El ataque criminal a la Guardia Civil en Barbate tiene mucho de excepción grotesca y engañosa dentro de un negocio que es en realidad cada vez más cerebral y ejecutivo. Hoy en el narco hay menos violencia explícita de la que hemos aprendido a suponer por el cine y la televisión, menos de la que parecen indicar crímenes como el de la semana pasada, y en cambio mucha más actividad empresarial discreta y eficiente. La imagen fiel del narco en España no la ofrecen los gañanes que jaleaban desde el puerto de Barbate, ni descerebrados como Kiko El Cabra. Para hacerse una idea más precisa de qué es el narco en España es más atinado pensar en la Mocro Mafia holandesa, el cártel de los Balcanes, la 'Ndrangheta, el clan irlandés Kinahan y los grupos colombianos y mexicanos que mantienen estructuras estables aquí y ejercen a diario una tarea de carcoma tan invisible como dañina. O en los 128 laboratorios de cocaína desmantelados por toda España en los últimos diez años. Uno al mes. Y preguntarse: ¿Cuántos estarán funcionando ahora mismo? ¿Qué estarán comprando con el dinero que ganan? ¿Qué bienes y qué voluntades?

El problema va mucho más allá de Andalucía, más allá de Galicia. Tiene –o debería tener– entidad de problema de Estado. Los lectores de infoLibre lo saben por la investigación Narco Files, que desvela cómo España se ha convertido en un nodo fundamental de toda una vasta red criminal transnacional vinculada a las drogas. El fenómeno desborda todo lo que creíamos saber, va mucho más allá de lo que permite ver el doble crimen de Barbate o la actividad del narco en el conflictivo sur del sur, que es apenas una tesela del mosaico. Narco Files –trabajo cooperativo internacional en el que ha participado este periódico–desvela cómo grupos de distintos países han aparcado diferencias para repartirse los eslabones de la cadena de la droga, en un nuevo esquema global profesionalizado que ha asignado a España el papel de gran productor de la UE, con engranajes en perfecto estado para las fases de transporte y blanqueo. Toda una miríada de bandas españolas están en ello.

El narco se ha convertido en una hidra de mil cabezas. Arranques las que arranques, el monstruo sigue vivo. Porque la demanda es insaciable. Ese es el desafío. Hacen falta para encararlo más policías y guardias civiles especializados. Por supuesto, más empleo en las zonas donde las bandas buscan su mano de obra. Y menos condescendencia clasista en la mirada a los puntos que por factores geográficos sufren mayor tensión. Ni Narcolandia, ni Territorio Narco: Barbate y La Línea son la primera línea de España y de Europa en la respuesta a un amenaza colosal. Hay que darles lo que necesiten. Lanchas grandes, sí. Pero sobre todo mucho respeto.

El crimen de Barbate nos ha obligado a mirar hacia uno de esos lugares incómodos donde preferimos no mirar, a fijarnos en uno de esos problemas de los que preferimos no saber demasiado hasta que se lía y no hay más remedio. Suele ser La Línea de la Concepción. Esta vez toca Barbate. Son poblaciones muy distintas y bastante distantes, pero tras el atracón informativo de la última semana muchos han rescatado al vuelo dos impresiones que valen en general para todo ese Cádiz de cara a Marruecos. La primera es que los narcos actúan con "total impunidad" en la zona. La segunda, que cuentan con "complicidad social". Ambas afirmaciones son seriamente objetables. Pero, en cualquier caso, lo que tengan de cierto no es nuevo.

Estos días las crónicas se llenan de expresiones como "alarma social". El detonante ha sido la insultante exhibición de superioridad de las narcolanchas frente a las zódiacs de la Guardia Civil. Pero la primacía marítima de los traficantes es un viejo asunto. Y no sólo por las narcolanchas, sobre el papel prohibidas desde 2018. Ya en los 90 las embarcaciones cargadas de tabaco llegadas de Gibraltar, las famosas Phantom, impresionaban por su velocidad de entrada y descarga en distintos puntos de la costa. No había forma de cogerlas.

Al poderío de los medios náuticos se suma el de los terrestres. Los contrabandistas hace años que reforzaron sus convoyes. A los dos vehículos habituales –la lanzadera para avisar de los controles y el todoterreno en la retaguardia con la droga–, se añade un tercer coche, de mayor cilindrada, que sirve de advertencia a los policías. En alguna ocasión, los coches de los agentes han sido embestidos. Como suena: narcos embistiendo a policías. Lo de Barbate, pero en tierra. El mayor tamaño de las gomas y los coches implica mayores cantidades de droga transportada. Y con ello mayor incentivo para resistirse a la detención y evitar la pérdida de mercancía. La clásica regla "si te cogen, te rindes" ya no se cumple como antes. Ahora se resisten.

Las actitudes de desafío a la autoridad son moneda corriente. Lo repiten estos días policías, jueces y fiscales, pero llevan años advirtiéndolo. Hay un caso que merece la pena recordar. En 2018 un grupo de encapuchados asaltó el hospital de La Línea y logró sacar de allí a un jefe del clan de Los Castañitas, sin que los agentes que lo custodiaban pudieran evitarlo. Los pacientes y sanitarios asistieron incrédulos al rescate.

Así que en absoluto es nuevo que los agentes de la ley sean –en ocasiones, no siempre– desafiados y doblegados. ¿Grave? Mucho. Pero nuevo no.

Las crónicas de estos días están pobladas de referencias a una supuesta "complicidad social" con el narco. Mucho habría que matizar. En Barbate, una ciudad de más de 20.000 habitantes, o La Línea, de más de 60.000, el grueso de la población sólo ve perjuicios y riesgos, en primer lugar para su seguridad, en segundo para la imagen de sus ciudades, retratadas en la televisión como si fueran el Nápoles de Gomorra. Es previsible que todo este asunto acabe con una profundización de los tópicos más oscuros sobre Andalucía. Sería injusto.

Que haya sido el alcalde de La Línea, un independiente con un punto populista que suma más del 75% del voto, el que ha abierto el melón de la legalización del cannabis debería dar idea de lo que la mayoría por allí piensa sobre el comercio ilegal de la droga. Es una maldición, no lo quieren ni en pintura. Y en Barbate, tampoco. Tiene un punto hipócrita que desde los pueblos y ciudades donde por todas partes se fuman y esnifan los productos del narconegocio se acuse a poblaciones que sufren la lacra de las bandas de "complicidad con el narco".

Pero tampoco seamos ingenuos: claro que hay "cómplices". ¿Cómo no va a haberlos? Pura lógica. Gente que vive de la droga, gente que vive de gente que vive de la droga, otros que miran para otro lado. Hay muchas circunstancias que favorecen la narcoeconomía. Desde luego ayuda estar frente a las costas del mayor productor de hachís del mundo. El desproporcionado paro juvenil también. Y la proximidad a la costa de núcleos densamente poblados, que facilita las descargas. Alguno recordará aquella lancha cargada de droga que llegó a la costa de La Línea, entre El Tonelero y El Burgo, cuando se plantaron allí tres guardias civiles. ¿Qué pasó? Que los traficantes se enfrentaron a ellos y lograron completar el desembarco ayudados por vecinos del próximo barrio de La Atunara, que sometieron a los agentes a una lluvia de pedradas. Era 2017. Precisamente aquello suscitó otro pico de "alarma social".

Áreas del sur de Cádiz son de antiguo propicias para el contrabando. En La Línea, donde a la proximidad con Marruecos hay que sumar la de Gibraltar, se ha contrabandeado desde antes de que se cerrara la verja del Peñón en 1969. ¿Con qué? Con todo. Azúcar, café, gasolina, tabaco, penicilina. Histórica es la figura del matutero, que sacaba de todo para venderlo en la Andalucía mísera del franquismo. Por supuesto, el parentesco de una matutera que sobrevivía pasando aceite de hígado de bacalao durante la dictadura con un joven peón de los clanes es lejano, si es que existe. Pero ambos son productos de una zona pobre, fronteriza, una tierra de hibridación y subsistencia donde mover mercancía al margen de la ley puede llegar a no parecer tan descabellado. No es justificación, es explicación. Sobra aquí el juicio moralista o el mohín escandalizado. Si aplicamos la lógica, no debería extrañar que haya quienes digan: "Si vas a fastidiar este negocio, dame una alternativa; si no, déjame".

No no hay nada extraño en ello, ni nada nuevo.

Lo nuevo es otra cosa. Narco Files demuestra que España no es un país en el que el narco toque de refilón cuatro o cinco zonas calientes y el resto esté a salvo. Todo el cuerpo está en riesgo, especialmente los puertos, que sufren ya "un problema importante de corrupción", como ha señalado la fiscal jefe antidroga, Rosa Ana Morán. Mucho ojo hay que tener en Algeciras y en Valencia, en Barcelona y en Málaga, en Vigo y en Bilbao. Más palabras graves de Morán: "Es difícil introducir tanta droga en los puertos sin colaboración desde dentro".

Lo cómodo es pensar que el problema de la droga en España es sólo una cosa de lugareños de aquí y allá, todos ellos bajo sospecha de complicidad, y de narcos impunes a los que les haría falta una ración de mano dura. Cómodo, pero desenfocado. Y no sólo porque desprecia los condicionantes históricos, geográficos y económicos que explican por qué el narco florece en un punto y no en otro, sino porque ignora los profundos cambios que el narconegocio ha experimentado en los últimos años.

El narco avanza como una carcoma. El terreno que gana no se lo come a Barbate, ni a La Línea, ni a cualquiera de los puertos donde logre corromper a un funcionario, ni tampoco a la Guardia Civil o la Policía Nacional. No sólo a ellos. Se lo come a la democracia, a la sociedad, al país. Nadie puede decir que el narco le pille lejos.

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Ángel Munárriz es Jefe de Investigación de infoLibre.

Los NarcoFiles, los más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de la Nación de Colombia analizados por 40 medios de comunicación, infoLibre y Narcodiario en España, describen con precisión el nuevo panorama del crimen organizado en todo el mundo. La filtración sitúa a España como lugar de encuentro de toda clase de mafias internacionales de la droga, pero también como puerta de entrada de los flujos de droga procedentes de Sudamérica y como incipiente zona de producción, con laboratorios de cocaína y grandes plantaciones de cannabis.

En cuanto a las entradas, además de las muy conocidas que emplean los narcotransportistas gallegos –veleros, lanchas rápidas, pesqueros o narcosubmarinos–, los NarcoFiles desvelan con todo lujo de detalles el camino que recorren los grandes alijos entre cargamentos lícitos de bananas, con origen en los puertos de la región de Urabá –el principal, el de Turbo–, dominada con puño de hierro por el denominado clan del Golfo, y destino en distintos países europeos. Así lo han revelado los medios IrpiMedia, de Italia, y Vorágine, de Colombia, asociados a OCCRP, el consorcio internacional de periodistas que, junto al Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), ha coordinado la mayor investigación periodística conjunta sobre el crimen organizado realizada hasta la fecha.

“Los desembarcaderos fluviales de Zungo y Nueva Colonia forman parte del puerto de Turbo, y son administrados íntegramente por Banacol y otra empresa bananera. En los embarcaderos hay almacenes con cajas de plátanos listas para ser cargadas, y justo detrás de los embarcaderos, las plantaciones. Y son puertos fáciles de usar para quienes ya se han infiltrado en la cadena de suministro del cultivo del banano. Desde allí los contenedores son llevados en barcazas a altamar y allí son izados a los portacontenedores que esperan en el puerto”, explica a IrpiMedia una fuente policial que investiga desde hace años el tráfico de drogas en Urabá. Los NarcoFiles apuntan a Banacol como financiadora de actividades paramilitares, cuyos antiguos miembros dominan hoy la producción de cocaína.

La empresa, que dice ser “víctima del flagelo del narcotráfico como lo son todas las empresas exportadoras”, niega haber sido “investigada por ninguna autoridad judicial nacional ni internacional sobre delitos relacionados con narcotráfico” y asegura que “nunca ha sido cuestionada judicialmente por las autoridades nacionales por acusaciones relacionadas con supuestos pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), toda vez que se ha demostrado que nunca lo ha hecho” [ver aquí la explicación completa de Banacol].

En cuanto a los dueños de la mercancía, Los Urabeños, ahora conocidos como el clan del Golfo, tienen desde hace años oficinas en España. En su día fueron descubiertos en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y, desde luego, mantienen posiciones fijas en Madrid. La banana es el principal producto de exportación de Colombia, debe salir rápido de los puertos y, por tanto, es un escondite perfecto para la cocaína que, ya no sólo viaja hacia Galicia, Valencia, Barcelona o Algeciras, en España, sino también hacia Róterdam, Amberes y Gioia Tauro, el gran puerto italiano.

Una antigua alianza entre mafiosos calabreses y sicilianos y colombianos, en la que ahora también participan los balcánicos, sigue muy vigente, con tratos directos en Sudamérica para los grandes envíos. A la provincia de Pontevedra, la cocaína llega desde Turbo desde hace décadas, pero no hay que retroceder demasiado en el tiempo para hallar elementos de prueba.

En 2019, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolló la fase de explotación de la operación Cetil, destacada por Europol como la más importante del año en todo el continente. Fueron decomisados unos 6.000 kilos del clan del Golfo que salieron del puerto de Urabá y llegaron a distintos puntos: gran parte al puerto de Marín (Pontevedra), pero también a Valencia y a Países Bajos. Todo ello entre bananas. Para el rescate de estos cargamentos, sin embargo, no había gallegos, ni siquiera balcánicos. Eran marroquíes-holandeses, probablemente integrantes de la Mocro Mafia, la organización liderada desde prisión por Ridouan Taghi, el hombre que, según las autoridades, encargó el asesinato en plena calle del periodista Peter R. de Vries y mantiene amenazados al ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, y a la familia real holandesa.

Turbo también era el origen de los 7.200 kilos de cocaína incautados entre bananas este mismo 2023 en operativos conjuntos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia, en el puerto de Vigo, pero especialmente en el de Algeciras (Cádiz). Una organización histórica del Campo de Gibraltar tenía los contactos precisos en el Urabá antioqueño para recibir la mercancía. Su cabecilla, Damián R., sigue prófugo a pesar de los esfuerzos de las autoridades en España. Se le considera el enlace en la Península para hacer negocios con los colombianos en esta ruta.

Las seis terminales portuarias de Guayaquil (Ecuador), muy cerca de Colombia, son la segunda gran lanzadera mundial de cocaína. La sustancia llega a la ciudad del Pacífico por carretera desde los laboratorios del lado colombiano y parte en portacontenedores en dirección a Algeciras y Galicia, según explicó a Narcodiario el director antinarcóticos de Ecuador, Pablo Ramírez. El puerto de Valencia y los de Róterdam y Amberes, además de Gioia Tauro, en Italia, Le Havre, en Francia, y Hamburgo, en Alemania, también reciben alijos entre bananas.

“Estamos geográficamente ubicados entre dos países productores, por un lado está Colombia y por otro está Perú. De acuerdo con el último informe de la UNODC, el primer país es productor de 1.400 toneladas y el otro de 869, y, dentro de este ámbito, Ecuador no es productor, pero sí un país de acopio de forma previa al envío al exterior”. detalla Ramírez. “Tenemos debilidades, como son el ámbito marítimo y aéreo. El Estado está trabajando a través de varias estrategias, sobre todo tecnológicas, para detectar las embarcaciones y las aeronaves. Hemos establecido y fortalecido las inspecciones no intrusivas [en los contenedores]. Los seis puertos importantes de exportación están dotados de escáneres para ir avanzando en la inspección del 40%, 50%, 60% de los contenedores, con el objetivo de llegar al 100%”, avanza. Sin embargo, este año sólo han podido inspeccionar el 28,5% de los 329.000 contenedores que han salido de Ecuador, lamenta el jefe antidroga ecuatoriano. “El resto”, añade, “sale sin inspección, pero sí con un perfilamiento que nos permite tener una comunicación con países de todo el mundo, dar alertas al destino y de esta manera trabajar conjuntamente”.

Uno de esos contenedores llegó el pasado septiembre a Algeciras con 9.500 kilos de cocaína, el mayor alijo jamás incautado en España y también el mayor en todo el mundo desde 2021. Pablo Ramírez describe el camino que sigue la cocaína desde Colombia hasta su salida en los contenedores desde puertos ecuatorianos: “Tenemos tres pasos legales y 77 no autorizados. Toman los ramales de la sierra centro o de la costa, y van hacia Guayas, Manabí y también Los Ríos. Hemos identificado 23 puntos de acopio con nuestras intervenciones e incautado aproximadamente 30 toneladas de cocaína en estos centros. En esos puntos adecuan o modifican las estructuras de los contenedores introduciendo la droga en sus paneles de refrigeración, o en paredes, pisos y techos. Desde allí van hacia los puertos. En otras ocasiones contaminan el producto. El más perjudicado es el banano, en este caso mediante el sistema del gancho ciego o rip-off [introducir la droga sin que lo sepa la empresa y rescatarla en destino]. Los barcos salen hacia el Canal de Panamá y toman rumbo a Europa”.

La historia que llevó a Ecuador, en general, y a Guayaquil, en particular, a su situación actual, convertida en un auténtico Medellín de los 80 por el dominio de las redes narcos, nace hace 30 años, según detalla el alto cargo policial. “En los años 80 y 90 y ya en los 2000, hasta 2005, aproximadamente, teníamos presencia de los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos. A partir de 2010 y de forma más relevante desde 2017, hemos detectado la presencia de los cárteles de los Balcanes, a través de varias investigaciones y aprehensiones. Ya hay sentencias contra albaneses y tenemos investigaciones en curso muy importantes”. El cártel de los Balcanes se ha hecho fuerte también a este lado del Atlántico, y buena muestra son los recientes arrestos de Dritan Rexhepi, de Nenad Petrak, y Kristijan Palic, los tres refugiados en Turquía.

“Tenemos una ley migratoria universal que en su momento no requería ningún tipo de visa. Somos un país dolarizado y en esa época nuestra legislación era débil en cuanto al lavado de activos. Estas personas extranjeras comenzaban con la fachada de inversionistas lícitos y creaban empresas de exportación y también ejecutaban sus acciones ilícitas. Ahora intercambiamos información con el servicio de aduanas, con el servicio de rentas internas y con otros ámbitos de control, como el Ministerio de Agricultura, que da las licencias de exportación de banano, y ahí observamos si coinciden los pedidos, cómo son los pagos, las cantidades y los países de destino. Así hemos podido crear un centro de análisis de puertos y aeropuertos desde hace tres años. Ese perfilamiento de empresas a través de nueve o 10 indicadores nos ha permitido lograr importantes resultados e incautaciones”, explica Pablo Ramírez. Sobre el motivo que lleva a los narcos a emplear la banana para los envíos, no hay dudas: “Supone el 70% de nuestras exportaciones legales”.

Tras Colombia y Ecuador, los siguientes puntos de origen de la cocaína que llega en contenedores a Europa son Brasil, Panamá, Paraguay y Costa Rica. Desde Brasil destacaron durante años las rutas dirigidas por el ahora encarcelado en Bélgica Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter. Considerado uno de los grandes capos contemporáneos, es el responsable de envíos no sólo en portacontenedores, sino también en barcos pesqueros, con España como referencia.

Así ocurrió en el caso del Titán III, donde sus socios gallegos fueron condenados y él eludió el juicio tras fingir su muerte. Más tarde fue detenido en Budapest y de allí, extraditado a Bélgica. España y Brasil le siguen reclamando. Los puertos atlánticos de Brasil, con Santos como punta de lanza, son origen de numerosos cargamentos destinados a Europa a través de España. El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos mafias brasileñas, están detrás de parte de estos negocios, con oficinas estables en puntos como las islas Canarias. Suelen apostar por el gancho ciego, ocultando la droga en toda clase de mercancías, muchas veces harinas o madera, que se envían de forma legal no sólo a España, sino también a Portugal.

En cuanto a Paraguay, los Narcofiles describen una hidrovía que permite mover los alijos de cocaína por el río Paraná desde los países productores hasta los puertos de salida. El destino final ya no es sólo España, sino también otros países de Europa. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de ese país está haciendo grandes esfuerzos por descabezar a las grandes redes delictivas asentadas en la región.

Costa Rica y su puerto de Limón es otro de los lugares más calientes de Latinoamérica a la hora de enviar grandes partidas de cocaína en contenedores hacia España. Su cercanía con los países productores y su rápido acceso al Canal de Panamá suponen una ventaja para los narcos. La desventaja con la que tienen que lidiar aquí los narcos es la presencia de Estados Unidos en la zona, que ayuda a las autoridades locales.

Por último, el caso de Panamá es particular, pues sus terminales portuarias hacen de puente para la mayor parte de los envíos procedentes de Ecuador y, en algunos casos, también de Colombia, por lo que mucha de la cocaína está en tránsito. Además, es un punto de recepción de grandes cantidades de droga que llegan en narcolancha tanto por el Pacífico como por el Atlántico.

En el país centroamericano entra en juego la corrupción, un factor clave a la hora de hacer pasar los grandes alijos por las terminales, lo mismo para su carga como para su recepción y posterior salida a los canales de distribución. “Si no existiese corrupción, tanto en los puertos de salida como en los puertos de entrada, no habría opción de llevar a cabo el transporte de cocaína”. Así lo declaró el propio jefe del clan del Golfo en España en el documental Narcogallegos que puede verse en la plataforma Movistar Plus+ en España y en todo el mundo a través de streaming en Kanopy.

La filtración de los NarcoFiles también revela las nuevas estrategias que, de un tiempo a esta parte, emplean los narcotraficantes para mover la cocaína que entra por los puertos de Europa, entre bananas o cualquier otra mercancía legal. Por ejemplo, el ataque a los sistemas informáticos de los puertos, bien de forma directa a través de hackers, bien con sobornos a personal con acceso a los equipos de cada uno de los puertos. La investigación de OCCRP desvela las tretas empleadas por un pirata informático holandés que se introdujo en el sistema informático del puerto de Róterdam para obtener los números PIN de los contenedores. Así conseguía monitorizar los contenedores que iban a ser objeto de inspección.

Otro sistema utilizado es la modificación virtual del origen de ciertos envíos, evitando así que se incluyan en los canales de análisis e inspección.

La lucha contra la corrupción en los puertos se antoja, pues, esencial. Así lo describió a Narcodiario Macarena Arroyo, fiscal antidroga del Campo de Gibraltar. “Una organización que envía nueve toneladas de cocaína no se arriesga a perderlas durante un control, una vigilancia o un posicionamiento. Tienen unas rutas establecidas y capacidad para modificarlas y dirigirse a otros puertos, tienen capacidades logísticas. También disponen de medios para los desplazamientos posteriores por carretera. Pero el problema es la corrupción. Los narcotraficantes no envían nueve toneladas de cocaína a un puerto si no tienen garantizado y asegurado que van a llegar a su destino”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Policías de Países Bajos, Francia, Bélgica, Dubái y España desarticularon en noviembre de 2022 un supercártel de narcotraficantes que controlaba buena parte del mercado de la cocaína en Europa. En la operación Desert Light fueron detenidas 49 personas, de las cuales siete eran consideradas por Europol Objetivos de Alto Valor, grandes capos. “Es un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico global”, anunció entonces la Guardia Civil, que fue la encargada de la parte española de la investigación. Ésta, bautizada como operación Faukas, se cerró con el arresto de 15 personas, de las que tres fueron distinguidas con la etiqueta de grandes capos: dos de ellos fueron capturados en Dubái y el tercero en Málaga.

La cooperación policial europea conseguía así desarticular la estructura logística de una macroorganización en la que señores de la droga de diferentes nacionalidades se habían asociado para inundar Europa de cocaína, pero además habían descabezado el entramado gracias a la colaboración de Dubái, un hecho sin precedentes. Seis de los siete grandes capos detenidos vivían en el emirato, convertido en un auténtico “santuario” para delincuentes del más alto nivel. Para dar una idea de la contundencia del golpe basta con reseñar que se incautaron 30 toneladas de cocaína, lo que equivalía a “un tercio del mercado”, según destacó la Guardia Civil.

Sin embargo, un año después de la meagoperación europea, los seis capos detenidos en Dubái se encuentran en libertad en el emirato y aún pendientes de extradición. Incluidos los dos que reclama España, tal y como han confirmado a infoLibre tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Antidroga. El primero es Ryan James Hale, un ciudadano británico que residió en la Costa del Sol, pero que debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro. Entonces se mudó a Dubái. Desde allí, este miembro del clan irlandés de los Kinahan dirigía el negocio y se coordinaba con el resto de los capos con los que compartía residencia. El segundo, Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, que tiene pasaporte de Panamá, era el responsable de proveer la droga y de enviarla desde el puerto panameño de Manzanillo. También vive en el emirato.

