Una comparecencia de sus consejeros desde la Real Casa de Correos precedida de un comunicado. Esa fue la estrategia seguida este viernes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para tratar de desactivar el escándalo alrededor del contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas del que se benefició económicamente su hermano en los momentos más duros de la primera ola. Aunque ya había dejado caer la existencia de "relaciones comerciales" de su entorno con la firma adjudicataria, que ya de por sí resulta sorprendente, la líder del Ejecutivo regional ha querido zanjar la polémica poniendo sobre la mesa una cifra: al menos 67.000 euros –IVA incluido–, que es lo que dice que habría percibido Tomás Díaz Ayuso por el papel que jugó alrededor de la adjudicación. Una cantidad alejada de los cerca de 300.000 euros que menciona la dirección nacional.

El comunicado fue enviado a los medios pocos minutos antes de que la Puerta del Sol acogiese una nueva comparecencia del Ejecutivo regional, la segunda en apenas veinticuatro horas. Sin embargo, no fue Ayuso la que se enfrentó a las preguntas de los periodistas –tampoco lo hizo este jueves cuando estalló la bomba–. De esa tarea se encargaron los consejeros de Sanidad y Economía, Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty. También estaba previsto que lo hiciese el de Justicia, Enrique López, cercano a Génova, pero se cayó de la convocatoria una hora antes de que arrancase la rueda de prensa. "Hemos considerado que para hablar de todo lo relacionado con el contrato estaba Hacienda, que es la que se encarga de verificar el procedimiento, y la de Sanidad, que es la promotora del contrato", explicaron.

Durante más de media hora, los dos consejeros han dado explicaciones. En algunos casos, en base a su experiencia al frente de sus respectivas carteras. En otros, de acuerdo con lo que la propia presidenta aseguraba en su comunicado. Una nota que, según Escudero, "aclara los puntos más sensibles que necesitaban aclararse" alrededor de la adjudicación. Sin embargo, aunque desde Sol se haya enmarcado el movimiento de la líder del Ejecutivo regional como un ejercicio de transparencia, lo cierto es que siguen flotando en el aire algunas incógnitas que, por el momento, no han encontrado respuesta.

En su comunicado, la presidenta regional señala que su hermano Tomás envió a lo largo de 2020 cuatro facturas a Priviet Sportive, la compañía que se hizo con la adjudicación de 1,5 millones de euros y que estaba administrada por un amigo de la infancia de la familia. La factura del 30 de junio fue por "gestiones" para la compra de mascarillas en China. Unos servicios por los que se embolsó 55.850 euros –67.578 euros si se le incluye el 21% del IVA–, lo que equivaldría al 4,5% del valor del contrato adjudicado por la vía de emergencia por la administración regional.

Eso es lo que dice la propia líder del Ejecutivo autonómico. Porque, hasta el momento, no se ha mostrado la copia de dicha factura emitida por su hermano a la compañía. Desde la Puerta del Sol se ha distribuido entre los medios de comunicación un amplio dossier con decenas de páginas de documentación vinculada a dicho expediente. Sin embargo, las facturas facilitadas entre esos papeles se circunscriben a la relación comercial entre la empresa y el Gobierno madrileño, no a los trabajos por los que Tomás Díaz Ayuso cobró de Priviet Sportive.

En cuanto a las otras tres facturas restantes emitidas a esta misma compañía en el año más duro de la pandemia, Ayuso ni siquiera ha aportado datos. "No tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad", reza el comunicado. A través de su jefe de prensa, este diario ha pedido copia del primer documento, el único supuestamente vinculado al Ejecutivo autonómico, así como información sobre los tres pagos restantes y el importe total de todos ellos. A cierre de esta edición, no se ha recibido ninguna respuesta.

La copia de la factura es importante a la hora de conocer el concepto exacto de los trabajos que el hermano de Ayuso hizo para la empresa administrada por este amigo de la infancia. Sobre todo, teniendo en cuenta que el principal partido de la oposición, Más Madrid, ha aportado a su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción varios mensajes que su líder, Mónica García, recibió a comienzos de noviembre en los que se aseguraba que el concepto de las transferencias era "Intermediación Comunidad de Madrid" y que se estaba "intentando" tapar el movimiento con "facturas falsas", lo que, de demostrarse, podría ser constitutivo de un delito de falsedad documental castigado con penas de prisión que pueden ir de los 6 meses a los tres años.

Este diario también ha preguntado al Ejecutivo regional, de nuevo a través del jefe de prensa de la presidenta, por qué conceptos exactos y concretos fueron emitidas todas esas facturas a las que la líder del Gobierno madrileño hacía mención en su comunicado. Otra vez más, a cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta de ningún tipo.

Durante toda la comparecencia, los consejeros han intentado dejar claro que Tomás Díaz Ayuso no intercedió para la adjudicación de la licitación. "Toda oferta recibida en el Sermas es remitida al órgano técnico competente, que es la Subdirección General de la Contratación. Son los técnicos, funcionarios todos ellos, los encargados de filtrar las ofertas en base a criterios técnicos", ha explicado el consejero de Sanidad, dejando así entrever que Priviet Sportive no llegó de la mano del hermano de la presidenta sino que fue la propia firma la que se ofreció a la administración en plena crisis sanitaria.

Esto es algo en lo que ha insistido la propia presidenta madrileña en su comunicado. "La factura a Priviet Sportive –la primera, la única de la que ha informado– no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid", ha resaltado Díaz Ayuso.

Pero, ¿en qué consistió exactamente ese trabajo? ¿Con quién contactó en el país asiático? Teniendo en cuenta que, como dijo la presidenta, lleva más de dos décadas dedicándose al sector sanitario, ¿fue él mismo quien consiguió esas mascarillas porque ya tenía una red de contactos en China o recurrió a un tercero para ello? De nuevo, no se ha recibido respuesta alguna desde el entorno de la líder del Ejecutivo autonómico.

Del mismo modo, desde Sol tampoco aclaran a infoLibre qué trabajos "de traslado" hizo el hermano de la presidenta en el marco de aquella adjudicación. ¿Ya había hecho fletes de este tamaño de material sanitario anteriormente? ¿Cómo trajo las mascarillas desde China hasta Madrid en un momento en el que la pandemia había impactado con fuerza sobre el tráfico aéreo? ¿A qué compañía se recurrió para dicho traslado?

Por el momento, lo que parece claro es que no llegaron en los famosos aviones fletados por el Gobierno regional. En total, en los cuatro primeros meses de la pandemia 24 aeronaves aterrizaron en la capital con material sanitario. Más de la mitad de los fletes, como desveló este diario, le fueron adjudicados a una desconocida empresa de Zaragoza, Sport Logistics Solutions SL, constituida en abril de 2018 y que cobró por su trabajo el doble que las otras empresas participantes. En la logística de esta operación también aparece otro nombre desconocido para el gran público: Óscar Leyva. Personaje ligado desde hace décadas al PP, en los últimos años se ha dedicado a la búsqueda y comercialización de patrocinios, sobre todo en el ámbito del deporte.

La empresa sostiene que la diferencia en el precio se debe al tipo de aviones contratados: "Los aviones contratados por Sport Logistics Solutions SL eran aviones de cara con una capacidad de hasta 680 m3 por vuelo, mientras que las otras empresas fueron aviones de pasajeros con capacidad de 210 m3 por vuelo, lo cual justifica la diferencia de precio".

Por otra parte, Sport Logistics Solutions se desvincula por completo de cualquier actuación irregular y destaca que es una empresa "con un bien ganado prestigio, que no tiene nada que ver con el cobro de comisiones ilegales y que fue contratada en el fletamiento de estos aviones, como especialista en este tipo de operaciones".

"No, este es un proveedor distinto que no venía con los aviones. Hacía su entrega de esas mascarillas en Ifema, donde creamos el hospital de campaña, y entra por vías distintas. Unas entran a través de los 24 aviones que contratamos en aquel momento y estas fueron entregadas en Ifema directamente", ha señalado el consejero de Sanidad durante la comparecencia. ¿Llegó entonces más material procedente de China para la Comunidad de Madrid en vuelos distintos a aquellos de los que tuvimos conocimiento en su momento? ¿En qué vuelo llegaron todas esas mascarillas, que fueron recogidas en Barajas y enviadas a Ifema, según la documentación aportada por el Gobierno autonómico? Este diario intento aclarar, sin éxito, estos dos extremos con la Consejería de Sanidad.

Tomás Díaz Ayuso, según explicó su propia hermana, lleva "trabajando como comercial" en el sector sanitario desde hace 26 años. Lo que no se ha explicado desde el Ejecutivo regional es desde cuándo mantiene "relaciones comerciales", como las denominó la presidenta este jueves, con una compañía que hasta hace no mucho se dedicaba en exclusiva al sector textil y la ganadería, que poco o nada tiene que ver con su ámbito de actuación, y que nunca antes había contratado con la administración madrileña. ¿Fue justamente este su primer trabajo con la firma administrada por un amigo de la familia, justo en plena primera ola, o existen relaciones anteriores? De nuevo, ninguna respuesta.

Otra incógnita que no ha quedado totalmente despejada es si el hermano de Ayuso jugó algún papel en alguna otra licitación del Gobierno regional. Esto es algo que se ha preguntado al consejero de Sanidad durante la comparecencia: "¿Hay más contratos de otras empresas en las que hubiera intermediado el hermano de la presidenta?". Sin embargo, Ruiz Escudero no ha dicho tajantemente ni que sí ni que no. "A día de hoy, no tenemos conocimiento de que haya más intermediación por parte de Tomás Díaz Ayuso con más contratos de la Consejería de Sanidad. Además, si se producen de esta manera nosotros no tenemos esa información para poder saber si se ha producido o no se ha producido", ha resaltado el titular de Sanidad.

Esto es algo en lo que se ha insistido repetidamente durante la comparecencia. Que no se puede saber "cuántas personas intervienen" en cada uno de los procesos relacionados con una licitación. Sin embargo, las dudas tienen cierta base. Principalmente, porque en noviembre de 2020 se supo que el Ejecutivo autonómico había adjudicado contratos por 70.500 euros sin concurso ni publicidad a Artesolar Iluminación SL, una firma para la que el hermano de la presidenta reconocía que trabajaba en su perfil de la red social Linkedin. Entonces, Tomás Díaz Ayuso aseveró que no ocupaba ningún cargo de dirección en la empresa y que solo colaboraba con ella "como freelance".

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha descartado este jueves la posibilidad de que se vaya a producir una repetición electoral en la Comunidad Autónoma y ha insistido en su apuesta por sacar adelante un Gobierno "sólido, fuerte, en solitario y para cuatro años". "No va a haber adelanto electoral y en las próximas semanas habrá un Gobierno fuerte y estable que surgirá de un pacto parlamentario", ha sentenciado.

Así lo ha asegurado Fernández Mañueco en la rueda de prensa en la que ha detallado el calendario negociador que liderará el PP, como ganador de las elecciones autonómicas del 13 de febrero, en el que el partido autonómico llevará las riendas del diálogo con los partidos que han obtenido representación parlamentaria porque tiene "las manos libres y la mente abierta" en su premisa de que Castilla y León "es todo y está por encima de todo", informó Europa Press.

"Programa, proyecto y gobierno", ha resumido Fernández Mañueco que ha insistido en que basará la negociación en el programa de gobierno con 1.000 medidas con el que se presentó a las elecciones del pasado domingo a partir del que quiere obtener un pacto parlamentario que sustente ese gobierno "con una sola voz" formado por gente con experiencia para que sea "una piña al servicio de esta tierra".

Fernández Mañueco ha abogado además por conseguir para Castilla y León un gobierno que tenga "las ideas claras" ya que sabe de dónde viene "y, lo más importante, a dónde encaminar los pasos para llegar a la meta", en referencia a afrontar los retos de futuro de la Comunidad Autónoma.

A la espera de lo que depare la ronda de diálogo con todas las fuerzas, el presidente del PP de Castilla y León ha llamado a "ceñirse a los hechos" y rechazado hablar de hipótesis o de "política ficción" o anticipar nada "ni en un sentido —la abstención del PSOE— ni en otro —acordar con Vox—" porque "no conviene", ha reconocido para pedir "serenidad y tranquilidad" ante las "distintas posibilidades" que hay sobre la mesa en torno al programa y al proyecto para aclarar que cualquier otra consideración, en referencia a los cargos, van después de la elaboración de ese programa y de ese proyecto.

Lo mismo ha defendido para cuestiones como la derogación de la Ley de violencia de género o del decreto de la memoria histórica que ha exigido Vox, asuntos que forman parte del diálogo y sobre los que no ha querido añadir nada más, como tampoco sobre la posibilidad de que los de Santiago Abascal asuman la presidencia de las Cortes.

"Yo sólo hablo de hechos", ha aclarado Fernández Mañueco que ha insistido en que su responsabilidad ahora mismo es conseguir cerrar un Gobierno a través de unas negociaciones "sin límites, ni cortapisas, ni condiciones" a las personas que acudirán a las negociaciones y ha informado que, en su caso, estará acompañado por el secretario autonómico, Francisco Vázquez, por Raúl de la Hoz, por Carlos Fernández Carriedo y por Isabel Blanco.

"El PP va a estar siempre representado y muy bien representado", ha zanjado para rechazar imposiciones de otros partidos, como Por Ávila, a su equipo negociador.

Preguntado por el sentido de la autocrítica que asumió tras la reunión de la Junta Directiva del pasado martes, ha aclarado que en ningún caso versaron sobre el adelanto electoral para reiterar que tuvo siempre un apoyo "claro, rotundo, tajante y unánime" de todo el partido y en todos los ámbitos. En este sentido, ha explicado que esa autocrítica se centró en cómo afrontar el trabajo de cara a las municipales desde el reconocimiento de que se puede mejorar el resultado si bien ha aclarado que la victoria del domingo "ha sido suficiente".

"Castilla y León está por encima de todo", ha concluido su comparecencia ante la prensa Alfonso Fernández Mañueco que ha reiterado que tiene "meridianamente claro y cristalino" su objetivo de formar un gobierno sólido, estable, para cuatro años y en solitario, ha reiterado.

El futuro de la Junta de Castilla y León se complica. El presidente del PP, Pablo Casado, decidió este martes reabrir la guerra con Vox, la misma que planteó durante la moción de censura que la ultraderecha presentó en octubre de 2020, justo cuando los de Santiago Abascal acaban de desafiarles emplazándoles a compartir tareas de gobierno o asumir que habrá repetición electoral.

En su intervención ante la Junta Directiva de su partido, en la que no mencionó nunca a Vox por su nombre, y en presencia de todos su barones, Casado defendió la estrategia de tratar de llegar a un acuerdo con la extrema derecha en Castilla y León pero sin darles entrada en el gobierno autonómico, algo que los ultras ya han rechazado. “Un Gobierno fuerte, estable y en solitario, con pilares firmes, sin trajes prestados y sin la espada de Damocles continua”, dijo. Un acuerdo que, subrayó, deberá además tener como límites los principios del PP. 

“Nuestros principios son nuestras condiciones. Y no vamos a renunciar a ellos. Nunca. Y quien quiera pactar con nosotros tendrá que aceptarlos y respetarlos”, advirtió. Y puso algunos ejemplos en clara referencia a Vox: para el PP “la igualdad no es negociable, ni la cohesión territorial, ni la integridad autonómica, ni la integración en Europa”. Por eso no aceptará ningún acuerdo “con formaciones que dividan a las personas por el color de la piel, su género, acento u orientación sexual”, ni que defiendan “el revisionismo constitucional contra las comunidades autónomas”.

