La familia del dictador no logró en el Valle de los Caídos su objetivo de cubrir el féretro de Francisco Franco con la bandera franquista con la que fue enterrado hace 44 años por prohibición expresa del Gobierno, a pesar de que sus miembros lo intentaron hasta el último momento. Sin embargo, en el panteón del cementerio de Mingorrubio donde se llevó a cabo la reinhumación de los restos, los nietos y bisnietos de Franco fueron libres de exaltar la figura del dictador. Y así lo hicieron, incluyendo la colocación de esa bandera preconstitucional sobre el féretro.

Según fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre, en la ceremonia en Mingorrubio no tuvo lugar “lo que suele hacerse por un familiar fallecido”, sino un acto de “contenido no sólo religioso sino también político; incluidos elogios a Franco como militar, como soldado y como gobernante”. 

La mañana fue muy tensa para la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, máxima representación del Gobierno en el acto de traslado para actuar como Notaria Mayor del Reino, responsable de levantar el acta oficial de la exhumación y la reinhumación posterior. Especialmente con Merry Martínez Bordiú, una de las nietas del militar golpista, que según las mismas fuentes entró “muy nerviosa en la Basílica, todo el rato repitiendo ‘esto es una profanación’, 'qué falta de respeto', 'qué vergüenza', etcétera”. Llegó incluso a exclamar: "¡Que la maldición por desenterrar a un muerto caiga sobre vosotros!", según testigos presenciales de la exhumación.

La ministra y sus acompañantes, entre ellos el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, que es quien ha negociado todo el procedimiento con la familia a través del abogado Luis Felipe Utrera Molina y el nieto del dictador Francis Franco, optaron por no responder a ninguna provocación. Finalmente asistieron veinte miembros de la familia, en lugar de los 22 previstos.

Los momentos más tensos se produjeron tras levantar la lápida, al observar los técnicos funerarios encargados de la operación que el ataúd, aparentemente en buen estado, no resistiría ser levantado al haber perdido la cola en distintos puntos y estar deteriorada por la humedad la tapa de abajo. Los familiares, representados por Cristóbal y Merry Martínez Bordiú en el altar mayor de la basílica, insistieron en que no querían que se cambiara de féretro ni se abriera en ningún momento. Los técnicos procedieron a colocar una tabla en la parte inferior del ataúd y a atar con cinchas los laterales para reforzarlo antes de elevar el mismo para sacarlo de la fosa. Una vez arriba, se recubrió con una tela que estaba prevista para el caso de que se mantuviera el féretro original, como así ha ocurrido.

El trayecto en helicóptero

Según las fuentes consultadas por infoLibre, ningún miembro de la familia Franco ha saludado a la ministra Delgado ni tampoco ella les ha dirigido el saludo. Durante el trayecto en helicóptero, Félix Bolaños iba sentado entre la ministra y Francis Franco, con quien el secretario general de Presidencia sí ha intercambiado comentarios, así como con Utrera Molina. Tanto en el Valle de los Caídos como en Mingorrubio, el nieto mayor del dictador y su hermana Merry tomaban notas constantemente en sendas libretas, sin que se sepa con certeza con qué objetivo. 

Tras los gritos de “¡Viva Franco!” después de sacar el féretro de la Basílica por parte de los nietos y biznietos del dictador, fuentes de Moncloa hicieron saber que si las autoridades estimaran que se ha incumplido la Ley de Memoria Histórica podrían abrir el correspondiente expediente sancionador. La citada Ley prohíbe símbolos que exalten la dictadura.

Los familiares no pudieron colocar ni exhibir ninguna bandera ni dentro ni fuera de la Basílica, a pesar de que el nieto mayor del dictador, Francis Franco, llevaba una franquista plegada. La enseña fue retirada en la puerta por orden de las autoridades y devuelta a uno de los vehículos que transportaban a la familia, que la trasladó hasta Mingorrubio para colocarla en la ceremonia privada de reinhumación.

Lo que finalmente colocaron los familiares sobre el féretro en el Valle de los Caídos fue la Cruz Laureada de San Fernando, un pendón con el escudo de armas de los Franco y una corona de laurel con lazos del color de la bandera española, sin escudo alguno.

Fuera de la basílica, tampoco había permiso para exhibir o colocar banderas o símbolos que exaltasen la dictadura, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Bien sea por la fecha, bien por el formato o por la exhumación misma, el traslado de los restos de Francisco Franco se sumó este jueves con toda intensidad a la batalla electoral del 10 de noviembre. Nadie está seguro de cuáles serán sus consecuencias —hay que esperar a las encuestas que se publicarán en los próximos días para saberlo— pero, a la vista de cómo han abordado la salida de dictador del Valle de los Caídos, ningún partido quiso pasar por alto la oportunidad de intercambiar reproches, sacar pecho o intentar minimizar la trascedencia de la decisión tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente en funciones pronunció una declaración institucional desde La Moncloa nada más completarse el traslado de los restos. Una comparecencia en la que calificó de “infamia que más pronto que tarde deberá ser reparada” que el Valle de los Caídos sea una inmensa fosa común de víctimas sin identificar. “Como habrá de serlo igualmente el que aún hoy, existan miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía. Es una aberración que debemos afrontar con decisión. Por justicia y dignidad. Pero, sobre todo, por pura humanidad”, destacó.

También justificó que el traslado haya tenido lugar ahora, en plena precampaña electoral, afirmando que aunque “caben todas las opiniones sobre el momento” y “cada cual puede tener su criterio”, su Gobierno “anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que fuera posible. Y este es el momento. Y así se ha hecho. Ni un día antes ni un día después”.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, consideró la exhumación un avance en la democracia española, pero enfatizó que el dictador “sigue incrustado en los aparatos del Estado”. “Es un día hermoso pero llega tarde”, señaló en una entrevista en Rac1. A la vista de cómo se desarrolló el traslado, Iglesias endureció sus críticas contra Sánchez y le acusó de haber convertido la operación en un “espectáculo” donde se ha tenido que ver al golpista Antonio Tejero “saltarse el cordón policial” o escuchar “Viva Franco, viva España” cuando los familiares metieron el féretro en el coche fúnebre.

En su opinión “es evidente que este momento no era cuando tocaba”, explicó Iglesias en declaraciones a LaSexta, en las que aseguró que el Ejecutivo socialista se había comprometido a que el traslado de los resto se haría de manera discreta. No obstante, añadió, “lo hecho, hecho está”, y ahora toca abordar lo que queda por hacer en materia de memoria histórica, entre otras cosas un reconocimiento y una tutela judicial efectiva para las víctimas del franquismo o que franquistas como Billy el Niño sean despojados de sus medallas, además de permitir la extradición del exministro Rodolfo Martín Villa a Argentina para que sea juzgado por crímenes contra la humanidad. Aunque “la momia deja el Valle”, concluyó, los restos de Franco “no están en ese ataúd”, sino “en los poderes oligárquicos del país, en los millonarios que se hicieron ricos gracias a la dictadura y que mantienen intacto su poder político, y también en algunos aparatos del Estado”.

El candidato de Más País en las elecciones del 10N, Íñigo Errejón, celebró por su parte que se “haya puesto la democracia en hora”. “Es un día de alegría, normalidad y de futuro para la inmensa mayoría de España, para los demócratas del país”, señaló Errejón, que se negó a calificar el traslado de electoralista. “Las buenas noticias son buenas noticias. Llega 40 años tarde, pero llega, y cuando llega los demócratas lo tenemos que celebrar”, concluyó.

Lo cual no puede servir para ocultar, añadió más tarde, que la exhumación es sólo “la punta del iceberg”, por lo que instó al Gobierno a sacar ahora del complejo de Cuelgamuros al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, así como a dar un entierro digno a las víctimas enterradas en el Valle y el reconocimiento de su condición "como luchadores por la libertad y la democracia". Aún existen más de cien mil víctimas en las cunetas sin identificar”, recordó. No obstante, reiteró, los demócratas “sonríen”. “Y quien no lo haga debe hacerse mirar si vive en 2019 o en 1939”.

“Fiesta de exaltación franquista”

El lehendakari, Iñigo Urkullu, celebró el traslado de los restos del dictador como la corrección de “una grave anomalía democrática” y una forma de saldar “una deuda histórica con la generación de nuestro padres y madres, abuelos y abuelas, y de todas las generaciones que sufrieron la sublevación militar y las consecuencias de la guerra y la dictadura”.

Pero eso no le impidió señalar que, en su opinión, desde el punto de vista democrático “esta circunstancia exige vivir este acontecimiento sin exceso de alarde y con una mirada de reflexión crítica y autocrítica a nuestro pasado reciente en materia de memoria histórica”.

De hecho, la forma en que se ha procedido a la exhumación no ha gustado en el PNV. El cabeza de lista por Bizkaia al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, aseguró que se convirtió “en una fiesta de exaltación franquista y en una nueva humillación” para sus víctimas.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, Esteban se mostró “realmente molesto” con las imágenes que se han visto en torno a la exhumación. A su juicio, debería haberse hecho “de otra manera, rápida y discreta y más expeditiva”. Se ha hecho del acto de exhumación y posterior inhumación “un producto televisivo obsceno”. “Lo han llevado a tal extremo que no me extrañaría que al PSOE se le volviera como un bumerán“, advirtió.

España ha dado en el exterior la imagen de “un país de pandereta”, con familiares del dictador por los platós “blanqueando la historia de su abuelo”, con el féretro en hombros entre gritos de “Viva Franco” y con la presencia de una ministra, “nada más y nada menos”.

Los nacionalistas catalanes también se han mostrado muy críticos con la forma en que tuvo lugar la exhumación. De común acuerdo con EH Bildu, Junts y ERC ya han presentado en el Congreso una iniciativa para pedir explicaciones al Gobierno por la exaltación al franquismo que en su opinión ha tenido lugar durante la exhumación y reinhumación del dictador.

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, criticó que la Moncloa mantenga los honores concedidos en el pasado a Franco: “La Cruz Laureada de San Fernando cubre su ataúd”. Es la “más preciada" condecoración militar del Reino de España, recordó, lo que representa una ofensa inadmisible a todas las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

A su vez, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró que “no se trata sólo de exhumar a Franco del tuétano de un montón de gente de este país, se trata de exhumar a Franco de algunas comisarías, de algunos juzgados y de algunos parlamentos”.

El “necroshow” de Sánchez

La derecha, como era previsible, tampoco ha recibido con agrado la exhumación. El presidente del PP, Pablo Casado, citó al historiador Santos Juliá, fallecido este miércoles, para subrayar que “el pasado, pasado está”. “El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro, las preocupaciones reales y la España que tenemos que legar a nuestros hijos”, declaró. Con la exhumación, sugirió, Sánchez sólo trata de que no se hable de los datos del paro.

Mas caústicos fueron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, que acusaron al unísono a Sánchez de montar un “necroshow” para tratar de ganar las elecciones.

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, insistió en su línea de asegurar que lo que suceda con Franco no interesa a los españoles. “Lo único bueno es que Sánchez dejará de hablar de los huesos de Franco”. “Los huesos de un dictador muerto hace 44 años a mí me dan igual porque yo nací en democracia”, razonó.

El jefe de la ultraderecha, Santiago Abascal, completó el arco de críticas a la decisión del Gobierno acusando a Sánchez de querer enfrentar a los españoles. “El objetivo no es desenterrar a Francisco Franco. El objetivo, lo tenemos claro, es deslegitimar la Transición, deslegitimar la Corona, derrocar a Felipe VI y derribar la cruz del Valle de los Caídos”, declaró en una entrevista en RNE.

El traslado de la momia de Franco (o lo que de ella quede) desde ese mausoleo construido con sudor y sangre de sus propias víctimas hasta la tumba que pueda honrar su familia sin ofender al prójimo era (y es todavía) una magnífica oportunidad para que las derechas españolas demuestren un hálito de modernidad, de liberalismo genuino y de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, para no reconocer el mérito del Gobierno de Pedro Sánchez al ejecutar de una vez por todas un compromiso democrático, prefieren despreciar, ignorar o rechazar bajo la acusación de “electoralista” una decisión votada dos veces por el Parlamento con abrumadora mayoría.

Tienen muy poco sentido, vengan de la derecha o de la izquierda, esas acusaciones de “electoralismo” cuando el único reproche que se le puede hacer al Ejecutivo de Sánchez en este asunto es precisamente el de haber puesto fecha con demasiada ansiedad y ligereza a una exhumación que finalmente se practica cuando los tribunales la han permitido. Se han respetado escrupulosamente los derechos individuales y familiares de toda la parentela de un dictador cuya principal peculiaridad respecto a los líderes fascistas que provocaron y perdieron la Segunda Guerra Mundial fue la de resistir en el poder cuarenta años más que sus aliados, para morir en la cama con la convicción de que dejaba “atado y bien atado” un régimen monárquico continuador del suyo. Que su nieto Francis Franco vuelva a llevar el féretro de su abuelo, como ya lo hizo en su ‘primer entierro’ el 23 de noviembre de 1975, es indicativo de que la democracia española no ha podido ser más generosa ni piadosa con quienes jamás demostraron respeto a quienes sufrieron la derrota en una guerra fratricida ni tampoco arrepentimiento alguno por el sufrimiento causado.

En la hipótesis de que Sánchez actúe guiado prioritariamente por intereses electoralistas, cabe pensar que a esos mismos intereses no es ajena la reacción de Casado, Rivera o Abascal, este último indisimuladamente eufórico al encontrarse en esta precampaña con dos ejes en el debate público que no pueden ser más excitantes para el nacionalismo populista español: Franco y la unidad de España supuestamente en riesgo desde Cataluña. Que Vox reaccione como lo que es, la rama ultraderechista que dormitaba dentro del PP hasta hace unos meses, no debería sorprender a nadie con su intento de recoger la antorcha de ese “franquismo sociológico” que aún habita entre nosotros. Que PP y Ciudadanos compitan por un espacio en el que se rozan el populismo xenófobo, el extremismo católico y un autoritarismo castizo más propio de otros siglos es muy preocupante, sobre todo cuando esas ascuas arden también en otros países aprovechando distintas pero no tan distantes frustraciones colectivas.

Esas múltiples acusaciones de electoralismo tendrían que resultar ofensivas para la inteligencia de los electorados de cada bloque ideológico con sus respectivas diferencias internas. Quizás este bucle en el que andamos enredados a cada hora, entre Cataluña y el Valle de los Caídos, sea más mediático que político. Más allá de las variaciones en número de escaños condicionadas por el sistema de circunscripciones y la Ley D’Hont, ¿depende el resultado del 10N del éxito de la exhumación de Franco o de las condenas de los dirigentes independentistas y sus consecuencias? Aunque sea aún pronto para arriesgar vaticinios en estos tiempos de velocidad e incertidumbre, todas las encuestas indican que las próximas elecciones generales no resolverán el bloqueo político salvo que los principales partidos decidan superar sus líneas rojas en lugar de devolver la pelota a la ciudadanía o a los tribunales. Dicho de otro modo, uno duda que la irrenunciable exhumación de Franco aporte un voto más al PSOE o que Ciudadanos pueda recuperar algún crédito sobreactuando ante los incidentes violentos en Cataluña.

La mejor prueba de que este 24 de octubre no quede manchado en la historia como un eslabón más de una campaña electoral sería que la exhumación de Franco no sea el final de una transición democrática condicionada por el miedo sino el principio de una nueva época marcada por la ilusión colectiva. Después de exhumar a Franco es obligatorio redefinir el Valle de los Caídos como centro memorial o como ruinas que el monte se coma, pero en ningún caso puede mantenerse como cenotafio (monumento funerario dedicado a un personaje cuyo cadáver no está dentro). Es necesario apoyar sin complejos y con recursos a las asociaciones de víctimas del franquismo que llevan décadas intentando recuperar a sus desaparecidos, lo cual no es “reabrir heridas” ni mirar al pasado, sino simplemente justicia y dignidad. Es urgente combatir la apología de la dictadura con medidas legislativas concretas que respeten la libertad de expresión pero que no permitan la imposición de relatos falsos sobre la historia de España, menos aún utilizando un solo euro de las arcas públicas. Las generaciones más jóvenes no pueden terminar el bachillerato sin llegar a conocer la cruda realidad que afrontaron sus más inmediatos antepasados.

