Las alianzas de la derecha

Vox se prepara para presionar al PP en Castilla y León y Andalucía pensando en un gobierno con Casado

Santiago Abascal (Vox) y Pablo Casado (PP) durante una concentración en Madrid de policías contra la reforma de la ‘ley Mordaza’.

Vox se siente fuerte y se prepara para subir la apuesta. Dos años después de irrumpir en el Congreso como tercera fuerza y con las encuestas a favor —en Castilla y León y Andalucía pero también las que se han publicado pensando en las elecciones generales de 2023— los ultras de Santiago Abascal creen que ha llegado el momento de dar un paso más y empezar a soñar con empezar a gobernar.

Hasta ahora la extrema derecha española se había limitado a facilitar ejecutivos del PP y de Ciudadanos en comunidades en las que, de otro modo, habría gobernado el PSOE. Es lo que sucedió en 2019 en varias autonomías y en ayuntamientos de la España que confió en las candidaturas ultras. Entonces Vox fue decisivo para apartar a la izquierda, pero entregó sus votos sin conseguir nada a cambio más allá algunas promesas por parte de los presidentes del PP.

Han pasado dos años y medio y Vox, en la práctica, está denunciando aquellos acuerdos. Los líderes de las extrema derecha se sienten defraudados, especialmente con el presidente andaluz, Juanma Moreno, y con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El reproche es idéntico en ambos casos: llegar a supuestos acuerdos con la izquierda y haber incumplido los compromisos suscritos al comienzo de la legislatura.

Ahora los de Abascal, con dos años de experiencia en parlamentos autonómicos, corporaciones locales y en el Congreso de los Diputados, quieren ir más allá. El obstáculo de Ciudadanos está a punto de desparecer —los naranjas fueron en su momento el principal estorbo para su entrada en los gobiernos de coalición de la derecha— y Vox quiere ocupar su sitio al lado del PP.

De momento, Pablo Casado y Santiago Abascal se miran de reojo y aunque ni el PP ni Vox descartan gobernar juntos, ambos dejan abiertos todos los escenarios a la espera de que los votantes de la derecha decidan qué peso otorgan a sus respectivas candidaturas. 

Casado sueña con un resultado parecido al de Ayuso. A él y a su equipo lo que les gustaría es emular en toda España lo que pasó en Madrid el 4 de mayo. Es decir, que en solitario reunieran más escaños que la izquierda en su conjunto, de manera que la influencia de Vox y su capacidad de condicionar decisiones se viese muy limitada. 

Si ocurriera eso, Casado reclamaría gobernar en solitario y Abascal, según sus propias declaraciones, se lo concedería. Es, de hecho, lo que ha pasado con Ayuso. Pero ese objetivo exige un porcentaje de voto que, hoy por hoy, sigue fuera del alcance del PP: la presidenta de Madrid ganó las autonómicas de su comunidad con un 44,7% de los sufragios, 16 puntos por encima de la intención de voto que atribuyen las encuestas a Casado.

No es ese el escenario que prevé la extrema derecha, sino uno mucho más parejo que recorte la distancia actual entre ambas formaciones (el PP tiene en estos momentos 88 diputados y Vox 52). Si eso ocurriera, Abascal y los suyos no se conformarán con investir a Casado y negociar desde fuera con un Gobierno del PP. Si la distancia entre ambos no se ensancha, y sobre todo si se recorta, esta vez Vox quiere ministerios.

El PP da por hecho el apoyo de Vox

En el PP se muestran convencidos de que los ultras les darán la Moncloa sin apenas pedir nada a cambio, como ya sucedió en Madrid, en Andalucía o en Murcia. Así que nadie en Génova deja traslucir, de momento, la menor preocupación. 

Pero el propio Casado ya admitió hace dos semanas en declaraciones realizadas durante su gira por el cono sur americano que si no tiene más remedio dará entrada a la extrema derecha en el Gobierno. Y es que las encuestas están mostrando la fortaleza de Vox —sugieren incluso que si ahora se celebrasen elecciones mejoraría su posición en el Congreso— y las dificultades del PP para incrementar sus porcentajes. 

En una reciente entrevista emitida por 13TV, propiedad de la iglesia católica, Santiago Abascal no descartó que su formación se plantee entrar en el gobierno de la Junta de Castilla y León si las elecciones del 13 de febrero les sitúan en la posición de condicionar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP). Lo que ocurra en esa comunidad, en función también de la distancia que separe a los dos partidos, dará pistas de lo que pueda pasar después en Andalucía.

Vox, si tiene apoyo suficiente, ya se plantea presionar al PP para entrar en ambos gobiernos. Casi tanto como Casado se dispone a resistirse, pensando en no tener que llegar a las generales sometido a las exigencias de los ultras.

“Estamos condenados a entendernos”, admitió Abascal en la misma entrevista, aunque según él Casado no parece tenerlo tan claro. El líder de Vox se refiere a la gran coalición PP-PSOE que el líder de la oposición planteó hace unos días a su deseo de que los ultras apoyen su investidura “a cambio de nada”. 

“Es una gran equivocación”, subrayó. “Vox no es el coche escoba de otro partido” para recoger votos, “entregárselos y que haga lo que quiera” con ellos. “Lo importante es ponernos de acuerdo para que exista una alternativa al frente popular de Sánchez. No queremos un relevo. Y da la sensación de que Casado sí”.

Abascal dejó claro que entrar o no en el gobierno va a depender del resultado de las urnas, de la distancia que separe al PP de Vox. “Los españoles dirán (…) quién tiene que estar en el Gobierno. Si Vox es testimonial no podrá estar, pero si está en torno al 20% (como pronostican las encuestas) será un partido de Gobierno”. 

Y desde ahí, la extrema derecha buscará derogar “prácticamente todo lo que la izquierda ha aprobado”. Desde las leyes de igualdad y de protección de los colectivos LGTBi que ellos llaman normas “ideológicas de género”, a las que regulan el derecho al aborto o a la eutanasia, además de la ley de Memoria Histórica y la de cambio climático. Y, aunque no pueda cambiar la Constitución, precisó Abascal, sí buscará el modo de retirar competencias a las comunidades autónomas y devolvérselas al Estado.

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