Filibusterismo, falacia y democracia

Normalmente las cosas no ocurren por casualidad, todo tiene su explicación. En innumerables ocasiones la razón de estas obedecen a una causalidad. Causalidad previamente planificada y orquestada para la consecución de un fin. La causalidad, ya sea de origen natural, económico, político o armado militar, fortuita en determinados casos e intencionados en otros, es, ha sido y será una herramienta potente para justificar acciones y cambios sociales que transformen una sociedad en un sentido no previsto y no deseado por los ciudadanos. El acaecimiento y sobreexposición de causalidades y la concurrencia en el tiempo de sus hechos y efectos pretenden determinar corrientes de opinión, cuando no de acción, en las sociedades que favorezcan un pensamiento, mediante la justificación oportuna, creando factores de influencia interesada en los distintos sectores de la sociedad. De esta forma se tiende a generar un clima propicio y adecuado bajo el cual se puedan desarrollar, de manera más ágil y fácil, transformaciones en la sociedad y así influir en el comportamiento de sus ciudadanos para configurar un nuevo modelo de organización social y/o política del Estado, normalmente bajo un cierto grado de autoritarismo y nepotismo, que en otras circunstancias no se aceptaría. 

La periodista canadiense, escritora y activista contra la globalización, el capitalismo salvaje y el cambio climático Naomi Klein recoge lo anteriormente expuesto y lo desarrolla ampliamente en buena parte de su obra, especialmente en su libro La doctrina del Shock. En él defiende la tesis de que cuando una sociedad sufre algún tipo de desastre que produce una conmoción en la población, independientemente de su origen o causa, inmediatamente se articulan de manera interesada ciertas respuestas para la solución del desastre o problema causado, sin dar lugar a la reflexión serena del hecho causante y de las posibles soluciones. De una manera rápida y eficaz, surge la oportunidad para actuar por quienes buscan implementar medidas interesadas y políticas concretas, muchas de ellas impopulares y restrictivas. Políticas que serán aceptadas bajo el shock que el hecho causante ha generado en la ciudadanía y tras la conmoción general aceptar limitaciones en sus derechos y libertades en pro de un supuesto bien común superior. Políticas que no pretenden solucionar los problemas de  la sociedad y que, además, distan mucho de ser la solución al desastre o tragedia que lo originó pero que se articulan falazmente como única solución. Se constituye así, de esta manera, en una causa fútil para justificar una opción interesada que favorecerá a unos cuantos e irá en contra de los intereses de otros, normalmente una gran mayoría que quedará al albor de las decisiones de aquellos que se auto erigen en la solución del problema. 

En tal sentido, la conmoción produce una relajación en la exigencia y preservación de los derechos de los ciudadanos. Tras ello, la conmoción conduce a preocupación, la preocupación con determinadas dosis de falacia se convierte en miedo y este, previamente manoseado y alterado en su concepción, deviene en terror. De esta forma se allana el camino, se deja expedita, transitable y lista la vía para dar lugar a la imposición de un cambio o a la deslegitimación de otra opción política, social, económica que será generalmente aceptada por la sociedad. 

Bajo esta premisa, actualmente estamos viendo, perplejos e incrédulos, en nuestro país la redefinición en sustancia y amplitud del concepto terrorismo. Concepto que desgraciadamente conocemos gran parte de la ciudadanía, sobre todos aquellos que tenemos cierta edad. Este desapareció, cual resultado del triunfo de la sociedad democrática y nuestro Estado de derecho, de nuestras vidas hace ya más de doce años. Desgraciadamente, algunos actores sociales y políticos parecen tener interés en recuperarlo, pues les debe resultar conveniente desde su óptica y visión en cuanto genere un estado de opinión y preocupación para la consecución de un determinado fin; la eliminación de un adversario político al cual consideran ilegítimo y su gobernanza ilegal. Solo de este modo resulta necesaria y conveniente una revisión interesada y una redefinición dimensional del terrorismo. 

La interpretación imaginativa del nuevo concepto de terrorismo por el juez García Castellón, y otros jueces y fiscales, no deja de ser sui generis e interesada, tampoco lo es casual sino causal. Esta responde a una razón clara y bien definida; poner obstáculos al proceso iniciado por el Gobierno de la nación para la reintegración de una parte de la sociedad catalana que, por diversas razones, se vio excluida y fuera del modelo de convivencia y proyecto conjunto de país que se desarrolló en el nuevo siglo.  

Si los hechos que ahora pretenden enjuiciar sobre el procés en Calatuña por las manifestaciones de Tsunami Democratic son constitutivos del delito denominado de terrorismo, ¿por qué no se trataron como tal en su momento? ¿Por qué se ha esperado más de cuatro años en tal calificación y consideración? Nadie, ningún juez, les acusó de terrorismo, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento? Las respuestas sólo pueden darse en términos de oportunismo político, politización de una parte de la justicia y en la generación de malestar en la opinión pública tendente a provocar el rechazo de la amnistía. Amnistía con la que se podrá estar de acuerdo o no, cuyo desarrollo legislativo podrá tener o no encaje en nuestro ordenamiento jurídico y que tendrán que validar o no las instituciones nacionales y comunitarias que tienen competencia para ello, pero en un Estado como el nuestro, garante de derechos y libertades, bajo un funcionamiento democrático y de derecho, no se puede alterar para dar una supuesta cobertura jurídica a aquellos que tienen una posición contraria a la amnistía. Esto en términos del lenguaje común y vulgar del ciudadano de la calle se podría denominar “marrullería judicial y política”.