No se trata sólo de mover el esqueleto de Franco (¡que ya era hora!) sino de perfeccionar la democracia en tiempos suficientemente complejos como para no cargar además con el lastre de asignaturas pendientes de resolver desde hace más de cuarenta años.

P.D. Por si a alguien interesa contrastar discursos parciales o emocionales sobre nuestra historia reciente, me permito recomendar el ensayo que estos días publica el hispanista Paul Preston tras ocho años de trabajo, Un pueblo traicionado. España de 1874 a nuestros días: corrupción, incompetencia política y división social. Lean las páginas 504 y siguientes, para no olvidar que Franco no sólo firmó fusilamientos pocas semanas antes de fallecer, sino que además “murió rico, con una fortuna de unos cuatrocientos millones de euros, a precios de 2015”. Su familia, que ha obstaculizado hasta el último minuto esta exhumación, sigue disfrutando los réditos de un patrimonio ilegítimo.

“¿Juráis que el Cuerpo que contiene la presente Caja es el de Su Excelencia El Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos, Don Francisco Franco Bahamonde, el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio de Oriente, de Madrid, a las seis horas treinta minutos del pasado día veintiuno?”. La pregunta, formulada por el ministro de Justicia de la época, José María Sánchez-Ventura, en calidad de notario mayor del reino, y dirigida a los jefes de las casas civil y militar del dictador, obtuvo inmediata respuesta: “Sí, lo es, lo juro”.

Así consta en el acta notarial del traslado e inhumación del cadáver de Franco que publica este miércoles infoLibre y cuyo contenido fue parcialmente adelantado en su día por El Independiente.

El acta fue levantada a las 14:30 horas del 23 de noviembre de 1975, apenas 20 minutos después del entierro. “Siendo las catorce horas y diez minutos”, reza el documento, “se procedió a la ceremonia de la inhumación en la tumba sita en el Presbiterio, entre el Altar Mayor y el Coro de la Basílica. Su Majestad el Rey”, añade el ministro, “se trasladó desde su sitial hasta la sepultura, para tributar piadoso homenaje al cadáver de Su Excelencia el Generalísimo”.

  Actas del fallecimiento y de la inhumación de Francisco Franco by infoLibre on Scribd

José María Sánchez-Ventura estuvo asistido por José Poveda, director general de Registros y del Notariado. Igual que la titular actual de Ministerio de Justicia, Dolores Delgado, contará con la ayuda del que hoy ocupa el puesto en la misma dirección general, Pedro Garrido. Fuentes del Gobierno conceden especial relevancia al hecho de que, 44 años después, sea una mujer quien asuma la máxima responsabilidad en el operativo de traslado de los restos del Franco, durante cuya dictadura las mujeres sufrieron gravísimas limitaciones de sus derechos.

El acta franquista hace constar que el entonces ministro presenció “personalmente la operación de cierre por soldadura de la caja interior de las dos de que se compone el féretro que contiene los restos mortales” de Franco, un procedimiento que, anota, se prolongó durante 19 minutos y del que fueron testigos Cristóbal Martínez Bordiú, Alfonso de Borbón, “otros familares”, así como los doctores Vicente Pozuelo, Modesto Martínez, Antonio Piga y Bonifacio Piga. Además de una lista de 19 personas, todas hombres, encabezada por el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, como testigos “cumpliendo los últimos turnos de vela al egregio cadáver”.

Estos datos, expresados en el acta, son los que el Gobierno de Pedro Sánchez da por válidos para no comprobar si los restos que este jueves serán exhumados del Valle de los Caídos y trasladados al cementerio de Mingorrubio son los de Francisco Franco.

Toma de muestras de ADN

Únicamente en el caso improbable de que la caja de zinc que los contiene estuviese muy deteriorada y los restos fueran completamente irreconocibles, el forense que presenciará las tareas de traslado tomará muesras de ADN para garantizar que se trata del dictador. Así lo confirmaron a infoLibre fuentes del Ejecutivo.

El acta notarial levantada por el gobierno franquista relata cómo, a las diez de la mañana, Juan Carlos de Borbón y su esposa llegaron al Palacio de Oriente para presidir “las solemnes exequias”, y cómo la viuda del dictador, Carmen Polo, ocupó “lugar preferente“.

Narra a continuación, calle a calle, incluída la “autopista de La Coruña”, el trayecto de la comitiva desde el Palacio de Oriente al Valle de los Caídos, a donde llegó a las 13:05 horas. A la entrada de la basílica, se produjo la entrega de los restos al abad de la época, Luis María Lojendio, por orden del rey.

El próximo jueves será la ministra Delgado, auxiliada por su director general de Registros, quien tenga que redactar el acta de la exhumación y reinhumación de los restos. Tendrá que hacerlo igualmente de forma detallada, lo que obligará a ambos a tomar apuntes de todo lo que ocurra. Por eso Delgado viajará también en el helicóptero o junto al coche fúnebre que traslade lo que queda del dictador.

Aunque la ministra puede completar el proceso posteriormente, acudirá provista de todos los sellos y el material preciso por si fuera necesario levantar acta en ese momento. Segun fuentes del Gobierno, la presencia del director general de Registros obedece a la misma lógica con la que se ha organizado todo el dispositivo: duplicar los medios humanos y materiales necesarios —dos helicópteros, dos coches fúnebres, dos personas con capacidad de levantar acta notarial— para sortear cualquier imprevisto y asegurar que el traslado se inicia y concluye el mismo jueves sin ninguna interrupción.

En las próximas horas el Gobierno se dispone a cerrar los últimos detalles del proceso de exhumación con la vista puesta en las condiciones meteorológicas del jueves por la mañana, de las que depende que el traslado de los restos se lleve a cabo en helicóptero o por carretera. Será el piloto de la aeronave, un Cougar Super Puma del Ejército de Aire, el que tome la decisión final. Puede volar sin problema en condiciones de lluvia pero no de niebla o de fuerte viento.

La Guardia Civil, responsable de la seguridad del Valle de los Caídos y de las carreteras por las que habrá de transitar el coche fúnebre si el traslado aéreo no es posible, fue quien aconsejó utilizar medios aéreos, dada la complejidad de la opción terrestre y la posibilidad de tener que hacer frente a problemas de tráfico o incluso a intentos de boicot por parte de manifestantes. De ahí que los responsables del operativo hayan previsto diferentes itinerarios para completar sin problemas el traslado de los restos hasta Mingorrubio para el caso de que el helicóptero no pueda operar.

Precisamente este martes la Delegación del Gobierno en Madrid ha denegado la autorización a una concentración convocada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces frente al cementerio de Mingorrubio, justo el mismo día en el que se trasladarán allí los restos del dictador.

Según explicaron a Europa Press fuentes de dicha Delegación, que dirige María Paz García Vera, la decisión se tomó ante el “riesgo” de que puedan producirse “desórdenes públicos”.

El Gobierno alega la titularidad pública del Valle de los Caídos para impedir a la familia de Francisco Franco la posibilidad de sacar de la basílica el féretro con los restos del dictador cubierto con una bandera. Sin embargo, ese argumento no ha pesado lo mismo a la hora de evitar que los nietos de Franco honren su figura trasladando el féretro a hombros desde el lugar de la exhumación, frente al altar mayor, hasta el coche fúnebre que los esperará en la explanada situada en el exterior.

Ese trayecto, de aproximadamente 300 metros, será el único que estará bajo control de la familia del dictador hasta el momento de la llegada de los restos al panteón del cementerio de Mingorrubio. Allí, de nuevo, los nietos de Franco recuperarán el mando y, en la privacidad de las cuatro paredes donde reposarán los restos de su abuelo, serán libres de cubrir el féretro con la bandera y con los símbolos que deseen.

El Gobierno confía en que la familia de Franco respete el acuerdo alcanzado con su abogado para que en ningún momento, durante ese recorrido de 300 metros desde el interior de basílica a la explanada exterior, y ya a tiro a de las cámaras de TVE, ninguno de los 22 familiares autorizados a estar presentes en el acto exhiba ninguna bandera ni símbolo franquista. Si deciden hacerlo, desafiando el pacto con el Ejecutivo, nadie podrá impedirlo ni que millones de espectadores de todo el mundo puedan verlo. Eso sí: se expondrán a consecuencias legales, especialmente si la exhibición de esos símbolos supone enaltecimiento del franquismo, algo expresamente prohibido por la Ley de Memoria Histórica.

Será, sin duda, el momento más importante para los medios de comunicación, que no tendrán oportunidad de tomar ninguna imagen del interior de la basílica. Es más: el Gobierno no sólo cubrirá el área donde se llevará a cabo la exhumación con una carpa techada para proteger el operativo de miradas indiscretas sino que impedirá, mediante el uso de medios electrónicos, la introducción de teléfonos móviles o dispositivos para la toma de imágenes, también a la familia. Un objetivo —impedir que alguien pueda hacer fotografías de la exhumación— en el que ya trabajó la Guardia Civil para detectar cámaras ocultas en el interior de la basílica.

El procedimiento de apertura de la tumba es sencillo. Cuatro gatos hidráulicos elevarán la lápida de 1.500 kilos que desde hace cuarenta año tapa la tumba del dictador lo suficiente como para que, utilizando rodillos, sea posible desplazarla y dejar practicable la fosa.

La lápida, según fuentes consultadas por infoLibre, será trasladada en un camión a un almacén propiedad de Patrimonio Nacional cuya ubicación el Gobierno no quiere revelar —las mismas fuentes aseguran que la familia ni siquiera ha solicitado quedarse con ella—. En su lugar, y una vez retirados los restos del dictador, varios operarios completarán el enlosado de la basílica para que no quede resto visible del lugar donde hasta ese momento había una tumba. El proceso se demorará dos o tres días, de manera que, con toda probabildad el Valle de los Caídos reabrirá sus puertas al publico el próximo martes.

Por motivos de seguridad, los 22 familiares de Franco que estarán presentes —los nietos, acompañados de sus respectivos cónyuges, y algunos biznietos— serán recogidos por vehículos oficiales el día de la exhumación en tres puntos de Madrid y trasladados a Cuelgamuros. Además de ellos y los operarios de la funeraria y de la empresa que retirará la losa, estarán presentes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que actuará en calidad de notaria mayor del reino, y varias autoridades del Estado, entre ellas el secretario general del presidente, Félix Bolaños, que coordina todo el procedimiento.

La identidad de los restos

El Gobierno ha decidido dar por buena el acta levantada en 1975 por el notario mayor del régimen franquista que acredita que los restos humanos de esa tumba son los del dictador. Así que no tiene previsto hacer identificación alguna: la presencia de un forense en el interior de la carpa tiene como único objetivo ofrecer asesoramiento técnico para la extracción en el caso de que las cajas de madera y de zinc en las que fue enterrado Franco estuviesen en mal estado.

Sobre este punto, el Gobierno maneja varias hipótesis. Lo previsible es que el féretro de madera esté deteriorado por el paso del tiempo pero que la caja sellada de zinc con los restos de Franco se encuentre en buen estado. En este caso, bastará con trasladarla a un féretro nuevo, que será el que saquen a hombros los nietos del dictador. En el caso de que la caja de zinc esté también dañada, los operarios, siguiendo las indicaciones del forense, recogerán los restos y los introducirán en el féretro nuevo.

Nadie sabe con seguridad, a estas alturas, el grado de deterioro de los restos del dictador, porque ni siquiera hay constancia fiable de si fueron embalsamados o simplemente conservados.

En la operación de extracción y de introducción en el nuevo féretro sólo estarán presentes, además de los operarios y empleados de la funeraria, dos representanres de la familia —el único confirmado hasta la fecha es Cristóbal Martínez Bordiú, uno de los nietos más significados—, la ministra Delgado y probablemente otras dos autoridades del Estado, entre ellos Félix Bolaños. También estará, a petición de la familia, que le ha pedido que bendiga los restos del dictador, el prior de la comunidad benedictina del Valle, Santiago Cantera.

El procedimiento comenzará a las 10:30 horas del jueves 24 de octubre y tardará en completarse entre una y tres horas, dependiendo del estado de la caja de zinc.

Una vez que los nietos de Franco hayan sacado a hombros el féretro, se abren dos escenarios en función de las condiciones meteorológicas. Si no hay niebla ni viento fuerte, el coche fúnebre llevará los restos a un aparcamiento cercano donde un helicóptero Cougar Superpuma del Grupo 45 y el Ala 48 del Ejército del Aire estará esperando para trasladarlos a un helipuerto situado en unas antiguas instalaciones de la Guardia Real muy cerca del cementerio de Mingorrubio. A bordo irán el también nieto del dictador Francis Franco y la ministra Delgado, así como otra autoridad del Estado. Durante la mañana del jueves, el Gobierno ha ordenado restricciones en el tráfico aéreo, lo que incluye no sólo aviones sino también helicópteros y hasta drones.

Para evitar imprevistos, el Gobierno ha optado por procedimiento redundantes: habrá un helicóptero de reserva y dos coches fúnebres con los que hacer frente a cualquier eventualidad. Si el tiempo no permite el tránsito aéreo, la opción preferida por la Guardia Civil, el traslado se realizará por carretera. En este caso, el Instituto Armado, que es quien tiene a su cargo la seguridad del Valle, ha previsto diferentes itinerarios alternativos con los que afrontar imponderables como el tráfico o eventuales protestas de los nostálgicos del franquismo.

Una vez en Mingorrubio, los restos serán introducidos en el cementerio por un coche fúnebre —en el que hayan llegado por carretera desde Cuelgamuros o procedentes del helipuerto—. Una vez en el panteón —donde nuevamente habrá medios electrónicos para impedir que ni siquiera la familia pueda tomar imágenes— y ya a salvo de la mirada del público y de los periodistas, la familia tiene libertad de obrar como le parezca. De hecho, ya ha previsto una misa oficiada conjuntamente por el prior Cantera y por el sacerdote Ramón Tejero, hijo del exteniente coronel que tomó el Congreso de los Diputados durante el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El Panteón de Mingorrubio, donde desde hace años reposan los restos de la esposa del dictador, Carmen Polo, es propiedad del Estado en régimen de concesión. Y lo seguirá siendo durante los próximos 40 años, después de que la familia de Franco declinase el ofrecimiento del Gobierno de traspasársela al precio tasado en ese cementerio. Aunque una vez reparado y modernizado, con rejas y una puerta blindada, los gastos de mantenimiento son mínimos.

El coste del traslado lo asume íntegramente el Gobierno —se realiza en aplicación de una ley y de una decisión del Consejo de Ministros— pero en ningún caso superará los 63.000 euros, de los cuales más de la mitad corresponden al acondicionamiento del panteón de Mingorrubio.

El acceso a esta cripta seguirá, como hasta ahora, en manos del Gobierno. Si la familia quiere visitarlo sólo tiene que solicitar permiso, aunque hace años que nadie acude al lugar, en el que reposan desde 1988 los restos de Carmen Polo.

El Palacio de La Moneda (Santiago, Chile) todavía echaba humo cuando Augusto Pinochet escribió una carta dirigida al general Francisco Franco para notificarle la sustitución del embajador de su país en España y, de paso, transmitirle la admiración que sentía hacia su persona, tal y como recoge Mario Amorós en su libro Pinochet. Biografía militar y política. Por su parte, Franco condecoró al general chileno con la Gran Cruz del Mérito Militar, máxima distinción en tiempos de paz. Así comenzó el intercambio de correspondencia entre ambos mandatarios que duraría hasta la muerte del dictador español en noviembre de 1975.

