La farsa anticonstitucional del derecho a la vivienda
El discurso anti todo, rayano con el sectarismo frente a cualquier decisión del gobierno de coalición de Pedro Sánchez adoptado por Núñez Feijóo en el complejo contexto actual, debiera inquietar, y mucho, a cualquier político de derechas liberal y razonable. También debiera hacerlo el silencio cómplice, cobarde sería un término más exacto, del ala presuntamente moderada del partido si es que existe, ante el desvarío de un líder que, como su antecesor, presenta síntomas de un trastorno ya endémico en el PP: la distorsión cognitiva de la realidad fruto de la deriva ideológica hacia el espacio fronterizo con la extrema derecha en competencia con Vox. Una circunstancia esta última, injustificable democráticamente.
Una distorsión de la realidad que crece de forma alarmante y contagiosa en el seno del PP. Lo hace nublando la capacidad de análisis e interpretación de aquella por parte de sus líderes —enrocados como siguen—, en un discurso excluyente, carente de la redentora autocrítica y que bordea, si no traspasado ya, los límites del mínimo consenso político constructivo con el que el actual gobierno de coalición, liderado por Pedro Sánchez en el último tramo de la legislatura, intenta dar soporte constitucional a valores y derechos individuales y colectivos imprescindibles. Son puestos en entredicho o sencillamente ignorados por los que aspiran a ser la alternativa de gobierno.
No deja de ser una brutal paradoja democrática que, los farisaicos defensores a ultranza de la Constitución del 78 aceptada entonces a regañadientes, se la pasen ahora, perdonen el símil en absoluto académico, por la entrepierna en un asunto nuclear determinante de la seguridad y bienestar de la vida de cualquier ciudadano. Como es en el caso que nos ocupa, el derecho básico, entre otros, a una vivienda digna.
Un deber constitucional que, éticamente, debiera obligar a todo poder público. Incumplido perennemente hay que reconocerlo, salvo alguna excepción, de forma más o menos flagrante por el poder de turno independientemente del signo ideológico del mismo. Ya que, como recoge el artículo 47 de nuestra Carta Magna, corresponde a los poderes públicos la responsabilidad de hacerlo efectivo. Un deber, que algunos… ¿muchos?... responsables políticos, presuntos reguladores del patrio entramado de intereses del ladrillo, han debido ignorar. Involucrados como han estado en apaños y recalificaciones urbanísticos e inmobiliarios, en beneficio de Socimis especulativas, insolidarias buitreras inmobiliarias, y proyectos de centrífuga gentrificación de la población más vulnerable económicamente.
Finalmente, como era lógico esperar, ante la falta crónica de planificación a medio - largo plazo, el problema ha estallado. Una bomba social de racimo, que, con su destructiva carga de precios estratosféricos de la vivienda, en propiedad o alquiler, han precarizado amplias capas de la población como consecuencia de la abusiva alza de precios fruto de tanta codicia consentida, cuando no promocionada desde el poder que renunció a su obligación de regularlos. Lo que ha obligado a muchos ciudadanos, roto el ascensor social, a descender de nivel por las escaleras… para acabar, como ha ocurrido en no pocas ocasiones… sencilla y llanamente con lo puesto… en la calle.
Una bomba social de racimo, que, con su destructiva carga de precios estratosféricos de la vivienda, en propiedad o alquiler, han precarizado amplias capas de la población
Finalmente, el espinoso asunto, en realidad un escándalo larvado desde siempre en este patio de Monipodio especulativo inmobiliario; ha tensionado la cohesión social hasta límites preocupantes cuando no peligrosos; cebándose como ha hecho, con los colectivos más jóvenes y la población más vulnerable. Circunstancia determinante de la decisión del Gobierno de tomar cartas en el asunto con el proyecto futuro de la ley estatal de vivienda. Decisión, adoptada por Sánchez en la antesala del apretado calendario electoral que se avecina, y que será objeto por este motivo de agrias polémicas por parte del PP. Pero en el fondo, una decisión la adoptada, imprescindible, necesaria, y justa… aunque tardía.
La nueva ley de vivienda, la primera de la democracia está siendo ya contestada preventivamente por algunos díscolos barones del PP, y con Núñez Feijóo, sometido de nuevo al estrecho marcaje de Ayuso, la baronesa madrileña. Con la amenaza de incumplir la ley, cada cual, aducirá el argumentario ideológico que mejor le cuadre, para considerarla bien populista, inoportuna, intervencionista, bolivariana, abusiva u oportunista. Pero la decisión del gobierno de coalición, aunque con retraso, y como todo, mejorable sin duda y mal que les pese al presunto líder del PP y sus ejemplares barones anti constitucionalistas… ha venido para quedarse.
¡Ya era hora!
PD: Lo paradójico de la nueva ley, constitucionalmente impecable y socialmente imprescindible para toda, repito… para toda España es, que ha sido apoyada y presentada en primicia por unos ogros separatistas integrados hoy en el juego constitucional parlamentario como son ERC y EH Bildu. Otro acierto de Pedro Sánchez que una vez más, evidencia la deriva ideológica antisocial, ultraderechista y neoliberal del PP.
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Amador Ramos Martos es socio de infoLibre
