Las 8 claves para que los fondos europeos lleguen a unas industrias culturales maltrechas

Fondos europeos: las palabras mágicas que devuelve el brillo a los ojos del sector cultural. Hace una semana, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, presentaba la parte dedicada a la cultura del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el programa del Gobierno para gestionar los fondos europeos de recuperación Next Generation EU. Y aunque el documento de 348 páginas tiene que ser aprobado aún por Bruselas, y aunque hasta entonces no se conocerán las subvenciones y convocatorias específicas, el mundo de la cultura empieza a moverse. El sector ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, especialmente los espectáculos públicos y el cine, y la inyección de 525 millones de euros —200 millones solo para el audiovisual— suena a música celestial.

Poco parece importar, por ahora, que esa cantidad suponga menos del 0,8% de los 72.000 millones en transferencias directas que recibirá España entre 2021 y 2023. Sí inquieta, sin embargo, la envergadura del reto al que se enfrenta el Ejecutivo: hacer llegar la financiación a una industria muy fragmentada, compuesta de pymes y autónomos sin empleados, y hacerlo sabiendo que las competencias están descentralizadas, compartidas con comunidades autónomas y ayuntamientos. El plan presentado por el ministro se marca objetivos como la “transformación digital” del sector, impulsar la cultura “como elemento de cohesión social y territorial” o “facilitar el acceso a la cultura”. Estas son algunas de las claves para que los fondos europeos lleguen a buen puerto.

1. Agilidad en los procesos

El Gobierno aún no ha dado plazos ni para la publicación de las primeras convocatorias ni para la llegada del dinero. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso con las que ha podido hablar este periódico apuntan a que el plan estará aprobado por Europa en “unas semanas” y que los fondos comenzarían a llegar después del verano. Los reembolsos de la Unión Europea llegarán cada seis meses, en función de los objetivos acordados, por lo que el proceso exigirá una gran agilidad por parte de la administración y de las empresas, creadores e instituciones receptoras. Los plazos habituales hasta ahora tendrán que reducirse. Por poner un ejemplo: en 2019, el proceso de ayudas generales para la producción de largometrajes, puesto en marcha por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (dependiente de Cultura) comenzó en julio y finalizó en noviembre. Habrá que acelerar.

2. Coordinación entre las administraciones

La gestión de los fondos europeos recaerá en los Ministerios de Economía y de Hacienda, que recibirá y distribuirá las partidas en función de los proyectos que se pongan en marcha, pero el Ministerio de Cultura desarrollará su propia ventanilla para tramitar aquellos que correspondan exclusivamente al sector. “En cultura, las comunidades autónomas van a tener mucho peso en la gestión porque está muy descentralizada”, apunta Inma Ballesteros, directora de Cultura de la Fundación Alternativas, dedicada en las últimos meses a difundir en el sector el funcionamiento de los fondos. Hay que tener en cuenta que casi el 90% del total de presupuesto para cultura lo gestionan las autonomías y los ayuntamientos”. El reto estará, primero, en la coordinación interministerial, sabiendo que en el pasado, los desacuerdos entre Hacienda y Cultura han condicionado, por ejemplo, la bajada del IVA cultural, igual que el diálogo con Trabajo y Seguridad Social ha condicionado el desarrollo del Estatuto del Artista. Pero también en la relación entre los distintos niveles de la administración, teniendo en cuenta que hasta ahora ha estado marcada por las fricciones entre el Gobierno y algunas comunidades de distinto signo político. Por último, el reto de las autonomías estará en asegurar que los fondos llegan a unos ayuntamientos desbordados por la pandemia.

3. Colaboración público-privada

Uno de los ejes impuestos por Europa es el fomento de la colaboración público-privada, sintagma que aparece decenas de veces en el plan del Gobierno. El problema, dicen los consultados por este diario, es que España no tiene desarrolladas ni legislativa ni organizativamente este tipo de financiación para la cultura. “Hay que desarrollar herramientas que permitan montar estructuras de financiación más allá de lo ya establecido”, apunta José Nevado, director de la asociación de productores audiovisuales PATE. “Nunca se me pasaría por la cabeza pensar que hubiera un fondo público-privado para el cine, porque el cine tiene que tener apoyo a fondo perdido, como sucede ahora, y sin embargo creo que es muy necesario que ayudemos al inversor privado a meterse con mayor seguridad en el sector audiovisual”. El problema, dice, es que desarrollar esta estructura a contrarreloj y mientras se gestionan los propios fondos europeos puede ser una tarea muy difícil de llevar a cabo. Y Bruselas lo tendrá en cuenta. 

4. Atención a las pymes

En su propia presentación, el ministro de Cultura ya señalaba que solo el 6,6% de las empresas culturales tienen más de 6 trabajadores, y únicamente el 0,6% supera los 50. Casi el 65% del sector está compuesto de autónomos sin empleados a cargo. Esto condicionará enormemente el tipo de líneas de financiación y convocatoria que se pongan en marcha. Y también condiciona en gran medida los procesos administrativos: cuanto menos concentrado está un mercado, más expedientes habrá que gestionar. Fuentes conocedoras del diseño del plan señalan que el Gobierno se apoyará en las comunidades autónomas, que a su vez están demandando más peso en la distribución de los fondos, para procesar la presentación de solicitudes. Algunos de los consultados por este periódico se muestran desconfiados con la capacidad de una administración ya saturada para asegurar que los trámites sean rápidos. Otros mantienen el optimismo. 

