Juana Rivas entrega a sus hijos a la Guardia Civil

Juana Rivas,  la mujer de Maracena (Granada) que permaneció escondida casi un mes junto a sus hijos para no entregarlos a su padre, Francesco Arcuri –condenado por malos tratos en 2009 y con el que retomó la relación– los ha dejado este lunes a la Guardia Civil. De esta forma, Rivas cumple con el mandato de la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que le ordenó la semana pasada que este lunes debía entregar a los menores a su progenitor en un punto de encuentro familiar de Granada.

No obstante, Rivas sigue enfrentándose al procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por "sustracción internacional" y "obstrucción a la justicia" por incumplir la sentencia del titular del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que había decretado en diciembre de 2016 que los menores tenían que volver con su padre después de que este denunciara que la mujer se los había llevado desde Carloforte (Italia). Según explicó Rivas a infoLibre, el pasado mes de abril "el detonante del regreso" fue "una situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato durante más de dos años".

Esa sentencia –ratificada el pasado abril por la Audiencia de Granada– debió ejecutarse el 26 de junio, pero Rivas la incumplió alegando que existía un "peligro" para los menores si los entregaba a su padre. Fue entonces cuando él la denunció por sustracción internacional, dando lugar al procedimiento penal en Juzgado de Instrucción 2 de Granada por el que fue detenida el pasado martes por la Policía Nacional, si bien el juez de guardia la acabó dejando en libertad provisional. Este juzgado fue el que acordó para Rivas una orden de detención y presentación en sede judicial por no personarse cuando fue llamada a declarar en calidad de investigada por la sustracción de sus hijos.

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Respecto a quién corresponde la custodia de los menores será la justicia italiana la que decida. Según adelantó El País, la magistrada de la primera sección civil de Cagliari, Grazia Maria Bagelli, ordenó en una sentencia del 3 de julio a los servicios sociales que controlen al padre y que vigilen a los menores cuando regresen. De hecho, los técnicos de los servicios sociales municipales de Carloforte, que verificarán las condiciones familiares y de vida de Arcuri y vigilarán cómo viven sus hijos, serán harán un informe que será clave para determinar la cuestión de la custodia. 

Jueces italianos también serán los encargados de valorar la denuncia que Rivas presentó en julio de 2016, cuando llegó a España con los menores. La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó asumir la investigación porque la jurisdicción española no es competente en delitos y faltas cuyo denunciado es italiano y residente en Italia y avisó a Rivas de que debía presentar la denuncia en su lugar de residencia. Este auto no fue recurrido por ninguna de las partes afectadas ni por Fiscalía. No obstante, a petición de la Fiscalía, sí inició en marzo los trámites para traducir al italiano la denuncia y la acabó remitiendo a Italia hace menos de un mes.

Precisamente a este respecto, la asesora legal de Rivas, Francisca Granados, comunicó el pasado martes que la defensa de la mujer había ampliado esta denuncia con la acusación de "maltrato psicológico" por entender que su expareja, Francesco Arcuri, habría llevado a cabo "la amenaza de que si lo abandonaba sería perseguida a través de abogados". "Toda esa instrumentalización de la Justicia se presenta con pruebas de los informes de las profesionales que han atendido a Juana", aseguró Granados.