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LUCHA CONTRA LA POBREZA

El ingreso mínimo vital toca techo: sólo lo han solicitado el 25% de sus potenciales beneficiarios

Un grupo de personas hacían cola el pasado mes de enero para recibir comida en Madrid.

Cuando el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en junio de 2020, aseguró que 830.000 hogares eran potenciales beneficiarios de la ayuda, lo que se traducía en 2,2 millones de personas acogidas al paraguas de la prestación, pensada para proteger a quienes padecen pobreza severa. Sin embargo, con las últimas cifras facilitadas por el ministerio, un año y medio después de su puesta en marcha, sólo la han solicitado 1,52 millones de personas. No porque haya menos pobres de los que pensaban los técnicos de Escrivá sino porque el 67,8% de los posibles solicitantes ni se han acercado a una oficina pública para pedirlo y otros 6,2% lo han hecho, pero se han marchado antes de firmar o lo intentaron con un ordenador y no pudieron concluir el trámite. Son datos de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa, realizada a 7.000 hogares considerados población diana del IMV. Una muestra de los 5,3 millones de personas que viven en pobreza severa en España tras el covid-19.

“El IMV ha tocado techo”, resume José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en políticas sociales, “se fue acelerando en 2021 pero en los últimos mese se ralentizó y ni de lejos se ha llegado a esos 2,2 millones de beneficiarios totales”. En efecto, según las cifras que publica el ministerio –sin periodicidad fija, sólo cada dos o tres meses– entre marzo y mayo de 2021 las solicitudes totales experimentaron un empujón que superó las 200.000, pero desde entonces el ritmo se ha frenado considerablemente. De mayo a octubre sólo se presentaron 10.473 nuevas peticiones, cuando lo normal era que cada dos meses hubiera más de 100.000. Los últimos datos que ha proporcionado Seguridad Social corresponden a diciembre, pero el ministerio no ha dado una cifra precisa. “Son más de millón y medio”, asegura a infoLibre, sin concretar más. La Fundación Civio aporta el dato de 1.525.247 solicitudes a “finales de 2021”, que le fue facilitado tras reclamarlo a través del Portal de Transparencia. De forma que, usando esa cifra, hubo un aumento de 71.595 nuevas solicitudes entre octubre y diciembre de 2021, un tercio de la que se presentaron entre marzo y mayo.

La misma evolución se observa al considerar los expedientes considerados válidos: entre marzo y mayo superaron los 170.000 nuevos, pero entre octubre y diciembre ya fueron sólo 52.096 los validados.

El fenómeno no es una peculiaridad nacional ni siquiera un defecto intrínseco del IMV. Más bien se trata de una constante en este tipo de ayudas “no automáticas” y “condicionadas”, explica Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España. De hecho, según un estudio de Eurofound, la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, en cada uno de los estados de la UE hay al menos una ayuda que no reciben una tercera parte de sus potenciales beneficiarios. En Francia, en 2014, hasta el 64% de los posibles receptores del ingreso de solidaridad no lo habían solicitado y en Alemania entre el 33,8% y el 43% de quienes tienen derecho al Grundsicherung (prestación mínima), mientras que en los Países Bajos el 47% de los posibles perceptores de la ayuda especial de subsistencia tampoco la habían pedido.

Los potenciales beneficiarios no la piden

Es lo que se conoce como non-take up, la no reclamación del derecho. Las personas para quienes está pensada la ayuda se excluyen por diferentes motivos. Es habitual que quien sufre pobreza extrema carezca de un ordenador o siquiera de acceso a internet, también de conocimientos y habilidades informáticas mínimas. O no tiene vivienda. O sufre enfermedades y adiciones. Todo ello dificulta su acceso a la Administración.

Pero también hay “desconfianza”, apunta Graciela Malgesini. “En poblaciones pequeñas, hay quien no quiere que se sepa que han pedido la ayuda”, explica, “o en algunas comunidades dudan si dejar la renta mínima autonómica por el IMV cuando tardan meses en contestar y no saben si te la van a dar, o saben que se la han denegado a otros y no se atreven a hacer el cambio”. Además, asegura que el régimen sancionador del IMV “asusta” y disuade a muchos.

Los inmigrantes irregulares, los menores de 23 años sin hijos, las personas que viven en instituciones o en viviendas compartidas, o cualquier que tenga problemas para empadronarse son algunos de los perfiles que han quedado excluidos del IMV. Para hacerse una idea de lo que representan estos grupos, basta con recordar que en España puede haber unas 30.000 personas sin techo, según EAPN, y que la tasa de pobreza severa entre los extranjeros –27,2% los comunitarios y 26,4% los extracomunitarios– cuadriplica la de los españoles –6,7%–. Unos y otros tienen dificultades adicionales para solicitar el IMV por sus carencias documentales.

Mediadores y encuesta por SMS

Consciente de ello, el Ministerio de Seguridad Social ha pedido su colaboración a ONG y organizaciones del llamado tercer sector, para que sean ellas las que se acerquen a los potenciales beneficiarios y lleguen hasta donde ahora no ha sido capaz de alcanzar la administración. Ha creado un registro de mediadores donde deben inscribirse estas entidades para poder asesorar y acreditar –emitiendo certificados– la situación de vulnerabilidad de los posibles perceptores del IMV. Por ejemplo, podrán ayudar a quienes carezcan de domicilio.