Otro tanto ocurre con los cuatro capos reclamados por Francia, Bélgica y Países Bajos, según ha podido confirmar OCCRP, red de medios de investigación a la que pertenece infoLibre. Se trata del bosnio Edin Gačanin y del marroquí Zouhair Belkhair, ambos con pasaporte holandés, y los belga-marroquíes Hoesny Ajaray y Rabhioui Bourfa, cuya extradición piden tanto Bélgica como Francia. Todos ellos quedaron en libertad ya a comienzos de este año, apenas dos meses después de su detención en Dubái. Y sus respectivas extradiciones permanecen en el limbo de la burocracia judicial del emirato.

Cuando se hizo público que Belkhair había quedado en libertad bajo fianza y Gačanin en libertad sin ningún cargo, las autoridades holandesas pusieron el grito en el cielo, según publicaron entonces los medios del país. Porque, además, parecía que el bosnio se encontraba en paradero desconocido.

En Francia también llegaron a las páginas de los periódicos las penalidades de la extradición de Ajaray y Bourfa. En los cuatro casos, Dubái respondió asegurando que ambos países europeos habían presentado sus respectivas solicitudes fuera de plazo, fijado en 40 días. Los fiscales holandeses lo negaron taxativamente, al igual que los franceses.

Unos meses después, en verano, el semanario Le Nouvel Observateur hizo pública una nota que los servicios de seguridad franceses habían enviado a la policía quejándose de la falta de colaboración de Dubái en el proceso de entrega de los delincuentes reclamados por Francia. “Hasta la fecha, ninguno de estos narcotraficantes ha sido extraditado a nuestro país, y varios procedimientos contra individuos especialmente activos y peligrosos han sido incluso archivados por las autoridades emiratíes, que han invocado pretextos más o menos falaces en apoyo de sus decisiones”, protestaban los servicios de inteligencia franceses. A su juicio, que los narcos fueran puestos en libertad constituye una “fuerte señal de impunidad enviada por los Emiratos Árabes Unidos a los narcotraficantes que se instalan en masa en Dubái y continúan desde el emirato organizando y gestionando el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y los asesinatos en las ciudades francesas”. Según explicaban en la nota los agentes, Francia tiene unos 26 procedimientos en curso, no sólo los de la Operación Desert Light. Bélgica, otros tantos.

infoLibre ha preguntado al Ministerio belga de Justicia por las extradiciones de Ajaray y Bourfa, que se ha limitado a confirmar que, en efecto, “persigue a cierto número de fugitivos que se cree que se encuentran en los Emiratos” y que tiene “solicitudes de extradición pendientes” ante los tribunales de Dubái. Pero se niega a hacer comentarios sobre casos individuales. Bélgica firmó con Emiratos un convenio de extradición en 2021 que entregó en vigor en noviembre de 2022. El Ministerio del Interior francés no ha respondido a la solicitud de información que le ha enviado este periódico. Francia y Emiratos también cuentan con un convenio de extradición desde 2018. Los abogados de los holandeses Gačanin y Belkhair sí han confirmado a OCCRP que ambos siguen en libertad y pendientes de los jueces dubaitíes.

En España, en cambio, no se ha levantado revuelo alguno. Pero los fiscales Antidroga de Valencia, Ismael Teruel, y Málaga, Fernando Bentabol, coinciden en quejarse de la “falta de interés” de los dubaitíes por cumplir con las extradiciones. “Empezaron a pedir informes e informes, cosas raras… y trámites absurdos”, recuerda Teruel. Es en Valencia donde se tramita la solicitud de entrega del panameño Martínez Meza, porque fue en su puerto donde se decomisó el alijo de 698 kilos de cocaína en marzo de 2020 que permitió tirar del hilo y llegar hasta los capos instalados en Dubái. Además, advierte el fiscal, las autoridades judiciales del emirato no han dejado de manifestar sus dudas sobre la legalidad de la desencriptación de las plataformas de chats Encrochat y Sky ECC, que permitió a la Guardia Civil ligar ese cargamento con quienes lo habían organizado. Anular la validez del descifrado de las comunicaciones se ha convertido en la principal estrategia utilizada por los abogados de los narcos para salvar a sus clientes. Sin embargo, en un paso hacia lo que puede ser su validación definitiva, la Abogada General de la UE Tamara Cápeta acaba de avalar el uso de los mensajes descifrados de Encrochat que fueron intervenidos gracias a la policía francesa.

“No se molestan en ser eficaces y ágiles, ponen inconvenientes, dan largas. Y más aún cuando se trata de personas que invierten allí, para blanquearlo, parte del dinero que han obtenido”, lamenta por su parte el fiscal malagueño, quien de todas maneras dice que en el caso de Ryan James Hale el juzgado ya ha presentado toda la documentación requerida y está pendiente de que respondan las autoridades judiciales del emirato. Su colega de Valencia asegura que el panameño Martínez Meza está libre en Dubái “pero sin posibilidad de salir del país”. El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Fran Torres, que dirigió la operación Faukas, alaba ante infoLibre la cooperación de la policía dubaití, que tanto tiempo les costó conseguir, pero ahora teme que las reticencias de la justicia del emirato permitan la huida de los supercapos.

Otra prueba de la renuencia dubaití la esgrime el fiscal Antidroga de Valencia. Ya antes del verano, Europol convocó en París a las policías de los países implicados en la operación Desert Light y éstos, a su vez, invitaron a los fiscales encargados de las extradiciones. Pero la policía de Dubái, que también había sido citada, no acudió, explica Ismael Teruel: “Así que quedó claro que el emirato no tenía mucho interés”.

La fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, se queja igualmente de la falta de fluidez, pero más que a la ausencia de voluntad atribuye el retraso al hecho de que “los Emiratos no han desarrollado el sistema de extradición como los países europeos”. También a que tienen unos procedimientos “muy burocratizados y muy antiguos”, asegura. Aunque Rosa Ana Morán tampoco descarta la “corrupción”, que “el retraso se deba a la voluntad de algún funcionario”.

La fiscal repite las quejas de Valencia y Málaga sobre las “formalidades nada habituales” que exige Dubái, como que el juez firme las traducciones de los documentos que les envían.

Sin embargo, al menos en el caso de los reclamados por la justicia española, no toda la culpa recae sobre el lado dubaití. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la extradición de Alejandro Salgado Vega, un madrileño conocido como El Tigre a quien la Guardia Civil considera “el más importante narcotraficante español” de cocaína del mundo. Para sorpresa de los propios agentes, que no lo consideraban una pieza de caza mayor, descubrieron que controlaba “una red global de tráfico de cocaína con presencia en los cinco continentes” que movía un volumen enorme de droga desde Sudamérica. También se había asentado en Dubái, donde fue detenido el pasado mes de agosto, pero no por dirigir una narcobanda internacional, sino por un delito menor: le pillaron consumiendo droga en su propia casa, que estaba siendo vigilada por la policía del emirato. Así que el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras emitió una orden internacional de detención contra él en diciembre del año pasado, después de que la Guardia Civil arrestara en esa localidad gaditana a siete personas relacionadas con un cargamento de casi dos toneladas de cocaína aprehendido en un contenedor procedente de Paraguay. Al mando de la organización estaba el español.

Pero, a diferencia de los detenidos por Europol, El Tigre lleva un año en prisión en el emirato. El pasado septiembre declararon ante el juez los policías que lo detuvieron. Estos confirmaron que allí sólo se estaba consumiendo droga, pero no se estaba cometiendo ningún otro delito, asegura a infoLibre Javier Yagüe García, abogado de Alejandro Salgado. En ese momento sus letrados dubaitíes solicitaron la libertad bajo fianza de El Tigre, pero no se le concedió. En estos días, añade el defensor, se debe celebrarse la vista en la que se dictará sentencia. En España, la posesión de cocaína no está penalizada si es inferior a 7,5 gramos a la semana; se considera consumo propio. Pero en Dubái le puede caer hasta un año, dice Yagüe, “un tiempo que, en todo caso, ya habría cumplido”.

Una vez sentenciado, El Tigre tendrá que lidiar con el proceso de extradición, cuando el juzgado de Algeciras envíe a Dubái toda la documentación traducida al árabe y solicite formalmente la entrega. Otro tribunal deberá decidir entonces si la concede, o no, por los delitos que supuestamente ha cometido en España. Javier Yagüe esgrime las dudas sobre el descifrado del móvil. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, explica su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

En cualquier caso, el juzgado de Algeciras se ha encontrado con los mismos obstáculos burocráticos –o la misma desgana institucional– que los jueces de Valencia y Marbella. Con un añadido nacional. La fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, asegura que Dubái ha pedido al juzgado que le traduzca al árabe todo el sumario del caso, que tiene cientos de páginas. La empresa contratada para ello, Ofilingua, lleva nueve meses en esa tarea. La fiscal Arroyo cree que está a punto de entregar el documento. Y sí, en efecto, los dubaitíes piden que la traducción la firme el juez.

Así que, aunque con un enorme retraso, puede que comience a procesarse la entrega de El Tigre al mismo tiempo que se celebra el juicio por el cargamento paraguayo que puso a las fuerzas del orden sobre su pista. Esta misma semana está previsto que se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cádiz su lugarteniente, Rubén Panadero Gil, alias Pana, y el financiador del alijo, apodado El Osito.

El abogado Javier Yagüe desdeña el riesgo de fuga. “De allí no te escapas”, zanja. Dubái “es otro mundo”, dice, donde ni siquiera dejan a los abogados ver a sus clientes en la cárcel. “Sólo pude comunicarme con él [Alejandro Salgado] por teléfono o por videoconferencia”. Y donde, para dejar a un detenido en libertad bajo fianza, deben depositarse en el juzgado dos pasaportes, el del recluso y el de una segunda persona, detalla con sorpresa el letrado.

Como se ve a la luz del caso contra El Tigre, en España los procedimientos de extradición también sufren por el proverbial atasco judicial. “El juzgado que se encarga de la operación es el que se encarga también de solicitar las extradiciones necesarias”, resume Rosa Ana Morán. Es decir, juzgados pequeños, como el de Algeciras, son los que tienen que lidiar con la burocracia de Dubái, con un ministerio de Exteriores que está en Madrid… y con la endémica falta de medios materiales y humanos, enumera. “¿Para qué tenemos una Audiencia Nacional si una gran operación no podemos traerla aquí?”, se pregunta. Muchos de estos juzgados mixtos –de instrucción y de primera instancia– tienen que tramitar desde disputas vecinales hasta, en efecto, extradiciones internacionales. La fiscal delegada de Cádiz, Ana Villagómez, recuerda, además, que estos destinos son los “peor considerados”, por lo que los jueces se marchan en cuanto pueden, al cumplir los dos años de permanencia. Para hacerse una idea del trabajo con que cargan estos juzgados, basta con apuntar que en el de Algeciras, como destaca Macarena Arroyo, el 80% de las causas están relacionadas con el tráfico de drogas.

Por eso, la fiscal jefa cree que España debería copiar el modelo francés de Jurisdicciones Interregionales Especializadas (JIRS), integrados por jueces, fiscales y funcionarios especializados a los que se libera del resto de los asuntos para que atiendan sólo la delincuencia organizada. “Serían como pequeñas audiencias nacionales en los territorios donde hace falta: Levante, Cádiz y Galicia”, precisa. Tanto ella como Villagómez y Arroyo piden, además, que se cambie la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir a los fiscales instruir las causas. España es de los pocos países europeos donde aún son los jueces los encargados de investigar los delitos, un modelo que copió de Francia en 1882 y que incluso los franceses han abandonado ya, destaca Ana Villagómez. Ese cambio en España, pese a que PP y PSOE están de acuerdo en que hay que hacerlo, lleva atascado por lo menos un par de décadas.

Luis Chabaneix, abogado penalista especializado en extradiciones, apunta en otra dirección para explicar el supuesto desinterés de Dubái por entregar a los seis capos: la falta de peso geopolítico de España. Pero también menciona la corrupción. “Ese tipo de delincuentes tienen muchos contactos en las altas esferas y mucho dinero e influencias que pueden ayudarles a salir del escollo”, apunta.

Además, detrás de las peticiones inusitadas de documentos Chabaneix adivina el papel de los abogados defensores, que piden sucesivos complementos de información a los jueces dubaitíes para demorar el proceso, desde el propio expediente judicial hasta copias de la legislación que debe aplicarse o cualquier otro documento.

Sin embargo, otros procedimientos han sido muy rápidos. En 2019, Dubái deportó a Ridouan Taghi, líder de la violenta mafia marroquí en Países Bajos, a quien se acusa de una docena de asesinatos y de dirigir uno de los mayores cárteles de droga de Europa. En realidad, no fue una extradición, porque entonces Países Bajos no tenía pactado un procedimiento de ese tipo con Emiratos Árabes Unidos. Taghi fue expulsado tres días después de su detención, tras ser declarado persona non grata por haber entrado en el país con un pasaporte falso.

Hace sólo un mes también fue detenido en Dubái el mayor de los hijos de Taghi, Faisal, de 22 años, acusado de dirigir la organización en ausencia de su padre. Ridouan, que se encuentra en una prisión holandesa de alta seguridad conocida como El Bunker, se enfrenta a una condena de cadena perpetua en un juicio que comenzó en marzo de 2020 y aún está pendiente de sentencia. En su caso, la extradición puede ser problemática porque Faisal ha vivido en el emirato desde que era un niño.

Igualmente fue capturado en Dubái Rafaelle Imperiale, miembro de la Camorra y socio de Taghi en el narconegocio. En marzo de 2022. Italia solicitó su extradición, que fue rechazada en un primer momento. Para que fuera finalmente concedida, hizo falta que el ministro de Justicia italiano volara al emirato y le entregara la petición en mano a su homólogo emiratí.

Una excepción más fue la de Hajli El Harraj, detenido en octubre de 2022 en Dubái y extraditado dos meses después a España. Era el capo del autodenominado cártel del Sur, una organización que introducía tanto hachís como cocaína a través del puerto de Algeciras y tenía en nómina a cuatro guardias civiles, un policía nacional, un administrativo de Aduanas y un ex policía local.

El fiscal Antidroga de Valencia dice que la entrega del panameño Martínez Meza depende ahora de la vía diplomática. España y Emiratos Árabes Unidos firmaron un convenio de extradición, otro de asistencia mutua en materia penal y un tercero sobre traslado de personas condenadas, todos ellos con la misma fecha, el 24 de noviembre de 2009. En febrero de 2021, además, suscribieron un acuerdo sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, aprobado por el Congreso y el Senado en abril y mayo de 2022. En él, ambos Estados se obligan a cooperar en materia de narcotráfico y delincuencia organizada, e incluso prevén el nombramiento de “agregados y oficiales de enlace” y de una comisión mixta para supervisar la cooperación. Según el convenio de extradición, cualquier controversia debe resolverse “por conducto diplomático”.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia por el retraso de las extradiciones de los dos capos de la operación Faukas, si Dubái las está bloqueando y qué medidas está adoptando para desatascarlas, pero no ha recibido respuesta alguna pese a los reiterados intentos de este periódico por obtenerla en las últimas semanas. infoLibre también ha preguntado a la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en España por estos procedimientos, pero no ha contestado.

Si el ministro italiano de Justicia tuvo que ir a Dubái para traerse a Rafaelle Imperiale, la ministra holandesa, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, viajó al emirato el pasado octubre. Allí firmó un MoU (Memorando de Entendimiento por sus siglas en inglés) para “profundizar” en la cooperación policial, según informó entonces el propio departamento. Pero ya antes, en agosto, habían entrado en vigor dos acuerdos bilaterales entre ambos países, uno sobre extradición y otro sobre asistencia jurídica. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, también visitó los Emiratos en las mismas fechas. Según un comunicado de la Embajada de Francia en el país del Golfo, además de debatir sobre la colaboración en la lucha contra el narcotráfico, Darmanin impuso al ministro del Interior dubaití la insignia de comandante de la Legión de Honor.

Ambas visitas formaron parte de la reunion ministerial anual de la Alianza Internacional para la Seguridad –integrada por ministros del Interior de 11 países–, que se celebró esos días en el emirato vecino de Abu Dabi. Tanto el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, como el italiano, Matteo Pentedosi, participaron mediante videoconferencia.

La fiscal jefa antidroga española, Rosa Ana Morán, asegura que Francia está estudiando nombrar un magistrado de enlace con Dubái para acelerar el regreso de los narcos capturados por Europol. Pero subraya que el problema con Dubái no tiene una solución política bilateral, sino que debe ser la Comisión Europea la que negocie con Emiratos, y otros países árabes, cómo mejorar los mecanismos de intercambio de información y extradición. “No se trata de negociar uno por uno”, protesta, “sino de establecer un sistema menos burocrático y que estos procesos no se eternicen”.

La operación Faukas es un buen ejemplo del papel que desempeña España en el narcotráfico mundial. También de cómo operan las organizaciones criminales del siglo XXI. “Geoestratégicamente, somos importantes”, aclara el comandante de la UCO Fran Torres, “España es el país que más cerca está de los productores, de Marruecos para cánnabis, de Sudamérica para la cocaína. Somos el puerto de entrada en Europa. Pero si hiciéramos una lista de los 50 mayores capos del mundo, sólo habría cinco o seis españoles. De los que están más arriba, quizá sólo El Tigre”.

“Los españoles son transportistas, blanqueadores, rescatadores, quienes controlan las puertas de entrada, pero a nivel top, si hablamos de auténticos capos, ésos están en las grandes organizaciones, el cártel de los Balcanes, la Mocro Mafia [marroquíes europeos de segunda generación como Taghi asentados en Bélgica y Países Bajos], los italianos de la Camorra y la ‘Ndrangheta, los colombianos y los mexicanos”, añade el comandante. “Y eso es positivo”, aclara enseguida, “porque habla bien de la Policía Nacional y de la Guardia Civil: aquí es muy difícil que un capo prospere; tarde o temprano, se le va a descabezar”.

Dubái, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos, tiene 3,5 millones de habitantes, una renta per cápita de 50.428 euros –la española es de 28.280 euros– y una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. No se pagan impuestos. Aunque no figura en la lista de paraísos fiscales española ni en la europea, la UE lo mantiene “bajo vigilancia” y es uno de los 10 mayores centros offshore y el octavo país del mundo en secretismo financiero, según Tax Justice Network.

Es pues un buen sitio para evitar los ajustes de cuentas y, al mismo tiempo, disfrutar de los millonarios beneficios del narconegocio sin llamar la atención en un entorno donde es normal la ostentación y el lujo. Muchos de los capos que salieron de la Costa del Sol huyendo del cada vez mayor ruido generado en torno a ellos, se desplazaron a Dubái. Con la mayor colaboración policial del emirato y tras el golpe al supercártel, los narcoseñores se están desplazando a Turquía, avanza el comandante Fran Torres. Otros prefieren Tánger, según la policía holandesa.

Hace sólo unos días, la policía turca detuvo en Estambul a uno de los mayores capos del mundo, Dritan Rexhepi, líder de un cártel internacional llamado Kompania Bello, a su vez uno de los grupos más poderosos del cártel de los Balcanes. Con ramificaciones en Ecuador, el norte de Europa, Italia y Dubái, Kompania Bello suministraba cocaína colombiana a organizaciones italianas como la Camorra y disponía de vías de entrada segura en los puertos de Róterdam y Amberes, y algunos del Mediterráneo.

Dependiendo de cómo acaben las extradiciones de los seis supercapos de Desert Light, se verá si, como proclamaba Europol, Dubái ha dejado de ser el santuario de los grandes narcos europeos o, por el contrario, continúa acogiendo sin mayor escándalo a estos delicuentes internacionales y sus cuantiosos patrimonios.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

En marzo de 2021 comenzó en Ámsterdam el primer gran juicio contra la Mocro Mafia, la banda de origen marroquí que domina el tráfico de drogas en los Países Bajos y Bélgica. El principal acusado era Ridouan Taghi, jefe del violentísimo grupo criminal. En el proceso, todo un acontecimiento mediático en el país, participaba un conocido periodista, Peter R. de Vries, en apoyo de un testigo que con su declaración podía acabar con la banda. Sólo unos meses más tarde, el 6 de julio, De Vries recibió un tiro en la cabeza, en plena calle, cuando acababa de abandonar un estudio de televisión. Murió nueve días después.

Dos fueron los atacantes: el pistolero, Delano G., un rapero holandés de origen antillano, y un taxista polaco, Kamil E., que le esperaba en el coche donde ambos se dieron a la fuga. Fueron detenidos apenas 45 minutos después del ataque. En el caso también estaban implicados otros dos polacos relacionados con los bajos fondos holandeses, Krystian M. y Konrad W [las autoridades holandesas no hacen públicos los apellidos de los detenidos].

Un año después, fue arrestado en San Feliu de Llobregat (Barcelona), un holandés de origen antillano, Gerower MC, de 26 años; otro más, Erickson O., fue capturado en Curaçao, una isla autónoma perteneciente a los Países Bajos, y un tercer antillano, Christopher W., en Helmond, cerca de Eindhoven. Finalmente, dos antillanos más cayeron en enero y abril de este año: Divainy K. y Ludgardo S.

Un total de nueve delincuentes de dos nacionalidades distintas se pusieron al servicio de la mafia marroquí para acabar con la vida del periodista que había amenazado la hasta entonces exitosa carrera criminal de Ridouan Taghi. Los dos primeros, Delano G. y Kamiml E., ya han sido juzgados y condenados a cadena perpetua. Los siete restantes, acusados de pertenencia a organización criminal, serán juzgados en enero de 2024.

Según la fiscalía holandesa, el detenido en Barcelona, Gerower, y el capturado en Curaçao, Erickson, grabaron a De Vries nada más recibir el disparo en la calle. Poco después, los vídeos fueron publicados en Twitter y luego compartidos masivamente a través de WhatsApp. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad recogidas por la policía muestran a ambos comiendo en un MacDonald’s próximo al estudio de televisión donde estaba el periodista aquella tarde. Cuando éste abandona el edificio, Gerower y Erickson salen del restaurante y se dirigen hacia donde acaba de ser tiroteado. Lo graban con sus móviles mientras otros transeúntes lo atienden. Se van, riendo, en cuanto llegan los servicios de emergencia.

La fiscalía sostiene que la intención de Gerower y Erickson al subir esos vídeos a las redes sociales no era otra que sembrar el terror en la ciudadanía. Por eso les acusan de formar parte de una organización criminal con fines terroristas. En una vista preliminar celebrada en octubre, las defensas de los dos antillanos, en cambio, alegan que los dos jóvenes ni siquiera sabían quién era Peter R. de Vries.

Según contó la Policía Nacional cuando capturó a Gerower, el holandés apenas salió de las casas donde se escondía –y que cambiaba periódicamente– en todo el tiempo que pasó en España: otras personas, también delincuentes, le llevaban la comida. A detenerle fueron también miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), debido a la “alta peligrosidad” del antillano, que había adoptado “fuertes medidas de seguridad” para evitar su captura, incluida una puerta metálica antiocupación.

Este reportaje forma parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado coordinada por el consorcio de medios OCCRP, del que forma parte infoLibre, en cooperación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), a partir de la filtración de millones de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana.

La Mocro Mafia es un grupo del crimen organizado que lleva años aterrorizando a Países Bajos y Bélgica desde los años 90. La base de su negocio es el tráfico de drogas desde Sudamérica y África, pero también ordena secuestros y asesinatos y se manejan con una violencia extrema. En marzo de 2016, alguien dejó la cabeza cortada de un traficante de drogas de 23 años frente a un bar de shishas en Ámsterdam. Es una advertencia de gángsters, como la cabeza del caballo en El padrino, explicó el periodista Peter R. de Vries en televisión. Toda una autoridad sobre el crimen organizado en los Países Bajos, De Vries era famoso por el libro que escribió sobre el secuestro del magnate cervecero Freddy Heineken en 1983 y por las investigaciones de su propio programa, Peter R. de Vries, misdaadverslaggever [periodista de sucesos]. 

En los últimos meses antes de su muerte, en julio de 2021, De Vries había decidido ayudar a la Justicia holandesa a obtener pruebas contra la Mocro Mafia. Unos años antes, en 2017, Nabil B., antiguo subordinado del capo Ridouan Taghi, había prestado un extenso testimonio de 1.500 páginas. Y pagó un alto precio por ello: una semana después de que se hiciera pública su declaración, su hermano fue tiroteado. Después, en 2019, la foto de Nabil B. fue incluida por error en los expedientes a los que tuvieron acceso los acusados en el proceso contra la Mocro Mafia. Su abogado, Derk Wiersum, fue asesinado al salir de su casa en Ámsterdam en la mañana del 18 de septiembre de 2019. 