Si alguien pensaba que, después de lo ocurrido en Castilla y León, donde el PP no ha conseguido contener a Vox, Casado iba a cambiar de estrategia y abrazar un gobierno de coalición con los ultras como le pide Ayuso, tendrá que esperar. Porque, contra todo pronóstico, el líder del PP mantiene intacto su plan de reunificar el centro derecha a través las urnas, atrayendo a los votantes de Vox con el argumento de que sólo uniendo todo el espacio a la derecha del PSOE bajo el paraguas de su partido será posible desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa en 2023.

“Yo no estoy en política para llegar como sea donde sea ni para hacer lo que sea”, avisó. “No fue ese el mandato que recibí de mi partido y no es el mandato que pediré a los españoles porque”, y esta es la clave de su intervención de este martes en la sede de Génova, “jamás lo concederían”. Si pacta con Vox, si hace útil votar a la ultraderecha, viene a decir Casado, no conseguirá reunificar el espacio político que su partido monopolizaba hasta la aparición de Ciudadanos y de la formación de Santiago Abascal. “Los españoles nos conocen y esperan de nosotros que hagamos algunas cosas y que no hagamos otras. La credibilidad y la confianza en nuestro partido son fundamentales”, añadió.

En vez de eso, su propósito sigue siendo “llevar el gran proyecto reformista y liberal del PP de nuevo al Gobierno de España”. “No hay otro” partido capaz de hacerlo, subrayó, porque es “la alternativa a los populismos y los radicalismos a la izquierda y a la derecha. Y nadie nos va a mover de nuestro sitio”, remarcó.

“Nuestro partido es el resultado de la voluntad de unir a los españoles y no de dividirlos. Para ser alternativa”, añadió en alusión a Vox, “hay que poder confirmar una mayoría social y no hacer equilibrios sobre minorías radicalizadas como lleva haciendo el socialismo en los últimos 20 años”.

Según Casado, lo que está haciendo el PP es lo correcto porque “liderar nuestro país es unir la derecha sin desunir España. Fortalecer un partido que está situado en la derecha para que pueda hacer una tarea claramente de centro, acercándose a él y no a ningún extremo”. 

Por eso, proclamó, hay que “rechazar el bloque de ruptura que forman hoy los populismos a un lado y a otro”, lo que alude a Vox en el lenguaje del líder de la oposición, “y ofrecernos como plaza mayor del constitucionalismo, del reformismo, del autonomismo, del europeísmo y del atlantismo”, cinco valores que siempre contrapone a los de los ultras.

Es ahí donde “se situaron durante décadas mayorías abrumadoras de españoles en las urnas” que él quiere recuperar, recordó. “Ahora son esas bases las que están en cuestión y el PP va a ser quien las defienda y quien convoque de nuevo a la inmensa mayoría de españoles”.

Para defender su posición, Casado evitó la más mínima autocrítica en relación con lo ocurrido en Castilla y León, donde el PP ha quedado lejos de sus expectativas. “Aguantamos cualquier comparación: echemos un vistazo a la derecha alemana y su hundimiento; a la francesa y sus fracturas; a la italiana y su laberinto interminable. Miremos lo que ha sucedido en Portugal. Nuestra recuperación se está produciendo. Miremos cuántos partidos históricos han resistido en pie, cuántos alcanzan hoy la proyección de voto que tenemos nosotros y cuántos están en cabeza. Somos una excepción en positivo”, se jactó.

El líder del PP, como hiciera en la moción de censura de 2020, volvió a subrayar las diferencias con el partido de Abascal. “Somos el partido que hizo la Transición, que fundó la Unión Europea y el euro, que cree en la igualdad real de oportunidades, que rompió el techo de cristal de las mujeres en política y en el mercado laboral. El pionero en la sostenibilidad de Kyoto, París y los objetivos de desarrollo sostenible. Que defiende sin complejos el estado de Derecho y la seguridad de todos sin buenismo, pero sin xenofobia”.

“Los que hicimos posible que la convivencia entre españoles fuera posible, no para poner en marcha una máquina dispensadora de carnets de buen o mal español”, añadió. “No un partido probeta de laboratorio”. Una formación “que sirve a España y no a ninguna internacional de lo excéntrico”. 

“Por todo ello”, destacó, “es evidente que nadie está en condiciones de ejercer ninguna supuesta tutela moral o programática sobre el PP. Y debemos ser claros sobre esto: la semilla del populismo y del radicalismo”, de nuevo dos expresiones que utilizó para señalar a Vox sin mencionarlo, “puede tardar más o menos en dejar ver su fruto, pero siempre es un fruto amargo para las sociedades que lo cultivan”. “No creen ni en las instituciones ni en la política como tarea para la convivencia, aunque las utilicen para vaciarlas desde dentro, aumentar la polarización y debilitar el sistema”, acusó.

En vez de eso, resumió, el PP propone “una agenda reformista para la mayoría, y no un memorial de agravios o un manifiesto de ocasión”. 

“Hace poco más de un año os dije que nuestro espacio electoral no es una pequeña parte de una supuesta derecha partida por tres, sino la hegemonía del inmenso espacio del centro reformista español. Hoy os lo reitero con más razón todavía. No nos engañemos; hay quienes equivocan sus prioridades, y están más preocupados por sustituir al PP que por cambiar a este mal gobierno. Lo segundo les resulta imposible, y lo primero jamás ocurrirá”.

En democracia, razonó, “reunir fuerzas es reunir votos, recuperar voluntades, renovar esfuerzos y buscar los grandes objetivos nacionales que queremos para España y sus ciudadanos. Lo demás es perder. Y perder significa que gobiernan otros”.

Casado recordó que desde que asumió el timón del partido está empeñado en “reagrupar el espacio electoral con propuestas concretas”. Y ahora “lo fácil sería sumarse a las estrategias de confrontación que están poniendo en riesgo nuestra convivencia. Lo cómodo sería dejarse llevar en la deriva polarizadora por un puñado de votos”.

En todo caso, que Casado no quiera, en principio, pactar ahora con Vox en Castilla y León un Gobierno de coalición no significa que vaya a moderar su discurso. Más bien todo lo contrario. Una buena prueba fueron los términos con los que remató su intervención ante la dirección del partido.

Casi todos los problemas de España, aseguró, nacen “de uno solo”, del que culpó al PSOE: “Se están cerrando los espacios de libertad que abrimos hace más de cuarenta años”. “Nuestra tarea histórica para España se resume en esto: volver a abrir espacios de libertad para la sociedad española. La libertad nos unió como nación hace 40 años y la libertad debe unirnos ahora una vez más”.

La posición de Casado de descartar un gobierno de coalición con Vox desafía a la derecha mediática y sobre todo a Isabel Díaz Ayuso, que sostienen justo lo contrario. La presidenta de la Comunidad de Madrid apostó abiertamente este martes por esa solución para Castilla y León, la misma que ya había apoyado en plena campaña en contra del criterio de Génova. Su apuesta es porque Castilla y León tenga “pronto” un Gobierno “basado en la suma de intereses” frente al “proyecto totalitario que está destrozando España". “Que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos”, añadió acusando implícitamente a Casado de estar más pendiente de lo que digan el PSOE y Unidas Podemos. El PP, precisó en referencia a Vox, debe “buscar con otros partidos” lo que les une para pedir que castellanos y leoneses sean víctimas de “políticas identitarias, pobreza y desesperanza”.

“Mi opinión es clara”, insistió después a su llegada a la junta directiva nacional en la calle Génova: “Lo que no hay que hacer es escuchar a la izquierda; yo con el sanchismo no pactaría”.

Para enfado de la dirección de Casado, Ayuso volvió también a repetir su petición para que Casado no demore más la celebración del congreso del PP de Madrid, con el fin de que “no se siga retrasando dar voz a los afiliados”, que “la ilusión del votante en Madrid no pare”.

La presidenta madrileña dejó claro que Casado no puede fallar en 2023: la prioridad es “cambiar el Gobierno de la Nación y que el Partido Popular tome urgentemente las riendas”. Para eso, dijo, quiere presidir el PP de Madrid: para hacer “lo imposible por consolidar este proyecto que de izquierda a derecha está uniendo la sociedad madrileña en torno a la libertad y que se está convirtiendo en un modelo en el que toda España mira. Los españoles no nos perdonarían estar no centrados en esto y solo en esto, nos va mucho en juego a todos. España no soportaría otro lustro sanchista”.

La respuesta de Génova llegó de la mano de la vicesecretaria de Organización del PP. Ana Beltrán pidió expresamente a Ayuso tratar los “temas internos” exclusivamente dentro del partido. “No hay que ponerse nerviosos. Desde la dirección nacional sabemos perfectamente cuándo se tiene que realizar“” el congreso de Madrid, que sigue sin fecha.. Hay que confiar", ha declarado la 'número tres' del PP, para subrayar que "los temas internos se deben tratar de forma interna" porque "es lo mejor para todos".

Según Beltrán, pese a las palabras de Ayuso, el PP de Madrid “ha funcionado y sigue funcionando perfectamente” y está “bien engrasado y motivado”, realizando "numerosas acciones a pie de calle”. “No es momento de personalismos sino de estar todos unidos”, le reprochó en declaraciones a Europa Press.

De las discrepancias internas dentro del PP a la hora de pactar o no un gobierno con Vox dejó constancia este martes la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. En el partido, admitió, hay “tantas almas” como miembros y cargos de la formación, pero será Mañueco el que decida. “Cada uno es muy libre de tener la posición que considere, pero en este asunto solo hay un alma y es aquel que tiene que liderar el Gobierno de Castilla y León”. El ganador de las elecciones, zanjó, debe tener libertad para negociar lo que más le convenga, zanjó.

En medio de la aparente euforia del PP por el 13F, Alfonso Fernández Mañueco admitió que en la reunión del PP de Castilla y León de este martes hubo críticas, que él llamó “autocríticas”, por los resultados electorales. Lo que le ha obligado a comprometerse a impulsar un análisis “en profundidad” para “reaccionar" de cara a las municipales de 2023.

El PP tiene hasta el 31 de mayo para cerrar un acuerdo de investidura si no quiere que se repitan las elecciones. Pero antes, el 10 de marzo, tendrá que pactar la Mesa de las Cortes castellanoleonesas para evitar que quede en manos de la oposición. En los quince días siguientes, hasta el 31 de marzo, el presidente del Parlamento autonómico deberá proponer un candidato a la Presidencia de la Junta. 

Al día siguiente de convocar elecciones y disolver las Cortes de Castilla y León en mitad de la legislatura, Alfonso Fernández Mañueco concedió una entrevista al diario ABC para explicar los motivos de su decisión y para hablar de sus propias expectativas. “Es posible una mayoría absoluta que aleje al sanchismo de Castilla y León”, afirmó el candidato del PP. Era 21 de diciembre y Mañueco hablaba con papeles en la mano. Muchas encuestas señalaban entonces que los populares obtendrían una amplísima victoria. Escenario que algunos de esos sondeos han mantenido hasta casi el final de la campaña electoral, chocando con la realidad de las urnas: el PP se ha quedado a diez procuradores de la mayoría absoluta, ha perdido 55.000 votos y se ha situado exactamente en el mismo porcentaje de apoyos que en 2019 (31%), cuando sacó el peor resultado de su historia en la comunidad. 

A pesar de los intentos por poner el foco en el riesgo de una hipotética moción de censura que ni llegó a estar encima de la mesa (Ciudadanos, socio de Gobierno, ya rechazó la presentada por el PSOE en marzo del año pasado), la principal motivación de los de Pablo Casado para un adelanto electoral difícilmente justificable tenían que ver, precisamente, con el horizonte de una gran victoria que reforzara al líder del PP frente a Isabel Díaz Ayuso y allanase un ciclo electoral que debe desembocar en las generales. Y por eso se tiraron a una piscina en la que estaba el agua de las encuestas más favorables.

Una de las primeras en hacerse públicas fue la de GAD3 para el digital NIUS. Se publicó el 23 de diciembre y reflejó que el PP se encontraba entonces acariciando con la punta de los dedos la ansiada mayoría absoluta que buscaba. En concreto, el sondeo estimaba entre 37 y 39 procuradores para Mañueco, a tan solo dos de esa mayoría absoluta en la horquilla alta. También le otorgaba un 39.2% de los votos, lo que habría supuesto quedar por encima del PSOE hasta en 8 puntos. Un escenario que, de haberse cumplido, sí hubiera abierto la puerta al deseo de los populares de gobernar en solitario y a la gran victoria ansiada por Pablo Casado, al estilo de la de Ayuso en Madrid. 

Ese sondeo, coincidente en el tiempo con la convocatoria electoral decidida en diciembre, se quedó muy lejos de los resultados que finalmente obtuvieron los populares este domingo. Pero no fue algo puntual. Con el paso de las semanas y conforme se acercaba la cita del 13 de febrero, las encuestas de GAD3 incluso mejoraron las expectativas de Mañueco. El 17 de enero, a menos de un mes para que se votara, una encuesta realizada para ABC elevaba el voto para los populares hasta el 40.8%, casi diez puntos más de lo obtenido finalmente, y con una asignación de hasta 39 procuradores, 8 más de los conseguidos. 

Los expertos coinciden en que el desarrollo de la campaña electoral puede alterar las primeras previsiones, aunque en el caso de GAD3 las expectativas sobre el resultado electoral del PP en Castilla y León se mantuvieron muy por encima de la realidad hasta casi el final de la campaña. Seis días antes de que abrieran las urnas, una última encuesta publicada en ABC el 7 de febrero seguía otorgando una clara victoria para los populares, aunque en este caso por primera vez matizada respecto a los anteriores sondeos. Ese lunes antes de que los ciudadanos de Castilla y León votaran, el sondeo estimó la intención de voto al PP en el 36.1%, cinco puntos por encima del resultado obtenido, y cifró el número de procuradores en una horquilla entre 34 y 37, seis más de los conseguidos en la franja alta. 

Tan solo tres días después de la publicación de esa encuesta, y a pesar de las estimaciones dibujadas por sus propios estudios previos, el sociólogo y presidente de GAD3, Narciso Michavila, habló públicamente en la cadena COPE de la posibilidad de una victoria de la izquierda en Castilla y León si se daban una serie de condicionantes en la participación: “Se va a jugar todo principalmente a la movilización. Si la participación baja mucho puede haber sorpresa en Castilla y León, en sentido contrario al que hubo en Andalucía, que haya un gobierno de izquierdas, incluso con un PSOE perdedor. Si la participación baja del 33% a las 14 horas, quiere decir que va a haber un vuelco importante a la izquierda”, afirmó para sorpresa de muchos. 

Ninguna de sus encuestas durante los últimos dos meses dibujaba un escenario ni siquiera parecido al de sus declaraciones públicas. Ya en la noche electoral, GAD3 sí lanzó un sondeo que prácticamente calcó los resultados finales y que se distanciaba sustancialmente incluso de sus propias estimaciones de cuatro días antes.  

