EL MAYOR ERE DE UN GRUPO PÚBLICO

CGT se querella contra la dirección de Tragsa por un delito societario

El comité de Tragsa pide cero despidos y salidas voluntarias con 40 días de indemnización

El sindicato CGT ha presentado en el Juzgado de lo Penal una querella contra el comité de dirección del grupo público Tragsa por un delito societario. Según el sindicato, en 2013 el grupo tenía una treintena de encomiendas –los contratos que firma con las administraciones y que son su única carga de trabajo– sin trabajadores asignados, y este año cuenta con otro centenar.

Durante la negociación del ERE en que está inmersa la empresa, el mayor acometido por un grupo estatal hasta el momento, CGT preguntó a la dirección por estas encomiendas. Pero su respuesta no satisfizo al sindicato. “Ni siquiera adujeron un retraso en la contabilidad, sólo que el hecho de que esas encomiendas aún no tuvieran trabajadores asignados era una práctica habitual en la empresa”, explican fuentes del sindicato. El despido colectivo afectará a 1.336 trabajadores y comenzó a ejecutarse el pasado 18 de febrero. A esas encomiendas deberían haberse asignado, aseguran las mismas fuentes, unas 250 personas.

Los sindicatos del grupo también denuncian que tanto Tragsa como su filial, Tragsatec, seguían firmando contratos mientras negociaban y ejecutaban los despidos. En los dos últimos meses del año emplearon a 421 personas. Además, firmaron contratos para nuevos proyectos por importe de unos 65 millones de euros, indican fuentes sindicales.

La querella de CGT no es la única demanda que ha llevado al ERE de Tragsa a los tribunales. En estos momentos, la Audiencia Nacional dilucida la demanda que interpusieron todos los sindicatos del comité de empresa contra el despido colectivo en la matriz. La vista oral por la que presentaron contra el ERE en la filial, Tragsatec, se ha retrasado al 27 de mayo, a la espera de que el tribunal dicte sentencia sobre la primera demanda. En ésta, lo sindicatos alegaban, entre otras cosas, que la empresa debía haber presentado un ERE único para todo el grupo, en lugar de dos. El presidente de la Sala de lo Social, Ricardo Bodas, que fue quien propuso el aplazamiento, también destacó la complejidad jurídica del proceso: 19.800 folios en el caso de Tragsa y 18.199 en el de Tragsatec.

Fue también Bodas quien intentó que ambas partes conciliaran un acuerdo que evitara el juicio por la demanda de la matriz el pasado día 13. Días antes, la dirección había presentado una propuesta de acuerdo a los sindicatos, que éstos rechazaron. Según explicaron, apenas modificaba la última oferta de la empresa durante la negociación del ERE el pasado mes de noviembre y que fue rechazada por la asamblea de trabajadores.

Aunque cobrara toda la demanda, necesita despedir

El Gobierno ha defendido el ERE en el grupo público apoyándose en que su cifra de negocio ha caído un 52% entre 2009 y 2012. En la contestación que dio a una pregunta de la diputada de IU Ascensión de las Heras, el Ejecutivo aseguraba que, aunque cobrara toda la deuda que tiene pendiente de las administraciones públicas, unos 479 millones de euros, tendría que recortar plantilla. Los gastos de personal de Tragsa, explicó, superan el 60% de su coste de actividad, cuando en 2009 no pasaban del 45%.

En otra respuesta del Gobierno a la diputada de UPyD Rosa Díez, el Gobierno cifró en 694 encomiendas de gestión, por importe de 206,21 millones de euros, la cartera de encargos sólo de la filial Tragsatec para 2013, 39 más que en 2012, pero lejos de las 1.044 firmadas en 2011.

A las reiteradas denuncias sindicales sobre la inflada, y cara, cúpula de altos cargos del grupo público, el Ejecutivo respondió justificando su “amplia estructura directiva” en la también “amplia actividad de la empresa”. Sólo en Madrid, enumeraba el Gobierno, Tragsatec cuenta con tres direcciones adjuntas, nueve subdirecciones y 23 gerencias.

Fuentes sindicales cifran en 450 el número de directivos sólo en la filial. Sus retribuciones suman 30 millones de euros netos al año. A esa cifra habría que añadirle otros 18 millones de euros, el 37% de las remuneraciones que perciben los directivos de la matriz con cargo a los presupuestos de Tragsatec. Se trata de una partida “intragrupo”, que pretende retribuir los servicios de administración, recursos humanos, auditoría, etcétera que Tragsa presta a su filial.

No puede rechazar las encomiendas

Creado en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38% y el Ministerio de Hacienda, con un 12%. Su misión es ejecutar para la Administración pública obras y servicios, a través de Tragsa, así como proyectos e ingeniería a través de Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, “aunque pierda dinero”, precisan los sindicatos, porque cobra según unas tarifas prefijadas.

Empleados de Tragsa limpiaron las costas bañadas en petróleo por el PrestigePrestige, actuaron durante la crisis de las vacas locasvacas locas y recogieron la basura de las calles tras las huelgas de barrenderos en Granada, Jerez o Madrid. También son los encargados de desbloquear los expedientes atrasados del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) o de tramitar becas y matrículas para el Ministerio de Educación.

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