Nabil B., que era un entusiasta seguidor del programa de Peter R. de Vries, invitó al periodista en 2020, según informó The Guardian, a formar parte de su equipo de abogados como asesor y persona de confianza. El periodista aceptó, lo que le puso en el punto de mira de Ridouan Taghi. 

Una semana antes de ser tiroteado, el periodista se reunió con la policía para pedir protección. Le ofrecieron 10 agentes armados, seguridad día y noche. De Vries creyó que era demasiado y se negó a aceptarla.

Ahora NarcoFiles desvela cómo se gestó el asesinato del reportero holandés. Delano G. recibe un mensaje del polaco Krystian M. con una foto de De Vries y un breve texto debajo. “Hay que matar a este perro”, escribe Krystian, de 27 años. El polaco, que procede de la ciudad polaca de Hrubieszów y llegó a los Países Bajos siendo adolescente, jugaba al fútbol en un club local y fue quien organizó el ataque al periodista. Un testigo de la fiscalía, conocido sólo como Eddy, otro polaco que conocía bien a Krystian M., lo denunció a la policía cuando se enteró del asesinato.

Según el periódico holandés Het Parool, Eddy y Krystian se conocieron en 2020 a través de un amigo en común, también polaco. Eddy ayudó a Krystian, por ejemplo, registrando coches a su nombre. ¿Cómo se ganó Krystian M. la confianza de la mafia marroquí? Eddy contó que su amigo ya había matado a alguien en nombre de la mafia marroquí. “Una vez me dijo que tenía pesadillas por ello”, declaró.

Un buen día, Krystian le contó a Eddy sus planes para matar a un periodista famoso: “Puedes conseguir 150.000 euros por el trabajo: 100.000 para el tirador, 50.000 para el conductor. La orden proviene de un hombre llamado Tío”. ¿Quién es? Basándose en los mensajes interceptados del teléfono de Krystian M., los investigadores determinan que ese Tío es Ridouan Taghi, el jefe de la Mocro Mafia.

Poco después del asesinato, Krystian M. viaja a Polonia para pasar un mes. A su regreso, sigue trabajando para el hampa: consigue armas, vigila envíos de dinero. Para cuando Eddy testifica sobre Krystian, en el otoño de 2021, el polaco ya está detenido por participar en sangrientas disputas entre gánsteres. Después, en las vistas del juicio, oculta su rostro tras una mascarilla; no quiere que los medios publiquen su imagen.

Además de contratar a Delano, Krystian busca un conductor, el polaco Kamil E. Alto, de complexión fuerte, barba de chivo y tatuajes en el cuello, es aficionado a las artes marciales. Vive con su pareja e hijos en un pueblo holandés de sólo 4.000 habitantes llamado Maurik. Sólo unos días antes del atentado contra De Vries, el polaco fue detenido mientras conducía. La policía sospechaba que podía haber un arma en el coche, pero no encontró nada y le dejó marchar. El 6 de julio fue Kamil quien llevó a Delano al lugar del asesinato.

“Yo no maté a nadie”, declaró el chófer durante su primera vista judicial. Cierto: sus instrucciones eran sacar al asesino del lugar lo más rápido posible, quemar el Renault Clio que conducía y deshacerse de las matrículas. Pero el plan fracasó: Delano y Kamil fueron detenidos en la autopista a las afueras de Ámsterdam menos de una hora después del ataque. Pudo ser incluso peor. Mientras Kamil estaba bajo custodia, la Mocro Mafia planea matar a su madre, que vive en la pequeña Tiel, en el centro de los Países Bajos, si decide testificar.

Las huellas polacas en el crimen de De Vries no terminan en Kamil. En septiembre de 2022 llegaron a la ciudad de Ostrów Wielkopolski dos policías con una orden de detención europea. Junto con tres uniformados polacos, arrestaron a Konrad W., que fue extraditado enseguida a los Países Bajos y juzgado por el asesinato de Peter R. de Vries. Fontanero de 31 años, cubierto de tatuajes y pillado con 79 gramos anfetamina en su casa, Konrad asegura que se enteró del ataque al periodista holandés por los medios de comunicación. El día que dispararon a De Vries, además, estaba en otra ciudad. No admite su culpa y no tiene idea de por qué le involucran los otros detenidos.

Pero la fiscalía holandesa no le cree, porque sabe que contactó con el asesino Delano y su chófer Kamil justo antes del crimen y les proporcionó información clave. Su misión era ayudarles a conseguir armas y un coche, e incluso se le consideraba como posible tirador. Además, hay otra pista que le conecta con el mundo criminal holandés: un polaco que colabora con el hampa trabaja cargando contenedores en el puerto de Róterdam, donde sólo en 2020 se incautaron 70 toneladas de cocaína.

¿Por qué se ordenó a los polacos matar a Peter R. de Vries? ¿Significa que en Países Bajos ocupan un lugar elevado en la jerarquía criminal? Un periodista holandés que conoce bien el hampa los describe más bien como “soldados dispuestos a apretar el gatillo”. 

Hoy, además de los tres polacos y del rapero Delano, en el banquillo se sientan otros dos holandeses que supuestamente ayudaron en el crimen. En el caso de Konrad, la fiscalía no hará pública su petición de penas hasta principios del próximo año. Pero Krystian, Kamil y Delano se enfrentan a cadena perpetua por asesinato y participación en un grupo terrorista.

Los países del Benelux son puntos clave en el mapa del contrabando mundial de cocaína operado por la Mocro Mafia. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y de Europol, sólo en 2020 se incautaron en Europa un total de 213 toneladas de cocaína. Principalmente en los puertos más occidentales de la UE, sobre todo en Países Bajos, Bélgica y España. Pero otro punto importante de distribución de cocaína en Europa son los puertos de los Balcanes orientales: Albania, Montenegro y Croacia.

Polonia es desde hace años un país de tránsito. Las drogas que han eludido los controles de aduanas de Bélgica, Países Bajos, España o Francia se transportan por mar a Gdynia, Gdańsk y Szczecin, los tres mayores puertos internacionales de Polonia, donde se confiscaron 3,8 toneladas en 2020. Este papel se ha reforzado después de que se hayan cerrado algunos puertos ucranianos, adonde en el pasado llegaban transportes procedentes de América del Sur que luego seguían la ruta de los Balcanes y finalmente llegaban a Alemania y más allá.

Según el último informe de Europol, Polonia también es un lugar donde los delincuentes compran los llamados precursores y otras sustancias para mezclar cocaína: “Hay indicios de que los productos químicos incautados en laboratorios de cocaína de los Países Bajos fueron comprados en otros países de la UE, incluidos Alemania, Polonia y España. Probablemente son de mayor calidad que los utilizados en los laboratorios de cocaína colombianos”, explica Mariusz Majewski, subdirector del Departamento de Lucha contra la Delincuencia Marítima de la Oficina de Aduanas e Impuestos de Pomerania.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Cristian Cortés ya consideraba seriamente irse de Colombia para escapar de la violencia que devoraba su barrio cuando un día, al llegar a casa, encontró un panfleto con amenazas por debajo de la puerta de su apartamento. “Los que estén de sapos [soplones] les estallamos su granada en sus carros”, decía el papel. “Nadie estará seguro en su casa”.

Los mensajes con las amenazas eran obra del Tren de Aragua, una banda que desde su origen en 2012 en una cárcel de Venezuela se ha expandido a media docena de países sudamericanos. Allá donde ha aparecido este grupo ha llevado consigo secuestros, tráfico de drogas, trata de personas, asesinatos por encargo y extorsiones. La tarjeta de presentación del Tren de Aragua es la violencia. Sus miembros cuelgan en las redes sociales grabaciones en las que puede verse a las víctimas rogando por su vida antes de ser ejecutadas.

Tras una disputa con los responsables del edificio en Bogotá en el que vivía Cortés, la banda amenazó con envenenar el suministro de agua o con prender fuego a los ascensores. Así que Cortés y 15 miembros de su familia decidieron huir. “En Bogotá, cada vez que llegaba de vuelta al barrio tenía que esconder todo –el dinero, el teléfono– porque podían asesinarme sólo por eso”, explica Cortés en una entrevista con los periodistas en una ciudad estadounidense cuyo nombre pide que no se revele.

El Tren de Aragua ha acaparado titulares en los últimos años, la inmensa mayoría en medios de comunicación en español. Pero comparado con otras organizaciones criminales transnacionales, tales como la MS-13 o el cártel de Sinaloa, el grupo ha seguido siendo una banda bastante desconocida fuera de Sudamérica. Y fuerzas de seguridad y expertos aún siguen sin entender del todo muchos elementos sobre su manera de actuar.

Basándose en una filtración de documentos de la Fiscalía colombiana, OCCRP y sus socios, entre los que se cuenta infoLibre, han logrado componer una imagen de cómo opera esa banda en una nueva investigación de los NarcoFiles. Esta investigación revela cómo el Tren de Aragua logró enfrentarse a grupos criminales ya establecidos, obtener armamento pesado y expandirse a otros países desde Venezuela. La organización ha desatado oleadas de terror en Chile, Colombia, Brasil y Perú, muchas veces aliándose con bandas locales. “Utilizan violencia desmedida para demostrar su poder y a quien traicione o no obedezca órdenes, su asesinato lo pone como ejemplo para que otros no piensen por ningún motivo seguir estos pasos”, se puede leer en un informe policial que detalla la historia de esta banda y que forma parte de los documentos de la Fiscalía de Colombia.

El Tren de Aragua ha añadido una capa más de sufrimiento sobre los venezolanos que, por millones, han tenido que abandonar su país escapando de la inestabilidad política, de la corrupción extrema y de un colapso económico que ha desembocado en una crisis humanitaria. Y por si eso fuera poco, empiezan a aparecer señales de que miembros del Tren de Aragua van rumbo al norte. La Patrulla de Fronteras de Estados Unidos explicó a la cadena de televisión CNN, socia de OCCRP en esta investigación, que en el último año, entre octubre de 2022 y octubre de 2023, ha detenido a 38 individuos sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua. Al menos dos de ellos han sido procesados por intento de entrada ilegal en Estados Unidos.

El Tren de Aragua surgió en la extraordinariamente superpoblada prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, entre 2012 y 2013, según estiman las autoridades. Tras años de negligencia y corrupción, las autoridades cedieron el control de la cárcel a los reclusos, que la gestionaban mediante un sistema jerárquico conocido como pranato. A lo largo de los años, Tocorón pasó a convertirse en un nodo del crimen internacional. En septiembre, el ministro venezolano de Interior, Remigio Ceballos, reveló a los reporteros que las autoridades se incautaron de fusiles de francotirador, granadas y lanzacohetes dentro de la prisión. 

Humberto Prado, el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental de derechos humanos que verifica las condiciones de las prisiones en el país, explicó que las brutales tácticas empleadas por el Tren de Aragua tienen sus raíces en la violencia carcelaria que aplicaban dentro de Tocorón.

Prado detalla a qué extremos llega la banda para lograr que se pague la causa, un impuesto que han de abonar los reclusos sólo para que se les permita seguir vivos. “Preso que no pagaba un impuesto [...] le daban un tiro en la muñeca; si no paga por segunda vez, un tiro en el tobillo y la tercera falta de pago equivale a la pena de muerte”. Este tipo de brutalidad ha permitido al Tren de Aragua conquistar negocios ilegales como la prostitución o el tráfico de drogas en numerosas ciudades por toda Sudamérica.

Una joven contó a la CNN que fue forzada a prostituirse en Colombia por miembros del Tren de Aragua, que la tuvieron atada a una cama durante dos meses, drogándola y dejándola sin comer. La mujer relató también cómo fue violada por cinco hombres, que luego la forzaban a tener sexo con clientes. Aunque sabía que en las habitaciones contiguas había otras mujeres, asegura que durante aquellas semanas sus únicos compañeros “eran los ratones”.

Óscar Naranjo, exvicepresidente colombiano y general retirado de la policía que combatió al temido cártel de Medellín de Pablo Escobar, sostiene que el Tren de Aragua es “la organización criminal más disruptiva que hoy registra América Latina”. Aunque los métodos de esta banda recuerdan aquella época terrible –bolsas con cuerpos desmembrados y cadáveres enterrados bajo cemento han aparecido en Colombia y Chile, por ejemplo–, los miembros del Tren de Aragua van más allá pues emplean las redes sociales para amplificar ese terror.

En febrero de este año, el vídeo del asesinato de una trabajadora sexual trans llamada Rubi Ferrer sembró el terror en las calles de Lima, la capital de Perú. El vídeo, grabado con un teléfono, muestra a Ferrer suplicando por su vida antes de ser asesinada de un disparo a quemarropa. La policía peruana atribuyó el crimen al Tren de Aragua. El asesinato de Ferrer, así como el de una de sus compañeras, llamada Priscila Aguado, fue un mensaje, según Ángela Villón, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales de Perú. En aquel momento, según relata Villón, el Tren de Aragua intentaba hacerse con el control de la zona de Lima donde ofrecen sus servicios las trabajadoras sexuales. Varias de ellas fueron avisadas de que dejaran de aparecer por allí. La banda estaba reemplazándolas con mujeres que habían huido de Venezuela y que se encontraban en una situación de extrema pobreza. “Y después [de las amenazas] vinieron las muertes, los asesinatos de Rubí Ferrer y Priscila Aguado. En una semana mataron a seis mujeres”, dice Villón, que como otras muchas personas recibió en su teléfono el vídeo del asesinato de Ferrer.

Villón cuenta además que al menos 18 de sus compañeras han recibido disparos en el pie, el mensaje del Tren de Aragua para que dejen de pisar las calles que ellos quieren controlar. Según la organización de Villón, 24 trabajadoras sexuales han sido secuestradas o asesinadas en 2023. Otras 35 se encuentran desaparecidas.

Otra demostración de la rápida expansión de esta banda fue la oleada de asesinatos que se produjeron en 2021 en Boa Vista, la capital del Estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana. Entre marzo y agosto de ese año la policía investigó una docena de asesinatos, que acabaron siendo atribuidos al Tren de Aragua. Las víctimas eran migrantes venezolanos y los cadáveres de cuatro de ellos habían aparecido desmembrados. Los fiscales en Roraima aseguraron que algunas de las víctimas tenían deudas por droga y que los asesinatos tenían como objetivo “infundir miedo y terror” en la región.

Un documento de la Secretaría de Seguridad Pública de Roraima, que supervisa a la policía estatal, sostiene que los miembros del Tren de Aragua están bien armados, con ametralladoras y rifles de asalto. En el documento, el secretariado estatal –así como la policía y la policía militar– solicitaban al Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública que les suministrara “armamento y munición proporcionales a las condiciones necesarias para combatir al crimen organizado en las áreas amazónica pertenecientes al Estado de Roraima”.

El Tren de Aragua también empleó armamento pesado en Colombia en 2021. Un informe de la inteligencia militar, procedente de la filtración de la Fiscalía colombiana, señala que el grupo empleó “fusiles de asalto y granadas de fragmentación”, cuando se enfrentó a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los alrededores de la ciudad colombiana de Cúcuta se convirtieron en lo que algunos habitantes describieron como “zona de guerra” cuando distintos grupos comenzaron a combatir por el control de La Parada, punto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Al final, según el informe, el Tren de Aragua “impuso su poder bélico, logrando establecerse en el lugar como máximo controlador de la economía ilegal”.

Otro informe obtenido en la filtración de la Fiscalía colombiana detalla la brutalidad contra aquellos que traicionan a la banda. Así le ocurrió a Yonathan Zabalza Palencia, un miembro del Tren de Aragua que fue marcado por la banda como “guerrillero del ELN”. La policía encontró su cuerpo desmembrado dentro de un saco que había sido arrojado a un canal. 

En 2022, la Fiscalía General de Colombia anunció el arresto en Bogotá de 19 miembros del Tren de Aragua, que fueron acusados de asesinato, tráfico de drogas, soborno, extorsión y posesión ilegal de armas de fuego.

“La característica básica es la de una violencia que no se detiene ante nada. Han asesinado a menores, torturado a jóvenes, descuartizado ciudadanos. Y no se conforman con eso, sino que quieren mostrarlo, hacerlo público, visible, para intimidar al conjunto de la sociedad”, detalla Naranjo, el general de policía retirado. 

Este septiembre, el ministro venezolano de Interior dijo a la CNN que las autoridades habían desmantelado la cúpula del Tren de Aragua tras una masiva operación para recuperar el control de la cárcel de Tocorón. La banda había gestionado el penal durante años, disfrutando allí del lujo que pagaban con los ingresos obtenidos por sus crímenes. Los miembros del Tren de Aragua tenían acceso a una piscina, así como a varios restaurantes dentro de la prisión, donde también había una discoteca, una cancha de béisbol, un mercado y una gallera.

Ceballos dijo a los periodistas que la operación, en la que participaron miles de agentes armados, fue un “éxito total”. Pero la periodista Ronna Risquez, autora de un libro recién publicado sobre el Tren de Aragua, advirtió a OCCRP de que, si bien la redada fue “un golpe duro” a la organización, es poco probable que vaya a suponer el desmantelamiento total de la banda: “Los líderes del Tren de Aragua no han sido detenidos y no se sabe dónde están”.

Perú y Colombia han emitido órdenes de arresto contra Héctor Guerrero, conocido por el alias de Niño Guerrero, quien según las autoridades dirigía el grupo desde la cárcel de Tocorón. Su ubicación actual es desconocida.

Y ahora, según sugiere la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos en un comunicado, hay señales de que la banda encamina sus pasos hacia el norte. Ésta es una mala noticia para gente como Juan, un venezolano llegado recientemente a Nueva York con su mujer y sus tres hijas. La familia huyó después de que el exmarido de su esposa, un miembro del Tren de Aragua, ordenara asesinarlo. Juan, de 28 años, que pide ser identificado sólo por su nombre de pila como medida de seguridad, explicó que era muy arriesgado quedarse en Sudamérica, ya que la banda podía localizarlo fácilmente. “Se mantienen por todo Ecuador, por Colombia, por todos esos países”, avisa. “Aquí [en Estados Unidos]”, duda, “se les hace un poquito más difícil entrar, creo yo”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

El 14 de febrero de 2020, la policía de Costa Rica recibió un inesperado regalo de San Valentín: en un contenedor con plantas decorativas encontraron 3,8 toneladas de cocaína. Las autoridades no dieron muchos detalles sobre quién estaba detrás del alijo, que fue detectado en el puerto de Limón, en el mar Caribe. Pero poco tiempo después, la policía de los Países Bajos hizo otro hallazgo: al desencriptar la plataforma de chat cifrado SkyECC, descubrieron que un holandés de 41 años había desempeñado un papel clave en esa operación desde el ordenador de su casa en la ciudad portuaria de Róterdam.

Sobre el papel, Davy de Valk parecía tener problemas para conservar un trabajo estable. Aunque afirmaba haber estudiado informática, los fiscales holandeses descubrieron que vivía de las ayudas sociales, según se recoge en el escrito de su acusación. No obstante, las conversaciones desencriptadas revelaron cómo De Valk hacía de forma regular –y bien pagada– trabajos como hacker de sombrero negro, término empleado para aquellos que piratean con fines criminales. Su especialidad era penetrar en los sistemas informáticos de los mayores puertos europeos y vender la información obtenida a los narcotraficantes. 

Para mover su mercancía, las organizaciones criminales tradicionalmente tenían que sobornar a la larga cadena que compone el personal portuario, desde los operarios de las grúas hasta los inspectores de aduanas. Pero la creciente digitalización y automatización de la logística del transporte marítimo ofrece nuevas oportunidades de infiltración. Así, con la información que hackers como De Valk pueden ofrecer, los expertos señalan que los narcos necesitan ahora apenas a un empleado corrupto y al conductor de un camión.

A partir de documentos judiciales e informes policiales, así como de análisis de ciberseguridad del hackeo perpetrado por De Valk, OCCRP –red a la que pertenece infoLibre– y su socio checo investigace.cz han juntado las piezas sobre cómo este individuo y sus colaboradores penetraron en los sistemas informáticos de dos de los principales puertos europeos, Amberes y Róterdam. Y emplearon métodos que, en algunos casos, eran casi de novatos.

Un tribunal holandés sentenció que De Valk había conseguido controlar cómo los contenedores eran escaneados en el puerto de Róterdam, lo que le permitió asesorar a sus clientes sobre dónde esconder la droga para evitar que fuera detectada. También logró penetrar en el sistema informático del puerto de Amberes con un malware cargado en una memoria USB, que fue conectada a la red por una empleada corrupta de las oficinas. Así, obtuvo acceso a unos datos que permitieron a sus clientes recoger la droga sin llamar la atención, según reveló el tribunal. 

De Valk cobró cientos de miles de euros por sus servicios, tal y como consta en los chats interceptados, pese a que sus métodos de pirateo eran relativamente rudimentarios. “Es un tipo de trabajo de bajo nivel”, indicó a OCCRP Ken Munro, quien dirige una consultora de seguridad en el Reino Unido, tras revisar los detalles del ciberataque de De Valk en el puerto de Amberes. “Es un ataque ruidoso que debería haber activado numerosas alertas, si los sistemas del puerto de Amberes hubieran estado preparados para detectar este tipo de acciones”, añadió.

Un análisis del hackeo de De Valk, que OCCRP desvela en detalle por primera vez en NarcoFiles resalta cómo las vulnerabilidades en estos puertos los han convertido en coladores para que la cocaína inunde Europa en cantidades nunca vistas antes. En su defensa, De Valk argumentó que estaba realizando una investigación encubierta para desarrollar un videojuego sobre el tráfico de drogas, y que sólo vendió a sus clientes criminales información incorrecta. El tribunal desestimó esa explicación por considerarla “completamente inverosímil” y lo condenó en 2022 a 10 años de prisión por varios delitos, entre ellos, piratería informática, así como por complicidad con el tráfico de cocaína.

OCCRP envió numerosos correos electrónicos y realizó numerosas llamadas telefónicas a los abogados de De Valk pidiéndoles un comentario, incluyendo si iban a recurrir la sentencia. Pero no contestaron y no está claro si está cumpliendo su condena.

La enorme cantidad de contenedores que circulan por los principales puertos europeos ofrece un sinfín de oportunidades que los narcotraficantes aprovechan. De los 98 millones de contenedores que circularon en 2021, apenas un 2% fue inspeccionado.

Sólo en 2022 y sólo en los puertos de Amberes y Róterdam, las autoridades se incautaron de la cantidad récord de 160 toneladas de cocaína. Según los expertos, esta cifra representa menos de un tercio del total que pasa por el puerto, según un informe interno de Europol obtenido por OCCRP e investigace.cz.

El problema es que estos puertos comerciales se han diseñado para ser eficientes, no seguros. Se construyeron para “cargar un contenedor o llevar una carga del punto A al punto B en el menor tiempo posible y al menor precio”, explica a OCCRP Jan Janse, jefe de distrito de la policía portuaria de Róterdam.

En las semanas previas a la incautación en Costa Rica, De Valk ofreció sus servicios y tarifas a diversos clientes en la plataforma de chat encriptado SkyECC. Al controlar el historial de escaneado de las compañías que regularmente envían contenedores a Róterdam, De Valk pudo recomendarles qué líneas de transporte marítimo eran sometidas a menos registros. Y, por ende, cuáles eran los mejores objetivos para esconder la cocaína, aparentemente sin que las navieras lo supieran.

Si el contenedor llegaba a Róterdam, De Valk ayudaba a sus clientes a retirar el cargamento cancelando el servicio original de recogida. Luego, falsificaba las órdenes de transporte, lo cual permitía que sus clientes recogieran ellos mismos el contenedor, lo sacaran del puerto y, con toda la tranquilidad del mundo, descargaran la droga. El precio total por este servicio era 500.000 euros. “Tienes una compañía que no va a pasar por el escáner y tu transportista puede sacarlo sin problemas”, escribió De Valk en uno de los mensajes de SkyECC que se mencionan en su condena judicial. De Valk se refería a las navieras que consideraba seguras y que recomendaba a sus clientes como “mis líneas”.

Para el cargamento interceptado en Costa Rica, De Valk recomendó un contenedor empleado por Vinkaplant, una reconocida compañía holandesa de importación y exportación de plantas tropicales que se desplaza con frecuencia a viveros en Costa Rica y otros países de Centroamérica. “Dentro hay plantas. Es fácil de cargar. No está lleno”, escribió De Valk a su cliente, que no fue identificado por el tribunal. Esta forma de aprovecharse de una compañía legal suele producirse sin que ella lo sepa. Vinkaplant no fue acusada.