También volvió a fallar el ya polémico CIS de José Luis Tezanos. En ninguna de sus dos encuestas sobre Castilla y León se estimaba que la suma de PP y VOX llegase a la mayoría absoluta de 41 diputados, como finalmente ha pasado y como señalaban casi de manera unánime el resto de sondeos privados. De hecho, tanto en la macroencuesta de finales de enero como en el sondeo flash de principios de febrero, el CIS estimaba que la primera fuerza sería el PSOE. De ese último sondeo, ninguna de las previsiones de la encuestadora pública sobre las primeras cinco fuerzas políticas de Castilla y León coinciden con el resultado de las urnas. 

Las críticas al CIS por las elecciones de Castilla y León se suman a las ya recibidas previamente por los trabajos de estimación en otros comicios. En las elecciones a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la última encuesta reflejó un empate técnico entre el PP de Isabel Díaz Ayuso y el PSOE de Ángel Gabilondo, un escenario muy alejado del resultado de las urnas, que otorgó una amplísima victoria a la candidata del PP. 

Este lunes, y tras las críticas recibidas, el propio Centro de Investigaciones Sociológicas emitió un comunicado público para defender su trabajo: “Los resultados de las elecciones celebradas el día 13 de febrero en Castilla y León han demostrado que los pronósticos de algunas empresas encuestadoras que auguraban una amplia mayoría de votos y escaños para el PP no se han cumplido. De hecho, el PSOE ha obtenido el 30,1% de los votos, exactamente los mismos que estimaba la encuesta preelectoral del CIS, terminada el 22 de enero (22 días antes de la votación), y siete décimas menos que la Encuesta Flash, terminada el 2 de febrero (11 días antes), con 28 escaños, cifra situada dentro de la horquilla estimada”, dice ese comunicado, que defiende que sus trabajos cuentan con “una validez que nunca puede pretenderse que vaya más allá del momento en el que se realizaron los trabajos de campo, como es propio de una actividad investigadora situada en el plano del proceder científico, y no en el de la magia y/o la adivinación”.

La empresa 40db solo publicó una gran encuesta preelectoral de Castilla y León. Lo hizo en El País el 7 de febrero, último día permitido por la ley electoral. Sus resultados del lunes previo a que se abrieran las urnas sí dibujaron un resultado asimilable a lo que acabó confirmándose el domingo, con una victoria de la derecha pero mucho más ajustada que la que predijeron la gran mayoría de sondeos privados. Para el PP ese sondeo estimó 31 escaños y casi un 31% de los votos, justo el resultado obtenido por los de Mañueco. Para los socialistas 40db estimó 29 escaños, tan solo uno por encima de los 28 obtenidos.

Otras encuestadoras privadas como Sigma Dos también llegaron a dibujar plácidos escenarios electorales para el PP, como en el caso de GAD3. Sigma Dos publicó el 26 de enero un sondeo en Antena 3 que situaba a Mañueco igualmente al borde de la mayoría absoluta, con hasta 39 escaños. “Nunca he hablado de mayoría absoluta”, dijo el candidato del PP este lunes tras quedarse a diez escaños de ella y ante la exigencia de VOX de entrar en su gobierno a cambio de la investidura. Lo cierto es que sí habló de ella y que, seguramente, incluso llegó a atisbarla cuando decidió convocar elecciones. No le faltaban encuestas que señalaban ese horizonte, pero fallaron. 

El equipo de Pablo Casado, capitaneado por Teodoro García Egea, se fue el domingo a la cama con un suspiro de alivio después de acabar el recuento como la fuerza más votada pero sabiendo ya que el reto que tiene por delante es quizá el más importante de cuantos les ha tocado afrontar desde que se hicieron con las riendas del PP. en el verano de 2018.

El dilema es sencillo. Tienen que elegir entre dar entrada a Vox a las tareas de gobierno o negarse a aceptar esa posibilidad. Aparentemente, Génova ha optado por la segunda opción. 

García Egea, siguiendo las instrucciones de Casado, ha propuesto al presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que negocie con los grupos minoritarios, (Soria Ya, UPL, Por Ávila y Cs) un pacto de investidura con el que redondear su exigua mayoría de 31 a una mucho más amplia de 39 escaños. Seguiría sin ser bastante como para que Mañueco fuese elegido presidente, pero sí lo suficientemente amplia, a ojos de Génova, como para obligar a Vox o al PSOE a abstenerse y evitar una repetición de elecciones de incierto desenlace.

Para dar credibilidad a su plan, la dirección nacional del PP ha hecho saber que en ningún caso formará un gobierno de coalición con Vox. Asegura que los que firmó con Cs en tres comunidades no han funcionado —uno de ellos aún está en vigor en Andalucía— y que la única manera de que la Junta tenga “estabilidad” es que sea monocolor.

La propuesta tiene, en principio, escasas posibilidades de salir adelante. Este mismo lunes se encontró con tres obstáculos. Uno inesperado y dos más previsibles. El inesperado la protagonizó Mañueco, que no sólo se niega a rechazar la posibilidad de dar entrada a Vox en su Gobierno sino que ha dejado bien claro que será él quien negocie, no Génova. Hace tres años fue García Egea el que dio forma a los acuerdos con Ciudadanos en Murcia, Madrid y Castilla y León, así que su declaración sonó más a advertencia: no dejará que Casado se inmiscuya en una negociación que quiere basar exclusivamente en la realidad de Castilla y León. 

Su junta directiva nombrará este martes una comisión para iniciar los contactos con las demás fuerzas políticas de las Cortes, empezando por el PSOE y Vox.

Los otros dos obstáculos, los previsibles, llegaron de la mano de estos dos partidos. Los ultras no dejan espacio para las dudas: en su primera rueda de prensa tras la jornada electoral, su candidato a la presidencia, Juan García Gallardo, dejó claro que las reglas del juego han cambiado. Bajo ninguna circunstancia apoyarán la investidura de Mañueco a menos que el PP firme un pacto programático que les dé entrada en la Junta en proporción a su peso dentro de la coalición, lo que significa que querrán al menos un tercio de las consejerías además de una vicepresidencia. 

Más controvertida fue la negativa del PSOE. La posición oficial de la Ejecutiva es que tampoco, de ninguna manera, facilitarán un gobierno del PP para evitar que dé entrada en la Junta a la extrema derecha. Pero no todos están de acuerdo: el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cree que quizá su partido deba asumir la responsabilidad de impedir que Vox pueda gestionar presupuestos públicos y desarrollar sus políticas de extrema derecha aunque el precio a pagar sea facilitar la investidura de Mañueco.

Puente, el político socialista con más proyección en Castilla y León al margen del candidato, Luis Tudanca, que el domingo amagó con una retirada después del resultado de las elecciones, fue el único que discrepó en público con la dirección del PSOE. Pero, según fuentes socialistas consultadas por infoLibre, no es el único que piensa así, lo que a pesar de la posición oficial del partido alimenta la posibilidad de que ese debate se abra camino en las próximas semanas en la medida en que fragüe la hipótesis de un acuerdo de coalición PP-Vox.

No obstante, fuentes de Moncloa insisten en que queda “descartado” facilitar el gobierno de Mañueco, y se ciñen a lo que ha dicho la Ejecutiva Federal. Aseguran que la posición expresada por Óscar Puente lo fue “a título personal”.

A favor de esta posibilidad se pronunció este lunes Ciudadanos. El partido de Inés Arrimadas, que ha pasado de tener 12 procuradores a un solitario escaño, defendió un pacto PP-PSOE como la mejor solución para impedir la entrada de Vox en su primer gobierno autonómico.

El calendario obliga a a tomar las primeras decisiones antes del 10 de marzo. Ese día se constituyen las Cortes y se elige la Mesa mediante un procedimiento que exige pactos previos para quien quiera hacerse con la presidencia, un puesto clave desde el punto de vista del control de la actividad del legislativo autonómico. La lógica de las coaliciones en España sugiere que Vox reclamará esa silla, lo mismo que hizo Ciudadanos hace tres años. Pero no podrá conseguirla si no llega antes a un acuerdo con el PP, sobre todo si el PSOE negocia con Unidas Podemos, Soria Ya y UPL.

Pablo Casado reunirá este martes a la dirección del partido, incluidos sus barones, para analizar el resultado y escuchar opiniones después de ver cómo su estrategia en Castilla y León se daba de bruces con la realidad. 

Para el líder del PP dar entrada a la extrema derecha en el Gobierno de la Junta es un problema. En primer lugar, porque le dejaría en evidencia ante sus socios del Partido Popular Europeo, la mayoría de los cuales son partidarios de aislar a los ultras en las instituciones (hay excepciones en Finlandia, Italia y Austria). Y en segundo lugar porque pondría negro sobre blanco que ese pacto sería también posible en Andalucía y, sobre todo, en España después de las elecciones generales de 2023.

De ahí que su prioridad, al menos en estos momentos, sea buscar la abstención de Vox o del PSOE. Si los dos votan en contra de la investidura de Mañueco habría que repetir las elecciones en Castilla y León y en Génova creen que eso obligará a los socialistas o quizá a los de Santiago Abascal a abstenerse y abrir así la puerta a un gobierno del PP en minoría pero en solitario. 

El fracaso estratégico en Castilla y León, que este lunes fue ampliamente reconocido por la derecha mediática, no es el único problema que Casado deberá afrontar en las próximas semanas. A la decisión de Mañueco de ignorar a la dirección general y pilotar personalmente la negociación de su investidura se suma la inmediata resurrección del pulso con Isabel Díaz Ayuso. 

La presidenta de Madrid felicitó a Mañueco en la noche electoral a través de Twitter con una foto en la que no aparecía Casado y sí Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno: 

Su consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, cree que los resultados del domingo confirman la necesidad de que el congreso del PP de Madrid se adelante para poder preparar las elecciones municipales de 2023, a las que Ayuso quiere llegar teniendo bajo control el partido en la región y poder así decidir las candidaturas sin tener que pasar por el filtro de Génova. 

En una entrevista en Telemadrid, Ossorio evitó hacer una propuesta concreta, pero defendió las bondades que a su juicio tiene llegar a acuerdos con Vox y rechazó sin paliativos la posibilidad de pactar la investidura con el PSOE. “Es imposible, el PSOE ya no es el PSOE, es el sanchismo”, zanjó. 

El equipo de Ayuso sabe que, en contra de lo que Génova pretendía, el resultado electoral en Castilla y León no sólo ha debilitado a Casado sino que que refuerza aún más lo específico de la victoria de Madrid de hace un año. Y se dispone a hacer valer ambas cosas para que, en contra de los deseos del líder nacional, la presidenta madrileña se convierta cuanto antes en la máxima responsable del PP madrileño.

El PP ha sido la formación más votada para las Cortes regionales de Castilla y León con 31 procuradores, dos más que en mayo de 2019, seguido del PSOE, que obtiene 28 diputados y pierde siete. 

Por su parte, Vox se ha convertido en la tercera fuerza con una subida de uno a 13 procuradores, mientras que tendría tres escaños Soria ¡Ya!, formación que concurre por primera vez a las elecciones y que surge de la plataforma ciudadana que se creó hace veinte años en Soria para luchar contra la despoblación. 

Además, UPL ha experimentado una subida de 1 a 3 representantes, mientras que Por Ávila mantiene su escaño. Por su parte, Ciudadanos se desploma respecto a 2019 al pasar de 12 a tan sólo un escaño.

El partido más votado en Valladolid es el PSOE, que obtiene cinco procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra el PP, con cinco procuradores también.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en Valladolid se encuentra Vox, que obtiene tres procuradores en las Cortes de Castilla y León, seguido de Unidas Podemos con un único escaño, al igual que Ciudadanos.

En las elecciones de mayo de 2019, el PSOE consiguió seis procuradores, cinco el PP, tres Ciudadanos y uno VOX.

El partido más votado en León es el PSOE, que logra cuatro procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra el PP con los mismos escaños.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en León se encuentra UPL, que obtiene tres procuradores en las Cortes de Castilla y León, mientras Vox logra dos.

En las elecciones de mayo de 2019, el PSOE fue el partido más votado y logró seis procuradores por la provincia de León, por los cuatro de PP, uno de Ciudadanos, uno de Podemos y uno de UPL.

El partido más votado en Palencia es el PSOE, que obtiene tres procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra el PP, con otros tres escaños.

Por su parte, como tercera fuerza más votada se encuentra Vox, que obtiene un procurador en las Cortes de Castilla y León.

En las elecciones de mayo de 2019, tanto PP como PSOE consiguieron tres procuradores, mientras que Cs obtuvo un escaño.

El partido más votado en Zamora es el PP, que obtiene tres procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra el PSOE, con otros tres procuradores.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en Zamora se encuentra Vox, que obtiene un procurador en las Cortes de Castilla y León que arrebataría a Ciudadanos, quien sí logró representación en 2019.

En las elecciones de mayo de 2019, tanto PP como PSOE obtuvieron tres escaños, respectivamente, mientras que Ciudadanos consiguió un escaño por la provincia de Zamora.

El partido más votado en Burgos es el PSOE con cinco procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra el PP, con cuatro.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en Burgos se encuentra Vox, que obtiene dos procuradores en las Cortes de Castilla y León.

En las elecciones de mayo de 2019, el PSOE fue el partido más votado y logró cinco procuradores, mientras que el PP obtuvo tres, Ciudadanos dos y Podemos uno.

El partido más votado en Ávila es el PP, que obtiene tres procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra el PSOE, con dos procuradores.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en Ávila se encuentra Vox, que obtiene un procurador en las Cortes de Castilla y León, al igual que Por Ávila, que lograría otro.

En las elecciones de mayo de 2019, el PP fue el partido más votado y logró tres procuradores, mientras que el PSOE consiguió dos, Ciudadanos uno y otro más el recién formado, entonces, partido de Por Ávila.

El partido más votado en Salamanca es el PP con cinco procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra el PSOE, con tres.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en Salamanca se encuentra Vox, que obtiene dos procuradores en las Cortes de Castilla y León.

En las elecciones de mayo de 2019, tanto PP como PSOE consiguieron cuatro procuradores, respectivamente, mientras que Ciudadanos obtuvo dos escaños por la provincia de Salamanca.

Cuatro de cada diez sorianos ha respaldado el proyecto de Soria ¡Ya!, formación que se presenta por primera vez a unos comicios autonómicos y que ha logrado más votos que la suma de los conseguidos por PP y PSOE en la provincia.

Así, Soria ¡Ya! irrumpe en el Parlamento regional con tres escaños, que arrebata en su mayoría al PSOE que logró tres en las elecciones de 2019 y pasa ahora a tener uno, mientras que el PP que tuvo dos por esta provincia y ahora, al igual que los socialistas, se queda con uno.

El partido más votado en Segovia es el PP con tres procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra el PSOE, con dos procuradores.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en Segovia se encuentra Vox, que logra un procurador en las Cortes de Castilla y León.

En las elecciones de mayo de 2019, el PSOE consiguió tres procuradores, por los dos del PP y uno de Ciudadanos.

Soria ¡Ya! tendrá tres procuradores en las Cortes de Castilla y León. Con más de 18.000 votos y el 42,57% de los votos de la provincia, la candidatura liderada por Ángel Ceña entra en la política institucional después de 20 años como asociación vecinal que luchaba contra la despoblación. La plataforma ha logrado más votos que la suma de los conseguidos por PP y PSOE en la provincia.

