El rey francés del lujo pagó 210 millones para cerrar una investigación por fraude fiscal a Yves Saint-Laurent y Balenciaga

Debería haberse mantenido en secreto. El gigante del lujo Kering, dueño de la exitosísima Gucci y controlado por el multimillonario François-Henri Pinault, se vio obligado a tirar de chequera para liquidar el capítulo francés del enorme esquema de evasión fiscal que fue revelado en 2018 por Mediapart y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

En 2020, Kering tuvo que pagar al Estado francés al menos 210 millones de euros como regularización fiscal de sus filiales Yves Saint Laurent y Balenciaga, según la información que Mediapart ha compartido con la red de medios EIC y el periódico italiano Il Fatto Quotidiano.

Las dos empresas, emblemáticas del lujo francés, han publicado esta información en los estados financieros oficiales que han presentado en el registro mercantil. Según varias fuentes conocedoras del asunto, la cantidad pagada ha sido en realidad superior a la que aparece en las cuentas. Contactada por Mediapart, Kering confirma que la investigación fiscal francesa ha quedado “cerrada” y asegura que esa cifra “no es exacta”, pero declina revelar la cantidad.

En mayo de 2019, la propia Kering anunció que había pagado una multa de 1.250 millones de euros en Italia, que castigaba la aplicación del mismo régimen fiscal en su filial Gucci, la mina de oro que genera más del 80% del beneficio del grupo. Es el acuerdo fiscal de mayor volumen jamás firmado por la Hacienda italiana con una empresa privada que, en cualquier caso, evitó tanto a Gucci como a su filial suiza una condena penal.

Desde que su directivo estrella Marco Bizzarri fue nombrado consejero delegado en 2014, Gucci ha triplicado sus ventas –9.600 millones de euros en 2019– y cuadruplicado los beneficios –4.000 millones– en cinco años. Y, aunque el covid ha ocasionado una caída en las ventas de 2.000 millones, el lujo ha recuperado el ritmo. El negocio de Kering, que anuncia sus resultados anuales este mismo jueves, creció un 36,6% en los nueve meses de 2021.

Gracias a Bizzarri y al director artístico de moda Alessandro Michele, Gucci se ha convertido en una de las mayores marcas de lujo de Europa, por detrás de Chanel, pero por delante de Hermes y Dior. Factura 13.100 millones de euros y emplea a 36.000 personas en todo el mundo.

Para seducir a los clientes menores de 35 años, Kering no duda en ensalzar los valores de “transparencia” y responsabilidad medioambiental. Las marcas del grupo se han vuelto políticas, con Gucci haciendo campaña contra las armas de fuego, y Balenciaga, a favor de la protección de los animales. Aún más, en el último desfile de Balenciaga en el Museo Metropolitano de Nueva York, Kim Kardashian apareció en la pasarela vestida de negro, incluido un pasamontañas que le cubría totalmente la cara. Y que se interpretó como una muestra de apoyo a las mujeres afganas. El vídeo hizo furor en las redes sociales.

Pero, sobre los impuestos, la transparencia de Kering y Gucci es mucho más limitada.

20 años con una trama empresarial en Suiza

Durante casi 20 años, François Pinault y luego su hijo François-Henri, que poseen la quinta fortuna de Francia –41.000 millones de euros según los cálculos de la revista de negocios Challenges–, utilizaron un esquema de evasión fiscal a gran escala en Suiza, localizando la mayor parte de los beneficios de Kering en una empresa llamada Luxury Goods International (LGI), situada cerca de Lugano, en el cantón italiano de Ticino.

LGI sólo gestionaba los almacenes y la logística de Kering. Pero cobraba todos los ingresos de las ventas al por mayor de las tiendas, pese a que casi todo el trabajo se hacía en Milán, París o Londres. Este montaje se aplicaba a todas las marcas de Kering, ya fueran francesas (Yves Saint-Laurent, Balenciaga), italianas (Gucci, Bottega Veneta) o británicas (Alexander McQueen, Stella McCartney).

LGI contaba con un tax ruling, un acuerdo fiscal secreto y muy generoso, que le permitía pagar un impuesto de sociedades efectivo sobre los beneficios de sólo el 8,6%. Según revelan Mediapart y EIC, el grupo se ahorró unos 2.500 millones de euros en impuestos entre 2002 y 2017, la gran mayoría a costa del Estado italiano.

