El Gobierno paga a constructoras y bancos las autovías quebradas a cambio de asumir un negocio en ruinas

Constructoras y bancos están de enhorabuena. Los ministerios de Fomento y de Hacienda parecen haber dado con una fórmula para cubrir el agujero de 4.600 millones de euros (deuda, expropiaciones y obras pendientes)  provocado por la práctica quiebra de una decena de autopistas de peaje, entre ellas todas las radiales de Madrid. Resumida, la fórmula consiste en crear unasociedad pública que asumirá las vías quebradas pagando a los acreedores una parte de la  deuda financiera (2.432 millones de un total de 3.807) mediante bonos a 30 años al 1% de interés. En la práctica, sostienen las empresas afectadas, la "quita" llega al 50%.

La operación, negociada durante meses, está siendo cuidadosamente escenificada por el Gobierno, por las constructoras y por su patronal Seopan. Por parte del Gobierno, el mensaje más insistente es que la solución propuesta no costará nada a los contribuyentes. Por su parte, las constructoras y las empresas concesionarias destacan que la quita supone un inmenso sacrificio puesto que la normativa de concesiones establece que, en caso de quiebra y liquidación, la responsabilidad patrimonial del Estado llegaría a 6.300 millones. La versión de Fomento y de Hacienda añade que la asunción de las vías quebradas por parte del Estado no tendrá impacto ni en déficit ni en deuda pública.

Ninguna de las dos afirmaciones son verdades absolutas. Ni está claro que el rescate de las autopistas, al estilo del banco malo de las viviendas, sea neutral para los contribuyentes, ni es seguro que la solución no tenga impacto en déficit o deuda, ni el rescate es tan malo para bancos y contructoras. Lo único cierto es que el Estado asume un negocio ruinoso en estos momentos.

Caída de circulación

Lo cierto es que el negocio de las autovías de peaje no marcha. La red de autopistas de peaje cerró  2013 con una intensidad media diaria de tráfico de 15.864 vehículos, volumen un 4,89% inferior al de 2012, nivel mínimo desde 1996, según datos del Ministerio de Fomento.

Para los bancos, a un paso de someterse a los nuevos test de solvencia del Banco Central Europeo (BCE), la propuesta del Gobierno no es mala. Más del 50% de los préstamos que ha concedido al negocio del peaje los tienen ya cubiertos. Entidades como el Santander habían provisionado hasta el 80% de los 300 millones comprometidos, según señalaba ayer el portal Bolsamanía, por lo que una quita como la propuesta le permitiría incluso liberar provisiones.

La prueba de que el anuncio de la solución no es mala para la banca ni para las constructoras es que ayer, tras el anuncio, el termómetro de la Bolsa mostraba subidas para los bancos más comprometidos en el proceso: Santander (2,32%); BBVA (2,40%); Sabadell (1,30%); Popular (2,05%); Bankia (3,80%) o Caixabank (4,23%). Las constructoras también subieron entre un 0,8% (Ferrovial) y un 2,32% (FCC).

El rescate de las autopistas en quiebra ha provocado, una vez, un duro cruce de declaraciones entre PSOE y PP. El portavoz de Fomento socialista, Rafael Simancas sostiene que "la tesis de que hay que elegir entre algo malo, la nacionalización de las vías quebradas y algo peor, el pago por responsabilidad patrimonial en caso de liquidación es falso".

Una tercera solución

Según Simancas, hay una tercera vía, que negoció antes del cambio de Gobierno la hoy diputada y entonces secretaria general dfe Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñero, que no prosperó por dos razones: porque no quiso el PP y porque no interesaba a las constructoras, más interesadas en el rescate. "La solución consistía" explica Simancas "en hacer paquetes de concesiones rentables y no rentables; tres rentables más una no rentable, para compensar en la solución".

Mientras se negociaba, aclara Simancas, el Gobierno socialista de entonces concedió a las empresas concesionarias con problemas créditos por importe de 450 millones, 200 millones en 2010 y 250 millones en 2011. "No era dinero a fondo perdido, sino préstamos a devolver, vía beneficios o vía descuentos en caso de rescate". Esos créditos, añade "contaron el voto favorable del PP y de CiU".

Si fue así, el PP no lo recuerda. La prueba es que el portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Andrés Ayala, ha acusado a los socialistas de haber concedido 780 millones de euros "a fondo perdido" a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje, a través de los préstamos participativos y las cuentas de compensación que funcionaron durante el último periodo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ayala añadió que con la solución que se está planteando ahora "no se destinarán fondos públicos" al sector.

Otro banco malo

La afirmación de Ayala es un tanto arriesgada. Aunque está por ver cómo se concreta la constitución de ese "banco malo" de autopistas quebradas, en el caso de que la sociedad no alcanzara el 51% de los ingresos por vía comercial, habría impacto en el déficit. De una formas u otra, sostiene Simancas, el dinero público está comprometido en la operación.

Ni Hacienda ni Fomento comparten esa idea. Fuentes de ambos departamentos explicaban ayer que la nueva sociedad será autosufciente, tiene expectativas de rentablidad y no costará ni un euro a los contribuyentes.

En este contexto, la importancia del problema y de su solución se entiende mejor si se detalla a quiénes afecta y qué números (a menudo dispares) maneja cada parte. De acuerdo con los datos del Ministerio de Fomento, en las autopistas de peajes con problemas participan 52 entidades financieras, 10 constructoras, 21 socios y miles de expropiados que aún estan pendiente de recibir la compensación por la entrada en sus terrenos.

Respecto a los números, oscilan entre los 6.300 millones que según las concesionarias se han invertido en las vías con problemas y los 4.600 millones que maneja el PSOE. La cuentas del sector incluyen en los 6.300 millones 550 millones por sobrecostes (obra y expropiaciones).

La cuenta más ajustada, de 4.600 millones, se reparte en 3.800 millones de deuda financiera; 600 millones por expropiaciones "reclamables" y en torno a 200 millones por obras pendientes.

Concursos

En detalle, concurso por concurso de acreedores, las deudas y los accionistas son los siguientes:

R-2: 421,7 millones de deuda. Accionistas: Abertis, Acciona, ACS y Bankia. R3-R5 (Accesos de Madrid)

: 649 millones de euros de deuda. Accionistas: Abertis, Bankia y ACS.

R-4: 550 millones de deuda. Accionistas: Ferrovial, Sacyr y CCM.

Cartagena-Vera: 651,2 millones de deuda. Accionistas: Ploder, Globalvía, Unicaja, Caja Murcia, Grupo Fuertes y Cajamar.

Ocaña-La Roda: 521,2 millones de deuda. Accionistas: Ferrovial, Sacyr y Kutxa.

AP-41: 336,9 millones de deuda. Accionistas: Isolux, Comsa, Sando y Azvi.

Ciralsa (Alicante): 242,7 millones de deuda. Accionistas: ACS, Abertis y Globalvía.

M-12: 227,4 millones de deuda. Accionista: OHL.

Alicante-Cartagena: 210 millones de deuda. Accionistas: Ploder, Cajamar, Grupo Fuertes, Unicaja y Caja Murcia.