El reto de Peramato: tender puentes en la Fiscalía tras el fallo inédito del TS y la polarización por la amnistía

La Fiscalía que heredará Teresa Peramato se encuentra en una situación insólita. La institución acaba de recibir el que, sin duda, es el mayor golpe que se le ha propinado en democracia. El Tribunal Supremo la ha descabezado condenando al anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito menor del que hasta el momento solo se conoce el fallo. Nadie salvo cinco magistrados conservadores del Alto Tribunal ha visto las pruebas de la revelación de secretos de la que se le acusaba, mientras que otros tres no ven el menor indicio que justifique el fallo adelantado el pasado jueves y del que todavía no se conoce la fundamentación.

Pese a que la acción que ha supuesto la condena y posterior dimisión de García Ortiz –el desmentido de un bulo difundido por el entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso– buscaba proteger a la institución que dirigía, el proceso ha abierto una brecha enorme con otros sectores de un cuerpo en el que la derecha es mayoritaria. Fuentes del Gobierno confían en que “el rigor técnico” y la “solvencia” de Peramato, sirva por lo menos para tender puentes entre las distintas corrientes y recoser los distintos frentes que se han abierto en los últimos años. No lo va a tener fácil porque, antes de que haya dicho una sola palabra, el secretario general del PP y su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ya han puesto en duda su independencia.

Una de las brechas abiertas durante el proceso contra García Ortiz ha sido la asociativa. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), muy minoritaria (solo cuenta con un representante en el Consejo Fiscal) ha actuado en el proceso logrando la condena que buscaba. Se trata además de la acusación popular que pedía la pena más alta (hasta seis años de cárcel) y la que, durante el proceso, ha intentado conseguir sin éxito que el instructor decretara judicialmente la suspensión del acusado de su cargo antes de que se dictara sentencia.

La mayoritaria y también conservadora Asociación de Fiscales (AF), no ha llegado a tanto, pero su postura crítica hacia García Ortiz –al que consideraban parcial por haber formado parte del equipo de su antecesora, la exministra Dolores Delgado, y al que exigieron la renuncia por no oponerse a la amnistía– le ha llevado a reclamar su dimisión desde que se inició la causa contra él con el objeto de preservar la imagen de la institución. Este martes, sin embargo, el colectivo mayoritario ha aplaudido la llegada de la nueva fiscal general y la ha llamado a trabajar para “recuperar la imagen de imparcialidad” de la institución.

Tanto la AF como APIF se sumaron el pasado julio a las tres asociaciones conservadoras de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) para organizar una huelga ilegal, sin autoridad laboral que la controlara y sin detracción de haberes por las jornadas no trabajadas. Los colectivos, que reclaman insistentemente respeto a la separación de poderes, no dudaron en inmiscuirse en las labores del Legislativo al protestar contra las reformas judiciales y fiscales puestas en marcha por el Gobierno.

En el caso del Ministerio Público, lo que reclamaban los movilizados –que llegaron a concentrarse a la puerta de los juzgados con sus togas– era la retirada de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que desvinculará el mandato de su jefe del Gobierno que lo nombró ampliándolo a cinco años e impedirá al Ejecutivo darle órdenes, una medida reclamada por el Consejo de Europa desde 2013 y que es esencial para que los fiscales asuman la instrucción de las causas penales que prevé el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que ya tramita el Congreso.  

El principal apoyo con el que, a priori, cuenta, es el de su asociación, la minoritaria Unión Progresista de Fiscales (UPF), "Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales", ha subrayado el colectivo nada más hacerse pública su propuesta. Para la UPF, la carrera fiscal vive "momentos delicados" que exigen "autoestima profesional, personalidad, liderazgo sereno, solvencia jurídica y una profunda conciencia del papel del Ministerio Fiscal en la defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente de todas las víctimas, así como en la preservación de la confianza pública".

Más allá de la pugna asociativa, Peramato tendrá que lidiar también con otro grupo de poder en la cúpula del Ministerio Público. Se trata del conformado por los fiscales de la causa del procés: la ex fiscal general nombrada por Rajoy Consuelo Madrigal, el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, y los fiscales de Sala Fidel Cadena y Jaime Moreno. Todos ellos han protagonizado sonadas maniobras para tratar de impedir la aplicación de la ley de amnistía a los dirigentes catalanes procesados y condenados en el alto tribunal. Esas intrigas llevaron al planteamiento del mecanismo previsto en el artículo 27 del Estatuto para cuando los fiscales no están de acuerdo con las instrucciones de sus superiores, en este caso García Ortiz. Ese proceso obligó a reunir en junio de 2024 la Junta de Fiscales de Sala para analizar el asunto antes de que el jefe del Ministerio Público tomara la decisión definitiva.

Tras perder la votación en esa Junta tras un debate muy reñido, los cuatro vocales, que se encargaron del caso del procés desde noviembre de 2017 se apartaron de la causa. La Sala de lo Penal, sin embargo, se apuntó a sus tesis contrarias a la norma del perdón y decidió no aplicar la ley, aprobada según los trámites previstos en la Constitución y con su presunción de constitucionalidad intacta y luego confirmada por el Tribunal Constitucional. La actuación fue muy cuestionada tanto internamente –por el voto particular de la única magistrada discrepante, la progresista Ana Ferrer– como por gran parte de la academia que interpretó la decisión como una actuación política contra el Gobierno de muy dudosa legalidad.

Recoser esas heridas y tender puentes. Esos serán los principales retos de Peramato como nueva fiscal general. El apoyo del que goza se medirá en los próximos trámites del proceso de nombramiento. La nueva fiscal general propuesta tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados donde se someterá a una oposición desbocada ante la debilidad actual del Gobierno. El Consejo General del Poder Judicial tendrá que redactar, además, un informe sobre su idoneidad.

En teoría, los vocales deben comprobar únicamente si cumple los requisitos para ser nombrada, es decir si es jurista de reconocido prestigio y si tiene más de 15 años de ejercicio profesional. La última vez que su antecesor se sometió a ese trámite, un consejo conservador prorrogado más de cinco años y enfrentado al Ejecutivo, lo declaró “no idóneo”. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces creen que esa situación no se volverá a repetir esta vez.