En esta ocasión, sin embargo, la “línea” de De Valk falló. En un registro rutinario, la policía de Costa Rica detectó una discrepancia sospechosa: el peso del contenedor no coincidía con el peso declarado. Una inspección encontró que, además de 20 torres de plantas ornamentales, el contenedor tenía maletines que contenían 5.048 paquetes negros, la mayoría con cocaína pura.

Para la labor de De Valk era fundamental acceder a los códigos PIN de los contenedores: son números únicos de referencia, asignados a cada contenedor por la naviera cuando ya se pagó el flete. Para recuperar el contenedor en el muelle, los transportistas tienen que mostrar el código correcto, además de otra documentación.

En 2018, las autoridades del puerto de Róterdam detectaron un aumento de los informes sobre contenedores robados, desaparecidos, entregados en direcciones equivocadas o que aparecían en lugares inesperados. Las autoridades se dieron cuenta de que las redes criminales habían descubierto un nuevo modus operandi para el narcotráfico, que Europol bautizó “fraude del código PIN”.

Los traficantes se dieron cuenta de que, accediendo ilegalmente a los códigos PIN de los contenedores –con la ayuda de empleados portuarios corruptos o hackeándolos– podían recuperar el contenedor haciéndose pasar por la compañía de transporte encargada de retirarlo. Estos datos, así como el número del contenedor, también les permiten seguir el estado del cargamento en el puerto, incluyendo el momento en que está listo para ser recogido.

Sin estos códigos, los traficantes tenían que recurrir a métodos más arriesgados, como enviar a un equipo para forzar los contenedores dentro del puerto y huir con la mercancía ilegal. Ha habido también casos de contenedores conocidos como “caballos de Troya”, en los que equipos de extracción se cuelan en el puerto dentro de un contenedor y esperan, a veces durante días, hasta que llega su cargamento de droga y tienen la oportunidad de recuperarlo.

Las facilidades que proporciona el fraude con los códigos PIN explica el elevado precio de los datos: las conversaciones interceptadas muestran que los criminales han llegado a pagar de 20.000 a 300.000 euros por esos códigos, según un informe interno de Europol.

La gran cantidad de personal portuario y de transporte con acceso a esos números de serie –algunas navieras emplean hasta 10.000 personas– ofrece muchas oportunidades a los traficantes. “Es fácil encontrar a alguien que tenga acceso a este código, pagarle y conseguirlo”, advierte el jefe de distrito de la policía portuaria de Róterdam, Jan Janse. “Si no aceptas la primera vez, lo intentarán en una segunda ocasión cuando estés haciendo la compra y quizás intenten ofrecerte dinero en una tercera ocasión. Hay [también] casos en los que, desde luego, le han dicho a la gente ‘sabemos a qué escuela van tus hijos”. Este tipo de corrupción es el principal método empleado por los criminales para acceder a información interna, entre ellas, los códigos PIN, añade Janse.

Los chats de De Valk dejan claro que él y sus colaboradores tenían acceso a información interna sobre el movimiento de contenedores en el puerto de Róterdam. El tribunal holandés averiguó que De Valk, como parte de su esfuerzo para organizar el envío del contenedor interceptado en Costa Rica, había falsificado una orden de transporte, la había compartido con sus colaboradores y cancelado al transportista legítimo. En un chat, citado en la sentencia, envió a sus clientes la imagen de una orden de transporte y escribió: “Bajo la referencia está el código PIN".

Además de esa redada en Costa Rica, De Valk fue condenado por ayudar a organizar otro envío de más de 200 kilogramos de cocaína, que la policía encontró en Róterdam en 2020 escondidos en un contenedor de vino.

Los investigadores descubrieron chats cifrados de SkyECC en los que De Valk preparaba una orden de transporte y correos electrónicos falsos para facilitar la recogida, utilizando datos clave sobre el contenedor proporcionados por un miembro no identificado de un chat grupal. El escrito de acusación ofrece detalles adicionales: De Valk y otros miembros del chat accedieron al software de gestión de los contenedores del puerto y, con la ayuda de “posibles contactos portuarios corruptos”, tenían “una visión directa de la entrada del contenedor, los números de registro correspondientes y los tiempos de carga y descarga”.

Se desconocen los detalles precisos de cómo lograron acceder a esta información en el puerto de Róterdam. Pero las andanzas de De Valk en Amberes ofrecen una pista. Días después de que el cargamento de vino fuera interceptado en Róterdam, De Valk se enfocó en un nuevo objetivo con la ayuda de un holandés llamado Bob Zwaneveld, según consta en sus condenas judiciales.

Zwaneveld, de 57 años, no encaja con la imagen típica de un capo criminal. Antes de su captura en 2021, aseguró que había pasado siete años viviendo en una caravana en un parque de atracciones. Oficialmente, estaba desempleado, excepto por algún trabajo ocasional que conseguía en la construcción. Pero, en realidad, se dedicaba el tráfico de cocaína y de armas, lo que le valió una condena de 12 años de prisión en 2022.

OCCRP intentó en múltiples ocasiones ponerse en contacto con Zwaneveld a través de sus representantes legales, solicitándoles comentarios sobre la condena y preguntándoles si iban a recurrirla, pero no ha recibido ninguna respuesta. No está claro si está cumpliendo su condena.

Los chats muestran que Zwaneveld desempeñó un papel como coordinador en varios negocios de drogas en 2020, entre ellos, la venta a un amigo del Reino Unido de 100 “colos”, término que él y otros utilizaban para referirse a kilos de cocaína colombiana. También mantenía negociaciones periódicas a través de plataformas de chat encriptadas sobre la compra, venta o entrega de armas de fuego, granadas de mano y municiones.

Juntos, Zwaneveld y De Valk planearon infiltrarse en la terminal de Amberes, que gestiona el segundo mayor volumen de contenedores marítimos de Europa después de Róterdam. Para hacerlo, necesitaban la ayuda de alguien de dentro, en este caso, una empleada de las oficinas del puerto. Según contó ella a la policía belga, alguien se le acercó y le ofreció 10.000 euros por insertar una memoria USB en un ordenador de su lugar de trabajo. Después de aceptar, le dieron un teléfono Sky –un dispositivo seguro con la aplicación de mensajería cifrada– para comunicarse con un usuario de la cuenta SkyECC identificado en el tribunal sólo como 7MIOBC, quien compartió sus consultas en un chat grupal con De Valk y Zwaneveld.

La empleada portuaria fue condenada en un tribunal belga en marzo, según publicó la prensa local, que no dio detalles sobre la condena ni avanzó si sería recurrida. La mujer no respondió a las solicitudes de entrevista que le envió OCCRP.

Una vez que De Valk terminó de preparar la memoria USB, ésta pasó por varias manos, incluidas las de Zwaneveld, antes de llegar a la empleada del puerto. “Simplemente activa el programa en la memoria USB. Haz doble clic y espera 15 segundos, luego podrás sacarlo nuevamente”, le indicó De Valk. Poco después, la operación estaba en marcha.

“Sí, lo tengo”, escribió en el chat grupal, enviando una captura de pantalla que mostraba su acceso al ordenador de la empleada, con la palabra “usuario”, seguida de una foto con carpetas y unidades de disco. El usuario 7MIOBC respondió con una foto de la USB conectada al ordenador de la oficina del terminal de Amberes. Después de que la empleada del puerto abriera el archivo en la USB e instalara el malware, De Valk ejecutó una serie de “actividades maliciosas” en el sistema, según un informe forense sobre el hackeo, realizado por la empresa holandesa de ciberseguridad Northwave y que aparece citado en su condena.

De Valk abrió Solvo, el programa de gestión de contenedores de Amberes, el 21 de septiembre. Los registros de actividad muestran que a las cuatro de la madrugada abrió un manual de usuario del programa, probablemente “para investigar qué datos podía obtener a través de Solvo (por ejemplo, cómo buscar ubicaciones de contenedores)”, escribió Northwave en su informe. El programa permitía a De Valk ver una amplia gama de información relacionada con la dotación de personal y la gestión y ubicación de los contenedores de envío. Incluso, le permitía generar él mismo números PIN, según la empresa de ciberseguridad.

Los chats revelan que De Valk también intentó clonar las tarjetas de identificación del personal del puerto. Unos días después, envió una fotografía al chat grupal de SkyECC mostrando una pantalla de un computador con el texto “badge” –identificación– y “alfa pass” –pase alfa– , que se refiere a las tarjetas plásticas que utilizan los empleados del puerto para acceder a diferentes áreas de las instalaciones. “Creo que pronto podremos crear una tarjeta nosotros mismos”, escribió.

No se sabe si De Valk finalmente logró fabricar dichas identificaciones. El tribunal tampoco vio ninguna prueba de que De Valk estuviera involucrado en otros intentos de tráfico de droga después del hackeo de septiembre de 2020. Sin embargo, hay pruebas de que estuvo activo en el sistema informático de la terminal de Amberes hasta al menos el 24 de abril de 2021, según la investigación de Northwave. De Valk no respondió a las solicitudes de comentarios que le envió OCCRP.

Los registros que Northwave pudo recuperar sugieren que De Valk accedió al software de contenedores Solvo varias veces entre el 19 de octubre y el 24 de abril de 2021, visitando páginas que controlaban contenedores, vehículos, pases del personal y nombres de transportistas. Si bien se desconoce la actividad de De Valk después de este periodo, la fiscalía señaló que un análisis de su ordenador portátil muestra que siguió conversando “con varias personas sobre modos de transporte y cargas en cubierta” hasta agosto de 2021. 

Se desconoce el alcance total de lo que consiguió De Valk antes de su captura en septiembre de 2021. Pero la policía cree que forma parte de un fenómeno más extendido de fraude con códigos PIN que ha permitido la entrada de al menos 200 toneladas de cocaína a través de Róterdam y Amberes desde 2018.

Kurt Boudry, un alto oficial de la policía federal de Bélgica, señala que, cuando comenzaron a investigar los chats de SkyECC interceptados, esperaban desmantelar lo que llamaban el “puerto negro”. Es decir, la red de empleados portuarios corruptos, camioneros y otras personas que hacen posible el narcotráfico. “Pero no sabíamos que iba a ser tan grande”, admite Boudry a OCCRP.

Según un informe de Europol de 2023, es probable que no se denuncien todos los fraudes relacionados con códigos PIN, y es posible que también esté ocurriendo en otros puertos europeos. En algunos casos, después de descargar la mercancía ilegal fuera del puerto, los camioneros que trabajan con los narcotraficantes entregan el contenedor a su importador legítimo. Lo que significa que algunos casos nunca son detectados o denunciados, indica el informe.

Janse, jefe de policía del distrito del puerto de Róterdam, insiste en que el principal frente de lucha contra los traficantes es su capacidad para corromper los puertos utilizando tanto el dinero como la intimidación. Las autoridades portuarias y las navieras están experimentando con nuevos métodos para reforzar la seguridad, incluso ofreciendo formación a los empleados y limitando el número de personas que tienen acceso a datos que puedan ser usados por los traficantes, añade. “No estoy diciendo que vayamos a ganar esta guerra, pero sí que podemos hacerla más controlable”, apunta Janse.

Interferencia de Radios UCR y Brecht Castel (Knack) han colaborado en esta investigación.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Las autoridades policiales españolas se incautaron en noviembre de 2019 del primer narcosubmarino transoceánico de Europa. La noticia, que saltó en la mañana del domingo 24, sorprendió a la opinión pública, pero no a los expertos en la materia. Antonio Martínez Duarte, jefe de la Unidad de Droga y Crimen (Udyco) Central de la Policía Nacional, llevaba años alertando de la constante llegada de estas embarcaciones, al alcance de otras lanchas de menor tamaño cerca de las costas de Galicia. Testigos lo habían referido en varias ocasiones y barcos cargados de cocaína y capturados por las fuerzas del orden arribaban a España con tripulación extra. Eran los marineros del semisumergible que, procedentes de Colombia, lo habían hundido antes de ser rescatados por sus socios europeos. Esto ya ocurría en la década de los 2000.

El rastro de aquella embarcación, llamada Che y expuesta ahora en la Escuela de la Policía Nacional en Ávila, condujo hasta una organización colombiana que había transportado más de tres toneladas de cocaína hasta Leticia, en la entrada del río Solimões. De allí, en lanchas rápidas, hizo llegar la mercancía a la zona de Santarém, más allá de Manaos, en plena Amazonia, donde se cargó en el narcosubmarino que acabaría encallando en las costas de Pontevedra.

La información que consta en los NarcoFiles, la investigación internacional coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime And Corruption Reporting Project), al que pertenecen infoLibre y Narcodiario, con el apoyo de CLIP (Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas), revela que ya a partir de aquel hallazgo, la Drug Enforcement Administration (DEA) de EEUU y la Fiscalía General de la Nación de Colombia, a través de la policía del país sudamericano, habían puesto sus ojos en un gallego, de nombre Juan.

El primer movimiento, tras las informaciones recopiladas, fue abrir un procedimiento a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho del Dominio –encargada de confiscar y administrar bienes obtenidos de forma ilícita–, pues la organización presuntamente liderada por el investigado, originario de la comarca de O Salnés (Pontevedra), se valía “de diferentes empresas o integrantes para iniciar proceso de ocultación de bienes en la República de Colombia”. Estas diligencias, fechadas en 2020, versan sobre “una organización orientada al tráfico de estupefacientes, valiéndose de semisumergibles, partiendo de Colombia, cruzando el Atlántico, hasta llegar a España”.

Junto a los bienes del supuesto capo, que, según pudo saber OCCRP, lleva años afincado en Colombia, se investigaron los de un ciudadano de ese país, presunto socio suyo, y de familiares de ambos, algunos de ellos con doble nacionalidad colombiana y española. Todo ello está ampliamente reflejado en media docena de documentos procedentes de la filtración de los correos electrónicos de la Fiscalía General de Colombia que dio lugar a los NarcoFiles. Sobre el desarrollo de esas pesquisas, OCCRP contactó con las autoridades policiales colombianas sin obtener respuesta.

Mientras, la DEA prosiguió con un trabajo que cuenta con el respaldo de la Policía Nacional en España, cuyos especialistas antidroga tienen en el radar desde hace tiempo a la persona señalada en la documentación de NarcoFiles. Así, en 2021, el coordinador de la agencia antidroga en Cartagena de Indias (Colombia) insistió en la misma figura en un escrito dirigido al fiscal especial de crimen organizado colombiano.

“Le informamos de que hemos obtenido información sobre una organización en Colombia dedicada al tráfico de estupefacientes de Colombia a España. Esta estructura criminal utiliza barcos para transportar grandes cantidades de cocaína. Se sabía que miembros de esta organización están coordinando estas actividades a través del número del teléfono celular XXXXX (usuario, Juan)”. Solicitaba la DEA la interceptación de las comunicaciones de la misma persona que investigaban los colombianos como supuesto responsable del envío de semisumergibles con cocaína hacia Europa a través de Galicia.

Sobre la primera investigación, los NarcoFiles muestran un listado de bienes inmuebles repartidos por distintas localidades de Colombia, así como vehículos, todos ellos a nombre de personas vinculadas con el presunto capo.

Posteriormente, en 2023, un segundo narcosubmarino fue confiscado en las Rías Baixas, en esta ocasión en Arousa. Más grande que el anterior, de unos 24 metros de eslora, descargó un alijo de al menos 4.000 kilos de cocaína sin ser descubierto. Sus responsables lo dejaron después a la vista, para que fuese hallado por las autoridades.

La relación entre los gallegos y los narcosubmarinos viene de lejos. El primer hallazgo conocido se produjo en 2007. En aquel caso, un grupo criminal adquirió unos planos en Colombia para construir en Pontevedra un submarino, con capacidad de navegar bajo el agua –a diferencia de los que se incautan en la actualidad, que sólo pueden navegar entre dos aguas–. Sin embargo, su construcción resultó deficiente y sus responsables lo abandonaron en la ría de Vigo al poco de su botadura. Todos ellos fueron condenados y los restos del submarino aún descansan en los astilleros Rodman Polyships, en Moaña.

El siguiente hallazgo, 12 años más tarde, fue el Che, que sirvió de bofetada de realidad de lo que llevaba años ocurriendo, tal y como declaró el entonces fiscal Antidroga, ahora fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Pablo Varela Castejón. La embarcación partió de Brasil, cruzó el Atlántico y fue interceptada en la playa de O Foxo (Pontevedra). La Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron a sus tres tripulantes, que ya han sido condenados.

Un año y tres meses después, la Udyco Central se incautó de un nuevo semisumergible. En este caso estaba sin estrenar. Los agentes lo relacionan con Gilberto M. B., otro narcotraficante con lazos históricos con los clanes gallegos.

El último hallazgo, esta misma primavera, fue el semisumergible que los propios narcos bautizaron como El Poseidón. A preguntas de OCCRP, investigadores españoles indican como “muy probable” la relación de Juan, el hombre que señalan la DEA y la Fiscalía de Colombia como el responsable de estos artefactos que recorren el Atlántico, con este último transporte, pero no han logrado acreditarlo. Los mismos especialistas señalan que al menos dos de estas embarcaciones llegan cada año al alcance de las lanchas rápidas de los narcos gallegos.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

La filtración de documentos pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación de Colombia ha expuesto las identidades de más de 100 agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y de otras fuerzas de seguridad federales, junto con las de decenas de sus homólogos colombianos y de otros países.

En concreto, han quedado al descubierto los nombres de al menos 90 agentes de la DEA y de al menos 15 investigadores de Homeland Security Investigations (HSI, el Departamento de Seguridad Interior) de Estados Unidos. La filtración es la base de NarcoFiles, el proyecto coordinado por OCCRP y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y compartido con 40 medios de comunicación de todo el mundo, incluido infoLibre, que ha participado en la investigación y la publica en España.

Los periodistas han examinado y verificado el material obtenido con la filtración, gracias a la consulta de cientos de documentos y bases de datos y después de cerrar múltilples entrevistas. Pese a que la DEA en sí misma no sufrió ningún hackeo y que los periodistas participantes en el proyecto no van a publicar ni los nombres ni ningún dato que permita identificar a los agentes, la filtración demuestra una sorprendente falta de medidas de seguridad por parte de Colombia, un aliado estratégico de Estados Unidos en la guerra contra los cárteles de la droga.

“Esto es una de sus pesadillas [de las agencias] porque [los cárteles]… pueden identificar a agentes e informantes, especialmente si aún estás en el país”, advierte Mike Vigil, un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA que participó en la expansión global de la agencia: “Cada vez que personas no autorizadas obtienen los nombres de un agente o un informante, no es difícil localizarlos”.

Un cártel quizás no quiera arriesgarse a las consecuencias de asesinar a un agente de la DEA, sostiene Vigil, pero “para ellos los informantes son presa fácil, porque se les considera traidores y los matarán para mandar un mensaje a otros que estén pensando en cooperar”.

En octubre de 2022, la Fiscalía de Colombia reconoció en un comunicado que había sido hackeada, pero no precisó qué información quedó expuesta en el ataque virtual. La filtración supone potencialmente una mayor amenaza para Colombia, ya que incluye los nombres de agentes encubiertos, testigos e información clave sobre informantes.

Una organización hacktivista que se autodenomina Guacamaya se atribuyó la autoría. Guacamaya anunció también que había hackeado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como instituciones militares en Chile, Perú, El Salvador y Colombia, entre otros países –aparentemente explotando una vulnerabilidad en el servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, que es utilizado por empresas y gobiernos de todo el mundo. En su manifiesto, Guacamaya califica a la Fiscalía de Colombia como “uno de los organismos más corruptos del país” y la acusa de servilismo a los intereses de Estados Unidos.

Tras hackear la fiscalía, Guacamaya compartió los cinco terabytes de información obtenidos, que incluyen unos siete millones de correos electrónicos, con dos grupos, que a su vez compartieron los datos con los periodistas.

Los portavoces de la DEA y el Departamento de Justicia de EEUU no han respondido a los múltiples correos electrónicos que OCCRP les ha enviado solicitando sus comentarios.

Los documentos de NarcoFiles incluyen decenas de solicitudes de asistencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para realizar interceptaciones telefónicas, vigilancias, detenciones y extradiciones de sospechosos perseguidos por narcotráfico y blanqueo de dinero.

Al ser documentos vinculados a investigaciones que van a ser utilizadas, o ya lo fueron, en los tribunales, muchos de ellos incluyen los nombres de los agentes que investigaron casos específicos. Además, en el caso de testigos y/o informantes, a menudo figuran su número de teléfono y otras informaciones que los pueden poner en peligro. En algunos documentos también se mencionan los números de teléfono y los alias de sospechosos sobre los que la DEA solicita ayuda para rastrearlos. En los documentos colombianos aparecen igualmente numerosos detalles personales de agentes encubiertos colombianos y de sus familiares, a menudo documentando antecedentes personales.

Sin embargo, la política de la DEA exige que los datos sobre los informantes se guarden en formularios especiales que estén protegidos y que sólo sean accesibles bajo circunstancias documentadas, explica Vigil, el antiguo jefe de operaciones de la agencia antidrogas estadounidense. “Si en algún documento se mencionaba al informante, siempre era un número”, detalla Vigil, añadiendo que estos datos nunca se comparten con el país anfitrión, porque “siempre existe un riesgo”.

En NarcoFiles, OCCRP identificó al menos a 90 miembros de la DEA, la mayoría de los cuales trabajan en Colombia o con ese país latinoamericano. Algunos aparecen en casos judiciales o documentos públicos, pero muchos de ellos no tienen rastro alguno en internet.

Tom Devine, director legal del Government Accountability Project, un grupo que representa a informantes en casos contra el Gobierno de Estados Unidos, indica que la identificación del personal de la DEA “representa un riesgo que pone en peligro la vida de esos agentes”. “Hay una gran diferencia entre un rumor y la confirmación por parte del Gobierno de EEUU de una relación de trabajo”, subraya Devine.

Colombia ha recibido más de 13.000 millones de dólares en ayuda exterior estadounidense desde el año 2000, gran parte de ellos para el Ejército y en apoyo de la guerra contra el narcotráfico. Pero no está claro hasta qué punto la DEA ha financiado y asesorado a Colombia en materia de ciberseguridad, ni qué exigencias ha impuesto a la protección de información sensible.

Colombia ocupa el puesto 81 de 182 naciones en el Índice Global de Ciberseguridad de 2020, publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con la colaboración de las Naciones Unidas. El índice mide las leyes, la capacidad tecnológica, las estructuras organizativas y la cooperación global de un país.

“La tendencia continuada de la región a sufrir grandes crisis cibernéticas gubernamentales es una prueba fehaciente de que debe intensificarse el esfuerzo coordinado a escala nacional y regional”, aconsejaba el centro de estudios Council of Foreign Relations, en un blog de expertos el pasado mes de marzo, citando precisamente los hackeos de Guacamaya.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Vaupés, también conocido como Uaupés en portugués, es un río de aguas oscuras y caudalosas que nace en Colombia, serpentea por el Amazonas y desemboca en el río Negro, en territorio brasileño. A lo largo de sus orillas y de las de su gemelo, Solimões, que transcurre en paralelo, conviven 24 etnias indígenas, entre ellas los karapanãs y los makunas, con traficantes de cocaína, la mayoría de ellos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y socios directos de los narcotraficantes gallegos, algunos instalados en Sudamérica para cerrar acuerdos, como los que se convierten en grandes travesías a bordo de narcosubmarinos.

Así lo desvela NarcoFiles, una investigación internacional que lidera el consorcio OCCRP con la participación de más de 40 medios de comunicación de todo el mundo, infoLibre y Narcodiario en España, a partir de una filtración masiva de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

La frontera entre Colombia y Brasil es parte de una lucrativa ruta internacional del narcotráfico. La operativa fue objeto de una investigación confidencial del Gobierno de Estados Unidos y el Ejército colombiano que detalló, por primera vez, cómo uno de estos grupos criminales trabaja para abastecer al PCC (Primeiro Comando da Capital) de toneladas de cocaína por vía aérea y fluvial a través del Vaupés. Las lanchas rápidas cargadas de cocaína recorren el Vaupés y el Solimões hasta su desembocadura en Manaos, la puerta brasileña del Amazonas. Y terminan en las costas de Galicia.

La mercancía del narcosubmarino encontrado en Aldán (Pontevedra), en noviembre de 2019, se cargó en lanchas en Leticia, en la Amazonia colombiana. La del semisumergible interceptado en Vilaxoán (también en Pontevedra), el pasado marzo, está en plena fase de investigación, pero una línea sólida apunta a la ruta amazónica que detallan los NarcoFiles. 