Las autoridades francesas no fueron muy severas con los Pinault, que recibieron una importante rebaja en la regularización y no fueron procesados penalmente. “Este caso demuestra que las multinacionales no tienen ningún interés en pagar sus impuestos”, sonríe un abogado fiscalista al que Mediapart le ha enseñado los documentos sobre el caso.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso la red EIC, la Agencia Tributaria francesa (DGFIP) redujo significativamente el importe de la regularización fiscal de Kering, al aceptar en 2020 un acuerdo según un procedimiento muy favorable denominado règlement d’ensemble o liquidación general, que permite rebajar no sólo las sanciones, sino también el importe de los propios impuestos adeudados.

El fisco francés no aplicó las sanciones por fraude fiscal y no presentó ninguna denuncia contra Kering. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF), que había abierto una investigación por blanqueo de capitales procedentes de un fraude fiscal agravado, asegura a Mediapart que cerró el caso sin más actuaciones en mayo de 2021, pero ha declinado hacer más comentarios. La DGFIP, por su parte, no ha respondido a las preguntas del periódico francés.

Bizzarri: seis meses de cárcel convertidos en una multa de 45.000 euros

Los fiscales italianos, que investigaron el mismo esquema suizo de Kering, no fueron mucho más severos. Según las informaciones de EIC, el consejero delegado de Gucci, Marco Bizzarri, tuvo que aceptar, el 11 de enero de 2021, un acuerdo con un juez de lo Penal de Milán, que transformó una condena de cárcel de seis meses en una multa de 45.000 euros.

Este acuerdo, al que ha tenido acceso Il Fatto Quotidiano, liquida la responsabilidad de Marco Bizzarri en la evasión fiscal de Gucci. Este ejecutivo estrella de la moda mundial “no declaró sus ingresos” de Gucci, que fueron cobrados en su lugar por la empresa suiza LGI, tal y como describe el juez que validó el acuerdo.

Marco Bizzarri no ha respondido a las preguntas de la red EIC. Kering, además, se ha negado a contestar sobre el capítulo italiano del caso, afirmando que “se trata de temas antiguos, ya tratados por Mediapart en el pasado y sobre los que Kering ya ha tenido la oportunidad de responder”.

El antecesor de Bizzari en Gucci, Patrizio di Marco, también cerró un acuerdo penal, acompañado de una condena a prestar servicios a la comunidad, en marzo de 2021. Pero tuvo que pagar a la Hacienda italiana 20 millones de euros por no declarar sus ingresos reales. Di Marco, ahora presidente de End Clothing, una marca de ropa deporiva controlada por el fondo de inversión Carlyle, cobraba 6,7 millones de euros al año. Residente en Suiza, percibía una pequeña parte de su sueldo de la italiana Guccio Gucci Spa, pero la mayor cuantía procedía de Castera, una sociedad pantalla radicada en Luxemburgo y filial de Kering, que no tenía actividad alguna en el Gran Ducado. Además, al dejar Gucci, se le abonó un finiquito de 11,22 millones de euros a través de una empresa de Panamá llamada Vandy International SA, que le fue ingresado en una cuenta de un banco de Singapur. Di Marco tampoco ha contestado a las preguntas sobre el caso que le ha formulado EIC.

El informe policial de 180 páginas sobre el caso Gucci, presentado el 25 de enero de 2019 por la Guardia di Finanza de Milán y obtenido por Mediapart, muestra que Gucci localizó artificialmente 5.000 millones de euros de beneficios en Suiza sólo entre 2010 y 2017. Esas ganancias tributaron en Suiza entre 2010 y 2017 a una tasa efectiva de entre el 7,2% y el 12,5%. Si hubieran sido declaradas en Italia, Kering habría tenido que aplicarse un tipo del 30%, lo que se traduce en una factura fiscal de unos 1.500 millones de euros. Recuérdese que la multa que el grupo pagó en Italia fue inferior a esa cifra: 1.250 millones.

Pero hay una segunda parte del caso que Kering y Gucci esperaban mantener en secreto. Además de la condena a prisión suspendida por la evasión fiscal de Gucci, Marco Bizzarri tuvo que pagar una enorme liquidación fiscal, esta vez individual. No obstante, esa regularización fue sufragada por Kering, con un coste de casi 40 millones de euros.

