Que el alquiler no supere el 30% de los ingresos y otras medidas a nivel local que inspiran el plan de vivienda

El foro Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar, convocado este lunes por el Gobierno, ha puesto sobre la mesa las herramientas que el Ejecutivo tiene para solucionar la principal preocupación de los españoles: acceder a una vivienda asequible. Las doce medidas que ha anunciado Pedro Sánchez son nuevas, pero una parte de ellas se inspira en modelos que ya estaban funcionando de manera local en España. En el País Vasco, por ejemplo, los planes públicos tratan de contener el precio de los alquileres con medidas que ayuda a que los inquilinos no se dejen más del 30% sus ingresos en el alquiler. En Cataluña, se ha puesto el acento en controlar los precios en zonas tensionadas y, en Navarra, estiman que el 45% de las personas que alquilan una vivienda disponen de alguna ayuda pública. Son ejemplos locales que han inspirado algunas de las medidas que ahora se implantarán a nivel nacional.
En las mesas de debate que han precedido a la intervención del presidente del Gobierno, han participado distintos actores que, con su desempeño en los últimos años, han ido sembrando precedentes. Por un lado, modelos territoriales como el vasco, el catalán o el navarro, que ya contemplaban medidas para blindar la protección pública de las viviendas y evitando que al cabo de los años terminasen en el mercado desregulado. También de manera local, se habían puesto en marcha sistemas de intermediación públicos para fomentar que los propietarios pongan sus inmuebles en alquiler y que los inquilinos tengan acceso a casas a un precio razonable. Esto favorece, en principio, que crezca la oferta porque da seguridad a los propietarios y, de otro lado, contiene la espiral de precios al poner topes a las rentas.
El ejemplo más claro de esto es Alokabide, la sociedad pública dependiente del Gobierno vasco para la gestión de vivienda. Patricia Val, directora general del organismo, explicó que la entidad hace una gestión integral del arrendamiento que incluye desde una valoración del estado de los inmuebles, hasta una garantía para el dueño de que recibirá su piso tal como lo alquiló. “El propietario trata con la administración y no con el inquilino. El inquilino nunca paga más del 30% de sus ingresos en el alquiler”, concluye.
Por otro, también han expuesto su punto de vista promotoras sociales y fundaciones que llevan tiempo tratando de acercar el mercado de la vivienda a las personas con mayores dificultades financieras. Desde Provivienda, una empresa con 25 años de recorrido y dedicada a proveer casas con fines no lucrativos, su directora general, Gema Gallardo, destacó el papel de la vivienda como motor “para la inclusión social”.
En sus programas, acompañan a los inquilinos y también aportan garantías a los propietarios, facilitando un aval a las personas a las que alojan. Además, otro de sus programas también se centra en la compra de vivienda, canalizando las ayudas públicas y combinándolas con programas de banca ética o pequeños préstamos personales que piden los usuarios. “Es una marca para impulsar modelos no especulativos de vivienda”, sostuvo. Además, Gallardo remarcó la importancia de dar mayor escala a estos proyectos con medidas como las que anunció el Gobierno.
En la misma línea se expresó Manel González, patrono de la Fundación Salas, una promotora inmobiliaria social centrada en la construcción de vivienda asequible. “Es necesario que la vivienda sea una infraestructura más, como lo son las carreteras”. Además, reclamaba la necesidad de involucrar a todos los agentes sociales para poder movilizar financiación, lograr una regulación estable y conseguir una oferta suficiente. “Hay que crear un modelo que pueda proveer vivienda a largo plazo”, concluyó.
Hábitat 3 es otra promotora catalana de vivienda social. Con ella colabora María Sisternas, quien ha lamentado que fundaciones como estas trabajan sin apenas márgenes y muchas veces la falta de ayudas o respaldo público compromete su viabilidad. “La promotora pública de la Generalitat acumula impagos por más de 40 millones de euros, de personas que no han podido pagar su alquiler”, explicó. Reclamó, en este sentido, fondos públicos para respaldar a las entidades cuando se dan estos casos.
En Cataluña, además, se han declarado más de 140 municipios como zonas de mercado residencial tensionado y, con esto, se podrán aplicar medidas para limitar el precio de los alquileres.
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Todos los actores coinciden en que se necesitan más casas, pero no a cualquier precio. “La existencia de una entidad pública no trata de ser un monopolio de la construcción, es todo lo contrario, es un potenciador del sector”, puntualizó Leire Iglesias, directora general de Sepes. De hecho, esta entidad es el actor protagonista del nuevo enfoque de vivienda que propone el Gobierno. La idea es multiplicar la oferta, pero hacerlo regulando la evolución de los precios para evitar posibles burbujas. “Movilizando suelo y vivienda, vamos a garantizar que entidades como Provivienda tengan más casas para poner en el mercado”, señalaba Iglesias. En la misma línea se había pronunciado la ministra de Vivienda en la apertura del acto: “Liberalizar el suelo y ofrecer más vivienda no sirve para nada sin regulación. La oferta sin control nos lleva a la burbuja inmobiliaria”, concluyó Isabel Rodríguez.
Los modelos territoriales también han aportado algo a las ideas del Ejecutivo. La directora general de Alokabide, la entidad de vivienda del País Vasco que gestiona más de 17.000 viviendas, señaló la importancia de hacer políticas para “movilizar recursos inactivos” y atraer casas al mercado. Además, explicó que fueron pioneros en blindar la protección de la vivienda pública para que no perdiese su calificación, una medida que ahora el ejecutivo de Sánchez propone a nivel nacional. “Hay que enfriar el mercado de la vivienda y ponerlo a disposición de su función principal, que es el uso de las familias”, concluyó
Sobre esto incidió Javier Burón, gerente de la empresa pública de suelo de Navarra (Nasuvinsa), que puso en valor “subsistemas” como el vasco, el navarro o el catalán. “Tenemos un ecosistema en eclosión de medidas para facilitar el acceso a la vivienda”, señalaba. En la comunidad que representa Burón, ya existían instituciones de apoyo para quienes buscan vivienda, censos de oferta pública o subvenciones para adquirir vivienda protegida. Además, el gerente de Nasuvinsa aprovechó para celebrar que este debate se haya abierto: “Esta jornada hace unos años habría sido imposible. Se dan los mimbres para que aceleremos”, concluyó.