Su éxito emula al de Teruel Existe, la formación más votada en el territorio turolense en las elecciones generales del año 2019. Su líder, Tomás Guitarte, es diputado en la Cámara Baja y ha participado de manera activa en la campaña de Castilla y León. Sin embargo, el resto de candidaturas que también se presentaban bajo el paraguas de la España Vaciada (Valladolid, Burgos, Salamanca y Palencia) no han obtenido representación.

En León optaron por la prudencia, para no castigar las posibilidades electorales de Unión del pueblo Leonés (UPL) y dejar abierta la puerta a una candidatura común en las generales de 2023. UPL ha obtenido tres escaños y ha igualado su mejor resultado histórico, logrado hace más de veinte años. Pero UPL tiene mucha trayectoria y responde a otras claves distintas a las de las nuevas formaciones del movimiento España Vaciada.

A la plataforma el adelanto electoral en Castilla y León le pilló con el pie cambiado. Su tesis es que uno de los motivos que llevó a Alfonso Fernández Mañueco a convocar las elecciones el pasado 20 de diciembre fue, precisamente, dificultar la organización de las candidaturas que luchan contra la despoblación y reivindican el reequilibrio territorial. Aunque a tenor de los datos estas plataformas han restado más espacio electoral al PSOE que al PP. 

La candidatura de la España Vaciada en Soria ha arrebatado dos de los tres diputados que el PSOE logró en las elecciones de 2019, que pasa ahora a tener uno, mientras que el PP, que tuvo dos por esta provincia, también se queda con uno. En estos comicios los conservadores han quedado en la segunda plaza, con poco más de 10.000 votos, el 24% del total. Los socialistas, que fueron el partido más votado en 2019, han recibido 7.800 votos, el 18% del total.

"Este es un toque de atención muy importante a los dos partidos políticos tradicionales en la provincia de Soria", ha asegurado Ceña cuando ha salido a celebrar el resultado electoral. "Lo que han dicho los ciudadanos al otorgarnos el 42% de los votos es que estaban haciendo las cosas mal, que estamos hartos de mentiras, de promesas incumplidas. Es el momento de cambiar la política", ha defendido.

Esta plataforma es la expresión de un sentimiento de abandono hacia entornos rurales o incluso capitales de provincias que reclaman infraestructuras de comunicaciones y servicios públicos básicos como la atención sanitaria. Su objetivo era colarse en las Cortes y decidir el nuevo gobierno autonómico imponiendo, por primera vez en Castilla y León, una política de combate activo contra la despoblación. 

Al no haber alcanzado los cinco diputados la formación no tendrá grupo propio y, en principio, tampoco será decisiva para formar gobierno. Mañueco ya ha asegurado que hablará con todos los partidos en aras de garantizar la gobernabilidad. "Nos van a tener que oír", ha reivindicado Ceña.

Contundente retroceso de la izquierda en Castilla y León. La suma de PSOE y Unidas Podemos pierde 155.000 votos y 8 procuradores respecto a sus propios resultados de 2019. Un balance malo sin paliativos que les deja muy lejos de convertirse en alternativa de gobierno frente al monopolio conservador durante los últimos 35 años en la región. 

La sangría en votos de ambas formaciones es especialmente relevante en provincias como León y Soria, donde candidaturas localistas como Unión del Pueblo Leonés o Soria ¡Ya! se convirtieron en triunfadores de la noche, con 3 procuradores cada una de ellas. Especialmente significativo es el resultado para la plataforma soriana, ligada al movimiento de la España Vaciada y que se presentaba por primera vez a las elecciones. 

Para las formaciones estatales de izquierda no se han cumplido, por el contrario, ninguna de las expectativas generadas durante la campaña ni tampoco sus propios objetivos. En el caso del PSOE, revalidar una victoria electoral al estilo de la de 2019 o, en su defecto, tener opciones de gobierno porque las derechas no consiguieran sumar mayoría. Para los morados, la aspiración era mejorar los resultados y conseguir grupo parlamentario propio en las Cortes. Ni unos ni otros lo han conseguido. 

En el caso de los socialistas, los resultados arrojaron una pérdida de 117.000 votos y 7 procuradores respecto a 2019, a pesar de quedarse a apenas 16.000 votos del PP. El PSOE consiguió revalidar su victoria en cuatro provincias: León, Valladolid, Burgos y Palencia, tres menos que en 2019, cuando ganó en todas excepto Salamanca y Ávila. Especialmente significativos son los retrocesos socialistas en número de votos en León y Soria, donde el ascenso de UPL y la irrupción de Soria ¡Ya!, respectivamente, fueron los acontecimientos políticos de la noche. En León, el PSOE pierde más de 27.000 votos. En Soria, la sangría es aún mayor: los socialistas pierden más de la mitad de sus votos y pasan de las más de 19.000 papeletas de 2019 a las 7.800 de este domingo.

El candidato del PSOE, Luis Tudanca, que consiguió hace tres años la primera victoria electoral para su partido en 32 años, compareció en la noche de este domingo para felicitar al PP y para reconocer la derrota: “Lo he dado absolutamente todo, me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero”, afirmó al borde de las lágrimas antes de dejar entrever su marcha: “No ha sido suficiente, estad seguros de que otros vendrán que harán más y que lograrán que el cambio llegue a esta tierra”. 

Desde la sede nacional de la calle Ferraz, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, desterró cualquier posibilidad de facilitar al PP la investidura, tal y como deslizó Alfonso Fernández Mañueco. “Solo suman con VOX, no hay alternativa”, dijo Lastra antes de responsabilizar directamente al líder de los populares del ascenso de la extrema derecha: “Casado ordenó estas elecciones y tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones”, afirmó antes de concluir que “quisieron todo el poder pero solo consiguieron hacer más poderosa a la extrema derecha, y eso nos afecta a todos los españoles”.

La número dos de los socialistas analizó que a su formación le ha perjudicado “la fragmentación”, poniendo el foco en que, en cualquier caso, “el PP se ha quedado muy lejos de la mayoría absoluta” y que el PSOE empató en seis provincias con los de Mañueco. “Responsabilidad sí, pero que nadie se equivoque de lectura. Solo el PP es responsable de esta situación”, insistió. 

Mientras, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, admitió que el resultado electoral “es el peor de los posibles”. A su juicio, "se trata de un resultado que es negativo para la formación, pero quien realmente pierde hoy es la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. Es verdaderamente lamentable un resultado que lo que hace es permitir que sea la ultraderecha la que decida sobre la Comunidad. Es momento de hacer una reflexión, quien pierde hoy, realmente, es Castilla y León". 

Fernández quiso subrayar, aún así, que en su opinión Unidas Podemos “es más importante que nunca para frenar y denunciar las políticas que la derecha y la ultraderecha van a perpetrar” desde el Gobierno de Castilla y León. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, también hizo balance en sus redes sociales: “El PP convocó unas elecciones a medida y su deriva ultra sólo ha engrosado a VOX. Pierde la democracia en estas elecciones. UP seguirá diciendo las verdades que nadie más se atreve a decir frente a la corrupción y el ataque a lo público. Gracias  a Pablo Fernández y a toda la militancia”, expresó.

La extrema derecha quiere entrar a formar parte de un Gobierno por primera vez desde su irrupción en el mapa político. Los datos de Castilla y León les avalan. La formación liderada por Santiago Abascal es la única entre las nacionales que crece respecto a las elecciones del año 2019. Entonces únicamente obtuvo un procurador, con el 5,49% de los votos. Dos años después se sitúa en el 17,6% con 13 escaños. Todo ello pese a contar con un candidato prácticamente desconocido, Juan Ignacio García-Gallardo, cuya carta de presentación fue una serie de tuits machistas, racistas y homófobos escritos años atrás y que los principales dirigentes de Vox a nivel nacional justificaron amparándose en la juventud del candidato.

Hasta ahora la estrategia del partido ultra se había limitado a apoyar los gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos desde fuera. Sucedió en la Junta de Andalucía en el año 2018. También en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia meses después. Y volvió a ocurrir el pasado año tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, a tenor de sus resultados, Vox reclama ahora entrar en un gobierno junto a Alfonso Fernández Mañueco, lo que incomoda a los conservadores.

"Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo". Con esta frase el líder de Vox ha marcado las cartas de cara a la negociación con el Partido Popular. "Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno", ha ahondado. "El mandato es claro, vamos a hacerlo como hemos hecho siempre. No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponda". "García-Gallardo va a ser vicepresidente", ha confirmado el portavoz de la formación ultra, Iván Espinosa de los Monteros, en declaraciones a La Sexta.

"Nos habéis dado un resultado histórico. Este resultado es una gran gesta para Vox y acabará siendo una gesta para España", ha señalado, por su parte, García-Gallardo pasadas las 22 horas de la tarde. La formación ultra ha obtenido más de 200.000 votos frente a los 75.000 que obtuvo en 2019 y asegura que también va a incluir las reivindicaciones de las "provincias olvidadas que han sido víctimas del centralismo autonómico".

Vox obtiene representación en todas las provincias menos en Soria, en la que la extrema derecha apenas supera la barrera del 10% de los votos. Los de Abascal logran un segundo procurador en las provincias de Burgos, León y Salamanca y un tercero por Valladolid. Esta última es la provincia en la que obtiene un mejor resultado, con un 20% del total de los votos.

La campaña de los ultraderechistas se ha basado en temas como la natalidad, la despoblación y la inmigración. Tampoco han faltado los exabruptos. "Con Vox se acabará el destierro y el Cid Campeador volverá a cabalgar por Castilla y León", aseguró el secretario general del partido, Javier Ortega Smith. "Mañueco, eres un progre", decía el propio Abascal. Ahora reclamarán sentarse en un gobierno junto a él, pese a que el presidente en funciones de la Junta ya ha dicho que quiere un gobierno "en solitario".

El PP ganó este domingo las elecciones que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, decidió anticipar en diciembre siguiendo los deseos del líder del partido, Pablo Casado. Pero en vez de alcanzar una soñada mayoría absoluta o al menos una muy holgada mayoría parlamentaria, que era lo que le anunciaban entonces los estudios de opinión, el resultado se queda muy por debajo de sus deseos y obligará a Mañueco a gobernar con Vox, que entra con mucha fuerza en las Cortes regionales y mantiene vivo su desafío al PP por la hegemonía del espacio político de la derecha.

La apuesta por el PP era tener más escaños que la suma de la izquierda, de manera que en la investidura no dependiera de Vox. Pero el PP tendrá que buscar y negociar no sólo las abstención de los ultras sino la de los grupos minoritarios: Soria Ya, UPL, Ciudadanos y Por Ávila. Con el 99,32% escrutado ha obtenido 31 diputados, solo dos más de los que consiguió en 2019. Y con menos votos que en las elecciones anteriores (una caída del 0,06%), lo que significa que su triunfo es más el resultado del retroceso del PSOE que mérito propio.

El resultado de las elecciones pone en entredicho la estrategia diseñada en Génova para neutralizar a Ayuso e impulsar la carrera de Pablo Casado a la Moncloa. El intento de repetir la victoria de la presidenta de Madrid, que hace casi un año rozó el 45% de los votos y neutralizó el crecimiento de Vox dejando a los ultras en poco más de un 9%, ha acabado en fracaso. Mañueco no ha sido capaz de pasar del 31,4%.

Con este porcentaje de escrutinio el PP sólo ha ganado en cuatro de las provincias: Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora. En Soria se impuso la España Vaciada de Soria Ya, y en Burgos, León, Palencia y Valladolid ha ganado el PSOE.

Mañueco tendrá que cambiar un partido de centroderecha como Ciudadanos por la derecha extrema de Vox, que tienen ante sí la oportunidad de forzar por primer vez su entrada en un Gobierno. Y saldrá de las elecciones mucho más debilitado que cuando entró.

Las primeras reacciones de los dirigentes del PP trataron de obviar que el resultado está muy lejos de lo esperado y pasaron por alto que han quedado en manos de Vox y que la estrategia de Génova ha sido un fracaso.

El propio Pablo Casado, que no hizo acto de presencia, se limitó a tuitear: “¡El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León! Enhorabuena a Alfonso Fernández Mañueco y muchas gracias por la confianza a los castellanos y leoneses. El cambio de ciclo en España es imparable”.

El candidato y desde hoy presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, celebró la victoria y la consideró un mandato de los ciudadanos para que gobierne el PP. 

“Nos han dado el mandato mayoritario y es claro: gobierno del PP con diálogo y acuerdo”. Para poder hacerlo, Mañueco anunció que en los próximos días iniciará “un dialogo con todas las fuerzas políticas” empezando por el PSOE y Vox. 

“Voy a dialogar con todos para formar un gobierno de todos y para todos. Quiero acuerdos para formar un gobierno eficaz, estable, sin la amenaza constante y permanente de mociones de censura”.

Mañueco no lo concretó, pero en el pasado su jefe de filas ya anunció que si el PP ganaba las elecciones reclamaría el derecho a gobernar aunque fuera en minoría y que pediría al resto de los partidos que facilitasen la investidura de su candidato.

En rueda de prenda desde la calle Génova, Teodoro García Egea, el número dos de Casado, se esforzó en justificar el adelanto electoral que tan magros resultados ha dado a su partido diciendo que no tuvieron “más remedio” que anticipar la convocatoria porque en marzo el PSOE “podría” presentar una moción de censura.

Y aunque el PP ha ganado por la mínima, con sólo dos diputados más y con un porcentaje de votos menor, Egea trató de mostrarse satisfecho: “Misión cumplida”, proclamó. “El PP suma más votos que PSOE y Podemos y triplica a Vox”, lo que significa, según él, que Castilla y León “ha decidido que debe gobernar el PP.”

El número dos de Casado dejó sin respuesta las dos preguntas que le hicieron los periodistas para saber si el PP está dispuesto a dar entrada en el Gobierno a Vox o si descarta esa posibilidad. Según él, hablar de eso sólo interesa a Pedro Sánchez, porque el PP lo que quiere es formar “un gobierno sin ataduras para llevar adelante nuestro programa, proyecto e ideas”.

La participación de las elecciones en Castilla y León se queda en el 63,4%, dos puntos menos que en 2019, según ha informado el consejero de la Presidencia, Ángel Ibañez. Esta cifra supone algo más de dos puntos menos que en 2019 cuando fue del 65,79%.

Cabe recordar que, en los comicios celebrados el 26 de mayo de 2019 se trataba de unas elecciones autonómicas y municipales. En cambio, las de este domingo son las primeras en las que los castellanoleoneses acuden a las urnas para votar solo por los procuradores regionales.

La participación se ha mantenido durante toda la jornada por debajo de los dos puntos con respecto a 2019. A las 18 horas ha sido del 51,62% (2,08 menos que en 2019) y a las 14 horas había votado el 34,74% (2,15 puntos menos que en 2019). A las 11.30 de la mañana había votado el 11,31% del censo. Con este último dato no hay cifra para comparar ya que es la primera vez que se ofrece.

Los datos por circunscripciones muestran que sólo en la provincia de Soria sube la participación con respecto a los últimos comicios: 65,80%, frente al 63,93% en 2019. Tal y como vaticinaban los expertos, la fuerza de Soria ¡Ya! podía impulsar la participación en la provincia. Según las encuestas, entre los más decididos a acudir a votar el próximo domingo se encuentran los votantes de la España Vaciada.

