Los golpes, las agresiones físicas o sexuales, el asesinato son las expresiones más evidentes de la violencia machista. Pero todo culmen va precedido de un conjunto de escalones que permite el desarrollo y el arraigo de ese comportamiento. Toda la estructura que compone y alimenta la violencia de género se materializa en el día a día de las mujeres. Y por eso, a vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, resulta oportuno recordar el modo en que la violencia machista no sólo tiene una presencia absoluta en la vida cotidiana de ellas, sino que se las ingenia para, a través de los múltiples canales que ofrece el patriarcado, estar presente en todas las esferas y etapas vitales de las mujeres.

Ésta es la forma en que se expresa la violencia de género en terrenos como la adolescencia, el ámbito laboral, la justicia y la sanidad. 

  Infancia y adolescencia

La ONG Plan Internacional denuncia que, a nivel mundial, "cada segundo cuatro niñas sufren abusos en el colegio. Los profesores, el personal que se encarga del mantenimiento de las aulas o incluso el propio alumnado de mayor edad perpetran la violencia física, psicológica y sexual". España no se encuentra libre de esta lacra. La violencia contra las niñas en el país continúa siendo "una realidad oculta y poco documentada". Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años que viven en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. "Las investigaciones sobre violencia hacia las niñas y los mecanismos de recogida de datos oficiales no nos están ofreciendo la verdadera dimensión del problema. Además, falta poner en marcha mecanismos de denuncia accesibles a las niñas y niños, para derrumbar el muro de impunidad y todos los obstáculos en la persecución de este tipo de violencia", denuncia la organización.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 179 menores fueron enjuiciados por delitos de violencia contra la mujer, imponiéndose medidas en un 90,62% de los casos. La Memoria de la Fiscalía General del Estado señala que desde 2012 se ha experimentado un ascenso paulatino de los casos de violencia machista entre menores, siendo 2016 el año con mayores cifras. Esto "pone de manifiesto el adelanto en el inicio de las relaciones sentimentales entre los jóvenes que, a pesar de ser incipientes, ya se asientan sobre bases de control y dominación del chico sobre la chica especialmente a través de las nuevas tecnologías".

Las conclusiones del Ministerio Público vetan cualquier signo de optimismo. "Todo parece indicar que estamos fallando en la transmisión de valores de igualdad y no discriminación, lo que nos obligaría a replantearnos parámetros de actuación en la escuela y familia", advierte.

Más allá de las agresiones físicas, el machismo se ha instalado en los hábitos de los adolescentes a través de expresiones sutiles pero especialmente tóxicas. En marzo de este año, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lanzó la campaña Diez formas de violencia de género digitalDiez formas de violencia de género digital, que advierte de comportamientos dañinos ejecutados habitualmente por chicos adolescentes, como espiar el móvil de sus parejas, acosarlas a través de redes sociales o censurar las fotos que comparten. En abril, un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela constataba que las redes sociales perpetúan los roles de género y el machismo entre los adolescentes.

Además, el 27,4% de los jóvenes –de entre 15 y 29 años– considera que la violencia de género es "normal" en una relación de pareja y el 21,2% cree que se trata de un tema "politizado" que "se exagera", según el Barómetro 2017 de ProyectoScopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).

  Las trabas del aparato judicial

Las lagunas a nivel legislativo, el dificultoso proceso de denuncia y la falta de garantías hacen del aparato judicial uno de los principales órganos a reformar, según el movimiento feminista. Colectivos de profesionales como Mujeres Juezas o Women's Link Worldwide, entre otras muchas, han denunciado reiteradamente la escasa formación de los trabajadores y los obstáculos que deben afrontar las víctimas.

Esteffany Molina, abogada de Women's Link Worldwide recuerda que su asociación ha identificado "a lo largo de los años muchas sentencias o decisiones judiciales cargadas de estereotipos de género". Este tipo de resoluciones "obstaculizan el acceso a la justicia por parte de las víctimas o supervivientes de violencia de género o sexual", lo que impide "la protección de los derechos humanos de las mujeres, las revictimiza y se genera un ambiente de impunidad" que funciona como "caldo de cultivo para que exista más violencia y formas de discriminación".

En el año 2017 la Audiencia Provincial de Cantabria condenó por abuso sexual a un hombre que agredió sexualmente a una niña desde que ésta tenía cinco años. La condena, sin embargo, apuntaba a un abuso sexual, pero no a una agresión, por considerar la imposibilidad de probar que la niña "opusiera resistencia física o protestara, llorara o gritara" para impedir los abusos sexuales. La pena final, en lugar de los diez años de cárcel que solicitaba la acusación, fue de tres años y nueve meses de prisión para el agresor. Este ejemplo "deja en total impunidad un caso de violencia sexual y marca cómo debería ser el comportamiento de la víctima", reflexiona Molina, del mismo modo que ocurre con el juicio a La Manada.

Esta y otras sentencias "muestran los estereotipos de género y mitos alrededor de la violencia" machista y específicamente de la sexual. El resultado es la "desconfianza" por parte de las víctimas. "Aplicar estereotipos de género en causas de violencia machista genera desconfianza en las víctimas y funciona como obstáculo para que accedan a la justicia en condiciones de igualdad y dignidad", detalla Molina.

Todo ello evidencia que el sistema judicial necesita "formación en estereotipos de género, en violencia machista y en violencia sexual". Lo contrario, de hecho, supone un "incumplimiento claro de todo lo que han venido diciendo convenios internacionales" como el de Estambul o la ONU tras el caso de Ángela González.

¿Por qué, entonces, no se incurre en esta necesaria formación? La principal razón, opina la letrada, es "la falta de voluntad política para afrontar la violencia machista". "Esto hace además que no se amplíe la Ley contra la Violencia de Género" y quede limitada únicamente al ámbito de la pareja, de modo que la violencia sexual se encuentra excluida y su tratamiento en los tribunales es diferente. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en este sentido, es "un avance importante pero no tiene esa fuerza vinculante para exigir el cumplimiento de todas esas cuestiones. Al final el compromiso se diluye".

  La violencia en el ámbito laboral

La violencia de género también tiene incidencia en la vida laboral de las mujeres. Un informe elaborado por UGT de cara a este 25N recuerda que "la violencia de género es una de las formas de expresión del poder que ejercen los hombres sobre las mujeres y que se extiende a todos los ámbitos de la vida". Tal y como indica el sindicato, "las diferencias de género y la discriminación de la mujer por el hecho de haber nacido mujer se ponen de manifiesto de forma continua, año tras año, en los datos sobre empleo, salarios, acceso a los puestos de responsabilidad y de poder, en la asunción de responsabilidades familiares, en el acoso sexual y en acoso por razón de sexo en el trabajo".

Según el informe, apenas 91 mujeres víctimas de violencia machista han suspendido o extinguido su contrato de trabajo con derecho a prestación o subsidio por desempleo en 2016, dos menos que en el año anterior. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, denuncia en conversación con este diario que no debería ser necesaria una sentencia judicial para poder solicitar la suspensión o extinción del empleo, algo que actualmente es requisito fundamental.

La inserción laboral de las víctimas, por otro lado, es una "tarea pendiente" para las empresas, con un impulso de incentivos aún "muy limitado". Las contrataciones a víctimas han descendido un 0,6% respecto al año anterior, y supusieron el 0,009% de los contratos creados en 2016. De ellos, el 75,5% fueron de carácter temporal.

Elena Blasco, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, recuerda igualmente fenómenos como la brecha de género o la desigualdad salarial que se dan, de forma "totalmente extendida", en el conjunto de la Unión Europea. Y no sólo a nivel económico, apunta, sino también respecto a "complementos indirectos y directos en la retribución dineraria, en las posibilidades de acceso y en la promoción dentro del ámbito laboral". La brecha de género es "clara y hace que las mujeres seamos las primera víctimas de la pobreza", añade.

En cuanto al acoso sexual, se presenta como "la expresión de la violencia de género en el ámbito laboral", pero la denuncia es aún escasa. Según el informe La violencia y el acoso laboral en Europa: alcance, repercusiones y políticas, en España la denuncia en este terreno sólo alcanza el 8%, casi la mitad respecto a la media europea. Además, el sector donde más aumenta el acoso es en el de servicios, "altamente feminizado". Antoñanzas explica en primer lugar que "las víctimas están muy invisibilizadas", y en la mayoría de los casos son "sus superiores quienes acosan".

El proceso de denuncia en el ámbito laboral, por tanto, incurre en una doble victimización de la mujer, ya que "la primera respuesta de la empresa es cambiar a la víctima de lugar de trabajo en vez de ir al foco, que es el acosador", relata Antoñanzas. Existe, asimismo, "excesiva tolerancia hacia conductas o actitudes que lo perciben como algo normal", agrega Blasco. Para acabar con todo ello, es necesaria la "negociación colectiva". "No queremos el aislamiento de la víctima, sino identificar el problema" para poder terminar con él, siempre actuando sobre "la persona acosadora y no trasladando a la víctima o haciendo que finalice la relación laboral".

  Sanidad y atención a las víctimas

El problema de la violencia machista en el ámbito sanitario redunda en "cómo se atiende a las mujeres víctimas de malos tratos y violencia sexual", apunta Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid y de la Federación Española de Planificación Familiar. La normativa en este sentido presenta diferencias importantes en función de la comunidad autónoma. "Hay un protocolo a nivel estatal sobre la atención a mujeres maltratadas en atención primaria y además normativas distintas en cada comunidad", explica Montero.

En estos términos se expresa el informe elaborado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, publicado en diciembre de 2016. El estudio señala ejemplos como el madrileño Hospital la Paz, "referente para la atención a víctimas de agresiones sexuales". Aunque el centro elaboró un protocolo específico en 2011, las mujeres que son violadas y acuden al hospital, "si no han interpuesto denuncia, tienen muchas dificultades para recibir la atención adecuada, y si quieren poner denuncia tienen que desplazarse por su cuenta", lo que genera una "auténtica revictimización por parte de las instituciones".

En Galicia, el protocolo indica que el personal sanitario realizará una comunicación inmediata "a través del Juzgado de Guardia para asistencia del médico forense y la realización de las actuaciones de forma conjunta con especialista en ginecología", mientras que Navarra y País Vasco, por su parte, cuentan con recursos para mujeres víctimas de maltrato y de violencia sexual, que son revisados y evaluados cada dos años mediante acuerdos institucionales. También cuentan con teléfonos de atención 24 horas, así como asistencia jurídica y psicológica especializada.

El estudio critica que, respecto a las ayudas que reciben las víctimas, la ley exige "como requisito para ser beneficiaria haber sufrido lesiones graves que se traducen en incapacidad permanente o laboral de más de seis meses". Esto significa que las ayudas son "sistemáticamente denegadas, como consecuencia de la taxatividad" de la norma a la hora de definir las lesiones y daños susceptibles de ser indemnizados.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado hace dos meses y pendiente de su puesta en marcha, contempla una mejora en la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios, que deberá ir acompasada con una mejora de la formación especializada de los profesionales. De nuevo, las expertas confían en que las buenas intenciones que recoge el acuerdo se materialicen en efectos prácticos para beneficio de las víctimas.

Todo esto os perdéis, malditos maltratadores. ________________________Juan Luis Cano es periodista, escritor, uno de los creadores de ‘Gomaespuma’ y miembro de la Sociedad de Amigos de infoLibre.

Hace más de un mes que la imprescindible revista de periodismo de la Universidad neoyorquina de Columbia aborda a diario lo que denomina el efecto Weinstein, esa importante oleada de denuncias que surgió después de hacerse públicos, a comienzos de octubre, los presuntos abusos sexuales cometidos por el poderoso productor hollywoodiense Harvey Weinstein.

El pasado viernes 10 de noviembre, la revista le dedicaba a ese tema su newsletter dominical. El titular era bastante elocuente: “Cuando el efecto Weinstein se transforma en torrente”. La víspera, recuerda la Columbia Journalism Review, se habían hecho públicas nuevas  revelaciones hasta el punto de que no cabían todas en la portada de The Huffington Post.

The Washington Post publicaba que Roy Moore, candidato republicano por Alabama, en unas elecciones cruciales previstas para el 12 de diciembre, sometió a tocamientos a una menor en 1979. Moore, a quien han dejado de lado numerosos republicanos, desmentía con torpeza las acusaciones, se niega a renunciar al cargo y denuncia la existencia de un complot político, al tiempo que acusa de mentir a las denunciantes (que se reafirman en lo dicho).

Cinco mujeres también han contado en las páginas de The New York Times cómo el célebre humorista Louis CK, que se reía de los agresores sexuales en sus sketchs y que se hacía pasar por feminista, se masturbaba delante de ellas. Tras negarse a responder en un primer momento, Louis CK, cuya tendencia a exhibir su pene ya fue objeto de un artículo en 2012 en el que no aparecía explícitamente su nombre, reconocía los hechos: “Todo es verdad”.

En la misma edición, el diario neoyorquino acusaba al empresario hostelero André Balazs, propietario de los hoteles Standard y del celebérrimo castillo Marmont de Los Ángeles, de mantener, con varias mujeres, relaciones sexuales no deseadas; el periódico también abordaba el despido por acoso de Benjamín Genocchio, director de una famosa feria de arte contemporánea de Manhattan; el relato desgarrador de Diana Nyad, nadadora de 68 años, agredida sexualmente por su “venerado” entrenador cuando tenía 14 años.

La denuncia pública de todas mujeres, surgida a raíz de la inmensa ola de #MeeToo, que vio la luz en las redes sociales, ha permitido conocer los abusos sexuales cometidos por hombres que se encontraban en una situación de poder. “En los 70, en el movimiento feminista, hablábamos de 'detonante'", cuenta en The New York Times la feminista Barbara Berg. "En este momento, estamos pasando por ese detonante. ¡Basta! Se ha producido un efecto bola de nieve. Hay mujeres que atacan a los poderosos, a ellas ya no se les dice como hasta ahora ‘es lo que hay, hay que vivir con ello' y eso anima a otras mujeres a levantar la voz”.

“Nunca he visto algo así”, se felicitaba recientemente Anita Hilla. En 1991, esta profesora de derecho compareció en el Senado de Estados Unidos con el fin de denunciar el acoso sexual que sufrió a principios de los 80. Acusaba a su jefe, Clarence Thomas, entonces aspirante al Tribunal Supremo. Thomas finalmente consiguió llegar al Alto Tribunal –y allí sigue–, pero el testimonio de Anita Hilla removió muchas conciencias en todo el país y consiguió que aumentasen las denuncias, por lo que el Congreso reforzó el arsenal legislativo en contra del acoso sexual.

En Francia, “país de las galanterías, las groserías y la chulería”, según la actriz Isabelle Adjani, los tuits publicados con la etiqueta #DenunciaAlCerdo se vinculan demasiado a menudo con una denuncia malsana, expresión de un nuevo “orden moral” teorizado por feministas activistas que identifican, sin matices, seducción y agresión, acabando con cualquier posibilidad de flirteo o de ligoteo. O simplemente con un exceso de puritanismo dudoso, importado directamente de Estados Unidos.

Este análisis reflejo, y corto, impide ver lo que sucede realmente al otro lado del Atlántico: por primera vez, mujeres -y también algunos hombres- a quienes hasta la fecha no se les había dado voz (por temor a represalias, habían alcanzado acuerdos financieros con sus agresores, tenían miedo a convertirse en acusadoras, sabían que no habría consecuencias judiciales, etc.) están dispuestas a contar los abusos sufridos a diario por parte de personalidades influyentes del cine, de la televisión, del periodismo o de la cultura pop.

La mayoría de las investigaciones, publicadas por los principales medios de comunicación de Estados Unidos en las últimas semanas, lejos de ser acusaciones sin pruebas, son fruto de un trabajo periodístico minucioso, que se nutre de numerosas fuentes, la mayoría identificadas con nombres y apellidos.

Weinstein, un predador entre otros

Estas historias no se parecen, necesariamente. No hablan todas de violaciones o de agresiones en cadena al estilo Weinstein, pero en los relatos, se cuestiona un sistema de representación. Se trata de una boys culture que permite a los hombres poderosos pensar que pueden disponer a su antojo del cuerpo de las mujeres, reducirlos a su mera condición de presa sexual, humillarlas. Se trata de la misma cultura que autoriza a Donald Trump a hablar de “conversaciones de vestuario” cuando justificaba haberse vanagloriado en privado de “coger a las mujeres por el coño”. No olvidemos que 17 mujeres han denunciado a Donald Trump por acoso o agresión sexual…

La impunidad de antaño, a saldo por las respectivas posiciones de poder, ahora se tambalea. Bien es verdad que la existencia o no de consentimiento también se encuentra en el centro del debate: algunas de estas historias demuestran que un acto sexual a priori consentido puede conllevar violencia si una de las partes implicadas abusa de su posición.

