Bruselas avisa al PP: la Comisión Europea apoya la reforma laboral del Gobierno y los agentes sociales

Al PP se le acumulan los mensajes pidiéndole que apoye, o al menos no obstaculice, la modificación de la reforma laboral que el Gobierno ha conseguido pactar con sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social. A la presión de la patronal, del Gobierno y hasta de una parte significativa de su propio partido, se suma ahora la Comisión Europea.

Fue el comisario de Economía de la Unión, Paolo Gentiloni, el encargado de trasladar el mensaje. Lo hizo este miércoles en una intervención en la Comisión de Empleo y Economía del Parlamento Europeo, en la que dejó claro que Bruselas apoya el acuerdo de reforma laboral pactado en España y pendiente todavía de validación por el Congreso de los Diputados. 

Se lo dijo expresamente a la eurodiputada del PP Isabel Benjumea: “Por supuesto les digo que apoyamos los acuerdos que existen entre los agentes sociales y los distintos actores involucrados” para modificar la normativa laboral española.

Y no sólo eso. El máximo responsable de la política económica de la Unión recordó a la representante del PP que la llegada de fondos europeos durante el presente año está directamente relacionada con el cumplimiento de objetivos como la reforma laboral pactada en el marco del diálogo social español o la reforma de la pensiones.

Fue en la misma sesión parlamentaria en la que tanto Gentiloni como su colega en el gobierno europeo, Valdis Dombrovskis, responsable del Euro y del Diálogo Social, defendieron el uso que España está haciendo de los fondos europeos, así como la eficiencia de los mecanismos de control puestos en marcha por la Unión.

“Este tipo de programa se basa en resultados”, explicó Dombrovskis a la diputada del PP, de manera que "el dinero se ingresa cuando se cumplen una serie de objetivos” que pueden ser desde inversiones a reformas —como la laboral—. “La comisión verifica si es así o no. Y si es así, el dinero se pone a disposición”.

Gentiloni ratificó a su compañero en la Comisión. La decisión de enviar la primera partida de dinero a España “se tomó muy rápido porque muchos de los objetivos de ese embolso tenían que ver con decisiones e iniciativas que ya habían ejecutado las autoridades españolas”. “Era legal”, subrayó a la diputada del PP, “y es algo que además otros Estados han estado haciendo”.

 En este momento, explicó el comisario de Economía, Bruselas está “empezando a evaluar las nuevas reformas y objetivos”. Se trata de “hitos”, como los cambios en el mercado laboral o la reforma de las pensiones, de los que depende la entrega de nuevos fondos, subrayó. 

El ‘no’ del PP

En diciembre, nada más conocerse el acuerdo alcanzado por sindicatos y empresarios para modificar parcialmente la reforma laboral vigente desde 2012 —entonces el PP la aprobó sin más apoyo que el suyo propio—, Casado anunció que su partido votaría en contra cuando el texto final fuese remitido al Congreso de los Diputados. Y eso que él mismo y gran parte de su partido reconocen que mantiene en lo sustancial la reforma laboral impulsada por Mariano Rajoy en plena gran recesión.

Aquella decisión le valió inmediatamente las críticas de la patronal CEOE, firme defensora junto a los sindicatos CCOO y UGT del acuerdo alcanzado. De hecho, se da la paradoja que la nueva regulación tiene el visto bueno de la madre de aquella reforma, la exministra Fátima Báñez, ahora en la nómina de la patronal. Como también ha conseguido el apoyo del expresidente Rajoy y del que fuera su secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa.

Algunos barones, los más moderados del partido, sin cuestionar abiertamente la decisión de Casado, sí lo hicieron indirectamente al poner en valor que la nueva normativa que impulsa el Gobierno tenga el aval de sindicatos y empresarios. Es el caso del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y de su homólogo andaluz, Juanma Moreno. Ambos temen las consecuencias que una derrota parlamentaria de la nueva reforma laboral pueda tener para la llegada de nuevos fondos europeos, vitales para ambas comunidades autónomas. Y el coste político que implicaría que ese fracaso fuese consecuencia de un voto negativo del PP. Algo que es particularmente importante para el presidente de Andalucía, que este año se enfrenta a elecciones.

Esta misma semana, en una entrevista publicada por El Punt Avui, el exministro del PP Cristóbal Montoro llegó a criticar que el PP no esté celebrando la llegada del dinero de Europa: “El debate en España se empequeñece cuando el Gobierno se lo apunta como un mérito suyo y la oposición no se sabe lo que dice, en lugar de estar celebrando que son fondos de todos y que van sobre todo a los países que más hemos sufrido. En lugar de celebrarlo, lo convertimos en un enfrentamiento político”.

A todas estas voces se sumó este miércoles, de nuevo, el jefe del Ejecutivo español. Aprovechando una llamada telefónica en la que conversaron sobre la situación en Ucrania, Pedro Sánchez le pidió expresamente “el voto favorable o la abstención, para que el Parlamento respalde y convalide el acuerdo alcanzado entre los agentes económicos y sociales y el Gobierno sobre la reforma laboral”.

En el mismo contacto, el primero que ambos mantienen desde mayo de 2021, Sánchez pidió a Casado “que deje de poner en duda la gestión de los fondos europeos”. Fuentes de Moncloa aseguran que “la respuesta de la Comisión Europea debería ser suficiente y que la estrategia seguida hasta la fecha por el PP sólo daña la imagen de España”.

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La política de Casado de tratar de hacer oposición al Gobierno a través de Bruselas viene de lejos. Lo ha intentado hablando, siempre sin ninguna base contrastada, de Venezuela, de ETA, de la ley educativa, del poder judicial, del supuesto autoritarismo del Gobierno o de presuntos ataques a la libertad de expresión en busca de una reprimenda europea que nunca llega. El líder del PP en persona ha especulado varias veces con la posibilidad de que España corra el riesgo de sufrir sanciones como las que la Comisión ha impulsado contra Polonia y Hungría por no respetar el Estado de Derecho.

En el caso de los fondos europeos, que según el PP el Gobierno utiliza para fines no previstos en los acuerdos con Bruselas y reparte a su antojo sin ninguna supervisión, Bruselas ya ha respondido en varias ocasiones negando estas acusaciones y defendiendo la idoneidad de los controles establecidos.

Hace apenas una semana, la Comisión también había manifestado su extrañeza por la campaña puesta en marcha por el PP, que no existe en ningún otro país receptor de fondos. “Hasta la fecha no tenemos constancia de ninguna disputa entre autoridades locales y el Gobierno central, aparte del caso de España”, declaró un portavoz comunitario.