5. Repensar la digitalización

De los 325 millones dedicados a la “revalorización de la industria cultural”, 73 millones irán destinados exclusivamente a la digitalización de los “grandes servicios culturales”. Pero es que además la digitalización es uno de los ejes principales de la inversión en “refuerzo de la competitividad de las industrias culturales”, dotada con 110 millones de euros. En opinión de Inma Ballesteros, con razón: “Los estudios nos dicen que España está un poquito a la cola en habilidades digitales, aunque la infraestructura es de las mejores de Europa”. En estos meses, se esfuerza an explicar a las empresas culturales que la digitalización no se refiere necesariamente a la relación con el público. “No quiere decir que una compañía de danza tenga que digitalizar el espectáculo o usar gafas 3D, el contacto con el público se va a seguir produciendo de la misma manera”, explica. “La digitalización puede y debe aplicarse a los procesos para preparar el espectáculo, a la comunicación interna, a la facturación, a la compra a proveedores...”. El proceso de digitalización impulsado por Europa y recogido con entusiasmo por el Gobierno también podría aplicarse, señalan los entrevistados, al análisis de audiencia o a la creación de redes europeas, de programadores teatrales, exhibidores de cine o editoriales que busquen libros que traducir. Para la directora de Cultura de Fundación Alternativas, es clave que las empresas “no se queden sentadas esperando a que salgan las convocatorias” sino que “empiecen a pensar qué es lo que tienen y qué es lo que les falta por digitalizar”.

6. Protección para los trabajadores

En su plan, el Ministerio de Cultura recoge algunas reformas legislativas: la normativa en propiedad intelectual, que debe adaptarse al marco Europeo, la ley de comunicación audiovisual, la ley del cine... y el Estatuto del Artista. Este conjunto normativo, que implica a varios ministerios, como Trabajo, Hacienda y Seguridad Social, reúne una serie de medidas para regular las profesiones artísticas, marcadas a menudo por la intermitencia, y otorgar más derechos a los trabajadores, que con frecuencia se quedan fuera de las prestaciones por desempleo o por maternidad. El Estatuto pasó por la subcomisión correspondiente del Congreso de los diputados en 2018 y fue aprobado por unanimidad por los parlamentarios en 2019, pero pese al gran consenso suscitado solo se ha desarrollado parcialmente. El 21 de abril, José Manuel Rodríguez Uribes insistió en el Congreso en que es “un compromiso y una prioridad” del Gobierno para esta legislatura.

Sin embargo, Cristina Bermejo, secretaria general de Cultura en CCOO, explica que las consultas con los sindicatos están “paradas” y que ni Cultura ni ningún otro ministerio les ha convocado a ninguna reunión en el último año. “Los subsidios que el Ministerio lanzó durante la pandemia pusieron de manifiesto la necesidad imperiosa de que se regule el sector, porque la mayoría de los trabajadores no cumplían los requisitos de cotización y no han estado teniendo ningún ingreso y ningún apoyo”, lamenta. Aunque reconoce que el Estatuto del Artista es “el objetivo de mandato” del ministro, no está convencida de que su desarrollo vaya a llegar pronto: “No sé hasta qué nivel están avanzando para que realmente los fondos se repartan de una manera eficaz”.

7. ¿Qué pasa con la producción?

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El plan presentado por Cultura recoge los cambios legislativos necesarios, y centra la inversión en la digitalización del sector, en su promoción o en la captación de inversión extranjera. Pero no menciona los propios contenidos o el impulso a la producción cultural. Esto preocupa especialmente a Jose Nevado, como representante de los productores audiovisuales, que señala que hay algunos sectores culturales, como puede ser el suyo, pero también el editorial, que ya están muy avanzados en su proceso de digitalización. “Yo no sé si hay espacio, por ejemplo, para más plataformas de streaming españolas, pero lo que siempre se van a necesitar son contenidos, y los contenidos son justamente lo que han hecho que otros países se fijen en España. Tenemos que tener la capacidad de convencer al Gobierno de que en la gestión de los fondos tiene que ser clave la creación, que es lo que hacemos verdaderamente bien”, defiende. Pero es consciente de que, una vez aprobado el plan en Bruselas, el Ejecutivo tendrá poco margen de maniobra.

8. ¿Y eso del derecho de acceso?

Hay otro aspecto que preocupa a Inma Ballesteros: el objetivo de “facilitar el acceso a la cultura” que se marca el Gobierno, relacionado también con el de “impulsar el papel de la cultura como elemento de cohesión social y territorial”. Es decir, que cualquier ciudadano, independientemente de dónde viva o qué nivel de renta alcance, tenga las mismas posibilidades de ir a una biblioteca, al teatro, al cine o al museo. La directora de Cultura de Fundación Alternativas celebra que el derecho de acceso esté reflejado en el plan del Ejecutivo, pero teme que posteriormente no se le dé la misma importancia que a los proyectos estrictamente empresariales. “Existe cierto temor a reconocer este derecho en el ordenamiento jurídico expresamente”, critica, “ porque podría generar ciertos compromisos que a lo mejor van más allá de lo que se quiere”. En su opinión, una buena manera de mejorar el acceso a la cultura a través de los fondos sería una mejora de la conectividad, para que los habitantes de zonas rurales pudieran consultar los mismos materiales online que los de la ciudad, pero también un mayor desarrollo de la red de bibliotecas y el mantenimiento de las infraestructuras locales, “como Laboral en Gijón o Medialab en Madrid”, que “deberían ser protegidas y no cerradas”.