Transición energética

El enorme y sospechoso negocio del gas en Europa

Uno de los ramos del gasoducto entre Grecia e Italia, parte del Corredor Sur de Gas.

Un informe de  la consultora finlandesa Pöyr, encargado por la Comisión Europea, ha generado serias dudas sobre la apuesta sin ambages de Bruselas por el gas natural como combustible de transición entre un pasado sucio y un futuro limpio y sostenible en materia de energía. El documento, desvelado por La Marea, es un análisis de costes y beneficios del gasoducto proyectado entre España y Francia: STEP, la primera fase del proyecto MidCat de conexión energética entre los dos países. Enormes tuberías que trasladan el combustible fósil desde donde se extrae hasta donde se consume.

La consultora asegura que los costes, como en cualquier infraestructura de este tipo, son elevados, pero que los beneficios son muy limitados. No pasará tanto gas como se vende, ni siquiera en escenarios de corte de suministro de las fuentes habituales, lo que pone en duda el argumento de la Comisión Europea y del lobby gasista de la "seguridad" para justificar las inversiones. Y, de paso, pone el foco en una apuesta que tiene poco de acción climática y, como denuncian activistas de la causa, mucho de geopolítica, de grandes masas de dinero y de connivencia entre lo público y lo privado en los despachos de Bruselas.

El gas natural, conocido por su papel en la calefacción doméstica, es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, un combustible fósil que, además, se utiliza en las centrales de ciclo combinado para generar electricidad. Es, efectivamente y como venden sus defensores, mucho más limpio en su quema que el petróleo o el carbón, dos de sus competidores. Emite mucho menos CO2, pero se suelen obviar las fugas de metano, uno de los principales componentes de la mezcla y uno de los más destructores gases de efecto invernadero. Y su control, venta y distribución genera tensiones.

La más conocida batalla de las que se han llegado a llamar guerras del gas fue el corte de suministro que realizó la rusa Gazprom a toda Europa en 2009, en plena tensión con Ucrania. Fue entonces cuando en el seno de la UE se instaló la doble idea de acabar con la dependencia de Rusia, principal suministradora, y de tumbar barreras en el mercado energético del continente. Y que fluyera el gas y los millones. A la determinación se le llamó Unión de la Energía, y junto a Clima forma parte de una de las "prioridades" del Ejecutivo comunitario, según se puede leer en su web.

La determinación no es oculta, ni hace falta sumergirse en declaraciones, ni leer entre líneas. La Unión de la Energía solo se consigue con enormes gasoductos, con regasificadoras (que reimpulsen con fuerza el gas para que recorra grandes distancias dentro de las tuberías) y con instalaciones de licuefacción que conviertan el gas natural en gas natural licuado, en estado líquido, que pueda ser transportado por carretera en camiones. Muchas de estas obras se pueden ver en el siguiente mapa, donde la Comisión Europea presume de sus Proyectos de Interés Común (PIC), algunos ya construidos y otros proyectados. Los PIC se renuevan periódicamente y suponen una puerta abierta a facilidades administrativas e inyecciones de crédito de las instituciones de inversiones europeas.

 

Mapa de Proyectos de Interés Común (PIC) de la Comisión Europea.

Como se puede comprobar, gran parte de esos PIC están relacionados con el gas (en rojo) y, específicamente, con gasoductos (líneas rojas). Y como se puede comprobar en otro informe de hace unos meses, efectivamente, gran parte del dinero que sale, entre otros, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) va a parar al gas, una energía sucia y contaminante, a pesar de que el Banco Mundial ha recomendado explícitamente lo contrario.

El caso del Corredor Sur de Gas

Llama la atención, en un primer vistazo al mapa, la gran línea roja al sur, desde Azerbaiyán hasta Italia. Se trata de la megaestructura gasística del Corredor Sur de Gas (CSG), que lleva el combustible desde Oriente hasta Occidente y que consta de tres gasoductos, uno detrás de otro, que suman en total 3.500 kilómetros y que han costado 45.000 millones de dólares, sufragados en parte por un préstamo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El rechazo ecologista a este proyecto ejemplifica el rechazo en general al gas como el caballo ganador de la Unión Europea en materia de soberanía energética.

El Observatori del Deute en la Globalització (ODG) ha editado este mes un informe titulado La trampa global del gas y firmado por Alfons Pérez que, entre otros puntos, analiza las inconsistencias del CSG. Parte de un repaso por los gasoductos ya en funcionamiento en el mundo para concluir que la gran mayoría están infrautilizados y no transportan todo el gas que podrían por su capacidad, por lo que Pérez entiende que otra gran instalación no es necesaria. "Pese a la infrautilización de las infraestructuras existentes, la planificación de nuevos proyectos parece imparable", advierte el investigador.

El Corredor Sur del Gas, a juicio de Pérez, representa todos los pecados de la defensa del gas en la Unión Europea. Supone una colaboración estrecha de Bruselas con Azerbaiyán y Turquía, países cuyo compromiso con los derechos humanos es fuertemente cuestionado. Su instalación presupone que el gas natural va a seguir siendo utilizado como combustible a largo plazo, descartando un escenario donde predominen las renovables. El ministro de Energía azerí, Natig Aliyev, aseguró que la viabilidad económica del proyecto está garantizada puesto que "seguirá en activo por 50 años", algo incompatible, a juicio del Observatorio, con los objetivos de reducción de emisiones de la UE en 2030 y 2050 "teniendo en cuenta que se pretende aumentar la capacidad de importación del Corredor en un futuro". Y, como cabía esperar, el impacto de la infraestructura sobre el territorio. Las tuberías destartalan bosques, cambian el modo de vida de agricultores de todos los países afectados y dañan los ecosistemas y paisajes locales.

Las razones del rechazo 

Son contras que se extienden a muchas de las relaciones gasísticas de la Unión Europea. El documento analiza tres índices de los países exportadores: el de desarrollo humano, el de democracia y el de Paz Global, que analizan la educación, la salud, la renta, las libertades, la cultura política y los conflictos tanto internos como externos de estos países. La conclusión es clara: "En las presentes y futuras relaciones de la UE se observan países con un índice de desarrollo humano bajo, con gobiernos considerados autoritarios, con gran conflictividad interna y altamente frágiles, con índices de corrupción endémica y fuertes desigualdades en la distribución de la riqueza". Hablamos de países como Angola, Nigeria, Mozambique, Catar, Egipto, Libia, Irak o Argelia, el gran benefactor de España.

Pérez desgrana, además, los motivos de mercado que le llevan a considerar que no hay gas para tanto tubo. Principalmente porque las reservas son limitadas y todo combustible fósil cuenta con un pico de producción que, cuando se alcanza, deja de ser rentable extraerlo. Los riesgos financieros y económicos en ese sentido son varios: "Las multimillonarias inversiones en infraestructuras se sostienen en proyecciones futuras de consumo intencionadamente optimistas;  la mayoría de estas inversiones están sustentadas por fondos y/o garantías que transfieren el riesgo a la esfera pública; si toda la capacidad proyectada entrara en funcionamiento provocaría una caída del precio del gas y llevaría a la catástrofe climática y la vida de estas infraestructuras se calcula entre 40–50 años y el pico del gas es anterior a ese periodo, por tanto, muchas de ellas quedarían en desuso", mantiene el investigador.

La "catástrofe climática" que prevé Pérez si cae el precio del combustible puede llegar, mantiene, incluso si no se vive ese escenario, debido a los efectos perniciosos del metano ya comentados. El tratamiento del gas produce fugas y el documento recoge dos estudios que las cuantifican y las pone en comparación con otras fuentes de energía en el contexto de la acción climática. Según Robert Howarth, de la Universidad de Cornell (EEUU), la extracción, el procesamiento, el transporte y la distribución producen pérdidas de metano de entre un 1,71% y un 5,96% en caso de gas convencional y del 3,6% al 7,85% en caso de gas no convencional. Y Ramón Álvarez, del Environmental Defense Fund norteamericano, afirma que si la tasa de pérdidas es mayor del 3,6%, "cambiar de combustible no conlleva ningún beneficio" en materia de lucha contra el cambio climático. "Con esos porcentajes prácticamente cualquier gas que llegue a Europa a través de GNL (licuado) estaría fuera de esos parámetros", añade Alfons Pérez.

Lo interesante del estudio que realiza el Observatorio es que llega a las mismas conclusiones que el informe de costes y beneficios sobre la interconexión España-Francia, pero antes. Los investigadores se preguntan para qué esta apuesta por el gas si no va a circular tanto, si ya hay posibilidad de respaldo en la actualidad aún en caso de inestabilidad política o económica, si el combustible tiene vida limitada, si la inversión es mayúscula, si impacta sobre el territorio y si contamina más de lo que nos venden.

En conversación con infoLibre, el investigador habla de un "sobredimensionamiento del sistema gasístico" que no justifica "lanzar tentáculos" en caso de problemas geopolíticos con Rusia y que tampoco justifica las puertas abiertas a nuevas infraestructuras por el papel estable del gas en contraposición a las renovables. ¿Y por qué entonces la Comisión Europea defiende con tanto ahínco el gas natural en el contexto de una transición energética en curso? Ofrece dos razones. La primera: "Lo que se está invirtiendo en infraestructuras es brutal. Y el dinero de esos inversores va determinando lo que se hace y, también, lo que no se hace. Son instrumentos financieros que sirven para grandes obras. Es más fácil invertir mil millones en una gran construcción que un millón en cada una de las miles de instalaciones de renovables".

La segunda es una acusación directa al modo de funcionar de la Comisión Europea y de las grandes instancias europeas, que en materia de acción por el clima han visto como su credibilidad se ve dañada por el informe de la consultora finlandesa. "La separación entre lo público y lo privado en esos despachos es muy sutil", concluye Pérez.

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