Compartieron ideología, look (aunque hay que decir que Pinochet era más alto)y hasta tono de voz. Pero, sobre todo, tuvieron en común el hecho de que salvar a la patria de las garras del comunismo internacional les reportó no solo la satisfacción del deber cumplido sino también un cuantioso patrimonio material para sus respectivos clanes familiares.

Superado el cuadragésimo sexto aniversario del golpe de Estado que terminó no solo con la vida del primer presidente socialista latinoamericano salido de las urnas, Salvador Allende, sino que además sumió a Chile en 17 años de sangrienta represión y miedo; y a pocos días, u horas, de que finalmente se lleve a cabo la exhumación del tirano enterrado en el Valle de los Caídos, infoLibre analiza el cuantioso legado que Franco y Augusto Pinochet dejaron a sus herederos gracias a la amnesia de los poderes públicos.

El régimen franquista, amnistiado, y Pinochet también

Más de 40 años después del fin de la dictadura en España, las víctimas y sus familiares todavía esperan que se haga justicia, la herida sigue abierta. Franco nunca fue juzgado por sus crímenes y sus colaboradores, tampoco. En 1977, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía con el objetivo de, en teoría, indultar a los presos de la dictadura pero terminó siendo el principal obstáculo para que los autores de los crímenes del franquismo fueran juzgados, tal y como señaló el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno frente a los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el régimen posterior.

PP, PSOE y Ciudadanos se unieron en 2018 para impedir que la propuesta de reforma de la Ley de Amnistía de 1977 –iniciativa presentada por Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias que permitiría juzgar los crímenes cometidos por la dictadura franquista en España y el extranjero– fuera admitida a trámite. Como consecuencia, a día de hoy, la Ley de Amnistía sigue vigente.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, explica a infoLibre que está situación se debe fundamentalmente al hecho de que la dictadura franquista fue tremendamente larga y que, una vez acabó, sus élites consiguieron reconvertirse con una democracia que les ha permitido figurar en las altas esferas del poder político y económico y con la misma impunidad. Tampoco hay que olvidar, continúa Silva, que el régimen educó a varias generaciones: en los años 50, 60 y principios de los 70, mayoritariamente quienes iban a las universidades eran hijos de vencedores, lo que ha influido de manera significativa en que ninguno de los gobiernos que ha habido en España haya generado nunca una "amenaza real para esos privilegios". Un ejemplo de ello es que, cuando la Audiencia Nacional hizo un intento por juzgar al franquismo, el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero dijo que al dictador "ya lo había juzgado la historia". Una forma de decir que al tirano "no lo van a juzgar los hombres", apunta.

"El poder del franquismo es real. No es una conspiración sino que se trata de un poder económico, político y cultural y académico real que sigue teniendo mucho peso en nuestra sociedad. Por eso, más allá de que llevemos años luchando para desordenar el olvido y cambiar esos equilibrios, esto no ha sido posible y seguimos igual", declara Silva. 

El autor de La familia Franco SA –edición actualizada y ampliada de Los Franco SA que se pondrá a la venta el próximo 14 de noviembre–, el periodista Mariano Sánchez Soler, reflexiona para infoLibre sobre la cuestión y considera que no se puede comparar a Franco con Hitler y Mussolini. Se trata de dictaduras fascistas que fueron vencidas en el campo de batalla mientras que el régimen franquista duró muchos años, generando unas "raíces muy profundas" que todavía perduran en la sociedad española. 

Manifestación de colectivos de memoria histórica en Madrid. EFE

A diferencia de Franco, el general Pinochet sobrevivió a su obra y fue testigo de cómo era sustituido por un régimen democrático. La transición en Chile se caracterizó por ser relativamente cómoda tanto para el dictador como para su colaboradores pues sabían que, gracias a la Ley de Amnistía del 78, aprobada en plena dictadura, no iban a ser juzgados por los crímenes cometidos en el período en el que el país estuvo sometido al estado de sitio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

El autor de Pinochet. Biografía militar y política, Mario Amorós, sostiene en declaraciones a infoLibre que la labor de denuncia del "acuerdo tácito entre la coalición gubernamental de la Concertación y las Fuerzas Armadas para respetar la impunidad de los criminales de la dictadura" –llevada a cabo por el movimiento de Derechos Humanos en Chile y la izquierda– fue crucial para que, en 1998, la Corte Suprema de Justicia resolviera no aplicar más la Ley de Amnistía en casos de violaciones de derechos humanos –aparte de que el derecho internacional considera que son inadmisibles y no prescriben–. Aunque no se procedió a su eliminación, gracias a esta decisión, a día de hoy, decenas de represores del general cumplen penas de prisión y existe, según señala Amorós, una "opinión pública que mayoritariamente repudia la dictadura y sus crímenes". 

En 2014, el Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular dicho decreto e incluso presentó un proyecto en el Congreso para llevarlo a cabo. Cinco años después de esa declaración, la ley no ha sido derogada, según el último informe de Amnistía Internacional. Aun así, "el contraste con España es doloroso", sentencia el autor, a lo que añade: "España puede aprender de Chile que con el respeto a la Memoria Democrática y el fin de la impunidad se construye un país mejor, más justo y también más preparado para evitar que los crímenes del franquismo o del pinochetismo puedan repetirse".

Mausoleo frente a una tumba 'fantasma'

El Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 por más de 20.000 presos políticos, es la mayor fosa común de España –de los 33.833 cadáveres enterrados en el interior de la basílica, casi 12.500 son de personas no identificadas–, su mantenimiento le cuesta al Patrimonio Nacional 1.836.325 euros anuales, y, además, es el único monumento de Europa dedicado a la memoria de un dictador y su régimen fascista.

A su muerte, Francisco Franco todavía ostentaba el título de jefe del Estado español, Caudillo de España por la Gracia de Dios y Generalísimo de los Ejércitos, y, como tal, recibió un funeral acorde a su rango. Tres días después del fallecimiento, el recién estrenado rey Juan Carlos, su sucesor según las leyes franquistas, y la reina Sofía presidieron la misa fúnebre en la plaza de Oriente, tras la cual tuvo lugar un desfile militar ante el ataúd del dictador que posteriormente fue trasladado por un camión militar desde el Arco del Triunfo de la Moncloa hasta el Valle de los Caídos. Es en este polémico lugar donde reposan los restos mortales del general Francisco Franco desde noviembre de 1975. Hasta ahora.

Según Emilio Silva, aunque durante mucho tiempo no generó ningún conflicto, en los últimos años el Valle de los Caídos se ha convertido en un "lugar incómodo", un recuerdo de la forma en la que se llevó a cabo la Transición en España. Las exhumaciones y las numerosas investigaciones que se han realizado han cambiado "la percepción de mucha gente acerca de la lectura que se hace del pasado y, por lo tanto, de la lectura que se hace del presente", asegura el activista por la memoria histórica.  Muestra de ello es que, el pasado 24 de septiembre, el Tribunal Supremo avaló por unanimidad la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y dio el visto bueno a la decisión del Ejecutivo socialista de depositar los restos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el camposanto donde está enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo.

Augusto Pinochet fue uno de los pocos mandatarios internacionales que se trasladó hasta España para acudir al funeral de Franco. Durante el tiempo que pasó en el país, Pinochet visitó el Valle de los Caídos y le causó tal impresión que llegó a decir que le gustaría que se construyera un mausoleo similar en Chile para ser recordado después de su muerte, según el testimonio del por entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria y gobernador civil en funciones, Lorenzo Olarte. Sin embargo, la dictadura llegó a su fin antes de que el deseo del general se materializara.

En el momento de su muerte, en diciembre de 2006, Pinochet acababa de ser procesado por la Justicia chilena como presunto autor de crímenes contra la humanidad cometidos durante el régimen que encabezó. Según datos oficiales, casi 30.000 personas fueron torturadas a manos de agentes del Estado, más de 3.000 personas fueron asesinadas y alrededor de 300.000 se vieron obligados a exiliarse por razones políticas.

En 1998 Pinochet tuvo un buen susto en Londres. El 21 de septiembre viajó a la capital británica​ para realizarse una operación de hernia discal.​ El 16 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó una orden de detención desde España acusado de los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Una semana después, el juez dictó una orden de embargo de sus posibles cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo.

Tras una reñida batalla legal, el ministro de Interior británico Jack Straw decidió el 2 de marzo de 2000 liberar a Pinochet porque su delicado estado de salud no le habría permitido ser juzgado. Ese mismo día Pinochet tomó un avión con destino a Santiago de Chile.​

Augusto Pinochet no tuvo un funeral de Estado pero si se le concedieron los honores militares correspondientes a la condición de ex comandante en jefe del Estado. Los restos mortales del dictador fueron incinerados y descansan en la parcela privada de la familia en Los Boldos, en Bucalemu, en la región de Valparaíso. 

Ningún tirano sin su propia fundación

Desde su creación en octubre de 1976, los fines de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) buscaban impulsar toda actividad que condujera a "enaltecer la figura de Franco", "exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la patria" y "preservar su legado" para "difundir" y proyectar "su ideario sobre el futuro de la vida española". Sin embargo, la Fundación se vio obligada en 2018 a cambiar sus estatutos para así poder esquivar la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar la Ley de Memoria Histórica para ilegalizar las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo. La Fundación ya no enaltece, ahora solo "difunde y promueve el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco”. 

Entre sus actividades principales, la FNFF organiza actos conmemorativos en fechas relevantes para el régimen –20N y 18 de julio– y actúa como lobby contra todo lo que tenga que ver con la Memoria Histórica: inicia procesos judiciales para defender el franquismo, paraliza el cambio de nombre de las calles de Madrid y gestiona el patrimonio del dictador. Todo ello es posible gracias a los más de dos millones de euros en aportaciones y donaciones que los partidarios del régimen franquista han dado a la Fundación –según las cuentas de la Fundación del 2000 al 2015 publicadas por Compromís–; a los que hay que sumar, además, los 150.845,77 euros que obtuvo del Gobierno de José María Aznar durante su segundo mandato y que debían usarse para digitalizar los más de 30.000 documentos de interés público que tiene en su poder la entidad, pero que finalmente sirvió para la remodelación de su sede. Las cuentas de la Fundación presentaban pérdidas desde su creación hasta que, en 2017, registró el mayor beneficio económico de su historia, según relevó El Periódico: obtuvo un beneficio de 93.161,29 euros que le permitió saldar sus deudas. En palabras del propio presidente de la Fundación, el dinero provenía de "la batalla por la exhumación de Franco".

Como fundación, las aportaciones desgravan a Hacienda en virtud del supuesto "interés general" al que contribuyen, es decir, que el Estado subvenciona con dinero público a los donantes. 

La presidencia de la FNFF la ostentó Carmen Franco hasta su muerte en 2018. En la actualidad, el presidente es el antiguo ayudante del rey Juan Carlos, el general de división Juan Chinarro Ortega. 

Evento organizado por la Fundación Pinochet para conmemorar el 11 de septiembre de 1973.

En Chile, no habían pasado ni cinco años desde la publicación del informe RETTIG de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –reconoce como víctimas de la violencia política durante la dictadura chilena a más de 2.000 personas–, cuando se creó la Fundación Presidente Pinochet con el objetivo de “difundir el pensamiento y obra de Pinochet, como militar y presidente de la República de Chile, por cualquier medio conducente al indicado objetivo”. Desde su fundación en 1995, la agrupación ha entregado más de tres mil becas a jóvenes para financiar sus estudios, además de construir un museo y una biblioteca en honor al dictador.

Durante el marco de la investigación del caso Riggs, que rastrea la fortuna del clan de los Pinochet, la Policía de Investigación chilena (PDI), encontró donaciones anónimas efectuadas entre 1996 y 2004 que relacionaban a más de 110 empresarios con la Fundación. Gracias a estos aportes, el patrimonio de la institución pasó de 220.000 euros en 1996 a superar el millón de euros en 2004.

Entre los donantes se encontraban algunos de los nombres más relevantes del empresariado chileno: Mauricio Larrain, ex presidente del Banco Santander Chile; los hermanos Yarur, controladores del Banco BCI; el Grupo Von Appen, controlador de la mayoría de puertos de Chile a través de Ultramar; Hernán Büchim, ex candidato de la derecha a la presidencia, y un largo etcétera.

El clan de los Franco, uno a uno

Como general durante la República, el sueldo de Francisco Franco era el mismo que el de cualquiera de su rango pero eso cambia una vez gana la guerra. Gracias a su condición de jefe del Estado español, los regalos y donaciones, adjudicaciones de inmuebles, gratificaciones mensuales como las de Telefónica, la reventa de 600 toneladas de café donado por Brasil en 1939, y las diferentes empresas de las que son propietarios, a día de hoy, la fortuna de los Franco podría alcanzar los 600 millones de euros, estima Mariano Sánchez Soler, aunque hace hincapié en que es imposible conocer la cifra real .

El general Francisco Franco y Carmen Polo se casaron en 1923. Fruto de esa unión nació la única heredera directa de la fortuna del dictador, María del Carmen Franco, quien a su vez se casó en 1950 con Cristóbal Martínez-Bordiú, con el que tuvo siete hijos: Carmen, Merry, Francisco Franco, Mariola, José Cristóbal y Jaime. Ellos son los herederos de la fortuna del dictador.

Carmen Franco: duquesa de Franco, marquesa consorte de Villaverde y grande de España. Según aparece en La familia Franco SA, a la muerte del Caudillo en 1975, Carmen se convirtió en propietaria de numerosas empresas –aunque presididas por testaferros– como Ursaria, S.A, Comercial Flores, S.A, y Valdefuentes, S.A, por mencionar algunas.

Entre las propiedades inmobiliarias heredadas se encontraban: la finca Canto del Pico en Torrelodones, el palacete de Cornide de A Coruña, la finca de Valdefuentes en Arroyomolinos, pisos en los mejores barrios de Madrid –ejemplo de ello es el edificio número 8 de la calle Hermanos Bécquer de Madrid en pleno barrio de Salamanca y que actualmente está a la venta–, numerosos aparcamientos y, además, el controvertido Pazo de Meirás en Galicia.  

Construido por la escritora Emilia Pardo-Bazán en 1893, tras su muerte en 1921, sus herederos decidieron donar el pazo a la Compañía de Jesús. Durante la Guerra Civil, el gobernador de A Coruña, Julio Muñoz Aguilar, junto al banquero franquista Pedro Barrié de la Meza, crearon la Junta Provincial para el Pazo del Caudillo con el objetivo de recaudar dinero –mediante donaciones voluntarias– para pagar la compra del inmueble.

Ante la incapacidad para lograr su objetivo, se inició un "proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales". Desde la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica recalcan que esta situación se produjo porque "nadie se atrevía a decir que no" ya que "todavía estaba en funcionamiento la durísima maquina represiva de los años de la guerra y más en Galicia, donde se había producido una gran limpieza política por parte de los fascistas". Así fue como la Junta pudo entregar en 1938 al general Franco el Pazo de Meirás como "regalo del pueblo gallego", ofrenda que aceptó mediante suscripción pública. 

El idílico Pazo de Meirás, el retiro de verano de la familia Franco. E. P.

Durante más de 40 años, el Paso de Meirás fue utilizado como residencia de verano por la familia Franco. En 2008, la Xunta de Galicia decidió apretarles las tuercas y lo declaró Bien de Interés Cultural, lo que implica que los propietarios tienen la obligación de abrir la propiedad al público gratuitamente durante cuatro días al mes, régimen que se ha incumplido de manera reiterada desde entonces. Por si esto no era suficiente, el año pasado, los Franco pusieron a la venta el Pazo por ocho millones de euros sin notificárselo previamente a la Xunta, ya que al tratarse de un Bien de Interés Cultural esta tiene derecho de tanteo.