La carta de arrepentimiento–que no de disculpa– de Louis CK resulta interesante si hay que leerla como un intento por salvar su reputación y su amenazado negocio (las cadenas FX, Netflix y HBO han anulado sus contratos con él). El humorista admite haber aprovechado la influencia que ejercía sobre las mujeres, en la mayoría jóvenes comediantes y admiradoras, antes las que se masturbaba. “Entonces, me decía que lo que hacía estaba bien porque no nunca sacaba mi sexo sin preguntar primero. Después he aprendido, demasiado tarde, que cuando ejerces cierto poder sobre otra persona, pedirle a esa persona que te mire el sexo no es una alternativa; supone ponerla en una situación muy difícil. El poder que tenía sobre estas mujeres es que ellas me admiraban y he ejercido ese poder de forma irresponsable”.

Todavía aturdida por el escándalo Weinstein, un secreto a voces que le ha estallado en la cara, la fábrica de los sueños de Hollywood es la primera damnificada. The New Yorker revelaba recientemente el sofisticado sistema de intimidación y de amenazas (un ejército de espías, según la periodista Ronnan Farro) establecido en los últimos años por el productor Havery Weinstein para silenciar a las víctimas. El productor, a quien acusan 120 supuestas víctimas de abusos o de violación, está siendo investigado por la Policía. También su hermano, Bob Weinstein, ha sido acusado por una productora.

Contrariamente a lo que se oye a veces, el caso Weinstein no es un hecho aislado. Actualmente, más de 300 mujeres han contado en las páginas de Los Angeles TimesLos Angeles Times los casos de acoso sexual cometidos por el guionista y realizador James Toback. “Durante años, Toback acosó sexualmente a las mujeres a las que contrató, las mujeres que buscaban trabajo y a las que veía por la calle”, recoge el diario californiano que describe, entre otros episodios, las pseudoaudiciones en las que Toback se masturbaba después de sugerirle a las aspirantes a actrices que se desnudaran. El acusado niega los hechos.

Brett Ratner, célebre realizador y productor (Rush Hour, X-Men, Prison Break), afamado seductor de Hollywood, ahora acusado por seis mujeres de acoso o de agresión (felación no consentida, sesión de masturbación no solicitada, comentarios en los que Ratner ofrece “fama” a figurantes a cambio de relaciones sexuales etc.).

Por su parte, varios hombres, incluido el actor Anthony Rapp (menor en el momento de los hechos), también han acusado de agresión sexual a Kevin Spacey, el Frank Underwood de la serie House of Cards. Mujeres, a veces actrices célebres, han denunciado con nombres y apellidos el acoso o las agresiones que han sufrido por parte de actores como Steven Seagal, Ben Affleck (uno de los primeros actores que denunció el comportamiento de Weinstein), Dustin Hoffman, Jeremy Piven, Andy Dick, el productor David Guillod o el director de los estudios Amazon Roy Prince, etc.

En este contexto, otros recuerdan que Roman Polanski sigue siendo miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, encargada de entregar los Oscar. El realizador de ElPianista, que reside en Francia y que no ha vuelto a poner los pies en Estados Unidos tras ser acusado, en 1977 de agredir sexualmente a una menor, también está acusado de haber violado o agredido sexualmente a cuatro mujeres, también menores en el momento en que ocurrió todo. En plano escándalo Weinstein, la Cinemateca Francesa no ha creído necesario suspender una retrospectiva dedicada a su figura, al no querer situarse en “un pedestal moral” ni entregar “certificados de buena conducta”.

Accesorios

Mientras la Policía de Los Ángeles ha creado una task force dedicada a investigar y dar seguimiento judicial a todos estos casos, Hollywood, lugar de producción de una parte de las imágenes y de las representaciones que tapizan nuestro imaginario, se pregunta sobre los años de impunidad del que se han beneficiado algunos predadores sexuales y contempla su propia “cultura del acoso”.

La página web Vice ha contado, con ejemplos muy concretos, cómo el acoso está presente en el día a día de los estudios. Doscientos profesionales de la animación han publicado una carta abierta donde instan a los mandamases del sector, el 75% hombres, a tomarse en serio la denuncia y a combatir el acoso.

“Cada mañana, nos levantamos preguntándonos quién será el siguiente”, admite en Los Angeles Times Marcel Pariseau, responsable de comunicación de las actrices Scarlett Johansoon y Olivia Munns, después de que esta última denunciara a Brett Ratner.

“Cuando empecé en el cine tenía veinte años y ese sentimiento generalizado de que los hombres ricos y poderosos podían hacer lo que quisieran”, recuerda la productora Catherine Vachon. “Hollywood es un gran club para hombres, un gran club para hombres blancos”, comenta Jennifer Warren, presidenta de la Alianza de Mujeres Realizadoras.

Las cifras le dan la razón. Según un estudio reciente de la escuela de comunicación USC Annenberg, sólo cinco de los 100 películas de Hollywood más taquilleras en 2016 estaban dirigidas por mujeres. Y la cifra se mantiene en los últimos diez años. Nueve de cada diez guionistas y ocho de cada diez productores son hombres, sobrerrepresentados en los puestos de dirección de los estudios.

La actriz Rose McGowan, una de las víctimas de Harvey Weinstein, invitada a finales de octubre a la sesión inaugural de la Women’s Convention de Detroit, recordó que el 96% de los miembros de la sociedad de realizadores norteamericanos (Directors Guild of America) son hombres, “una estadística que no ha cambiado desde 1946”.

La infrarrepresentación de las mujeres también es visible en la pantalla: según la escuela USC de Annenberg, sólo el 12% de las películas contienen igual número de mujeres que de hombres. Ellas se ven sexualizadas mucho más a menudo que los hombres (pueden ir desnudas o ligeras de ropa) y representan papeles tradicionales de esposa o de novia, en un segundo plano de la acción principal. Las minorías (LGTB, negros, latinos, asiáticos) también se encuentran infrarrepresentadas.

“Mientras que no tengamos más mujeres al frente, mientras que no se hagan más películas por y sobre mujeres (de todos los colores), lo que sucede en este momento tendrá la ineficacia de un cauterio en una pierna de madera, en el mejor de los casos”, escribe Scott Mendelson, periodista especializado en cine. “La cultura que provoca hoy esta revuelta se ve reflejada en las películas”, prosigue y destaca la multitud de largometrajes centrados en personajes masculinos, donde las mujeres son “accesorios sexis u obstáculos sexis”. “Esta cultura nos lleva a pensar que las películas en la que los hombres se comportan mal, y a menudo con las mujeres, son automáticamente más importantes y con un mayor valor crítico”.

Esta gran oleada liberadora, originada en Hollywood, afecta a todos los estamentos del poder. Las mujeres de Silicon Valley, ya movilizadas antes del caso Weinstein, también ofrecen su testimonio. Una carta abierta firmada por 300 representantes, lobbistas o colaboradoras, denuncia el acoso permanente al que se ven sometidas, motivo por el cual se ha abierto una investigación en el Parlamento de California. En Minnesota, Kentucky, Florida, Colorado, hay representantes en el punto de mira por historias hasta ahora silenciadas.

En el Congreso, la senadora demócrata Amy Klobuchar pretende que se imparta, a todo el personal, formación obligatoria sobre el acoso, también a los senadores –actualmente esta formación es facultativa, mientras que la Cámara de los Representantes estudia el cambio de sus prácticas internas–. Y varias figuras del periodismo americano (Mark Halperin, NBC; Leon Wieseltier, The New Republic; Michael Oreskes, NPR; etc.) han caído de su pedestal después de las denuncias de varias mujeres.

Sin embargo, esta oleada, impresionante y mediática, tiene ciertos límites. En Estados Unidos, como en otras partes del mundo, las víctimas de acoso sexual ofrecen muy poco su testimonio: se presentan menos de 10.000 denuncias al año ante la Equal Opportunity Commission (EEOC), encargada de recabarlas. Más allá de los efectos puramente comunicativos, el movimiento actual no ha llevado a las empresas a cambiar sus prácticas.

Ahora el riesgo es, según numerosas feministas, en que sólo se escuchen algunas voces de víctimas: las de las mujeres que tienen tirón mediático o capacidad de llamar la atención; y todo ello en detrimento de otras, pobres o pertenecientes a minorías. ________________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La violencia contra las mujeres parte de una misma raíz, la dominación del hombre, y adopta formas diversas. La violencia sexual ha sido tradicionalmente una de las vertientes más invisibilizadas: la carga sobre la víctima es una constante, el dificultoso proceso de denuncia es evidente y las carencias legislativas revelan las lagunas a nivel institucional. El juicio a La Manada por una violación múltiple contra una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016, o la oleada de denuncias sobre el acoso cotidiano que sufren las mujeres a raíz del caso Weinsteincaso Weinstein, son dos de los asuntos actuales que evidencian la transversalidad de la violencia sexual. Este sábado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, sirve también para recordar la gravedad de la violencia de índole sexual que sufren las mujeres.

"El mito lo que ha construido en el imaginario general es que solamente existe un tipo de agresión sexual: la penetración vaginal con el uso de la fuerza", explica Bárbara Tardón, doctora en estudios de género. En el relato, por tanto, desaparecen "otras muy presentes e incluso más sistémicas".

  Discriminación cotidiana

Uno de los problemas de base parte de la cosificación y sexualización de las mujeres. "Cualquier tipo de discriminación, como que las mujeres no podamos estar 100% tranquilas en ningún espacio porque estamos expuestas a comentarios, es una forma de violencia simbólica". Así lo expresa la periodista y activista Andrea Momoitio, en declaraciones a este diario.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la violencia sexual "abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física".

Se trata, explica Momoitio, de "agresiones sexistas, porque como norma general las sufre un género, y machistas porque responden a una idea cultural que reduce a las mujeres a lo físico", y cuya expresión más simbólica conforma el escalón previo a la agresión sexual, que es el último paso y "de hecho el que menos debería interesarnos si tratamos de entender la estructura que lo permite".

Las formas en que la discriminación cotidiana se materializa "son muy distintas y no todas tienen la misma gravedad". Sin embargo, todas ellas beben de la misma fuente. "Esa estructura social, política, cultural y económica es el patriarcado", argumenta la periodista. "Las mujeres lo sufrimos –continúa– de distintas maneras, en distintos grados, a lo largo de toda nuestra vida".

En este contexto, uno de los escenarios que actúa como caldo de cultivo es el de las redes sociales. Una de cada cinco mujeres en España asegura sufrir abusos a través de internet y el 27% ha sufrido amenazas físicas o sexuales, según un estudio publicado este lunes por Amnistía Internacional. ¿Las consecuencias? Según la organización, el 51% de ellas experimentaron estrés, ansiedad o ataques de pánico.

"En redes, igual que en la calle porque no deja de ser una muestra virtual del mundo, la discriminación hacia las mujeres se da de muchísimas maneras", relata Momoitio. "Desde un anuncio en cualquier medio en el que aparecemos reducidas a nuestro cuerpo a comentarios en grupos de Whatsapp de amigos hasta amenazas directas por hacer activismo feminista", enumera.

El problema, asegura la activista, es que "en los tribunales nos encontramos con las mismas resistencias que en la calle". El motivo es claro. "El patriarcado está en las raíces de nuestra cultura", de modo que se torna enormemente "difícil desmontar la cultura del piropo, por ejemplo, sin que se sientan atacadas las lógicas culturales". Y por eso el cambio, opina, ha de ser esencialmente cultural. "Tenemos que tratar de construir otras formas de relacionarnos a todos los niveles que no valoren ciertas actitudes que desde el feminismo ya hemos detectado como causa y efecto de otro tipo de agresiones más graves".

  Violencia en el entorno

Aunque se asume que las agresiones de índole sexual tienden a producirse por parte de desconocidos, la realidad demuestra que el entorno de la víctima también puede ser determinante en la autoría de los abusos. En el año 2006, la ONU aseguraba que "al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, forzada a mantener relaciones sexuales o ha sido víctima de otros abusos durante su vida y, por lo general, quien la ha maltratado ha sido alguien conocido por ella".

Los efectos de la violencia sexual pesan, si cabe, mucho más cuando el agresor es una persona de confianza. Por ejemplo, "el abuso sexual infantil está totalmente invisibilizado por cómo está conformado nuestro sistema de valores", apunta Tardón, quien considera que el hecho de que la denuncia llegue a "un nivel más público, genera una fractura social importante". La psicóloga Sonia Vaccaro explica en este artículo de Tribuna Feminista la dificultad de denunciar los abusos en el ámbito intrafamiliar, tanto a nivel judicial como social, por el temor al descrédito, la tendencia a minimizar los hechos o la presión que sufre la víctima. A todo ello se suma que "en el 90% de las veces, el abuso sexual intrafamiliar carece de lesiones o marcas".

En cuanto al ámbito sentimental, la OMS advierte de lo común que resultan las "iniciaciones sexuales forzadas". La primera relación sexual "de una proporción sustancial de mujeres jóvenes ha sido forzada", señala el organismo. Los datos sugieren que, "cuanto menor sea la edad de las mujeres en la ocasión de la primera relación sexual, mayor será la probabilidad de que esa relación haya sido forzada".

La pareja y el ámbito familiar no son los únicos entornos de riesgo para las mujeres. "La violencia sexual, incluido el acoso sexual, ocurre con frecuencia en instituciones supuestamente seguras, como las escuelas, donde algunos de los agresores incluyen compañeros o profesores", subraya la OMS. También en el deporte, donde el abuso sexual queda habitualmente invisibilizado por vergüenza, culpabilidad o temor al fracaso, es un escenario donde la relación entre superior y subordinado genera situaciones de abuso.

El problema, una vez más, nos lleva a la denuncia. "Denunciar lo hace un porcentaje ínfimo de las víctimas, por todos los estereotipos de género que pesan sobre ellas", asevera Tardón, y porque está tan "naturalizada la violencia sexual que al final cualquier mujer o víctima que rompa esos estereotipos es una disidente del sistema". Como consecuencia, las mujeres que han sufrido abusos sexuales "no se atreven a denunciar". Además, agrega la experta, "el sistema no está respondiendo frente a la vulneración de sus derechos".

  Prostitución y explotación sexual

El Movimiento Democrático de Mujeres y la Red de Municipios Libres de Trata encaran el próximo 25N exigiendo una ley contra la violencia de género integral que contemple "la prostitución y la trata como formas de violencia machista extrema", una violencia que consideran "instalada cómodamente al margen de la legalidad".

Enrique Javier Díez, además de formar parte de la Red de Municipios Libres de Trata, preside la organización Zeromacho, compuesta por hombres a favor de abolir la prostitución. "En toda la red de municipios hemos planteado que no hay diferencia entre trata y prostitución" en la medida en que no es una actividad "libremente elegida". Díez entiende que "una persona puede elegir ser esclava, pero no por eso se admite que la esclavitud sea una profesión". Del mismo modo, añade, la prostitución es "una forma extrema de violencia de género, profundamente sexista y machista". Además, añade, "los hombres que se prostituyen lo hacen mayoritariamente para otros hombres", por lo que "el modelo es el mismo". La prostitución, añade el activista, "no tiene que ver con el sexo, sino con el poder".

Por otro lado, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) recuerda en su último informe, publicado en marzo de 2017, que "España está en el punto de mira del comercio de explotación sexual de mujeres, y se sitúa como uno de los países con más hombres que pagan por sexo: el tercero del mundo". Además, la ONU estima que hoy los niños y niñas representan un tercio de las víctimas detectadas y de cada tres menores víctimas, dos son niñas y uno es niño. De hecho, subraya la asociación, el 62% de las mujeres fueron iniciadas en la prostitución siendo menores de edad.

El debate en torno a la prostitución, no obstante, no está libre de tensiones. La organización Amnistía Internacional insiste en diferenciar entre "trabajo sexual y explotación", en los mismos términos en los que se expresan otras plataformas como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que defiende la "lucha de trabajadores y trabajadoras sexuales contra el estigma y la discriminación". La feminista y escritora Rosa Cobo, por el contrario, explica en su libro La prostitución en el corazón del capitalismoLa prostitución en el corazón del capitalismo, que "el centro de la industria del sexo son los cuerpos de las mujeres, que se han convertido en las mercancías sobre las que se ha edificado esta industria global". "La lógica patriarcal y la lógica de clase se funden en la prostitución", escribe la autora.

Sí existe consenso, tal y como expresa Amnistía Internacional, en identificar la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia contra las mujeres. En este sentido, la ONU se muestra categórica al considerar la trata como "forma contemporánea de esclavitud" que "viola el derecho de las mujeres a la vida, la libertad y la seguridad de la persona".

"La campaña deja empapelada la ciudad de Zamora de chistes machistas. Los chistes machistas gozan ya de muy buenos canales de comunicación y las instituciones no deberían de contribuir a esa difusión", ha señalado en declaraciones a Europa Press la presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que también ha destacado que "estas campañas de impacto pueden confundir" y que las instituciones "deben reflexionar qué persiguen" al hacerlas.

Para la presidenta de la Fundación Mujeres, las campañas contra la violencia de género "deben ir dirigidas a mostrar un compromiso social" y no buscar el "impacto fácil, que busque la polémica para que se hable de ello".

