ERC, Pilar Vallugera la idea de abandonar el término de "menores extranjeros no acompañados", tan manoseado por Vox y el resto de formaciones de derecha y ultraderecha, para cambiarlo por el de "niños y niñas solas", que considera "mucho más respetuoso".

Hay decisiones que pueden parecer pequeñas, casi tipográficas. Una vocal aquí, una terminación allá. Y, sin embargo, cuando en una redacción se decide cómo nombrar a una mujer que ocupa un puesto de poder, esa “pequeñez” deja de serlo para convertirse en una acción política. Porque una redacción no solo ordena hechos, ordena el mundo a través de lo que cuenta y de cómo lo cuenta. La decisión de infoLibre de llamar fiscala a la nueva fiscala general del Estado pertenece a esa familia de gestos que, por modestos que parezcan, intervienen en la arquitectura simbólica de lo real. 

No estamos ante una ocurrencia terminológica, es una toma de posición sobre quién puede ser nombrada, cómo y desde qué lugar de autoridad. Porque la lengua no es un simple almacenamiento de palabras. Es, como diría Pierre Bourdieu, un mercado donde se fija qué registros valen, qué voces cuentan, qué sujetos son reconocibles. Y ese mercado tiene historia y jerarquía: ha funcionado, durante siglos, desde una premisa tácita según la cual el masculino es la norma y el femenino su derivación. 

Las resistencias que se disfrazan de pulcritud lingüística lo hacen generalmente parapetadas tras élites (masculinas) que se perpetúan gracias a las relaciones (masculinas) de poder. La queja contra el uso del femenino profesional suele presentarse como defensa de una lengua “pura” –que, por cierto, nunca existió– o como respuesta a las “modas” feministas. Pero a cualquiera que esté en el mundo le cuesta entender que lo que verdaderamente moleste a algunos sea la palabra y no la evidencia que esa palabra trae consigo: que las mujeres han entrado en espacios donde no estaban previstas y donde, a menudo, no son bienvenidas.

Cuando decimos fiscal para un hombre y fiscal para una mujer, no estamos practicando una igualdad pulcra; estamos sosteniendo la idea de que el masculino es el estándar y el femenino una excepción a tolerar. Es economía patriarcal del lenguaje para perpetuar un patrón heredado. El masculino genérico no insulta, no grita, no golpea, pero opera con precisión quirúrgica en el arrinconamiento femenino. Cada vez que una profesión se nombra sólo en masculino cuando es ejercida por una mujer, el idioma imprime un mensaje de fondo: esta mujer ocupa un puesto pensado para un hombre.

Por eso, decir fiscala corrige algo elemental: si hay una mujer al frente, el lenguaje debe dejar constancia de que es así. No para encerrarla en el género, sino para reconocer que el género ha sido, históricamente, el muro de entrada. La palabra fiscala rescata a la mujer de un lugar prestado y la saca de la posición de intrusa. Lo que hace es romper una costumbre que el idioma había naturalizado. Y la costumbre, cuando es patriarcal, no es tradición, es disciplina.

La propuesta de Teresa Peramato como fiscala general del Estado se ha producido precisamente, y no por casualidad, un 25N, fecha que cae como una losa del calendario en un momento especialmente turbio. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es un recordatorio de que la violencia tiene raíces culturales, económicas, políticas y simbólicas. También lingüísticas. Las mujeres siguen siendo asesinadas, agredidas, acosadas, precarizadas, igual que siguen siendo discutidas, tuteladas, desautorizadas. Y cada vez asistimos con menos sorpresa a una especie de normalización del retroceso: se reabre el debate sobre derechos ya conquistados, se relativiza la violencia machista llamándola “problema social”, se cuestiona la educación sexual o afectiva, se sugiere que el feminismo “exagera”. La reacción al avance de las mujeres ya ni siquiera se disimula, es parte de ese nuevo espíritu rebelde. 

Programas de radio, ciclos culturales, conferencias universitarias en las que el varón vuelve a ocupar el centro sin ni siquiera la coartada de la ignorancia. Y no es algo anecdótico. Cuando no hay mujeres en una mesa, esa mesa manifiesta que la autoridad sigue siendo masculina. Que la conversación seria les pertenece a ellos. La vieja división sexual del conocimiento vestida con un disfraz contemporáneo –ellos piensan el mundo, nosotras lo experimentamos–, y una pedagogía de la ausencia, al fin y al cabo. Una violencia persistente que nos relega a la periferia del discurso y con ello desactiva nuestra autoridad social. De ahí que el feminismo haya insistido tanto en la representación, entendiendo representación no como cuota estética, sino como reconocimiento epistemológico.