Ahora, el Gobierno español intenta recuperar el Paso de Meirás basándose en su forma de adquisición. Según la Abogacía del Estado, la compra llevada a cabo en 1941 fue fraudulenta: Manuela Esteban Colgantes, viuda del hijo de Emilia Pardo-Bazán, vendió dos veces el mismo inmueble, primero a la Junta Provincial para el Pazo del Caudillo y después al propio Franco. El hallazgo de ese documento ha sido clave en la presentación de la demanda por parte del Estado contra la familia del dictador. El estudio jurídico realizado por los abogados del Estado considera que ese documento demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Tras casi dos años de silencio en torno al reparto del patrimonio tras la muerte de la duquesa de Franco en 2017, el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, confirmó recientemente que la herencia se adjudicó entre sus descendientes "con absoluta normalidad” tan solo unos meses después del fallecimiento. 

Carmen Martínez-Bordiú: hija primogénita del matrimonio entre Carmen Franco y el marqués de Villaverde. En 1972, se casó con Alfonso de Borbón y Dampierre, nieto del Rey Alfonso XIII, con él que tuvo dos hijos: Francisco, fallecido en 1984 en un accidente de tráfico, y Luis Alfonso. Desde 2018, vive en Portugal con su actual pareja, un neozelandés de 33 años.

En marzo de 2018, la Audiencia Nacional condenó a la nieta del dictador a pagar más de medio millón de euros a Hacienda por impuestos impagados. Según la sentencia, Carmen Martínez-Bordiú traspasó en 2006 más de 40 participaciones de la inmobiliaria FR Promociones del Suroeste SA donada por su madre y, por dicha operación, se embolsó 9,9 millones de euros aunque en su declaración del IRPF informó de que su ganancia patrimonial fue de 57.000 euros y no los 6,7 millones de beneficio real calculados por Hacienda.  

Casi inmediatamente después del fallecimiento de su madre, Carmen solicitó el título de duquesa de Franco, lo que provocó que tanto Izquierda Unida y como PSOE reclamaran la supresión del título Duque de Franco por contravenir la Ley de Memoria Histórica de 2007. En julio de 2018, Carmen Martínez-Bordiú se convirtió oficialmente en duquesa de Franco, gracias a la firma de la Real Carta de Sucesión por parte del antiguo ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.

Francisco Franco y Martínez-Bordiú: conocido familiarmente como Francis, es el primer nieto varón del dictador, cambio el orden de sus apellidos para perpetuar la estirpe de los Franco. Allá por los años 80, entró en contacto con la industria del cine y se dice que llegó a alquilar hasta 15 veces la finca familiar de Valdefuentes para rodar películas eróticas y de terror.

Francisco Franco Martinez-Bordiú, nieto del dictador Francisco Franco, durante su declaración en un juzgado de Teruel. EFE

Poco después, decidió trasladarse a Chile –en plena dictadura militar de Pinochet– para hacer negocios en la empresa constructora Promociones Inmobiliarias, PRIM II. El nieto del dictador no estuvo ni un año en el país latinoamericano pero le bastó para conseguir que representantes de 6.000 familias le acusaran de estafarles aproximadamente 4.750.000 euros. En todo momento, la constructora sostuvo que la acusación tenía móviles “políticos” y desmintió tanto la estafa como la vinculación con Francis.

Es el encargado de gestionar las empresas de la familia, principalmente se dedica a los negocios inmobiliarios. En la actualidad, ostenta un total de 23 cargos en diversas empresas, de las cuales forma parte del consejo de administración de más de 10 sociedades, entre las que se encuentran: Sargo Consulting SL, Fiolasa SLU, Comerzia Soluciones Integrales de Comercio Electrónico SL, Premohi SL, Prístina SL, Caspe 99 SL, Centro Médico del Láser Pío XII SL, Montecopel SA, y Arroyo de la Moraleja SL. 

La Audiencia Nacional obligó en 2018 a una de las empresas de la familia del dictador, Centro de Agentes Unidos del Calzado Español, SL (Cauce SL), a pagar a la Agencia Tributaria la deuda que tenía de casi dos millones de euros, 1.635.635,51 euros de la liquidación y sanción, más los intereses de demora. La deuda tenía su origen en la liquidación llevada a cabo a la empresa en 2016 tras una inspección de la AEAT, quién impuso una sanción equivalente al 50% de la deuda que no se había ingresado, lo que supone una infracción "leve" de la normativa tributaria. 

En febrero de ese año, fue declarado culpable de un delito de atentado a la autoridad y otro contra la seguridad vial por conducción temeraria por un juzgado de lo Penal de Teruel. Se le condenó a 30 meses de prisión y a indemnizar al agente que lesionó con 1.500 euros y otros 2.720 euros a la Dirección de la Guardia Civil. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Teruel le absolvió poco después. No conforme con esta decisión, la Asociación Española de Guardias Civiles presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo pero no fue aceptado a trámite por no contar con la “trascendencia constitucional” requerida para actuar.

Luis Alfonso de Borbón: bisnieto del dictador y presidente de honor de su Fundación. Para los legitimistas, es considerado como el jefe de la Casa de Borbón de Francia y pretendiente al trono; en caso de reinar, lo haría como Luis XX de Francia.

Es uno de los directores del AllBank Corp –presidido por el padre de su esposa, el venezolano Víctor Vargas Irausquin–, intervenido el pasado 11 de septiembre por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) a fin de proteger y salvaguardar los intereses de los depositantes del banco, según informó el propio regulador panameño. Por si esto no fuera suficiente, a principios del mes de octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró en quiebra al Banco del Orinoco –también propiedad de Vargas y que tiene a su yerno como directivo– por considerar que no puede hacer frente a sus cuantiosas deudas tras descubrir que la entidad había utilizado “documentos falsos” para justificar su solvencia financiera. Todavía no se conocen cifras oficiales pero, según las estimaciones de los medios de comunicación, podría haber unos 750 millones de dólares de depósitos en juego.

El clan de los Pinochet, uno a uno

Augusto Pinochet y Lucía Hiriart.

En 2004, una subcomisión del Senado de Estados Unidos halló más de 17 millones de euros repartidos en 127 cuentas secretas pertenecientes al ex dictador en el Banco Riggs, con sede en Washington DC, lo que dio lugar a una investigación para descubrir el origen de dicha fortuna. Según el autor de Pinochet. Biografía militar y política, este descubrimiento –sumado a los juicios por su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos durante el régimen– pusieron fin a la “adhesión de la mayor parte de la derecha y de una parte no menor de la sociedad a su figura”.

Durante el proceso, se descubrió que la entidad ayudó al general a mover el dinero desde sus cuentas en Reino Unido a Estados Unidos cuando el general fue arrestado en 1998. En agosto de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago retiró el aforamiento del que gozaba Pinochet para que pudiera ser procesado por fraude y malversación de fondos públicos; murió cuatro meses después aunque la causa continuó.

En un principio, el patrimonio total de la familia Pinochet ascendía a casi 18 millones de euros, de los cuales, al menos 15 millones tenían un origen ilícito pero, debido a los plazos de prescripción, parte del origen de dicha fortuna no pudo ser investigado. Finalmente, en 2018, la Corte Suprema ordenó la confiscación de 1,3 millones de euros de los bienes de los Pinochet. Ningún miembro de la familia fue procesado. 

A pesar de las reticencias de su padre de que se casara con un subteniente de clase media, Lucía Hiriart contrajo matrimonio con Augusto Pinochet en 1943. Juntos tuvieron cinco descendientes –Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie–, los cuáles por su parte han tenido en total 25 hijos.

Lucía Hiriart: mujer del dictador, conserva la mansión –donde reside a sus 96 años– situada en una de las zonas más ricas de la región metropolitana, la casa rural de Los Boldos –en la costa central– y la denominada El Melocotón –la situada en la precordillera–, según la información aportada por Amorós.

Fue la presidenta de los CEMA (Centro de Madres) –una organización que se dedicaba, supuestamente, a ayudar a mujeres pobres, que eran instruidas en diferentes oficios– desde el golpe de Estado hasta 2016, cuando se vio obligada a renunciar a consecuencia de la acusación de malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La causa investigaba el origen del patrimonio de la organización, que recibió de forma gratuita unas 236 propiedades, de las cuáles vendió 137.

Ese mismo año, el Centro de Investigación Periodística de Chile publicó que la matriarca de los Pinochet había vendido a sus hijos y nietos una serie de propiedades para evitar el pago del impuesto a la herencia y una posible demanda civil, a raíz del enriquecimiento ilícito del general.

Lucía Pinochet, hija primogénita del dictador y Lucía Hiriart

Lucía Pinochet: hija mayor del matrimonio Pinochet. Durante el funeral de su padre, pronunció un polémico discurso en el que reivindicaba el golpe de Estado y aseguraba que había encendido “la llama de la libertad”.

En mitad del juicio por el casoRiggs, la primogénita del general intentó huir a Estados Unidos para pedir asilo político. No llegó a pasar el control fronterizo del aeropuerto estadounidense, fue detenida y enviada de vuelta a Chile para ser juzgada junto al resto de la familia.

Poco después, en 2008, se presentó como concejala independiente por el Ayuntamiento de Vitacura –uno de los municipios más elegantes de la región metropolitana de la ciudad donde la hija de Pinochet tiene una galería de arte y una fundación cultural– y terminó en segundo lugar, con casi el 16% de los votos. Ocupó el puesto desde 2008 hasta 2012.

Augusto Pinochet II: el segundo hijo de los Pinochet siguió los pasos de su padre hasta que, en 1974, sufrió un accidente de tráfico que le obligó a abandonar la carrera militar. Fue agente de la DINA, la policía secreta de la dictadura, con el grado de teniente. Durante el periodo que ejerció como intermediario de la mayor empresa de cobre del país, compró una fábrica de fusiles y se la vendió al Ejercito por tres millones de pesos.

En 2004, fue condenado a 541 días de prisión por los delitos de recepción de especies robadas, tenencia ilegal de armas, falsificación y uso malicioso de documentos públicos; no llegó a cumplir condena pues se anuló la sentencia.

Francisca Lucía Ponce Pinochet: nieta del dictador. En 2013, su nombre apareció vinculado a la sociedad minera privada dirigida por su padre, Julio Ponce Lerou, y fue acusada de llevar a cabo transacciones con acciones a precios fuera del mercado. Asimismo, el fiscal descubrió que la empresa había financiado ilegalmente varias campañas electorales.

La nieta de Pinochet se enfrentó de nuevo a la justicia cuando el Tribunal Supremo la obligó a devolver unos terrenos que ella se había atribuido a pesar de ser suelo mapuche, el pueblo indígena de esa zona.

La decisión del Tribunal Supremo de dar luz verde a la exhumación del dictador Francisco Franco y vetar su posterior reinhumación en la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid y junto a la simbólica Plaza de Oriente, ha supuesto una clara victoria para el movimiento memorialista. Sin embargo, la guerra por resignificar el complejo monumental, que podría embarrarse aún más tras la decisión de la familia del dictador de acudir al Tribunal Constitucional, no ha acabado. Todavía faltan por resolver escollos como el de la presencia del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un lugar preeminente de la Basílica. O el de las miles de víctimas del franquismo que fueron enterradas sin previo aviso en Cuelgamuros y cuyos restos, que se encuentran repartidos en los diferentes osarios distribuidos por el templo, están intentando recuperar sus familiares desde hace años. Porque, como señala el presidente de Arico, Miguel Ángel Capapé, “aquí se están acordando del asesino y no de las víctimas”. “Lo que queremos es que saquen a los nuestros”, completa en conversación telefónica con infoLibre.

La salida de las víctimas enterradas junto al verdugo fue una de las recomendaciones que puso sobre la mesa hace casi ocho años la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos. En un informe fechado el 29 de noviembre de 2011, este grupo planteó que una reconversión del complejo monumental en un lugar de memoria tendría que pasar necesariamente por la “dignificación” del cementerio. Para ello, consideraba fundamental rescatar a todas estas víctimas trasladadas al mausoleo franquista sin el consentimiento de sus familiares “del hacinamiento” de sus restos y del anonimato. “Respecto a las reclamaciones presentadas de devolución de los restos de algunos familiares, la Comisión entiende que les asiste un derecho moral a que se satisfaga en la medida de lo posible dicha reclamación. En cuanto a la viabilidad de su identificación, exhumación y devolución, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el deterioro de las criptas y de los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible, como norma general, la identificación individualizada”, completaba el informe.

En busca del cumplimiento de ese “derecho moral” están Capapé y su mujer, Purificación Lapeña, que desde hace una década tratan de encontrar, recuperar y dar digna sepultura a los restos de los hermanos Lapeña. Manuel y Antonio Ramiro, veterinario y herrero de profesión, respectivamente, nacieron en Villarroya de la Sierra (Zaragoza) y siempre estuvieron muy ligados a la CNT. Con el estallido de la Guerra Civil, ambos fueron detenidos. El 14 de agosto de 1936, Manuel fue fusilado en el barranco de La Bartolina. Dos meses después, Antonio Ramiro corrió la misma suerte en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud, donde fue arrojado a una fosa común. Luego, señala Capapé en base a testimonios recogidos, sus restos podrían haber sido trasladados a Cuelgamuros. “Si bien de La Bartolina no tenemos constancia, del cementerio nos dijo un señor mayor que llegó un camión con nueve cajas, sacaron los restos de la fosa, los amontonaron y fueron llenando estas cajas con ellos. (…) Ahí es cuando nos enteramos de que podrían estar ambos en el Valle de los Caídos”, explica a este diario.

El cementerio del Valle de los Caídos cuenta, tal y como señala la Comisión de Expertos de 2011, “con el mayor osario de la Guerra Civil”. Su origen conceptual aparece reflejado en el decreto de construcción del 1 de abril de 1940, en el que se describe el complejo monumental como “un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de dios y de la patria”. Con el fin de dar cumplimiento a esta finalidad, el 23 de mayo de 1958 el entonces ministro de la Gobernación y presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, Camilo Alonso Vega, envió una carta a los gobernadores civiles pidiéndoles que adoptasen “las medidas necesarias” para dar sepultura en el mausoleo “a quienes fueron sacrificados por dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra cruzada, sin distinción del campo en el que combatieran, según impone el espíritu cristiano de perdón que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica”.

Pocos meses después, el 31 de octubre de 1958, el ministro de Gobernación remitió una circular en la que se especificaba cómo tendría que llevarse a cabo el traslado de restos: en cajas de 60 x 30 x 30 centímetros “para restos individuales identificados” o de 120 x 60 x 60 centímetros en el caso de “restos colectivos sin posible individualización”. “Cada caja colectiva se supone que puede contener restos de quince personas”, añadía Alonso. Desde 1959 hasta 1983, según los datos de Patrimonio Nacional, fueron enterradas en Cuelgamuros 33.847 personas. La mayoría de ellas procedían de Madrid (8.931), Tarragona (4.680), Teruel (4.413) y Zaragoza (4.607). Pero no todas tienen nombre y apellidos. Están identificadas 21.423, según los datos del Ministerio de Justicia. Sin embargo, poner nombres y apellidos al resto no es tarea fácil. “La identificación individual de los restos óseos depositados en las criptas y/o capillas queda casi imposibilitada dado el estado de los columbarios y el esparcimiento de los restos”, recoge un informe fechado en 2011 del médico forense Andrés Bedate.

Tres años a la espera de reparación

Con las evidencias que tenían, Purificación Lapeña y su marido iniciaron un largo periplo judicial para recuperar los restos de sus familiares. Primero recurrieron a la vía penal, lo que les llevó al juzgado de instrucción, a la Audiencia Provincial de Madrid, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras fracasar este camino, decidieron en 2014 acudir a la vía civil agarrándose a la fórmula de la perpetua memoria. Y ganaron. En mayo de 2016, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial autorizó la exhumación, reconociendo el derecho de Purificación Lapeña a darles “digna sepultura”. “Una vez que se ha determinado que existe una alta probabilidad de que los restos cadavéricos se encuentren en el cementerio del Valle de los Caídos, procede la realización de las actuaciones pertinentes (…) a los efectos de que se termine llegando a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos Lapeña”, señalaba el auto, que apuntaba que esto se tenía que hacer “tras la identificación positiva de los mismos”.