En la misma línea, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha apuntado que la campaña es "desafortunada" porque puede ser "contraproducente" y "generar mensajes erróneos". "Habría que retirarla porque los mensajes son contraproducentes y pueden ser malinterpretados. Es una invitación a reforzar roles y estereotipos que estamos intentando desechar, aunque la campaña va en clave de ironía, puede producir el efecto contrario", ha dicho.

Por su parte, la secretaria general de Mujeres en Igualdad, Carmen Fúnez ha indicado, a través de un comunicado, que "sensibilizar a la sociedad no es lo mismo que provocar y en violencia de género aún menos". "Debemos trasladar las ideas y mensajes adecuados para generar confianza en las víctimas de la violencia machista y, al mismo tiempo, interpelar a quien ve la campaña para romper el silencio", ha sentenciado.

Rechazo político

La campaña ha levantado una fuerte polémica y ha provocado el rechazo de algunos partidos políticos, como el Partido Popular, Ciudadanos o Podemos.

El grupo municipal del PP ha advertido que el uso de chistes machistas "no es la mejor forma de sensibilización contra la violencia de género", especialmente "entre adolescentes". El partido conservador pide "evitar polémicas innecesarias" y tratar el asunto con "rigurosidad".

Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Reyes Merchán, insta al Ayuntamiento a retirar una cartelería en la que "se ofrece un mensaje frívolo sobre una terrible lacra".

En cuanto a Podemos, la formación morada concede en un comunicado que "es cierto que da pie a la reflexión y al diálogo y debate y discusión, y en este sentido podría ser eficaz, pero para ello, la ciudadanía debería estar educada".

"¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo"; "¿En qué se parecen las mujeres a las pelotas de frontón? En que cuanto más fuerte les pegas, antes vuelven"; "¿En qué se parecen las mujeres a las baldosas? En que las dos se pisan", son los tres chistes machistas protagonistas de esta campaña contra la violencia de género impulsada por el Ayuntamiento de Zamora.

Sin embargo, la concejala de Igualdad, Laura Rivera, ha calificado la campaña de iniciativa "de impacto", que busca "denunciar actitudes que están completamente normalizadas pero que hacen mucho daño a la sociedad".

Así, Laura Rivera ha defendido la campaña y ha aducido motivos "de choque" frente a otro tipo de muestras de repulsa. "La campaña que no queremos es la de llevar flores a las tumbas de otras 50 mujeres asesinadas el año que viene. Esta es una campaña educativa y tener claro que la sociedad es la responsable de la violencia de género es el primer paso para erradicarla", ha aseverado.

La virulencia y el arraigo que caracteriza a la violencia machista se explica, en parte, por las creencias que la alimentan. El histórico poder de los hombres sobre las mujeres ha construido toda una estructura organizada en base a roles y estereotipos de género. Un entramado que marca comportamientos y que castiga la transgresión. La realidad sangrante de la violencia de género se encuentra todavía empañada por todo un conjunto de mitos que tienen un objetivo claro: deslegitimar la lucha feminista. Este sábado 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género e infoLibre repasa con expertas en violencia machista cuáles son algunos de los mitos que, pese a carecer de base, perpetúan y normalizan la violencia contra las mujeres.

1. Denuncias falsas

La cuestión de las denuncias falsas sigue siendo probablemente el mito más evidente, aun cuando los datos no dejan espacio para interpretaciones. Según la Memoria que presenta anualmente la Fiscalía General del Estado, el periodo entre 2009 y 2016 se cerró con 1.055.912 denuncias por agresiones machistas, de las cuales sólo 79 recibieron condena por denuncia falsa, es decir, el 0,0075% del total.

El argumento de las denuncias falsas suele llevar aparejado el de la violencia supuestamente invisibilizada contra los hombres. A nivel mundial, en 2012, una de cada dos mujeres asesinadas lo fue a manos de su compañero sentimental o un miembro de su familia. Únicamente el 6% de los hombres asesinados en todo el mundo murieron en las mismas circunstancias, según el Estudio mundial sobre el homicidio elaborado en 2013 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC por sus siglas en inglés– y recogido por la organización Mujeres de Guatemala.

"El tema de las denuncias falsas es una cuestión clara y meridiana que se puede desmentir con los datos". Así lo sostiene Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. Toda sospecha de denuncia falsa se somete a una instrucción "por falso testimonio o por denuncia falsa, y si se miran las estadísticas se puede comprobar que los procedimientos son del 0,008%", recuerda. Por tanto, "los propios datos desmienten la creencia de las denuncias falsas", mientras que la realidad revela que "todavía sigue existiendo una bolsa oculta de mujeres que no denuncian por diversos motivos, como la dependencia afectiva, económica, la falta de confianza o el miedo a represalias".

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, coincide en que "ni tan siquiera existe un movimiento que anime a las mujeres a denunciar" de forma insistente, porque "una mujer tiene que reunir mucha fuerza y estar bien asesorada para que el proceso de denuncia por violencia de género le merezca la pena". La situación actual, explica, es que "las mujeres no denuncian".

Esta falsa creencia, expone Martínez, se basa en una estrategia perfectamente trazada por el patriarcado, basada en que "cada vez que hay un avance en cuanto a la sensibilización de profesionales y de la sociedad en general, hay a su vez un intento de respuesta para contrarrestar ese avance".

2. Perfil de la víctima y perfil del maltratador

La violencia de género actúa como un fenómeno transversal que no responde a perfiles concretos. Supera cualquier estatus social, nivel cultural, poder adquisitivo o lugar de origen. Basta mirar la cifra de feminicidios desde el año 2003: un total de 916 mujeres han sido asesinadas desde entonces. La violencia machista se ceba diariamente con las mujeres por el simple hecho de serlo.

Sin embargo, todavía persiste el análisis que tiende a encasillar a víctima y agresor en unos perfiles concretos. La primera suele ser, según el falso diagnóstico, una mujer pasiva y dependiente, mientras que el segundo suele  responder a un hombre con problemas psicológicos.

La Red Ciudadana para la detección y apoyo a las Víctimas de Violencia de Género, dependiente de la Junta de Andalucía, señala en un informe que "la idea que se tiene acerca de que un maltratador es una persona de baja formación, con nivel adquisitivo medio-bajo, con ideas marcadamente machistas y de tendencias violentas, no se corresponde con la realidad. No hay un perfil social de maltratador", afirma. Lo mismo asevera en cuanto a las víctimas. "La mujer maltratada tampoco responde a un perfil de mujeres susceptibles de recibir maltrato; ni son mujeres de estratos sociales bajos, ni son siempre mujeres dependientes económicamente de sus parejas, ni son mujeres de baja formación y escasa cualificación", aunque sí matiza la existencia de algunos "carácteres adquiridos" a consecuencia del maltrato, como la culpabilización, el miedo o el estrés.

Susana Martínez explica que, precisamente, la creencia más extendida indica que "los malos tratos se dan en un perfil de clase social medio-bajo" e incluso también es habitual señalar a la población migrante, "algo que tampoco es cierto porque en España aún se da y se sigue normalizando" la violencia contra las mujeres. En cuanto a los maltratadores, suele predominar la idea de "desorden mental o problemas de alcoholismo o drogadicción". Este tipo de fenómenos externos "pueden ser un factor de riesgo, pero alguien puede ser alcohólico y no maltratar", señala Martínez, quien insiste en que se trata de "una cuestión de ideología".

Con ella coincide Marisa Soleto. "Es un crimen ideológico, y los factores causales tienen que ver con valores y con una posición de poder y de sometimiento", relata la experta. Existen ciertos "factores exógenos que pueden tener influencia" pero que no son decisivos.

Bárbara Tardón, doctora en estudios de género, insiste en que "el perfil del agresor es muy variable, no es un joven ni es un loco". En los casos de violencia sexual, por ejemplo, "se asocia que a partir de una edad desaparece la excitación" y por tanto no entra en el imaginario social que los hombres mayores sean agresores. Frente a ello, continúa, es habitual "que los hombres mayores agredan a sus cuidadoras, algo que está muy aceptado". Unido a esto y a la creencia de que la violencia sexual está directamente relacionada con el apetito sexual, también se piensa que "sólo se agrede a mujeres jóvenes", por lo que el grupo de mujeres mayores que también son víctimas "quedan fuera". La violencia machista, y la sexual como una de sus vertientes más complejas, afecta a "todos los perfiles".

3. Agresiones sexuales: desconocidos y callejones

La violencia sexual es precisamente una de las formas de abuso que más mitos soporta. El imaginario colectivo ha asumido que las violaciones se producen en callejones oscuros, por parte de desconocidos y bajo el uso de la fuerza extrema. Sin embargo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual principalmente por parte de un compañero sentimental, según la OMS. Las llamadas violaciones en cita son igualmente habituales y no siempre se encuentran precedidas por ataques físicos.

La encuesta publicada en 2014 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea revela que el 5% de las mujeres que habitan en la Unión Europea han sido obligadas a mantener relaciones sexuales a partir de los 15 años, mientras que el 6% afirma que alguna persona las obligó a participar en una actividad sexual en contra de su voluntad o cuando eran incapaces de negarse a ello. Otro 6% reconoce haber accedido a realizar actividades sexuales porque temía lo que pudiera pasar tras una negativa.

Tardón explica que "toda la violencia de género, y en especial la sexual, está atravesada por mitos, que se mantienen de forma constante en toda la historia y que buscan desacreditar a las víctimas, restar responsabilidad a los agresores, y sembrar dudas sobre una vulneración de derechos humanos". Estos mitos funcionan, además, como "mano ejecutora del sistema patriarcal" con el fin de "controlar la libertad sexual de las mujeres y su comportamiento" a través de la imposición de roles y mandatos de género.

"Entre el 80% y el 90% de las agresiones sexuales se producen en casa, en entornos íntimos", expone Tardón, por lo que "sólo estamos llegando a ese 10%" que sí se produce en espacios públicos y callejones oscuros. Se obvia, por tanto, "todo ese porcentaje altísimo de casos de padres, parejas o compañeros de trabajo" que también son agresores.

Igual de incierta es la asociación que vincula la violencia sexual con el uso de la fuerza. "El miedo te paraliza y te dejas llevar", de modo que la mayoría de las veces las mujeres se encuentran "incapacitadas para poder actuar" o ejercer algún tipo de resistencia.

4. Las víctimas olvidadas

Casos como el de Juana Rivas o Ángela González ponen sobre la mesa el debate en torno a la protección de los niños. Los hijos de las víctimas también reciben, desde el año 2015, el estatus de víctimas. En lo que va de año son 23 los niños huérfanos a causa de la violencia de género y ocho han sido asesinados por sus padres. Pese a ello, en la actualidad se cree que "el ejercicio de la violencia de género no afecta a las relaciones paternofiliales", lamenta Soleto. Pero el maltratador "no es un buen padre" y la violencia de género "siempre perjudica" a la relación entre padre e hijos.

Se trata de, tal y como recomienda el Convenio de Estambul, priorizar sobre el interés superior del menor y tomar "las medidas legislativas u otras necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia".

Soleto admite que se está avanzando en el desarrollo de una legislación que intente contemplar ese interés del menor, pero "todavía están muy presentes" los estereotipos de género en el aparato judicial. "Los jueces hacen caso a ese mito o creencia de que uno, por muy mal que se lleve con su esposa, no tiene por qué ser un mal padre", denuncia.

5. El mito del amor romántico

La violencia de género, más allá de los golpes, adquiere otras muchas formas, sutiles pero destructivas. La base del iceberg que se alimenta, en muchos casos, por un mito de amor romántico que tradicionalmente ha funcionado como excusa perfecta para maquillar relaciones tóxicas, celos, control y violencia verbal.

"Hay una falsa creencia entre los más jóvenes, y es que el maltrato es exclusivamente físico", recalca Susana Martínez. Por contra, suele obviarse el "control o el lenguaje verbal dominante", que está "muy normalizado y no se ve como inicio de maltrato".

En 2015, el CIS elaboró un estudio –Percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud– en el que concluye que uno de cada tres jóvenes de entre 15 y 29 años considera "inevitable" o "aceptable" la conocida como violencia de control, y de hecho no identifica los comportamientos de control con violencia de género. Sin embargo, el 97% sí considera "inaceptable" la violencia física y sexual.

Otro estudio, realizado por la Diputación de A Coruña, revela que un 54% de los encuestados –adolescentes de entre 14 y 16 años–, únicamente percibe la violencia de género cuando se trata de agresiones físicas, de forma que "el alumnado mantiene un bajo grado de conciencia y una menor apreciación del maltrato psicológico respecto del físico". Además, casi cuatro de cada diez chicos –el 37,4%– opina que la violencia de género es consecuencia de una "pérdida momentánea de control provocada por los nervios".

Esta semana ha tenido más espacio en los medios el numerito de las esposas de sex shop de don Rufián o la soplagaitez de los muertos en la calle de doña Rovira que el aterrador informe del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que nos avisa de que más de uno de cada cuatro chicos de entre 15 y 29 años considera la violencia machista una conducta normal en el seno de la pareja. Lo piensa exactamente el 27,4% de ese colectivo, según el Centro, que es un organismo público vinculado a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. O sea, que algún criterio sobre jóvenes, sus problemas y sus ideas hay que concederles.

Pesa aún más esa insólita aventura de la república catalana, que siguen sus actores tratando de disfrazar de política, que el estudio del Barómetro 2017 del ProyectoScopio del Centro Reina Sofía. Y se me antoja ese hecho como un síntoma grave de la pérdida de perspectiva de una sociedad o al menos de sus medios de comunicación.

Y eso que en esta semana se ha vuelto a producir un asesinato machista, el de una joven de apenas 20 años, y se está juzgando con gran estrépito mediático a los cinco sujetos que presuntamente violaron a una adolescente en San Fermín. Pero ni por esas centramos el tiro y ponemos el foco en lo que debería preocuparnos de verdad.

Porque el asunto catalán, divertido y rentable para tertulianos y partidos, no nos define ni afecta como sociedad. Como mucho, informa sobre la estulticia de una casta y la ingenuidad de unos cuantos ciudadanos y entrará en el temario futuro de los estudiantes de Políticas. Aparte de las multas a los actores del drama y el parón temporal al crecimiento de la economía, no tendrá más efectos de futuro. Como tampoco el recorrido judicial de la manada salvaje cuyo devenir en tribunales está dando grandes alegrías al periodismo amarillo y a los amigos de la polémica estéril. Habrá sentencia, esperemos que justa, aunque no sea muy alentador el hecho de que el tribunal acepte un informe sobre la vida privada de la víctima, que manda huevos. Pero la justicia decidirá. Y en el futuro será un caso más de violación por mucho que ahora ocupe inmensos espacios mediáticos.

Pero el hecho de que más de un 27 por ciento de los jóvenes españoles piense que lo del trato machista en la pareja es normal nos está dando pistas de algo mucho más importante. Algo que va peor de lo que debería.

El estudio nos muestra que para estos chicos y chicas –la comprensión hacia la violencia es mayor entre ellos– sólo es criticable la agresión física directa, no el trato vejatorio o la agresión verbal. Añade además que dos de cada diez piensan que se exagera o, atención, ¡se politiza! Y por si no tuviéramos suficientes elementos para inquietarnos, hay más de un 30 por ciento de los encuestados que cree que el problema aumenta por culpa de los inmigrantes.

O sea, que es relativamente normal, no es tan malo, ha pasado siempre y si crece ahora es por la inmigración. Seguramente semejante conclusión sea más que matizable y puede que hasta exagerada, pero es indiscutible que apunta una tendencia que debería forzarnos a actuar. No ya a reflexionar, no, porque parece inútil irse a la contemplación cuando hay gente joven que se enfrenta así al espanto de la violencia machista, sino a actuar, a tomar medidas, a forzar decisiones de quienes tienen responsabilidades de poder legislativo y de gobierno, a tomar conciencia del problema que tenemos y lo que se está moviendo entre nosotros: las generaciones que vienen detrás pueden estar tomando un camino inverso al que el progreso y la conciencia social deberían llevarles.

Algo va mal, algo estamos haciendo que descuadra la perspectiva con que han de mirar el mundo y las relaciones entre personas. Quizá, por empezar a mirarnos críticamente el ombligo, debiéramos empezar por dejar de darle más importancia a la tocata y fuga de un bufón con galones de mariscal que a la pérdida de valores de justicia de la generación de la crisis y el silencio.

Las mujeres claman contra la violencia machista que sufren diariamente, contra una cultura perversa que gira en torno al poder histórico de los hombres sobre ellas. La violencia sexual es uno de los terrenos en los que las mujeres han batallado de forma más perseverante para poner sobre la mesa la violencia que recae constantemente, y en todos los ámbitos, sobre sus espaldas. El último grito desesperado apunta directamente al juicio que desde el lunes pasado se celebra por la presunta agresión múltiple por parte de cinco hombres contra una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016. El juez encargado del caso ha aceptado como prueba el informe de un detective privado sobre la vida de la joven después de haber sufrido la violación. Además, el dossier admitido por el juzgado contiene publicaciones en redes sociales que muestran la actividad posterior de la víctima. Abogadas y expertas en estudios de género consultadas por infoLibre no sólo cuestionan la validez de la prueba, sino que advierten de las consecuencias que lleva implícita su admisión.