Porque los Pinault no se contentaron con eludir el impuesto de sociedades. Kering había trasladado ficticiamente a Suiza a una veintena de altos ejecutivos de Gucci, en un intento por dar contenido al esquema fiscal suizo. Fueron trasladados a LGS, una sociedad pantalla suiza que se encargaba únicamente de sus contratos de trabajo. Este traslado tenía también la ventaja de ahorrar a Kering costes en las cotizaciones a la Seguridad Social –más elevadas en Italia– de los salarios más altos de la empresa.

Bizzari y otros directivos recibieron un trato especial. Desde 2010, cuando trabajaba para la marca italiana de Kering Bottega Veneta, tenía un contrato de trabajo con la luxemburguesa Castera. Además, Bizzarri se convirtió en residente fiscal suizo en virtud del régimen ultraventajoso de forfait, que permite a los extranjeros sin actividad lucrativa en el país helvético pagar impuestos en función de sus gastos, no de sus ingresos o patrimonio. De esta forma, Bizzarri sólo abonaba 150.000 euros de impuestos al año por su salario luxemburgués.

Cuando ascendieron a Bizzarri a consejero delegado de Gucci en 2014, el director general de Kering, François-Henri Pinault, y su adjunto, Jean-François Palus, le ofrecieron un gran aumento de sueldo. Desde ese momento, Castera le pagaba el 60% de su sueldo y Guccio Gucci Spa el resto. Según el informe de la policía fiscal italiana, cobró en total 5,5 millones de euros en 2015 y 6,3 millones en 2016.

Oficialmente, el CEO de Gucci no pasaba más de la mitad del año en Italia. Pero, como demuestra la investigación de la policía financiera, su principal lugar de trabajo era su oficina en el Gucci Hub de Milán. Oficialmente, vivía en un bonito apartamento con vistas al lago de Lugano. En realidad, su casa era un lujoso ático en el centro de la ciudad italiana, con una vista panorámica del Duomo y pagado discretamente por Kering.

Pero el 15 de noviembre de 2016, la policía italiana realizó una primera redada en la sede de Kering Italia, en un caso que llevó a la policía a la investigación de la trama fiscal de Gucci. Cuatro meses después, el 16 de febrero de 2017, Marco Bizzarri presentó una solicitud de regularización ante las autoridades fiscales italianas. Así pudo acogerse a la collaborazione volontaria, vigente hasta el 31 de julio de 2017, que concedía una amnistía penal y una reducción de las penas a los evasores fiscales que repatriaran sus activos.

Durante este procedimiento, el patrón de Gucci admitió que su domicilio en Suiza era falso, y que “su domicilio y su residencia fiscal [...] deben considerarse establecidos en Italia”, según consta en el informe de la policía financiera.

En marzo de 2018, Marco Bizzarri aceptó pagar 16,1 millones de euros por los años 2009 a 2015, más los impuestos italianos por los siguientes años de su contrato con Castera, la empresa fantasma luxemburguesa de Kering.

Las cifras del informe de la policía italiana sugieren que la factura fue pagada en su totalidad por Kering. En 2016, Castera pagó a Bizzarri cuatro millones de euros en concepto de salario, incluidos los bonus. En 2017, año de la regularización fiscal, cobró 43,5 millones. Por lo que se ve, Kering pagó a Bizzarri un superbonus de 39,5 millones de euros brutos para sufragar su regularización fiscal. Esta cifra es coherente con el repunte de los gastos de personal de Castera, que pasaron de 12 a 78 millones de 2017 a 2018, según los archivos de la compañía. Tanto Bizzarri como Kering han declinado hacer ningún comentario al respecto. Pero habría sido difícil para Kering no ser generoso con Bizzarri, que genera, con Gucci, el 83% de los beneficios del grupo.

Kering también tenía su propio interés en zanjar el asunto de forma discreta, ya que se beneficiaba del esquema suizo mucho más que Bizzarri. La operación estaba diseñada “para optimizar la carga fiscal del grupo sobre la remuneración de Bizzarri”, explica el informe policial.

François-Henri Pinault, al tanto de todo

Los investigadores indican que las negociaciones sobre el salario de Marco Bizzarri fueron “conducidas directamente por la dirección de Kering y, en particular, por [el consejero delegado] François-Henri Pinault y [el número 2 del grupo] Jean-François Palus”.