Si bien Capapé reconoce que no tienen “ninguna certeza” de que los hermanos se encuentren en Cuelgamuros, los indicios que apuntan a ello son importantes. Según hizo saber durante el procedimiento Patrimonio Nacional, en el tomo número 1 del Libro de Registro de Enterramientos del templo se contempla que el 8 de abril de 1959 llegaron procedentes de Calatayud con número de orden 0466 un total de 81 restos en 9 cajas (columbarios), todos ellos como desconocidos. No obstante, el juez apuntaba en el auto que existe una “alta probabilidad” de que los restos estén en los columbarios numerados entre el 2061 y 2069. Dos meses después de la resolución judicial, que derivó en firme, Patrimonio Nacional manifestó su voluntad de “cumplir escrupulosamente” con la justicia. Para ello, el organismo que se encarga de administrar el conjunto monumental encargó dos informes –uno al Consejo Médico Forense y otro al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja– para estudiar aspectos relacionados con las edificaciones y con el estado de las galerías.

Pero tres años después de que la justicia diera luz verde a la exhumación, la resolución judicial sigue sin cumplirse. Primero fueron las trabas que puso el prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a los trabajos, lo que obligó al presidente de la Conferencia Episcopal Española a señalar públicamente que el abad no se podía “negar” a “sacarlos”. Con este primer escollo superado, arrancaron los trabajos preliminares por parte de los peritos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, Patrimonio Nacional anunció que se abriría “una puerta de entrada” y se tomarían medidas para que el acceso fuera “posible cuanto antes”. El organismo que gestiona el complejo monumental anunció esta decisión después de recibir el informe que había encargado al instituto dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En el estudio se detallaba que era “posible con determinados límites impuestos por el estado de conservación” acceder a la Capilla del Sepulcro para exhumar los restos.

Los trabajos, sin embargo, volvieron a quedar paralizados al detectarse problemas técnicos. Se pidió otro estudio al Instituto Eduardo Torroja. Y los monjes benedictinos volvieron a mostrar reticencias a la entrada de los técnicos. El proceso de exhumación, en un primer momento, iba a retrasarse cuatro meses. Pero la parálisis dura ya un año. Y puede prolongarse todavía más. A comienzos de septiembre, el consejo de administración de Patrimonio Nacional reclamó más aclaraciones técnicas al instituto. Un nuevo obstáculo que fue respondido por el abogado memorialista Eduardo Ranz con un escrito solicitando que se diera “traslado parcial” del informe en lo referido a los hermanos Lapeña a la familia, habida cuenta de que “es mucho el tiempo transcurrido y elevada la desesperación” de los descendientes que “buscan reencontrarse con sus olvidados”. En conversación con infoLibre, Ranz señala que de no cumplirse con esta reclamación “se puede entender que hay una obstaculización irracional a la exhumación por parte del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional”.

“Derecho legal a reencontrarse con sus olvidados”

En aquel escrito, continúa relatando Ranz, también exigieron que haya una respuesta a la petición de otras familias aragonesas que solicitaron el reconocimiento del derecho a exhumar el pasado 13 de diciembre. “Las familias han demostrado ser pacientes, toda vez que el plazo legal de reconocimiento es de tres meses y han transcurrido más de nueve meses”, señalaba el escrito. Este es el caso de Silvia Navarro, Sagrario Fortea, Francisco José Cansado y Mercedes Abril. Con 87 años, el caso de esta última representa a la perfección la necesidad de actuar a la mayor brevedad posible para cumplir con las exigencias de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. El pasado mes de agosto, Abril aprovechó una reunión del presidente del Gobierno con colectivos memorialistas para entregarle una misiva en la que le detallaba todo el largo periplo para recuperar y enterrar dignamente a su padre, asesinado en Calatayud en septiembre de 1936. “Por favor, demuestren capacidad y voluntad política para exhumar a los republicanos del Valle de los Caídos”, rezaba la carta.

Tras la noticia sobre la exhumación del dictador, Abril recibió una respuesta a su petición. “No le quepa duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de los restos de sus seres queridos inhumados en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”, señalaba la carta, firmada por Pedro Sánchez. Porque la salida de Franco de Cuelgamuros, si bien es fundamental, no cierra la herida abierta. “Otra cuestión es el número de asesinados que rodean el cuerpo de Franco. Hay familias que tienen su derecho legal a reencontrarse con sus olvidados, y esta segunda parte está pendiente de reparación, que es la finalidad principal de la memoria histórica”, asevera Ranz. “Aquí parece que solo se acuerdan del asesino y no de las víctimas”, señala Capapé, que apunta que “por mucho que saquen” al dictador del mausoleo ellos lo que pretenden es que “las cajas” con los restos “que se puedan identificar con la población” sean devueltas a estos pueblos. “No sólo queremos a los hermanos Lapeña, queremos que vuelvan todos”, sentencia el presidente de la asociación Arico.

La justicia da un importante paso al frente en materia memorialista cuarenta y cuatro años después del fin de la dictadura. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado este martes vía libre al Gobierno de Pedro Sánchez para que pueda proceder a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y al posterior traslado de sus restos al panteón familiar ubicado en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, a más de una decena de kilómetros del centro de la capital. El fallo del Alto Tribunal, que ha rechazado por unanimidad el recurso interpuesto por la familia del dictador, permite cerrar una herida que lleva abierta más de cuatro décadas en el valle de Cuelgamuros, en plena sierra de Guadarrama. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer para borrar toda mácula de mausoleo franquista. Y, para ello, es necesario que el Ejecutivo aborde la reubicación de los restos de José Antonio Primo de Rivera y la resignificación del complejo monumental a fin de convertirlo en un lugar de memoria homologable a otros existentes en países como Alemania, Argentina o Chile.

Con su decisión, el Supremo ha puesto fin a meses de embrollo judicial. En marzo, la familia del dictador interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de febrero que ponía fin al procedimiento administrativo previo a la exhumación. Este movimiento llevó al Alto Tribunal a suspender cautelarmente la salida de Franco, prevista para el 10 de junio, hasta que los magistrados se pronunciasen sobre el fondo del asunto. Una resolución que se ha conocido este martes y que avala al Gobierno para sacar al dictador y reinhumarlo en El Pardo-Mingorrubio. La decisión tira por tierra la pretensión de los nietos de trasladar a su abuelo a la cripta del cementerio de La Almudena, un enclave que la Abogacía del Estado rechazaba tajantemente alegando que podría ocasionar problemas de orden público y seguridad ciudadana. La familia del dictador ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Constitucional y, si es necesario, irá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero la futura exhumación de Franco, que el Gobierno intentará dejar atada antes de la campaña electoral, no cierra completamente la herida abierta alrededor de Cuelgamuros. Es un paso adelante, sí. Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer para reconvertir el complejo monumental en el lugar de memoria para las víctimas de la Guerra Civil planteado por la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos. Creado por acuerdo del Consejo de Ministros el 27 de mayo de 2011, este grupo compuesto por una docena de personalidades –desde catedráticos universitarios hasta profesores e investigadores– elaboró en noviembre de ese mismo año un completo informe en el que se realizaban varias recomendaciones para dignificar el complejo monumental y la memoria de todas las personas inhumadas en él. El documento, que se finalizó una semana después de que el PP de Mariano Rajoy obtuviese mayoría absoluta en las elecciones generales, terminó guardado bajo llave en un cajón.

De la exhumación de Primo de Rivera al Centro de Interpretación 

El trabajo de los expertos plantea, en primer lugar, la necesidad de llevar a cabo una “resignificación integral” del Valle de los Caídos que proporcione “la relectura completa del complejo monumental”. Para ello, propone la utilización de la explanada delantera y las zonas adyacentes “como espacio simbólicamente óptimo y materialmente adecuado” para crear un Memorial del Valle. Este espacio, añaden, debe incluir una “instalación o actuación artística” con “una posible inscripción de los nombres de todas las víctimas, también en recuerdo de las anónimas”, así como un cementerio “cuya dignificación expresa la resignificación de la jerarquía funeraria” y un Centro de Interpretación cuya creación “deberá responder al deseo de mostrar a los visitantes cuál fue el origen del proyecto de construcción de la Basílica y el Monasterio, en qué contexto socio-político se llevó a cabo esta construcción y quiénes participaron en la misma”, insistiendo “de manera muy especial” en la presencia de presos republicanos en las diferentes etapas de ejecución.

Este Centro de Interpretación, que debería ser un edificio construido fuera de la Basílica y el Monasterio de forma que su visualización permita al visitante hacerse una idea clara de la significación del conjunto monumental, tiene que contener también “el registro con la identificación” de todos los enterrados en el Valle de los Caídos así como “las biografías de que se disponga”. En la proposición de ley para la reforma de la Ley de Memoria Histórica que planteó el PSOE a finales de 2017, los socialistas propusieron convertir Cuelgamuros en un “centro nacional de memoria”, un “lugar de información, conocimiento, identificación y homenaje de aquellos cuyos restos se encuentran allí inhumados”. Sin embargo, sólo tres meses después de la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo, el líder socialista pisó el freno. “La opinión del Gobierno es que el Valle no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo, un cementerio civil para las víctimas de la contienda y el franquismo”, señaló Sánchez durante un viaje oficial a Bolivia.

Otro pilar importante sobre el que se sostenía el proceso de resignificación planteado por la Comisión de Expertos se centraba en la Basílica. En este sentido, el informe propone, en primer lugar, que no se altere el interior del templo, que “habla por sí mismo”. Por otro lado, sostiene que es necesaria la “dignificación” del cementerio que se encuentra en la Basílica, donde yacen casi 34.000 personas –unas 12.000 sin identificar–. Para ello, plantean el “establecimiento de una fórmula homogénea, ordenada y duradera de recolocación de los restos en columbarios nuevos”, rescatando a todas estas víctimas trasladadas a Cuelgamuros sin el consentimiento de sus familiares “del hacinamiento” de sus restos y del anonimato. “Respecto a las reclamaciones presentadas de devolución de los restos de algunos familiares, la Comisión entiende que les asiste un derecho moral a que se satisfaga en la medida de lo posible dicha reclamación”, añadía el estudio, que alertaba de que el deterioro de criptas y columbarios hacía “prácticamente imposible” la “identificación individualizada” de los restos.

La Comisión de Expertos también recomendaba, por supuesto, revertir “la situación creada por los enterramientos” en la Basílica de Franco y José Antonio Primo de Rivera. Con la salida del dictador avalada ahora por el Supremo, el único escollo que queda en este sentido son los restos del fundador de la Falange. “El objetivo de resignificar el conjunto (…) sólo será posible si los enterramientos se reservan únicamente, como estaba previsto, para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil”, sostiene el informe de los expertos, que en el caso de los restos de Franco recomendaba su salida del complejo monumental y en el de los de Primo de Rivera simplemente establecía que, “dada la igual dignidad de todos los allí enterrados”, no podían ocupar un lugar preeminente en la Basílica. Con estas palabras, los expertos situaban al fundador de la Falange como una víctima de la Guerra Civil. Interpretación que también hace el Ejecutivo socialista, que en agosto de 2018 anunció su intención de exhumar a Primo de Rivera y trasladar sus restos a un lugar no preeminente del templo.

Retirada de la cruz y salida de los monjes benedictinos

Las asociaciones de memoria histórica, que en la mañana de este martes se concentraron frente a la sede del Tribunal Supremo para exigir que ni se paralice la exhumación ni se trasladen los restos de Franco a La Almudena, han calificado el fallo como “una pequeña batalla ganada”, aunque no ven con buenos ojos que el destino final del dictador vaya a ser el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, propiedad de Patrimonio Nacional. Sin embargo, señalan que “todavía quedan muchas” guerras que disputar y recuerdan que la salida de Franco no cierra la herida existente. Miguel Ángel Muga, portavoz de la campaña Ni Valle Ni Almudena, coincide en conversación con infoLibre con la propuesta de crear un memorial para “explicar a los turistas” el significado del mausoleo, suprimiendo el discurso de Cuelgamuros como “un espacio de reconciliación”. Pero además, plantea la salida de los monjes benedictinos y la eliminación de la cruz. “No consideramos que sea una cruz cristiana, sino nacional-católica. Una ‘espada’ puesta en medio de España para advertir a todo el mundo”, recalca.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, es partidario de que, como ocurre con los campos de concentración, no se toque la “construcción” porque el Valle de los Caídos “tiene que contar su propia historia” y “la cruz forma parte de su relato”. Para el presidente de la ARMH lo primero es que salgan “todos los restos que están reclamando las familias” y que se acabe con “todo el negacionismo que hay en la narrativa”. Para ello, apuesta por una exposición “en la nave central” donde se explique “cómo se ideó el Valle, cómo se construyó, quién lo construyó, quiénes fueron los presos políticos que estuvieron allí, las empresas que hicieron un gran negocio utilizándolos…”. Y, por supuesto, aborda la exhumación de Primo de Rivera: “Deberían ofrecer a su familia la posibilidad de llevárselo y, si no quisiera, se le debería llevar a una cripta con el resto de muertos”. Muga, por su parte, rechaza tajantemente la posibilidad de que siga en el Valle: “Primo de Rivera no murió en el frente, murió tras un proceso judicial”.

Más de 100 colectivos solicitan a los partidos políticos que, en la siguiente legislatura, constituyan de "inmediato" una comisión de investigación parlamentaria sobre los bienes de la familia Franco. Así lo anunciaron este jueves miembros de la campaña #NiValleNiAlmudena, constituida después de que la familia del dictador propusiera inhumar el cadáver de Franco en la catedral situada en el centro de Madrid. La propuesta la apoyan, indicaron, más de 100 colectivos de todo el Estado, "tanto de memoria histórica y víctimas del franquismo, como vecinales, sindicales, feministas, ecologistas..."

Lo que proponen, concretamente, es que las fuerzas políticas que se presenten a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril incluyan en sus programas su compromiso de crear este organismo. Lo que buscan con él es, por un lado, "que se investigue la herencia recibida por la familia Franco tras la muerte del dictador"; por otro, que se investigue de dónde proceden los bienes que actualmente posee la familia, así como los títulos de propiedad.

Además, la campaña también pretende que se auditen las declaraciones y los posibles "beneficios o exenciones fiscales obtenidos" por los herederos del dictador; que se analicen los resultados de inspecciones fiscales (si se han hecho) a la viuda, Carmen Polo, y sus descendientes; y, por último, que se investiguen "las actuaciones de las instituciones que, una vez en democracia, han propiciado el incremento patrimonial de la familia Franco, incluyendo las recalificaciones urbanísticas de las que se han beneficiado". 

"Esta actuación pretende, con 44 años de retraso, naturalizar una situación (la rendición de cuentas y eliminación de privilegios de la familia del dictador), como ha sido norma habitual en los países que han pasado de una dictadura a una democracia", especifican los miembros de la campaña en un comunicado enviado este jueves. Según explican, el siguiente paso será ponerse en contacto con los partidos políticos con los que, más tarde, iniciarán una ronda de negociaciones. 

Campo de concentración. Tres palabras que, inevitablemente, evocan a la Alemania nazi. A Auschwitz, a Mauthausen, a Dachau. Pero no hace falta ir tan lejos. Campos de concentración también hubo en Rota, en Jaca, en Oviedo, en Reus. Son menos conocidos porque han sido menos pronunciados. Y menos estudiados. Fueron campos de concentración franquistas y, como los nazis, eran centros de castigo al enemigo de la dictadura. "Para coger aquella mala comida había que hacer largas colas de hombres hambrientos, bajo una nevada, y cuando llegabas a la perola te echaban un cazo de agua con espinas de pescado que tenías que tirar, porque no te lo podías comer". Es lo que recuerda Antonio Torres Morales del campo de concentración de Miranda de Ebro —situado en Burgos y recordado como el más longevo—, cuyo terror y crueldad sufrió en primera persona. Su relato, no obstante, es colectivo. "Comidas escasas, con bichos y piedras hervidas junto a las legumbres", relata Emilio Fernández Seisdedos, prisionero en isla Saltés, en Huelva. Los testimonios podrían ser inacabables. 