No es la única prueba que ha generado controversia. Según publica el diario El MundoEl Mundo, una nueva ha sido admitida este viernes por el juzgado en favor de la defensa. Esta vez se trata de una fotografía que la joven compartió en las redes sociales, en la que se muestra una camiseta –vestida por otra persona– que recoge la siguiente frase: "Hagas lo que hagas, quítate las bragas", un lema popularizado gracias a un conocido reality show.

Este mismo viernes la magistrada Victoria Rosell se sumaba a la protesta generalizada a través de sus redes sociales. "Lo de la vida posterior de la víctima tiene incidencia cero en la credibilidad de su testimonio como prueba de los hechos. Incluso si dice que está bien". Añadía, no obstante, el matiz de que "admitir no es estimar" y su admisión incluso puede resultar positiva para evitar que la defensa proteste para apelación.

Violeta Assiego, abogada especialista en violencia de género, aclara que la admisión de todas las pruebas no tiene por qué ser beneficiosa. "Si eso fuera así todos los tribunales admitirían todas las pruebas que se aportan", explica. La indefensión, añade, "no se produce por el número de pruebas que se admiten, sino cuando la prueba que no se admite es fundamental" para el ejercicio de la defensa.

Más allá de los argumentos jurídicos, las expertas ponen el acento sobre el mensaje que trasciende a la opinión pública y las consecuencias que puede tener para las víctimas de violencia sexual.

Cuestionar y revictimizar a las mujeres

Assiego confiesa sentir "preocupación y cierta reticencia" ante la decisión adoptada por el juez. "Me parece inaceptable", reconoce. En primer lugar, porque "una imagen siempre está vinculada a una interpretación, de por sí no aporta información objetiva" sino que genera un "estímulo supeditado a la percepción que cada uno tenga de lo que ve".

La letrada tilda de llamativo que se acepte una prueba sin tener en cuenta los necesarios "límites que definan hasta dónde permitimos que se aporten pruebas que cuestionen la veracidad de la víctima", quien, por otra parte, "sólo trata de normalizar su vida".

Este tipo de descrédito o duda sobre la versión de la víctima es una práctica "demasiado frecuente" y enquistada no sólo en el aparato judicial. Se trata de una "imagen muy sexista de mujer basada en la dominación de los sexos" según la cual ellas, que componen más de la mitad de la población mundial, son "sujetos siempre dudosos".

Bárbara Tardón, doctora en estudios de género, censura también que "el sistema judicial reproduce los mismos estereotipos" que se dan en la calle y que responden a mandatos de género en torno a "cómo tiene que ser una víctima o superviviente de violencia sexual". "Lo que está claro es que no se está juzgando con esas pruebas el delito en sí ni la vulneración de derechos, sino un comportamiento sobre cómo se supone que tiene que ser" la víctima en base a "la cultura y sociedad patriarcal en la que vivimos". La joven, subraya Tardón, está "viviendo un auténtico infierno porque todo el mundo la está juzgando y todo el mundo duda de ella", lo que genera además un "impacto social importante" y no hace sino destapar "una cultura de la violación oculta en España en los últimos 30 años".

Todo ello se une además al tratamiento mediático que se hace de las agresiones sexuales y que alimenta la "cultura de la violación y la revictimización" de las mujeres. El modo en que "todo eso está siendo interpretado y difundido por los responsables de aportar información objetiva", sostiene Assiego, conforma un "caldo de cultivo de toda esa cultura que refuerza clichés" y que obliga a la víctima a serlo de por vida, la culpabiliza y le veta toda posibilidad de desarrollar una vida plena.

Violencia institucional

"En este momento el problema de las leyes es que dicen una cosa pero se tienen que aplicar, y son los jueces quienes lo hacen en base a una justicia patriarcal y machista". Habla Consuelo Abril, abogada especializada en violencia de género, quien considera fundamental denunciar un modelo de justicia contaminado por la escasa formación en cuestiones de género. La admisión de la prueba "representa que el juez interpreta, con sus criterios absolutamente machistas, la ley y considera que eso es justicia", recalca la experta. Pero "es sólo justicia patriarcal".

La actitud, la actividad y la vida privada de la víctima "da exactamente igual, aunque se dedicara a la prostitución", argumenta Abril. "Si no hay consentimiento da igual la conducta posterior de la víctima", agrega. El grueso del caso es que "una manada de salvajes la violan y la obligan a llevar actos que ella no considera adecuados, y por tanto es una mujer violada". Un análisis que minimice la importancia de estos hechos, continúa, "nos lleva a la conclusión de que el juez no sabe lo que es la violencia de género y no sabe lo que es la violencia sexual". Algo que la letrada tacha de "violencia institucional".

Tardón coincide en que los términos en los que se expresa el juicio de La Manada son los mismos "en cada tribunal de España". El problema de la violencia sexual, explica, es que "los operadores jurídicos no están formados en una perspectiva de género y derechos humanos" de modo que "reproducen mitos y estereotipos de género". Algo que la doctora vincula a las lagunas también en las instituciones. "Nunca ha existido una sola política pública encaminada a luchar y combatir la violencia sexual. Desde la misma base no tenemos nada, absolutamente nada", lamenta.

Por ello la resolución que derive del actual caso "será trascendental en términos reparadores, individuales y globales". Lo que se está juzgando actualmente, recuerda Tardón, "es una violación, pero hay otras formas de violencia sexual que nunca van a llegar a un tribunal".

'La manada somos nosotras'

Las evidentes carencias en el aparato judicial e instituciones son contestadas en las calles. Este viernes tuvo lugar una multitudinaria manifestación bajo el lema La manada somos nosotras. Las asistentes denunciaron los abusos judiciales en el caso y lanzaron un mensaje a ésta y otras víctimas: "No estás sola, compañera".

Se trata de una de las muchas respuestas organizadas por colectivos feministas para advertir de la gravedad de la violencia sexual. En el año 2016, según el anuario elaborado por el Ministerio del Interior, fueron conocidas 1.249 agresiones sexuales con penetración. La cifra permanece prácticamente inmutable en comparación con años anteriores: 1.229 en 2015; 1.239 en 2014; 1.298 en 2013 y 1.280 en 2012.

Por su parte, la encuesta publicada en 2014 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, revela que el 5% de las mujeres que habitan en la Unión Europea han sido obligadas a mantener relaciones sexuales a partir de los 15 años, mientras que el 6% afirman que alguna persona las obligó a participar en una actividad sexual en contra de su voluntad o cuando eran incapaces de negarse a ello y finalmente otro 6% han accedido a realizar actividades sexuales porque temían lo que pudiera pasarles si se negaban.

En conjunto, la encuesta señala que una de cada tres mujeres –el 33%– ha experimentado violencia física o sexual desde los 15 años de edad, porcentaje que en España se sitúa en el 22%.

La popular fiesta de los Sanfermines quedó el pasado julio de 2016 marcada por una agresión machista que supondría un antes y un después en la forma de entender los festejos tradicionales que cada año colapsan el calendario estival. La presunta agresión sexual múltiple que está siendo ahora juzgada se convirtió entonces en un detonante para las conciencias. Las movilizaciones por unas fiestas seguras y exentas de violencia machista se multiplicaron en los meses siguientes, y las iniciativas por parte de colectivos feministas e instituciones comenzaron a ganar terreno en los espacios públicos. Sin embargo, el tratamiento mediático sobre la presunta violación por parte de cinco hombres a una chica de 18 años, sitúa a los medios de comunicación en el punto de mira. Así al menos lo creen las expertas en comunicación y género consultadas por este diario, quienes señalan las muchas carencias que prevalecen a la hora de informar sobre agresiones sexuales.

Más de un año después de lo sucedido, el proceso judicial contra el grupo de hombres comenzó este lunes, posicionando de nuevo el tema en la agenda mediática. Y con los titulares llegó la polémica. Las críticas por parte de la sociedad, con las redes sociales como principal vía de expresión, y también por parte de algunos líderes políticos –Pablo Iglesias afirmó que "no es normal ver supuesto periodismo legitimando la cultura de la violación"– llaman a una necesaria revisión de la forma en que los medios transmiten información relacionada con la violencia sexual. Relatar la vida privada de la víctima un año después o poner en tela de juicio su versión han sido algunas de las prácticas habituales en los últimos días.

Complicidad mediática

La periodista Anita Botwin comienza por señalar el riesgo de poner el foco mediático en la víctima. "Todo sobra, ella ya es víctima y lo está siendo doblemente", denuncia. Por ello, y en base a la idea de que "todo el mundo tiene derecho a intimidad", se torna especialmente necesaria la "cautela" por parte de los medios. Botwin apunta, a modo de ejemplo, a la información que describe la vida privada de la víctima después de la presunta violación, y critica la peligrosidad de un mensaje que la culpabiliza por "no haber estado calladita y en casa sin salir". "Si dejamos pasar esto –advierte– entra todo".

También Montserrat Boix, periodista, entiende que el trabajo informativo en este caso genera un "ejemplo claro de complicidad por parte de muchos medios con los agresores", algo que a su juicio "se intentó hacer ya en un principio" y que es una "estrategia de los abogados defensores". Este juicio, y el tratamiento generalizado que se hace de él, demuestra que en España "estamos a años luz de dar respuesta" a las agresiones sexuales. De hecho, censura Boix, los medios son "cómplices" a la hora de "desprestigiar a la víctima" en un "intento de jugar con la cuestión del consentimiento", clave en la violencia sexual. En este sentido, los medios de comunicación, que no deberían ceder a la ambigüedad, están en estos momentos "contribuyendo al espectáculo y a la duda".

La periodista Nuria Varela considera que todo ello responde a una "cultura que no cree a las víctimas cuando son mujeres o niñas, y que da por hecho que mienten". Sólo con esa cultura es posible que un discurso "tan embustero como el de las denuncias falsas cale", razona la periodista. Ese relato de partida hace que luego, cuando uno se enfrenta a delitos de violencia sexual, se sospeche de las víctimas "por encima de cualquier otra cosa, de lo absolutamente insoportable que es esa violencia". El mensaje, en consecuencia, propicia que las mujeres entiendan que "es mejor no denunciar porque si lo hacen se enfrentan al escrutinio de su vida públicamente", lo que genera una evidente "doble victimización".

Otra de las carencias a nivel mediático, añade Varela, es que los medios continúan hoy día "dando vueltas al móvil del crimen, que no es otro que la desigualdad". Una sociedad igualitaria "nunca generaría estos índices de violencia contra las mujeres", por lo que la violencia va de la mano de una "sociedad que todavía considera que ellas pueden ser castigadas e insultadas". Esto, apunta, "no está reflejado nunca en el discurso mediático", sino que por el contrario "se genera un enfoque que exonera una vez más al victimario".

Pilar López Díez, experta en comunicación y género, coincide en que "el estereotipo de que las mujeres son mentirosas está extendido no sólo entre periodistas y jefes de informativos, sino entre la judicatura, la abogacía o la fiscalía y entre cualquier otro colectivo". Incluso, agrega, entre las propias mujeres, "que en general aprenden enseguida que tienen que confiar más en los hombres".

La periodista entiende que "los sectores más atrasados, menos formados y, por tanto, más ignorantes, no saben, ni quieren saber nada que suponga profundizar en por qué se posicionan de parte de los que han cometido un delito, en vez de ponerse de parte de quien ha sido agredida". En este sentido, insiste en que "cuando se trata de delitos contra las mujeres, muchos, especialmente los más misóginos, se colocan del lado del delincuente". El motivo, a su juicio, es que "comparten la cultura de la violación, es decir, ellos podrían ser acusados de delitos similares a los que se enfrenta La Manada porque consideran que las mujeres deben ser accesibles sexualmente para los hombres sí o sí".

Cultura de la violación

Este discurso, profundamente enquistado y legitimado por ciertos actores mediáticos, contribuye a la normalización de una cultura de la violación extendida entre la población. "Normalizar que al fin y al cabo igual se pasaron un poquito pero que no es para tanto", explica Anita Botwin. Lo que supone a su entender "una manera muy efectiva de normalizar una situación muy grave y quitarle hierro al asunto".

El problema, añade López Díez, es que esa cultura de la violación, unida al descrédito que sufren las mujeres, supone "el cóctel perfecto para violar". Ellos, continúa la periodista, "no reconocerán nunca que son violadores, pero hay muchos paseando por la calle".

Esta visión, además, se encuentra fortalecida por otra idea igualmente extendida: "Las mujeres tenemos la obligación de protegernos frente la agresión sexual". Nuria Varela recuerda la campaña impulsada por el Ministerio del Interior del año 2014 en la que desarrolla una serie de consejos para que las mujeres sean capaces de prevenir una violación. "Todavía se mantiene un discurso compartido socialmente basado en que las mujeres tenemos toque de queda", lamenta Varela. Se asume, de esta manera, que "el hecho de ser o no víctimas depende de nuestra conducta", lo que no sólo es "una barbaridad sino que además es falso". Si algo protege, remacha la periodista, "es el ejercicio de los derechos, y no la renuncia".

¿Cómo hacerlo bien?

Anita Botwin observa que actualmente, y en especial con la proliferación de las plataformas digitales, los medios comienzan a trabajar por una "feminización" de plantilla y contenido. Pero, lamenta, "al fin y al cabo siempre existe una visión patriarcal" dominante. La solución, en opinión de las periodistas consultadas, es evidente: más formación. "Faltan especialistas en género en todas partes", comenta Botwin, quien insiste en recalcar la utilidad de cursos y talleres sobre género que sirven como recurso para dar pie a una perspectiva diferente que evite repetir y fortalecer modelos machistas.

El reto, admite Montserrat Boix, es "informar con ética y no contribuir al juego", de forma que los medios sean quienes apuesten por esquivar "la información espectáculo" y cultiven otra rigurosa. La periodista remarca, en esta línea, que el tratamiento de la violencia sexual no es "una información como otra cualquiera" y que por tanto "no se puede ser neutral".

Para lograr un cambio en el enfoque, opina Varela, resulta fundamental terminar con un modelo que relega a los temas relacionados con violencia de género a un segundo plano. "No son prioritarios y además la mirada sobre ellos es absolutamente masculina", considera. Los profesionales, como consecuencia, "no se especializan porque son temas poco valorados y la única manera de abordarlos es formarse. Nadie escribe de economía o internacional sin tener ni idea", critica la escritora.

Precisamente en la labor formativa llevan trabajando periodistas, expertas en cuestiones de género y colectivos feministas desde hace años. La propia Pilar López Díez elaboró el pasado mes de junio una guía con trece recomendaciones para el tratamiento informativo de los delitos de violencia sexual. Entre los puntos expuestos, la periodista destaca la importancia de mencionar, en toda información, "las históricas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres" como único motivo de la violencia sexual. También aconseja "elaborar las noticias partiendo del sujeto activo", y bajo ningún concepto "justificar a un agresor sexual ni culpabilizar a las víctimas". Además, recuerda López Díez, la identificación de las mujeres afectadas "significa una segunda victimización para ellas".

Para que el cuestionamiento no fuese tachado de improcedente y absurdo, haría falta tener indicios sólidos que autoricen a cuestionar públicamente el relato de la víctima. Recientemente, Nacho Abad, presentador del programa Espejo Público, ponía públicamente en cuestión a la mujer que ha denunciado por violación a ese grupo de hombres autodenominado La Manada. Preguntó a su público en Twitter si creía la versión de la denunciante o pensaban que hubo “sexo consentido”, como afirman los presuntos violadores. Hay indicios que apuntan a la primera hipótesis (la llamada telefónica de la denuncia, los antecedentes de alguno de ellos, la descripción que hacen de los vídeos quienes han tenido acceso, las conversaciones de WhatsApp, la confesión de haber robado el móvil, etc.).

Si no aporta un solo dato, testimonio o indicio que justifique abrir ese debate, tan sólo la versión de acusados que enfrentan 22 años de prisión, ¿por qué no le pareció al periodista una pregunta absurda? Es más, ¿qué es lo que hace que otros periodistas salgan a defenderle en su cuestionamiento? Y aún peor, ¿por qué más de 3.000 personas aceptaron tomar parte en la absurda encuesta? ¿Cómo es posible que más de 300 decidieran “apostar” a que la denunciante miente? Hay algo que hace que este debate parezca más razonable en el caso de la chica que del hipotético cajero, al menos para una parte de la población. Ese algo se llama cultura de la violación.

Este concepto, forjado por la teoría feminista allá en los años 70, describe la matriz de opinión compuesta por clichés, suposiciones, estereotipos y actitudes hacia el género femenino que producen el efecto de trivializar o legitimar diferentes formas de agresión sexual. A menudo a través de la broma, la relativización, la insinuación o la ironía, culturalmente más eficaces que la afirmación explícita, se reproducen patrones de pensamiento que normalizan formas cotidianas de abuso masculino.

En el machuno mundo periodístico abundan los ejemplos. Hace poco Lucía Méndez relataba en su columna la respuesta de un jefe de Redacción cuando le comunicaron que varias estudiantes en prácticas le estaban esperando: “Que se vayan lavando, que ahora voy”. Si alguien le hubiera afeado su conducta, la respuesta sería previsible: “Mujer, es una broma”.