Que en la serie Anatomía de un instante, basada en el libro homónimo de Javier Cercas, la presencia de mujeres sea accesoria es un síntoma de cómo seguimos narrando los momentos fundacionales de la democracia. Un relato de la Transición —del poder, del riesgo, de la Historia— que prescinde de mujeres o las reduce a mero decorado reafirma una idea antigua y peligrosamente vigente: que lo político, las grandes decisiones, ocurren donde las mujeres no están. 

La cultura es una forma de pedagogía emocional y política, crea un imaginario colectivo y es una poderosa fábrica de sensibilidad. Cuando una obra de esta categoría deja fuera del centro narrativo a las mujeres (aunque algunas sí lo ocuparan en la realidad), contribuye a moldear quién puede ser entendido como sujeto histórico y nos deja sin claves para pensar la experiencia femenina como parte de lo importante. No es un elemento menor que esta serie se presentara, además, en el Congreso de los Diputados, con presencia del presidente del Gobierno. 

Sería ingenuo separar todas estas cosas del ecosistema mediático que las produce. La escasísima presencia de mujeres directoras de medios es un dato que no debería pasar desapercibido. Porque la dirección de un medio no es un puesto administrativo, es el lugar desde el cual se organiza el sentido público (común, si prefieren). Quien dirige decide qué es noticia y qué no, desde qué marco interpretativo, con qué léxico. 

En este contexto, la decisión de llamar fiscala a la nueva fiscala general del Estado es coherente y necesaria. No como gesto aislado, sino como parte de un hilo. Un hilo que va del lenguaje a la representación, de la representación al poder y del poder a la vida material de las mujeres. Un gesto que dice que la autoridad no tiene género natural, aunque la tradición la haya masculinizado; que la lengua no puede seguir funcionando como notaria de un orden que excluye; que el periodismo, en fin, no es solo relatar lo que ocurre, sino disputar el marco en el que ocurre.

En tiempos de retroceso, cada gesto cuenta porque cada gesto configura la atmósfera. La atmósfera en la que después se tolera —o no— una mesa sin mujeres. La atmósfera en la que un relato sobre la Transición puede prescindir de nosotras sin que pase nada.

Hay quien dirá que esto es distraerse en lo secundario. Que decir fiscala no cambia la realidad. Pero es justo al revés: lo secundario es el método preferido de la dominación, porque no lo vigilamos. La realidad se compone de capas. El machismo no se sostiene sólo por leyes injustas o violencias explícitas, se sostiene por miles de decisiones diarias que determinan quién aparece, quién habla, quién nombra, quién es nombrada. Cambiar la realidad exige intervenir también en esas capas. Empezar por una palabra no es poco: es hacerlo por el lugar exacto donde el mundo adquiere forma.

En infoLibre diremos fiscala porque es correcto, porque es justo y porque ilumina lo que otros prefieren mantener en penumbra. Y lo diremos sabiendo que cada palabra cuenta no por sí sola, sino por la red de significados que activa. Nombrar es tomar partido, y no hay periodismo digno de ese nombre que consienta seguir borrando a la mitad de la sociedad. Las mujeres no somos una nota a pie de página en la historia del poder. Somos parte de él. Y exigimos, también, la gramática que así lo represente.

La Fiscalía que heredará Teresa Peramato se encuentra en una situación insólita. La institución acaba de recibir el que, sin duda, es el mayor golpe que se le ha propinado en democracia. El Tribunal Supremo la ha descabezado condenando al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito menor del que hasta el momento solo se conoce el fallo. Nadie salvo cinco magistrados conservadores del Alto Tribunal ha visto las pruebas de la revelación de secretos de la que se le acusaba, mientras que otros tres no ven el menor indicio que justifique el fallo adelantado el pasado jueves y del que todavía no se conoce la fundamentación.

Pese a que la acción que ha supuesto la condena y posterior dimisión de García Ortiz –el desmentido de un bulo difundido por el entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso– buscaba proteger a la institución que dirigía, el proceso ha abierto una brecha enorme con otros sectores de un cuerpo en el que la derecha es mayoritaria. Fuentes del Gobierno confían en que “el rigor técnico” y la “solvencia” de Peramato, sirva por lo menos para tender puentes entre las distintas corrientes y recoser los distintos frentes que se han abierto en los últimos años. No lo va a tener fácil porque, antes de que haya dicho una sola palabra, el secretario general del PP y su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ya han puesto en duda su independencia.

Una de las brechas abiertas durante el proceso contra García Ortiz ha sido la asociativa. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), muy minoritaria (solo cuenta con un representante en el Consejo Fiscal) ha actuado en el proceso logrando la condena que buscaba. Se trata además de la acusación popular que pedía la pena más alta (hasta seis años de cárcel) y la que, durante el proceso, ha intentado conseguir sin éxito que el instructor decretara judicialmente la suspensión del acusado de su cargo antes de que se dictara sentencia.

La mayoritaria y también conservadora Asociación de Fiscales (AF), no ha llegado a tanto, pero su postura crítica hacia García Ortiz –al que consideraban parcial por haber formado parte del equipo de su antecesora, la exministra Dolores Delgado, y al que exigieron la renuncia por no oponerse a la amnistía– le ha llevado a reclamar su dimisión desde que se inició la causa contra él con el objeto de preservar la imagen de la institución. Este martes, sin embargo, el colectivo mayoritario ha aplaudido la llegada de la nueva fiscal general y la ha llamado a trabajar para “recuperar la imagen de imparcialidad” de la institución.

Tanto la AF como APIF se sumaron el pasado julio a las tres asociaciones conservadoras de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) para organizar una huelga ilegal, sin autoridad laboral que la controlara y sin detracción de haberes por las jornadas no trabajadas. Los colectivos, que reclaman insistentemente respeto a la separación de poderes, no dudaron en inmiscuirse en las labores del Legislativo al protestar contra las reformas judiciales y fiscales puestas en marcha por el Gobierno.

En el caso del Ministerio Público, lo que reclamaban los movilizados –que llegaron a concentrarse a la puerta de los juzgados con sus togas– era la retirada de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que desvinculará el mandato de su jefe del Gobierno que lo nombró ampliándolo a cinco años e impedirá al Ejecutivo darle órdenes, una medida reclamada por el Consejo de Europa desde 2013 y que es esencial para que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales que prevé el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que ya tramita el Congreso.  

El principal apoyo con el que, a priori, cuenta, es el de su asociación, la minoritaria Unión Progresista de Fiscales (UPF), "Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales", ha subrayado el colectivo nada más hacerse pública su propuesta. Para la UPF, la carrera fiscal vive "momentos delicados" que exigen "autoestima profesional, personalidad, liderazgo sereno, solvencia jurídica y una profunda conciencia del papel del Ministerio Fiscal en la defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente de todas las víctimas, así como en la preservación de la confianza pública".

Más allá de la pugna asociativa, Peramato tendrá que lidiar también con otro grupo de poder en la cúpula del Ministerio Público. Se trata del conformado por los fiscales de la causa del procés: la ex fiscal general nombrada por Rajoy Consuelo Madrigal, el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, y los fiscales de Sala Fidel Cadena y Jaime Moreno. Todos ellos han protagonizado sonadas maniobras para tratar de impedir la aplicación de la ley de amnistía a los dirigentes catalanes procesados y condenados en el alto tribunal. Esas intrigas llevaron al planteamiento del mecanismo previsto en el artículo 27 del Estatuto para cuando los fiscales no están de acuerdo con las instrucciones de sus superiores, en este caso García Ortiz. Ese proceso obligó a reunir en junio de 2024 la Junta de Fiscales de Sala para analizar el asunto antes de que el jefe del Ministerio Público tomara la decisión definitiva.

Tras perder la votación en esa Junta tras un debate muy reñido, los cuatro vocales, que se encargaron del caso del procés desde noviembre de 2017 se apartaron de la causa. La Sala de lo Penal, sin embargo, se apuntó a sus tesis contrarias a la norma del perdón y decidió no aplicar la ley, aprobada según los trámites previstos en la Constitución y con su presunción de constitucionalidad intacta y luego confirmada por el Tribunal Constitucional. La actuación fue muy cuestionada tanto internamente –por el voto particular de la única magistrada discrepante, la progresista Ana Ferrer– como por gran parte de la academia que interpretó la decisión como una actuación política contra el Gobierno de muy dudosa legalidad.

Recoser esas heridas y tender puentes. Esos serán los principales retos de Peramato como nueva fiscal general. El apoyo del que goza se medirá en los próximos trámites del proceso de nombramiento. La nueva fiscal general propuesta tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados donde se someterá a una oposición desbocada ante la debilidad actual del Gobierno. El Consejo General del Poder Judicial tendrá que redactar, además, un informe sobre su idoneidad.

En teoría, los vocales deben comprobar únicamente si cumple los requisitos para ser nombrada, es decir si es jurista de reconocido prestigio y si tiene más de 15 años de ejercicio profesional. La última vez que su antecesor se sometió a ese trámite, un consejo conservador prorrogado más de cinco años y enfrentado al Ejecutivo, lo declaró “no idóneo”. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces creen que esa situación no se volverá a repetir esta vez.