Los límites de una política reformista

Por si aquellos que en nuestro país, o en cualquier otro, piensan que para cambiar la situación de la clase trabajadora basta con gobernar después de haber ganado las elecciones, lo que pasó recientemente en el Parlamento brasileño –en el que 367 diputados de los 511 que lo componen han votado a favor de la destitución de Dilma Roussef– deberían, si los ejemplos que se dieron hasta ahora a lo largo de la historia, reciente o menos reciente, no son suficientes, cuestionar sus supuestos siempre y cuando, claro está, éstos sean sinceros.

Sustituyéndose uno tras otro en el atril parlamentario para justificar sus votos respectivos, los diputados brasileños han dado en espectáculo. Denunciaron con virulencia la corrupción después de haber intentado vender su voto a cambio de la promesa de un sillón en el gobierno y siendo ellos mismos corruptos compulsivos. Por si fuera poco, un diputado de extrema derecha ha osado dedicar su voto al coronel Ustra, patente torturador y verdugo personal de Dilma Roussef, prisionera política durante la dictadura militar.

Este hecho caracteriza muy bien uno de los aspectos de la crisis política abierta en Brasil: la revancha de todos aquellos que nunca han podido soportar que un partido procedente del movimiento obrero, reagrupando oponentes activos a la dictadura militar y elegido por la clase trabajadora, acceda a las riendas del Estado a pesar de que éste haya defendido durante su mandato los intereses fundamentales de la burguesía brasileña.

Las manifestaciones masivas organizadas por los partidarios de la destitución y ampliamente pregonadas por la prensa afine a los partidos de la derecha, han abierto las compuertas del odio de clase de los adinerados, ya sean pequeños o grandes, hacia la política del Partido de los trabajadores (PT) que durante el mandato de Lula 2003-2010, aprovechando la prosperidad económica de entonces, consistió en una de las pocas cosas que ha sido positiva para los trabajadores: subida de los salarios más bajos y otorgo de ayudas para las familias más pobres.

A pesar de eso, el hecho de que el PT no pueda movilizar con la misma proporcionalidad la población más pobre en general y la clase trabajadora en particular, también hay que tenerlo en cuenta como otro hecho caracterizando dicha crisis política. ¿Cómo podría ser de otra manera?

¿Por qué los trabajadores se movilizarían para apoyar una presidenta que hizo profundos recortes en los presupuestos de la sanidad o en los de la educación?¿Qué ha suprimido empleos en los servicios públicos? ¿Qué por más que el índice alcanzado por la inflación (10%) cesó la indiciación salarial sobre ésta? ¿Por qué se empeñarían en apoyar un partido que aprovechó sobornos repetidos por parte de Petrobas mientras la empresa suprimía 170 000 empleos en dos años?

El PT disponía de un inmenso crédito entre los trabajadores, ese crédito, Lula y después Roussef, lo han utilizado durante los trece años que llevan dirigiendo el país para favorecer los intereses de los propietarios de la industria minera, de las industrias agroalimentarias y de muchos otros sectores que vieron incrementados sus beneficios. De no haber sido así, estos últimos, que son quienes realmente detentan el poder, no habrían consentido que esto durara tanto tiempo.

Es muy probable, ahora que el periodo de bonanza se ha acabado y que Brasil también está tocado por la crisis, que la burguesía brasileña quiera intensificar su guerra contra la clase trabajadora para mantener, e incluso incrementar, sus beneficios y que sea por eso que haya fomentado, utilizando a los partidos de derecha, tal crisis política.

Sea lo que sea, es mejor que la población pobre y la clase trabajadora cuenten con su propia fuerza y se den sus propios medios para organizarse y defenderse contra esa guerra de clase, que patronal y futuro gobierno, sea cual sea, llevarán a cabo.

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre