Justicia

SOS Racismo y abogados denuncian ante el CGPJ y la Defensora del Pueblo la “mezquina” actuación de una jueza con una inmigrante

Aisha, la joven despedida tras un accidente laboral.

La ONG SOS Racismo y la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Defensora del Pueblo la “mezquina” actuación de la titular del Juzgado de lo Social número 36 de Madrid, quien llamó a la Policía Nacional para que detuvieran a una inmigrante sin papeles que había denunciado a la empresa donde trabajaba sin contrato tras sufrir un accidente laboral.

También el Colegio de Abogados de Madrid tramite la queja que presentó el letrado de la trabajadora ante el Observatorio de la Justicia.

Según los denunciantes, lo ocurrido en el juzgado madrileño atenta contra la normativa internacional, comunitaria y estatal, que establecen el derecho a la tutela judicial efectiva y garantizan el principio de igualdad de trato a las personas: un trabajador extranjero, aunque carezca de de los permisos necesarios, tiene los mismos derechos laborales que los nacionales, recuerdan. “Que una trabajadora acuda a los tribunales en defensa de sus derechos y acabe detenida a instancias de la jueza que se los debe garantizar es impropia de un Estado de derecho”, aseguran ambas organizaciones en sus escritos, que califican de “especialmente graves” los hechos: la titular del juzgado, precisamente quien debía velar por los derechos de las víctimas de abusos laborales, requirió la presencia policial y fue quien provocó el inicio del procedimiento sancionador. SOS Racismo y ALA piden al CGPJ y a la Defensora del Pueblo que investiguen los hechos y adopten medidas para evitar que se repitan.

Aisha, una inmigrante marroquí de 36 años, sufrió la amputación de parte de un dedo con una máquina cortadora en el asador de Galapagar (Madrid) donde trabajaba. Tras el accidente, la dueña del restaurante la despidió. Y Aisha la denunció en el juzgado de lo Social. Como la trabajadora no aceptó la oferta que, antes del juicio, le hizo la abogada de la empresaria, la jueza, Patricia Valle Lorenzo, la advirtió de que iba a llamar a la Policía ya que se encontraba en situación ilegal en España. Los agentes se personaron y la condujeron a la comisaría, donde se le notificó la apertura de un procedimiento por infringir la Ley de Extranjería que implica una multa de 500 a 10.000 euros. Si no la paga, será expulsada del país.

SOS Racismo y ALA Abogados denuncian que los inmigrantes son el colectivo “más vulnerable en lo que a derechos laborales básicos se refiere”. “Quienes se encuentran en situación irregular se ven obligados a aceptar en muchas ocasiones la explotación y precariedad laboral para sobrevivir”, destacan en sus escritos al CGPJ y la Defensora del Pueblo, por lo que consideran la actuación de la juez de lo Social “más mezquina, si cabe”.

Además, si un juez denuncia la situación administrativa de un ciudadano extranjero que acuda a los tribunales para hacer valer sus derechos, se genera “miedo”, “desincentivando la denuncia y la defensa de sus derechos”, alertan ambas organizaciones.

380 euros al mes

infoLibre consultó la conducta de la jueza con abogados y expertos en Extranjería, y todos la consideraron “insólita”. Carecer de permiso de residencia es “una cuestión administrativa”, explican, por lo que ni un juez ni un ciudadano pueden presentar una denuncia por una infracción de este tipo, “sólo un policía puede hacerlo”. Además, la ley deja claro que un trabajador extranjero, aun en situación irregular, posee los mismos derechos que uno español. Negándole la igualdad a efectos laborales, la jueza está impidiendo la “tutela judicial efectiva” a la trabajadora marroquí, destacan. “El bien jurídico prioritario que debería haber defendido la jueza es la integridad física de la trabajadora”, recalcan, “por encima de cualquier otra condición”.

Aisha D. empezó a trabajar en el asador de Galapagar el 18 de julio de 2016. Sin contrato, ni nómina ni alta en la Seguridad Social, tal y como consta en la demanda judicial que presentó tras ser despedida. Trabajaba como ayudante de cocina cuatro horas diarias de miércoles a sábado y tres horas los domingos. Cobraba 20 euros los días laborables y 15 los domingos: 380 euros al mes. El 25 de abril tendrá que volver al mismo juzgado donde la detuvieron, la fecha que la jueza señaló ese mismo día para celebrar el nuevo juicio por el despido.

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