La cultura de la violación no es cosa de otros, de algunos, de los agresores. Tampoco es explícita, salvo casos patológicos. Es una parte del medio cultural en que nos hemos constituido todos y todas, uno de los pilares del patriarcado. Cuando alguien cree que la ropa que viste una mujer agredida es relevante en el juicio, o que si inicialmente coqueteó con su agresor hay que dudar de su denuncia, eso es cultura de la violación. Cuando se pregunta a la víctima si había bebido alcohol, es cultura de la violación. No hay prenda ni gesto que incite o sirva de atenuante a una agresión.

En los últimos días viene saliendo a la luz una ola de casos de acoso en el mundo del cine, lo que no puede explicarse en base a los hábitos de ese sector, ni al perfil de las agredidas, sino a una permisividad fomentada mediante la cultura de la violación. Cuando una buena parte de la pornografía y por tanto de las fantasías eróticas tanto de hombres como de mujeres incluye formas simbólicas o físicas de violencia en distinto grado, según recogen multitud de estudios sobre la cuestión, ello evidencia una omnipresencia implícita de la cultura de la violación. Cuando la propia ONU es incapaz de evitar que sus cascos azules reciban año tras año cientos de denuncias por agresión sexual, tenemos la evidencia de los efectos más brutales de la cultura de la violación. Soldados europeos que de forma sistemática aprovechan situaciones en que se saben impunes para abusar.

Es un concepto analítico, no es una exageración. Según la Fundación Mujeres, cada ocho horas se comete una violación contra mujeres en España, pero solo el 20% de las veces se produce denuncia y sólo el 1% termina en sentencia. Según la Agencia Europa de Derechos Fundamentales, una de cada 20 mujeres ha sido violada desde los quince años de edad, y casi el doble ha sufrido algún tipo de violencia sexual antes de esa edad. La cultura de la violación es un hecho, y aunque sea a base de actitudes, bromas, presuposiciones, de subtexto y no de razonamiento explícito, esta cultura no explícita es la matriz que produce esas cifras.

En relación al caso de La Manada cabe exigir que se deje trabajar a la justicia y se eviten juicios mediáticos, aludiendo a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa como en cualquier otro caso. Esa fue la respuesta esgrimida por el periodista que lanzó la encuesta cuando se vio forzado a borrarla. Pero, precisamente por ese argumento, preguntar al público si cree que la denuncia es real o inventada fue absurdo e irresponsable. La pregunta en sí constituye cultura de la violación, precisamente porque atenta contra la presunción de inocencia no sólo de los acusados (la encuesta ya es en sí misma un juicio mediático) sino también de la denunciante, al indicar que podría estar cometiendo un delito de calumnia o de falsa acusación.

Es esta actitud la que normaliza que para estos delitos, a diferencia de otros, se culpe e investigue a las víctimas, un fenómeno que el feminismo denomina revictimización. En este caso, el juez ha aceptado como prueba el informe que la familia de un acusado pagó a un detective privado que siguió a la denunciante después de que se produjera la denuncia, mientras que rechaza como prueba conversaciones de Whatsapp de La Manada anteriores a los mismos. En otros delitos no es tan habitual que se sospeche de víctimas y denunciantes, ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se supone que debe actuar o no actuar una mujer para demostrar que ha sido violada? La sospecha parece recaer así sobre ella, algo que según el experto Miguel Lorente las denunciantes sufren entre un 15% y un 20% de los casos. Una vez más, cultura de la violación.

¿Cómo se cambia esto? ¿Cómo se acabó con otro tipo de abusos antes normalizados y hoy erradicados? Las expertas hablan de generar entornos que eviten culpabilizar a quien denuncia, con lo que podrán aflorar más denuncias. Por ejemplo, mediante una combinación de protección específica, políticas públicas de prevención y concienciación, y apoyo a la acción cultural transformadora. También insisten, con razón, en que los hombres hablemos y dejemos de considerarlo un tema ajeno. Hablemos, pues, no dejemos de criticar cuando desde ciertas cavernas mediáticas se arroje la sombra de la sospecha sobre mujeres que se atreven a denunciar. Periodistas y profesores tenemos una especial responsabilidad en este terreno. Cumplamos con ella.

La mujer de 28 años asesinada este miércoles en Elda (Alicante) a manos de su expareja eleva a 44 el eterno listado de feminicidios en lo que va de año y suma 916 desde el 2003. La joven, que estaba recogiendo a su hijo de tres años del colegio cuando su agresor la mató a tiros, representa uno de los ejemplos más sangrantes de violencia de género. Había denunciado hasta en cuatro ocasiones a su expareja, quien después de quebrar una orden de alejamiento llegó hasta la mujer para dejarle en un estado de muerte cerebral que acabaría con su vida un día después.

La víctima denunció en 2014 por agresión al padre de su hijo, y volvió a hacerlo una vez más en 2016. El hombre fue entonces condenado por violencia de género y recae sobre él una pena de 40 días de trabajo comunitario. Ese mismo año la pareja se rompe y se impone un régimen de custodia compartida respecto al hijo que tienen en común. Pero el abuso por parte de él continúa con un episodio de amenazas de muerte hacia ella. Tercera denuncia. Esta vez llega aparejada de una orden de alejamiento que incumplió tras intentar ponerse en contacto con la víctima telefónicamente ya en 2017. Se produce entonces la cuarta denuncia a principios del mes de noviembre. Un día después del asesinato, el jueves 9 de noviembre, estaba fijado el juicio rápido. Pese a que la víctima acudió reiteradamente a los mecanismos oficiales contemplados en los casos de violencia machista, éstos no fueron suficientes para garantizarle una protección efectiva. ¿Qué falló? La fiscal de Violencia de Género, Pilar Martín Nájera, reconoció este viernes en la Cadena Ser que resulta "muy difícil valorar el riesgo" y lanzó un grito desesperado para exigir una mayor cantidad de medios. Reivindicó la necesidad de unidades forenses de evaluación integral en los juzgados de guardia, algo que la Fiscalía "lleva años" reclamando y que, aunque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla poner en marcha en un plazo máximo de dos años, "no puede esperar más".

Según el Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente de Riesgo en violencia de género, impulsado en el año 2011, la valoración de riesgo ha de realizarse siempre a petición de la autoridad judicial correspondiente y tiene como objetivo, dentro del ámbito judicial, aportar un elemento más que permita adoptar una decisión sobre la pertinencia y alcance de las medidas de protección de la víctima. Se podrá realizar, la evaluación, de forma urgente –en menos de 72 horas– o de forma programada. La valoración será, por tanto, fundamental a la hora de establecer las medidas destinadas a la protección de la mujer.

Según el Ministerio del Interior, a fecha de octubre de 2017, en España existen 22.699 casos activos de riesgo bajo, 4.566 de riesgo medio, 175 de riesgo alto y únicamente diez cuyo riesgo se eleva al nivel de extremo. La cifra dominante, sin embargo, sigue siendo aquella que no aprecia ningún tipo de riesgo, con 27.869 casos activos en total.

El problema surge cuando una herramienta de evidente utilidad como es la evaluación de riesgo no recaba los resultados esperados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya denunció en 2016 la existencia de casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas que no solamente habían denunciado previamente a sus agresores, sino que incluso lo habían hecho en varias ocasiones o habían manifestado en su denuncia sufrir "maltrato habitual", sin que ello implicara un agravamiento del nivel de riesgo valorado o la adopción de medidas de protección.

La Fiscalía lo advierte cada año. "Pese a la gran utilidad del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente de Riesgo como herramienta para efectuar la valoración de riesgo objetivo, su uso es muy escaso". El mensaje se repite anualmente en la Memoria de la Fiscalía General del Estado desde que el protocolo se comenzó a implantar. En la memoria de 2013, el Ministerio Público contabilizaba sólo 366 informes siguiendo el protocolo a lo largo del año anterior. "La escasa implantación del protocolo se advierte a simple vista", decía el documento, "sin embargo, ésta es más evidente si se compara el número de informes emitidos con el de solicitudes de órdenes de protección tramitadas". En aquel año, los jueces y fiscales sólo accedieron a un informe en el 1,06% de los casos en que fueron solicitadas órdenes de protección. Con el paso de los años la cifra, prácticamente inmutable, revela lo enquistado de la situación.

La memoria de 2014 cifra en 352 los informes emitidos, mientras que la de 2015 desvela un descenso hasta los 349 y el balance de 2016 recoge un leve ascenso en el número de informes de evaluación, con un total de 421. En este último caso, y "teniendo en cuenta el número de solicitudes de órdenes de protección en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad", el aumento "es insignificante". Finalmente, la Memoria del año 2017 supone un batacazo: sólo fueron emitidos 284 informes de conformidad con el protocolo. Supone, esta cifra, el 0,74% de solicitudes de órdenes de protección en las que el apoyo de tales informes "podría haber sido de gran utilidad".

Medios y voluntad política

La fiscal de Violencia de Género apuntaba la mañana del viernes a la urgencia de implantar unidades de valoración forense integral. La última Memoria de la Fiscalía ya venía advirtiendo que resulta "esencial la total implantación de estas unidades a fin de poder contar con informes elaborados conjuntamente por los profesionales que la componen en los procedimientos penales y civiles relacionados con la violencia de género". Asunto clave es que dichas unidades puedan "atender a todos los juzgados, sin que su operatividad pueda ser suplida por los equipos psicosociales, por otra parte sobrecargados". Pese a ser una reivindicación tradicional de la Fiscalía, "no se ha conseguido esta pretensión" y de hecho la dinámica habitual es que "se evita la petición de informes salvo cuando es estrictamente necesario" debido a la carga excesiva de trabajo y la falta de especialización.

Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, también pone el acento en la valoración de riesgo. Actualmente la evaluación "se hace por el sistema VioGen, que es informático y con una plantilla estándar, por la Policía y la Guardia Civil". Esto conlleva que, "al ser un tema estándar, se basa en un test de preguntas que son iguales para todas". El problema, por tanto, es que quedan fuera profesionales expertos que puedan tener en cuenta factores como "el maltrato psicológico, el control o la sintomatología de la víctima para ver hasta donde llega su miedo". Un psicólogo, subraya Martínez, puede detectar casuísticas que un sistema informático no capta. Eso supone que, en muchas ocasiones, se determina un riesgo "medio o bajo cuando luego el peligro es muy superior".

En este contexto, la Ley contra la Violencia de Género de 2004 prevía la creación de las unidades de valoración forense integral, cuya presencia es a día de hoy "anecdótica". "La generalidad de juzgados no cuenta con estas unidades", denuncia Martínez. Lo que ocurre, añade, es que el juez para dictar medidas adecuadas tiene que contar con medios de valoración, uno de los datos clave para decretar prisión provisional, control telemático y otras medidas concretas que van más allá de la orden de alejamiento, recuerda la experta. Si no hay medios, agrega, no hay unidades.

En la falta de medios incide también Marisa Fernández, abogada especializada en violencia contra la mujer y miembro de la asociación de Dones Juristes. "Siempre falla la falta de medios para la valoración de riesgos", denuncia la abogada en conversación con infoLibre. Pero, añade, "falta también voluntad política". Fernández coincide en que las unidades y la correspondiente evaluación apenas se ponen en marcha. Lo habitual es, por el contrario, "evaluar la credibilidad de la mujer". "Esta es la perversión del sistema", censura. La reivindicación de las expertas se ajusta al efectivo cumplimiento de los requisitos que marca la ley, pero "las leyes a veces son papel mojado", lamenta Fernández. Cuando no existe un "equipo interdisciplinar que evalúa el riesgo", sino un "equipo penal sin formación de género, abiertamente lo que hacen es evaluar si la mujer es creíble".

La letrada entiende que, para que los jueces puedan basar sus decisiones en principios sólidos, deben "estar dotados de medios, sobre todo forenses". "No se puede decidir con suficiente criterio sin conocer el riesgo", añade. Pero para ello hacen falta "dinero, recursos y formación", los tres pilares fundamentales para cualquier avance. "Hay que poner recursos y trabajar en formación de género", pero además se hace necesario "cambiar muchas mentalidades, un trabajo que tampoco se ha iniciado" y que además es "lento y necesita tiempo". Sólo será posible, a su juicio, "con voluntad política y económica, que no existe más allá de vagas y ambiguas declaraciones". Fernández critica, en esta misma línea, que la "apariencia de interés no es real, y sólo se demuestra con políticas y con dinero".

Con ella coincide Susana Martínez al advertir que la única salida posible es la aplicación de la ley, la dotación de medios económicos y la voluntad política. Los juzgados, añade, deben contar con expertos en violencia de género y un equipo de valoración compuesto por médicos, psicólogos y trabajadores sociales para investigar el entorno. "Si desde el minuto uno en que se inicia el procedimiento el juzgado cuenta con profesionales, el juez podría imponer medidas más concretas", expone Martínez, quien además incide en que la violencia machista cuenta con unas características muy específicas, como la continuidad, el elemento afectivo, la dependencia o la diferencia de fuerzas. "Cada caso es único", relata, por lo que "o se cuenta con profesionales formados en violencia de género o todo seguirá igual".

"Esto es una urgencia. Faltan medios, presupuesto y unidades forenses, se sabe desde hace años", considera también Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista de Madrid, en conversación con este diario. Si de algo tiene que servir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recalca, es para que se aplique "inmediatamente con carácter de urgencia el presupuesto y las medidas necesarias".

La situación es que "las mujeres que denuncian están desamparadas ante la justicia y expuestas a que las asesinen". Y pese a ello, resulta fundamental que las mujeres se sientan amparadas para salir adelante. El Pacto de Estado, por ejemplo, contempla "otros mecanismos para acceder a recursos de atención sin necesidad de hacer denuncia". Hay que "exigir que se aplique de inmediato todo esto y que las mujeres se sientan respaldadas", sostiene Montero. "Hay que decir que si todas colaboramos, incluidas las instituciones, no tiene por qué ocurrir esto ni va a volver a pasar", concluyen las expertas.

Harvey Weinstein fue el punto de partida, la evidencia que puso nombre y apellido a un secreto a voces. La oleada de denuncias contra el productor estadounidense como autor de decenas de agresiones sexuales ha puesto sobre la mesa toda una estructura articulada en torno al poder de los hombres sobre las mujeres, no sólo en la industria del cine, sino en empresas, instituciones y en las propias calles. A las voces de actrices como Rose McGowan o Angelina Jolie les han seguido los gritos de eurodiputadas, periodistas o artistas que han dado un paso adelante para lanzar un mensaje claro: yo también. Ellas también han sufrido acoso sexual o abusos por parte hombres en una posición superior, por el simple hecho de ser mujeres.

El fenómeno no entiende de clase, raza o geografía, y por eso su onda expansiva alcanza a un número de mujeres cada día en aumento. La actriz Leticia Dolera relataba en un artículo cómo había sufrido episodios de acoso sexual por superiores y compañeros. Maribel Verdú reconocía que el acoso sexual "se ha dado toda la vida en el cine y fuera", y la cineasta Gracia Querejeta lamentaba que "a menudo es algo conocido en el entorno de la víctima, pero por miedo al despido o a otras represalias, te callas". Paralelamente, Yvonne Blake, presidenta de la Academia de Cine, denunciaba haber sufrido una violación por parte de "un productor americano". No hace falta ir al mundo del cine para encontrar a muchos otros Weinstein. En Sevilla, un grupo de mujeres ha elevado la voz contra Francisco Javier Criado, un psiquiatra sevillano investigado por delito de vejaciones y contra la integridad moral por haber acosado a una paciente. La mujer se encuentra respaldada por otras muchas cuyas denuncias quedaron archivadas.

El cine como altavoz

Laura Freixas, presidenta de Clásicas y Modernas, organización que lucha por la igualdad de género en la cultura, celebra que el caso se haya destapado precisamente en Hollywood por su "inmenso poder para visibilizar". La industria del cine, y en concreto la estadounidense, se presenta como una de las herramientas más potentes e influyentes a la hora de crear un relato cultural que marcará hábitos y será decisivo en la perpetuación o destrucción de estereotipos.

"Está claro que una persona popular, o con cierta relevancia en la sociedad, puede dar ejemplo a personas que estén pasando por la misma situación y así animarlas a denunciar dicho problema latente en la sociedad". Habla Iñaki Guevara, secretario general de la Unión de Actores y Actrices. Aunque el sindicato español no ha recibido "ninguna denuncia al respecto", su secretario general da por hecho que existen casos similares. Guevara subraya, en este sentido, la existencia de un protocolo contra el acoso sexual que el sindicato introdujo en el último convenio colectivo que se aplica en el cine y que se centra en la confidencialidad de la víctima y en la sanción al agresor, aunque el documento no concreta la dimensión del castigo. "Hay que poner las herramientas necesarias para conseguir que estos casos salgan a la luz y no se mantengan impunes", señala el actor, quien entiende necesario seguir "trabajando y revisando las medidas oportunas para que tales situaciones de acoso no caigan en saco roto".