Un correo electrónico, ya revelado por Mediapart, muestra que François-Henri Pinault dio luz verde y fue informado del esquema con todos los detalles, incluso sobre la residencia suiza del jefe de Gucci en la zona de Lugano. La policía también encontró pruebas de que François-Henri Pinault acudía con regularidad a la sede de Gucci en Milán para reunirse con Marco Bizzarri, aunque se suponía que trabajaba principalmente en Suiza.

Más allá del caso Bizzarri, la policía italiana también recogió pruebas que apuntan a la responsabilidad personal de François-Henri Pinault en la trama de evasión fiscal del grupo Kering, que se ahorró más de 2.500 millones de euros en impuestos a través de la empresa suiza LGI.

Micaela Le Divelec, que fue la número dos de facto de Gucci hasta 2018, declaró a la policía financiera que la decisión de “trasladar las funciones globales del negocio [Gucci] a Suiza” se tomó “alrededor de 2011 o 2012 por la voluntad de [Patrizio] Di Marco [en ese momento CEO de Gucci] y con la contribución de Kering Francia (François [Henri] Pinault y Jean-François Palus)”.

Palus también fue hasta 2016 presidente de LGI, la empresa suiza en el centro de la trama fiscal, mientras que su jefe se sentaba en el consejo de Kering Holland, la empresa buzón holandesa que controla LGI. A pesar de estos datos, la justicia italiana no procesó a los ejecutivos de Kering, sino sólo a los sucesivos jefes de Gucci. Y la empresa no tuvo que responder en un proceso penal, puesto que el fraude fiscal se cometió entre los años 2010 y 2017, pero la ley italiana sólo incluyó el delito tributario como motivo para procesar a una sociedad anónima a partir de 2019.

Una investigación a medias en Francia

Pues bien, Francia se mostró aún más indulgente, como demuestra el curso de las causas penal y fiscal, que la red EIC ha podido reconstruir gracias a documentos públicos y a fuentes conocedoras del caso.

En marzo de 2018, Mediapart reveló que las filiales francesas de Kering, Yves Saint-Laurent y Balenciaga, también evadieron impuestos en Francia, gracias al mismo montaje en Suiza. Según los cálculos de Mediapart, sólo la marca Yves-Saint Laurent redujo así su factura fiscal en unos 250 millones de euros entre 2013 y 2018. Kering responde que esas cifras “son inexactas”, sin dar más detalles.

La publicación del esquema suizo se produjo en un mal momento para Kering. Dos meses antes, en enero de 2018, la Agencia Tributaria francesa había abierto una investigación fiscal a Yves Saint-Laurent que se amplió más tarde a Balenciaga.

Como resultado, Kering se apresuró a repatriar a Francia los ingresos alojados en la empresa suiza LGI. Entre 2018 y 2019, la facturación de Yves Saint Laurent SAS pasó así de 393 millones de euros a 1.180 millones. Lo mismo ocurrió en Balenciaga, cuyos ingresos se multiplicaron repentinamente por cinco, pasando de 185 a 927 millones de euros.

Desde el punto de vista jurídico, la situación es más compleja. A diferencia de sus colegas italianos, los fiscales franceses no pueden investigar por evasión fiscal a una empresa si no hay una denuncia de la Agencia Tributaria: es el famoso “candado de Bercy”, el que es como se conoce al Ministerio de Finanzas de Francia por la calle donde está situada su sede central.

En febrero de 2019, la Fiscalía Nacional Financiera abrió sin embargo una investigación por blanqueo de capitales procedentes de un fraude fiscal agravado, una infracción penal conexa pero autónoma, para evitar la prescripción del caso Kering.

Pero la Fiscalía no hizo registros ni solicitó declaraciones. Ni pidió oficialmente el expediente judicial italiano, aunque se establecieron contactos con los fiscales de Milán. La Fiscalía Nacional Financiera ha optado por esperar al resultado de la investigación fiscal, y a una posible denuncia de la DGFIP. Una denuncia que no ha llegado a presentarse.

En 2019, las autoridades fiscales, que investigaban cuatro ejercicios contables —2015 a 2018— de Kering, notificaron a las dos filiales francesas del grupo una primera “propuesta de rectificación” relativa únicamente a los dos primeros años, 2015 y 2016.

