Corrupción: preguntas sin respuestas
En 1994, Javier Pradera elaboró un manuscrito sobre la corrupción, basado en lo ocurrido en esa materia desde 1982, y sus reflexiones sobre la misma, manuscrito que no fue publicado hasta 2014, con el título Corrupción y Política. El catedrático Fernando Vallespín escribió un estudio introductorio para la obra de Pradera constatando la persistencia de las prácticas corruptas.
De ahí, razonaba Vallespín, “que se nos acumulen dolorosamente las preguntas: ¿Cómo es posible que a la vista de la facilidad con que los ocupantes de los cargos públicos caían en estos usos y la reiteración de su denuncia, no frenáramos su reproducción en el tiempo? ¿Por qué no hicimos nada? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué impidió que no pudiéramos aprender de los errores?
En 2022, el juez Joaquín Bosch ha publicado otra obra, La patria en la cartera, en la que se vuelve a hacer parecidas preguntas. Con base en ambas obras, este comentario pretende contribuir a un posible debate sobre esas preguntas que la clase política y la sociedad española en su conjunto debería haber respondido, y solucionado, hace mucho tiempo.
La corrupción en la primera democracia
El desvelamiento de la corrupción política ha sido un proceso lento y doloroso para la España democrática, escribía Pradera en 1994. “Tras cuarenta años de dictadura, el restablecimiento de las instituciones representativas había sido vivido no sólo como una condición necesaria para la recuperación de las libertades, sino también como el requisito suficiente para la moralización de la esfera pública”
Aunque la corrupción había salpicado a la mayoría de los partidos, la decepción ha castigado especialmente a los socialistas, opina Pradera, orgullosos de su buen historial como buenos administradores de los fondos públicos, imagen que quedó borrada desde los primeros pasos del gobierno socialista en 1982.
La rápida habituación de los socialistas a las comodidades de la púrpura a partir de ese año no hizo sino reforzar los elementos de continuidad del Estado frente a la discontinuidad de los gobiernos. La permanencia en la jefatura del Estado de un rey, proclamado primero por las Cortes Orgánicas del franquismo y revalidado después por las Cortes Constituyentes de la democracia, había contribuido a justificar el tránsito, sin solución de continuidad, de los mismos despachos de los herederos de la dictadura a los representantes de la soberanía popular.
La contradicción entre los discursos electoralistas de los socialistas y su posterior comportamiento desde el gobierno fue algo así como la primera mano de pintura dada a una superficie sobre la que se dibujaron posteriormente las historias de corrupción, aunque es probable que la línea fronteriza en lo que respecta a la corrupción política no cruce entre el sexenio centrista y la primera legislatura socialista, advierte Pradera.
El cambio de la marea parece producirse después del segundo triunfo del PSOE en las elecciones generales de 1986, por mayoría absoluta. La fecha de arranque de muchos casos de corrupción conocidos, sólo posteriormente se inscriben dentro de la segunda legislatura socialista, en especial las relacionadas con la financiación ilegal del PSOE.
Particular importancia atribuye Pradera, en esta aceptación de la corrupción, a la campaña promovida por algunos dirigentes socialistas del ENRIQUECEOS. Un número indeterminado de militantes del PSOE y de otros partidos recibió como una maravillosa coartada que el enriquecimiento personal no sólo no era pecaminoso, sino que estaba al servicio de la modernización y desarrollo de la economía española… y muchos se apuntaron.
La patria en la cartera
El libro de Joaquín Bosch del mismo título es una historia y un análisis muy completo de la corrupción en España desde la Restauración hasta nuestros días, con especial énfasis en la corrupción durante el franquismo. Se fundamenta, también, en las obras de numerosos trabajos históricos de otros autores a los que cita, y a los que hay que agradecer su contribución al conocimiento de esta materia. Dada la complejidad de la obra y recomendando una vez más su lectura completa, en este comentario se expondrán únicamente algunos de sus análisis e informaciones más relevantes, a mi juicio.
Corrupción Política: “La corrupción política es la madre de todas las corrupciones, porque cuando la corrupción está en el centro, en el corazón del sistema político, difícilmente podrá dejar de irradiar en todas las direcciones”, en definición del magistrado Perfecto Andrés Ibañez. La enfermedad de la corrupción suele auscultarse desde una perspectiva ética, que es un enfoque adecuado, aunque insuficiente. Sus repercusiones son bastantes más intensas: apenas conocemos el demoledor efecto de la corrupción en nuestra calidad de vida. La corrupción supone un daño colectivo de costes inmensos y poco conocidos.
