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Yo no salí al balcón a aplaudir a los sanitarios

De repente, el día 14 de marzo 2020, todos los ancianos de España se volvieron invisibles. Nadie los escuchó, nadie los tuvo en cuenta, los borraron. Eran un estorbo, ni siquiera eso, simplemente fueron invisibles para la Sanidad y los Ayuntamientos.

Murieron sin cuidados ni calor humano, abandonados por los rincones de residencias y geriátricos, la mayoría encerrados durante días en sus habitaciones y cansados de aporrear las puertas de sus dormitorios. 29.782 ancianos murieron porque carecían de utilidad. Lo más indignante es que la fórmula del "coste-beneficio", se denomina en economía “ética del utilitarismo" y se aplica también en medicina, a pesar del juramento Hipocrático.

Parece que el Gobierno y las diferentes consejerías de salud consideraron que proteger sus vidas era concederles un honor demasiado caro que no merecían. Sin embargo, los ayuntamientos se permiten cederlos a fondos de inversión que invierten en residencias mal gestionadas para lucrarse de ellos.

Podemos mirar para otro lado, olvidar este capítulo como si nunca hubiera pasado, pero 29.782 ancianos miran a una sociedad enferma, cuyos profesionales de la sanidad no se rebelaron en ningún momento contra el protocolo que impedía trasladarlos al hospital, sino que obedecieron a rajatabla los protocolos que las consejerías redactaron.

En una sociedad edadista que discrimina a las personas por la edad, los ancianos estarán siempre amenazados porque los ven como objetos sin valor, ni utilidad. Esa es la mirada que tiene de ellos también las consejerías de sanidad al aceptar que pueden decidir a quien se atiende, y a quien se abandona.

Aún en el caso que "los beneficios sociales" de deshacerse de ellos para favorecer a otros más jóvenes, pudieran superar los costes de dejarlos vivos, la medicina de guerra va más allá de esto. Dejar morir a los más indefensos es un genocidio que echa por tierra la moral y la forma que los seres humanos deberían tratarse entre sí.

En Barcelona y Madrid, existían hospitales vacíos y muchos estaban equipados, se hicieron en la época de Cristina Aguirre cuando gobernaba Mariano Rajoy. No se entiende por qué no se utilizaron para atender a estas personas. Otra opción era su traslado a hoteles para que estuvieran separados los contagiados de los no contagiados, incluso las habitaciones aquí son mejores, más amplias y mejor ventiladas que en sus residencias, pero tampoco se hizo.

¿Por qué los responsables de la salud redactaron estos protocolos y decidieron abandonarlos a su suerte, en lugar de buscar soluciones para salvar sus vidas?

¿Por qué los sanitarios no se opusieron a dichos protocolos y los obedecieron a rajatabla? ¿Acaso tenían miedo de ser relegados a puestos inferiores, tener sanciones disciplinarias, sufrir una reducción en sus sueldos, o incluso ser despedidos?

La mayoría de las denuncias presentadas contra los responsables de las residencias y la Administración han acabado en la papelera. Ahora los médicos y el personal sanitario tienen la oportunidad de referir la verdad de lo que ocurrió en esas residencias, para que Fiscalía investigue, las demandas no las desestimen, y se resuelvan a favor de las familias que perdieron a sus familiares.

Es evidente que tener una carrera de medicina, o ser el Premio Nobel, no inmuniza para concebir ideas y planteamientos criminales y aborrecibles.

El vídeo (bajo estas líneas ) muestra la formación que se impartió a los sanitarios en la pandemia para que aplicasen la "medicina de guerra" y "la éÉtica del utilitarismo" y escoger a quien salvar y a quién dejar morir.

Puede ser que las futuras generaciones nos pregunten cómo permitimos que casi 30.000 ancianos murieran por negarles asistencia sanitaria, igual que hoy nos preguntamos por qué nadie se rebeló en el Holocausto nazi, y nadie sabe respondernos a pesar de que haya una sentencia del 1 de octubre de 1946 contra la cúpula del III Reich.

Teniendo en cuenta que los demógrafos alertan de que la generación baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1977 serán ancianos en 2 décadas, posiblemente les espere la misma suerte de presentarse otra pandemia si nos cruzamos de brazos. Si como dice Ph.D. Franc T. Ruíz "lo único seguro que tenemos los ciudadanos es el pago de los impuestos y la muerte" , exijamos al menos tener el derecho a una muerte digna. Este debe ser un derecho tanto para un Premio Nobel en medicina, como para un barrendero, un científico, un agricultor, un joven y, por supuesto, para un anciano.

Luisa Vicente es socia de infoLibre

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