Ávila y Segovia registran las bajadas más pronunciadas con respecto a elecciones de 2019. En el caso de Ávila, la participación se queda en el 62,95%, frente al 72,71% de hace dos años; mientras que Segovia registra un 64,98%, y en 2019 fue del 72,70%. Palencia, por su parte, se queda con una participación entorno a los cinco puntos menos con un 64,95%, frente al 69,36% del 2019.

El resto de provincias, registran bajadas de entorno a dos puntos: Burgos con un 62,81% (en 2019 fue del 65,16%), Salamanca con 62,74% (en 2019 fue del 62,94%) y Valladolid con el 66,80% (en 2019 fue del 68,93%), que además es la provincia con la participación más alta de toda la comunidad. En León, la bajada es ínfima del 60,16% de este domingo al 60,97% del 2019.

Los datos por circunscripciones,

La participación a las 18.00 horas es del 51,62% -998.616-. Esta cifra supone algo más de dos puntos menos que en 2019 cuando fue del 53,70% -1.052.796-.

Los datos por circunscripciones muestran que sólo en Valladolid sube la participación con respecto a 2019. En concreto, registra un 55,06% (en 2019 fue del 54,04%), así la diferencia es de 1,02 puntos más. Asimismo, es la provincia que registra una participación más alta. Al contrario que a las 14 horas, en Soria también baja la participación, aunque de forma ínfima: un 0,03%.

Como a las 14 horas, Ávila y Zamora son las dos circunscripciones que más baja la participación. En concreto, en Ávila (52,63%) es un 6,87% menos y en Zamora (48,87%) un 6,66%. En Segovia, la bajada es de casi de cinco puntos, mientras que en León, Palencia y Salamanca el descenso es de dos puntos.

Por su parte, Burgos, como a las 14 horas, presenta un datos prácticamente similar al de 2019 ya que registra una bajada del 0,95%: este domingo ha sido del 51,06%, mientras que en 2019 fue del 52,01%.

La participación a las 14.00 horas es del 34,74% -671.917 personas- en las elecciones que se celebran este domingo en Castilla y León. Esta cifra supone 2,15 puntos menos que en 2019 cuando fue del 36,89% -723.249 personas-.

Los datos por circunscripciones muestran que sólo sube la participación en Soria y lo hace de forma ligera: un 0,77% más (36,16% en 2022, frente al 35,39%). En Valladolid también sube, aunque de forma ínfima: un 0,05% (37,21% este año, frente al 37,16%)

En el resto de circunscripciones baja considerablemente la participación. Donde más baja, un 5,83% menos, es en Ávila, donde la participación es del 34,85%, frente a la del 2019 cuando fue del 40,68%. En Zamora, el descenso también es superior a los cinco puntos con el 32,25%, mientras que en los comicios de hace dos años fue del 37,67%. En cambio, dónde menos baja es en Burgos, donde el descenso es sólo del 0,56%: 35,09% este 13F, frente al 35,65% del 2019.

Aunque no tocaba hasta la primavera del año que viene, la ciudadanía de Castilla y León tiene este domingo una cita con las urnas que acapara toda la atención política del panorama nacional. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, decidió disolver las Cortes y convocar elecciones en mitad de la legislatura. Con las encuestas marcando una tendencia a la baja, los populares se juegan sobre el territorio validar un poder que ostentan desde hace 35 años. Pero las elecciones en Castilla y León son también una prueba de fuego para Pablo Casado y para el equilibrio de fuerzas en la derecha con la duda que planea toda la campaña sobre si será o no la primera vez que Vox logre formar parte de un Gobierno. 

Algunos sondeos de los últimos días señalan precisamente a esta pregunta como uno de los mayores lastres que arrastra el presidente en funciones y candidato del PP: no haber sabido explicar razones sólidas que sustenten la ruptura de un Gobierno que parecía estable. En su día, Alfonso Fernández Mañueco llegó a hablar de "la traición” de Ciudadanos y de la sombra de una posible moción de censura que aliara a los naranjas con el PSOE y con Unidas Podemos para desalojar a los populares del sillón de mando. Un argumento que casi nadie llegó a creer porque, de hecho, Ciudadanos ya rechazó esa moción de censura, presentada por los socialistas al mismo tiempo que la de Murcia. 

En la opinión pública sí ha calado, sin embargo, la idea de que la convocatoria adelantada tiene más que ver con la propia agenda de intereses del Partido Popular. En clave autonómica, a los populares se les presenta una primavera complicada en los juzgados a cuenta de varias investigaciones sobre tramas de corrupción. En clave estatal, Pablo Casado llevaba tiempo reclamando de puertas hacia adentro que alguno de sus barones territoriales apretase el botón para propiciar el inicio de un ciclo electoral de victorias del PP que acabasen impulsando su propia trayectoria hacia las generales. 

Una de las principales preocupaciones del PP a tenor de lo que reflejan los sondeos es una baja participación propiciada precisamente por la incomprensión ciudadana respecto a los motivos del adelanto electoral. Hay quien concluye que un desplome de la movilización podría afectar principalmente al partido en el Gobierno, responsable del adelanto, con el desgaste de 35 años de poder y con un candidato que no despierta pasiones entre el electorado conservador. 

Todos los análisis políticos de esta convocatoria electoral concluyen en una misma hipótesis: el gran interés de Pablo Casado es demostrar que el PP también puede conseguir amplias mayorías más allá de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo de Génova es iniciar en Castilla y León todo un reguero de aplastantes victorias electorales que se vayan encadenando en lo que resta de legislatura a modo de paseíllo hacia las generales, con Andalucía como próxima parada en el horizonte. 

El problema es que la tendencia que marcan las encuestas no va ni mucho menos en esa dirección. La curva que dibujan todos los sondeos es claramente descendente para el PP, que en el mejor de los casos necesitaría a la extrema derecha para gobernar. La incógnita es cómo de lejos se quedarán los populares de la mayoría absoluta y cuál es finalmente el peso de VOX. De ese reparto de fuerzas dependerá que Mañueco tenga que enfrentar a su partido al segundo peor escenario de todos los posibles, tan solo por detrás de perder: necesitar meter a la ultraderecha en el Gobierno para asegurarse el poder. 

De consumarse tal posibilidad, el plan triunfal diseñado por Casado habría concluido en fiasco. Confirmar por la vía de los hechos que la única alternativa del PP para poder gobernar pasa por hacerle hueco a VOX en el Ejecutivo podría suponer un impacto en la línea de flotación de los populares y del liderazgo del propio Pablo Casado. 

Para los socialistas se trata de uno de esos terrenos hostiles en las urnas. Instalados eternamente en la oposición, el candidato Luis Tudanca consiguió en 2019 por primera vez en 32 años que el PSOE ganara unas elecciones en Castilla y León. Y las ganó ampliamente, alcanzando los 35 escaños por los 29 del PP. Un resultado histórico que, sin embargo, no valió para alcanzar la presidencia de la Junta porque los apoyos de Ciudadanos se dirigieron a apuntalar al PP en el poder, frustrando así la alternancia.

La gran incógnita para los socialistas ahora es si, casi tres años después de su victoria, los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León los siguen considerando una alternativa real de Gobierno o, por el contrario, se produce un efecto desplome parecido al de Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Solo el CIS de Tezanos ha apuntado la posibilidad de que Luis Tudanca vuelva a ganar las elecciones, aunque los socialistas recuerdan que ya en 2019 fueron la fuerza más votada con todas las encuestas en contra. La carambola política a la que se aferran en el PSOE es que la suma de PP y VOX no alcance la mayoría absoluta y se pueda conformar un gobierno alternativo a la derecha con una alianza entre el resto de fuerzas que obtengan representación en las Cortes.

La formación de extrema derecha parece decidida a emprender un nuevo rumbo a partir de las elecciones de Castilla y León si los resultados así lo permiten. Hace solo unos días en una entrevista en Antena 3, la dirigiente de Vox Rocío Monasterio se mostró convencida de que "es el momento de entrar en los Gobiernos y de ejecutar nuestro programa". Todo dependerá de la relación de fuerzas que arrojen las urnas. Una gran irrupción de la extrema derecha en las Cortes de Castilla y León, donde ahora mismo tan solo cuentan con un procurador, reforzaría su capacidad de exigir formar parte del Ejecutivo e incluso de ocupar alguna vicepresidencia. Los sondeos apuntan a que el desgaste del PP podría ser rentabilizado por la formación de Santiago Abascal, que eligió a un candidato desconocido, Juan García-Gallardo, con un amplio historial de afirmaciones homófobas, machistas y racistas en redes sociales.

A los de Pablo Fernández la campaña electoral les ha sentado bien. O, para ser más precisos, la polémica sobre las macrogranjas. Cuando Mañueco convocó las elecciones varios sondeos apuntaban a la posibilidad real de que los morados quedasen fuera de las Cortes de Castilla y León. Pero todo el mundo en Unidas Podemos coincide en que la polémica surgida tras las palabras de Alberto Garzón en torno a la sostenibilidad de la ganadería extensiva frente a la intensiva ha conseguido colocarles en el mapa en un asunto que despierta mucha sensibilidad en una tierra donde la agricultura y la ganadería familiar son protagonistas. Ninguna encuesta de las últimas semanas contempla ya que los morados no obtengan representación y casi todas señalan un escenario mejor que el de 2019. Y eso que los condicionantes no les son favorables.

Inmerso en el enésimo proceso de reinvención, el espacio político a la izquierda del PSOE se encuentra en plena transición hacia un liderazgo de Yolanda Díaz que nadie sabe a ciencia cierta cómo se articulará a medio plazo y que, en cualquier caso, aún no ha operado en esta convocatoria electoral. De hecho, la vicepresidenta apenas ha tenido presencia en la campaña y ha preferido mantener un perfil discreto. Tan solo acudió a un acto el pasado jueves para acompañar a Pablo Fernández donde no coincidió con nadie de la dirección morada. Desde el entorno de la vicepresidenta se insiste en aclarar que Yolanda Díaz respalda a Unidas Podemos en las elecciones pero que, en cualquier caso, esa candidatura no tiene ninguna relación con un futuro proyecto político que aún ni siquiera ha echado a andar.

En caída libre desde las generales de 2019 y pasando de Gobierno a fuerza extraparlamentaria en las elecciones de Madrid, Ciudadanos se aferra a Castilla y León como un clavo ardiendo al que agarrarse para intentar un punto de inflexión. En el seno del partido naranja se ha llegado definitivamente a la conclusión de que el único camino transitable hacia la supervivencia política es marcar distancias con el PP, formación que ha roto todos los pactos de gobierno autonómicos que mantenía con los de Arrimadas a excepción de Andalucía. La figura de Francisco Igea como vicepresidente es bien valorada en los sondeos por la ciudadanía y todas las esperanzan están puestas en mantener una presencia en las Cortes que les haga incluso ser imprescindibles para una hipotética formación de Gobierno alternativa a la del PP. La promesa de Igea es que esta vez no dará su apoyo a Mañueco, aunque ya dijo lo mismo en 2019. Los naranjas darían por bueno un resultado que les permitiese salvar los muebles y mantener representación parlamentaria.

La mayoría de analistas políticos y de sociólogos al frente de estudios demoscópicos coinciden en reconocer que es complicado predecir el impacto real que puedan llegar a tener las plataformas de la España Vaciada. Todas las miradas están puestas en este tipo de organizaciones que han dado el paso al frente por primera vez y que podrían llegar a resultar decisivas en la conformación de un Gobierno. Expresión de un sentimiento de abandono hacia entornos rurales o incluso capitales de provincias abandonadas durante años en cuanto a infraestructuras de comunicaciones y servicios públicos básicos como la atención sanitaria, habrá papeletas de la España Vaciada en Valladolid, Soria, Burgos, Salamanca y Palencia. Además, la marca 'Por Ávila' también concurrirá a las elecciones por esta provincia al margen de las plataformas de la España Vaciada. La encuesta del CIS otorga a esta candidatura entre 1 y 2 escaños, y todos los sondeos coinciden en que la irrupción de 'Soria Ya' también contará con varios procuradores.

Nunca antes unas elecciones en Castilla y León habían acaparado tanto foco mediático nacional. De lo que pase este domingo en las elecciones puede depender un sinfín de consecuencias políticas que van desde la convocatoria electoral en Andalucía, pasando por el liderazgo de Pablo Casado hasta una influencia directa en el transcurso de la legislatura estatal.

Hay quien da por hecho que tras la votación de este domingo será el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien pulse el botón electoral. Aunque hay escenarios que podrían enfriar esa hipótesis. Si la supuesta victoria del PP tiene un sabor amargo porque se quede muy lejos de la mayoría absoluta y la irrupción de VOX sea de gran alcance, podría desanimar a los populares a volver jugársela de manera inmediata en otra cita que no toca hasta finales de año.

Pero está en juego incluso el liderazgo de Pablo Casado a medio plazo. Su gran objetivo es demostrar que el PP que preside también puede conseguir victorias apabullantes que no tengan que ver con Isabel Díaz Ayuso. De no lograrlo, algo en lo que, más allá de las diferencias, coinciden sondeos tan dispares como el del CIS, 40DB o GAD3, las turbulencias podrían hacer tambalear la silla de Casado por la propia contestación interna.

Sobre la posibilidad de que un mal resultado del PP pueda animar a Sánchez a adelantar las generales, en el Gobierno son tajantes. "La legislatura se agotará", repiten en Moncloa. Desde Unidas Podemos señalan a Portugal como lección política para la izquierda de que el mensaje que traslada la ciudadadanía es un deseo de estabilidad y de concordia entre las fuerzas políticas progresistas. Y que lo contrario sería castigado. Ese hipotético mal resultado del PP en Castilla y León o incluso una posible victoria del PSOE podrían no ser decisivas para una convocatoria electoral inmediata aunque consolidarían la posición de fuerza de Pedro Sánchez respecto a Casado.

El único sondeo publicado que señala una victoria electoral del PSOE en Castilla y León es el del CIS. Según la encuestadora pública, Luis Tudanca obtendría entre 29 y 34 procuradores, seguido del PP con entre 24 y 30, Vox con entre 8 y 9, Unidas Podemos con entre 2 y 4 y Ciudadanos entre 2 y 5. También le da representación a candidaturas como Unión del Pueblo Leonés (2-3), 'Soria, ¡Ya!' (2-3) y Por Ávila (1). Por el contrario, la encuesta más favorable para el PP es la de GAD3, que le da a Mañueco la victoria con entre 34 y 37 escaños y al PSOE entre 25 y 28. Más allá de las diferencias, todas las encuestas publicadas en la última semana señalan una misma dirección: la tendencia del PP es a la baja y su victoria, de producirse, quedaría lejos de la mayoría absoluta.

En Castilla y León se dan algunas circunstancias únicas que obligan a los partidos a afinar sus estrategias si no quieren pillarse los dedos. También a las empresas de estudios de opinión. Para empezar, es la comunidad más extensa de España y con toda probabilidad una de las más variadas. Su densidad media (25,3 habitantes por km² y bajando) es la más pequeña de España, pero ni siquiera es uniforme. Soria está a la cola del país con apenas 8,6 habitantes por km²: 7,4 veces menos que Valladolid.

Según datos de Caixabank Research, entre 2009 y 2019, antes de la pandemia, todas las provincias sufrieron una contracción de la población, pero de forma diferente. El decrecimiento más extremo se lo llevó Zamora (–12,8%) mientras Valladolid apenas retrocedía un –2,3%.

Si ampliamos el periodo de observación a los años que van de 1998 a 2019, también saltan a la vista las diferencias. A excepción de Valladolid, Burgos y Segovia, las provincias castellanoleonesas perdieron población en esos 20 años. La caída más pronunciada se dio en la provincia leonesa, que en este periodo restó más de 50.000 habitantes como resultado de los procesos de reconversión industrial y paulatino abandono de la actividad minera. Le siguen Zamora, Salamanca y Palencia, cuyas pérdidas fueron aún más significativas en términos relativos. 

En cambio, la posición central y su función como principal polo económico, industrial y urbano de la región han contribuido al dinamismo demográfico de Valladolid, que sumó 28.560 habitantes.

Si nos fijamos en la renta per cápita las diferencias son también notables. Ávila y Zamora están entre las más bajas (poco más de 19.000 euros), un 30% menos que Burgos, que está entre las más ricas (27.128 euros de renta per cápita).

La variable del paro también refleja diferencias en el multiverso castellanoleonés que van del 6,9% de Soria al 11,8% de León. Con el añadido de que en Soria esa cifra no es un éxito sino un drama, porque no expresa su bonanza económica sino que es el resultado de su envejecimiento e involución demográfica: lo que de verdad cae y hace bajar el desempleo es la población en edad de trabajar: simplemente desaparece.

Castilla y León es enorme pero no lo es el peso de su población. La distorsión viene de ahí: sus 2,38 millones de habitantes se reparten en nueve provincias muy diferentes. Galicia, quizá la comunidad más próxima en términos demográficos, tiene 300.000 habitantes más pero sólo cuatro provincias, lo que automáticamente la hace más homogénea. Andalucía dobla con mucha holgura la población de Castilla y León pero sólo tiene ocho provincias.

Semejante variedad provincial en términos de población, actividad económica y hábitat (la mitad de los habitantes vive en ciudades y el resto en áreas rurales) tiene consecuencias electorales directas y explica por qué la oferta electoral es tan diferente de una circunscripción a otra. 

El listón que, en principio, hay que superar para conseguir un escaño en cada provincia es muy distinto. En las menos pobladas el porcentaje de voto necesario para hacerse con un procurador, que es como se llaman los parlamentarios autonómicos en Castilla y León, es relativamente elevado. En Soria, donde sólo se reparten cinco diputados, hace falta entre un 13 y un 14%. En Palencia un poco menos: se necesita entre un 11 y un 12% de los votos para optar a uno de los siete puestos que se ponen en juego el 13 de febrero. En cambio, en el otro extremo, en Salamanca el listón está por debajo del 8% y en Burgos apenas por encima del 7%. En Valladolid el listón estuvo hace tres años en el 5,7%.

“El reparto de votos es completamente diferente”, explica la experta en comunicación Verónica Fumanal. “Los restos en circunscripciones muy pequeñas dependen de muy poquitos. A lo mejor cien votos, doscientos, trescientos pueden ser determinantes. En cambio, en una circunscripción grande como Madrid, lo son mucho menos”. 

A lo que hay que sumar, subraya, “una fragmentación partidista tan importante y tan diferencial” que hace que en cada provincia la oferta de partidos cambie.

Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, está de acuerdo. “Hay que esperar respuestas políticas diferentes, para empezar porque el menú político es distinto”.

Tenemos sitios, recuerda, en los que hay plataformas territoriales. “Esto es fundamental”. Como también lo es algo a lo que en su opinión pocos están haciendo caso: se eligen 81 procuradores y “hay provincias en las que es más fácil entrar que en otras”. “Hay umbrales de en torno al 5% en la provincia de León o Valladolid y Salamanca”, que en Soria “suben al 15%”. 

Por eso Simón aconseja estar muy atentos a esa circunstancia: Si Ciudadanos consigue mantenerse en la asamblea regional, asegura, será por las provincias con umbral más bajo, no por las que exigen una mayor porción del voto y reparten menos escaños. “Lo mismo le pasa a Unidas Podemos”, avisa. 

Claro que, al final, el análisis depende de lo que den de sí las plataformas de la España Vaciada, como Soria Ya, o partidos provincialistas como Unión del Pueblo Leonés o Por Ávila.

Todo lo cual deja a PP, PSOE y Vox como los únicos partidos con expectativas de competir en todas las provincias, si bien la formación ultra, con una intención de voto en las encuestas de 10%, lo tiene más difícil para pasar el corte en Soria. 

Narciso Michavila, presidente de GAD3, está de acuerdo en que las nueve circunscripciones electorales son en realidad otras tantas “realidades electorales diferentes”. Pero Endika Núñez, ingeniero y analista de datos electorales, no piensa lo mismo porque no cree que haya tantas diferencias entre las nueves provincias que componen la región más extensa de Europa. 

Pidiendo la hora. El PP llegó exhausto este viernes al final de la campaña electoral de Castilla y León con la mayoría de sus dirigentes temiendo haber convertido una oportunidad en un desastre por no haber sabido gestionar bien las expectativas. 

Cuando convocaron las elecciones, en Génova estaban convencidos de que Alfonso Fernández Mañueco llegaría al 13 de febrero al borde la mayoría absoluta. El viernes, en cambio, echaban cuentas para calcular el daño que puede hacerles Vox. Y multiplicaban los mensajes llamando a la movilización de todos los militantes, incluso durante la jornada de reflexión, incluso el mismo día de la votación.

El propio Pablo Casado, con la ayuda de Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, se empleó a fondo en el cierre de campaña en su versión más dura abanderando los temas favoritos de Vox: de ETA a la ocupación de viviendas, pasando por la denuncia de un “pucherazo” inventado en el Congreso o la memoria histórica.

Si la campaña conservadora dio muestras de desinflarse en los primeros compases —los bulos sobre la carne no funcionaron como Génova esperaba y las acusaciones sobre los fondos europeos han sido sistemáticamente rechazadas en Bruselas— la última semana se ha convertido en una sucesión casi diaria de tropiezos. Desde el fracaso, por culpa de uno de los propios diputados del PP, de la operación para echar por tierra la reforma laboral del Gobierno y dinamitar la legislatura, al fallido intento de convertir lo ocurrido en un “pucherazo” o de acusar a Pedro Sánchez de utilizar su cargo con fines electorales, desmentido por la Junta Electoral. Con la guinda de la presidenta de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, desbaratando la estrategia oficial al apostar abiertamente por un pacto de gobierno con la ultraderecha Vox. Algo que este viernes, más disciplinada, evitó en su intervención de cierre electoral.

Así las cosas, Casado ha tenido que afrontar la recta final de la campaña huyendo de los periodistas. Y limitando su actividad a vídeos fabricados por su equipo de comunicación que se distribuían a la prensa. Con ETA, la organización terrorista que abandonó su actividad hace más de una década, otra vez como mensaje central.

Casado ha ido acusando cada día al Gobierno de “demonizar” prácticamente todos los sectores productivos: la carne, el vino, la remolacha, las granjas, el azúcar, la producción de alimentos o la industria de la automoción. 

Nada parece haber funcionado. Pero en Génova aún cruzan los dedos y se encomiendan a los indecisos. A estas alturas creen tener asegurado el puesto de partido más votado y una sólida mayoría de derechas en la asamblea regional, pero cada vez son menos lo que creen posible alcanzar el objetivo de que el PP sume por sí solo más escaños que el conjunto de la izquierda.

Si al final el PP se queda más cerca de los 30 procuradores que de los 40 en unas Cortes en las que la mayoría absoluta está en 41 asientos, Mañueco quedará en manos de Vox y la decisión de adelantar las elecciones habrá sido un fracaso.

En primer lugar porque las elecciones anticipadas habrán llevado al PP de un incómodo gobierno de coalición con Ciudadanos a una dependencia muy complicada de gestionar con la extrema derecha. Y en segundo lugar, porque Casado no habrá conseguido repetir el efecto Madrid que buscaba para impulsar su propia candidatura hacia las generales.

No es casual que lo que en un principio era una campaña al servicio de Casado, protagonizada por él con el objetivo de anotar al presidente del PP el éxito del resultado, haya acabado siendo la campaña de Mañueco. “Que yo sepa Casado no se presenta a estas elecciones”, resumió el jueves el portavoz del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. 

Si el resultado es el que prevén las encuestas, el domingo por la noche todas las miradas estarán puestas en Vox. Los de Santiago Abascal se saben ganadores de la cita con las urnas, de la que pueden salir con al menos diez diputados. 

Y los estudios de opinión acreditan que suyo es el mérito de las vía de agua que amenaza al Partido Popular. De ahí los mensajes del cierre de campaña, sin mencionar a Vox pero llamando a la unidad de la derecha.

Desde que Vox les dio las presidencias de Andalucía, Madrid y Murcia sin pedir prácticamente nada a cambio, en el PP han dado por hecho el apoyo de la ultraderecha. Así que la gran incógnita a partir del lunes es si Vox, tal y como ha anunciado, esta vez va a querer hacer valer su peso, especialmente si el PP no obtiene por sí solo más escaños que la izquierda. 

En ese caso, el plan de Vox es someter a Mañueco, entrar en la Junta y ensayar en Castilla y León lo que Abascal quiere conseguir en el gobierno de España a partir de 2023: una coalición de Gobierno.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este viernes concentrar el voto “en el único partido que pude liderar un cambio” en Castilla y León, el Partido Socialista, para evitar “que se pueda repetir la historia de 2019”, donde fueron la formación más votada en la comunidad, con 35 escaños, a seis de la mayoría, pero no pudieron formar gobierno.

“En 2019 el PSOE ganó las elecciones pero no gobernamos. Sabemos que ganar no significa gobernar”, recordó Sánchez, porque desde “los cuarteles generales de Madrid la derecha lo impidió”. De ahí la importancia de ir a votar el día 13, porque “independientemente” de los recursos del Gobierno que puedan llegar a la comunidad, es necesario que Castilla y León “tenga un presidente que crea en las potencialidades de esta tierra” y eso “sólo” se puede conseguir de la mano de Luis Tudanca.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta cerró la campaña vaticinando que los castellanos y leoneses “van a dar una lección que no va a olvidar en muchísimo tiempo” a Mañueco. “Se nos ha ido ensanchando la sonrisa y a ellos, el enfado”, subrayó. Tudanca llamó a la izquierda a conseguir en las urnas una “mayoría suficiente para, esta vez, gobernar” y “cambiar esta tierra, por fin”. “Se huele en el ambiente”.

La protagonista del cierre de campaña de Unidas Podemos fue la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, junto a los también ministros Alberto Garzón e Irene Montero y el candidato a la Presidencia de la Junta, Pablo Fernández. Y en su discurso no sólo censuró con dureza a Alfonso Fernández Mañueco, sino también, de un modo especial, al PSOE, informa Europa Press. A su juicio, “no valen las medias tintas” y aplicar en las últimas semanas la “geometría variable, pactar con la derecha”, como ocurrió con la reforma laboral.

“Fijaos lo que nos costó sacar adelante la ley de vivienda o la ley trans. Fijaos que ya empiezan a esconderse detrás del informe de expertos para no cumplir el acuerdo de gobierno sobre la reforma fiscal”, proclamó.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, deseó que el PP reciba en las elecciones el “castigo” que, a su juicio, se merece por “jugar” con Castilla y León y defendió que Cs es la única opción de “centro” que representa “verdad, honradez y profesionalidad”.

 En el cierre de campaña, la líder naranja aseguró que se siente orgullosa de la gestión realizada por Cs en Castilla y León. Y previendo lo que puede venir, afirmó: “Ante la adversidad lo mejor que se puede hacer es fortalecernos y estar unidos”.

Una de las variables más difíciles de prever a la hora de calcular el resultado de unas elecciones es el porcentaje de participación. Si es muy grande, significa que a los votantes habituales se habrán sumado otros que no siempre se sienten implicados pero que a veces sí encuentran motivos para participar. Por el contrario, cuando es baja los estudios demoscópicos nos dicen que sobre todo han votado los muy cafeteros, los ciudadanos más politizados o que están más movilizados en la defensa de sus posiciones políticas.

Los cálculos de las encuestas en las elecciones de este domingo en Castilla y León anticipan una caída en la participación en comparación con el año 2019. Y lo justifican en que será la primera vez que los electores de esta comunidad acudan a las urnas sin el incentivo de tener que elegir también a sus alcaldes y concejales y sin un contexto general de elecciones autonómicas en España. 

Hace tres años había incluso una tercera urna para elegir a los diputados en el Parlamento Europeo y entonces la participación electoral se quedó por debajo del 66%, unos tres puntos menos que en 2015. 

Ahora, el consenso general de los expertos consultados por infoLibre a la vista de lo que las encuestas están detectando es que la participación caerá entre dos y cuatro puntos. Algunos creen, además, que el domingo puede aumentar algo más la abstención si se confirma el pronóstico meteorológico y llueve por la tarde —en algunos puntos hay incluso posibilidad de nieve—. Otros, en cambio, piensan que el interés por la votación, más elevado en los últimos días, puede impulsar la afluencia a las urnas.

Un indicio de lo que puede pasar suele ser el voto por correo. Y esta vez no indica que los votantes se estén sintiendo atraídos por la convocatoria. Los últimos datos conocidos hablan de una caída de un 40% en relación a 2019 y esa cifra confirma lo que ya había avanzado el CIS: apenas el 38,5% de los castellanoleoneses tienen interés en estas elecciones.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, en conversación con infoLibre prevé una participación por debajo de 2019, pero no un desplome. “La participación baja, pero no se hunde”, sostiene. De hecho, en los últimos días los datos le indican que “no deja de subir y superará el 65%”. Y si no se hunde, añade, no habrá “sorpresas”: el PP ganará y la suma de escaños con Vox alcanzará mayoría absoluta.

Saldremos de dudas a las 14 horas del domingo, declaró este jueves en una entrevista en la cadena COPE, propiedad de la Iglesia católica: “Si la participación baja del 33%” a esa hora, querrá decir, según él, “que va a haber un vuelco importante a la izquierda”, porque Michavila sí relaciona mayor participación con menos porcentaje de voto para la derecha: “Si baja mucho, puede haber sorpresa en Castilla y León, en sentido contrario al que hubo en Andalucía, y que haya un gobierno de izquierdas”.

Con una baja participación cobra especial importancia la movilización de los votantes de cada partido y no todos están igualmente decididos a acudir a las urnas, lo que beneficia —ya veremos hasta qué punto— a los que tienen seguidores más fieles. 

Eso es una ventaja para Vox y para los partidos de la España Vaciada, especialmente en el caso de Soria Ya, y de Unión del Pueblo Leonés (UPL), cuyos votantes son, según las encuestas, los más decididos a acudir a votar el próximo domingo. Y en parte para Unidas Podemos: los partidos situados en los extremos del arco ideológico suelen tener los votantes más dispuestos a movilizarse.

Por el contrario, es un problema para Ciudadanos, cuyos electores son —siempre según las encuestas— los que menos motivos encuentran para ir a votar. Y por extensión también puede penalizar las expectativas del PP, que contaba con ser capaz de atraer a las urnas a quienes en 2019 votaron por las candidaturas naranjas.

No obstante, son múltiples los factores que entran en juego y dificultan las previsiones. Un buen ejemplo es el que citan algunos analistas: el PP tiene más peso entre los votantes envejecidos y estos, al menos hasta los 70, votan más que los grupos de edad más jóvenes. En parte por un sentido “de la responsabilidad”.