Piauí y UOL, dos de los más destacados medios de comunicación de Brasil e integrados en NarcoFiles, analizaron los documentos que muestran el camino seguido por la cocaína que sale de Colombia, pasa por Manaos, atraviesa el Caribe y termina en manos de los consumidores en Europa. En el caso del Che, el narcosubmarino hallado en Aldán, la droga cargada en Leticia recorrió el Solimões y se trasvasó al sumergible cerca de Santarém, una gran población brasileña ubicada aguas abajo. En la propia selva amazónica brasileña, y no en Colombia, se construyó el submarino. La droga sí partió de territorio colombiano.

La investigación comenzó en 2020, a partir de información transmitida al Ejército de Colombia y a la Policía Federal de Brasil por la Administración para el Control de Drogas (DEA), la policía estadounidense especializada en la lucha contra el narcotráfico. Los estadounidenses llamaron la atención sobre un esquema de compra y venta de cocaína en la región conocida como cabeza de perro, en el extremo noroeste de Brasil, donde el país hace frontera con Colombia y Venezuela. El lugar recibió su apodo porque, en los mapas, su forma se asemeja a un perro con la boca abierta.

Según la información preliminar proporcionada por los estadounidenses, quien sirvió de puente entre las disidencias de las FARC y los criminales del Primeiro Comando da Capital fue un colombiano llamado Nelson Jaramillo Quiceño, más conocido como Calidad. A él le correspondía garantizar que los delincuentes colombianos, radicados en los departamentos de Guaviare y Vaupés, pudieran pasar lotes de cocaína a delincuentes brasileños de Manaos y São Gabriel da Cachoeira, asegurando su paso previo antes de su partida hacia Europa.

Nacido en San José del Guaviare, a 400 kilómetros de la capital Bogotá, Calidad formó parte de un grupo de paramilitares que operaron en el sur de Colombia a principios de la década de 2000. Eran milicias que luchaban contra la guerrilla de las FARC en la jungla. En 2003, Calidad fue investigado por su implicación en el asesinato de cuatro personas, entre ellas un adolescente, pero acabó absuelto por falta de pruebas.

Seis años después, fue detenido in fraganti por el Ejército brasileño mientras transportaba cuatro toneladas de cemento a bordo de una embarcación en el río Vaupés, cerca de Iauaretê, una localidad amazónica próxima a la frontera con Colombia. La venta de cemento está controlada en Brasil, ya que el producto puede utilizarse para transformar las hojas de coca en pasta base. Por tanto, se requiere autorización para exportarlo. Calidad no tenía los papeles necesarios y fue detenido por los militares. Días después salió de prisión gracias a un hábeas corpus, que obliga a presentar ante el juez a un detenido en un plazo determinado.

Calidad vive ahora en São Gabriel (Brasil), donde posee una barbería y un restaurante, o en Yavaraté, un pueblo colombiano en la frontera. Según los investigadores, se acercó al principal grupo de disidentes de las FARC. Tras el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla en 2016, las FARC se convirtieron en partido político, pero algunos de sus miembros optaron por permanecer en la selva, dedicándose a los secuestros y al tráfico de drogas y armas. De ese grupo parten un buen número de los alijos que acaban en España a través de Galicia o de otros puertos del país. Estos disidentes, denominados “grupos armados organizados residuales” por el Ejército colombiano, están divididos en varios frentes y clasificados por números.

El frente número 1 controla la producción y el tráfico de cocaína en los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés, territorio que abarca 6.700 hectáreas sembradas de hoja de coca, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Informes de inteligencia del Ejército colombiano revelan que la cocaína producida por el grupo era transportada en embarcaciones a través de 520 kilómetros entre las ciudades de Miraflores y Mitú, en Colombia. Desde allí, la droga es enviada a Manaos mediante aviones de Aerovías Regional del Oriente (ARO), una empresa de taxi aéreo que cuenta con una flota de nueve aparatos.

Los militares sospechan que lotes más pequeños de droga fueron llevados por embarcaciones que recorrían los ríos Solimões, Vaupés y Negro hasta Manaos, escondidos en cargamentos lícitos. Desde esa zona parte la droga en aviones hacia distintas lanzaderas del país, y en embarcaciones, narcosubmarinos incluidos, hacia el Atlántico, casi siempre rumbo a Europa.

El Solimões es el principal punto de entrada de la cocaína que llega a Brasil a través del Amazonas, según la Policía Federal. En los últimos años, esta ruta ha estado dominada por el Comando Vermelho, lo que obligó a la facción rival del PCC a buscar rutas alternativas. Ambos grupos criminales brasileños tienen ya oficinas estables en España y presencia en Galicia y Portugal. La Memoria de la Fiscalía Antidroga menciona como uno de sus temas de preocupación “la ruta que conecta Sudamérica con Canarias con la presencia del PCC brasileño en las islas”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

La policía colombiana interceptó el pasado febrero la llamada de un individuo sospechoso de traficar con droga. Estaba organizando una venta al por mayor de cocaína a un comprador en México. El tipo alardeaba de que tenía una cantidad importante disponible; un producto que podía entregar en Denver, Miami y por todo el Caribe. Apenas una década antes, el polvo blanco procedía siempre de Colombia o de las regiones andinas de Perú o Bolivia. Pero los tiempos han cambiado. La coca de la que hablaba el sospechoso había sido cultivada en Guatemala, un país a 2.000 kilómetros al noroeste de los grandes países productores y que tradicionalmente había servido sólo de punto de parada para los traficantes.

La coca “dio buen resultado”, le dijo el hombre a una persona que parecía ser su socio en el negocio, según recoge la transcripción de la llamada intervenida. El hombre aseguró que tenía “un centenar de cajas de zapatos blancos de alta gama” –código que se usa para hablar de kilos de cocaína–, así como “cocineros” listos para empezar a trabajar en Guatemala y México. 

La conversación, identificada en la filtración masiva de correos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia en la que se basa NarcoFiles, es una prueba más de una tendencia, tan nueva como poco conocida, que está reestructurando el tráfico global de cocaína: la relocalización de los cultivos más allá de las zonas andinas tradicionales hacia Centroamérica. 

Esta evolución ha sido impulsada por varios factores, especialmente por la fragmentación de los grupos que controlaban el tráfico. Tras el acuerdo de paz de 2016, el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrió la producción de cocaína tanto a grupos nuevos como a otros ya establecidos que experimentaron con nuevas técnicas y cadenas de suministro. Las conversaciones interceptadas a este individuo en Bogotá, por ejemplo, fueron grabadas durante una investigación sobre un grupo disidente de las FARC.

Para una mejor comprensión de la tendencia, OCCRP y sus socios, entre los que se encuentra infoLibre, han analizado los documentos filtrados, que han corroborado con documentos judiciales, entrevistas con expertos y trabajo sobre el terreno en cinco países. Esta información es parte de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación internacional que puedes leer en exclusiva en España en este periódico.

Datos obtenidos del Ministerio del Interior de Guatemala mediante una solicitud de información pública muestran que el cultivo de coca se ha disparado desde que en 2018 se informó sobre la primera plantación descubierta en el país. Una expansión similar se está produciendo en naciones vecinas, como Honduras y México, según muestran datos de esos países, mientras que Belice detectó en diciembre de 2022 la primera plantación de coca en su territorio.

Los periodistas descubrieron que, lejos de salir perdiendo con esta nueva tendencia, los criminales colombianos –que históricamente han controlado gran parte del narcotráfico– están exportando su pericia y haciéndose con un nicho de mercado con los nuevos desarrollos en Centroamérica y más allá.

Esta investigación revela también cómo el procesamiento de la cocaína está siendo relocalizado. En paralelo al aumento de la demanda en Europa, Asia y África, los laboratorios han empezado a dejar atrás Colombia y a cruzar el Atlántico. Decenas de nuevos laboratorios son desmantelados cada año en Europa Occidental. Uno de ellos, descubierto en Países Bajos y dirigido por un traficante colombiano conocido como El rey de la heroína de Nueva Jersey, podía producir hasta 200 kilos de cocaína al día.

La aparición de laboratorios en Europa y en otros lugares se ha visto facilitada por técnicas innovadoras de transporte, entre ellas métodos sofisticados para camuflar cocaína líquida en prendas textiles u otros materiales, lo que hace que esos envíos sean más difíciles de detectar.

El tráfico de drogas ha vivido un “momento de innovación” en los últimos años que va desde “cómo mejorar las redes, hasta cómo utilizar mejores herramientas y las redes sociales para comprar mayores cantidades”, explica a OCCRP Leonardo Correa, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de Naciones Unidas.

Cuando se produjo el desarme de las FARC, grupos de disidentes mantuvieron sus intereses en el tráfico de drogas, señalan los expertos. Mientras tanto, otras bandas, como los albaneses o los serbios, han aumentado su presencia.

El resultado es que el tráfico de cocaína está ahora “mucho menos centralizado”, apunta Laurent Laniel, analista en el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. “Más gente está implicada y eso genera más oportunidades de hacer contactos y más ideas sobre rutas y métodos de traficar”, añade.

De la mano de estos nuevos territorios de cultivo, la llegada de la planta de coca amenaza con oleadas de violencia sobre comunidades que llevan décadas sufriendo a manos de los narcotraficantes o de las autoridades estatales.

Ubicado entre densos bosques y plantaciones de café en la verde región mexicana de Costa Grande, el pueblo de El Porvenir parece, a primera vista, abandonado. Con apenas una docena de casas, sus escasas calles están desiertas y su cancha de baloncesto languidecía al sol cuando los reporteros lo visitaron la primavera pasada.

Pero este apacible pueblo se asienta en uno de los numerosos nuevos territorios fijados por un narcotráfico en expansión. 

Durante décadas, las comunidades locales han plantado cannabis y amapola en esa región, junto con otros cultivos como cocos o mangos. Pero tras el hundimiento de los precios del café en la década de los 90, los cultivos ilegales se convirtieron en una de las pocas opciones rentables. Hoy, con los precios del opio hundiéndose a causa del cambio de consumo en Estados Unidos hacia el fentanilo, muchos ponen sus esperanzas en la coca.

“Es una nueva economía: diversificación de los cultivos ilícitos”, indicó Arturo García Jiménez, un líder comunitario, a El Universal.

De las 171 plantaciones de hoja de coca destruidas en México entre 2020 y 2023, sólo 13 no se encontraban en la región de Costa Grande, en el estado de Guerrero, según la información facilitada por militares mexicanos. La mayoría estaban localizadas en ejidos, áreas de propiedad comunitaria como El Porvenir.

Los narcotraficantes de la región imponen la expresión latinoamericana “plata o plomo”. Es decir, o cooperas o mueres. Investigaciones académicas y periodísticas desvelan cómo estos grupos suelen amenazar a miembros relevantes de esas comunidades, como médicos o profesores, antes de abandonar cuerpos mutilados en las cunetas, así como asesinar y secuestrar a los que no se someten o pagan su impuesto.

Para muchos residentes, es mucho más seguro trabajar a las órdenes de las bandas, explica García. Al ser los únicos compradores de la producción, los grupos criminales pueden ordenar qué cultivos ilegales quieren y cuánto van a pagar por ellos. El líder comunitario cuenta a OCCRP que, años atrás, un trío de colombianos llegó a la zona. Cree que trajeron las plantas de coca que ahora han proliferado, y que posteriormente compraban las hojas a los cultivadores. “Ellos son técnicos. No les importaba el rendimiento y la calidad”, continúa García. “Lo que quieren es producir y producir”.

El tráfico de cocaína sigue una senda de asesinatos y desplazamientos forzados conforme los distintos grupos compiten por el control territorial. En marzo, el comisario de Corrales, un ejido a 15 kilómetros al norte de El Porvenir, declaró al periódico mexicano Milenio que la población entera de una de sus comunidades había huido después de que un grupo criminal que no identificó secuestrara e hiciera desaparecer a tres personas.

Milenio identificó Corrales como uno de los numerosos ejidos que han caído bajo el control de un grupo criminal llamado La Familia Michoacana, conocido por sus ejecuciones y decapitaciones. Después de que los vecinos huyeran, el Ejército mexicano destruyó casi una hectárea de coca en el ejido, según muestran los datos obtenidos por OCCRP.

En El Porvenir, el Ejército irrumpió buscando coca en septiembre del año pasado. Un cultivador local de café recuerda cómo el pueblo “se llenó de soldados” y cómo los drones sobrevolaban sus cabezas durante las redadas. Cuando los militares se fueron, cuenta, los campesinos simplemente trasladaron las plantas montaña arriba. “El cultivo se va a quedar”, advierte García: “La destrucción que está haciendo el Ejército es simbólica en comparación con el territorio cultivado”. 

La relocalización practicada por los cultivadores de El Porvenir es sólo un ejemplo a pequeña escala de lo que los expertos denominan el “efecto globo”. Si se presiona sobre la producción de cocaína en un lugar, simplemente se va a mover hacia otra zona, como si fuera el aire en un globo. Si se aplasta a un grupo criminal, otro aparecerá para ocupar su lugar.

Dinámicas similares están, en parte, detrás del auge de los cultivos en Centroamérica. Para cuando se produjo el acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo, el grupo rebelde controlaba el 40% del comercio global de cocaína, según los cálculos del centro de estudios Insight Crime. Pero, en lugar de perjudicar la producción, la fractura del grupo rebelde creó lo que la agencia antidrogas de la ONU describió como un “mercado libre” más competitivo, diverso y compartimentado.

“Hay una especie de vacío en el mercado que no sólo afecta a Colombia”, asegura Correa, coordinador del SIMCI. “Los territorios, las rutas que tenían las FARC, eso sí se interrumpió… y dio lugar a que se piense que es posible hacer esto en otras partes”.

Los incentivos económicos también han ayudado a impulsar el cultivo hacia el norte. Correa señala que un kilo de cocaína se vende en Colombia por 1.700 dólares, mientras que puede alcanzar los 15.000 dólares cuando llega a Centroamérica. Al producir cocaína más cerca del punto de venta, los traficantes pueden beneficiarse de precios más altos y, al mismo tiempo, evitan gastos de transporte y otros costes, además de reducir los riesgos de que su producto sea incautado en tránsito.

Países que solían servir principalmente como zonas de paso ahora se están convirtiendo en productores, y el cultivo a menudo se concentra a lo largo de rutas de tráfico establecidas en áreas remotas u otros lugares donde la presencia del Estado es limitada.

En Honduras, tras el golpe militar de 2009, la producción de cocaína creció rápidamente en las regiones de Colón y Olancho, ambos puntos clave en la ruta tradicional de la droga hacia el norte. El análisis de OCCRP revela que, en Guatemala, sólo dos de las 217 plantaciones de coca encontradas entre 2018 y finales de 2022 no estaban en el noreste, una zona escasamente poblada, específicamente en la región de Izabal, conocida desde hace mucho tiempo como base de operaciones para los traficantes locales.

A veces, este cultivo se introduce de manera velada. Alan Ajiatas, fiscal especial de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad de Guatemala, dijo a Guatemala Leaks que su oficina está investigando casos en los que el cultivo fue introducido entre los agricultores sin que se les revelara que era coca. “Les dijeron: ‘es un producto que les va a servir y les vamos a pagar por el resultado mucho”, recuerda Ajiatas. “Entonces la gente comenzó a sembrar desconociendo qué era.”

Pero estos nuevos cultivadores aún están muy lejos de los productores andinos. La agencia antidroga de la ONU calcula que el año pasado se plantaron 230.000 hectáreas de coca en Colombia, lo que equivale a más del 2% de la superficie total de Guatemala. A finales del año pasado, las autoridades guatemaltecas sólo habían destruido unas 110 hectáreas de cultivo y las mexicanas, unas 39.

Pero el cultivo está en constante expansión. Los productores experimentan con las cosechas para ver dónde se afianzan, explican expertos y autoridades. Algunas plantaciones han surgido en lugares como las selvas de Panamá o el montañoso estado mexicano de Chiapas, para luego desaparecer. Este año también se encontró coca por primera vez en rincones remotos del estado mexicano de Michoacán.

“Buscan lugares donde se pueda desarrollar mejor este cultivo”, apunta a El Universal Ludwig Reynoso, secretario general del Gobierno del Estado de Guerrero, quien precisa que el producto local “todavía no tiene la calidad necesaria, como la coca que se siembra en Colombia”.

Y no es sólo el cultivo el que está cambiando, como lo demuestran acontecimientos recientes al otro lado del Atlántico.

En julio de 2020, un grupo de colombianos llegó en un autobús con los vidrios oscuros a una escuela de equitación en el pueblo holandés de Nijeveen. En los establos les esperaban sus nuevos jefes, un grupo criminal de diez individuos establecidos en los Países Bajos. Habían construido el laboratorio de cocaína más grande jamás visto por las autoridades, capaz de producir hasta 200 kilos de droga al día, según consta en el expediente de la Fiscalía y la posterior sentencia. 

Por lo menos 13 colombianos –11 de los cuales llegaron en avión para hacer ese trabajo– pasaron los siguientes diez días extrayendo, procesando y empaquetando una cantidad equivalente a una tonelada de cocaína, indica la Fiscalía. Al llegar, les dijeron que entregaran sus teléfonos y los encerraron, según sus propios testimonios.

Los cocineros trabajaban para un compatriota colombiano, Alejandro Cleves Ossa, quien a su vez respondía ante los líderes afincados en Países Bajos, según se señala en su orden de captura. Cleves, que a los 23 años ya había sido apodado El rey de la heroína de Nueva Jersey, había sido extraditado de Colombia a Estados Unidos y encarcelado por tráfico de drogas en 2010. Le concedieron la libertad anticipada en 2018. A los dos años, se había mudado a los Países Bajos para coordinar la producción de cocaína en representación de un capo en Colombia, tal y como revela un documento de la policía holandesa obtenido por Follow the Money.

Las autoridades de los Países Bajos hicieron una redada en la escuela de equitación de Nijeveen en agosto de 2020. Cleves, que fue declarado culpable en marzo de 2022 y condenado a cuatro años de prisión, no respondió a un cuestionario sobre su pena que le remitió OCCRP.

El sumario del caso ofrece una visión inédita del funcionamiento de estos nuevos laboratorios, que desde hace una década empezaron a aparecer con mayor frecuencia fuera de Sudamérica, algunos de ellos en lugares tan remotos como Australia y Senegal. La policía holandesa ha desmantelado más de 60 laboratorios de este tipo desde 2018.

Mensajes encriptados, intercambiados en la ya desaparecida plataforma de comunicaciones EncroChat, hackeada por la policía, y citados en la orden de arresto, muestran que la banda, establecida en los Países Bajos, había recorrido un buen número de sitios antes de decidirse por la escuela de equitación. “El lugar es perfecto”, le escribió un miembro del grupo a su suministrador de cocaína en Colombia. “Vayamos a tope”, respondió el hombre.

Mensajes posteriores sugieren que el proveedor colombiano envió más de 1,5 millones de euros a sus socios en los Países Bajos para invertir en el laboratorio, aunque el documento judicial no indica si finalmente la transferencia se realizó. 

Para al menos uno de los miembros de la organización holandesa, éste era su primer intento de entrar en el negocio de la cocaína tras llevar varios años gestionando un laboratorio de metanfetamina en los Países Bajos con unos mexicanos. La búsqueda de alternativas más rentables le hizo volverse “adicto” a la idea de procesar cocaína, ya que ahí estaba “el dinero de verdad”, destaca su sentencia, que cita sus mensajes de EncroChat.

La organización holandesa que construyó el laboratorio de Nijeveen –uno de los tres que manejaban, según la orden de captura– añadió una capa de sofisticación tecnológica extra al proceso: incorporaron generadores industriales y calderas hechas a medida y, además, insonorizaron los establos y los equiparon con un sistema de purificación de aire para evitar que los olores químicos llamaran la atención.

No está claro cuánto costó el laboratorio, pero dos expertos entrevistados por OCCRP calcularon que construir instalaciones similares podría costar entre 200.000 y 500.000 euros. En los chats hackeados que cita la policía, un miembro holandés de la banda conjeturaba que su jefe había invertido un total de dos millones de dólares en uno de sus laboratorios.

La ubicación ofrecía otra ventaja. En Sudamérica, los productores de drogas suelen tener dificultades para obtener precursores químicos de alta calidad, como el permanganato de potasio. Pero en la Unión Europea, los grupos criminales, que cuentan a menudo con décadas de experiencia en la producción de drogas sintéticas, pueden obtener las sustancias químicas directamente de productores legales. Varias condenas en tribunales holandeses por casos similares muestran que estas compras a menudo son manejadas por intermediarios que afirman que los productos químicos se utilizarán para actividades legales como la restauración de arte. Los chats hackeados del caso Nijeveen revelan que miembros de organizaciones holandesas hablaban de gastar entre 300.000 y 400.000 euros en “líquidos”, una referencia a precursores químicos, cuando el laboratorio estaba en construcción.

“Los holandeses lo tienen todo, puertos, redes de distribución, ubicaciones, productos químicos. Pero carecen de experiencia. Los colombianos tienen el producto y la experiencia”, destaca a OCCRP Martin van Nes, fiscal principal de tráfico de cocaína en los Países Bajos: “Se podría decir que es casi un matrimonio de conveniencia”.

Los periodistas han descubierto que esta pericia es un producto de exportación muy apreciado. El traficante radicado en Bogotá cuyo teléfono fue interceptado no sólo envió un equipo de cocineros a Guatemala para procesar su cocaína centroamericana, sino que también habló de mandarlos a trabajar a Amsterdam.

Otros han sido enviados a hacer trabajos similares en España. Un cocinero de cocaína colombiano que trabajaba en un laboratorio en las afueras de Madrid le dijo a Narcodiario que lo contrataron para gestionar un equipo de seis personas y le pagaron alrededor de 450 euros por “unidad”, que es como se suele denominar cada kilo producido.

“Es lo que sabemos hacer bien”, dijo el cocinero, que pidió el anonimato. “Nací en una región donde esto es el día a día de cada familia y se aprende antes a trabajar con la coca que a leer o escribir”.

Los cocineros de cocaína trabajan en unas condiciones que las autoridades califican de insalubres e inhumanas. Los turnos son largos y los trabajadores a menudo duermen y comen en los sitios de producción.

Narcodiario entrevistó a un colombiano que llegó a España para procesar cocaína. Aseguró que había fabricado la droga desde que era niño. “Es lo que sabemos hacer bien”, fue la razón que dio cuando se le preguntó por qué había aceptado el trabajo. 

También explicó que un amigo de la región del Putumayo, al sur de Colombia, lo recomendó. Antes de viajar, la banda le pidió el pasaporte y le gestionó todos los vuelos y la documentación. 

“Sólo me trasladé a Cali, donde en una agencia de viajes te entregan billetes de avión, Bogotá-París, París-Portugal. Viajas como turista y no tienes que hacer nada, están todos los documentos preparados”, añadió.

Según contó, lo recogieron de madrugada en Madrid y lo llevaron a una granja, donde pasó 15 días viviendo y trabajando en el laboratorio. Los gases podían ser intensos: “Tienes que salir a respirar, aunque ya estamos muy acostumbrados”. No se les permitían las comunicaciones, recordó, y compartían habitaciones con literas. Un cocinero les preparaba arroz, carne y papas. 

El trabajo puede ser peligroso: un laboratorio clandestino en los Países Bajos explotó en marzo de 2020, matando un rebaño de ovejas y contaminando el aire y el suelo a su alrededor.

Pocos de los beneficios de ese negocio llegan a los cocineros. Los colombianos detenidos en un laboratorio en Galicia declararon a la policía que apenas les habían prometido unos pocos miles de euros por el trabajo. 

“Son la base miserable de este criminal negocio que genera miles de millones de euros de beneficios”, destaca a OCCRP Emilio Rodríguez Ramos, inspector jefe de los Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado en Galicia.

El hombre afincado en Bogotá al que la policía colombiana interceptó sus comunicaciones ofreció otro ejemplo de maltrato. Después de que los cocineros que mandó a Guatemala empezaran a negociar directamente sus salarios con un cliente mexicano, les amenazó con quitarles el pasaporte. “Deben entender que son empleados”, le dijo a otro miembro de la banda, según la transcripción de la escucha.

La transformación en el cultivo y cocinado de cocaína se ha visto impulsada por unos métodos de transporte cada vez más sofisticados. Gran parte de la pasta base de cocaína llega a Europa oculta en productos legales. Se mezcla en plástico fundido que luego se vuelve a moldear o se disuelve la cocaína en líquidos y se vierte la mezcla para “impregnarla” en ropa u otros materiales. 

El uso de estas técnicas, que aparecieron por primera vez a principios de la década de 2000, ha aumentado considerablemente en los últimos cuatro años, señala Jorrit van den Berg, científico forense holandés. “La escala de estas operaciones”, añade, “también ha aumentado”. Según indica, “el contrabando de cocaína en material de transporte se ha convertido en un segundo gran flujo hacia Europa”.

