Carta abierta al jefe del Estado

Hace unos días hemos leído en la prensa y oído por televisión que el anterior jefe del Estado planea trasladar su domicilio fiscal a los Emiratos Árabes Unidos, lo que evidentemente significa que deja de ser sujeto de fiscalidad en España.

Desconozco la salud y la estabilidad mental del anterior jefe del Estado, pero entiendo que el actual, que además es su hijo, sí debe estar en plenas facultades y en ese caso supongo que entiende que ser ciudadano tiene unos derechos y unas obligaciones y disfrutar del título honorifico de rey emérito, además de los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano implica una serie de privilegios que supongo que también se asocian a determinadas obligaciones.

Desde el mismo instante en que el anterior jefe del Estado deje de ser un ciudadano fiscalmente activo con nuestra patria debería renunciar o se le deberían retirar todos sus derechos y privilegios

Si un ciudadano renuncia a sus obligaciones para un Estado, cualquier persona con sentido común entiende que dicha renuncia va indefectiblemente unida a la renuncia a sus derechos civiles en ese mismo Estado, por tanto desde el mismo instante en que el anterior jefe del Estado deje de ser un ciudadano fiscalmente activo con nuestra patria debería renunciar o se le deberían retirar todos sus derechos, lo que incluye el más mínimo gasto en su persona por cualquier concepto, incluida su seguridad, los funcionarios del Estado que se encargan de ella deberían volver inmediatamente a España.

Si renuncia a sus obligaciones, debe renunciar también a cualquier honor que el Estado le mantenga, por tanto, debe dejar de ser tratado como rey emérito y por supuesto renunciar también a cualquier funeral honorífico y a ser enterrado en el Monasterio de El Escorial que, como todos sabemos, forma parte de Patrimonio Nacional, ese mismo patrimonio que él renuncia a sostener.

Es evidente que dicha renuncia afecta del mismo modo a la legítima esposa del anterior jefe del Estado, que también debería renunciar a cualquier emolumento o privilegio, como tener su residencia en un edificio que forma parte del patrimonio del Estado, a ser llamada reina y a cualquier otro honor al que pudiera tener derecho por el mero hecho de ser la legítima esposa de quien renuncia a sus obligaciones.

Si el anterior jefe del Estado no está en sus cabales, sus hijos o en su defecto el mismo Estado debería promover su inhabilitación y nombrarle un tutor responsable, responsable de verdad y no con la interpretación absolutamente inconcebible que se ha hecho del artículo 56 de nuestra Constitución. Nadie en su sano juicio, salvo algunos juristas cortesanos, que por eso mismo se desacreditan, puede interpretar dicho artículo como una absoluta irresponsabilidad para todos sus actos, sus límites se fijan con absoluta claridad en el artículo 64. 2 cuando dice que los responsables serán quienes refrenden los actos del rey, y no creo que en sus actividades económicas ni en sus declaraciones fiscales aparezca la firma de ningún ministro, por tanto, si no son refrendadas por ninguna autoridad del Estado que sería el responsable, el responsable, jurídicamente hablando, es el anterior jefe del Estado.

Estoy convencido de que ni los que redactaron la Constitución del 78, ni los parlamentarios que la votaron en las Cortes, ni los millones de ciudadanos, entre los que me encuentro, que la ratificaron en referéndum el 6 de diciembre de 1978 están de acuerdo con la interpretación que se hace de esa inviolabilidad.

Por todo lo anterior creo que el actual jefe del Estado debería dar explicaciones ante los ciudadanos que formamos el pueblo español que es donde reside la soberanía nacional, de la que emanan todos sus poderes.