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"Hemos conseguido sentarnos con Goldman Sachs": los inquilinos se organizan contra los fondos buitre

Un grupo de personas participa en una concentración para defender la regulación del precio del alquiler, a 14 de junio de 2021, en Madrid, (España).

En Barcelona, en 1931, los vecinos dejaron de pagar el alquiler. CNT, impulsora de la huelga, se sumaba a una corriente europea: la autoorganización de los inquilinos para defender sus derechos. En países como Austria, esas organizaciones siguieron creciendo décadas después y han llegado a la actualidad convertidas en grandes instituciones de defensa de los inquilinos que participan activamente en las leyes de vivienda o en la negociación de los precios del alquiler. España tomó un rumbo diferente: la dictadura franquista apostó masivamente por la propiedad, como también se hizo luego en democracia, hasta la crisis financiera. Tras la debacle inmobiliaria, en España el alquiler ha ido ganando una repentina relevancia, asemejándose a los vecinos europeos, pero sin un sistema articulado de décadas de conquistas sociales, lo que ha abonado el campo para un mercado de especulación y desprotección de los arrendatarios.

Esta situación ha provocado que hayan nacido de golpe sindicatos de inquilinos en las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, Mallorca, Donosti, Málaga o Sevilla. En pocos años, han paralizado expulsiones masivas de vecinos, han emprendido acciones legales contra fondos buitre y han presionado a los legisladores hasta conseguir escribir algunas líneas en el Boletín Oficial del Estado, como la que prohíbe que las inmobiliarias cobren honorarios al inquilino. No han nacido de la nada: surgen tras años de lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de los que heredan los métodos, aunque abordan un problema diferente. Este fin de semana, sindicatos de varias comunidades autónomas se sientan juntos por primera vez. El objetivo es tejer una estrategia estatal.

Hemos conseguido sentarnos con Goldman Sachs. En ese momento nos dimos cuenta de que podíamos conseguir muchas cosas más”, cuenta Silvia Abadía, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Esto ocurrió en 2018, apenas unos meses después del nacimiento del sindicato catalán. 121 familias residentes en un bloque del municipio barcelonés de Sant Joan Despí [34.000 habitantes] recibieron un burofax. “Goldman Sachs había comprado el inmueble y les dijeron que el alquiler iba a subir un 50%. Se organizaron y vinieron al sindicato. El resultado fue muy positivo, les acabaron renovando los contratos a todos, sin subidas o con subidas pequeñas”, explica Abadía. Fue el germen de otras muchas victorias

“Estábamos totalmente perdidos, si no hubiera sido por ellos…”

En el verano de 2019, unas 80 familias que residen en un bloque del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz [130.000 habitantes], recibieron un mismo burofax. Fidere, que luego descubrirían que se trataba de una rama de la gigantesca gestora de activos financieros Blackstone, acababa de comprar sus viviendas de protección oficial y les quería duplicar el alquiler. Estaban ante un hecho sin precedentes: un fondo buitre había comprado un edificio completo, aparentemente protegido por la Comunidad de Madrid, y les pedía algo que pese a que a todas luces era abusivo, parecía legal.

“En mi caso, pedían que el alquiler pasara de 700 a 1.200 euros”, explica José, que prefiere no dar su apellido. Este funcionario de 49 años reside en una casa con su pareja, dependienta en una tienda de ropa y su hija pequeña. “Somos una familia mileurista, con ese alquiler podía vivir, pero si me lo subían no hubiera tenido para comer”, explica.

Las familias del bloque entraron en pánico. Cuando entraron a vivir en esas viviendas las habían elegido porque era algo “seguro”, con el sello de la Comunidad de Madrid. Lo que les estaba pasando no tenía nada que ver con los casos de desahucios conocidos, donde un banco concreto desalojaba a una familia concreta. Era un fondo buitre comprando vivienda protegida en lote y forzando a todas las familias a aumentar sus cuotas o a marcharse. “Empezamos a reunirnos y una vecina dijo que había visto en las redes sociales que en Madrid se había creado un sindicato de inquilinos, así que decidimos llamarlos”

En la primera reunión con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, un portavoz les dio a las familias un consejo les cambiaría el futuro: seguir pagando el alquiler, pese a la oposición del fondo buitre. “Cuando mandábamos una transferencia, Fidere la devolvía. Así que empezamos a mandar la cuota del alquiler por giro postal. Si lo devolvían, acudíamos a consignarla en los juzgados. La cuestión era dejar siempre constancia de que no estábamos incurriendo en impago”, explica José. Sin el consejo de la organización, a las familias no se les habría ocurrido que podrían haberlos desahuciado por este motivo.

“Hicieron un trabajo espectacular y no nos pidieron ni un euro a cambio”, añade José. “Fue muy duro. Pasamos muchas noches sin dormir. Estábamos desesperados…”, lamenta. Los abogados del Sindicato de Inquilinos comprobaron los contratos de alquiler y encontraron cláusulas abusivas que no se ajustaban a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las familias se convirtieron en las primeras en llevar a juicio a la filial española de Blackstone. “Fidere trató de dividirnos. Hizo ofertas a algunos vecinos ‘Si aceptas, te regalamos un mes’. O: ‘Te mantenemos tus condiciones un año’. Algunos no aguantaron la presión y picaron…”, lamenta José. 

