Sobre la solución en Cataluña
Todos conocemos y debemos recordar el proceso histórico reciente que nos ha traído hasta la situación actual de conflicto en la convivencia en Cataluña.
Cataluña tiene desde hace varios siglos una corriente política independentista, y cualquier democracia que se precie de serlo debe entenderlo y respetarlo, aunque muchos no lo compartan, y también tiene una historia autonomista en las democracias españolas, en las escasas experiencias democráticas que hemos podido tener todos los españoles.
Los catalanes votaron la Constitución Española del 78 con una participación superior al 67% y, de ellos, votaron afirmativamente más del 91%.
En base a esa Constitución y a un Estatuto de Autonomía, se configura el nuevo gobierno autonómico de Cataluña, durante décadas los partidos catalanistas de la derecha CiU o de la izquierda ERC, sin renunciar a sus aspiraciones de máximos, han colaborado tanto en la gobernación del Estado con PSOE o PP, como en el propio gobierno autonómico en el caso de ERC con el PSC y el PSUC.
Pasado el tiempo, en Cataluña, como en otras autonomías, se comienzan a revisar y actualizar esos estatutos, en el caso de Cataluña, el Parlamento catalán envía a las Cortes Generales un proyecto de Estatuto, que es revisado (laminado, según Alfonso Guerra), corregido y aprobado en esas mismas Cortes Generales que lo devuelven al Parlamento catalán que también lo aprueba y es sometido a la soberanía popular catalana mediante referéndum en 2006, y que es aprobado con un 73,90% aunque con una baja participación del 48,85%.
Hasta aquí todo ha funcionado democráticamente.
La intencionalidad política del PP de excitar y recoger votos del nacionalismo español frente al nacionalismo catalán es evidente, aunque eso signifique enturbiar la convivencia entre catalanes y entre catalanes y españoles
El Partido Popular dirigido por Mariano Rajoy, en su afán de oposición al PSOE del presidente Rodríguez Zapatero, promueve por toda España recogidas de firmas en contra de ese nuevo Estatuto, avalado por las Cortes, el Parlament y el pueblo catalán; no contento con aquello, recurre al Tribunal Constitucional que acaba declarando en contra de algunos artículos, que curiosamente son compartidos en otros estatutos como el valenciano o el andaluz y nadie los cuestiona.
La intencionalidad política del PP de excitar y recoger votos del nacionalismo español frente al nacionalismo catalán es evidente, aunque eso signifique enturbiar la convivencia entre catalanes y entre catalanes y españoles.
Nos encontramos entonces con un Estatuto catalán que está vigente y que no ha sido votado ni por el pueblo ni por sus legítimos representantes, es una gran anomalía que enciende los ánimos del nacionalismo catalán, que en el caso de CiU pasa de comportarse como un partido autonomista a hacerlo como independentista, se encienden las instituciones y las calles en Cataluña y una serie de políticos catalanes emprenden un camino sin soporte legal que no les lleva a ninguna parte, pero que tampoco les permite retroceder, se convocan referéndums sin soporte legal y se llega, en 2017, a la Declaración Unilateral de Independencia, que por supuesto nadie reconoce y que provoca la respuesta represora y judicial del Estado.
Llegados a este punto de enfrentamiento, el propio PP se ve inmerso en procesos judiciales por sus numerosos casos de corrupción y en las Cortes Generales del Estado se utiliza la moción de censura para desalojar del gobierno a Mariano Rajoy.
Tenemos pues fuera del poder a uno de los actores del incendio catalán; los otros, los políticos independentistas catalanes se enfrentan a la acción de la justicia, pero de alguna manera siguen liderando las instituciones catalanas, siguen ganado aunque sea por un escueto margen las elecciones autonómicas y la ciudadanía no aprecia que reconozcan ningún error, mientras que los nuevos gobiernos, del PSOE primero y en coalición con Unidas Podemos después dan pasos claros hacia la normalización de la convivencia en Cataluña. Se acatan las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera, se conceden indultos y se modifica alguna legislación, mientras tanto los sucesores de CiU siguen reconociendo la autoridad del president Puigdemont que ha sido legalmente depuesto y ha huido para eludir la acción de la justicia.
Ahora, después de nuevas elecciones, en las que la población española ajena al nacionalismo español, al menos al más radical, y en una clara actitud de sentido común, opta por impedir la entrada en el gobierno al PP y a su escisión de ultraderecha VOX y sigue apostando por la convivencia en Cataluña y entre los catalanes y el resto de los españoles, nos encontramos con que la otra parte del conflicto, los mismos líderes nacionalistas e independentistas catalanes que formaron parte del problema, quieren seguir teniendo protagonismo y formar parte activa de la solución.
Como ciudadano español, no tengo ningún problema en ser generoso con mis conciudadanos, pero exijo que todos los que nos sentimos amenazados por las poco democráticas derechas españolas tengamos el mismo nivel de generosidad para nuestra propia autodefensa.
Los pueblos y el futuro son mucho más importantes que algunos individuos del pasado que se resisten a irse. No tengo ningún deseo de venganza ni de rencor contra ninguno de ellos, que se resuelvan judicialmente sus problemas personales como los expertos juristas aconsejen, pero que nos dejen en paz. los políticos que no supieron arreglar el problema de convivencia en 2017 no deberían intentar chantajearnos en 2023.
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Ángel Díez de Miguel es socio de infoLibre.