Corrupción durante el Franquismo: Bosch describe minuciosamente la corrupción en las dos etapas del franquismo, autarquía y desarrollismo, y los beneficios de aquellas prácticas para el propio dictador, su familia, determinados círculos de empresarios y otros prebendados. La historiografía especializada coincide en la calificación del franquismo como dictadura corrupta. El régimen de Franco respondía a los intereses generales de los vencedores en la guerra civil. La corrupción fue un elemento esencial para canalizar y favorecer esos intereses. Según Ángel Viñas, las prácticas corruptas favorecieron un trasvase de rentas de los vencidos a los nuevos amos de la situación. Las estructuras de la dictadura estaban diseñadas para permitir todo tipo de enriquecimientos irregulares desde la más absoluta impunidad. La gran relevancia de las prácticas corruptas del franquismo para la historia de nuestro país se debe a la transformación cuantitativa y cualitativa que aportó como legado. La corrupción del franquismo fue el periodo previo a la etapa democrática, y además el relevo se produjo tras consolidarse hábitos estructurales muy nocivos durante cuatro décadas. Hoy sabemos que la ruptura completa con esa corrupción no resultó posible.
Todo confluye en el uso abusivo de lo público en beneficio de lo privado. Esas tretas han funcionado en demasiados casos por encima de las ideologías
Por qué la democracia no ha terminado con la corrupción
La España que surgió del franquismo no tiene nada que ver con las etapas anteriores. En su obra La Gallina Ciega, Max Aub, en visita en 1969, piensa que España se metió en un túnel hace treinta años y surgió otro paisaje. Otro escritor exiliado, Víctor Alba, en una obra titulada Todos somos herederos de Franco señala que el franquismo causó una infección generalizada de valores y la corrupción sería uno de sus síntomas; cuarenta años de un baño permanente, día tras día, mes tras mes en el miedo, la corrupción y la hipocresía.
Esa sociedad moldeada por la dictadura fue la que vivió la Transición, nos recuerda el juez Bosch. Hoy sabemos, añade, que las prácticas corruptas siguieron muy enraizadas en nuestras instituciones, por lo que resulta pertinente plantearse dos preguntas: ¿ Por qué los acuerdos de la Transición no llevaron a cercenar las prácticas corruptas que procedían de la dictadura? ¿Por qué no se suprimieron los abusos de poder en las décadas posteriores?
El autor de La patria en la cartera se responde: porque batallar contra la corrupción no formó parte de las prioridades de la Transición por las circunstancias históricas en que se desarrolló. No hubo acuerdos institucionales sobre la materia y ni siquiera se plantearon debates colectivos sobre ella. El problema se afrontó ignorándolo, y así era imposible resolverlo.
La Transición tuvo sus dinámicas, sus intrigas y sus acuerdos. Todo se decidió desde arriba, sin apenas participación democrática de base. Todo ello llevó a forjar un acusado sentimiento de clase política, materializado a través de numerosos pactos de elites dirigentes, lo cual configuró un sistema de partidos muy verticalizado.
A pesar de los logros positivos de la Transición, este período no fue un remanso de paz ni de abnegación; al contrario, fue una etapa enormemente problemática, plagada de paradojas con fuertes intereses en conflicto. Gran parte de lo que no fue resuelto en el periodo transicional podría haberse resuelto con posterioridad, pero no fue así. Hubo margen de maniobra más que suficiente para acometer reformas y han transcurrido ya más de cuarenta años sin apenas alteraciones de nuestra estructura institucional.
La corrupción permaneció en las instituciones democráticas
Al analizar los casos de corrupción ocurridos en la primera etapa de la democracia, hasta los comienzos del siglo XXI, se van constatando otras insuficiencias para atajar la corrupción, por ejemplo, la insuficiencia normativa cuyas lagunas se van colmando con mucha lentitud y a menudo de forma ineficiente. Algunas de las causas contra Juan Guerra fueron archivadas por no estar tipificado el delito de tráfico de influencias, que se introdujo en el código penal en 1991, a raíz de este caso.
En materia de contratación pública se continuó con la ley franquista hasta 1995, fecha también en la que se aprueba un nuevo Código Penal y se crea la Fiscalía Anticorrupción, después de que el ministro Borrell hubiera pedido a los empresarios que no utilizaran los sobornos, sin mucho éxito. No es hasta 2017 cuando se aprueba una nueva ley de contratos del estado, por trasposición de una directiva europea, eso sí formalizada con retraso.