Ha sido el periodista y escritor Carlos Hernández de Miguel quien los ha recogido en el libro Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas (Penguin Random House España), que sale a la venta este jueves. Es el resultado de tres años de investigaciones y de acceso a los archivos que contenían este capítulo olvidado de la historia de España. Y es que muy poco se ha publicado sobre los campos de concentración franquista. Y no fueron pocos como para justificar este silencio. Hubo, oficialmente, 296. Repartidos por toda España. Con la misma crueldad. Y por allí pasaron, según Hernández de Miguel, entre 700.000 y un millón de españoles y españolas. 

Son cifras difíciles de olvidar. Pero aun así, este capítulo no ha sido demasiado atendido. ¿Por qué? "Yo creo que hay varias razones para explicarlo. La primera de ellas es que la magnitud de la represión franquista tuvo muchas ramificaciones. Hubo muchas vías para reprimir a la gente y esta, en concreto, quedó un poco apartada, olvidada e, incluso, minimizada", explica Hernández de Miguel en conversación con infoLibre. "Pero también hay un segundo elemento en este olvido", añade. Uno de los objetivos del régimen franquista fue borrar "toda la huella de sus crímenes y de la colaboración con el régimen nazi". Y "el término 'campo de concentración' se asocia al nazismo". 

Pero el problema es que la España democrática tampoco ha hecho bien su trabajo. El franquismo tuvo "40 años para reescribir la historia y la democracia no hizo los deberes de volver a escribirla para que no se mantuviera el relato de los herederos de la dictadura", lamenta. 

El terror repartido por la geografía española

Los hubo durante la Guerra Civil y durante la dictadura. Y fueron muchos. Según la investigación llevada a cabo por Hernández de Miguel, se cuentan por centenares. Hasta los casi 300. Y la mayoría estaban en Andalucía. Allí, concretamente, hubo 52 campos de concentración: dos en Almería, cinco en Cádiz, 12 en Córdoba, ocho en Granada, cuatro en Huelva, nueve en Jaén, cinco en Málaga y siete en Sevilla. Ninguna de sus ocho provincias se libró de estos centros. 

A Andalucía la siguió la Comunitat Valenciana, donde llegó a haber 41 campos; Castilla-La Mancha, con 38; y Castilla y León, con 24. En todas las comunidades, sin ningún tipo de excepción, hubo alguno. En Aragón fueron 18 —siete en Huesca, cinco en Teruel y seis en Zaragoza—; en Asturias, 12; en Baleares, siete; en Canarias, cinco —contando con dos centros tardíos, es decir, construidos después de la Guerra Civil—; en Cantabria, 10; en Cataluña, 14 —cuatro en Barcelona, dos en Girona, seis en Lleida y dos en Tarragona; en Euskadi, nueve —cuatro en Álava, tres en Gipuzkoa y dos en Bizkaia—; en Extremadura, 17 —13 en Badajoz y cuatro en Cáceres—; en Galicia, 11 —ocho en A Coruña, uno en Ourense y dos en Pontevedra—; en La Rioja, dos; en Madrid, 16; en Murcia, 11; y en Navarra, cuatro.  

Y no solo ahí: en Ceuta, en Melilla, en el Protectorado de Marruecos y en el Sáhara español hubo, al menos, otros cinco. 

La mayoría eran recintos al aire libre, aunque también se usaron instalaciones y edificios ya existentes. Pero además, se trata de espacios hoy reconvertidos a los que asisten multitud de personas sin conocer que hace décadas fueron el escenario de unas de las formas de represión más duras practicadas por la dictadura franquista. El estadio del Viejo Chamartín donde jugaba el Real Madrid, el campo del Puente de Vallecas, el Hostal de San Marcos en León o el Palacio Ducal de Lerma fueron, en su momento, lugares utilizados como campos de concentración donde se hacinaban centenares de prisioneros y prisioneras republicanos. 

Imagen del campo de concentración instalado en los Campos de Sports de El Sardinero (Santander), poco antes de que fueran evacuados todos los prisioneros. | Biblioteca Nacional de España

Desde el inicio de la guerra hasta finales de los años 40

Fue una forma de represión que se practicó en toda España. Pero los tiempos no fueron los mismos en todas las autonomías. Los primeros campos de concentración comenzaron a construirse en el año 1936, después del golpe militar con el que comenzó la Guerra Civil. Y lo hicieron con un objetivo muy claro: sembrar el terror en el enemigo republicano. Así lo dijo, de hecho, el propio Franco en una orden enviada a sus generales el 20 de julio de 1936, tan solo dos días después del golpe: "Organizarán campos de concentración con los elementos perturbadores, que emplearán en trabajos públicos, separados de la población". 

Así lo dijeron y así lo hicieron. La noche del 17 al 18 de julio los militares golpistas asesinaron, como recuerda Hernández de Miguel, a 189 personas en Ceuta y Melilla. Dos días después, El Telegrama del Rif avisaba de la creación del primer campo de concentración, tal y como ordenó y avisó Franco: "Ayer fueron detenidos varios paisanos a los cuales se trasladó a la Alcazaba de Zeluán, donde ha quedado establecido un campamento de concentración de detenidos".  

Prisioneros de las Brigadas Internacionales en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos).

"El grueso del sistema de los campos de concentración se extendió desde 1936 hasta noviembre de 1939. Es decir, duró toda la Guerra Civil y los primeros meses de la posguerra", cuenta Hernández de Miguel. En ese momento se cierra la mayoría. La mayoría, pero no todos. "Algunos quedaron abiertos, pero sobre todo hay que destacar que siguieron funcionando por toda España decenas de batallones de trabajadores que hacían trabajos forzados", añade. Lo hacían como todos los recluídos en los campos: sin haber sido juzgados ni, por tanto, condenados. 

Fue en 1948 cuando, definitivamente, cesaron. Un año antes se cerró el campo más longevo: el de Miranda de Ebro. En aquella época, la represión franquista ya se había trasladado a las cárceles españolas. 

"Huir de la sombra de Auschwitz"

Fueron doce años de represión en campos de concentración. Pero hasta ahora se desconocía el número y la ubicación de todos ellos. Hernández de Miguel tiene claro que una posible explicación de este hecho es la influencia del nazismo. Una influencia que, no obstante, no debería existir. "Yo creo que no es bueno que hagamos una comparación entre los campos españoles y los nazis. Hay que evitarlo porque, al lado de campos como Auschwitz, las víctimas españolas parecen menos víctimas", explica. "Es necesario alejar esa comparación para no caer en estereotipos y poder estudiar la naturaleza propia de los campos franquistas, que ya tuvieron la crueldad suficiente", remata. 

Y es que entre un sistema y otro hay similitudes, pero también diferencias. "Los españoles eran mucho más caóticos. En los campos nazis había más homogeneidad. Eran más parecidos entre sí porque las normas de funcionamiento se establecían desde Berlín", explica Hernández de Miguel. Aquí, continúa, eran los distintos generales los que marcaban cómo funcionaba cada centro. 

Pero, no obstante, ambos respondían a un mismo objetivo. "Por un lado, servían para exterminar a los más significados enemigos, aquellos que habían ocupado cargos en la administración republicana o en sindicatos o partidos. Estos, normalmente, eran condenados a muerte con o sin consejo de guerra, que también podía condenarlos a prisión", explica.

Por otro lado, también servían como lugar de adoctrinamiento. "Franco tenía sus necesidades de guerra y sabía que no podía exterminar a toda la población", asegura. Por ello, los campos también sirvieron para "deshumanizar" a aquellos republicanos que no se consideraban tan radicales. Los "recuperables", en palabras de Hernández de Miguel. "Con el miedo, el castigo y el hambre acababan domesticados", afirma. 

¿Y cómo se establecía esta distinción? Se investigaba a cada prisionero pidiendo información a alcaldes, curas y guardias civiles de la zona en la que vivían. Estos, a continuación, emitían un informe que enviaban al campo de concentración. Un informe que "determinaba el futuro de los prisioneros". "Ir a misa, por ejemplo, determinaba la frontera entre la vida y la muerte de una persona". 

Prisioneros formados y obligados a hacer el saludo fascista en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos). | Biblioteca Nacional de España

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, el municipio en el que se encuentra enclavado el Valle de los Caídos, ha desistido en su intento de cobrar el IBI por la denominada Basílica de la Santa Cruz de Cuelgamuros, el lugar en el que se encuentran enterrados los restos del dictador Francisco Franco y del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. El Gobierno municipal, en manos de un tripartito de izquierdas desde las últimas elecciones locales –Vecinos por San Lorenzo de El Escorial (VXSLE), PSOE y En Común San Lorenzo–, ha decidido no dar finalmente batalla para cobrar la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que el consistorio giró hace un par de años por el recinto de culto, una factura que se recurrió inmediatamente desde Patrimonio Nacional, según han asegurado a infoLibre fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Presidencia.

El ayuntamiento del municipio madrileño envió en 2016 al menos tres facturas relacionadas con el cobro de impuestos en el Valle de los Caídos, según consta en la memoria de ese ejercicio elaborada por Patrimonio Nacional, el organismo que controla la práctica totalidad del complejo monumental. Dos de ellas guardaban relación con la tasa municipal de recogida de basuras de un par de casas forestales ubicadas en Cuelgamuros. La tercera, reclamaba el cobro por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la Basílica de la Santa Cruz, propiedad de la Iglesia Católica y que desde los años cincuenta está custodiada por el grupo de monjes que residen en la Abadía Benedictina. Todas estas facturas fueron recurridas ante el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por Patrimonio Nacional.

El intento de cobro del tributo que afectaba al lugar de culto del Valle de los Caídos fue recurrido por el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia en octubre de 2016. “Frente a la liquidación del IBI por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, mediante acto de impugnación de fecha 6 de octubre de 2016, Patrimonio Nacional solicitó del consistorio la exención permanente y total del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que se dictase resolución declarando nula la liquidación del citado impuesto efectuada por el ayuntamiento”, explicaron a preguntas de infoLibre fuentes oficiales del organismo que preside desde 2015 el jurista Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna.

Dicho recurso, prosiguen las mismas fuentes consultadas, se interpuso “con fundamento en el régimen fiscal aplicable en España a las entidades que integran la Iglesia Católica, así como para los inmuebles destinados a los fines que le son propios, recogido en el Acuerdo para Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, que en virtud del artículo 96 de la Constitución integra nuestro ordenamiento jurídico”. En concreto, continúan, el equipo jurídico de Patrimonio Nacional se escudó en el artículo IV 1). Un punto que, explican, “declara expresamente la exención total y permanente para los inmuebles destinados a los fines de la Iglesia Católica de la Contribución Territorial Urbana, figura tributaria existente entonces y hoy sustituida en nuestro sistema fiscal por el Impuesto de Bienes Inmuebles o IBI”.

El acuerdo con la Santa Sede no es la única norma que permite la exención fiscal en Cuelgamuros. También lo hace el decreto-ley de 1957 por el que se estableció la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que sigue vigente cuatro décadas después de la muerte del dictador a causa de los continuos incumplimientos legales de los sucesivos gobiernos en democracia de crear un nuevo marco jurídico para el complejo monumental. Dicha norma establece, en su artículo 3, que todos los edificios del Valle de Cuelgamuros (incluidos los mobiliarios y ajuares), así como los terrenos y derechos accesorios, “serán bienes de dominio público y tendrán, por consiguiente, el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no estarán sujetos a tributación”.

El Ayuntamiento renuncia a cobrar

A preguntas de este periódico, las fuentes de Patrimonio Nacional señalan que "no les consta" que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial haya adoptado ninguna otra iniciativa para garantizar el cobro de la liquidación del IBI girado en 2016 por la Basílica del Valle de los Caídos y añaden que tampoco hay abierto ningún procedimiento económico-administrativo ni contencioso-administrativo entre el consistorio madrileño y Patrimonio Nacional. Ambos datos son importantes porque evidencian que, tras el recurso interpuesto, el ayuntamiento decidió no continuar con la batalla para ingresar la factura girada en relación con el lugar de culto.

Si el consistorio hubiese querido seguir adelante con el cobro, debería haber activado el procedimiento de apremio, concediendo un plazo para abonar la cantidad reclamada y dejando la puerta abierta a realizar actuaciones de embargo y ejecución de los bienes del deudor si este permanecía inmóvil a la hora de hacer frente a la factura girada. Si se hubiera llegado a este punto, lo lógico hubiera sido que Patrimonio Nacional, en caso de mantenerse firme en su postura, hubiera llevado el asunto ante un tribunal económico-administrativo, un procedimiento que puede alargarse, como máximo, un año. Finalizada esta vía, el último peldaño habría sido llevar el cobro del IBI por la Basílica a la vía contencioso-administrativa.

infoLibre se ha puesto en contacto con el ayuntamiento madrileño para intentar conocer por qué renunció a cobrar la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por la Basílica y a cuánto ascendía dicha suma. La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Blanca Juárez (VXSLE), se negó a dar respuesta a ambas preguntas. “Toda la información relativa a los tributos es información especialmente protegida, no le puedo dar ninguna información sobre valor de la liquidación de IBI ni ningún dato referente a ello. Toda la documentación que puede ser pública al respecto ya lo es”, respondió la regidora a través del correo electrónico.

La batalla por el cobro del IBI de la Iglesia

La inexistencia, en gran parte de localidades españolas, de un censo que contabilice los bienes inmuebles de la Iglesia católica dificulta las estimaciones referentes a la cantidad que se deja de ingresar a causa de las exenciones eclesiásticas. En su informe de 2016, la organización Europa Laica indicaba que “como consecuencia de exenciones de impuestos las diferentes administraciones del Estado (central, autonómico y municipal) dejan de ingresar aproximadamente unos 2.000 millones de euros, cálculo aproximado, debido a la opacidad de los bienes de la Iglesia católica”. Concretamente, continuaban, “sólo del IBI (rústico y urbano) las administraciones locales pueden estar dejando de ingresar una cantidad cercana a los 700 millones de euros”. Contemplan, en dicho cómputo, a todos los inmuebles y suelo, sean destinados a culto o no.

Por su parte, los autores y asociaciones laicistas citados por el investigador Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, cifran en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado Italia, no estuviera exenta del IBI. La Fundació Ferrer i Guàrdia, en su Anuario de la Laicidad 2012, rebajó esta cifra hasta los 900 millones de euros anuales. La asociación Jueces para la Democracia, por su parte, se refirió en 2012 a una aportación de 3.000 millones de euros si la Iglesia abonara el IBI, además del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. El cálculo más conservador, por tanto, estima en 700 millones el agujero que genera en las arcas municipales el perdón del IBI a la Iglesia católica.

En los últimos años, la justicia ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones sobre el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la Iglesia católica. Uno de los últimos pronunciamientos judiciales se produjo el pasado mes de abril, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares sentenció que el Obispado de Mallorca debía abonar el IBI al Ayuntamiento de Escora por los inmuebles en los que se ubica una panadería, una tienda de recuerdos y una hospedería en el Santuario de Lluc. La sentencia, que no fue recurrida por la diócesis, apuntaba que la panadería "no puede entenderse vinculada a la actividad de culto religioso propia de la entidad contribuyente", como tampoco el resto de negocios. De esta manera, el juez rechazó el argumento planteado por el Obispado de Mallorca: la “actividad económica” de la panadería es "complementaria o auxiliar" al culto religioso y, por tanto, está exenta de tributación.