En un Estado como el nuestro existen instituciones y procesos, perfectamente definidos en nuestro ordenamiento jurídico, para defender cualquier  planteamiento político, social, económico y de convivencia. Este filibusterismo sobra y solo conduce a la degradación de la vida social y política del país, pero en ningún caso se justifica por una supuesta acción garante del bien común in vigilando por una parte de la judicatura y de los partidos conservadores; entre otras cosas porque no son objeto exclusivo de su competencia. 

Si los hechos que ahora pretenden enjuiciar, sobre el 'procés', son constitutivos del delito denominado de terrorismo, ¿por qué no se trataron como tal en su momento? ¿Por qué ahora? Las respuestas sólo pueden darse en términos de oportunismos político

Esta manera de proceder judicial, sesgada e interesada, acompañada y vitoreada por medios de comunicación y una buena parte de sectores conservadores de nuestro Estado, va más allá. No solo pretende enredar, paralizar y obstruir de manera torticera el proceso de regeneración democrática en Cataluña y su integración en España, sino que pretende un fin más amplio y menos democrático: condicionar el futuro de nuestra sociedad y de aquellas personas que no tienen esa visión excluyente del modelo de país.

De progresar esta interpretación del concepto de terrorismo y consolidarse se pueden estar poniendo las bases para limitar ciertos derechos ciudadanos como, por ejemplo, el de manifestación. De aceptar esta ampliación del delito de terrorismo, cualquier manifestación de reivindicación de derechos sociales, laborales, de protección del medio ambiente o de cualquier otra naturaleza que, en su desarrollo, provoque altercados, algaradas, alteración del orden público y dieran lugar a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad podrá ser imputable bajo este nuevo supuesto de terrorismo de una forma arbitraria por quien detente el poder. Así, amparados en esta nueva perspectiva, se estaría cercenando y acallando de forma indirecta, a través del miedo, de la preocupación y del shock de una posible imputación por terrorismo a cualquier persona participante u organización convocante, y por tanto limitando el derecho de manifestación y la libertad de expresión. 

La situación actual que en estos días estamos viviendo en todo el país, con movilización general de agricultores por reivindicación de su sector con cortes de carreteras, bloqueos de entradas a las grandes ciudades y obstrucciones a la libre circulación de personas y mercancías, ¿no deberían tener también la consideración de acciones de terrorismo? Si cualquier manifestación pública o privada que tenga por objeto manifestar descontento hacia un modelo económico, una autoridad, institución o gobierno puede ser prohibida, en pro de una supuesta seguridad del Estado, de las instituciones y de la personas, inexorablemente nos conduciría a la imposición de una idea de Estado, de organización social y de ordenamiento.

Todo ello sustentado en una idea falsa de sociedad autoprotegida e intocable, por aquellos que ejerzan el poder; esto no es otra cosa que autoritarismo político que podrían establecer de nuevo por ejemplo los famosos Tribunales de Orden Público, perfectamente conocidos en el régimen franquista. De igual forma se podría validar y dar amplio reconocimiento institucional, con patente de corso, a la policía patriótica creada durante el gobierno del Partido Popular que tendría por cometido perseguir a todo aquel que no sea un "buen ciudadano" y "buen español". También, cómo no, a la vista de la demandas ante los tribunales de justicia de organizaciones integristas por acciones que consideran que atentan contra los sentimientos religiosos, se podría crear la policía de la moral, al igual que en Irán, que velaría por el decoro en la forma de vestirse, expresarse y manifestarse que fuesen contrarias a una ética y moral profundamente religiosa. 

Esto no otra cosa que un filibusterismo partidista, ideologizado, falaz y que puede tener resultados inesperados. Resultados favorables para una determinada orientación política y social que, a corto plazo, puede salir ganando o no, pero inequívocamente supone el deterioro del Estado de Derecho y de la democracia. Esto no sólo es consustancial y específico de la sociedad española sino de todas las sociedades modernas del orbe entero. Esta corriente populista manejada hábilmente por unos líderes que defienden un enfoque monolítico y unanimista de sociedad, una ideología autoritaria y excluyente de aquellos que no piensan como ellos, pone en peligro las democracias en su concepción amplia que se han desarrollado en el mundo occidental desde mediados del siglo pasado y que nos han permitido un cierto grado de bienestar social, convivencia, tolerancia y libertades. El filibusterismo y la falacia política solo conducen a la destrucción de la democracia.

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Antonio Fernández-Montes Romero es socio de infoLibre.