El conflicto se enquistó y se acabó contratando a una empresa de mediación. “Accedimos a retirar las denuncias por cláusulas abusivas si ellos retiraban sus demandas de desahucio. Al final, conseguimos llegar a un acuerdo para las cuotas. En mi casa hoy pagamos 817 euros, frente a los 1.200 que me querían subir. Esa cantidad sí es asumible para mi familia. Los vecinos que picaron con las ofertas de Fidere, acabaron yéndose, porque no podían pagar los precios que aceptaron. A los que tenían alquileres de unos 450 euros, los subieron a unos 600, en lugar de los 900 que pedían.”, celebra José. Otro pulso ganado a un gigante.

Sindicatos centenarios en Europa

Mientras España estuvo décadas apostando por la propiedad, en muchos países europeos se vivía mayoritariamente de alquiler. Los sindicatos de inquilinos fueron creciendo y contribuyendo a moldear el sistema, para proteger a los vecinos. Mientras que aquí han nacido como organizaciones asamblearias, como reacción a los abusos del mercado, en los países vecinos se han ido convirtiendo en algo más parecido a UGT que a la PAH. Se trata de organizaciones institucionalizadas, jerárquicas, con una gran estructura descentralizada a nivel regional y local, un sistema de financiación propio, con decenas o cientos de miles de afiliados. Más que un movimiento social, es una institución más del mercado inmobiliario.

La Asociación Alemana de Inquilinos es una organización histórica con un arraigo local muy fuerte: reúne bajo su paraguas a más de 300 asociaciones locales que a su vez se coordinan en 15 regionales. Una de estas, por ejemplo, es la de Múnich, creada en 1922 y que cuenta hoy con 63.000 miembros. Se estima que hay 500 centros de asesoramiento para inquilinos distribuidos por el país germano. La asociación tiene más de 1.300 trabajadores y cuenta con unos 2.500 voluntarios. Su trabajo se financia con las cuotas de los asociados y no reciben financiación pública, por lo que presumen de autonomía. 

Su objetivo es la representación política de los intereses de los inquilinos y son reconocidos ante la administración y por los legisladores como interlocutores válidos de este colectivo. En un país de 83 millones de habitantes, se estima que hay 22 millones de contratos de arrendamiento. No hay legislación de vivienda en Alemania que no pase por esta organización. Sus objetivos son ampliar la protección de los inquilinos, defender alquileres asequibles, viviendas sociales, modernización energética, la incorporación de energías renovables y la paz social en las zonas residenciales. 

En Suecia, el sindicato mayoritario es uno de nombre impronunciable, Hyresgästföreningen, que reúne a más de medio millón de afiliados en un país habitado por 10 millones de personas. Los sindicatos de inquilinos suecos existen desde hace más de 80 años y la ley les concede un papel preponderante en la negociación de las subidas de los alquileres, mediante un sistema relativamente similar a la negociación salarial en España. Los alquileres son vitalicios y las subidas de cuotas se negocian a nivel regional, como se negocia un convenio colectivo. Esta organización, por tanto, tiene un papel similar al que tiene UGT o CCOO, pero en materia de vivienda. 

Austria, que es el país cuyo modelo del alquiler cosecha más elogios, por el enorme parque público de vivienda del que dispone y por lograr alquileres asequibles en una ciudad como Viena, también tiene una organización histórica, que se remonta a 1911. Esta nació, en sus propias palabras, para “ejercer presión política”, como podrían ser las iniciativas surgidas en España. Con el paso de las décadas ha ido acumulando otra serie de funciones. Hoy, como en el caso alemán y sueco, esta organización participa activamente en los procesos legislativos relacionados con la vivienda como representación legítima de los inquilinos. Cuenta con unos 60.000 socios –en un país de unos 8,9 millones de habitantes–, de los que se financia. 

El desembarco de los fondos buitres en España

“Los sindicatos en España están muy relacionados a cómo se ha desarrollado el problema de la vivienda aquí”, explica Víctor Palomo abogado y miembro del equipo jurídico del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. 

El abogado ve dos reformas sustanciales que dieron paso a que el problema de la vivienda alcanzara al alquiler: “El Gobierno de Mariano Rajoy hizo dos cambios sustanciales en la ley. Primero, permitió la llegada de las socimis [vehículos de inversión inmobiliaria que cotizan en bolsa]. Esto supuso una alfombra roja para la llegada de los fondos buitre. Por otro lado, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos rebajó los derechos de los inquilinos, los contratos pasaron de 5 a 3 años, facilitaron formas de rescindir contratos o para desahuciar”, añade Palomo. El actual Gobierno los volvió a elevar a 5 años.