En julio de 1975, cuando al dictador Francisco Franco le quedaban pocos meses de vida, se inauguró el funicular del Valle de los Caídos, un aparato concebido para transportar un millar de personas a la hora desde la explanada de la Basílica hasta la terraza de la Cruz de Cuelgamuros. Por aquel entonces, el proyecto se vendió como una atracción turística que potenciaría las visitas al mausoleo fascista. Sin embargo, desde hace una década el aparato no es otra cosa que un pozo sin fondo de dinero público. El Ejecutivo, a través de Patrimonio Nacional, ha dilapidado sólo en los últimos seis años casi 200.000 euros en un funicular que lleva desde 2008 cerrado al público. La práctica totalidad de este desembolso se lo llevó una de las compañías del grupo que preside Florentino Pérez. Y, en algunos casos, a través de contratos que se adjudicaron de forma irregular, tal y como denunció en 2016 el propio Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del consejo de administración de Patrimonio Nacional.

Sólo entre 2012 y 2017, el Estado enterró en el funicular del Valle de los Caídos un total de 191.531,91 euros, tal y como se desprende de la respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy a una pregunta parlamentaria planteada por el senador de Compromís Carles Mulet. Del total, una parte muy pequeña, apenas 2.178 euros, fue desembolsada en 2016 a la empresa SGS Inspecciones Reglamentarias SA para la “prestación de servicios y estudio de las condiciones de seguridad” del aparato. El resto, 189.353,91 euros, fueron devorados en concepto de mantenimiento: 41.501,63 euros en 2012, 41.243,48 euros en 2013, 42.243,52 euros en 2014, 42.243,52 euros en 2015 y 21.121,76 euros en 2016. Este diario ha intentado, sin éxito, conocer a cuánto asciende el gasto desde que el aparato fue clausurado al público y los motivos por los que no consta ninguna adjudicación relativa al mantenimiento del funicular ni en la respuesta del Gobierno a Mulet ni en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los trabajos de conservación del aparato los lleva realizando la empresa Moncobra SA desde 2006, cuando consiguió la adjudicación del contrato “Operación y mantenimiento del funicular del Valle de los Caídos”. Dicha firma pertenece al Grupo Cobra, filial de la constructora ACS –que dirige Florentino Pérez– dedicada al desarrollo, creación y operación de infraestructuras industriales.

En los últimos meses, Moncobra SA ha saltado a la palestra en el marco del denominado caso La Sal, una investigación sobre la presunta trama de corrupción montada alrededor de la adjudicación de la Planta Desaladora Escombreras, en Cartagena. En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, lleva meses tratando de esclarecer una supuesta malversación de 600 millones de euros que salpica a varias firmas del grupo ACS –entre ellas Moncobra– y a varios exaltos cargos del Ejecutivo murciano.

Fraccionamiento de contratos

Algunos de los contratos de mantenimiento del funicular del mausoleo fascista fueron, además, adjudicados de manera irregular. Así lo indicó en 2016 el Tribunal de Cuentas, que dejó constancia de ello en un informe de fiscalización del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional: “Se aprecia en varios casos el fraccionamiento de las mismas prestaciones con la misma empresa en sucesivos contratos menores, cuya suma en el año supera el límite establecido para su tramitación por este procedimiento, eludiendo así los requisitos de publicidad y concurrencia”. En concreto, el organismo fiscalizador hacía alusión, entre otras adjudicaciones, a las dos para el mantenimiento del funicular que fueron concedidas en 2013 a la firma del grupo ACS. Por estos trabajos, conseguidos sin encontrar apenas competencia, la empresa del holding que capitanea Florentino Pérez se embolsó 42.243,48 euros, impuestos incluidos.

La Ley de Contratos del Sector Público que por aquel entonces estaba en vigor establecía que cualquier adjudicación que no fuera de obras sólo podía licitarse por la vía del contrato menor si no superaba los 18.000 euros (IVA excluido) –desde marzo de 2018, el listón se ha rebajado hasta un máximo de 15.000 euros–. Si Patrimonio Nacional hubiera sacado la conservación del aparato en una sola licitación, el límite legal habría sido rebasado y el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia debería haber recurrido al concurso público. Pero al partir estos trabajos en dos licitaciones diferentes –una de 17.999 euros y otra de 18.000 euros, impuestos excluidos–, la adjudicación pudo hacerse por la vía del contrato menor, eludiendo así los requisitos de publicidad y concurrencia.

Esta práctica, no obstante, es ilegal según la Ley de Contratos del Sector Público. “No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”, recoge el artículo 86.2 de la citada norma –el 99.2 de la ley que actualmente está en vigor–. Y así se lo recordó el Tribunal de Cuentas al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en el demoledor informe de fiscalización hecho público en 2016. Sin embargo, el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia ni siquiera trató de defenderse de dichas acusaciones en las casi 200 páginas de alegaciones que presentó ante el órgano fiscalizador.

Una década ‘parado’

El funicular del Valle de los Caídos fue abierto al público en julio de 1975. Al acto inaugural, que se inició con la bendición de las instalaciones por parte del entonces abad mitrado de Cuelgamuros, José María de Lojendio e Irure, acudieron el presidente de Patrimonio Nacional, el subsecretario de Información franquista y el alcalde de Madrid. Así, entre los aplausos de los asistentes, comenzó a funcionar en el complejo monumental un aparato con el que se buscaba potenciar las visitas al mausoleo fascista. “Puede transportar mil personas por hora. (…) Con este funicular cobran nuevos atractivos la visita turística al Valle de los Caídos”, se señalaba en el NO-DO del 21 de julio de 1975.

El aparato estuvo en funcionamiento continuo hasta 1999, cuando fue cerrado por primera vez al público. Permaneció fuera de servicio hasta 2004, cuando se reabrió después de una inyección de 2,34 millones de euros realizada por Patrimonio Nacional para la modernización de los sistemas de seguridad y la rehabilitación de la cafetería abierta en sus instalaciones. Sin embargo, y a pesar del enorme desembolso que supuso la nueva puesta a punto del funicular, los visitantes sólo pudieron disfrutar de él durante cuatro años. Desde julio de 2008, está “en funcionamiento limitado exclusivamente para el servicio interno y la conservación, en correcto estado, de la instalación” por el riesgo que tiene para las esculturas de la base de la cruz, según la versión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas.

A pesar de llevar una década completamente parado, desde Patrimonio Nacional han defendido la necesidad de seguir desembolsando dinero anualmente para su conservación. “La continuidad en este mantenimiento es importante para conservar el valor de la instalación y evitar su degradación, permitiendo el acceso de personal técnico a la base de la cruz. Si no se verificasen periódicamente un mínimo de operaciones, la degradación de la instalación supondría actuaciones futuras y mucho más costosas en cables de tracción, poleas y cojinetes, baterías y motores de accionamiento. (…) Por otro lado, un cierre prolongado de los equipos sin pasar las inspecciones anuales provocaría la pérdida de la autorización de funcionamiento que otorga la Comunidad de Madrid”, señaló el organismo dependiente de Presidencia en sus alegaciones ante el Tribunal de Cuentas.

Ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy. En los últimos 36 años, ninguno de los gobiernos que ha pasado por la Moncloa se ha puesto manos a la obra para regular la situación jurídica del Valle de los Caídos a pesar de estar obligados por ley a hacerlo. En concreto, llevan desde la década de los ochenta incumpliendo tanto la Ley Reguladora de Patrimonio Nacional de 1982 como el Real Decreto impulsado dos años después para la elaboración de una propuesta sobre el régimen jurídico del complejo monumental. Como consecuencia de estos reiterados olvidos, el mausoleo fascista donde reposan los restos de Francisco Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, sigue operando bajo normas aprobadas por el dictador en los años cincuenta del siglo pasado. 

La primera norma aprobada tras la recuperación de la democracia que afectó a Cuelgamuros fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales que otorgarían en 1982 una arrolladora victoria a Felipe González. Dicho texto, en su disposición final tercera, autoriza al Gobierno para, mediante Real Decreto, “establecer el nuevo régimen jurídico” de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la entidad que administra el complejo monumental con todos sus edificios, y “proveer especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”. Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco.

Con el objetivo de dar cumplimiento a todo ello, la ley de 1982 también obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo “una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio” de la Fundación del Valle de los Caídos. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en la Presidencia. Y, aunque se sabe que inició sus trabajos, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. “No se conocen, sin embargo, las propuestas [sobre el régimen jurídico] de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse”, recoge un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009, que obra en poder de infoLibre.

"Se encuentra deslegalizado"

Estos continuos incumplimientos a la hora de regular Cuelgamuros fueron reconocidos en 2016 por Patrimonio Nacional ante el Tribunal de Cuentas. De hecho, se agarraron a esta laguna para tratar de justificar las graves irregularidades que el organismo fiscalizador detectó en la Fundación del Valle de los Caídos. “Solamente señalaremos que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional sigue haciéndose cargo de su gestión de forma transitoria”, apuntaron en sus alegaciones recogidas en el informe, en las que reiteraron que desde 1982 “todo lo relativo” a Cuelgamuros “se encuentra deslegalizado” y que, por tanto, Patrimonio Nacional “estará a lo que el Gobierno establezca sobre la materia”. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, sostuvo que dicha “situación de transitoriedad” no excusa “la insuficiencia de control sobre los bienes y derechos de la Fundación” ni tampoco su “confusa gestión ordinaria”.

La consecuencia directa de los continuos incumplimientos de la ley es que el complejo monumental en el que reposan los restos de Franco y Primo de Rivera sigue, cuarenta años después de la muerte del dictador, rigiéndose por la armadura jurídica que fue tejida durante el franquismo: el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos; el Convenio de mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, para que estos monjes gestionen el monumento fascista, y el Reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la mencionada Fundación de la Santa Cruz.

La única restricción que se ha aprobado en democracia respecto de la normativa franquista es el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. En él se establece que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo".

El Gobierno ultima la exhumación de Franco

Desde que llegó a la Moncloa, la memoria histórica ha sido una de las banderas que ha agarrado con fuerza el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, sólo dos semanas después de llegar a la Presidencia, los socialistas anunciaron una de sus medidas estrella: la exhumación de los restos de Franco del mausoleo. Sin embargo, aunque se presentó como un paso que se daría antes de que finalizara el verano, lo cierto es que la resistencia de los nietos del dictador ha retrasado los tiempos que en un primer momento se habían marcado. 

Además de la negativa de los herederos de Franco, también se ha opuesto con firmeza a la exhumación el prior administrador de la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera Montenegro. El religioso, según desveló infoLibre, tiene un pasado estrechamente ligado al movimiento falangista: fue candidato del partido Falange Española Independiente en las elecciones generales de 1993 y en las europeas de 1994.

Pero el Ejecutivo de Sánchez ya tiene todo listo. Según han publicado este martes varios medios, ya están terminados tanto los informes preceptivos de la Abogacía del Estado como el texto que se llevará al Consejo de Ministros. Todo parece indicar que el Ejecutivo apostará por la fórmula del real decreto ley. Con esta opción se intenta imprimir a la exhumación de un respaldo político, puesto que el texto con fuerza de ley deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días. Esta fórmula, por tanto, obligará a los diferentes grupos políticos a posicionarse sobre la exhumación. Con todo listo, sólo falta decidir si este real decreto ley se lleva al Consejo de Ministros del próximo viernes o si, por el contrario, se espera hasta la vuelta de vacaciones.

Desde la recuperación de la democracia, la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la congregación religiosa que custodia los restos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, ha intentado sin descanso blanquear el significado real de Cuelgamuros. Los distintos líderes que esta pequeña comunidad benedictina ha tenido tras la muerte del dictador han repetido por activa y por pasiva que el enclave, situado en plena sierra de Guadarrama, no fue concebido para que la sombra dictatorial nunca desapareciese. Para ellos, el Valle de los Caídos no es un mausoleo con el que se busque honrar la memoria de Franco y del golpe de Estado de 1936, a pesar de que algunas de las inscripciones y símbolos que se repiten entre las paredes del complejo monumental lleven a pensar exactamente eso –“Caídos por dios y por España”, por poner un ejemplo–. Más bien, aseguran en su propia página web, es un lugar de “memoria y túmulo de todos los caídos”.

Pero aunque la comunidad benedictina se presente como protectora de un espacio de “reconciliación” entre “todos los caídos en la Guerra Civil, indistintamente del bando al que pertenecieran”, lo cierto es que el pasado y las declaraciones de algunos de sus líderes ponen en cuestión su carácter exclusivamente religioso y dejan entrever que la sombra de la extrema derecha nunca ha desaparecido de la Abadía. Más bien se ha mantenido hasta la actualidad. Tal y como ha publicado este martes infoLibre, el actual prior administrador de la congregación, Santiago Cantera Montenegro, fue candidato del partido Falange Española Independiente, una de las muchas formaciones falangistas que pugnaron por heredar el legado de Primo de Rivera tras la muerte del dictador, en las elecciones generales de 1993 y en los comicios europeos de 1994. Por aquel entonces, tenía poco más de veinte años.

Cantera Montenegro no ha sido, ni mucho menos, el único religioso al frente de la congregación que ha mantenido vínculos con el franquismo o el movimiento falangista. A lo largo de su historia, en la silla abacial se han sentado desde un fraile estrechamente ligado a la Sección Femenina liderada por Pilar Primo de Rivera hasta un exportavoz de la política exterior de la dictadura durante los años de Alberto Martín-Artajo como ministro de Asuntos Exteriores de Franco. Sin olvidarse de algún otro líder más reciente que, aunque no se le conozca una vinculación en el pasado tan directa como a Cantera con la extrema derecha, ha dejado alguna que otra declaración sobre el franquismo y la construcción del Valle de los Caídos por la que ha sido duramente recriminado.

Pérez de Urbel y la Sección Femenina

Con la Guerra Civil sentenciada, el primer movimiento del bando golpista fue dictar un decreto en el que se acordaba la construcción de “un magno monumento” destinado a “perpetuar la memoria de los Caídos de la Cruzada de Liberación” y que sirviera “como ejemplo para generaciones venideras”. El dictador no tardó en localizar el emplazamiento perfecto. Sólo un año después, en abril de 1940, ordenó que el mausoleo franquista fuera levantado en plena sierra de Guadarrama, en la vertiente conocida con el nombre de Cuelgamuros. Con el lugar elegido y el proyecto en mente, se inició el levantamiento del descomunal complejo monumental, un proceso de construcción que se prolongó durante casi dos décadas y en el que trabajaron como mano de obra esclava más de 20.000 presos políticos. A la ceremonia de inicio de las obras asistieron los embajadores de la Alemania nazi y la Italia fascista.

A tres años de su finalización, Franco veía cómo las obras del “magno monumento” en honor a “los que dieron la vida por dios y por la patria” avanzaban a buen ritmo. Sin embargo, al megalómano proyecto arquitectónico le faltaba una comunidad religiosa que lo custodiase. Por eso, a través de su ministro de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, pidió al renombrado fraile Justo Pérez de Urbel que la buscase. El 23 de agosto de 1957 se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos con el fin de “rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”. Aquel decreto-Ley también fijaba el establecimiento de una Abadía Benedictina en Cuelgamuros. El 17 de julio de 1958, con las obras terminadas y cuando sólo quedaban unos meses para la inauguración, desembarcaron en el Valle de los Caídos una veintena de monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos.

Con la aprobación del Vaticano, se nombró primer abad de la comunidad a Pérez de Urbel, que recibió en octubre de ese año la bendición abacial en la capilla del Palacio Real de Madrid con el propio Franco como padrino. La vinculación de este religioso estuvo, incluso desde antes de que acabara la Guerra Civil, muy ligada al movimiento falangista, tal y como consta en la reseña biográfica que la Abadía de Silos publicó sobre el monje en el treinta aniversario de su muerte. Justo Pérez de Urbel comenzó en 1938 una “colaboración religiosa” con la Sección Femenina de la Falange Española: “El 17 de mayo, Pilar Primo de Rivera escribe al P. Justo pidiéndole que se ocupe de la formación religiosa de la escuela de jefes de la Sección Femenina que piensan abrir en Málaga. Y adelanta las materias que debe tratar: liturgia, antiguo y nuevo testamento, canto gregoriano…”.

La colaboración con la organización duró casi cuatro décadas. El 7 de julio de 1977, Pilar Primo de Rivera le comunicó su cese tras la supresión de la Secretaría General del Movimiento y la desaparición de la Sección Femenina. La hermana del Fundador de la Falange siempre le tuvo en gran estima. Por eso, tras la muerte del monje en 1979, no tardó en pronunciar un enorme agradecimiento a la colaboración de un hombre que “nos hizo entrar en un mundo nuevo que nos llevaba hacia dios”. “Fue (…) el que nos acercó de manera definitiva a la Orden Benedictina, cuya influencia a través de la Sección Femenina ha trascendido a millones de personas que han pasado por las escuelas, colegios mayores o menores, albergues (…). Todo esto y para siempre se lo deberá España a fray Justo”, señaló Primo de Rivera, según consta en la biografía que firma el monje de Silos Norberto Núñez.

El primer líder de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, al que desde las Jons y desde Falange se le encargó en 1938 la fusión de las revistas Flechas y PelayoFlechasPelayo, se mantuvo como abad durante ocho años. La carga de trabajo que mantuvo durante su estancia en la cúpula de la congregación –compaginaba este cargo con el de profesor en la Universidad Complutense, miembro del CSIC o diputado en las Cortes franquistas– le llevó a presentar, en septiembre de 1966, su renuncia al cargo. Tardó menos de un mes en intentar dar marcha atrás. Sin embargo, Roma ya había tomado una decisión. En noviembre de ese año, se nombró un sustituto para un Pérez de Urbel que siempre afeó a la congregación el modo en el que se produjo su salida: “En realidad mi casa, mi comunidad, es el Valle de los Caídos. Pero allí no puedo volver, me defenestraron”.

Conoció bien al ex abad el escritor y periodista Carlos Luis Álvarez CándidoCándido, quien en sus comienzos profesionales trabajó para el religioso. De esa época, siempre contaba una anécdota: que en 1956 cobró 25.000 pesetas por escribir más 370 páginas con biografías de más de una veintena de supuestos mártires de la Guerra Civil. Ese libro, titulado Los mártires de la Iglesia y firmado por Pérez de Urbel, contiene unos cuantos mártires inventados por Cándido para rellenar el espacio que le habían encargado. 

Luis María de Lojendio, de propagandista a monje

El siguiente abad que conoció la pequeña comunidad benedictina tras la salida de Pérez de Urbel fue el vasco Luis María de Lojendio e Irure, que tomó posesión del cargo eclesiástico en enero de 1969. Nacido en San Sebastián, a este religioso le pilló el golpe de Estado de 1936 en su ciudad natal, donde fue detenido junto a uno de sus hermanos, que había participado en la fundación de la formación conservadora y católica Derecha Autónoma Vasca, vinculada a la CEDA. Los hermanos Lojendio fueron liberados en septiembre de ese año, al tiempo que Gipuzkoa caía en manos de los golpistas. Ya en la calle, el que más tarde sería abad del Valle de los Caídos se integró en la Oficina de Prensa del Gabinete Diplomático del Cuartel General de Franco y, en julio de 1937, se incorporó al Cuerpo de Oficiales de Prensa, encargado de la “vigilancia periodística”.

Durante 1946, con el régimen dictatorial español muy señalado a nivel internacional, se llevó a cabo una reforma del Ministerio de Asuntos Exteriores franquista, que por aquel entonces lideraba Alberto Martín-Artajo. Fue en el contexto de todos esos cambios cuando se creó la Oficina de Información Diplomática (OID) con el objetivo de combatir las informaciones críticas que se publicaban del Gobierno franquista desde el exterior. Su primer responsable sería Luis María de Lojendio, que accedió al cargo como jefe técnico en enero de 1946. Durante los doce años en los que capitaneó la OID –salió en enero de 1958–, “se afanó por ofrecer al mundo (…) una imagen gubernamental anticomunista, católica y de rasgos menos totalitarios”, señala el historiador Juan Manuel Fernández Fernández-Cuesta en un artículo sobre el religioso.

Consejero personal del ministro durante su etapa en Asuntos Exteriores, Luis María de Lojendio decidió abandonar la vida pública tras la salida de Martín-Artajo del Gobierno franquista. En 1960, ingresó como novicio en la orden benedictina del Monasterio de Silos y, nueve años después, fue nombrado abad del Valle de los Caídos. “Allí recuperó sus viejas adhesiones franquistas, que el propio Franco le agradeció personalmente en el Palacio del Pardo”, señala el historiador en “Luis María de Lojendio, portavoz de la política exterior española en la Guerra Fría”. Desde aquel momento, las visitas del dictador y altos cargos franquistas al religioso se convirtieron en habituales. En 1979, cuatro años después de la muerte de Franco, renunció a seguir liderando la congregación benedictina.

Un abad negacionista en democracia

Con la salida de Lojendio, la silla abacial la fueron ocupando, por orden, los religiosos Emilio María Aparicio, Ernesto Dolado y Anselmo Álvarez. De los dos primeros, la información que hay es muy escasa. Sin embargo, el último de los religiosos, aunque no consta que haya tenido una vinculación tan directa como en los casos anteriores con el franquismo y el falangismo, sí que ha saltado a la palestra en más de una ocasión por sus declaraciones y escritos sobre la dictadura. Desde decir que es “rigurosamente falso” que el bando franquista asesinase a más de 100.000 personas hasta negar que los presos que trabajaron en Cuelgamuros lo hicieran obligados: “Dada la voluntariedad en la prestación del trabajo y las condiciones en que éste se desarrolló (…) no puede decirse sin falsedad evidente que (…) fuera un campo de concentración ni de explotación de trabajo esclavo de los presos políticos”.

El prior administrador de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la congregación religiosa que custodia los restos del dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, siempre ha defendido que Cuelgamuros es “un lugar de reconciliación”. Sin embargo, el pasado de la mayoría de líderes que ha tenido la pequeña comunidad benedictina a lo largo de su historia hace pensar que los tentáculos de la extrema derecha siempre han estado bien presentes en la cúpula de la Abadía. Incluso a día de hoy. El actual prior administrador, Santiago Cantera Montenegro, fue candidato del partido Falange Española Independiente (FEI) al menos en dos procesos electorales, tal y como ha podido comprobar infoLibre a través de la documentación que figura en la página web de la Junta Electoral Central (JEC). En ambos comicios, el monje ocupó puestos de cierre en las listas y no salió elegido.

La primera vez que aparece el nombre del prior administrador de la Abadía Benedictina en una lista electoral es en las generales del año 1993, la última victoria en las urnas de un Felipe González acorralado por los escándalos. En esos comicios, Santiago Cantera, que por aquel entonces era un joven madrileño de 21 años, ocupaba el puesto número 32 de la lista que Falange Española Independiente presentó por la capital para el Congreso de los Diputados [consulta aquí en PDF, en la página 51, la candidatura proclamada para las elecciones de 1993]. Pero ni Cantera ni ningún otro candidato de los que presentó aquel año la formación falangista para la Cámara Baja y el Senado consiguieron hacerse con un solo escaño de los que estaban en juego. La FEI se tuvo que conformar con arrancar de las urnas un ridículo 0,01% de los votos –1.415 votos, de los que 1.212 fueron en Madrid y 203 en Soria–.

A pesar del pésimo resultado, la formación falangista volvió a intentarlo un año después. Y Cantera estuvo ahí nuevamente. El actual prior administrador de la Abadía del Valle de los Caídos también se presentó en la candidatura de Falange Española Independiente para las elecciones al Parlamento Europeo de 1994, unos comicios en los que se impuso el PP de José María Aznar. En esta ocasión, ocupó el puesto número 40 de la lista [consulta aquí en PDF, en la página 7, la candidatura proclamada para las europeas de 1994]. Y, como ocurrió un año antes, ni él ni ningún otro candidato de la formación falangista consiguieron entrar en la Eurocámara. Aunque el partido había mejorado su resultado respecto a las generales de 1993, su fuerza en las urnas seguía siendo testimonial: apenas consiguió arrancar el 0,03% de las papeletas –5.602 sufragios–. Su principal granero de votos fue, otra vez, Madrid.

Tras estos segundos comicios, el nombre de Cantera Montenegro, que ingresó en la congregación religiosa en 2002, no volvió a aparecer en las listas de la FEI. Este diario ha intentado desde el viernes ponerse en contacto con el prior administrador para preguntarle por su antigua relación con el movimiento falangista español. Ante la imposibilidad de hablar con él a través del número de teléfono de la Abadía de la Santa Cruz –"Está fuera”, se limitó a decir uno de los monjes a infoLibre–, se remitió un mail a la dirección de correo electrónico que figura en la web de la congregación religiosa con una serie de preguntas –pueden consultarse en la Caja Negra al final de esta información–. Al cierre de esta edición, no ha habido respuesta.

El nacimiento y la caída de la FEI

La FEI nació durante los primeros compases de la Transición. Tras la muerte del dictador, la familia falangista se encontraba atomizada en varias organizaciones que se disputaban el legado de José Antonio Primo de Rivera. “Los conflictos cristalizan fundamentalmente en torno a la cuestión de quién debía ser el exclusivo propietario de los símbolos de la Falange”, explica Sophie Baby en su libro El mito de la transición pacífica. Tras la aprobación de la Ley de Asociación Política de 1976, los intentos de unir a todo el falangismo fueron múltiples. Incluso hubo momentos en los que parecía que esta unidad cristalizaría. En julio de ese año, por ejemplo, los principales grupos firmaron el Pacto de Matute, donde se establecía que quien obtuviese legalmente las siglas de FE de las Jons debía abrir un “proceso constituyente” para integrar a todos “aquellos españoles” que tuvieran “fidelidad a la doctrina de José Antonio”.

Pero los intentos de aglutinar a todo el falangismo fracasaron. Finalmente, el Consejo de Ministros terminó adjudicando el 17 de septiembre de 1976 la denominación de FE de las Jons al grupo liderado por el histórico Raimundo Fernández-Cuesta –el Frente Nacional Español–. Unos meses más tarde, en febrero del año siguiente, se constituyó oficialmente como partido político la Falange Española Independiente –integrada por las organizaciones Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), Círculos Ruiz de Alda, Juventudes Falangistas y Asociación Juvenil Octubre–. Liderada por Sigfredo Hillers, desde el primer momento quisieron dejar claro que ninguna persona o grupo podía “ostentar el monopolio del nombre y los símbolos que son patrimonio de todos los falangistas” y, por tanto, no reconocieron la legitimidad ni del grupo de Fernández-Cuesta ni del sector bajo el nombre Falange Auténtica.

Poco tardó la FEI en dar sus primeras muestras de debilidad. En la década de los 80, con la salida de Hillers de la esfera política, una parte importante de la estructura del partido se integró en FE de las Jons. Sin embargo, un grupo de veteranos vinculados al Frente de Estudiantes Sindicalistas, organización en la que José María Aznar militó durante su juventud, decidieron seguir adelante con la formación aprovechando las crisis internas de otros partidos falangistas. En febrero de 2004, Falange Española Independiente y Falange 2000 terminaron fusionándose con FE de las Jons. Además de Cantera Montenegro, en las listas electorales de la FEI han figurado nombres tan reconocidos como el del presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, que participó bajo estas siglas en las elecciones de 1996, 1999 y 2000.

Un monje en el punto de mira

El prior administrador de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos apenas vivió la dictadura. Nacido en Madrid en 1972, el único recuerdo que Santiago Cantera Montenegro conserva del franquismo es, como señaló en una entrevista en El Independiente, del funeral del caudillo: “Sólo recuerdo alguna imagen de la comitiva cuando se dirigía hacia el Valle de los Caídos”. Con poco más de veinte años, el religioso intentó entrar en el mundo de la política de la mano de Falange Española Independiente. Tras el fracaso del partido en las dos citas electorales en las que se presentó como candidato, Cantera decidió centrarse en sus estudios. Con la entrada del nuevo siglo, el prior se doctoró en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde también fue becario de investigación, y comenzó a impartir clases de esta materia en la Universidad San Pablo-CEU.

En 2002, cuando tenía treinta años, Cantera Montenegro decidió dejar de dar clases de Historia en la universidad e ingresó en la congregación benedictina, dependiente de la francesa Abadía de Solesmes. A pesar de ello, el experto medievalista nunca ha dejado de escribir. Actualmente, tiene más de una quincena de libros publicados, además de otros tantos artículos: Historia breve de la caridad y de la acción social de la Iglesia,  La crisis de Occidente, Así iban a la muerte: testimonios jóvenes de la guerra de España (1936-1939), Hispania-Spania… En esta última obra, por ejemplo, afirma que “el nombre de Cataluña no aparece hasta bien avanzado el siglo XII” o carga contra los que reivindican el carácter civil de la mezquita-catedral de Córdoba asegurando que “el andalucismo y el ‘filoislamismo’ que adora el pasado andalusí” sostienen “mitos sin fundamento histórico”.

Cantera Montenegro fue nombrado líder de la congregación en septiembre de 2014. Sin embargo, no obtuvo el apoyo necesario entre los monjes para ser proclamado abad, por lo que se tuvo que conformar con el puesto de prior-administrador, un rango inferior en el escalafón eclesiástico. Desde su llegada al cargo, Cantera se ha esforzado por 'vender' el Valle de los Caídos como un monumento por la reconciliación: “Los que cayeron enfrentados están hermanados hoy aquí [en Cuelgamuros] de cara a la eternidad”. Por eso, en alguna ocasión ha cargado contra las políticas de memoria histórica: “[La división entre las dos Españas] nunca podrá ser superada por un deseo de revancha, de venganza, de resucitar odios que parecían ya desaparecidos o al menos dormidos”, dijo el 20 de noviembre de 2013 durante la misa funeral que todos los años se celebra en recuerdo a Franco y Primo de Rivera.

Pero la figura de este monje benedictino, al que se le encargó oficiar a finales del año pasado la misa en el tanatorio por la muerte de Carmen Franco, ha sido duramente criticada, sobre todo, durante los últimos meses. Primero, por negarse a ejecutar la sentencia judicial que daba luz verde a la exhumación de los hermanos Antonio y Manuel Lapeña, lo que provocó que fuera llamado a declarar a la Comisión de Justicia del Senado –a la que no se presentó– y recibiera un rapapolvo importante del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Y ahora, por oponerse firmemente a la exhumación de los restos del dictador y del fundador de la Falange. Un movimiento con el que intenta defender, tal y como dijo Cantera la pasada semana durante la oración de consagración a la Virgen del Carmen recogida por eldiario.es, un lugar en el que “reposan los restos de tantos hijos” que “inmolaron su vida en beneficio de la patria”.

  Las preguntas que infoLibre remitió el pasado sábado al prior administrador de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos a través del correo electrónico de contacto que aparece en la página web de la congregación religiosa fueron las siguientes:

1.- Nos consta que usted, antes de incorporarse a la congregación religiosa, se presentó a las elecciones generales de 1993 y a las elecciones europeas de 1994 en las listas del partido Falange Española Independiente (FEI). En concreto, su nombre figuraba en el puesto 32 de la candidatura de FEI para el Congreso de los Diputados del año 1993 y en el puesto 40 de la candidatura de FEI para el Parlamento Europeo. ¿Le gustaría aclarar o matizar algo al respecto?

2.- Durante esos dos años, ¿qué relación le unía con Falange Española Independiente?

3.- ¿Desde cuándo, y hasta cuándo, estuvo usted ligado a ese partido?

4.- ¿Ocupó, en algún momento, algún cargo dentro de la FEI?

5.- En 2004, Falange Española Independiente se integró en Falange Española de las Jons. Por tanto, ¿mantiene en la actualidad algún tipo de vinculación con Falange Española de las Jons?