Más allá de Kiko ‘El Cabra’: impunidad judicial, agentes en la diana y 2.000 euros por una descarga de droga

Hubo una época en la que no era extraño ver un cachorro de león por las calles de Barbate. Lo paseaba, con su collar de oro, un famoso narcotraficante de la zona. El mismo que se dejaba ver al volante de lujosos coches. No ocultaba su riqueza. Ni vivía escondido. Se sentía impune en aquel Barbate del atún, el chocolate y los busquimanos –los encargados de transportar la droga–. Hoy, más de dos décadas después, este municipio pesquero a medio camino entre Cádiz y Algeciras había conseguido con mucho esfuerzo lavar esa imagen y sustituirla por la de una potencia gastronómica alrededor del cimarrón. Pero la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes tras ser arrollada su embarcación por una narcolancha ha revivido viejos fantasmas en el pueblo.

Quienes se han criado allí explican que Barbate ya no es lo que era y que el narcotráfico hace mucho que dejó de ser un problema de primera magnitud en la localidad costera. "Es una imagen que no se corresponde con la realidad", apunta al otro lado del teléfono una persona que ha crecido allí y que visita el municipio de manera asidua. Los vecinos no quieren que el relato que se imponga a nivel mediático vuelva a sumir al pueblo en una "pesadilla". Por eso, muchos de ellos no dudaron en salir a las calles el mismo sábado para expresar públicamente su rechazo al narco. Y otros tantos se esmeran en señalar que las gomas no tenían vinculación con el municipio gaditano. El supuesto piloto de la narcolancha, Kiko El Cabra, es de La Línea de la Concepción.

Pero quienes llevan años en la lucha antidroga no dudan en situar a Barbate como uno de los muchos puntos calientes alrededor del tráfico de sustancias estupefacientes. "Igual que Sanlúcar o Chiclana. Este no es un problema que exista solo en la Línea de la Concepción o en el Campo de Gibraltar", explica en conversación con infoLibre Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas. El activista social sostiene que el narco es como la materia: ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. "Cuando la presión policial se sitúa sobre una determinada zona, como puede ser La Línea, la actividad se desplaza hacia otros lugares donde pueda haber más facilidades", apunta Mena. Y añade: "Si hay negación no se va a poder resolver el problema".

Una radiografía similar es la que ofrece Irene Martínez, guardia civil destinada en Barbate. La delegada de la IGC señala que lejos de lo que pueda parecer, el narcotráfico nunca ha dejado de ser un quebradero de cabeza en la zona. Y da igual Barbate que Sanlúcar, donde el tráfico de gomas es continuo: "Estamos hablando de entre seis y diez diarias". A finales de enero, sin ir más lejos, la colisión de una de éstas con una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la desembocadura del Guadalquivir en esta localidad se saldó con un muerto y tres detenidos. De hecho, el fallecido aquella tarde era, según han publicado algunos medios, socio de El Cabra, el supuesto piloto de la narcolancha que este viernes acabó con la vida de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había señalado pocas horas antes de la tragedia que el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, al calor del cual se han incautado 1.668 toneladas de droga, era una "historia de éxito policial". Desde que se puso en marcha a mediados de 2018, el Gobierno ha puesto sobre la mesa 82,1 millones de euros para aumentar las plantillas, adquirir vehículos, embarcaciones, material de protección o medios tecnológicos para las unidades. Pero los profesionales siguen insistiendo en la falta de medios para luchar contra un narco instalado en la violencia. "Hay embarcaciones que no funcionan y por mucho que digan no se ha elevado el número de efectivos", apunta la agente destinada a Barbate.

Impunidad y justicia desbordada

El presidente de la Coordinadora Alternativas no ve mal que se refuerce el flanco policial. Pero hace falta mucho más: "Si pensamos ganar solo por la vía policial estamos destinados al fracaso". Así, señala que son necesarios más medios a nivel judicial en una zona con una alta rotación de jueces y juzgados saturados. "En cuanto les sale otra plaza mejor se van. Y quien viene nuevo tiene que empezar de cero en causas complejas que llevan ya años de investigación", resalta Mena. Una reflexión similar hizo a finales de junio la fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, al hablar del narcotráfico: "Se aumenta el trabajo policial o se refuerzan sus efectivos, se incrementan las incautaciones, pero no ha habido la suficiente preparación de los órganos judiciales y fiscales, con incremento de medios humanos y materiales, para enfrentar el incremento de casos".

Si a alguien beneficia el atasco en los juzgados y la falta de medios es, precisamente, al narco. Antidroga ya advirtió en su última memoria anual que "los retrasos y dilaciones" que experimenta en general la Administración de Justicia provocan un "efecto perverso" que dilata los procedimientos, algo que juega a favor de los acusados por tráfico de drogas. "Al final, si se demora mucho se les aplica, por ejemplo, la atenuante de dilaciones indebidas y todo queda en nada", explica Mena. Y eso, continúa, "da alas al narco": "Si se va de rositas, lo empoderas". De ahí que el presidente de la Coordinadora Alternativas considere fundamental, además de recuperar el principio de autoridad, "acabar con la impunidad" alrededor del narcotráfico.

Lo que cuenta no es raro. De hecho, ya ocurrió con una gran operación policial que sacudió Barbate allá por 2007 y que se saldó con la detención de medio centenar de personas. Las pesquisas fueron asumidas por un juzgado de primera instancia e instrucción de la localidad. Las pesquisas se prolongaron durante un lustro. Y la fase intermedia, la de preparación del juicio, se enquistó durante una década más. Un cúmulo de retrasos que acabó dejando el caso en la nada más absoluta. A comienzos de 2023, dieciséis años después de su inicio, la macrocausa terminó siendo archivada. ¿El motivo? La prescripción de los delitos que durante años estuvieron bajo la lupa de un juzgado mixto completamente desbordado.

Pensar a "largo plazo"

"Si se quiere acabar con el narcotráfico hay que pensar más a largo plazo", sostiene Mena. Y hay que centrarse también en el desarrollo económico de la región, luchando contra el paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. En la provincia de Cádiz, la tasa de paro se sitúa en el 20%. En Barbate, ronda el 27% –aunque hubo una época que se situaba en el 50%–. Y en La Línea de la Concepción supera el 30%. "Es necesario que los jóvenes vean que existe futuro y oportunidades", apunta el presidente de la Coordinadora Alternativas, que aporta otro dato que pone los pelos de punta y evidencia una gran brecha social: "En el Campo de Gibraltar hay siete veces más absentismo escolar que en la provincia de Cádiz".

Es, en definitiva, un terreno abonado para un narco que seduce con "dinero fácil". Alrededor de mil euros por una noche vigilando los movimientos de las fuerzas policiales. O entre 2.000 y 4.000 euros por una descarga de droga en la playa. O más de 30.000 euros por pilotar una narcolancha, vehículos que a pesar de esta prohibidos desde 2018 siguen campando a sus anchas por el Estrecho –sólo en el último lustro se han incautado 1.421 embarcaciones de este tipo– . "Con esas cantidades, dile luego a un muchacho que vaya a trabajar", resalta Mena, que lleva casi una década exigiendo también que se castigue con mayor dureza a los llamados petaqueros, aquellos que se encargan de suministrar combustible a las gomas. De hecho, en su última memoria, la Fiscalía Antidroga pide que se modifique la legislación relativa a la tenencia o transporte de gasolina.