El abogado considera que el hecho de que en España hubiera tantas viviendas baratas y vacías, consecuencia de la burbuja inmobiliaria y posterior crisis financiera, así como esta relajación legislativa, hizo que muchos fondos de inversión se fijaran en España como una opción interesante para obtener rentabilidad fácil: “En la época del ‘ladrillo’, la especulación consistía en gente que se compraba una segunda casa porque ‘se pagaba sola’ al alquilarla. Esto es totalmente diferente, ahora son gigantescas sociedades mercantiles con sede en el extranjero que lo hacen de manera sistemática”, critica.

“Entre 2016 y 2017 empezamos a ver el problema del alquiler. La PAH seguía con mucha actividad, pero este era otro tipo de conflicto: ahora veíamos fondos que compraban pisos enteros y querían expulsar a todos los vecinos. Eran conflictos colectivos contra muchas familias a la vez”, explica Víctor Palomo. Es el caso, por ejemplo, del Bloque Arganzuela. Como contó infoLibre, una gestora de activos compró un bloque de pisos en Madrid, expulsó a todos sus inquilinos, troceó las 25 viviendas que tenía en 45 y, pese que eran la mitad de pequeñas, triplicó sus precios a través del alquiler por temporadas.

“En 2018 vemos que por primera vez deja de hablarse de problemas concretos de inquilinos, que sufren condiciones abusivas, para hablar de un problema general del alquiler”, añade Palomo. “Ahí ya había fondos buitres radican sus sedes en paraísos fiscales y que prometen a sus accionistas rentabilidades anuales que les lleva a emprender estrategias muy agresivas”, añade.

Desde entonces, y especialmente tras la pandemia, cuando el problema del alquiler en las grandes ciudades ha llegado a un extremo, se empezó en una carrera política para intentar diseñar la primera Ley de Vivienda de la democracia. Las organizaciones de inquilinos no quisieron estar al margen, y presionaron a los partidos políticos con protestas en la calle y también sentándose con ellos. Mientras, paralelamente le surgían como setas conflictos a los que atender. Familias en apuros. “Empezamos a tener bloques de 50 vecinos, que reciben muchas cartas simultáneas. Empezaron a llamarnos de ocho bloques, nueve, diez… en distintos municipios. A partir de ahí, empezamos a centrarnos también en problemas comunes, por ejemplo, asesorar a los inquilinos cuando tienen problemas con la fianza o, tras la pandemia, cuando se incumplía el tope de la subida del alquiler del 2%”, añade.

“No aspiramos a institucionalizarnos”

Los portavoces de los sindicatos madrileño y barcelonés rechazan que el camino sea buscar institucionalizarse, a semejanza de los grandes sindicatos europeos: “En España seguimos teniendo una cultura de vivienda muy distinta respecto al resto de países europeos. En Suecia hay un control del mercado del alquiler que ni locos tenemos en España. En Alemania o en Austria hay un nivel de vivienda social que permite cambiar el hábitat legislativo. En España no estamos en esas. Copiamos estrategias de lucha de sindicatos laborales, pero no vemos la institucionalización”, explica Víctor Palomo, de la organización madrileña.

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“Obviamente reivindicamos nuestro papel, que existamos como interlocutores a todos los niveles y que seamos reconocidos como los defensores de los intereses de los inquilinos, como también los tienen las patronales inmobiliarias”, explica Silvia Abadía, del Sindicat de Llogaters. “Pero somos superclaros: nuestra línea se basa en la acción sindical. Tenemos estructuras horizontales y trabajamos con base en lo que nos llega semanalmente a las asambleas. A diferencia de otros países de Europa, donde el alquiler es más tradición, nosotros empezamos ahora. Pero sí nos queremos separar de ellos en ese sentido, nuestras prácticas vienen de abajo a arriba”, añade Abadía.

Un gran primer logro de estas organizaciones es la autoría de algunos artículos de la Ley de Vivienda, la primera de la democracia en parte debido a la presión ejercida por estos nuevos sindicatos. “Teníamos las expectativas muy altas. La ley es bienvenida, pero no ocultamos que hay partes que nos decepcionan”, resume Víctor Palomo. Los sindicatos critican, entre otras, la ausencia de regulación del alquiler por temporadas o perciben grietas que permiten a los grandes fondos esquivar partes fundamentales de la ley. “Hay cosas que hemos reconocido que han partido de nosotros, pero otras muchas se han descafeinado mucho”, lamenta el abogado.

Uno de los éxitos cosechados es la prohibición de que las inmobiliarias cobren una comisión a los inquilinos en concepto de honorarios. “La nueva Ley de Vivienda es un tocho de 61 páginas, pero hoy queremos destacar una sola frase: ‘Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de contrato serán a cargo del arrendador, reza un tuit del sindicato madrileño. Al mensaje acompaña una foto, de una peineta ante una inmobiliaria. “¿Sabéis qué quiere decir? Pues que por fin podemos gritar: adiós parásitos”, sentencia el sindicato.

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