Yves Saint-Laurent hace una provisión de 140 millones de euros en sus cuentas, y Balenciaga de 35 millones, un total de 175 millones. Las filiales de Kering especifican, en sus balances de 2019, que “los ajustes notificados han sido impugnados” y que las provisiones sólo cubren los importes que están dispuestos a aceptar.

Yves Saint Laurent, 154 millones; Balenciaga, 56 millones

En consecuencia, el importe de las regularizaciones notificadas por la Agencia Tributaria supera ampliamente los 175 millones en dos años. Sumando los dos años 2018 y 2019, la Hacienda francesa pide a Kering, por tanto, un total de más de 350 millones de euros.

Un año más tarde, en 2020, el caso se resolvió de forma amistosa con el fisco. En sus cuentas oficiales, Yves Saint Laurent anotó una carga fiscal excepcional de 154 millones de euros, y Balenciaga de 56 millones. Es decir, 210 millones de euros en total para Kering.

Según las fuentes consultadas, el importe total de la regularización es en realidad más elevado, y comparable al que obtuvo Italia, teniendo en cuenta el peso respectivo de Kering en los dos países.

No obstante, las autoridades fiscales francesas redujeron considerablemente sus pretensiones iniciales y concedieron a Kering el régimen más favorable posible.

En caso de acuerdo amistoso, éste sólo reduce las sanciones. Pero Kering se benefició de una “liquidación general”, que también permite conceder una rebaja del importe de los propios impuestos. Este procedimiento, que afecta principalmente a las grandes empresas, fue criticado en 2018 por el Tribunal de Cuentas de Francia por su opacidad y su falta de base legal.

En este acuerdo, la DGFIP no aplicó la sanción del 80% por maniobras fraudulentas, que desencadena automáticamente la presentación de una denuncia ante el fiscal. Por tanto, Bercy no presentó ninguna denuncia. Y la Fiscalía Nacional Financiera cerró finalmente la investigación penal sin más trámite en mayo de 2021. Según las fuentes consultadas, los fiscales consideraron que sería demasiado difícil perseguir el blanqueo de capitales procedentes del fraude fiscal, una vez que la Agencia Tributaria había establecido que no hubo fraude fiscal.

La Fiscalía Financiera también ha declinado comentar esta parte del caso. Y la Agencia Tributaria no ha respondido a las preguntas de Mediapart. Por su parte, Kering indica que sus “discusiones” con la administración fiscal “se mantienen siempre sobre la base de un estricto análisis técnico, relativo, en este caso, a los precios de transferencia”, los que fijan las filiales de un grupo para intercambiarse bienes o servicios y que tienen implicaciones fiscales si no respetan el valor de mercado.

La falta de voluntad de los Estados

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Varios expertos contactados por Mediapart explican, sin embargo, que este tipo de rebajas en las regularizaciones es muy común en los complejos acuerdos fiscales que firman las multinacionales, tanto en Francia como en Italia. “En estos casos, el fisco piensa sobre todo en recuperar dinero, no en sanciones penales. Y dado el carácter técnico del Derecho fiscal, Bercy también teme perder en los tribunales contra estas poderosas empresas y su ejército de abogados”, advierte un abogado fiscalista con experiencia en esta clase de negociaciones fiscales de alto nivel. “Así que, si la empresa acepta pagar y renuncia a los litigios, las rebajas suelen ser muy sustanciales”, añade otro experto fiscal.

En resumen, el asunto Kering es emblemático de la dificultad, y también de la falta de voluntad, de los Estados para reprimir la evasión fiscal de las multinacionales y sus ejecutivos.

El uso de acuerdos fiscales —y por tanto, la ausencia de persecución penal — es fomentado por Emmanuel Macron y su gobierno. Así lo demuestra una nota de julio de 2019 redactada por el director general de Finanzas Públicas, por orden del entonces ministro de Presupuesto, Gérald Darmanin, hoy ministro del Interior. En esta nota, ya revelada por Mediapart, la DGFIP daba instrucciones a la Agencia Tributaria para favorecer “una conclusión pacífica de las investigaciones fiscales”, utilizando toda la gama de acuerdos amistosos, incluyendo, para los casos “particularmente complejos”, el procedimiento de “liquidación global” que permite conceder una rebaja en la regularización fiscal. El mismo mecanismo del que se benefició Kering un año después.