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, coincide en que el cine es un ámbito donde "probablemente este tipo de comportamientos es frecuente". Sin embargo, celebra, "cada vez hay más mujeres en la industria del cine que son poderosas y han decidido que no van a soportar" situaciones de abuso hacia ellas. Que suceda en ese nivel, reflexiona, "puede ser un modelo a seguir para otras" mujeres que estén pasando por lo mismo.

Y es que a juicio de Freixas lo ocurrido no es sino el reflejo de lo que sucede en la sociedad. "El hecho de que los hombres tengan mucho más poder se traduce en todo tipo de abusos", señala. Se trata de una realidad enmarcada dentro de "un ámbito opaco", porque "hasta ahora había muy poca legislación clara al respecto". Que la vida privada quedase tradicionalmente fuera de la esfera pública lo ha dejado siempre como un asunto "al margen de la ley".

Cambio en el imaginario colectivo

Laura Freixas reflexiona sobre lo "significativo" de que el caso Weinstein estuviera ocurriendo desde hace cuatro décadas, "que todo el mundo lo supiera y sólo haya salido a la luz cuando lo ha destapado un hombre", el periodista Ronan Farrow. El significado de ello es claro: "A las mujeres no se nos otorga credibilidad". Una mujer que denuncia recibe todo clase de críticas estereotipadas que la sitúan como "mujer histérica" con el objetivo de, una vez más, "asociar la autoridad a los hombres".

El impulso que han generado las denuncias contra Weinstein puede generar un cambio de paradigma que sirva para "sacar a la luz todo un sistema de micropoder, microviolencia, chantaje, que incluye también los chistes machistas, las observaciones en los ámbitos profesionales y públicos que mantienen a las mujeres en su lugar poniéndolas en situaciones incómodas o situándolas como objetos sexuales a las que excepcionalmente se les permite participar". Se trata, bajo el juicio de Freixas, de destapar todos esos "desprecios en sus distintas formas" con el fin de evitar que se aparte "a las mujeres de los ámbitos de poder que están alcanzando".

Igual de significativo resulta, añade Soleto, crear conciencia al menos en lo que respecta al "prestigio social" de los agresores, que "no va a quedar impune", y que "al menos se genere cierta situación vergonzante". "Que se tome conciencia de una situación que puede suponer un delito, y de que son delincuentes", añade.

Empoderamiento

Dar visibilidad a un problema como el abuso normalizado y generalizado es causa y consecuencia de todo un grupo de "mujeres perdiendo el miedo". Así lo interpreta Freixas, quien subraya que "una de las claves del poder masculino es que siempre se han agrupado", ya sea en partidos políticos, empresas o redes informales. Frente a esta dinámica, las mujeres "se han quedado cada una en su casa". "Protegernos unas a otras, apoyarnos, avanzar" se torna fundamental para que las mujeres recuperen los derechos tradicionalmente negados.

En este contexto, "la decisión de la inmensa mayoría de mujeres siempre ha sido no denunciar", de modo que el efecto desencadenado por el caso Weinstein resulta enormemente poderoso a la hora de "ponerle la dimensión que tiene", explica Soleto. Lo que a su juicio es una "constante en la vida de muchas mujeres" se pone por fin sobre la mesa como un fenómeno global, enquistado y de urgente erradicación. "Es un fenómeno que existe, se produce, que tiene agresores y tiene víctimas", agrega, "y en muchos casos las mujeres toman la decisión de no contarlo, por miles de razones".

Uno de esos motivos, continúa, es la habitual culpabilización de la víctima. "En muchos casos se culpa a la víctima, y en muchos otros la palabra de una persona sin poder frente a otra que sí lo tiene puede derivar en malos resultados", agrega la experta. La oleada actual no es sino una "denuncia sobre lo que todos sabemos que ocurre".

Ante la situación originada, "habrá algunos que aprovechen para desacreditar" la voz de las mujeres, pero la repercusión es evidente. "Ha sido muy interesante el movimiento en redes sociales, lo que supone una pincelada sobre cuál puede llegar a ser la envergadura del problema", añade la presidenta de la Fundación Mujeres.

Guevara, por su parte, dice esperar que "las personas afectadas se atrevan a denunciar estos casos", aunque, matiza, "el miedo se perderá de verdad cuando toda la sociedad rechace estos comportamientos".

"Quiero creer –confiesa Freixas– que ahora las mujeres estamos más empoderadas, somos conscientes de nuestros derechos, de que lo personal es político". Será, probablemente, el primer paso de una carrera de fondo. "No va a ser fácil porque hay mucha resistencia, muchos hombres tienen mucho poder y se niegan a un reparto equitativo y justo del mismo".

Activismo en las calles y en los márgenes del estadio. La revista tintaLibre, el mensual en papel de infoLibre, aborda en su número de noviembre los movimientos políticos y sociales que se han generado en torno al fútbol, un repaso que va desde los ultras más violentos hasta el entusiasmo democrático y de autogobierno de uno de los episodios más curiosos de la historia del balompié: los Corinthians brasileños. El bloque de portada está dedicado a los Boixos Nois, los Riazor Blues y a la Democracia Corinthiana. Comienza con una entrevista de Oriol Rodríguez a un antiguo integrante de los Boixos, grupo antifascista e independentista ligado al FC Barcelona. El entrevistado fue uno de los miembros acusados en 1991 de la muerte de un integrante de las Brigadas Blanquiazules, sus eternos rivales, y ofrece un crudo testimonio sobre el violento ambiente futbolero de los años ochenta en Barcelona.

Arturo Lezcano recuerda los años de protesta civil liderados por la llamada Democracia Corinthiana. En la misma época en la que se gestaba el movimiento ultra del fútbol catalán, Brasil vivió una auténtica revolución en los estadios en plena dictadura militar. Los Corinthians de São Paulo (liderados por la leyenda del fútbol Sócrates Brasileiro) reclamaron desde el campo elecciones libres y practicaron una gestión horizontal también en los vestuarios. Cierra el bloque de portada el artículo Treinta años de Blues escrito por Juan L. Cudeiro. En él, el autor hace un repaso a la historia de los Riazor Blues, desde sus inicios hasta la actualidad. Y para cerrar el bloque de fútbol, tintaLibre dedica la contraportada de noviembre a uno de los grandes agitadores dentro y fuera del campo de juego, Gerard Piqué.

Aunque no están vinculados a ningún equipo de fútbol, en las pandillas salvadoreñas habita también ese sentimiento de pertenencia al grupo, de identidad tribal. En el número de noviembre publicamos la crónica de uno de los mejores reporteros latinoamericanos actuales, Óscar Martínez, que ha dedicado su carrera a investigar las maras que han convertido El Salvador en uno de los lugares más peligrosos del planeta. En El Niño de Hollywood narra la historia de Miguel Ángel Tobar, uno de los sicarios de la mara Salvatrucha.

Por otro lado, el bloque de apertura habla de reivindicaciones, pero en otros escenarios. Desde la literatura, Alberto G. Palomo escribe La patria ya tiene quien le escriba, un reportaje sobre la literatura de conflictos demonizados por la sospecha y el resentimiento, como son los casos de Colombia y el País Vasco. Saila Marcos firma Una militancia gloriosa, acerca de la vida de la activista estadounidense Gloria Steinem, uno de los grandes referentes del feminismo cuyas memorias serán llevadas próximamente al cine. Volviendo al fútbol, en este caso femenino, Karmentxu Marín entrevista a Ainhoa Tirapu, capitana del Athletic Club de Bilbao. La guardameta, que compagina su media jornada como futbolista con otro trabajo en una tienda de deportes, pide la profesionalización del fútbol femenino. Este número dedica también un espacio a Bibiana Steinhaus, la primera mujer árbitro de la Bundesliga alemana.

Sobre las novedades de cine y televisión en este bloque de apertura escriben también Nerea Dolara –Una depresión de caballo, sobre la serie BoJack Horseman- y Fernando Bernal, con Made in Argentina, acerca de las cineastas argentinas como Anahí Berneri y Lucrecia Martel, que están triunfando internacionalmente. La fotografía de portada es de Derek Ridgers y las ilustraciones del interior de la revista son obra de Sin Sombra y María Herreros.

En este número el periodista Aníbal Malvar inaugura la serie El ruedo ibérico con un perfil de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Por su parte, Javier Valenzuela firma la crónica Santos Juanes que estáis en Larache, en la que narra una visita al cementerio de la ciudad marroquí donde están enterrados Juan Goytisolo y Jean Genet. Mientras que Ramón Lobo escribe No miremos a los Balcanes, por favor, un reportaje en el que compara la situación de la antigua Yugoslavia con el procés catalán.

Por último, el portfolio de la revista de noviembre recoge la marcha que emprendieron, en 1965, Martin Luther King y un séquito de activistas entre Selma y Montgomery. La crónica de aquel viaje, con imágenes de Steve Schapiro y textos de James Baldwin, la publica ahora la editorial Taschen en una edición para coleccionistas titulada The fire next time. tintaLibre ofrece una selección del trabajo de Schapiro.

tintaLibre está a la venta a partir del viernes 3 de noviembre en quioscos y librerías de toda España.

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En 2016, un total de 52 mujeres fueron asesinadas por violencia machista. En lo que llevamos de año (hasta el 26 de septiembre de 2017), ya van 37 víctimas mortales, cinco más que en el mismo periodo del año pasado. Estas preocupantes cifras, no obstante, sólo son la punta del iceberg de un problema que va mucho más allá de la violencia física. El aislamiento social y la dependencia económica constituyen dos de las herramientas centrales empleadas por el maltratador para ejercer el control absoluto sobre todos los aspectos de la vida de la víctima. 

Así, según se desprende del Boletín sobre Vulnerabilidad Social y Violencia de Género que presentado hace unos días por Cruz Roja, el 80% de las mujeres víctimas de violencia machista atendidas por el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género (Atenpro) del Ministerio de Sanidad, prestado por la asociación, no puede relacionarse con su familia. Estas situaciones de control fueron reconocidas por más del 74% de las mujeres atendidas por este servicio y, de ellas, el 89,9% declaró que su expareja insistía en saber dónde estaba en todo momento.

Este aislamiento se interrelaciona de forma directa con la violencia económica, definido por la presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM), Susana Martínez, como todas aquellas conductas que puedan constituir un "control de los recursos económicos de los ingresos familiares", así como la falta de conocimiento sobre ellos.

La imposibilidad de trabajar de la mujer maltratada, anclada al trabajo doméstico, provoca su falta de independencia en todos los sentidos. "El modelo de familia tradicional aboca a la dependencia extrema de las mujeres", según Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, quien explica que, así, el maltratador consigue "manejar" a su víctima. 

De esta manera, la dedicación única al trabajo doméstico provoca que el 39,1% de las mujeres atendidas en Atenpro estén desempleadas, lo que explica que más de la mitad de ellas sufran una situación de pobreza extrema, es decir, que perciban un ingreso mensual inferior a 445 euros al mes. Por otro lado, al estar privadas de estudiar, la mayoría de las víctimas atendidas que sí disponen de un trabajo son obreras no cualificadas (un 45,1%) o se dedican a tareas domésticas o de cuidado de personas (el 26,6%). 

Acabar con la dependencia emocional para alcanzar la independencia económica

Desde el Centro de Atención, Recuperación, y Reinserción de Mujeres Maltratadas, (CARRMM) se trabaja con mujeres que han sufrido violencia machista o que todavía tienen secuelas de haber sufrido maltrato. "Trabajamos desde cinco áreas: la psicológica, la jurídica, de formación, la de trabajo social y la de convivencia", explica Juana María Aguilar Mayoral, trabajadora social del centro. Carmen Acebes, psicopedagoga de la ONG, trabaja en el área de formación que tiene por objetivo que las mujeres que llegan allí salgan con una "estabilidad laboral", según cuentan en conversación con infoLibre. Las dos profesionales inciden en que, no obstante, alcanzar la independencia económica pasa necesariamente por un proceso previo en el que deben deshacerse de la dependencia emocional ligada al aislamiento que se da en las situaciones de maltrato.

"Aquí las mujeres llegan sin nada. Muy pocas vienen con trabajo", informa Aguilar, quien explica que tienen un programa que dura unos 18 meses en los que se pretende que las mujeres alcancen la independencia necesaria para poder continuar con su vida. "El tiempo que están aquí varía en función de cómo avancen. Hay algunas que quieren normalizar en seguida su situación, otras necesitan más tiempo", afirma Acebes. 

Desde el centro, explican, tratan de que las mujeres consigan la autonomía que no tenían durante el maltrato, pero indican que la situación económica y las dificultades para encontrar empleo influyen notablemente en el proceso de ayuda a las mujeres. "Ahora hay un panorama en nuestro país que dificulta mucho las cosas". 

La violencia económica, herramienta para anclar a la víctima a la relación

Las formas de dominio económico y el alcance que este puede llegar a tener en las mujeres constituye uno de los factores principales que acentúan la violencia machista, además de constituirse como una de las herramientas clave que dificultan la posibilidad de salida de las mujeres que sufren esta situación. "Cuando las mujeres estaban conviviendo con sus exparejas, el control económico por parte del maltratador constituía una parte significativa en el proceso de maltrato", según el boletín. Este tipo de violencia se ejerce mediante la negación del maltratador a dejar dinero a la víctima, en la apropiación de sus bienes y de su dinero, en la prohibición expresa de trabajar y estudiar (sufrida por un 47,4% de las mujeres atendidas por Atenpro) o en el impedimento de tomar decisiones relacionadas con la economía familiar, como por ejemplo realizar compras de forma independiente (sufrido por el 70% de las mujeres asistidas por el servicio del Ministerio de Sanidad). 

"El riesgo económico que se refleja en el informe es muy preocupante pero no quiere decir que todas las mujeres maltratadas lo sufran", explica Susana Gende, psicóloga y portavoz del departamento de intervención social de Cruz Roja. Según afirma, este tipo de violencia "no es extrapolable" y, a pesar de dificultar la salida y poder ser una consecuencia de ella, la situación económica no es la causa del maltrato. "La causa del maltrato, sea económico o de otro tipo, es ser mujer", sentencia. 

"Nadie puede rehacer su vida sin independencia económica", prosigue Gende, quien añade que, además de una barrera, es "una consecuencia de la salida". Cuando el sostén económico de una mujer es su maltratador, que le ha impedido siempre trabajar y estudiar, es complicado crear una red que permita la emancipación económica. Así, este tipo de violencia, que se produce siempre junto a la física, verbal y psicológica, "resta fortalezas individuales", según Soleto.

En el mismo sentido se pronuncia Consuelo Abril, abogada especialista en violencia de género, quien sostiene que "la dependencia de las mujeres hace que aguanten más las situaciones de maltrato, máxime cuando hay hijos de por medio". "La vulnerabilidad es muy alta porque estas mujeres están martirizadas", añade. Además, según explica, la situación más común es que, una vez traspasada la barrera y comenzado el proceso de separación, "son ellas las que habitualmente se tienen que ir de casa". 

Recogida en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa pero "olvidada judicialmente"

El control económico tiene un impacto tal en las víctimas que fue reconocido por el Convenio de Estambul adoptado por el Consejo de Europa en el año 2011. Según detalla en su artículo 3, se entiende por "violencia contra las mujeres" todos aquellos actos "de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica".

A pesar de ello, Soleto sostiene que este tipo de maltrato "es difícil de reconocer judicialmente" porque, además, como afirma Abril, "no está reconocida en la ley contra la violencia de género". Aunque se apele a ella durante un juicio, el juez rechaza tomarla en consideración, prosigue, "a pesar de ser de obligado cumplimiento". Por ello, según añaden estas expertas, es importante que "se saque adelante" el Pacto de Estado contra la violencia de género, que sí contemplaría la inclusión de este tipo de violencia contra las mujeres, en consonancia con la normativa europea. 

No obstante, "es necesario también un cambio de la mentalidad y de la cultura y ser conscientes de que todas las personas necesitan una independencia económica", según Abril. "El modelo no da más de sí", explica, haciendo referencia a que los roles tradicionales de la familia funcionaban cuando no había divorcios y no se contemplaba que la mujer fuera autónoma. Ahora, sostiene, la perpetuación de esos roles no tiene sentido. 

Edurne Portela (Santurtzi, 1974) ha escrito la novela que venía llamándola toda la vida. No es casualidad que su debut, Mejor la ausencia (Galaxia Gutenberg), haya seguido a su ensayo El eco de los disparos (de la misma editorial). Entonces aplicaba su estudio sobre el relato de las violencias, que había desarrollado en su investigación como docente en Estados Unidos a la dictadura Argentina, al conflicto vasco. El que estaba en las calles en las que creció. La ficción le permite, dice, "entrar en las zonas íntimas de la vivencia de la violencia". Y mirarlo todo desde los ojos de una niña con la que comparte, por lo menos, generación. 

En Mejor la ausencia hay una revelación: por mucho que se corra, el pasado y la memoria nunca pueden evitarse del todo. En el ensayo contaba por qué había decidido ocuparse del conflicto en Euskadi después de años tratando el dolor de otros. Fue a raíz de la lectura del libro de Paddy Woodworth sobre los GAL. En él, el periodista irlandés hablaba, entre otros, de Santiago Brouard, dirigente de Herri Batasuna y asesinado por el terrorismo de Estado en 1984. Portela tenía diez años y el nombre que pronunciaron en los informativos era, ante todo, el de su pediatra. La escritora recordó la escena, enterrada, la cara de dolor de su madre. Un dolor tangible. Woodworth —nótese la ironía: él era un irlandés que escribía sobre el País Vasco— le dijo: "Estás hablando de Argentina porque no quieres enfrentarte a tu propia historia". Pues aquí está. 

Pero no es la violencia de ETA, ni de los GAL, la primera que atraviesa el libro. La primera violencia que aprende Amaia, la protagonista y narradora que el lector verá crecer, es la del padre. "De manera inconsciente, esa violencia le acompaña durante toda la vida", cuenta Portela. A ella, a sus tres hermanos y a su madre, que dan distintas respuestas a la misma pregunta: ¿cómo huir, cómo sobrevivir? "No es la única violencia machista", puntualiza la autora, "porque lo que se encuentra fuera de adolescente también lo es. Eso me salió de forma natural, porque las mujeres de mi edad tuvimos una adolescencia en la que cierto abuso era aceptado, y se asumían como normales actitudes que ahora condenaríamos". Se lo piensa unos segundos: "O no". 

Las agresiones por un motivo u otro se trenzan en un ambiente asfixiante. ¿Dónde acaba una y dónde empieza otra? ¿Y cómo decide que el conflicto vasco va a entrar en escena? "No había un proyecto político detrás. Lo que pasa es que si pones a una familia en el entorno de la margen izquierda [del Nervión] en los ochenta y noventa, pues ahí su presencia es fundamental", cuenta. Y también que "hay un personaje principal que se mueve por las zonas más sucias que pudo generar este conflicto". Es el padre y el marido, Amadeo. Pero Amadeo también es "un txakurra", un policía, "un facha"... Y algo más oscuro que todo eso. 

Pese a que la relación familiar tiene un peso importantísimo en la novela, esta es a menudo presentada como un libro "sobre ETA". Portela lo entiende, "porque a partir de Patria parece que es un tema que está muy vivo en el debate literario y que llama la atención". Pero no deja de lanzar algún reproche: "Lo que me da pena es que algún crítico solo ha querido ver que se denuncia ETA, olvidándose de los GAL y de la brutalidad policial que aparece. Y, por supuesto, de la violencia de género". Tampoco está de acuerdo con cierta lectura que se ha hecho de la novela de Fernando Aramburu, "una obra realista exhaustiva que parte de una tesis sirve para eso, para crear un panorama exhaustivo". "Lo que pasa es que no se puede pensar que eso es eficaz y que se ha dicho todo sobre el tema. Y luego está el peligro que tiene la crítica de aceptar ese recuento de la realidad como el único válido", afea.  

¿Hay una relación entre la violencia terrorista, la de Estado y la machista? Portela apenas medita su respuesta, la trae pensada: "La violencia machista tiene la misma lógica que la violencia política. Al fin y al cabo, los ejecutores responden a un comportamiento patriarcal, opresor que se ve en lo público pero también en lo privado". Y nombra las cargas de Barcelona, ocurridas el día anterior a la entrevista. "Se ve en el 'Tú te lo has buscado', por ejemplo, que se le dice a las mujeres maltratadas pero también a los manifestantes". 

La desigualdad de género se presenta como uno de los problemas sociales y políticos más enquistados y virulentos de la actualidad. Su morfología se aclimata a todos los ámbitos de cualquier país del mundo, y las víctimas de sus efectos, las mujeres, cargan a sus espaldas con la dificultad de erradicar una lacra que por el contrario consolida los privilegios de una parte. En este contexto, la vulnerabilidad de las niñas es evidente: son mujeres, jóvenes, a las que con más facilidad se les priva de su capacidad decisiva.

Con el objetivo de visibilizar la voz de las niñas como protagonistas fundamentales en la lucha por la igualdad de género, se celebra este jueves 11 de octubre el Día Internacional de la Niña, por quinto año consecutivo. La celebración tiene poco de festiva. La discriminación a nivel mundial es evidente, y está articulada principalmente por una desigualdad lacerante en el acceso a la educación. Según datos de la ONG Plan Internacional, 62 millones de niñas en edad escolar no van al colegio, y la mayoría de los 600 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que no están escolarizados o no tienen formación son mujeres. Una vez en el ámbito laboral la situación no experimenta grandes mejoras. Las mujeres suponen el 60% de los 572 millones de trabajadores por debajo del umbral de la pobreza del mundo. Necesariamente unida a este fenómeno se halla la desigualdad económica que han de soportar las mujeres: 900 millones viven con menos de un euro al día.

El matrimonio infantil continúa siendo una realidad en diversos lugares del mapa global, y sus consecuencias generan un impacto directo en la vida de las niñas y en su desarrollo como mujeres. Cerca de 15 millones de niñas son forzadas a contraer matrimonio, es decir, 41.000 niñas se ven obligadas a casarse diariamente. Los países en vías de desarrollo son las principales víctimas de este fenómeno, donde más del 30% de las niñas están casadas antes de cumplir los 18 años. La mutilación genital femenina se ha cebado con al menos 200 millones de niñas y mujeres, cerca de 125 millones en África, y el embarazo adolescente provoca la muerte de 50.000 niñas cada año debido a complicaciones relacionadas con la gestación o el parto. El 50% de la violencia sexual, por otro lado, la sufren niñas menores de 16 años. Una de cada diez niñas (150 millones a nivel mundial) ha sufrido una violación o alguna otra forma de agresión sexual.

Los casos de Malaui y Guatemala

El mes de febrero quedó marcado para siempre en las agendas y las vidas de las niñas de Malaui. El 14 de aquel mes, el Gobierno prohibió definitivamente el matrimonio infantil. Hasta entonces, el país se presentaba como el segundo africano con una mayor tasa de matrimonio infantil. Similar recorrido experimentó Guatemala, que en agosto de este año se convirtió en el cuarto país de América Latina (tras Nicaragua, Honduras y República Dominicana) en abolir el matrimonio infantil. infoLibre habla con cuatro jóvenes activistas que, de la mano de Plan Internacional, han participado activamente en los movimientos sociales que han impulsado el cambio legislativo en ambos países.

Ezelina tiene 23 años y presenta en Malaui un programa de televisión infantil sobre el empoderamiento de las niñas. El camino hacia la prohibición del matrimonio forzado se vivió en su país como un cambio "emocionante" que provocó "mucha alegría" entre las niñas, quienes comenzaron a sentirse "aliviadas y mucho más protegidas". Con ella coincide Josephine, de 16 años, miembro del Comité Juvenil de Plan Internacional en su comunidad. Ambas señalan que este cambio legislativo fue crucial la figura de la mujer del presidente de Malaui, Gertrude Maseko, uno de los principales apoyos en la lucha. Josephine señala que el respaldo de la mujer "fue lo mejor" que les pudo pasar para que el mensaje calara entre la población adulta. "Nos sentimos muy apoyadas por ella, y este apoyo fue en gran parte el que hizo cambiar la mentalidad de los padres", explica la joven.

En Guatemala, por el contrario, no existe ninguna mujer influyente que encumbre la lucha por la igualdad de género. Así lo perciben Estefany (20 años), portavoz del movimiento Por Ser Niña en el país, y Naydelin (13 años), miembro de la Escuela de Liderazgo que opera en Guatemala por el empoderamiento de las niñas. "En Guatemala existe una desigualdad de género muy marcada", señala Estefany, y esto se visibiliza también en el ámbito político. "En la política siempre estarán hombres, no se encuentran mujeres, y mucho menos en la presidencia". El movimiento que ha impulsado la abolición de la ley, matiza la joven, reside en la sociedad civil. "Ahora lo importante es que la ley se aplique y la igualdad sea real", añade.

"Desde que una niña nace comienza la discriminación, y son las personas grandes las que siguen con esa mentalidad", comenta Naydelin, quien además lamenta que "en los colegios y en las propias familias, las niñas tienen que hacer todas las tareas, sin la ayuda de los niños". "Todos tenemos los mismos derechos, y las mismas obligaciones también", subraya la joven.

Pobreza y exclusión

  La pobreza es uno de los fenómenos que más inciden en la desigualdad, también de género. La brecha se incrementa en aquellas zonas donde la pobreza genera exclusión. El motivo temático de este 11 de octubre, de hecho, tiene como espina dorsal "el empoderamiento de las niñas antes y después de las crisis".

En el caso del matrimonio infantil, ambos fenómenos están "totalmente relacionados" porque "cuanto más pobre es la familia más va a tender a casar a sus hijas", explica Ezelina. El matrimonio implica que el hombre "mantiene a la niña y les mantiene a ellos [los miembros de la familia], no sólo con la dote, sino a través de unos ingresos", lo que proporciona cierta seguridad económica a las familias. El problema, continúa la joven, es que "normalmente a las zonas rurales de Malaui la ley no llega, los padres no saben que es ilegal que sus hijas se casen". La labor de las activistas en el terreno consiste en explicar qué consecuencias trae el matrimonio infantil y qué dice la ley, pero es "una tarea muy ardua, muy difícil". Las leyes, además, se encuentran redactadas en inglés, así que las activistas tratan de atajar la situación traduciéndolas al idioma local o mediante el uso de ilustraciones. Lo importante, señala Ezelina, es "explicarles que hay otros escenarios posibles, que hay leyes que velan por ellas y que si siguen estudiando pueden desarrollarse como personas".

La escena se reproduce, prácticamente en términos idénticos, en suelo guatemalteco. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Guatemala está marcada por un 59,3% de pobreza, entre la que se encuentra un 23,6% de pobreza extrema. "Todo está relacionado con la mala economía, marca la vida de los niños y de las personas adultas", explica Estefany. "Eso les limita para que puedan defenderse dentro de la sociedad y seguir creciendo –agrega–, la pobreza es la principal causa de todo lo demás". También Naydelin establece un paralelismo entre ambas cuestiones: "Hay una gran discriminación por la pobreza, eso crea una baja autoestima, y si una niña pobre está siendo discriminada piensa que es mejor casarse" para no seguir pasando por esa situación, "aunque al final su esposo también la discrimina".

Visibilizar un problema universal

En un escenario en el que la legislación local no siempre vela por los derechos de la infancia, tomar espacios de empoderamiento para mostrar el problema se torna crucial. Por este motivo, considera Josephine, "lo más importante es visibilizar, revelar que la educación es lo más importante, dejar ese mensaje en las instituciones". Con ella coincide Estefany, quien entiende necesario "hacer llegar el mensaje no sólo dentro de un país, sino también fuera". A su entender, "la parte más importante es contribuir todos juntos para que este mensaje pueda llegar cada día a todos los lugares", porque "si una piedra nos falta en una construcción, esa construcción no va a poder ser viable".

Esa dinámica es, a juicio de la activista, "un acto de justicia" para hacer valer los derechos de cada niña. "Somos el presente y vamos a ser el futuro", sentencia la joven.

España: el reto de terminar con los estereotipos

La vulnerabilidad que sufren las niñas no es exclusiva de los países en vías de desarrollo. Según una investigación elaborado por Plan Internacional entre adolescentes españoles de entre 13 y 19 años, las niñas identifican los roles tradicionales y la división de género de las tareas domésticas como una desventaja importante, mientras que otra de las principales dificultades que detectan en su entorno es la de ser valoradas "sólo como accesorios y objetos sexuales" por los hombres.

"Se espera que las niñas asuman la responsabilidad principal de las tareas domésticas y las actividades de su cuidado", señalan los autores del estudio. También se tiende a establecer que "cuiden de su apariencia física, que su aspecto sea femenino y que se comporten con sensatez y responsabilidad", mientras que de los niños se espera "que sean duros y estén al mando". En la encuesta, tanto niños como niñas reconocen ser conscientes de que la sociedad reproduce los estereotipos que perpetúan los roles de género tradicionales, pero los niños no los identifican como una barrera para el cambio social.

A la hora tomar las riendas de la situación hacia un cambio efectivo, los adolescentes consideran que son ellas quienes tienen el cometido de hacerlo, "ya que son las más afectadas". Sitúan, también, a las familias, los profesores y las figuras públicas como actores importantes en la lucha por derribar los estereotipos de género en la sociedad.

Reanudo. Escribamos septiembre, me digo. Pero escribo agosto y escribo julio y escribo Juana Rivas y escribo entre líneas tantísimos nombres de mujeres que como Juana no quieren entregar a sus hijas, a sus hijos, a un padre maltratador. Quiero escribir Pacto de Estado pero todavía le faltan párrafos para ser el Pacto de Estado que un país con conciencia feminista en sus calles y en sus plazas demanda. Escribo septiembre pensado que estamos a tiempo de exigirle a ese Pacto que supere el marco de 2004, porque en trece años pasamos de ser estado de referencia en derechos humanos de las mujeres al justificado tirón de orejas de hoy. Escribo Pacto de Estado Feminista como quien necesita conjugar con contundencia y en presente un verbo de vida.

Vuelvo. Escribo septiembre pero Millett. Quiero decir gracias, por el pensamiento valiente y la conciencia de lo que hace la palabra enunciada. Quiero escribir genealogía, raíz y cuerpo teórico. Quiero escribir Historia y de nuevo escribir gracias. Pero también escribir “mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban”. Y desde ahí abordar la política que nos vive, que no es necesariamente la que queremos hacer y la que sí nos nombra, sino la sobrevenida, la que se lanza desde tribunas y mentideros, desde las mesas de las tertulias y mensajes de ciento cuarenta caracteres y sobrada desvergüenza. Escribo Millett y el pasado es un pretérito que nos conforma el habla.

Voy a escribir septiembre y escribo Fallarás. Y escribo que de nuevo la voz frente a la amenaza, que de nuevo nos quieren en soledad y nos tendrán en común, que de eso va el feminismo y el pensamiento comunitario. Que si se está amenazando al pensamiento que cuestiona los privilegios que otorga el patriarcado a costa de las vidas de las mujeres, será que estamos dando donde molesta y que ningún derecho se ha conquistado con un “claro que sí, qué despiste, tomad, tomad”. Escribo Fallarás y sé que cuando tocan a una, nos tocan a todas, y además de presente sé que hablo de futuro.

Septiembre pero Marías, pero Herrera, pero la poscensura. Septiembre pero una misoginia desde espacios privilegiados que le permite a una persona pendiente de procesos por denuncias de maltrato cargar contra una ley que puso sobre el papel los derechos de las mujeres, una ley que nos enorgulleció y nos permitió caminar en la lucha contra la violencia machista y que, aunque necesariamente mejorable, su crítica sólo muestra la necesidad de políticas feministas en el estado español.

Iniciamos el curso, como se suele hacer en septiembre, y de nuevo nos dirán que viene un otoño caliente de movilizaciones. De nuevo se volverá a mirar a distintos espacios y, mientras, los feminismos y sus movimientos seguirán gritando en las plazas y bailando en las calles, que para eso la revolución es nuestra y decidimos cómo la hacemos y la irreverencia siempre ha sido un grado a la hora de saber cómo articular la lucha. Otoño feminista, porque a algunos se les mueve bajo los pies lo que llamaron suelo y eran nuestros derechos. Y escribo otoño feminista con la certeza y el vértigo de quien sabe que está escribiendo deudora de quienes estuvieron, aprendiz de quienes están, responsable de lo que dejemos. La revolución no será porque ya es, y es feminista. ___________Sofía Castañón es secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos y diputada por Asturies

"Hay salida a la violencia de género". Es el mensaje que las instituciones tratan de divulgar en sus campañas contra la violencia machista, con el objetivo de transmitir la seguridad y confianza necesarias para que las víctimas acudan a los mecanismos pensados para luchar contra esta lacra. El efecto, no obstante, no siempre es el deseado y en ocasiones la atmósfera creada alrededor de las administraciones se traduce en un clima de desconfianza que dista de la proclamada salida para las mujeres.

La solución ante la discriminación existente contra las mujeres y la violencia de género reside fundamentalmente en las instituciones, pero el mensaje transmitido por las mismas no siempre ha conseguido calar en la ciudadanía. "En determinados sectores de la población se ha instalado una desconfianza consolidada", señala Pilar López Díez, experta en comunicación y género. También Justa Montero, cofundadora de la Asamblea Feminista de Madrid, reconoce que "en general las instituciones no están a la altura" a la hora de "velar por una igualdad real y por oportunidades igualitarias para todas las personas".

