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Sociedad decente y sanidad pública

Albino Prada

Entre la amplia información que presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos para toda España de la Encuesta Europea de Salud, me centraré en este breve análisis en algunos aspectos que considero críticos para evaluar la cobertura pública de esta necesidad preferente. Principalmente porque esa encuesta permite relacionar el nivel de ingresos de los ciudadanos con sus opciones de salud.

En España, el Sistema Nacional de Salud (SNS) nos garantiza a todos, con independencia de nuestros ingresos, una asistencia sanitaria básicamente homogénea e igualitaria. Que sea así creo que es un logro social determinante para saber si vivimos o no en una sociedad digna. En muchos países del mundo no existe nada parecido. Incluso en países con un nivel medio de riqueza muy alto (como Estados Unidos).

El Sistema Nacional de Salud se financia con impuestos recaudados que se supone que son progresivos: aquellos que tienen o ganan más deben pagar más impuestos. Entonces serán los que más contribuyan a los costes del SNS. Con lo cual, en este sistema, suceden dos cosas llamativas. Que si los más ricos tienen mejor salud, usarán menos el SNS pero pagarán más. Que los que más utilizan el sistema (por poca fortuna genética o por condiciones de vida o de trabajo) no van a ser penalizados aún encima en su coste. Ambas cosas son adecuadas para tener una sociedad digna en la que (mayor o menor) nivel de ingresos, riqueza, salud, etc. no se considera mérito exclusivo atribuible a quien los posee.

Asegurados privados

Pues bien, de los casi 40 millones de personas mayores de quince años que viven en España, la gran mayoría (85 de cada cien) tienen únicamente cobertura sanitaria garantizada por el SNS. Sin embargo hay casi seis millones de personas que también tienen cobertura privada. Son 15 de cada cien, pero cuando observamos su nivel de renta media mensual nos encontramos con que la gran mayoría de ellos se sitúan por encima de los dos mil euros.

Para estos ciudadanos de mayores ingresos, se pueden suponer dos cosas. Por un lado, que su disposición a pagar la prima de un seguro privado se deba a que así evitan las listas de espera que han ido creciendo en el SNS y, por otro lado, a que su disposición a pagar todos los impuestos que les correspondería vaya disminuyendo.

Por dos motivos: porque considerarán muy caro financiar un SNS que tiene que asumir la atención de los sectores sociales más castigados por determinadas morbilidades y porque ya han solventado de su bolsillo el escapar de esas demoras.

Si uno reflexiona sobre la imprudente sobrecarga del SNS que se ha observado en la pandemia de covid-19 por parte de gerentes que potencian o comparten servicios médicos privados (incluso a costa de deteriorar la salud pública), se encontrará con una bomba tóxica que combina la defensa de cero impuestos, el ataque a los trabajadores desbordados del SNS y el reclamo de las mínimas restricciones posibles (que llaman libertad). Porque ellos tienen una puerta trasera para salir del lío.

No es de extrañar que con los datos de la Encuesta que comentamos sean las Comunidades Autónomas más ricas (Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco,…) las que tienen una mayor presencia de asegurados privados. Casi tres millones de ciudadanos entre Cataluña y Madrid: uno de cada cuatro. Un grupo minoritario pero muy influyente en la agenda política por su capacidad económica.

El ejemplo bucodental

Una dimensión de nuestra salud que no tiene apenas acomodo en nuestro sistema público y que pasa, sí o sí, por la cobertura de seguros privados o pago directo del usuario es la salud bucodental.

Por eso, cuando describimos el estado de la salud bucodental en España tenemos una imagen de lo que pasaría si la mayoría de la población no tuviera cobertura pública para la mayoría de las contingencias sanitarias (las de la vista también pasan mucho por la privada). La minoría más rica sí puede asumir las facturas no pequeñas de los dentistas.

Pues bien, las personas mayores de 65 años que viven en hogares con ingresos muy bajos (menos de mil cien euros) valoran su salud bucodental como buena o muy buena en 48 de cada cien casos. Traducido: más de la mitad la tienen regular o mal.

Mientras que en los hogares de renta alta (más de tres mil euros) son 67 de cada cien los que la tienen buena o muy buena. Ahora solo un tercio tiene la salud bucodental regular o muy mal.

La anorexia presupuestaria y la congestión de los servicios públicos de salud (antes, durante y después de la pandemia) están provocando un efecto dominó de aceleración en los seguros de salud privados

Una distancia de casi veinte puntos porcentuales. Lo que significa que en lo bucodental la desigualdad de ingresos se traduce directamente en desigualdad en salud.

De nuevo, serán las Comunidades Autónomas más ricas (Baleares, Madrid o Cataluña) las que concentren la población con mejor salud bucodental porque en ellas las rentas altas tienen mayor peso. Galicia, por ejemplo, estará por debajo de la media española. Tendremos un mayor porcentaje de personas con esa salud regular o mala. La razón es la misma, pero inversa, que las más ricas: porque la atención privada exclusiva se combina con un nivel de ingresos promedio más bajo.

Final: la igualdad pasa por lo público

La anorexia presupuestaria y la congestión de los servicios públicos de salud (antes, durante y después de la pandemia) están provocando un efecto dominó de aceleración en los seguros de salud privados. Lo que genera un círculo vicioso. Porque estos asegurados privados serán objetores fiscales activos en relación a la cobertura pública de las necesidades preferentes. Sálvese quien pueda. Una ruina que también tenemos en marcha en los servicios residenciales para mayores en redes privadas (con conciertos públicos).

Cuando esto también ocurre en la educación primaria y secundaria, privada o subvencionada, y cada vez más en los posgrados, se aleja cada vez más el horizonte de una sociedad decente en la que no haya ciudadanos de primera y de segunda.

Viviremos en una sociedad neoliberal de mercado en la que lo que el precio directo que uno pueda pagar será el argumento determinante. Las formas de colaboración público-privada o los conciertos con dinero público no son más que ratoneras de tránsito para llegar a esa ley de la selva (¡es el mercado estúpidos¡).

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Albino Prada es socio de infoLibre.

Este análisis se publicó en gallego en el número de julio de la revista mensual Tempos Novos.

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