Pero hasta el momento, sólo se ha registrado la Cruz Roja. Cáritas ya ha presentado la documentación necesaria para inscribirse, lo que hará una vez que cada una de las 70 organizaciones diocesanas haya aprobado el movimiento, explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política y Análisis Jurídico de la institución. Que la norma sólo permita el registro a organizaciones sin ánimo de lucro que dispongan de puntos de atención directos en todas las comunidades autónomas y lleven al menos tres años trabajando con personas en riesgo de exclusión social limita en gran medida el número de las entidades que pueden colaborar en la tarea. Así que, bajo el paraguas de la plataforma EAPN, van a registrarse entidades con menor implantación territorial, desde la ONCE y el Secretariado Gitano hasta Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y Plena Inclusión (Personas con Discapacidad Intelectual). Con la ayuda de estas organizaciones, el ministerio calcula que deberían incorporarse entre 20.000 y 40.000 nuevos beneficiarios.

“Cáritas ya tiene a una persona en cada diócesis encargada del IMV y en algunas, un equipo específico para tramitarlo”, destaca Ana Abril, quien no escatima críticas al diseño de la prestación. Que las entidades del tercer sector social asesoren y certifiquen “aportará algo”, apunta, pero será un “impacto menor”.

El ministerio también ha lanzado una campaña de detección de posibles beneficiarios del IMV, enviando SMS a personas que, según los registros de Hacienda, podrían solicitarlo. “Pero, de momento, su tasa de respuesta está siendo baja”, advierte José Antonio Noguera. Se trata de una encuesta en la que Seguridad Social les pregunta “por qué no han pedido el IMV”. Noguera asegura que es la primera campaña de detección del non-take up que conoce.

La respuesta a la pregunta de Escrivá la han dado ya las organizaciones que conocen la exclusión social. Según la encuesta de la Fundación Foessa, incluida en el informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos, el 56,8% de los hogares en pobreza severa, es decir, con ingresos por debajo del 40% de la mediana –6.417,35 euros–, no ha recibido información sobre el IMV. Otro 10,7% ha recibido información, pero no la suficiente para solicitarlo, y un 7,9% dice que tiene información, pero no necesita la ayuda. Un 6,2% ha intentado solicitarla, pero ha encontrado “barreras” para hacer el trámite: o ha acudido a la oficina correspondiente pero no ha conseguido cita o ha tratado de iniciarlo por ordenador y no lo ha podido finalizarlo. En resumen, sólo el 25% de los potenciales beneficiarios del IMV lo han solicitado.

Carrera de obstáculos administrativa

Si a ese bajo alcance se le suma el alto porcentaje de denegaciones, la cobertura del IMV pierde más fuelle aún. Con las cifras de octubre de 2021, el 71,4% de las solicitudes tramitadas fueron rechazadas, un total de 888.458, mientras que otras 18.638 se encontraban pendientes de subsanación de errores. Casi la mitad de las denegaciones se deben a que los solicitantes superan el nivel de ingresos, “una de las barreras más excluyentes”, según el informe de Foessa.

Ana Abril dirige sus críticas a los “problemas de diseño” del IMV, que se mantienen pese a las mejoras aprobadas por el ministerio en el año y medio largo de vida de la prestación. “La cuantía es tan baja [484 euros al mes para un adulto solo y con un máximo de 1.064,84 euros por cada familiar adicional] que no cubre a todas las personas que se encuentran en situación de pobreza severa”, advierte para empezar. Y luego se producen los “errores de salto”: a veces por 10 o 20 euros una persona se queda fuera de los requisitos de renta, aunque no por ello deja de ser pobre severo. O por incumplir por seis meses el requisito de edad.

Un grupo que puede ser perfecta diana del IMV es la población gitana, cuyo porcentaje de pobreza severa es mayor que el promedio nacional. Pues bien, según las cifras del Secretariado Gitano, en 2020 ayudaron a tramitar 8.042 solicitudes del IMV, de las que fueron positivas sólo un 10%, por debajo del 14% que era el porcentaje de aprobación media nacional ese año.

Además, las trabas burocráticas se convierten en muchos casos en una “carrera de obstáculos en la que los solicitantes se quedan por el camino”, por lo difícil que resulta acreditar ciertos requisitos. Graciela Malgesini lo califica de “violencia administrativa”. Ana Abril también habla de una “administración ausente”, que está prescindiendo de servicios presenciales mientras quienes deben recurrir al IMV “no tienen ni un ordenador ni conexión a internet ni competencias digitales”.

Ausente, violenta y poco transparente. “No explican las razones de la denegación, o por qué se concede una cuantía y no otra, más que de forma genérica, lo que no permite recurrir”, protesta la responsable de EAPN. Además, los receptores del IMV deben someterse al año siguiente de que se les reconozca la prestación a una “regularización de las cuantías abonadas” hasta ese momento, que se comparan con el promedio mensual de sus ingresos y rentas. “Los sometidos a la regularización en diciembre aún no saben si deben devolver alguna cantidad que cobraron de forma indebida”, lamenta Ana Abril.

Por eso Graciela Malgesini reclama la “desburocratización” del procedimiento de solicitud del IMV, y la apertura de una ventanilla única que permita la atención personalizada de los potenciales beneficiarios. Incluso cree que debería irse más allá y apostar por la “automatización del acceso a los derechos sociales” en general. Ana Abril pide que las orientaciones de la Seguridad Social sean públicas, para que quienes ayudan a los solicitantes del IMV desde las organizaciones del tercer sector estén al tanto de los cambios normativos y se reduzca la incertidumbre que acompaña a la (larga) tramitación de la ayuda.

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