Cees, un holandés de 44 años condenado en 2021 por dirigir un laboratorio de metanfetamina en el que empleaba a cocineros latinoamericanos, le dijo a OCCRP que también se había planteado montar un laboratorio para extraer cocaína de materiales impregnados. La idea, señaló, era evitar costes –como tener que sobornar a funcionarios portuarios o pagar a personas para que forzaran los contenedores de transporte– y compensar así las recientes caídas de precios debido a la sobreproducción en Colombia. “Tiene más sentido desde el punto de vista económico”, señaló Cees a OCCRP, quien aceptó ser identificado sólo por su apodo. “Han estado produciendo tanto [en Sudamérica] que los precios al por mayor han bajado".

En una investigación conjunta con autoridades británicas y holandesas, los fiscales colombianos le siguieron la pista a un grupo delictivo transnacional que planeaba exportar cocaína mezclada con productos como aceite de palma, carbón vegetal, café y fertilizantes. No está claro si estos planes se llevaron a cabo. Según un informe interno que resume las conclusiones de la investigación, una pareja de químicos formado por padre e hijo ayudaba a procesar la cocaína y luego la insertaba en estos productos legales en laboratorios clandestinos colombianos. Antes de exportar la droga, la banda enviaba cargamentos de carbón sin adulterar, de prueba, a puertos europeos para tantear los controles aduaneros de cada país. Ambos fueron detenidos, en un operativo donde 27 personas fueron arrestadas, de las que 19 han presentado recursos.

Una vez al otro lado del océano, la droga se extrae mediante técnicas como el lavado con agua y disolventes del material portador impregnado. En el laboratorio de Nijeveen, el equipo extrajo primero la base de cocaína del carbón en el que se había mezclado y luego la cristalizó antes de envasarla, dejándola lista para la venta. Jorrit van den Berg, el científico holandés, explicó a OCCRP que la sofisticada naturaleza de este tipo de camuflaje ha hecho que algunas de las técnicas de detección estándar resulten ineficaces.

Pero acertar con la receta no es fácil. Un grupo de traficantes, conocido en los medios de comunicación como el cártel de Morfhox, experimentó con formas novedosas de eludir la detección en sus cargamentos a Estados Unidos y Europa, incluido el envío de un kilo de cocaína líquida a las Bahamas, según destaca una acusación colombiana contra el grupo.

Sin embargo, cuando un miembro de la banda en las Bahamas intentó devolver la droga a su estado original después de que le enseñaran la fórmula perfecta, solo consiguió extraer 40 gramos. Decenas de miembros del grupo fueron arrestados en Colombia en 2018 –él y otras personas han recurrido sus detenciones–.

Freek Pecht, coordinador antidrogas de la policía holandesa, explica que los colombianos que llegan a Europa eran a menudo los mismos que escondían la cocaína en el material portador impregnado, porque conocían el “código específico” para “desbloquear” los envíos. “Si manipulas con esa receta y las cosas van mal, obtendrás un rendimiento mucho menor o dañarás todo el lote y te quedarás sin nada”, declara al medio belga Knack.

Este año, la policía española desmanteló un laboratorio en Galicia. En Europa es la primera estructura de gran tamaño en la que se produce directamente cocaína a partir de un cargamento de pasta base, el rudimentario producto elaborado por los propios cultivadores. Como en Nijeveen, el laboratorio gallego podía producir hasta 200 kilos de cocaína al día.

La pasta base de coca es más barata que los productos más trabajados. Como resultado, procesarla hasta convertirla en cocaína en Europa reduce las pérdidas si un cargamento es incautado. También supone un mayor margen de beneficio del lado europeo, donde 1.000 kilos de cocaína pueden generar hasta 80 millones de dólares, según un análisis de Global Initiative, una organización no gubernamental enfocada en el crimen organizado.

“El fenómeno se va a extender de forma exponencial debido fundamentalmente a lo rentable del negocio”, subraya a Narcodiario Emilio Rodríguez Ramos, jefe del grupo de policías españoles que descubrieron el laboratorio.

Van Nes, el fiscal neerlandés, asegura que las autoridades en Amberes y Rotterdam se han incautado de mucha más cocaína en los últimos años, y que es lógico que los narcotraficantes reaccionen. Intentan “repartir el riesgo, igual que lo haría cualquier inversor de bolsa sensato”, variando métodos, rutas y puertos. “Entre las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad es el juego de nunca acabar del gato y el ratón”, recalcó.

* Yelle Tieleman (Follow the Money) contribuyó a esta historia

* Análisis de datos por Ignacia Velasco.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El nuevo orden criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto, dirigido por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 comenzó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana que se ha compartido con infoLibre y Narcodiario en España y con más de 40 medios de comunicación de todo el mundo. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

España solía ser un lugar de tránsito para el tabaco de contrabando procedente de los desechos de las grandes firmas del sector, con entradas por Galicia, al noroeste, y Algeciras, al sur. Después comenzó a operar de cabeza de puente hacia Europa para el hachís marroquí, que llegaba en grandes barcos al mismo noroeste –con alijos de más de 30.000 kilos en la década de los 90– y en embarcaciones de pequeño tamaño al sur –las precursoras de las actuales narcolanchas–.

Pero, casi sin darse cuenta, el país se convirtió en la gran puerta de entrada para la cocaína en el continente, que llegaba de la mano de los cárteles de Cali y de Medellín en los 80 y hoy sigue alcanzando las costas de la Península Ibérica sobre todo por la fachada atlántica.

Sin embargo, el escenario actual ha cambiado, tal y como revelan los mayores expertos y ha quedado acreditado por los NarcoFiles, el nuevo orden criminal, una investigación periodística internacional coordinada por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida en España con infoLibre y Narcodiario y con más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Aquí puedes ver el dosier con las informaciones publicadas hasta la fecha.

Con los escenarios anteriores –salvo el del tabaco– plenamente vigentes, las grandes mafias autóctonas y extranjeras han visto en España un lugar perfecto para crear un negocio alrededor de la droga que abarque todas las fases del ciclo productivo. Para ello comenzaron a establecer centros de cultivo de cannabis hasta alcanzar cotas similares a las de Marruecos, llenando de cosechas clandestinas todas las comunidades autónomas, pero especialmente Andalucía y Cataluña. España ya es la huerta de Europa de la marihuana.

“Somos el número uno, el mayor productor europeo de marihuana”, resalta el comandante Fran Torres, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Los albaneses lo están aprovechando para establecerse en España. La marihuana no está tan mal vista, pero va camino de ser más peligrosa que la cocaína por la violencia que acarrea”, añade el investigador. “Si me intervienen 1.000 plantas en mi casa y es muy probable que no vaya a prisión. Es un negocio que cuesta muy poco: puedes comprar el material en cualquier growshop con una inversión de 20.000 euros, y la vas a amortizar probablemente en la primera cosecha, que tienes en cuatro o cinco meses, con una rotación que te da unos beneficios económicos brutales”, concluye el guardia civil, quien alude al bajo reproche penal por este delito como un factor diferencial.

La fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán Martínez, también pone el foco en la creciente violencia con que se conducen las organizaciones dedicadas al cannabis. En Cataluña, destaca la memoria de la Fiscalía recién publicada, se han instalado organizaciones extranjeras que se dedican a plantar cáñamo y distribuir después la cosecha “por toda Europa”, vendiendo las plantas en tiendas físicas o en webs, aunque también utilizan el correo postal o la paquetería.

Al mismo tiempo, y sin hacer ruido, se han instalando también los primeros laboratorios de cocaína. Al principio, sólo con dos o tres cocineros, y ahora con auténticos especialistas que viajan directamente desde Colombia para trabajar en los centros de producción y obtener una mercancía cuya calidad es superior a la que se obtiene en América Latina, rozando –y en ocasiones superando– el 90% de pureza.

“Me pidieron el pasaporte y se encargaron de todo. Yo sólo me trasladé a Cali, donde en una agencia de viajes me entregaron los billetes de avión de Bogotá a París y de allí a Portugal. Viajas como turista y no tienes que hacer nada”, explica a OCCRP cómo llegó a España un experto cocinero de cocaína, que sigue en plena actividad aún hoy. De 47 años y originario de Putumayo, la región de Colombia con más laboratorios en plena selva, asegura que allí “es el día a día de cada familia, se aprende a trabajar con la coca antes que a leer y a escribir”. Por un sueldo de unos 400 euros por cada kilo de cocaína generado, el especialista, carente de antecedentes penales, está operativo ahora en el extrarradio de Madrid, la zona en la que se han destapado la mayor parte de los centros de procesamiento del polvo blanco sudamericano en la Península Ibérica.

El desmantelamiento de un laboratorio en Pontevedra a finales de marzo, con capacidad para producir 200 kilos al día y con 7.500 kilos de pasta base listos para ser transformados –de ellos se intervinieron unos 1.300– supuso un golpe de efecto, pero no el único ni el último: 128 estructuras de transformación de droga colombiana, de mayor o menor tamaño, han sido descubiertas en el país en la última década. Según las cifras facilitadas por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dependiente del Ministerio del Interior, entre enero de 2012 y septiembre de 2022 fueron detenidas 625 personas en unas operaciones que permitieron a las fuerzas del orden incautarse de 3,53 toneladas de cocaína.

La mayoría de los arrestados eran –además de españoles– colombianos, que son quienes proporcionan la droga y dominan la química y la técnica para elaborarla, y adulterarla, antes de su venta en el país de destino. Lo que no es óbice para que –como corresponde a un negocio tan globalizado como los legales–, entre los cocineros, químicos y notarios –los capataces, venidos desde Colombia– de los laboratorios se hayan encontrado serbios y albaneses –los balcánicos cotizan al alza en el narcotráfico europeo– e incluso húngaros, aparte de ciudadanos procedentes de toda Latinoamérica.

“Me ofrecieron un trabajo rápido, de dos semanas, que consistía en sacar la base de pellets de plástico y transformarla en clorhidrato de cocaína”, explica el cocinero, que cuenta con todo un equipo a su servicio para procesar los paquetes de droga. Una persona organiza el trabajo y el resto de los empleados entran en el laboratorio “sin comunicación”. “Al terminar vienen a buscarte y te sacan. No ves nada”, describe. Son, pues, estructuras perfectamente organizadas desde el origen que cuidan cada detalle para evitar ser descubiertas y que procesan droga las 24 horas al día para obtener el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Y en un tiempo récord.

Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional y responsable de la operación que sirvió para desmantelar el laboratorio de Cotobade (Pontevedra), ubicado en una zona rural de difícil acceso y considerado el mayor de Europa hasta la fecha, señala que la estructura criminal se instaló en apenas “cuatro meses”. El centro de producción de droga se encontraba en una vivienda de tres plantas con su galpón anexo, donde fueron hallados, además de unas 30 toneladas de precursores líquidos y sólidos, depósitos de acero y plástico, extractores, calentadores, hornos microondas, ventiladores, un generador eléctrico diésel, bombas de agua, un compresor de aire y electrobombas, todo ello con el único fin de transformar la pasta base en clorhidrato de cocaína. Después se supo que obtenían purezas superiores a las conseguidas en la selva colombiana, que oscilan entre un 78% y un 84%.

“En el laboratorio objeto de investigación había personal de México y de Colombia, que fue reclutado de otras instalaciones en la selva. El reclutamiento se pudo hacer en el país de origen entre los propios trabajadores de la organización”, explica el responsable policial, quien subraya que en Pontevedra fueron detenidos siete colombianos y un mexicano, el jefe, el único que tenía contacto con el exterior. “El fenómeno se va a extender de forma exponencial debido fundamentalmente a lo rentable del negocio y a la situación actual de la producción de la cocaína en Sudamérica [la sobreproducción ha hundido los precios]”, asegura Rodríguez.

“Pensamos que existen instalaciones perfectamente productivas en países del entorno de la UE. Es comprensible que, cuanto menores son los controles, más facilidades existen para que las organizaciones exporten pasta base, adquieran insumos e instalen laboratorios”, concluye el investigador. La rentabilidad es mayor que en los alijos clásicos, pues no hay que pagar sobornos ni contratar embarcaciones, ni siquiera buscar una guardería para almacenar una sustancia que, según sale de los hornos microondas, ya se distribuye a los compradores al por mayor. Los NarcoFiles demuestran así que España ya no sólo recibe, sino que también trasforma y produce cocaína para consumidores de toda Europa.

Donde más laboratorios clandestinos dedicados a la cocaína se ha desmantelado en España es en la Comunidad de Madrid, un total de 31 en 10 años. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 27, y Cataluña, con 20. Las dos primeras, por tanto, suman el 45% de las instalaciones clandestinas descubiertas. Pero también Castilla-La Mancha, quizá por su proximidad a la capital, tiene un buen historial, con 12 instalaciones cerradas. En Murcia fueron descubiertos nueve laboratorios, una cifra considerable si se tiene en cuenta que son los mismos que en Andalucía, cuya extensión multiplica casi por 100 la murciana.

En cualquier caso, el laboratorio donde más cocaína ya elaborada se confiscó hasta la fecha en España fue uno desmantelado en 2015 en una nave industrial de Chiva (Valencia), donde los cinco detenidos –dos de ellos colombianos y un tercero, un empresario de Albacete y químico de profesión– pretendían transformar en producto listo para la venta un total de 1.520 kilos de cocaína que acababan de desembarcar en el puerto de Valencia mezclados con carbón. No llegaron a ponerse a la faena porque fueron detenidos antes por la policía. La Audiencia Provincial de Valencia condenó al organizador español del envío a ochos años y 10 meses de prisión, y a siete años y seis meses a los dos colombianos, presumiblemente los cocineros que iban a extraer la cocaína camuflada en los sacos de carbón. En otras operaciones, las cantidades de droga intervenida fueron mucho menores. De hecho, el segundo por volumen intervenido, es un laboratorio de Navalagamella (Madrid), donde se encontraron sólo 320 kilos en 2022.

Antes del gran hallazgo de Pontevedra, sin embargo, existen numerosos precedentes que dejan claro que España lleva produciendo cocaína desde hace muchos años y, en al menos cuatro ocasiones más, a partir de pasta base. El primer gran caso conocido y desarticulado por el Cuerpo Nacional de Policía tuvo como protagonista a Ana María Camena, conocida como La reina de la coca y destacada integrante de Los Miami, una de las mayores redes de tráfico de cocaína de todos los tiempos afincada en Madrid y con cabecillas españoles con tratos directos con los colombianos. Fue en 2011 en el marco de la Operación Colapso. Se intervinieron 300 kilos de cocaína y 33.000 kilos de sustancias químicas para su elaboración, así como dos millones de euros en efectivo, que dan una muestra clara del poder de aquella organización criminal.

Sólo un año después y también en Madrid –la capital y su entorno acogen la mayor parte de estas infraestructuras–, la policía descubrió un sistema de introducción de pasta base dentro de muebles de madera. Tres ciudadanos colombianos habían llegado a España para cocinar la droga. Ese mismo año se descubrió en Cataluña otro laboratorio de elaboración de cocaína cuyo destino final eran los Países Bajos.

En 2015 y en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), se produjo un hallazgo interesante: una estructura dotada de un zulo donde los narcos ocultaban los productos químicos, el material de laboratorio y la propia cocaína que iban procesando. La policía detuvo a siete personas como responsables.  

Dos años más tarde, en una localidad de Guadalajara, una vez más cerca de la capital de España, los especialistas antidroga encontraron unos grandes barriles con huecos idénticos a los que se emplean en los laboratorios de Colombia para colocar las cubas en las que se sintetiza la cocaína.

En 2019 se intervino el mayor laboratorio de cocaína descubierto en Barcelona hasta la fecha. Era la Operación Ferro, que incluyó la aprehensión de un semisumergible sin estrenar en una nave de Málaga y 50 detenidos en distintas provincias. Se decomisaron 22 toneladas de sustrato de coco impregnado en cocaína para su posterior extracción en la cocina clandestina, así como 400 kilos ya preparados y 12.000 kilos de precursores.

Ese mismo año, en la localidad toledana de Casasbuenas, quedó al descubierto el que hasta entonces era probablemente el laboratorio de mayor capacidad alimentado con pasta base, como el de Pontevedra. Nueve personas, algunas de ellas vinculadas a las FARC, fueron detenidas. Se calcula que podían producir 500 kilos de clorhidrato de cocaína al mes.

Ya en 2020, la Policía Nacional intervino otros dos centros de producción de la droga de origen sudamericano, uno en Alicante y otro en Cádiz. El primero incluyó el decomiso de 650.000 euros en efectivo y numerosas armas. En el segundo también llamó la atención el arsenal. Los narcos comenzaban entonces a protegerse ante la proliferación de vuelcos –robos de droga perpetrados por otros delincuentes– que se extendían como la pólvora en toda España. Así, este año no ha habido operación antidroga en la que no se haya decomisado armamento letal.

En 2021 se desmanteló una instalación al aire libre que recibía la materia prima en forma de pasta base oculta en sacos de arcilla en San Martín de la Vega (Madrid). Allí se hallaron cinco toneladas de precursores químicos, además de todo el material preciso para el laboratorio. Ese mismo año fue localizada otro gran laboratorio en una finca de alquiler turístico de Madrid. En él se extraía la cocaína que llegaba a España impregnada en pintura en polvo, un sistema indetectable para las aduanas. Se calcula que producía unos 300 kilos al mes.

En 2022, en una localidad de Toledo, la Policía Nacional cazó in fraganti a cinco personas trabajando en otro recinto que, según las autoridades, podía procesar hasta 150 kilos al mes. Y ese mismo año, en la Operación Silcon, fue localizada la instalación más parecida hasta la fecha a la de Pontevedra, con capacidad para elaborar 120 kilos cada semana “a imagen y semejanza de los de la selva colombiana”. La cocaína llegaba a España impregnada en cemento. Doce personas fueron detenidas.

Además de las diferencias de volumen, el ritmo de desmantelamiento de los laboratorios ha variado, y mucho, a lo largo de la década. En 2013 y 2014 se descubrieron hasta 21 y 20 instalaciones, respectivamente; en 2015 fueron 18 y en 2016 llegaron a 14. Pero desde entonces las operaciones contra laboratorios han decaído: en 2018 fueron sólo cuatro, en 2019 sólo cinco. El año de la pandemia, 2020, se quedaron de nuevo en cuatro. Desde 2021, cuando alcanzaron la decena, ha habido un ligero repunte. Hasta septiembre de 2022 se han cerrado siete operaciones.

La química industrial no sólo es necesaria para elaborar, extraer o adulterar cocaína. El primer laboratorio de heroína descubierto en España estaba en Fuensaldaña (Valladolid) y fue desmontado en 2013. La policía detuvo a 12 personas. Atribuido en parte al famoso clan de Los Charlines, organización gallega dedicada a introducir cocaína colombiana a gran escala, obtenía la droga a partir de morfina para su venta en todo el país.

El segundo fue desmantelado en Quintanar del Rey (Cuenca) al año siguiente. Los 10 detenidos eran sirios y habían levantado una instalación donde habrían podido producir hasta 100 kilos de heroína.

También hay plantas clandestinas para elaborar drogas sintéticas. En 2017 se descubrió en Lleida un centro de producción de speed –sulfato de anfetamina–. Y el año pasado se destapó una organización que utilizaba varias viviendas en Barcelona como laboratorios: se intervinieron 336 kilos de MDMA, anfetaminas, éxtasis, metanfetamina, GHB y GLB.

“Pensamos que existen instalaciones perfectamente productivas en países del entorno de la UE. Es comprensible que cuanto menores son los controles, más facilidades existen para que las organizaciones exporten pasta base, adquieran insumos e instalen laboratorios”, concluye Emilio Rodríguez, responsable del operativo que cerró el laboratorio de Pontevedra. La rentabilidad es mayor que en los alijos clásicos, pues no hay que pagar sobornos ni contratar embarcaciones, ni siquiera buscar una guardería para almacenar una sustancia que, según sale de los hornos microondas, ya se distribuye a los compradores al por mayor. Los NarcoFiles demuestran así que España ya no sólo recibe, sino que también trasforma y produce cocaína para consumidores de toda Europa.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto, dirigido por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 comenzó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana que se ha compartido con infoLibre y Narcodiario en España y con más de 40 medios de comunicación de todo el mundo. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de Colombia, entre ellos la correspondencia con embajadas y gobiernos de todo el planeta. Un sinfín de mensajes, audios, imágenes, PDF, hojas de cálculo y calendarios, en su mayoría con fecha entre 2017 y 2022, que dan acceso a los secretos del negocio global del narcotráfico. Rara vez la redacción de un periódico dispone de un material tan impresionante sobre el que trabajar. Y más raramente aún ese periódico tiene la oportunidad de hacerlo en cooperación con toda una red internacional de medios de investigación.

Pues bien, eso es lo que ha ocurrido esta vez.

Ese ha sido el desafío al que se han enfrentado durante meses más de 40 medios, entre ellos infoLibre, miembro de la red Organized Crimen and Corruption Reporting Crime (OCCRP), que tuvo acceso a la histórica filtración. Decenas de periodistas han trabajado a partir de la información de la Fiscalía verificando datos, siguiendo pistas, entrevistando a delincuentes, víctimas, policías y autoridades, cosechando información complementaria, hablando con expertos, recabando antecedentes y contexto.

El resultado es NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una panorámica nunca antes vista del más poderoso negocio ilegal del planeta, que mueve cantidades fabulosas de dinero mientras provoca muerte y devastación social, lesiona las arcas públicas y destroza el medio ambiente. Un negocio letal no sólo en términos de salud pública, sino también para la democracia misma, que se corrompe al contacto con el polvo blanco.

La investigación, publicada en exclusiva en España por este periódico, permite identificar grupos, líderes, rutas y estrategias del narco global. Sus resultados muestran la naturaleza cada vez más sofisticada de una actividad que desborda las imágenes estereotipadas, combinando ahora el recurso a la violencia con una creciente profesionalización basada en la cooperación entre grupos y el uso de alta tecnología.

NarcoFiles arroja además una preocupante conclusión: España se ha convertido en un nodo fundamental de toda una vasta red criminal transnacional. Lo cuentan con detalle los periodistas Begoña P. Ramírez, de infoLibre, y Víctor Méndez, de Narcodiario, que han trabajado juntos para esta serie: la Mocro Mafia holandesa, el cártel de los Balcanes, la 'Ndrangheta, el clan irlandés Kinahan y los grupos colombianos y mexicanos mantienen estructuras estables en España, país erigido en enclave privilegiado para el blanqueo de capitales. Especial atención para la radiografía del narconegocio merecen los puertos –Algeciras, Valencia, Barcelona, Málaga, Vigo, Bilbao–, convertidos en "un problema importante de corrupción", como alerta la fiscal jefe antidroga, Rosa Ana Morán. “Hay que evitar que Valencia se convierta en Amberes”, advierte. No es una advertencia cualquiera.

Hay que tirar a la papelera todas las ideas preconcebidas sobre cómo funciona el negocio de la droga. Y esto vale tanto para su operativa global como para el papel de España, que ha dejado atrás su condición de mera puerta de entrada de la cocaína y el hachís para alzarse con el título de gran productor de droga de la UE. Eso sí, su papel vital en las rutas de la droga y el dinero sucio contrasta con la escasa fuerza de los grupos criminales nacionales. Sólo hay tres organizaciones, las tres gallegas, con músculo suficiente para completar el negocio de principio a fin. Los españoles son transportistas, blanqueadores, rescatadores... pero los grandes capos son de fuera. Al menos, de momento.

El narco global es hoy una hidra de la que brotan dos cabezas en cuanto la Policía tiene el acierto de cortar una. Con la demanda global de cocaína en alza y su mercado creciendo en Asia, África y Europa, las grandes organizaciones del narcotráfico parecen haber razonado que hay tarta para todos y que ganan más cooperando y refinando sus métodos empresariales que ocupando las páginas de sucesos. Los días en que un solo cártel se hacía cargo de toda la cadena de suministro han quedado atrás. Hoy se impone la colaboración en redes fluidas que se reparten los papeles a lo largo de todo el ciclo de producción, distribución, venta y blanqueo de los beneficios. NarcoFiles repasa casos concretos que permiten ver punto a punto, desde Latinoamérica a Europa, el viaje de la droga y el dinero, con su rastro de crimen y destrucción.