Verónica Fumanal, experta en comunicación y liderazgo, defiende que, con algunas reservas, una baja participación favorece a los partidos que tienen los electorados más movilizados y esos son la España Vaciada y Vox. Al mismo tiempo, subraya, si llegan menos votos a las urnas se “abaratan” los escaños: si eres pequeño y tienes electores movilizados, con menos papeletas es más fácil alcanzar la representación.

“¿Eso quiere decir que los partidos tradicionales van a tener menos votos? Pues ya veremos, depende también de cómo se repartan los votos de Ciudadanos, a quién le afecta más”. Una posibilidad, sostiene, es que los que votaron Cs en 2019 decidan ahora quedarse en casa. 

Antes, con dos partidos, “era mucho más fácil decir a quién perjudicaba la participación y a quién no, pero en estos momentos se hace complicado”, admite.

El politólogo y profesor de la Universidad Carlos III Pablo Simón también anticipa una participación más baja. E igual que Fumanal sostiene que perjudicará “más a aquellos partidos con votantes menos movilizados, que son los que tienen lealtad de voto más baja” o cierta “indecisión, que muchas veces camufla de decisión de no ir a votar”. 

En su opinión, esta circunstancia “problablemente” a quien más puede afectar es al votante de Ciudadanos. Es “el que corre más riesgo de desmovilizarse”. Aunque también existe la posibilidad de que haya causas más transversales. “Si eres votante del PP puedes anticipar que tu partido ya va a ganar y no ir a votar. Y si eres votante socialista puedes anticipar que el PSOE no va a ganar y tampoco ir a votar”, arguye. “Hay dos efectos mixtos” más que “una tendencia clara”. 

Eso sí, en el caso de Ciudadanos, la desmovilización puede tener consecuencias para el PP.  “Si el PP espera crecer mucho a costa del votante de Cs y este se queda en casa, no crecerá tanto. Y eso ayuda a interpretar un poco mejor por qué el PP no está absorbiendo tanto voto de Ciudadanos como en la Comunidad de Madrid”.

El ingeniero y analista de datos Endika Núñez es el que más dudas plantea a la hora de tratar de predecir qué efecto puede tener una participación alta o baja para las diferentes candidaturas. Sí cree que caerá varios puntos, pero no señala a quién beneficiará esa circunstancia.

Soy leonés de nacimiento y corazón. De Sahagún concretamente. Tierra de Campos. Y si hacemos caso a Max Aub y convenimos en que uno es "de donde hace el bachillerato", entonces también sería castellano, porque me tocó cursarlo en el Instituto público Jorge Guillén de Villalón de Campos (Valladolid). ¿Y a mí que me importa?, se preguntará el improbable lector que haya leído hasta aquí. Pues entre poco y nada, por supuesto. Pero en estos tiempos de reivindicaciones identitarias y efervescencias territoriales, quizás sea oportuno mostrar el DNI antes de escribir sobre las elecciones de este domingo, 13 de febrero, en Castilla y León. Puedo acertar o equivocarme (como un Michavila cualquiera), pero no será porque uno no tenga conexión alguna con la región más extensa y una de las más despobladas de Europa. 

Despachado el sentimiento de cuna y arraigo, pese a llevar desde los 16 años habitando en la burbuja madrileña, paso a transcribir unos apuntes personales que no pretenden hacer vaticinios sino simplemente reflejar lo que fuentes oficiales y oficiosas (para mí creíbles) transmiten sobre lo que en mi tierra se avecina.

1.- Influyentes gurús demoscópicos, desde Narciso Michavila a Sigma Dos (también conocida en algunas Redacciones como Rumba tres), trasladaron en su día a Pablo Casado y su núcleo duro que un adelanto electoral en Castilla y León tenía casi garantizada la mayoría absoluta. De ese vaticinio nace la hoja de ruta de Casado que consiste en cabalgar una “ola victoriosa” que se inicia en Castilla y León, pasa por Andalucía, continúa en la cita autonómica y municipal de mayo de 2023 para concluir en la Moncloa como estación de destino en las próximas elecciones generales. Cual Aníbal o Napoleón, el líder del PP veía ya sobradamente afianzado su liderazgo por encima de enemigos internos y externos, Ayusos y Abascales, en un camino expedito hacia la presidencia del Gobierno. (Contaminar de presunta corrupción la gestión de los fondos europeos o boicotear por artes filibusteras la reforma laboral también ayudaría…)

2.- Han ido surgiendo algunos “problemillas” con los que ni Casado ni Alfonso Mañueco contaban (lo cual no significa que no existieran). Por citar alguno: es la primera vez que Castilla y León vota en soledad, sin el paraguas movilizador de comicios autonómicos o municipales a nivel estatal; se justifica el adelanto electoral con argumentos increíbles, en mitad de la sexta ola de la pandemia y en pleno proceso de adjudicación y gestión de los fondos de recuperación europeos; se planifica una campaña en clave nacional, contra Sánchez y el gobierno “socialcomunista”, vistiendo a Mañueco con un traje diseñado para Ayuso, sin caer en la cuenta de que Madrid será España, pero Castilla y León no es (o no son) Madrid; y se lanza una campaña de desinformación y bulos sobre la ganadería para competir con Vox despreciando la realidad castellano-leonesa y, lo que es peor, la inteligencia de sus habitantes.

3.- A medida que avanza la campaña que este viernes concluye se va asentando una tendencia (con perdón a la ciudadanía por la absurda prohibición legal de compartir con ella los tracking diarios que los partidos manejan): sube constantemente la intención de voto a Vox en la misma proporción en la que baja la del PP. ¿Tanto como para que se produzca un vuelco hacia la izquierda y las urnas pongan fin a 35 años de gobiernos conservadores en Castilla y León? Difícil, pero nada es imposible cuando algunos actores ponen tanto empeño en descalabrar su propia función.

4.- En la mejor de las hipótesis para Mañueco, podría seguir gobernando con el permiso y las condiciones que Vox decida, muy probablemente con un vicepresidente cuya xenofobia, machismo y estulticia están documentadas (ver aquí). El resultado de la apuesta consistiría para el PP en cambiar su sociedad de gananciales con Ciudadanos por un matrimonio forzado con Vox, cuyo contrato marcaría definitivamente al PP como la única formación conservadora europea que en lugar de alejarse del nacionalpopulismo extremista se abraza a sus tentáculos. El liderazgo de Casado quedaría obviamente resentido hacia fuera (a disposición de las exigencias de Abascal) tanto como ya ha quedado debilitado hacia dentro, a la vista del protagonismo de Isabel Díaz Ayuso en el segundo y estresante tramo de esta campaña (ver aquí).

5.- En el peor de los escenarios para la dirigencia del PP y sus aliados demoscópico-mediáticos, cabría la posibilidad de que la participación cayera aún más de los cinco puntos que ya descuentan casi todos los sondeos, en un domingo sin más urna que la autonómica, con lluvia y temperaturas bajo cero y muchísimos votantes hartos de tanto dominguero disfrazado de Coronel Tapiocca vociferando sobre asuntos alejados de sus intereses inmediatos. El discurso que promete soluciones, en boca de quienes llevan 35 años engordando problemas, resulta muy difícil de encajar.

6.- Hay dirigentes políticos, y también analistas sesudos, que llevan meses vaticinando el vuelco que supondrán los nuevos partidos que representan a la llamada España vacía (con todos mis respetos al hallazgo de Sergio del Molino, me parece más apropiado definirla como La España despreciada). Se generaliza demasiado: en Castilla y León se celebran nueve elecciones, una por provincia, y las diferencias entre la realidad que viven y sufren León y Ávila o entre Burgos y Soria son tan notables como entre México y Argentina cuando nos empeñamos en bautizarlas sin matices como Latinoamérica.

Ya sabemos que las encuestas electorales son utilizadas fundamentalmente como herramienta de movilización o de influencia en el ánimo colectivo. Como también los mensajes que lanzan ciertos gurús de la demoscopia buscan la movilización de electorados afines (ver aquí alguno escuchado este mismo jueves). Lo cierto es que, cuando se apaguen las luces de la jornada electoral de este domingo, es muy probable que entre quienes decidieron anticipar la cita con las urnas se escuche ese dicho tan español, castellano y leonés: “Hemos hecho un pan como unas hostias”.

La montaña parió un ratón. La anunciada ofensiva de alcaldes del PP en Bruselas para denunciar ante las autoridades de la Comisión Europea las supuestas prácticas “clientelares” del Gobierno de España a la hora de gestionar los fondos de recuperación se quedó un una reunión de diez alcaldes y presidentes de diputación con dos comisarios afines que no tienen ninguna responsabilidad en la materia.

Las versiones de los participantes en esas reuniones ni siquiera concuerdan. José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP y alcalde de Madrid, aseguró que las había aprovechado para trasladar sus acusaciones contra el Gobierno, pero sus interlocutores, los comisarios Margaritis Schinas y Dubravka Šuica, cuentan otra cosa.

El primero, muy próximo al PP español —fue uno de los invitados internacionales de su convención de octubre—, dejó constancia de la cita en Twitter sin hacer referencia alguna a las denuncias relatadas por Almeida: “Bienvenidos a la Comisión el grupo de alcaldes de ciudades españolas tan emblemáticas. Destaco su proyección europea y compromiso hacia una recuperación que conlleve cohesión y oportunidades para todos. Las ciudades puerta a la integración y progreso. La Comisión os apoya”.

La segunda también reflejó la reunión en redes sociales y su versión también desmiente la del PP español: “Un placer reunirme hoy con el grupo de alcaldes españoles 🇪🇸 y debatir sobre #DemocraciaUE y #DemografíaUE. El papel de las autoridades locales es crucial en la Conferencia sobre el #FuturoDeEuropa. Queremos escuchar a los ciudadanos de todos los rincones de la UE”.

Para colmo, ninguno de los dos tiene competencias en materia de fondos europeos. El griego Schinas es el comisario para la Protección de Estilo de Vida Europeo y la croata Šuica lo es de Democracia y Demografía.

Los comisarios que de verdad se ocupan de controlar la gestión de los fondos europeos son Paolo Gentiloni, titular de Economía, y Valdis Dombrovskis, responsable del Euro y del Diálogo Social. Ambos ya han dejado claro en repetidas ocasiones la existencia de suficientes controles en la utilización del dinero y su aval a los planes del Gobierno de España para emplearlo en la recuperación. Y ninguno de ellos se ha reunido ni con los alcaldes españoles del PP ni con Pablo Casado, a pesar de sus numerosos desplazamientos a Bruselas.

Al que sí trasladaron sus acusaciones contra el Gobierno de España, en una reunión separada, fue al diputado moldavo del PP europeo Siegfried Mureșan, portavoz de su grupo político en materia de los fondos europeos en el Parlamento Europeo. Él sí reflejó en Twitter la reunión con Almeida en los términos expresados por el portavoz de Casado: “Me he reunido con alcaldes del PP de #España, entre ellos el de #Madrid. Me han dicho que las necesidades de las comunidades locales y regionales son ignoradas por el Gobierno socialista a la hora de aplicar el Plan Nacional de #Recuperación y #Resiliencia”.

Para mantener estas reuniones el PP desplazó a Bruselas, en plena recta final de la campaña electoral de Castilla y León, a una decena de alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales encabezados por Almeida.

El alcalde de Madrid ni siquiera se mostró muy vehemente en sus declaraciones ante la prensa. Primero dijo que habían trasladado a Schinas y Šuica que “los criterios de distribución [que aplica el Gobierno español] no son públicos, objetivos ni transparentes”, para matizar después que en realidad sólo le habían hecho llegar sus “dudas” e “inquietudes” sobre “la necesidad de control” de los fondos.

¿Qué respuesta han tenido por parte de los dos comisarios que accedieron a recibirles? “Tomaron nota”, asegura Almeida. De hecho, en sus declaraciones a los periodistas el alcalde de Madrid no pudo precisar qué respuesta espera de la Comisión y se limitó a explicar que lo que en realidad quiere es que el Gobierno español ponga en marcha “mecanismos de control, de transparencia y de publicidad en la gestión de los fondos”, cuya existencia sigue negando el PP a pesar de que Bruselas diga lo contrario. 

De lo que Almeida no quiso hablar es de la propuesta de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que el PP pacte con Vox si lo necesita para gobernar. Tampoco Pablo Casado, que este miércoles volvió a la campaña electoral en Castilla y León con dos actos cuidadosamente diseñados para no tener que responder preguntas incómodas de la prensa.

Casado sí aprovechó, en un video distribuido por el partido, para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de aprovechar el Consejo de Ministros con fines electoralistas aprobando fondos para el desarrollo de industrias agropecuarias y anunciando medidas en los mítines del PSOE, algo que el PP ha denunciado ante la Junta Electoral.

“Ya está bien de juego sucio de Sánchez. Ya está bien de utilizar el Boletín Oficial del Estado y el Consejo de Ministros para hacer anuncios en plena campaña electoral”, se quejó.

En el escrito de queja ante las autoridad electoral el PP acusa al Gobierno de practicar una “abusiva y descarada instrumentalización de los medios y recursos públicos de los que dispone la administración en beneficio de una candidatura determinada” y eso “resulta inasumible en términos democráticos”.

Según el PP, es “inadmisible” que el presidente del Gobierno “utilice en una campaña electoral autonómica cuestiones que son competencia del Gobierno central y para ello realice anuncios que afectan a los Presupuestos Generales del Estado, quebrantado así el principio de neutralidad al que los poderes públicos vienen obligados”.

Las medidas que ha aprobado el Gobierno y no han gustado a Casado son el abono de la paguilla para los pensionistas, que siempre se tramita en estas fechas, anuncios de “infraestructuras para provincias” de Castilla y León en un mitin o “la subida del Salario Mínimo”.

A pesar de ello, el líder del PP —que evitó cualquier referencia a Vox— aseguró estar convencido de que la victoria de su candidato, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, le servirá para proyectar su propia candidatura de cara a las elecciones generales de 2023.

 “Tenemos una esperanza de futuro y esa esperanza a corto plazo es Alfonso Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León. Y esa esperanza será muy pronto también un buen Gobierno en España del PP”, se aventuró a decir.

Isabel Díaz Ayuso no tiene rival dentro del PP. Los asistentes al acto electoral convocado por su partido este martes en Valladolid lo demostraron interrumpiendo sus palabras con aplausos entusiastas hasta en doce ocasiones en una intervención de apenas 16 minutos y eclipsando por completo el discurso del candidato, Alfonso Fernández Mañueco.

Necesitada de impulso, después de que las encuestas hayan ensombrecido sus expectativas electorales, la campaña del PP en Castilla y León prescindió de Pablo Casado —a pesar de que el presidente del partido no tenía agenda pública— y lo sustituyó por Ayuso, que en el mitin de Valladolid aprovechó el hueco y volvió a ejercer como la lideresa de la derecha española que le gusta ser.

Lo hizo dejando claro a Casado y a Mañueco lo que deben hacer en el caso de que las encuestas acierten y el triunfo electoral sea tan corto que les deje en manos de la ultraderecha. 

“Tenemos que centrarnos en lo que nos une” para evitar que la izquierda “nos cambie España por la puerta de atrás”. Hace falta “que sigamos fuertes y unidos en un proyecto sólido en torno al PP“ y si para conseguirlo hay que pactar con Vox, se hace. “Ojalá el próximo gobierno que salga de las urnas el próximo domingo no sólo sea del PP, que lo va a ser, sino que lo haga de una manera sólida, fuerte y sin necesitar a nadie”.

“Ojalá sea así”, repitió. Pero si no es eso lo que ocurre, añadió contradiciendo a Casado y a Mañueco, que llevan semanas evitando decir qué harán si necesitan a Vox, “ojalá nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez. Porque si tuviéramos que pactar siempre lo haría antes con el partido de Ortega Lara [Vox] que con aquellos que pactan con los que lo secuestraron”, remachó en referencia a EH Bildu, formación a la que considera partidaria de la violencia de ETA. 

Ayuso es un imán para los electores más radicalizados. Su figura gusta mucho a los votantes de la extrema derecha y, por tanto, a los miles de ciudadanos de Castilla y León que estos días dudan entre la papeleta del PP o de Vox. De ahí su presencia en la comunidad en mítines sucesivos y los mensajes incendiarios contra el Gobierno que tan buen resultado le dieron en la campaña de Madrid del pasado mes de mayo.

El propio Mañueco, en un gesto inusual, sólo a veces reservado a los líderes del partido, le cedió incluso la última intervención en el mitin, un puesto que casi siempre ocupa el candidato. Y la presidenta madrileña no decepcionó. Por lo que dijo y también por lo que calló: según ella, la victoria de Castilla y León no es relevante porque vaya a servir para impulsar la candidatura de Pablo Casado a la Moncloa en 2023 —ni siquiera mencionó al líder del partido— sino porque el año que viene se celebran elecciones municipales decisivas para “toda España”.

“Ahora lo importante es que el sanchismo y sus izquierdas no se sigan propagando por España, especialmente ahora por Castilla y León”, advirtió. El Gobierno y sus aliados son la fuente de todos los males. Intentan “destrozar la educación”, están dejando “una deuda imposible para las próximas generaciones”, el coste de la vida es “cada vez más elevado” y “el nacionalismo está causando auténticos destrozos en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana y en Baleares”. “No saben gestionar. Lo hemos visto en la pandemia: a pocos españoles les va mejor, solamente a los que nos odian y odian nuestro país”.

“Están revisando todo lo que nos da sentido como nación, todos los valores occidentales”, llegó a decir Ayuso. Una estrategia de la que forma parte, enumeró, “la agresión a al iglesia” —en referencia a la decisión de investigar los casos de pederastia— o “el cuestionamiento de la monarquía”, de “las tradiciones populares”, de “la capital de España”, de “al empresa y de los empresarios”. 

La presidenta madrileña criticó también las iniciativas en favor de la recuperación de la memoria democrática —“mis abuelos nunca me hablaron de la guerra civil porque me querían libre de odios”, dijo— y se preguntó “a qué futuro apelan aquellos que quieren legislar para controlar los sentimientos del pasado”.

Fue ahí cuando defendió a la iglesia católica de las acusaciones de pederastia que arrecian estos días contra muchos de sus religiosos. “Todas las instituciones cometen errores y aciertos”, disculpó. La izquierda “está cuestionando a la iglesia” por estos hechos y olvidando “el patrimonio que nos dejan, las iglesias, conventos, tradiciones o el camino de Santiago”. No hablan de “cuánto aporta la caridad y los valores y el consuelo” de la iglesia, “especialmente para la gente mayor. ¿Cuánto cuesta eso?”, se preguntó entre aplausos de los asistentes al mitin. En vez de tenerlo en cuenta, añadió restándole importancia, “utilizan ahora los casos y no casos [de pederastia] para intentar erosionarla”. 

Lo mismo sucede con la monarquía, un asunto sobre el que la izquierda, asegura Ayuso, trata de dividir a los españoles. “¿Le han sentado bien a España las dos repúblicas que hemos tenido?”, se preguntó. “Hemos salido de ellas arruinándonos e intentando aniquilarnos los unos a los otros”, se respondió a sí misma.. 

La monarquía, en cambio, “con sus aciertos y sus errores”, añadió, “nos recuerda que somos un país con siglos de historia, con conquistas, con globalización por toda la tierra. De arte, de patrimonio, de universidades por España y por el mundo”. 

La batalla electoral de Castilla y León no es, en su opinión, muy diferente de la que ella misma libró en Madrid hace casi un año. “Intentan enfrentados a los españoles” pero “hay unos valores que nos representan a todos: la vida, el valor, el trabajo, la cultura del esfuerzo y las ganas de prosperar. Sean de izquierdas o de derechas”. “El mensaje de la libertad trasciendo a los partidos“, concluyó. “El proyecto de Pedro Sánchez es el del poder. Por eso este domingo vuelvo a apelar una vez más a los ciudadanos para que elijan entre socialismo y libertad”. 

Con la ruptura de la coalición de gobierno entre el PP y Ciudadanos y el adelanto electoral en Castilla y Léon Pablo Casado buscaba dos cosas: una victoria incontestable, al estilo de Isabel Díaz Ayuso, que permitiera a su partido gobernar esta comunidad sin necesidad de socios, y un empujón definitivo a sus aspiraciones de alcanzar La Moncloa. 

Este lunes, a seis días de la votación, las encuestas dicen que ambos objetivos están más lejos que hace un mes. Si no hay sorpresas, el actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que cambiar a un socio moderado —Ciudadanos— por uno extremista —Vox— que además estará en condiciones de exigir, por primera vez, formar parte de un gobierno. Y, lo que es peor para los intereses de Casado, apuntan a un escenario muy poco propicio para su intento de apoyarse en las elecciones de Castilla y León con el propósito de relanzar su candidatura de cara a las elecciones generales de 2022.

No tiene por qué ser así. Las encuestas también reflejan una amplia bolsa de indecisos, así que todo puede ocurrir. Pero los nervios empiezan a ser visibles en las filas del PP y en la derecha mediática, que hace apenas un mes, con las expectativas de voto en el 40%, daban por segura una abultada victoria de Mañueco. Lo bastante grande, según los cálculos de Génova, como para repetir el éxito de Ayuso en Madrid y sumar más escaños que la izquierda. 

Ese es el listón que marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso de la decisión de adelantar las elecciones. Con más escaños que la izquierda, el PP se sentirá libre de gobernar sin dar a Vox nada a cambio. Al menos en la investidura, porque otra cosa muy distinta será la negociación de Presupuestos. Pero si tiene menos, en Génova son conscientes de que esta vez Vox será decisivo y ejercerá su poder. Al menos eso es lo que Santiago Abascal ya ha anticipado.

En el cuartel general del PP ya saben, a la vista de las encuestas, que su estrategia de campaña no está funcionando. La decisión de convertir el falso debate sobre la carne en el eje de su discurso no ha tenido éxito, como tampoco la denuncia constante pero sin datos que la corroboren de que el Gobierno está discriminando a las comunidades del PP en el reparto de los fondos europeos. 

Está por ver si, además, a Pablo Casado acaba pasándole factura la evidencia de que alentó una operación secreta para tumbar el cambio de normativa laboral con ayuda de diputados tránsfugas que acabó además fracasando por el error de uno de sus parlamentarios. Por lo pronto, lo ocurrido no ha sentado bien en algunos medios muy influyentes entre los votantes más radicales de la derecha, lo que puede estimular el trasvase de voto del PP a Vox que detectan algunas encuestas.

Algunos dirigentes del PP ya discuten en privado la estrategia del equipo de Casado y lo difunden a través de la prensa que les es más afín. Creen que acusar al Gobierno de tratar de perjudicar al sector de la carne o la decisión de poner en duda la legitimidad del sistema hablando de “pucherazo” cuando todo el mundo sabe que la votación se perdió por el error de uno de sus diputados ha trasladado la campaña al territorio que más le interesa a Vox. Y ahí siempre ganan los ultras. 

El PP, sostienen, debería haberse centrado en la gestión de Mañueco y de presidentes como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso en vez de situarse en el barro que mejor rentabilizan los de Santiago Abascal.

El intento de hacer de Castilla y León una campaña nacional, con Pablo Casado disputando casi cada día el protagonismo a su propio candidato, tampoco parece haber dado frutos. Uno de los objetivos era conseguir que el presidente Pedro Sánchez entrase en el cuerpo a cuerpo con Mañueco o con Casado a cuenta de Castilla y León, pero no lo han conseguido. 

Algunos creen además que el tono de la campaña está sirviendo para despertar a los votantes de una izquierda que, hasta hace un mes, estaba desmovilizada y que daba por inevitable una victoria del PP.

El propio Casado admitió hace apenas unos días que la victoria que daba por segura no lo es tanto al denunciar como un riesgo que el PSOE llegue a arrebatarles el gobierno de la comunidad “en los despachos”. 

Uno de los temores del equipo de Génova es que Mañueco quede atrapado en manos de Vox. Su intención era poner Castilla y León como un ejemplo de que, como sucedió en Madrid, el PP puede gobernar en solitario y no depender de nadie. Buena parte del argumentario del partido en las últimas semanas pasa precisamente por ahí: las coaliciones no funcionan, así que hace falta obtener un gran resultado para no tener “las manos atadas”.

En la dirección de PP temen que si al final todo depende de los ultras empezará a ser evidente que el sueño de alcanzar la Moncloa sólo será posible con ayuda de Abascal. Casado quería anotarse dos grandes victorias, en Castilla y León y en Andalucía, antes del verano, que será cuando el congreso del partido le proclame candidato.

Al PP sólo le queda mantener la movilización de los últimos días —la dirección del partido y sus principales barones, con especial protagonismo de Ayuso, se multiplica para estar presente en las nueve provincias— y esperar lo mejor.

Si los peores augurios se confirman, Mañueco y el propio Casado pueden no ser los únicos perjudicados por la decisión de Génova de jugar la carta del adelanto electoral en Castilla y León. El presidente andaluz, Juanma Moreno, vive pendiente de lo que ocurra el domingo. Un éxito del PP será un buen aliciente para convocar ya las elecciones en su comunidad, pero una victoria ajustada y, sobre todo, un gran resultado del Vox pueden hacer que valore la posibilidad de retrasar la convocatoria electoral andaluza hasta otoño.

“Nos comprometemos a reforzar los acuerdos existentes, así como a abrir nuevas vías de diálogo” porque “el Partido Popular ha colocado” a Castilla y León como líder en el diálogo social”. Así de contundente es la propuesta con la que el partido de Pablo Casado se presenta a las elecciones del 13 de febrero: quiere una “alianza con el diálogo social” como “factor clave de cohesión social, progreso económico y estabilidad laboral”.

Es el mismo diálogo social entre sindicatos y patronal —UGT, CCOO y CEOE— que Pablo Casado desprecia cuando afecta al conjunto de España. El mismo que, tras una larga negociación, acordó en diciembre la modificación de las normas que regulan el mercado de trabajo para reducir la temporalidad, como exige Bruselas, y reforzar la capacidad de negociación que los sindicatos perdieron con la reforma laboral que Mariano Rajoy decretó unilateralmente en 2014.

Al líder del PP nunca le han gustado los acuerdos entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios. En junio de 2021 ya les negó la representatividad que les reconoce la Constitución como interlocutores esenciales para la concertación social. Fue en unas declaraciones en las que se quejó de que el Gobierno le pidiese apoyar en el Congreso los acuerdos a los que ya entonces estaban llegando sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social. 

“¿Y a mí qué me importa? ¿Qué español ha votado a los sindicatos y a patronal? Como si me viene del círculo de tenis”. “¡Pero bueno, oiga, esto qué es! Es que voy a acabar negociando una ley con el padre Ángel. O con un deportista. O con un chef”, sentenció en una emisora de radio. 

Esta negación del diálogo social, en la que se ha basado el líder del PP para rechazar el acuerdo de modificación de la reforma laboral que salió adelante este jueves en el Congreso, contradice frontalmente la propuesta de su propio partido en las elecciones de Castilla y León. Y la política que defiende su candidato, Alfonso Fernandez Fernández Mañueco, así como otros presidentes autonómicos del PP como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno o Fernando López Miras.

El programa electoral del PP para las elecciones del 13 de febrero, en cuya campaña se ha implicado personalmente Casado, defiende que “la concertación con las organizaciones sociales y económicas ha sido y es un necesario refuerzo de la eficacia y el apoyo de las actuaciones dirigidas a la creación y mantenimiento de empleo estable y de calidad”. Y compromete por escrito al PP “a reforzar los acuerdos existentes, así como a abrir nuevas vías de diálogo”.

El partido de Casado, en contra de lo que él defiende para España, promete en Castilla y León “fortalecer el diálogo social como factor clave de cohesión social, progreso económico y estabilidad laboral”, consolidar “el liderazgo” de esta comunidad a la hora de buscar acuerdos entre empresarios y trabajadores e impulsar “nuevos acuerdos, así como el desarrollo de los que se encuentren en vigor, en el ámbito económico, social y laboral”.

El propio candidato del PP a la reelección como presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha declarado en numerosas ocasiones su compromiso con el diálogo social. “Promuevo el diálogo social como pilar de estabilidad de Castilla y León” aseguró durante la legislatura autonómica que está a punto de concluir convencido de que el diálogo es una seña de identidad de su comunidad autónoma y “una herramienta fundamental que fortalece nuestra democracia”. El diálogo social, según Mañueco, “contribuye a la estabilidad política, económica, social e institucional”. 

Por si eso fuera poco, hace apenas uno días se reunió con agentes económicos —patronal y sindicatos— para reiterar su compromiso con el diálogo social, de nuevo como “seña” de identidad de su comunidad. “Hemos firmado 12 acuerdos y vamos a sumar más, quiero que el diálogo social me ayude a ser el presidente del empleo”, proclamó.

Feijóo también es un firme partidario del diálogo social. Lo ha dicho muchas veces, una de las últimas, el pasado noviembre. Entonces calificó la concertación con sindicatos y empresarios de “instrumento decisivo para avanzar en el empleo de calidad y en el bienestar de las personas trabajadoras”. En el momento actual el diálogo social se ha convertido “en un instrumento clave para trazar medidas que contribuyan al crecimiento económico de Galicia y la preservación del empleo de calidad”. 

Juanma Moreno, el presidente andaluz, por su parte, se ha manifestado en numerosas ocasiones a favor de “encontrar marcos de acuerdos estables” entre los sindicatos y la patronal. En su opinión, hay que dialogar “hasta la extenuación”, porque es “la mejor contribución que se puede hacer, sobre todo, en estos tiempos tan difíciles de recesión económica y crisis social”.

Lo mismo piensa Fernando López Miras, el presidente tránsfuga de la Región de Murcia: “Es más importante que nunca el diálogo social. Agradezco la voluntad de acuerdo y trabajo de los agentes económicos y sociales. Ningún acuerdo tendría sentido sin ellos” tuiteó tras una reunión con sus representantes en 2020:

Hasta José María Aznar, cuando era presidente del Gobierno, apostaba por el diálogo social, a diferencia de Casado. Lo consideraba un instrumento “imprescindible” para seguir avanzando en la creación de empleo y en las reformas que garanticen la competitividad de las empresas.

“Yo siempre he creído en el diálogo social”, aseguraba en 2002. “Si no creyese en él las actuales circunstancias económicas me obligarían probablemente a creer en él. Creo en él y lo creo imprescindible en las actuales circunstancias económicas” porque es la mejor herramienta para acometer reformas “duraderas”.