A pesar de los numerosos casos de financiación ilegal de los partidos, el delito correspondiente no se regula hasta 2015.La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó en 2013, con notables insuficiencias, siendo el último país europeo de más de un millón de habitantes en aprobar una legislación específica sobre esta materia. Los resultados de esta ley son resumidos por Carlos Sebastián de la forma siguiente: “Es una ley deficiente que no se modifica, y cuyo reglamento no se aprueba, con un órgano encargado de su supervisión flagrantemente infradotado, y con una Administración que se niega a cumplirla en no pocas instancias, y que acude a los tribunales para no dar respuesta a sus obligaciones de transparencia”.
La corrupción se perfecciona en el Siglo XXI
En los primeros años del siglo XXI, el dinero brotaba gratis de las administraciones para quien tuviera los contactos necesarios y supiera abrir el bolsillo, dice Alfonso Pérez Medina, en su obra No lo sé, no me consta: Crónica de la corrupción política en la España contemporánea.
Bosch analiza los casos de corrupción del siglo XXI, como en todos, a partir de las sentencias de cada caso, aclarando que los casos que acaban en sentencia son solo la punta del iceberg. El elemento relevante en el caso Gürtel fue la enorme organización del conjunto de la red corrupta, con voluntad de permanencia empresarial y muy bien coordinada y apoyada por expertos en ingeniería financiera. Los hechos probados de las sentencias explican cómo fue organizado lo que fue calificado judicialmente como un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional.
En el caso ERE la sentencia de 2019 dice que se acordaron modificaciones de partidas presupuestarias de manera irregular para asignar los pagos a conceptos económicos que no disponían de controles de los técnicos. La ausencia de controles se complementó derivando la gestión de los pagos a un ente de la Junta que no contaba con la intervención preceptiva de un órgano supervisor. En el caso ERE concurrían, además, elementos manifiestos de un clientelismo expansivo que beneficiaba al partido gobernante, añade Bosch.
El caso Noos muestra una vez más las dinámicas reiteradas de la corrupción en nuestro país: uso desvaído de los presupuestos públicos, falta de controles internos y poder desmedido que actúa al margen de equilibrios institucionales. En conjunto, el impacto de este caso llevó al desgaste de nuestras instituciones, que alcanzó al entorno de la Corona… hoy sabemos mucho más de ese desgaste. La corrupción ha sido notable en los gobiernos autonómicos. Bosch analiza los casos de Cataluña, País Vasco, Valencia y Madrid.
En el caso catalán destaca la defensa de la corrupción pujolista como ataque a la identidad catalana. El Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo señala a Cataluña, en 2021, como el gobierno regional con peor percepción de control de la corrupción, seguida de Canarias, Andalucía y Madrid.
El País Vasco no ha sido un oasis de la corrupción, como señalan algunos. Bosh relata al menos seis casos, aunque sí es verdad que el PNV no se ha visto implicado en las últimas décadas en casos de financiación ilegal, al menos hasta ahora. Por otra parte, las instituciones vascas han sido pioneras en políticas de transparencia y en la implantación de planes de integridad.
En conclusión, en España hay políticos con sensibilidades políticas muy distintas en materia social que se han igualado en las arbitrariedades fraudulentas. Las prácticas en nuestro país son reiteradas, conocidas y no demasiado originales. El soborno a cambio del favor político legal o ilegal. La recalificación del suelo para propiciar pelotazos urbanísticos. La apropiación directa de los bienes de toda la sociedad. Las facturas falsas como forma de encubrir la desviación de los presupuestos institucionales. Las trampas en la financiación de los partidos y las artimañas para superar los límites de los gastos electorales.
Todo confluye en el uso abusivo de lo público en beneficio de lo privado. Esas tretas han funcionado en demasiados casos por encima de las ideologías. Por encima de los credos políticos, nuestra sociedad debería organizarse para impulsar reformas estructurales que nos permitan atajar las prácticas corruptas. En el libro La patria en la cartera, Bosch adelanta propuestas y medidas para esa organización de la sociedad. Ojalá sirva de base para posibilitar un debate que permita dar respuesta a las preguntas hasta ahora no contestadas.
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Julián Lobete es socio de infoLibre.