Si el trabajo en red hace más difícil aún de combatir esta lacra, tiene perfecto sentido que sea el periodismo en red, como el desarrollado por OCCRP, el que presente a lectores de todo el mundo esta completa radiografía del fenómeno. NarcoFiles no sólo levanta acta definitiva del fracaso de la "guerra contra las drogas" tal y como fue concebida por Estados Unidos hace ya más de cuarenta años, sino que invita a superar el diagnóstico y la persecución fragmentada de un tipo de criminalidad que ha crecido sin control durante demasiado tiempo, hasta el punto de ostentar ya un poder que parece imposible de doblegar.

Los gobiernos –el español, claro, entre ellos– afrontan un reto de época, ante el que harían bien en arremangarse y usar todos los recursos a su alcance, singularmente los que puedan prestar las grandes empresas tecnológicas. Mañana podría ser tarde.

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Ángel Munárriz es Jefe de Investigación de infoLibre.

Los grandes capos colombianos llegaron a España en los años 80 tras la violenta espiral que azotó Cali y Medellín y el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar y, con más firmeza, Gilberto Rodríguez Orejuela echaron raíces a este lado del Atlántico para introducir su cocaína en Europa. Un negocio que ya era floreciente para ellos en dirección a Miami o Nueva York precisaba de nuevos mercados y París, Madrid, Londres o Milán eran perfectos. En la década de 1990, los traficantes locales ya tenían sus propias redes y sus conexiones perfectamente engrasadas para introducir la sustancia, que principalmente entraba en lanchas rápidas por la costa noroeste española.

En ese tiempo, coincidiendo con el crecimiento económico y social del país tras los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, también comenzaron a establecerse en la Península Ibérica excombatientes de la guerra de Los Balcanes. Muchos de ellos permanecían un tiempo en Italia, donde estrechaban lazos con la Camorra napolitana o la 'Ndrangheta, la mafia calabresa. Unos –balcánicos, tanto albaneses como serbios y croatas– y otros –transalpinos– se asentaron en España, sobre todo en la Costa del Sol. Primero cometían robos o prostituían a sus compatriotas, incluso familiares directas, pero pronto apreciaron los mayores beneficios y el menor riesgo que les brindaba el narcotráfico. Ahora dominan el mercado de la cocaína.

Con el cambio de siglo, con el bum del mercado inmobiliario y el auge del turismo, delincuentes de otras nacionalidades pusieron su pie en España, algunos por casualidad y otros por puro negocio. Entre estos últimos estaban los Kinahan irlandeses, el mayor cártel de la droga de las islas británicas y cuyos líderes encontraron un buen refugio en las costas andaluzas. También rusos, franceses, holandeses y suecos se instalaron en la Península. Algunos se fijaron en el sur de Europa en busca del apreciado hachís marroquí, aunque pronto se percataron de que la droga sudamericana les pasaba ante sus narices y apostaron fuerte para hacerse con su parte del pastel.

En 2023, con Colombia produciendo más cocaína que nunca, los mexicanos, que hasta ahora habían preferido Estados Unidos y dejado Europa para sus vecinos del sur, han aterrizado en España. Y para quedarse. Los sucesores de los cárteles de Cali y Medellín tienen oficinas estables en Madrid, Galicia, Málaga y hasta en las Islas Canarias. El cártel de Los Balcanes domina parte de la recepción de los alijos, tanto en los puertos como en embarcaciones. Los semisumergibles se han convertido en una alternativa completamente segura, pues las fuerzas de seguridad no disponen de la tecnología necesaria para detectarlos. Y la Mocro Mafia, la violentísima organización criminal que lidera desde prisión el holandés de origen marroquí Ridouan Taghi, asoma su alargada sombra, repartiéndose el pastel de mala gana con serbios y albaneses.

Todos ellos trabajan de forma coordinada, en auténticas cooperativas del crimen, según revela NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística internacional coordinada por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida en España con infoLibre y Narcodiario y con más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. infoLibre la publica desde hoy en exclusiva en España.

“El cártel de Los Balcanes, la 'Ndrangheta, la Mocro Mafia y los grupos británicos e irlandeses quieren controlar todas las etapas del tráfico de drogas. Ya compran el hachís directamente en Marruecos, la cocaína en Colombia o la metanfetamina en México. Controlan el transporte y luchan por dominar los puertos, que son para ellos la joya de la corona. Todos quieren controlarlos”, explica Antonio Martínez Duarte, jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central de la Policía Nacional. Las redes internacionales de narcotráfico “y el crimen organizado en su conjunto se sirven de la globalización y de que los controles fronterizos son cada vez más relajados”, añade, “y evitan, si pueden, a los comisionistas locales, acudiendo directamente al proveedor”.

El último gran ejemplo de esta operativa trascendió en septiembre, cuando la Udyco Central puso fin a una red que introducía cada mes decenas de toneladas de cocaína de al menos 33 organizaciones distintas a través de contenedores marítimos. La droga, se sospecha, llegaba desde Colombia hasta Guayaquil (Ecuador) por carretera, procedente de los laboratorios ubicados cerca de la frontera que comparten ambos países. Allí se introducía en contenedores de bananas y llegaba a Lisboa previo paso por Algeciras. En este puerto fueron incautados 9.500 kilos que no componían la totalidad del cargamento y que Narcodiario calcula en unas 15 toneladas.

Después, desde la capital del país luso salía toda una flota de camiones que entregaba su parte a gallegos, rusos, serbios, británicos, italianos y turcos, entre otros. Precisamente Estambul se ha convertido en un nuevo actor, incipiente, tanto para recibir cargamentos como para acoger a los propios capos, que saltan hasta allí desde el otro gran refugio de los grandes narcos, Dubái. En Turquía pueden disfrutar de los privilegios que les conceden sus ilícitas ocupaciones sin esconderse, algo que les resulta más complicado en Europa Occidental.

España es también, según desvelan los NarcoFiles, un enclave privilegiado para el blanqueo de capitales obtenidos por estas redes criminales. La Udyco de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explican que el mercado inmobiliario de los miles de kilómetros de costa peninsular –y de las islas– del país son un caramelo muy apetecible para quienes lavan los beneficios de la cocaína. La compra de inmuebles se une al auge del turismo, que sitúa al sector hostelero en el centro del escenario para blanquear, con los locales de ocio como punta de lanza.

Otros esquemas tradicionales, tales como el envío de dinero mediante mulas aéreas, la compra de grandes cantidades de productos tecnológicos vía China por parte de empresas de Sudamérica o los ingresos en paraísos fiscales mediante empresas pantalla, siguen siendo formas habituales para devolver el dinero al dueño de la droga. En 2023 aparece un nuevo invitado: las criptomonedas, muy difíciles de rastrear y aún más difíciles de aflorar para las autoridades.

NarcoFiles destapa también, por ejemplo, los nexos entre colombianos, mexicanos, españoles y holandeses para obtener, procesar, transportar y vender grandes cantidades de cocaína en el floreciente mercado europeo. “Los jefes de los cárteles, conocedores de cómo evadir la acción de la Justicia, se distancian cada vez más de la droga, y también de los ajustes de cuentas. Buscan obtener el máximo beneficio eludiendo la responsabilidad penal, haciendo uso de telefonía encriptada, de criptoactivos y buscando lugares como Dubái, donde piensan que están protegidos”, destaca el comisario Duarte.

Policías europeos comparan la lucha contra el crimen organizado actual con la Hidra de la mitología griega: al arrancarle al monstruo una de sus muchas cabezas, crecían dos en su lugar. Así lo explica Europol: “incluso las más exitosas operaciones policiales apenas tienen consecuencias a largo plazo sobre el crimen organizado global… extirpar una cabeza no mata al monstruo”.

En España han sido detenidos a lo largo de los años algunos de los narcotraficantes más conocidos en todo el mundo. Nombres como el colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cártel de Cali; integrantes del Kinahan Cartel irlandés, el exmayor de la Policía Militar de Brasil Sergio Roberto de Carvalho, algunos distinguidos miembros de la 'Ndrangheta, Jonas Falk, conocido como El Pablo Escobar sueco; la flor y nata de la mafia turca, rusos, marselleses, los marroquíes-holandeses de la Mocro Mafia y, últimamente, los serbios y albaneses del cártel de Los Balcanes, también los mexicanos. Todos ellos han sido descubiertos haciendo negocios en la Península Ibérica.

España dispone de grandes puertos marítimos, entre los que destaca el de Algeciras, al sur del país, donde la compra de funcionarios es una constante. “En los lugares donde operan los estibadores se produce la corrupción”, apunta Macarena Arroyo Marín, fiscal Antidroga de El Campo de Gibraltar, una de las zonas más sensibles de Europa en lo que se refiere al tráfico de drogas. Las rutas de la banana, principalmente desde las seis terminales portuarias de Guayaquil, en Ecuador, pero también directamente desde Colombia, son el canal principal para los envíos. La Policía Nacional investiga a las principales empresas del transporte bananero en ambos países en busca de nexos con las redes de la cocaína que, por muy evidentes que puedan parecer, no están acreditados.

El puerto de Valencia es el primero en tráfico de contenedores de España y el tercero de Europa por volumen de incautaciones de droga, toda una referencia, por tanto, para este tipo de cargamentos ilegales, aunque las mafias de la droga siempre intentan diversificar el riesgo y, para ese propósito, la Península Ibérica es excelente. La gran diferencia con respecto a Bélgica, Países Bajos, Francia o Alemania, con sus famosos puertos de Amberes, Róterdam, Le Havre o Hamburgo, muy permeables al tráfico de cocaína, reside en la gran cantidad de dársenas con conexiones directas con América Latina con que cuenta España. También Portugal. Junto a Algeciras y Valencia debe marcarse en rojo Barcelona, muelle favorito de narcos holandeses y mexicanos, pero también Málaga, en el corazón de la Costa del Sol, donde los grandes capos de todo el mundo tienen sus lujosas mansiones, Marín y Vigo en Galicia, y Bilbao, menos conocido, pero también notable según las más recientes investigaciones.

“Los puertos son un problema importante de corrupción pública y de las empresas privadas”, lamenta la fiscal jefe antidroga, Rosa Ana Morán Martínez. Sin cómplices dentro del puerto, ya sea en las fuerzas de seguridad, en Aduanas o en las empresas consignatarias y de logística, el negocio del narco no funciona. Por eso Rosa Ana Morán cree que las empresas portuarias “deben colaborar más” y las administraciones, a su vez, deben exigirles mayores sistemas de control y vigilancia si quieren acceder a concesiones en las terminales. “Hay que evitar que Valencia se convierta en Amberes”, sentencia. 

La situación geográfica, de cara al océano Atlántico y como puerta física de Europa, es un factor básico a la hora de situar a España en el centro del escenario, así como la afinidad idiomática con América Latina. Dos personas que hablan la misma lengua se entienden mejor, y así es como comenzaron los negocios de la cocaína entre españoles y sudamericanos. Con el paso del tiempo, las barreras culturales se han ido desvaneciendo, y los tratos clandestinos se cierran con criminales de cualquier origen, con la única premisa de que la mercancía fluya y el dinero se reparta entre los diferentes socios.

Por ejemplo, los NarcoFiles describen una ruta que une el puerto de Veracruz, en México, con el de Barcelona. Una empresa con intereses en ambos países, Magniexport, está vinculada con la operativa criminal, según se desprende de las investigaciones de los reporteros de OCCRP. La policía española atribuye el negocio al histórico cártel de los Beltrán-Leyva, mientras que las autoridades mexicanas no ofrecen datos al respecto. Se trata de un ejemplo evidente de que el negocio de la cocaína se ha globalizado hasta el punto de que en América Latina colombianos y mexicanos son socios directos y en Europa las organizaciones de distintos países se reparten los beneficios. Lo que no quiere decir que falten grandes batallas por el control territorial ejemplificadas en los dos grandes cárteles mexicanos, Sinaloa y Jalisco, y en las empresas del narcotráfico más conocidas en la Europa contemporánea, el cártel de Los Balcanes y la Mocro Mafia.

El engranaje criminal de Magniexport trascendió con un gran operativo cuyo desenlace en la vía judicial está todavía pendiente. La Policía Nacional intervino en Barcelona un gran cargamento de cocaína y otro de metanfetamina. Gran parte de la sustancia estaba destinada a laboratorios de los Países Bajos. La Udyco Central practicó numerosas detenciones y las posteriores investigaciones apuntan hacia un acuerdo criminal entre narcos de América Latina con españoles y probablemente también con la Mocro Mafia.

A su vez, la policía colombiana define a Jean Paul Hoyos Bohórquez como una figura clave. Utilizaba presuntamente una empresa pantalla con sede a las afueras de Cali para organizar envíos internacionales de drogas, tras permanecer en el negocio del narcotráfico durante 15 años, según un perfil criminal elaborado por los propios investigadores. Su especialidad era supervisar la producción y venta de cocaína en el extranjero, en países como Países Bajos. La primera parada, sin embargo, era México. Y la segunda, España. Hoyos Bohórquez y uno de sus colaboradores mexicanos, Alonso Alverdi Benavides, tenían vínculos con Eduardo Fernando Cardoza Giraldo, un presunto narco conocido por el alias de Boliqueso. Señalado como “uno de los últimos narcotraficantes puros” por el expresidente colombiano Iván Duque, Boliqueso ha permanecido en búsqueda y captura a instancias de Estados Unidos desde 2015. Supuestamente está relacionado con el clan del Golfo, una organización criminal responsable de exportar unas 20 toneladas de cocaína al mes hacia distintos mercados. Durante varios años y hasta su arresto, en 2022, vivía rodeado de lujos en una base secreta de México.

En diciembre de 2021, la policía española siguió uno de los envíos de Magniexport desde el puerto de Barcelona hasta un almacén industrial. Dentro de los bloques de hormigón apareció cocaína y metanfetamina en grandes cantidades, 1.370 y 2.549 kilos, respectivamente. Los traficantes se sorprendieron al ser descubiertos. “Lo que no puedo entender es lo que pasó... hemos pasado muchos controles y nunca en 12 años han descubierto nada”, se lee en una conversación entre dos traficantes citada por la policía de los Países Bajos, destino final de ambas sustancias.

Como parte de su cobertura, la red intentó mantener una parte legítima del negocio del hormigón vendiendo algunos de los bloques a empresas locales. Sin embargo, no les resultó fácil, ya que el material no se usa mucho en la construcción española.

En marzo de ese mismo año, la policía de Países Bajos tenía en su radar un laboratorio de cocaína en una población rural del país, que presuntamente dirigía el mismo Hoyos Bohórquez. Los chats interceptados por los agentes holandeses revelan cómo el grupo internacional organizó su trabajo, con los sudamericanos aportando experiencia en el procesamiento de la cocaína, y sus homólogos holandeses a cargo de alquilar el local del laboratorio, proporcionar dinero en efectivo y hacer recados. Recibían la sustancia en grandes cantidades y se comunicaban a través de Encrochat, el sistema encriptado que empleaban narcotraficantes de todo el mundo hasta su desmantelamiento en 2020. Para tratar los temas importantes, según desvela NarcoFiles, un mexicano sin identificar se coordinaba con sus colegas sudamericanos Alverdi Benavides y Hoyos Bohórquez sobre el terreno. El laboratorio “combinado” en el que se elaboraban cocaína y metanfetamina estalló en llamas el 27 de marzo y las ovejas y corderos que le servían de tapadera quedaron carbonizados. El olor era nauseabundo. Aunque los vecinos sabían lo que allí se cocinaba, según admitieron a OCCRP, nadie lo había denunciado. Ahora pagan las consecuencias de la contaminación provocada por el incendio. Todos los citados fueron detenidos en los meses posteriores. Hoyos Bohórquez, además, se enfrenta a cargos por blanquear los ingentes beneficios del entramado.

En un periodo de cuatro meses en 2020, Hoyos Bohórquez pudo haber transferido unos 18,5 millones de euros, directamente o a través de terceros, a México y Colombia, según los investigadores de los Países Bajos. Su principal colaborador holandés, Said Tachi, también participaba en la tarea, apuntan los agentes holandeses. En España se enviaron fondos a México con la ayuda de empresarios locales que diseñaron una red de sociedades para lavar el dinero, explica la policía española. Su investigación sobre lavado de dinero encontró grandes sumas, “que con toda probabilidad eran producto del tráfico de drogas”, enviadas desde los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong hasta México a través de cuentas bancarias de empresas españolas. Así el dinero volvía a sus auténticos propietarios.

Los periodistas de OCCRP también han descubierto que Alverdi Benavides había hecho negocios con una empresa financiera mexicana, Black Wallstreet Capital, que, según un portavoz de la Fiscalía de Ciudad de México, ha sido objeto de una investigación federal por transacciones “irregulares” y posible blanqueo de dinero. Al ser contactado, Juan Carlos Minero Alonso, dueño de Black Wallstreet Capital, contestó a OCCRP que Alverdi Benavides y un pariente se habían puesto en contacto con la empresa para que “se administrara la que dijeron era una riqueza obtenida en el sector de transporte de cargas y construcción cementera“. Minero niega tener relación alguna con actividades presuntamente criminales y recalca que dirigía “una entidad lícita, que pagaba impuestos, que hacía actividades reguladas y con total transparencia”.

Alverdi Benavides ha estado bajo la lupa por sus conexiones en México. En marzo de 2022, lo arrestaron en una redada en una vivienda de lujo a las afueras de Ciudad de México, donde la policía buscaba a un presunto narcotraficante colombiano, Eduard Fernando Giraldo Cardoza, conocido por su alias, Boliqueso, el colombiano donde había empezado todo. El círculo se cerraba. Alverdi Benavides fue puesto en libertad por abusos cometidos durante la redada. Ni él ni Boliqueso respondieron a las preguntas que les enviaron los periodistas. 

“Son auténticas cooperativas. Están establecidos en la zona de la Costa del Sol, claramente afincados allí, y tienen una gran capacidad de organización”, describe Macarena Arroyo, fiscal en el Campo de Gibraltar y a cargo de la Operación Faukas –la parte española de la Operación Dessert Light coordinada por Europol–, que sirvió para acreditar que los grandes cárteles europeos mantienen oficinas estables en España, por ser la puerta de entrada de toda clase de drogas, y en Dubái, por ser el mejor lugar para refugiarse y para blanquear. “Si necesitan un proveedor, lo buscan; si necesitan un transportista, lo buscan; tienen una capacidad increíble para conseguir sus objetivos. Son cárteles que se están constituyendo como sucedió en su momento en Colombia y que ahora están creciendo con fuerza en Europa. Disponen de embarcaciones, teléfonos encriptados, dispositivos de localización… tienen medios más potentes que las fuerzas de seguridad”, advierte la fiscal.

En esa operación, la pieza clave entre los arrestados fue Edin Gačanin, alias Tito, del cártel de Los Balcanes, considerado por las autoridades uno de los ases del póker que dominaba el tráfico de drogas internacional desde el emirato junto al italiano Raffaele Imperiale, jefe de la Camorra; el irlandés Daniel Kinahan, cabeza del cártel del mismo nombre, y el holandés Ridouan Taghi, de la Mocro Mafia. Kinahan sigue en libertad, probablemente en Dubái, y Gačanin, tras un tiempo detenido, quedó en libertad. Sólo Imperiale y Taghi están entre rejas. Y todos ellos mantienen intereses muy claros en España como referencia geoestratégica para la entrada de los alijos y para el retorno del dinero, ya blanqueado, o bien para su reinversión en forma de capital inmobiliario.

En cuanto a los traficantes españoles, y salvo excepciones, no han pasado de narcotransportistas. “Existen tres organizaciones gallegas que tienen capacidad para realizar el negocio de principio a fin. El resto trabajan para grupos de todo el mundo”, detalla Antonio Duarte, comisario central de Estupefacientes de la Policía Nacional. “Los españoles son transportistas, blanqueadores, rescatadores, quienes controlan las puertas de entrada, pero a nivel top, si hablamos de auténticos capos, esos están en las grandes organizaciones como el cártel de Los Balcanes, la Mocro Mafia, los italianos, los colombianos y mexicanos”, añade el comandante de la UCO Fran Torres. “Eso también es bueno, porque habla bien de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el sentido de que aquí es muy difícil que un capo prospere: tarde o temprano, se le va a descabezar”

El control de los puertos es esencial para dominar el tráfico internacional de cocaína en todo el mundo, y especialmente en Europa. Róterdam y Amberes, los más importantes por número de contenedores, son territorio “desde hace más de una década” de la Mocro Mafia, según explica el policía que coordina las investigaciones contra esta organización en España, “la número uno a nivel mundial”. El grupo nació como “una asociación juvenil de pandillas compuesta por inmigrantes marroquíes asentados en Países Bajos y Bélgica, pero especialmente en el primero, de segunda y tercera generación”, relata el agente, “sus comienzos están relacionados con el mundo del fútbol. El padre de Taghi [Ridouan Taghi, el líder indiscutible de la organización, ahora en la cárcel] ya se dedicaba al tráfico de hachís, y gracias a las rutas utilizadas por él y a sus contactos en Marruecos y en distintos países, Ridouan consiguió erigirse en el dueño del tráfico de cocaína en Europa”. Aunque siempre con el permiso de la 'Ndrangheta y el cártel de los Balcanes, los dominadores de los puertos españoles y de los alijos en alta mar, que este año ha recuperado su importancia como canal de entrada de droga en toda clase de embarcaciones al margen de los portacontenedores: veleros, mercantes, pesqueros e incluso los semisumergibles.

“Ridouan Taghi sigue dirigiendo la Mocro Mafia desde prisión. Tiene un poder prácticamente ilimitado, el poder que le da su dinero”, advierte la policía, que consiguió detener en España a varias personas relacionadas directamente con él. El capo fue capturado en su refugio dorado de Dubái, de donde “fue extraditado por la presión internacional. Si no hubiese matado a [el periodista de investigación] Peter R. de Vries jamás habría sido enviado a Países Bajos”, subraya la misma fuente.

La extrema violencia empleada por esta organización le sirve para mantener el control sobre todo un grupo de fieles a su servicio, pero al mismo tiempo la ha puesto en el ojo del huracán, lo que “ha resultado contraproducente”, añade la policía. En España fue detenido uno de los autores del brutal crimen contra De Vries en las calles de Ámsterdam y se desarticuló una de las ramas de blanqueo de dinero de Taghi.

Al mismo tiempo, las organizaciones rivales se han hecho fuertes en los puertos de Algeciras y de Barcelona que la Mocro Mafia intentaba dominar. Todo apunta a que la expansión del grupo marroquí-holandés hacia el sur se ha detenido en favor de una alianza entre el cártel de Los Balcanes y la 'Ndrangheta, que han conseguido atraer a traficantes locales, como los gallegos, para hacer negocios no sólo en los puertos de la Península Ibérica, sino también en el océano Atlántico. En altamar reciben grandes alijos que son introducidos en lanchas rápidas en áreas pesqueras de las Azores o en Cabo Verde, o bien son recogidos del agua tras ser balizados con GPS. Sin olvidar la gran ruta alternativa que ha surgido en los últimos meses a través del Golfo de Guinea, con cargamentos que son filtrados en barcos pesqueros frente a costas de Brasil.

El cártel de Los Balcanes es el dominador de las dos principales rutas de introducción de cocaína en portacontenedores entre Sudamérica y España, que parten de Guayaquil (Ecuador) y del norte de Colombia. Así quedó reflejado en la más reciente operación de la Policía Nacional. “El cártel de Los Balcanes era el dueño del cargamento”, declara Alberto Morales, jefe de la Sección IV de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional y responsable del hallazgo de esos 9.500 kilos de cocaína aprehendidos el pasado septiembre en un contenedor en Algeciras. Se trata del mayor alijo de droga encontrado en todo el mundo en los dos últimos años. Enviaban 40 contenedores al mes y dominaban los puertos de todo el Atlántico.

Pablo Ramírez, director antinarcóticos de Ecuador, también habló para OCCRP sobre las rutas entre su país y España. “Nosotros creemos que el cártel de Los Balcanes es el principal en estos momentos para la coordinación de alijos hacia Europa”, sostiene. Sobre la situación en su país, añade el responsable policial, colombianos y mexicanos llevan establecidos allí desde la década de los 80, pero ya desde 2010 se ha descubierto la llegada de los balcánicos, que ahora operan a uno y otro lado del Atlántico. “La cocaína que parte de Ecuador entra en España por el puerto de Algeciras y por los de Galicia, principalmente”, corrobora el jefe antidroga ecuatoriano.

Desde 2007, Lisboa acoge la sede del MAOC-N, el Centro de Análisis de Operaciones Marítimas en materia de narcotráfico. El organismo nació de una alianza entre los países del sur de Europa, con España, Francia, Italia y Portugal como punta de lanza, en unión con el Reino Unido e Irlanda, y con el soporte permanente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Los datos de incautaciones en el mar en 2023 no se habían visto antes: más de 60 toneladas al cierre de NarcoFiles.