En este contexto, conviene distinguir entre las distintas instituciones que operan en base a mecanismos muy diferentes: "Existe un problema muy serio sobre el aparato judicial –pone como ejemplo Montero– que requiere una reflexión y tomar medidas rotundas". Maribel Maseda, enfermera y especialista en Psiquiatría, añade los obstáculos existentes en el plano laboral. Los departamentos que se dedican a la vigilancia y a la transversalidad de las políticas de igualdad en las empresas no cumplen, considera, con los requisitos marcados. "Casi ninguna mujer se atreve a acudir a ellos, es algo generalizado", señala Maseda, "y no lo hacen porque llega antes la represalia que la solución". Al menos, continúa la feminista, "esa es la sensación que tienen las mujeres, y si hablamos de una sensación mayoritaria será porque es real". Ante dicha coyuntura, "la mujer tiene la sensación de que se está enfrentando a alguien" y el organismo que recoge la denuncia "muchas veces también lo asume como un problema porque para averiguar la verdad tiene que abrir enfrentamientos entre departamentos y personas".

Lo que debería ser un camino llano hacia la salida prometida puede convertirse en toda una carrera de obstáculos para la víctima, con la consecuencia de que "aunque no haya ninguna resolución, esa persona ya no puede volver al mismo punto del que ha partido", porque dar el paso de iniciar el proceso deja huella. "Viendo que puede pasar todo esto, la mujer ya se echa para atrás", lamenta Maseda.

Para transformar este clima de desconfianza generalizada, continúa la especialista, las instituciones deben "abandonar el perfil de la mujer maltratada y hablar del perfil del hombre maltratador, que como no está definido tiende a ser invisible". La mujer, por tanto, está expuesta y "acaba siendo la cabeza de turco" por lo que "se esconde al entender que una parte de la sociedad está en su contra".

En esta misma línea se expresa López Díez, quien entiende que, con el objetivo de llevar a cabo políticas públicas que realmente solucionen la violencia masculina contra las mujeres, las administraciones deben "tomar en serio los intereses estratégicos de las mujeres, que no son otros que promover una feminidad autónoma e independiente".

Se trata, continúa la experta, de elaborar políticas que fomenten el respeto por parte de los hombres hacia las mujeres "de la misma forma que se respetan entre ellos" y a su vez "conseguir también que las mujeres aprendan a respetarse a ellas mismas y al resto de las mujeres" evitando de esta manera "que se involucren en relaciones de subordinación y dependencia".

El movimiento feminista como punto de mediación

Ante las carencias institucionales, el movimiento feminista ha sido el responsable de generar espacios participativos en los que las mujeres se sientan acogidas y encuentren respuesta a sus interrogantes. "Las organizaciones de mujeres llevan muchos años identificando los problemas, las medidas que han servido para algo y las que no, tienen experiencia acumulada para ir tanteando posibles soluciones y salidas", expresa Montero.

En este sentido, la feminista destaca que las instituciones "no impulsan por sí mismas los cambios" porque "los mecanismos patriarcales se encuentran muy arraigados en el funcionamiento de las propias instituciones". Por este motivo resulta fundamental el movimiento feminista como "sujeto de interlocución" para impulsar "cambios en las políticas públicas", porque las "instituciones siguen una tendencia totalmente conservadora".

Las trabas que aún se interponen en el seno de las instituciones se traducen en una "evidente carencia de recursos, y cuando existen no siempre son amigables con las mujeres", señala Montero. La revictimización, la incredulidad, la deriva en otros recursos son algunos de los fenómenos que potencian "la desconfianza en lo que tendrían que ser recursos ágiles y directos que resuelvan los problemas".

Como respuesta, el movimiento feminista ha sido quien de autoorganizarse en distintos espacios –barrios, universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil– donde las mujeres pueden acudir de forma directa y accesible. "Espacios horizontales donde son escuchadas, acogidas y disponen de la información que se demanda", agrega Montero, quien matiza que "lo que no puede hacer es suplir la labor asistencial, porque es una responsabilidad de las administraciones". La sociedad civil, por tanto, ha de entenderse esencialmente como un "punto de mediación" necesario pero no exclusivo.

También López Díez estima que "el trabajo del movimiento feminista es fundamental ahora y lo ha sido siempre desde que las sufragistas consiguieron el derecho al voto y a la educación hasta el logro de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género en España". Es precisamente el activismo feminista y su influencia "lo que empuja a las instituciones a establecer normas para corregir el machismo de los hombres".

La experta recuerda asimismo la resolución aprobada en 2013 por el 60% del Parlamento Europeo que recoge promover la asistencia financiera a las organizaciones de mujeres que luchan contra la sexualización y la violencia hacia las mujeres y las niñas. "Pero, al mismo tiempo que promueve entre los estados miembros dar dinero a las organizaciones de mujeres para que sean ellas quienes carguen con la tarea de transformar la sociedad machista, el Parlamento Europeo eliminó las recomendaciones del informe elaborado por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, perteneciente a la propia Unión Europea", lamenta López Díez. Se trata, en esencia, de un ejemplo de cómo "las instituciones hacen dejación de funciones cuando se trata de resolver la violencia machista".

Juana Rivas, la mujer que permaneció escondida de la justicia durante casi un mes junto a sus hijos para evitar entregarlos a su padre –condenado en 2009 por "lesiones en el ámbito familiar" al golpearla "repetidamente"– dejó este martes a los menores en manos de la Guardia Civil. Ambos están ya con su progenitor, que podrá volver con ellos a Carloforte (Italia), de donde Rivas se los llevó en mayo de 2016 sin su consentimiento incumpliendo el conocido como Convenio de La Haya. Según explicó Rivas a infoLibre el pasado abril, "el detonante del regreso" fue "una situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato durante más de dos años".

No obstante, la entrega de los menores al padre no acaba con los procesos abiertos contra Rivas en los tribunales. Sigue enfrentándose al procedimiento judicial que sigue su curso en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por "sustracción internacional" de menores y "obstrucción a la justicia" por incumplir la sentencia del titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que había decretado en diciembre de 2016 que los menores tenían que volver con su padre a Italia después de que este denunciara a Rivas por llevárselos sin su consentimiento.

Esa sentencia –ratificada por la Audiencia de Granada– debió ejecutarse el 26 de junio, pero Rivas la incumplió alegando que existía un "peligro" para los menores si los entregaba a su padre. Fue entonces cuando él la denunció por sustracción internacional, dando lugar al procedimiento penal que sigue abierto en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por el que fue detenida hace una semana por la Policía Nacional, si bien el juez de guardia la dejó en libertad provisional. Este lunes, la Fiscalía volvió a pedir prisión sin fianza para ella.

Francesco Arcuri, la expareja de Rivas, asume que la entrega de los menores "cambia la situación", si bien todavía no ha decidido si retirará la denuncia que presentó contra ella, tal y como confirma su abogado, Adolfo Alonso, a preguntas de este periódico. Alonso sí asegura que la entrega es de suficiente entidad como para "desactivar" cualquier posibilidad de que la mujer entre en la cárcel y reitera que Arcuri "no tiene ningún interés en que la madre de sus hijos ingrese en prisión". 

Respecto a quién corresponde la custodia de los menores será la justicia italiana la que decida. Según adelantó El País, la magistrada de la primera sección civil de Cagliari, Grazia Maria Bagelli, ordenó en una sentencia del 3 de julio a los servicios sociales municipales de Carloforte que controlen al padre y que vigilen a los menores cuando regresen. De hecho, los técnicos de estos servicios sociales harán un informe que será clave para determinar la cuestión de la custodia. 

Marco legislativo 

Más allá del caso concreto, la historia de Rivas y Arcuri sí ha puesto en el centro del debate público la cuestión de cómo abordar el contacto paterno filial en casos de padres condenados por maltrato o abusos. La ley contra la violencia de género, aprobada en 2004, establecía para los jueces la capacidad de suspender a los maltratadores la patria potestad, la custodia o el régimen de visitas teniendo en cuenta para ello el interés del menor.

También el Convenio de Estambul insta a los gobiernos a tomar las medidas necesarias para que, en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, se tengan en cuenta los incidentes de violencia y para que en el ejercicio de cualquier contacto paterno filial no se pongan en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de los niños. Sin embargo, en la práctica, estas medidas se ponían en marcha en ocasiones contadas.

La mayor sensiblización sobre la protección de los menores que viven en entornos en los que suceden o han sucedido episodios de violencia machista llevó a incluir esta cuestión en la Ley de la Infancia y la Adolescencia y en el Estatuto de la Víctima. Entre otros aspectos, ambas legislaciones elevan las exigencias para la justificación judicial en la atribución de custodias y visitas a maltratadores y reconoce como víctimas a los hijos de las mujeres maltratadas no necesariamente por ser víctimas directas sino por estar viviendo en un contexto de violencia de género.

Las expertas consultadas admiten que este es un tema complejo y que la decisión de retirar, aunque sea de forma cautelar, la patria potestad tiene que estar muy meditada y documentada. No obstante, sí reclaman que los equipos psicosociales adscritos a los juzgados –integrados por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales– que atienden a las víctimas y cuyos informes son muy determinantes para los jueces valoren de manera explícita si ese contacto se puede mantener y bajo qué condiciones. Aseguran que un hombre condenado sólo debería tener contacto con sus hijos si se "corrobora" que ya no ejerce violencia. 

A este respecto, Violeta Assiego, abogada especialista en derechos humanos, insiste en la necesidad de que los profesionales que trabajan en los puntos de encuentro –que sirven para facilitar el régimen de visitas y donde habitualmente se producen estos contactos– estén formados y sensibilizados en violencia de género. La abogada Consuelo Abril, que lleva cuarenta años ejerciendo en cuestiones de familia, también alude al déficit de formación, especialización y sensibilización. En su caso, se centra en los equipos psicosociales, pues sostiene que sus dictámenes son los que decantan las decisiones judiciales en la mayoría de supuestos. 

Assiego considera que, a pesar de la legislación que está vigente de 2015, el reconocimiento de los menores como víctimas es algo que "todavía no se ha incorporado al imaginario colectivo ni a los juzgados". A su juicio, que no se analice la cuestión con esta mirada es un síntoma de que "no está incorporado que la violencia de género es un tema de estructura, de sistema, que tiene mucho que ver con el poder que un hombre cree que puede ejercer sobre una mujer". Esta experta recuerda que de cada diez sentencias penales dictadas cada año, casi cuatro se emiten en un juzgado sin especialización, tal y como publicó eldiario.es. "Viendo esos datos te explicas muchas cosas", señala. 

En relación a esta cuestión, la Asociación Española de Mujeres Juezas recordó en un comunicado difundido la semana pasada "la capital importancia que tiene la utilización de la perspectiva de género como elemento transversal inspirador e informador tanto de las normas jurídicas como de su interpretación y aplicación". Las magistradas alertaban de que instrumentos jurídicos como el citado Convenio de La Haya "corren el riesgo de ser desvirtuados y dar lugar a situaciones materialmente injustas si en su texto y aplicación no se atiende al contexto y a la realidad que comporta la violencia de género".

¿Un maltratador es un buen padre?

Otra cuestión de fondo es hasta qué punto un hombre condenado por maltrato puede ser un buen padre. Abril asegura que los menores que viven en este tipo de contexto "aprenden la conducta y la reproducen". "Es habitual que, tras una condena, como hay una situación de gran enemistad con la madre, el maltratador use a los hijos como cordón umbilical para que le llegue a ella esa energía negativa", asevera. 

"Un hombre que maltrata a la madre de un hijo no puede ser un buen padre porque está atacando a uno de los dos elementos que desempeñan la figura de vínculo, de protección, de apego, de referencia... es decir, a uno de los pilares básicos en su crecimiento y en su desarrollo. Es inevitable que el hombre que ejerce un maltrato utilice a los niños como vehículo de ese maltrato. Porque les haga testigos, porque les vuelque la rabia, porque ningunee a su madre delante de ellos... o incluso porque los mate para hacer el máximo daño a la mujer", añade Assiego.

Esta experta mantiene que un padre condenado por maltrato puede mantener la patria potestad sólo si está garantizado que la relación con la madre se realiza en unas condiciones en las no se reproduce la violencia a través del menor. "Tiene que haber una confirmación de que esa persona ya no está ejerciendo violencia y que la relación con el menor está completamente sana y al margen de la relación que él tuvo en su momento con la mujer. Eso hay que corroborarlo, no darlo por hecho", explica. 

Abril recuerda el tristemente célebre el caso de Andrea, la hija de Ángela González Carreño, que fue asesinada el 24 de abril de 2003 por su progenitor en una de las visitas que el juez había fijado dentro del régimen de divorcio. El homicida, que se suicidó después, había sido denunciado por ella hasta en treinta ocasiones por amenazas. Sin embargo, nada impidió que acabara con la vida de la pequeña.

De hecho, él nunca había tenido que sentarse ante ningún juez por estas denuncias y se benefició de un régimen de visitas tutelado durante tres meses, tras el cual pudo gozar de la compañía de su hija sin vigilancia de los servicios sociales a pesar de las constantes advertencias de la madre del peligro que suponía.

Este caso tiene muchas derivadas. La primera y fundamental, el futuro tanto de Juana, declarada prófuga, como de sus dos hijos. Su historia desaparecerá tarde o temprano de los medios y se encontrarán a solas con su drama, como recuerdan algunas compañeras.

La segunda, sin lugar a dudas, es jurídica, y tiene que ver no sólo con aspectos procesales —hay que recordar que los menores no han sido escuchados o que no se han solicitado pruebas periciales por parte de gabinetes psicosociales especializados—, sino también con una interpretación del Derecho que para nada prioriza el bienestar de los menores ni a las víctimas de violencia machista. Juristas especializadas con las que he tenido ocasión de contrastar este tema no dan crédito al desarrollo de este caso.

Y la tercera alude a una cuestión de fondo: si la condena a la violencia machista parece ya algo admitido, que entra dentro del discurso habitual, si cada vez que hay un asesinato se suceden las muestras de repulsa por parte de sectores cada vez más amplios de la sociedad, y si acabamos de ver cómo se aprobaba por unanimidad en el Congreso de los Diputados un Pacto de Estado contra la violencia de género con 200 medidas y 1.000 millones de euros —que, por cierto, prohíbe la custodia compartida en caso de maltrato—, ¿cómo es posible que casos como el de Juana hayan llegado tan lejos? ¿Cómo es posible que, según fuentes oficiales, el número de mujeres asesinadas por violencia machista hasta mayo de 2017 haya crecido un 47% respecto al año anterior y las denuncias del primer trimestre un 19%? ¿Cómo es posible que sigan produciéndose agresiones machistas con motivo de cualquier fiesta patronal? ¿Cómo es posible que, además, algunos individuos se mofen de todo esto editando chapas con la consigna "Chupa y calla"? Y por último —para no cansarles—, ¿cómo es posible que aparezcan artículos de opinión —que no citaré para no darles publicidad— que relacionen estos hechos con lo que para su autor es la conculcación de las "virtudes domésticas" de las mujeres apoyada por el movimiento feminista?

Sé que estos asuntos no son exactamente idénticos y no pueden ponerse en el mismo saco —aunque comparten raíces comunes—, pero es indudable que una cosa es el mundo del discurso y de lo políticamente correcto y otra muy diferente el de los valores, las actitudes de fondo y los comportamientos arraigados en la sociedad.

Por eso, dramas como el de Juana, además de ser resueltos de la forma más pragmática posible para preservar y garantizar su bienestar y el de sus hijos, deberían servirnos para mirar la luna y no sólo el dedo que la señala.

Casos como el que nos ocupa y otros muchos son la punta del iceberg de una sociedad a la que le está costando demasiado despojarse de valores y actitudes profundamente machistas que emergen a cada ocasión. Modelos patriarcales que se siguen viendo en las cifras de violencia de género que el propio Observatorio contra la violencia doméstica y de género —integrado en el Consejo General del Poder Judicial— recoge alertando de su crecimiento, en el 30% de diferencia salarial entre hombres y mujeres, en la división de roles que permanece tanto en el espacio público como en el privado o en el lenguaje recurrentemente machista de la publicidad, por poner algunos ejemplos.

Pensábamos que los sustratos machistas de la sociedad se irían erosionando a medida que se consolidasen la educación, la modernidad y la democracia. Sin embargo, hoy vemos que —pese a lo mucho avanzado, sin duda—, seguimos teniendo una realidad alarmante que nos señala que los valores machistas están mucho más arraigados de lo que podía creerse, y no parece que estemos trasmitiendo cosas muy diferentes a los jóvenes. Según datos del INE (2015), 9 de cada 10 jóvenes admiten haber ejercido violencia psicológica sobre su pareja, y según la Macroencuesta 2015, la violencia de control se da en un 21% de las relaciones sentimentales en jóvenes de 16 a 19 años, cifra que dobla a la del resto de segmentos de edad.

Estamos ante un desafío de la sociedad en su conjunto. El caso de Juana Rivas —como el de otras mujeres en situaciones iguales o similares— debería ser una oportunidad para profundizar en esta realidad que es el machismo estructural en el que todavía vivimos y del que sólo podremos librarnos si el conjunto de instituciones, actores sociales y políticos nos alineamos sin fisuras. El de Juana puede ser un caso para ello. Una ocasión para demostrar que detrás del Pacto de Estado contra la violencia de género, detrás de las instancias judiciales que emiten informes con cifras alarmantes y detrás de cada concentración de repulsa tras un asesinato, hay una auténtica alianza social sin fisuras contra el machismo.