Fuentes autorizadas señalan que sólo se confisca el 10% de la cocaína enviada por el canal oceánico, por lo que se calcula en 600.000 kilos la cantidad que tocó tierra en apenas nueve meses del presente año. Estos datos permiten avanzar los siguientes efectos: una reducción drástica de los precios –que, en puntos como Galicia, han caído un 50%–, el aumento de las prisas para colocar la mercancía en el destino y recuperar el dinero con que ejecutar nuevas operaciones –el blanqueo es cada vez más rápido con la criptomoneda– y, finalmente, la aparición de nuevos mercados, como Australia que, si bien es mucho más lucrativo, no puede competir por ahora con Europa. El Viejo Continente es el principal mercado del mundo, por el gran número de consumidores y por su capacidad económica para adquirirlas.

En el mar, el velero domina como método de transporte clásico. “Son imposibles de rastrear, se mueven entre toda la flota recreativa y entran por playas y puertos”, interviene Emilio Rodríguez Ramos, jefe de la Sección Greco Galicia de la Policía Nacional. El 60% de los decomisos en el mar se producen en esta clase de embarcaciones, seguidas –de lejos– por los barcos pesqueros y los mercantes, también difíciles de apresar al confundirse entre la flota pesquera operativa en los distintos caladeros, en el primer caso, y por su modus operandi, en el segundo: los narcos lanzan los fardos en el canal de los mercantes, que transcurre a unas 100 millas de las costas portuguesas y gallegas, en su travesía hacia los grandes puertos del norte.

El cártel de Los Balcanes y la 'Ndrangheta, los dominadores de los grandes cargamentos de cocaína en portacontenedores en todo el mundo, también se han hecho fuertes en la vía marítima. El sello de los albaneses, serbios, croatas e italianos aparece con mucha frecuencia, en ocasiones en alianza con los gallegos y siempre con el visto y plácet de los colombianos, los dueños de la mercancía en origen.

En los veleros, en los mercantes y en los pesqueros aparecen personas de estas organizaciones. No así en los semisumergibles, una vía muy segura para las organizaciones criminales, empleada durante más de 15 años por una alianza entre colombianos y gallegos. De hecho, sólo se ha podido interceptar uno de estos aparatos, que, además, cayó casi por casualidad, en noviembre de 2019, en una playa de Pontevedra.

Para estas travesías no todos están preparados: el peligro que entrañan unas embarcaciones de 20 metros de eslora por sólo tres de manga que navegan entre dos aguas cruzando el Atlántico, reduce sus tripulaciones a los mejores pilotos y a personas sin recursos que hacen el trabajo sucio de acompañarles hasta la llegada a destino. Pero el riesgo se paga bien. Medio millón de euros es el sueldo de estos pilotos, que colocan alijos de más de 4.000 kilos en Europa en viajes de 20 días de duración.

En todo este escenario, los grandes negocios se siguen cerrando en la Costa del Sol. Segundos espadas del crimen organizado de los principales cárteles de todas las nacionalidades imaginables se reúnen allí. Los Kinahan, la Mocro Mafia, el cártel de los Balcanes, las distintas mafias rusas e italianas, con la 'Ndrangheta al frente, y por supuesto los colombianos y los mexicanos establecen contacto en la costa malagueña.

Los NarcoFiles lo confirman. Las autoridades de las distintas naciones que luchan contra el narcotráfico han dado un paso al frente en la Costa del Sol. Bajo el liderazgo de la Policía Nacional se ha creado un equipo de trabajo con especialistas de más de 20 países con una base permanente en el centro de negocios del crimen organizado internacional.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto, dirigido por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 comenzó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana que se ha compartido con infoLibre y Narcodiario en España y con más de 40 medios de comunicación de todo el mundo. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Cuando se piensa en tráfico de drogas se suele pensar en organizaciones de jerarquías rígidas, lideradas por capos como Pablo Escobar o Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy, sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Con la demanda global de cocaína y mercados creciendo en Asia, África y Europa, los días en que un solo cártel controlaba toda la cadena de suministro son cosa del pasado. Ahora es mucho más frecuente que las organizaciones cooperen en redes fluidas, en ocasiones con cierta autonomía, para mover la cocaína a lo largo de las distintas etapas del transporte. Para determinar cómo sucede en la práctica, OCCRP y sus socios, entre los que está infoLibre, pusieron el foco sobre un conglomerado de grupos y de criminales que trabajaban juntos para alimentar una de las autopistas de la droga más concurridas del mundo: la que une Latinoamérica con Europa.

Los periodistas rastrearon una ruta de narcotráfico que partía de Colombia y pasaba por México y España para llegar a los Países Bajos, donde se procesaba y vendía la droga. Luego, millones de dólares en ganancias transitaban a través de una red de empresas financieras para regresar a Latinoamérica.

El modelo de negocio lo conformaba una especie de confederación flexible entre criminales colombianos, mexicanos, españoles y holandeses, trabajando codo a codo para ocultar, transportar, procesar y vender grandes cantidades de cocaína.

Cuando las autoridades desmantelaron sus operaciones en 2020, la policía explicó que estos grupos llevaban más de una década moviendo droga. Desde entonces, más de una docena de personas que presuntamente estaban involucradas en los envíos han sido detenidas en Latinoamérica y Europa.

Muchas preguntas siguen sin respuesta. Pese a haber pasado varios años trabajando en esta investigación transnacional, la policía no ha podido determinar quién, en caso de que la hubiera, era la mano que movía esa cooperación. Pero los periodistas han destapado detalles desconocidos de estas operaciones, gracias a documentos que proceden de la filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana sobre la que han trabajado el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece este periódico, en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Los archivos fueron después verificados, cruzándolos con documentos judiciales, informes policiales y registros mercantiles, así como entrevistas [ver aquí Qué es NarcoFiles y aquí la primera información sobre el papel de España en el narco global].

Los hallazgos de OCCRP muestran cómo el tráfico de drogas se ha abierto en los últimos años a organizaciones más pequeñas y a actores locales, que suelen colaborar entre ellos, así como con cárteles de mayor tamaño, aportando habilidades especializadas para las diferentes etapas del negocio. Esta tendencia –impulsada por las nuevas tecnologías de la comunicación, la globalización del tráfico de drogas, la expansión de los mercados y la fragmentación de los que antaño fueron grupos monolíticos– dificulta aún más la posibilidad de desmantelar ese tráfico.

A la policía europea le gusta describir las actuales estructuras del crimen organizado con la figura mitológica de la Hidra de nueve cabezas, que es capaz de generar dos nuevas cada vez que una de ellas es cercenada. “Cortar una cabeza no mata al monstruo”, sentenció Europol, la agencia europea de policía, en un informe de 2021.

La cocaína que finalmente terminó en los Países Bajos había comenzado ese viaje en Colombia, donde según la ONU se cultivan dos tercios de las hojas de coca que crecen en el planeta. La policía indica que la coca venía del departamento de Putumayo, una región fronteriza que está entre las de mayor producción y que es un punto álgido por la rivalidad entre distintos grupos de traficantes.

El cultivo de coca en Colombia, así como en Perú y Bolivia, ha tenido una tendencia al alza en la última década. Un aumento particularmente acentuado en 2021, junto con mejoras en la productividad de la planta, ha llevado la oferta de cocaína a niveles nunca antes vistos. 

Las recientes divisiones de grupos que antes monopolizaban el negocio han estimulado la aparición de un ambiente de mercado libre más competitivo, lo que ha catalizado procesos más eficientes en el cultivo y el procesamiento de la cocaína, indica la agencia antidroga de la ONU. Esta fragmentación también ha abierto la oportunidad a organizaciones criminales de fuera de Colombia, un país cuyos cárteles antes dominaban el negocio desde el origen hasta el punto de venta. 

La cooperación criminal que OCCRP rastreó, por ejemplo, fue controlada en buena parte por una organización criminal de México, según la policía. La identidad exacta del grupo detrás de la operación sigue siendo un misterio. En un principio, la policía española señaló que el cártel de los Beltrán Leyva estaba detrás del esquema, pero los periodistas no lograron verificar de forma independiente esa teoría. Lo que está claro es que el grupo mantenía una conexión colombiana a través de un experimentado traficante llamado Jean Paul Hoyos Bohórquez, alias Sodapuppy.

Apoyándose en información facilitada por los fiscales holandeses, la policía colombiana alegó que Hoyos Bohórquez era el “coordinador principal” de los envíos de cocaína al extranjero y que supervisaba las últimas fases de producción, así como la venta en los Países Bajos.

El pasado de Hoyos Bohórquez es en buena parte desconocido. Los periodistas no pudieron encontrar condenas previas, investigaciones u otras pruebas de su participación en el narcotráfico. Su abogado afirmó que sería “impertinente e imprudente” hacer comentarios sobre las denuncias policiales contra su cliente, dado que eran parte de una investigación en curso. El abogado citó el derecho a la privacidad de su cliente e insistió en que Hoyos Bohórquez era inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. Hoyos Bohórquez fue detenido el pasado mes de julio en Colombia. El proceso para extraditarlo a los Países Bajos, donde está acusado de narcotráfico y blanqueo de dinero, acaba de empezar.

En el viaje que empieza en Colombia, la droga no transita directamente hasta su destino final. Los traficantes suelen tomar caminos menos obvios, apoyándose en organizaciones aliadas y manteniéndose lejos de las autoridades. En este caso, la primera parada fue el país del grupo que gestionó el cargamento: México.

Si antes los cárteles mexicanos ejercían principalmente como correos de la cocaína, ahora se han convertido en proveedores al por mayor. Aunque su foco principal sigue siendo el mercado estadounidense, las incautaciones de los últimos años revelan que intentan abrirse paso en Europa gracias a la cooperación con grupos criminales europeos.

Éste es el caso de la cooperación criminal que rastreó OCCRP. Tras asegurar la cocaína en Colombia, la organización mexicana la mandó por vía marítima –junto con grandes cantidades de metanfetamina– a sus socios al otro lado del Atlántico, según la investigación de las autoridades españolas.

Como la mayor parte de la cocaína que se incauta en Europa, la droga fue enviada por mar en el interior de un contenedor. En los últimos años, para ocultar la cocaína en los barcos, los traficantes han ideado toda una serie de sofisticados métodos para camuflarla entre productos legales o en las paredes de los propios contenedores.

Para darle una cobertura legal, el grupo mexicano trabajaba con una compañía local de exportación llamada Magniexport SA, que solía utilizar la ruta marítima entre el puerto mexicano de Veracruz y el de Barcelona.

Los investigadores españoles señalan que la sociedad “estaba a disposición” del grupo criminal, pero no ofrecen más detalles. Documentos del Registro Mercantil muestran que es propiedad de dos mexicanos, pero OCCRP no ha encontrado ninguna información relevante sobre ellos y ningún indicio documental de que la sociedad sea investigada en México. La empresa no respondió a ninguno de los cuestionarios que le hicieron llegar los periodistas.

En el envío de Magniexport, las drogas estaban ocultas en compartimentos que habían sido construidos en el interior de bloques de hormigón. Según el informe de las autoridades españolas, el método convertía el cargamento en “indetectable” en los controles portuarios, lo que demuestra la “alta capacidad técnica de los cárteles mexicanos”, por el modo en que se construyeron los bloques. No obstante, sigue sin poder determinarse con seguridad quién en México estaba detrás de esa operación.

Con cerca de 150 cárteles activos, el ecosistema criminal en México está sujeto a cambios constantes. Muchos de los grupos criminales actuales son “restos fragmentados de antiguas organizaciones de mayor tamaño y constantemente cambian sus alianzas y sus luchas por el control territorial”, según un informe de la agencia antidrogas de la ONU.

Al otro lado del Atlántico, sin embargo, los supuestos protagonistas de la trama son mucho más visibles. 

Entre 2011 y 2020, Magniexport hizo varias decenas de envíos de bloques de hormigón térmico a Barcelona, según muestran los datos de exportación de la compañía. Los grupos que participaron en la operación intentaron mantener un negocio legítimo y montaron “canales seguros de importación ” vendiendo los bloques a empresas locales, indica un informe de la policía española. Sin embargo, esa operativa resultó difícil, ya que el material que despachaban era caro y no se utilizaba mucho en España.

En abril de 2020, la policía española siguió uno de los envíos de Magniexport desde el puerto de Barcelona hasta un almacén. Allí, los agentes perforaron agujeros en los bloques de cemento y encontraron en su interior más de 830 kilogramos de cocaína y 10 kilogramos de metanfetamina. Ese mismo mes, se incautaron de 500 kilos de cocaína más en otro envío. Según un documento judicial relacionado con la operación, el valor conjunto de los envíos superaba los 27 millones de euros.

El representante legal de Magniexport en España, que tiene nacionalidad española y mexicana, fue arrestado y acusado de narcotráfico junto a otras tres personas. El caso sigue a la espera de juicio. 

Tras muchos años de éxito, dos presuntos miembros de la red expresaron su sorpresa al recibir la noticia de la redada en Barcelona. Así quedó reflejado en los mensajes que se intercambiaron en un chat cifrado y que fueron incluidos por los fiscales holandeses en su petición de ayuda a sus homólogos colombianos.

Según un oficial de la Guardia Civil española que participó en la investigación, sólo los bloques que no llevaban droga se quedaban en España. Los que tenían cocaína en su interior se enviaban a la otra base europea clave del grupo: los Países Bajos.

Con menos de 2.000 habitantes, Poortvliet es un pueblo de los Países Bajos con anchos carriles bici, un molino de viento y una pequeña iglesia. Una noche a finales de marzo de 2020, este paisaje bucólico se vio alterado cuando un granero empezó a arder, matando a docenas de ovejas y corderos, y liberando un olor pestilente, según el policía holandés que investigó el suceso.  

Por la intensidad de las llamas y los restos químicos que se encontraron en el lugar, era evidente para el oficial de policía, Freek Pecht, coordinador antidrogas, que no era “el típico incendio de un granero”. Cuando una grúa retiró un caldero grande de los restos carbonizados del cobertizo, quedó claro que el edificio era en realidad lo que las autoridades holandesas bautizaron como una “lavandería de cocaína”. Un lugar donde, según los fiscales holandeses, Hoyos Bohórquez tenía “un rol de liderazgo”.

Las hojas de coca tienen que ser sometidas a una serie de procesos químicos para convertirse en clorhidrato de cocaína, el polvo que se acaba vendiendo a los consumidores. Esa elaboración solía realizarse en Sudamérica. Pero en Europa, especialmente en España y los Países Bajos, han ido apareciendo cada vez más instalaciones para llevar a cabo el procesamiento.

Uno de los motivos de la multiplicación de laboratorios es el aumento de los métodos químicos más avanzados para camuflar la cocaína en mercancías legales. En algunos casos, los traficantes empapan productos como textiles o carbón con base de coca, una forma primaria de la droga, que luego extraen en Europa. El laboratorio de Poortvliet fue puesto en marcha precisamente para llevar a cabo ese proceso. Según las autoridades holandesas, parecía haber sido utilizado para elaborar tanto cocaína como drogas sintéticas.

Sólo en 2022, la policía de los Países Bajos descubrió 17 laboratorios para extraer cocaína. 

Las conversaciones encriptadas interceptadas por la policía holandesa revelan que Hoyos Bohórquez y su socio mexicano, Alonso Alverdi Benavides, estaban en los Países Bajos para supervisar la producción de droga. Y mantenían un contacto permanente con sus jefes en Latinoamérica.

Según los fiscales de los Países Bajos, dos ciudadanos holandeses desempeñaron un papel fundamental en la operación, al entregar 130.000 euros a Hoyos Bohórquez para que levantara un nuevo laboratorio después de incendiarse el primero.

Una vez procesada, la cocaína era enviada tanto a los miembros holandeses como latinoamericanos de la red, que la distribuían en los Países Bajos. Siempre, según los fiscales, “en grandes cantidades”.

Con la cocaína pagándose a más de 40.000 dólares el kilo en los Países Bajos, los ingresos en efectivo eran considerables. Los mensajes cifrados interceptados por la policía permiten echar un vistazo a las ganancias del grupo.

Desde los Países Bajos, el mexicano Alverdi Benavides enviaba “listas de administración” a un individuo basado en México al que los fiscales holandeses no lograron identificar más allá de su nombre de usuario en EncroChat. La lista reseñaba los pagos y las ventas de drogas de las tres semanas anteriores, dejando constancia de que Hoyos Bohórquez había recibido casi media tonelada de cocaína a casi 24.000 euros el kilo y enviado de vuelta 8,5 millones de euros en ese mismo periodo. Según los investigadores holandeses, Hoyos Bohórquez mandaba esos fondos a destinatarios en México y Colombia de forma directa o a través de terceros.

En 2020, durante cuatro meses, Hoyos Bohórquez transfirió cerca de 18 millones de euros mediante un “sistema de token [fichas]”. Mediante esa estratagema, el receptor final de los fondos usa el número de serie de un billete que hace las veces de “llave” para retirar el dinero y mostrar que ha acabado en las manos correctas.

Miembros de esa trama presuntamente enviaron más dinero de vuelta a México a través de España. Una investigación española encontró que “grandes sumas” de dinero fueron transferidas desde los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong hasta México a través de cuentas bancarias de sociedades españolas. Según la policía española, un empresario local ayudó a empañar el origen del dinero usando cuentas bancarias de compañías españolas para las transferencias, “con toda probabilidad eran producto del tráfico de estupefacientes”. La investigación sigue abierta y las autoridades no han divulgado quién recibía los fondos.

Pero, al mismo tiempo, Alverdi Benavides ha estado bajo la lupa por sus conexiones en México. En marzo de 2022, lo arrestaron en una redada en una vivienda de lujo a las afueras de Ciudad de México, donde la policía buscaba a un presunto narcotraficante colombiano, Eduard Fernando Giraldo Cardoza, conocido por su alias, Boliqueso. Alverdi Benavides fue puesto en libertad por abusos cometidos durante la redada. Ni él ni Boliqueso respondieron a las preguntas que les enviaron los periodistas. 

OCCRP ha descubierto que Alverdi Benavides también había hecho negocios con una empresa financiera mexicana, Black Wallstreet Capital, que, según un portavoz de la Fiscalía de Ciudad de México, ha sido objeto de una investigación federal por transacciones “irregulares” y posible blanqueo de dinero. Los fiscales federales no han respondido a la consulta que OCCRP le envió preguntándole por el desarrollo de la investigación.

Al ser contactado, Juan Carlos Minero Alonso, dueño de Black Wallstreet Capital, contestó a OCCRP que Alverdi Benavides y un pariente se habían puesto en contacto con la empresa para que “se administrara la que dijeron era una riqueza obtenida en el sector de transporte de cargas y construcción cementera“.

“Hoy lo que a todas luces pretendían era hacer pasar sus recursos como lícitos al buscar tener negocios legales con socios comerciales respetables y reconocidos”, indicó, añadiendo que hace dos más de años terminó cualquier relación con Alverdi Benavides porque no le gustaba su “forma de vida”. Minero niega tener relación alguna con actividades presuntamente criminales y recalca que dirigía “una entidad lícita, que pagaba impuestos, que hacía actividades reguladas y con total transparencia”.

Jorge Lara, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Criminales, afirma que la falta de un sistema de vigilancia sólido permite que las investigaciones sobre blanqueo de dinero en México terminen en callejones sin salida. Entre 2018 y 2022, sólo siete de los 752 casos de blanqueo que llegaron a la oficina del fiscal general culminaron en procesos, es decir, menos del 1%.  “El crimen organizado está de fiesta”, lamenta Lara. “Tanto por sus operaciones [criminales] como por la cantidad de recursos que están moviendo”.

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 Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto, dirigido por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 comenzó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana que se ha compartido con infoLibre y Narcodiario en España y con más de 40 medios de comunicación de todo el mundo. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

NarcoFiles: el nuevo orden criminal es una investigación internacional sobre la situación actual del crimen organizado y sobre aquellos que lo combaten. Esta colaboración de más de 40 medios es el mayor proyecto de investigación sobre este tema que nace en América Latina, una región golpeada por el tráfico de drogas, así como la estela de violencia y corrupción que deja. La serie desvela el papel clave de España en el negocio global del narcotráfico.

El proyecto se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que fue compartida el año pasado con OCCRP y con una cuarentena de medios latinoamericanos, entre ellos, Cerosetenta/070, Vorágine y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

OCCRP recopiló esos datos e invitó a medios de 23 países de América y Europa para analizar su contenido. Las investigaciones resultantes ofrecen una ventana única sobre cómo colaboran, se comunican e innovan los grupos criminales en un mundo globalizado. 

En 2022, un grupo de hacktivistas conocido como Guacamaya obtuvo los correos electrónicos tras infiltrarse en el servidor Microsoft Exchange, una plataforma que usa la Fiscalía colombiana. En un comunicado de prensa atribuido a ese colectivo, Guacamaya explicó que puso en el punto de mira a las instituciones a las que acusa de favorecer la corrupción y el crimen organizado.

Microsoft había pedido a sus clientes que hicieran una actualización de seguridad a principios de ese año, pero numerosas compañías e instituciones en Latinoamérica no las llevaron a cabo. Guacamaya fue capaz de sacar partido de esta vulnerabilidad para piratear a la Fiscalía, así como a otras instituciones militares y policiales, agencias regulatorias y compañías a lo largo de América Latina.

Guacamaya compartió los datos con dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets, un colectivo que distribuye y archiva datos filtrados de interés público, y Enlace Hacktivista, una página web que publica información sobre herramientas y noticias de hackers. Estos dos grupos compartieron esa filtración con OCCRP y con varios medios latinoamericanos.

En octubre de 2022, la Fiscalía lanzó una investigación criminal sobre el ataque. La institución aseguró que también había abierto un proceso administrativo contra el contratista a cargo de la infraestructura digital. En enero de este año, la vicefiscal Martha Mancera anunció que la institución estaba tomando medidas para reforzar la ciberseguridad.

OCCRP y sus socios en Colombia enviaron un cuestionario a la Fiscalía y pidieron una entrevista para hablar de la filtración. Al cierre de Narco Files, la Fiscalía no había respondido. 

Con un tamaño de cinco terabytes, la filtración contiene más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de Colombia, entre ellos correspondencia con embajadas y autoridades de todo el planeta. Los archivos –que también contienen audios, imágenes, PDF, hojas de cálculo y calendarios– se remontan a 2001, aunque la mayoría de ellos se concentran entre 2017 y 2022.

Los documentos en la filtración revelan detalles únicos sobre el funcionamiento interior de las bandas criminales internacionales, así como sobre los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelarlas. En sus investigaciones, los reporteros exploran seis temas principales:

Para confirmar la autenticidad de la filtración, los reporteros contrastaron los datos con otras fuentes; por ejemplo, cruzaron los números de referencia de casos judiciales con información que está disponible de forma pública. Los números de identificación pueden ser confirmados en bases de datos públicas, mientras que los nombres de las sociedades y la información sobre propiedades aparecen en los registros. Los nombres de los fiscales y agentes fueron también comprobados en las páginas de internet de las distintas agencias.

Para verificar aún más a fondo la información que encontraron, los reporteros enviaron peticiones de información pública, revisaron cientos de documentos públicos y privados, así como bases de datos; entrevistaron a autoridades, criminales convictos, expertos y a víctimas del tráfico de drogas.

Después de clasificar la información filtrada, los reporteros identificaron en los correos temas de interés que emplearon como puntos de partida para investigar más a fondo. En la mayoría de los casos, los documentos de la filtración acabaron siendo sólo una pequeña porción de las fuentes que se emplearon para cada historia.

También se tomaron medidas para proteger a terceros y evitar alterar investigaciones en curso.

El crimen organizado alimenta la corrupción, devasta el medio ambiente, siembra desigualdades y frena el desarrollo económico. Por eso, es fundamental que el periodismo de investigación exponga a las personas que están detrás del tráfico de drogas y otras actividades criminales y explique cómo opera. 

En Colombia, los ciudadanos tienen derecho a acceder a información de interés público y los medios de comunicación tienen derecho a publicar esta información, independientemente de la fuente. Uno de los más altos tribunales del país, la Corte Constitucional, ha subrayado que ninguna fuente está intrínsecamente fuera del alcance de los periodistas.

Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de la Prensa (FLIP), una organización colombiana que aboga por la libertad de expresión, le dijo a OCCRP que “el derecho a la libertad de expresión significa que los medios de comunicación tienen derecho a difundir información según su propio criterio editorial, siempre que actúen en cumplimiento de la ley y bajo la responsabilidad periodística”. 

Periodistas de más de 40 medios publican investigaciones en el proyecto NarcoFiles. Estos medios, en orden alfabético, son: